Participan en la mayoría tres diputados del PRD

 “No votamos para culparlo sino para que pueda presentar pruebas”, dijo la diputada Adela Román del alcalde de su partido Maclivo Ariza. Se trata de las demandas por un desalojo violento del ayuntamiento

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

Ante la inconformidad de algunos diputados del PRD, el pleno del Congreso del Estado aprobó ayer por mayoría dos dictámenes de la comisión instructora, que “encontró elementos suficientes” para comenzar el proceso de juicio político en contra del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo.

Dicho juicio se derivó de las demandas interpuestas por miembros del Frente de Defensa Popular, luego del desalojo violento que sufrieron cuando mantenían tomado el ayuntamiento de aquel municipio el 5 de agosto del 2003.

En la víspera de la reunión entre diputados locales, federales, alcaldes, dirigentes municipales y estatales del PRD con el presidente nacional de ese partido, Leonel Godoy Rangel, y encabezados por su coordinador, David Jiménez Rumbo, los legisladores perredistas, Adela Román Ocampo y Marco López García, votaron en dos ocasiones a favor de los dictámenes “por congruencia” con los principios de su partido.

Consultada al término de la sesión, Román Ocampo indicó que la votación no avala que el alcalde perredista sea culpable, sino que de esta forma, Ariza Acevedo podrá demostrar su inocencia “de manera legal”.

Por su parte el coordinador del PRD, David Jiménez Rumbo confió en que no existen elementos legales para desaforar al alcalde de Chilapa, “que no le quede duda (a Maclovio Ariza), que lo vamos a defender con todo”, expresó.

David Jiménez, al igual que Adela Román señalaron –por separado– que el hecho de aprobar la primera etapa del juicio político, que consiste en la aportación de pruebas, es un mensaje a la ciudadanía para que recupere la credibilidad hacia las instituciones de gobierno al dar entrada a las demandas ciudadanas.

“De no hacerlo estaríamos imitando la actitud del PRI,             un partido que ya perdió toda credibilidad por solapar actos de corrupción y delitos que comenten sus alcaldes y funcionarios públicos”, indicó Román Ocampo.

Negó que su decisión y la de sus dos compañeros se deba “a la división de corrientes”, y señaló como ejemplo que el alcalde de Chilapa ha manifestado su apoyo al diputado federal Zeferino Torreblanca, mientras que el diputado David Jiménez, apoya al senador Armando Chavarría, por lo que “sería indignante condenar a un compañero por su preferencia política”, aseveró Adela Román.

Luego de que Jesús García Rendón y la dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor interpusieron, por separado, una demanda de juicio político y revocación de mandato en contra del alcalde de Chilapa, Maclovio Ariza Acevedo por los hechos violentos de agosto del 2003, la comisión instructora encontró elementos para determinar procedente que el alcalde impugnado y la parte acusadora presenten sus pruebas.

Ambos dictámenes fueron leídos en tribuna por los diputados priístas, Constantino García Cisneros –presidente de la comisión instructora – y Joaquín Mier Peralta, integrante de la misma, y el argumento legal en el que se basaron fue que en la administración Maclovio Ariza “detectaron” que hubo “una violación sistemática o constante de los derechos humanos”, al referirse al desalojo de los miembros del FDP.

En respuesta, el diputado por el PRD, Ramiro Alonso de Jesús, consideró que la comisión instructora “actuó con revanchismo político” y reprochó que en este caso se apruebe una demanda en contra de un alcalde perredista y que en otras ocasiones han desechado demandas de juicio político en contra de alcaldes priístas.

“Se entiende, porque el PRD le quitó un bastión importante de voto verde al PRI”, expresó en tribuna Alonso de Jesús y afirmó que la labor legislativa se mueve “en torno al interés político”.

En seguida, el priísta Joaquín Mier Peralta refutó los argumentos del diputado perredista y señaló que el dictamen no prejuzga la culpabilidad de Maclovio Ariza, sino que “consideramos que hay elementos que deben ser investigados”, indicó.

Nuevamente, Ramiro Alonso subió a tribuna para afirmar que el dictamen es doloso, pues “le están haciendo el paro a los desestabilizadores profesionales”, dijo el legislador por el PRD al referirse a los integrantes del FDP y afirmó que el gobierno del estado y el PRI financaron el movimiento del FDP para generar conflictos en ese municipio.

Al debate se sumó el perresista, Heriberto Noriega Cantú, quien llamó a no permitir que el Congreso se convierta en un instrumento de venganza en contra de rivales políticos; “pero tampoco se debe convertir en instrumento de impunidad”, atajó el legislador.

Recordó que luego del desalojo violento en Chilapa, una comisión de diputados se trasladó al penal en donde se encontraban detenidos algunos miembros del FDP, y el alcalde negó que hubiera personas heridas y golpeadas.

“Sin embargo, la insistencia de los diputados obligó que nos permitieran el acceso al penal y fue cuando nos percatamos que había más de 10 personas en estado deplorable, a quienes ni siquiera se les había brindado atención médica”, relató el legislador local, quien votó a favor del dictamen.

La diputada priísta Alicia Zamora, originaria de Chilapa, se pronunció en tribuna porque el Congreso “sea garante de la imparcialidad y legalidad”, mientras que el presidente de la comisión instructora, Constantino García Cisneros rechazó estar actuando por intereses políticos y aseguró, que en caso de no encontrar elementos para culpar a Maclovio Ariza, “ténganlo por seguro que será exonerado”, expresó.

El diputado por el PRD, Víctor Buenrostro Marín calificó de ilegal los dictámenes de la comisión instructora, al afirmar que en este caso se esta emitiendo un juicio y no una valoración previa.

Aseveró que la comisión de examen previo o comisión instructora “se erigió en acusador” al emitir un dictamen que va más allá de sus facultades. Acusó a la comisión instructora de escuchar sólo los argumentos de la parte acusadora.

En los dictámenes no se informa si al alcalde Maclovio Ariza se le informó sobre la demanda y sobre todo, de qué forma respondió, aseguró el legislador perredista.

Buenrostro Marín adelantó que el criterio que utilizará la comisión instructora durante el proceso de juicio político “ya lo definieron” en esta ocasión, al cometer una serie de irregularidades de carácter legal y afirmó que el procedimiento de aportación de pruebas será un mero trámite.

La votación en dos ocasiones fue de 21 a favor del dictamen de la comisión instructora, entre ellos los tres diputados perredistas, 11 en contra y cinco abstenciones.

De esta manera inició el primer proceso de juicio político en contra de un alcalde en esta legislatura. En esta ocasión, en contra de un edil perredista que fue impulsado para ganar la alcaldía por la corriente conocida como los cívicos –grupo vinculado estrechamente con Chavarría– y que mantiene problemas de carácter político con esa corriente, luego de que manifestó su apoyo de manera abierta al diputado Zeferino Torreblanca Galindo.

Aprobación de la cuenta pública de alcaldes aliancistas.

En la sesión del Congreso también se aprobaron las cuentas públicas del primer cuatrimestre del 2003 de siete ayuntamientos, entre ellas las de los alcaldes de Zitlala, Tlalixtaquilla y Mochitlán.

Por unanimidad se aprobó el balance cuatrimestral de los alcaldes priístas y miembros de la Alianza por Guerrero, quines anteayer se reunieron con el gobernador, René Juárez Cisneros, al igual que las cuentas públicas de los ayuntamientos perredistas de Metlatónoc y Talchapa.

En el caso de la cuenta pública del ayuntamiento de Acapulco, el diputado por el PVEM, Marco de la Mora votó en contra al argumentar que el alcalde, Alberto López Rosas no aplicó el descuento del 16 por ciento al impuesto predial que se encuentra plasmado en la ley de ingresos.

En tribuna, la diputada Gloria Sierra López defendió al alcalde porteño al afirmar que “el momento de juzgar debe ser en el último cuatrimestre”, porque en los primeros meses “es difícil tener una valoración real” de las presuntas irregularidades, además de que el recurso lo libera el gobierno estatal, “retrasándose en la mayoría de las ocasiones”, indicó.

Mientras que el diputado por el PRS, Heriberto Noriega Cantú consideró que el Congreso “es corresponsable” de las irregularidades en las que incurren los ayuntamientos, al no corregir los problemas que detectaron antes de aprobar en diciembre del 2003 las leyes de ingreso de los ayuntamientos.

Resaltó el hecho de que Alberto López Rosas, a pesar de que en la ley de ingresos del municipio de Acapulco, planteaba aplicar un descuento del 16 por ciento en el impuesto predial a los ciudadanos que cumplieran en tiempo y forma con el pago, “no lo aplicó porque de hacerlo hubiera repercutido negativamente en las finanzas del ayuntamiento”, expresó.