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Dice líder de Morena que hechos de violencia son mensaje de la delincuencia a la gobernadora

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, sostuvo que los hechos de violencia en la entidad son un mensaje para la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“Creemos nosotros que es un mensaje claro del crimen organizado a los gobiernos del movimiento que no han cedido a los chantajes y presiones del crimen, es un mensaje para el segundo informe de la gobernadora, que si no le baja al avance en el combate a la delincuencia, en la recuperación de territorios, pues le van a seguir incendiando el estado; sin embargo, el llamado es que se sigan redoblando los esfuerzos contra el crimen organizado y no ceder a estos repuntes de violencia”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal de Morena dijo que los grupos delictivos “quieren” acorralar a la gobernadora, pero ella ha demostrado ser “una mujer con determinación, fuerte, con decisiones claras y precisas”.
Rechazó que la cancelación del segundo informe de la gobernadora previsto para este jueves se deba a los hechos de violencia, sino al huracán Otis.
A pregunta sobre si el aumento de la violencia en el estado será usado por los partidos en la contienda electoral para señalar que Morena no puede con el problema de la inseguridad en el estado y en el país, opinó que “sería mezquino de parte de la oposición capitalizar los hechos violentos sin ver que la estrategia de seguridad es el combate a las causas y frontal, estamos combatiendo en ambos lados y creo que la población lo entiende”.
Consideró que con los hechos de violencia se busca generar sicósis en los ciudadanos, “pero es parte del resultado que estamos haciendo como gobierno, son las reacciones del crimen ante estos actos de gobierno del estado y federal”.
Indicó que ya conversó con el alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas quien le comentó que “supone que es un mensaje para él, donde tiene que ceder el paso a ciertos actores criminales, cosa que él no lo va a permitir”.
A pregunta expresa de qué acciones van a tomar con el gobierno del estado para proteger a las autoridades municipales de Morena, pues son dos gobiernos los que han sido atacados: la semana pasada la casa de la alcaldesa de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente, el dirigente informó que no ha hablado con el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez sobre ese tema.

“Nadie tiene garantías”

En la red social Facebook, el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, señaló que “el asesinato del secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez y de policías municipales que realizaban su trabajo, son muestra de que en nuestro estado nadie tiene garantías de regresar sano y salvo a su casa”.
“Demandamos que se entreguen resultados, ante la inseguridad creciente que vivimos en la mayor parte del estado y nos mantiene en incertidumbre a los guerrerenses que tenemos que salir a trabajar, sin saber si regresaremos con vida a nuestros hogares. En Guerrero día a día crece la violencia. Exigimos paz, seriedad en las funciones de las instituciones encargadas de brindar seguridad y resultados ante los tan lamentables hechos que hoy han enlutado a decenas de familias”.

Ausencia de las autoridades

El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, condenó los asesinatos ocurridos el lunes. Opinó que la violencia en el estado ocurre todos los días, pero por el asesinato del secretario de Seguridad pública de un municipio, el caso toma mayor relevancia.
“Lo peor de todo es que no hay una respuesta contundente para tratar de mitigar los efectos de esta violencia. La percepción de inseguridad que se tiene del estado de toda la ciudadanía va creciendo y vemos una ausencia muy notoria por parte de las autoridades locales y federales que son las que deberían estar dando la cara y atendiendo esta situación”.
Criticó que la prioridad del gobierno en Guerrero es “traer shows” en lugar de atender el problema de violencia que se vive de manera cotidiana en la entidad.
Consideró que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el secretario de Seguridad Pública Evelio Méndez Gómez, deben comparecer ante el Congreso, “y se ponga en la mesa la renuncia de la fiscal al no generar resultados”, pero también debe rendir cuentas el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, pues los tres forman parte de las mesas de seguridad que todos los días se realizan en el estado para atender el problema de la inseguridad.

Un infierno

Vía telefónica el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Eloy Salmerón Díaz dijo que el lunes cerró con 28 asesinatos y a nivel nacional fueron mas de 50 las víctimas de la violencia, “son hechos lamentables donde desafortunadamente hay un gobierno que apuesta al silencio y al olvido ante tantos muertos y no solamente el día de ayer sino en lo que va de dos años de este gobierno, que por cierto ya cancelaron el informe de la gobernadora que seguramente nada tiene que informar, y ante el temor de mencionar a los muertos prefiere callar. Hoy se lamenta el tema de la violencia que se vive.
Por separado, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Julián López Galeana opinó que el problema de inseguridad en el estado está rebasado y solicitó que la federación asuma el control absoluto de la seguridad en Guerrero porque no hay condiciones y es una evidencia maás con el sacrificio de estos elementos de la policía municipal de Coyuca de Benítez.

La legalización de algunas drogas puede disminuir la violencia, cree Beatriz Mojica

La diputada local Beatriz Mojica entrevistada durante las mesas de trabajo presencial de la Consulta a las Personas con Dis-capacidad para el Proceso Legis-lativo en Materia de Educación Inclusiva que organiza el Congreso del Estado, en la cancha de la playa Manzanillo en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

La diputada local por Morena, Beatriz Mójica Morga, opinó que legalización de algunas drogas puede disminuir la violencia en un futuro, que es una de las causas que la genera, en respuesta a la sugerencia de la ONU.
Este domingo, en declaraciones en Acapulco, a donde acudió a la mesa de consulta sobre personas con discapacidad, de los hechos violentos suscitados en Guerrero en los últimos días, dijo que pueden ser reacciones a las detenciones de criminales de los gobiernos federal y estatal.
La ONU, por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos considerar la despenalización del consumo, para enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y salud pública.
Al respecto, la diputada opinó: “La izquierda, desde hace muchos años, ha planteado que es importante avanzar en la legalización de algunas drogas. Incluso se ha avanzado en el Congreso federal, pero falta, tenemos que hacer conciencia”.
Abundó que el gobierno federal está haciendo una gran campaña para que no haya consumo y se genere rehabilitación, pero “tenemos que avanzar, no ser una sociedad tan conservadora en este tema, porque, no perdamos de vista que Estados Unidos ya legalizó estas drogas y abrió el mercado. Eso ocasionó que en la Sierra de Guerrero, que era un productor de mariguana, los precios estén muy abajo y no se puede competir”.
“Tenemos que ver la perspectiva desde otra circunstancia y, desde luego, comparto que la legalización de algunas drogas disminuirá en un futuro la violencia, que es una de las causas del problema, pero tenemos que tener una visión mucho más abierta al respecto, no sólo los gobiernos, sino también la sociedad”, sostuvo.
Sobre los hechos violentos en la entidad, mencionó que de acuerdo con indicadores la entidad, “nos hemos mantenido igual, en el mismo lugar; sin embargo, hay que poner mucha atención en resolver este tema y creo que responde a que hay acciones específicas del gobierno federal, estatal, y eso ocasionó reacciones muy fuertes y lamentables”.
Enfatizó que se debe poner mucha atención en las nuevas generaciones, en generar una política de seguridad de mediano y largo plazo, no en la inmediatez, “que tenemos que seguir manteniendo al Ejército en las calles, porque no se puede de otra manera, esa es la inmediatez. El tema es lo que estamos haciendo en el mediano y largo plazo”.
La diputada, dijo que el gobierno del estado y municipal deben de ir más allá, para atender como política pública a niñas, niños y adolescentes, porque “cada vez son reclutados más jóvenes, eso tiene que ser una prioridad y en el Congreso, hemos venido empujando una mayor atención a ese sector”.
“Me parece que la política de seguridad del país está haciendo lo propio, la secretaria Rosa Icela está cambiando la perspectiva, en los cambios de modelo, porque traemos un modelo de un tema muy frontal, más bien mediático, si nosotros revisamos con calma la cifra vamos a encontrar que este gobierno ha tenido mayores detenciones”, indicó.
En otro tema, llamó a las escuelas particulares para que la discusión de los libros de texto no sea un tema ideológico, “sea un tema de visión progresista, porque las críticas que hay de los libros de texto son realmente absurdas”.

 

Alerta Alto Comisionado de la ONU contra la militarización de la lucha antidrogas

 

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.

 

Pide Rosario Herrera analizar avances en el combate a la pobreza

* Diputados visitará zonas marginadas de Acapulco

 Ante la marginalidad de los poblados rurales de Acapulco y la ineficiencia de los programas federales para el combate de la pobreza, la diputada federal Rosario Herrera Ascencio solicitó a la Secretaría Técnica de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades una visita a las comunidades de más alto impacto del municipio para analizar los avances o problemas que atraviesan los pobladores.

Desde el pasado 20 de enero, a través del oficio HCD-CDRMA-RHA/23/04, la diputada pidió a la secretaria técnica de la Coordinación Nacional del programa, Alba Leonila Méndez Herrera una visita al municipio de Acapulco y supervisar ambas los beneficios de dicho programa, así como analizar las posibles insuficiencias por un padrón reducido de beneficiarios.

Casi dos meses después, el coordinador nacional, Rogelio Gómez Hermosillo Marín respondió con la convocatoria a una gira por el estado de Guerrero denominada Visitas por la Transparencia del Programa Oportunidades con legisladores federales que iniciará este 19 de marzo. Se planea visitar las comisarías y centros de salud en Apalani y Campanario, así como la entrega de apoyos monetarios en ciudad Renacimiento, el 20 de marzo.

Herrera Ascencio aseguró que la intención es escuchar a los beneficiarios sobre las deficiencias del programa, así como al resto de los vecinos que ameritan estar en el padrón.

De acuerdo con Gómez Hermosillo las tres acciones básicas del programa; Educación (becas educativas y apoyo para útiles escolares); Salud (atención primaria a la salud); y Alimentación (apoyos alimentarios, suplemento nutricional) benefician a 4 millones 240 mil familias en más de 70 mil localidades del país.

Afirmó que la entrega de los recursos es con el compromiso y corresponsabilidad de los beneficiarios para que los niños sigan en la escuela y los padres lleven a la atención primaria de salud a toda la familia. El programa que comenzó en 1997 y ha beneficiado a 3 millones de personas, registró un incrementó en el 2002 a 4.2 millones, manteniéndose así el padrón de beneficiados hasta el 2003 y con la proyección para el 2006 de llegar a 5 millones de beneficiarios.