La gestión de Rendón Ramírez ha sido mediocre, dicen familiares de víctimas de desaparición

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Los Colectivos de Víctimas en Guerrero recalcaron su rechazo a María Guadalupe Rendón Ramírez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque, aunque ha hecho carrera en la Fiscalía General del Estado (FGE), su gestión ha sido “mediocre”.
El 14 de diciembre los familiares de desaparecidos de colectivos de Chilpancingo, Chilapa, Acapulco, Iguala y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón  (Centro Morelos), protestaron dentro del Congreso local para exigir que no se aprobara, como se tenía planeado para ese día, el nombramiento de Rendón Ramírez.
El día de la protesta, los familiares lograron que los diputados quitaran de la agenda la designación de fiscal de Desaparición Forzada, pero eso no les garantiza a los familiares que después de las vacaciones decembrinas se retome la designación, aunque ellos no estén de acuerdo, por lo que en este mes retomarán su exigencia y protesta.
En un comunicado, el Colectivo de Familiares Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, el Colectivo de Familiares en Búsqueda de Nuestros Familiares de Acapulco, Familiares de Desaparecidos de Chilapa y el Centro Morelos, reiteraron su demanda.
Abunda que la también jefa de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas no Localizadas de la FGE, Rendón Ramírez no debe ocupar el cargo de fiscal de Desaparición Forzada, porque no ha dado resultados en beneficio de las víctimas de desaparición y sus familiares.
Añade que al contrario, sus acciones han sido revictimizantes, y exigen una convocatoria en la que los colectivos de víctimas participen para elegir al fiscal para ese cargo.

Reiteran su negativa a la Ley de Seguridad Interior; no ayuda a solucionar la crisis de seguridad, dicen

Por otro lado, el Centro Morelos y los colectivos de familiares de desaparecidos reiteran su rechazo a la Ley de Seguridad Interior promulgada el 22 de diciembre pasado, y coinciden con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), las Comisiones de los Derechos Humanos de los estados y organizaciones no gubernamentales, en cuanto a que esta ley abre la puerta a que el Ejército continúe violando los derechos humanos de civiles de manera impune.
El escrito agrega que la nueva ley tampoco ayuda en la solución de crisis de seguridad que padece el país, sino al contrario, en Guerrero el Ejército ha estado involucrado en numerosas represiones, masacres y desapariciones desde la década de 1960.
Los colectivos y el Centro Morelos convocaron a la sociedad civil a apoyarlos y a participar en la Marcha de los Reyes Magos por la Verdad y la Justicia, que partirá este lunes a las 10 de la mañana de la Alameda al Congreso local.

El asesinato en Ayutla del desplazado de La Laguna podría ser una represalia, advierten ONG y piden justicia

 

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) condenaron el asesinato del desplazado por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Constantino Díaz Pérez y exigieron una investigación y castigo a los culpables.
Además demandaron la atención de los desplazados de acuerdo con los estándares internacionales.
El domingo hombres armados a bordo de un Tsuru blanco asesinaron a Constantino Díaz Pérez en Ayutla afuera de la tienda Neto. Era uno de los desplazados por la violencia en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán y refugiado en ese municipio desde hace tres años.
“El hecho acontecido aproximadamente a las 10 de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados”, se advierte en el comunicado.
Refiere que Díaz Pérez de 36 años se dedicaba a hacer trabajos de electricidad que fue lo que lo llevó a esa ciudad el domingo, pues fue a comprar piezas. Según testigos estaba comprando refacciones para arreglar una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida.
Entonces un Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, de ahí descendió un hombre encapuchado con un arma AK-47 y le disparó en varias ocasiones, su cuerpo fue impactado por seis balazos que lo mataron, además quedó herido otro hombre. El vehículo de inmediato se retiró rumbo a la salida a Tecoanapa, se relata en el documento.
Agrega que su esposa y sus tres hijos quedaron en estado de vulnerabilidad, porque las condiciones en las que han vivido desde hace tres años son precarias.
“Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente el día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10 el señor Hermelindo Díaz Pérez… vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el que estaba parado se dio la vuelta, Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le disparó en ráfaga, se narra en la misiva.
Ese día logró escapar y sus hermanos salieron en su defensa con un rifle calibre .22 que se utiliza para cazar animales en el campo, con el que repelieron la agresión. Ese día acudió la Policía Ciudadana de La Unión quienes siguieron a los sicarios, ese día resultaron muertos dos de los agresores y otro fue detenido.
“No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia, ya que el viernes 9 de diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de Primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Mina”, indica.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos puntualizan que el gobierno del estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados, pues según sus testimonios las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 han disminuido poco a poco, hasta quedar sólo un Policía Estatal de guardia.
Subrayan que es importante que el gobierno del estado no deje el asesinato de Díaz Pérez como un hecho aislado y se investigue y se castigue a los responsables.