El Frente de Comerciantes Movilizados (FCM) marchó para exigir que los dejen vender en las calles del primer cuadro de la cabecera municipal de Tlapa, ante las amenazas de desalojo de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento, el pasado 18 de diciembre.
Unos 100 comerciantes, profesores, colonos, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y colectivos diversos recorrieron la avenida Colegio Militar con pancartas para que se respete su derecho al trabajo, y recalcaron su exigencia de justicia en el asesinato del activista del MPG, Antonio Vivar, y su apoyo a la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos.
Los comerciantes, al llegar al Ayuntamiento pidieron hablar con el presidente, Jesús Noé Abundiz García, que no se encontraba, por lo que salió el secretario general, Sergio Parra, quien dijo que él y una comisión de regidores dialogarían con los inconformes.
Los comerciantes pidieron respeto y acusaron de prepotente al director de Reglamentos, Abel Román, al subdirector y a los inspectores. Dijeron que no se van de la calle en la que cerraron el paso a los carros si no eran atendidos por el presidente municipal. Después de un intercambio de palabras acordaron dialogar en el auditorio.
Durante el plantón frente al Ayuntamiento, los comerciantes entregaron una copia del oficio de primera notificación dirigido a comerciantes ambulantes, fijos y semifijos, en el que se les decía que, de manera personal, cordial y pacífica se les concedía el término de tres días a partir de la fecha para que desocuparán y retiraran sus productos que obstruyan las banquetas y la vía pública del primer cuadro de la ciudad.
La notificación fue sustentada en un acta de Cabildo del 10 de diciembre de 2004, en que supuestamente declararon patrimonio histórico cultural de la humanidad el cuadro que comprende las calles Matamoros, Mina, Guerrero y Añorve. En esa fechar, era regidor el actual secretario general, se dijo en la reunión.
El documento firmado por el director de Reglamentos, el de Tránsito y Vialidad, Rolando Morales prieto, de Seguridad Ofelio Navarro González y el regidor de Comercio, Román Reyes, establece que los comerciantes que no cumplan la orden recibirían “una medida de apremio”, según el Bando de Policía y Buen Gobierno y la ley orgánica del municipio libre.
Por su parte, los comerciantes exigieron sus derechos bajo la ley de Hacienda municipal 677, en su apartado de comercio ambulante, y cuestionaron el desconocimiento de ella a los tres regidores presentes, a los dos directores, y al secretario general y asesor del presidente, el ex presidente municipal perredista Martimiano Benítez.
Una de las comerciantes afectadas, Rutilia Abarca Sabino, de la comunidad de Ahuatepec Ejido, dijo que diariamente acude a vender verduras y paga 10 a los inspectores, aunque también hay otras vendedoras de Ahuatepec Pueblo, Tlaquilzinapa, y dijo que acudió por las amenazas de ser desalojada, “yo pagó todos los días por unos 100 o 150 pesos que gano cuando hay buena venta”, dijo.
En la reunión, que tardó dos horas y media, los comerciantes acusaron al director de prepotente y exigieron su destitución; acordaron con las autoridades que llevarían sus planteamientos al presidente municipal y que no serán desalojados, sino reubicados, porque hay un incremento del 100 por ciento del padrón de comerciantes. Los inconformes respondieron que si no querían ambulantaje, el Ayuntamiento debe generar fuentes de empleo, que es su responsabilidad, “no llegamos al comercio por gusto sino por necesidad”, reclamaron.
El secretario general dijo que el Ayuntamiento no busca criminalizar la lucha social, dado que los comerciantes son parte del MPG y de que el día antes de la movilización los inspectores los amenazaron con que si participaban, sabían quiénes eran.
Otro de los acuerdos fue que los inspectores señalados serán puestos a disposición para que se determine su situación ante los señalamientos de que presionaron y falsificaron las firmas de quienes no podían firmar, para comprobar que habían recibido los oficios, y que les dijeron que si querían denunciarlos, lo hicieran.
Los inconformes les dijeron a los regidores que defendieran al pueblo, y al ex presidente le dijeron que si era asesor lo hiciera bien porque él había sido comerciante y presidente.
El regidor de Comercio, Román Reyes dijo que él era comerciante y que cumplía con los pagos correspondientes al SAT y al ISSSTE porque daba trabajo a otras personas, y lo que se intentaba era regular el comercio.
Finalmente, los comerciantes le entregaron un pliego petitorio y exigieron que, si se pretendía desalojarlos, se hicieran parejas la cosas y retiraran la caseta del sitio Juárez y Comonfort que está en la vía pública, que se retire a los comerciantes del portal Morelos, y que los voceadores de los periódicos no se estacionen, igual que los vehículos del Ayuntamiento, en las calles.
Asimismo, exigieron que los comerciantes establecidos retiren sus productos de las banquetas, que se destituya al director de Reglamentos, que dejen de amenazar a los comerciantes movilizados, que no haya represalias y que se respeten sus derechos. Firmaron los acuerdos todos los presentes y acordaron una reunión de seguimiento.
