El actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) de Guerrero, José Ramos, denunció que fue despedido injustificadamente por la titular del organismo, Miriam Cortés Cisneros, en represalia porque inició un procedimiento con el que reclamaba más de cinco años de salarios que no le pagaron.
El TCA es el órgano que se encarga de tramitar y resolver los conflictos laborales, individuales y colectivos, que se suscitan entre las dependencias de la administración pública estatal y los trabajadores.
José Ramos, quien dijo que cuenta con un nombramiento expedido por la titular del tribunal, denunció que fue despedido de ese órgano que se encarga precisamente de garantizar los derechos de los trabajadores.
Mediante una carta pública, que difundió en su Facebook, dijo que Miriam Cortés Cisneros, titular de la dependencia gubernamental, “me despidió como represalia por haber iniciado un procedimiento en el cual reclamaba más de cinco años de salarios que no me fueron pagados”.
Explicó que, sin embargo, “me tenía trabajando sin goce de sueldo, realizando las actividades inherentes a un actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Guerrero, exigiendo sacar el trabajo asignado sin percibir salario”.
Dijo que, debido a que no le pagaban su salario, inició un procedimiento en contra de la Secretaría de Finanzas, contra el poder Ejecutivo, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, así como contra el propio tribunal.
“Esta represalia es resultado de haberme negado a aceptar una negociación que, mejor dicho, era una imposición, ya que no me respetarían los años de salarios que me adeudan como trabajador, ya que cabalmente desempeñé mis funciones de dicho tribunal, haciendo mención (la presidenta del TCA) que eran indicaciones superiores que ella sólo cumplía”.
Derivado de esta situación, José Ramos solicitó a las autoridades correspondientes “tomar cartas en el asunto, para que me sean respetados mis derechos como trabajador del tribunal defensor de justicia laboral en Guerrero”.
Madres de familia y ex trabajadoras que fueron despedidas sin justificación del Cendi Grandeza Infantil de Iguala, protestan la mañana de ayer para pedir la destitución de directivos Foto: El Sur
Alejandro Guerrero
Iguala
Padres de familia y ex trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de esta ciudad, gestionado por el Partido del Trabajo (PT), protestaron la mañana de este martes para exigir la destitución de la directora del plantel y de la directora general en Guerrero, Sabrina Galeana y Alma Francisca Juárez Altamirano, respectivamente.
A las responsables las señalan de corrupción, nepotismo y desvío de recursos, además, piden la reincorporación de trabajadores despedidos sin justificación.
A las 8 de la mañana, unas 30 madres de familia y cuatro trabajadoras, que fueron despedidas este lunes, protestaron al exterior del Cendi Grandeza Infantil o Cendi-PT, como también es conocido, ubicado en la colonia Hábitat, al norte de la ciudad.
Por su parte, los padres de familia denunciaron que a los niños les han dado en sus desayunos alimentos de mala calidad o caducados, así como las malas condiciones en las que están los utensilios de la cocina, los baños deteriorados y sucios; además de que no han adquirido los seguros de vida para sus hijos, a pesar de que hay un presupuesto designado para este fin.
Denunciaron que a pesar de que la escuela tiene un subsidio federal, de unos 28 millones de pesos anuales, para el pago de alimentos, salarios de los trabajadores y servicios de agua, luz y gas, les cobran una cuota de 700 pesos mensuales a cada uno de los cerca de 120 alumnos, además de otra cuota, de 400 pesos, que se paga una vez al año.
Mientras que cuatro trabajadoras, que fueron despedidas sin justificación el lunes de la semana pasada, y a partir de ese día se les impidió el acceso a la escuela, entre ellas la nutrióloga Rocío Uzcanga Bustos y la Psicóloga Karla Avilés Marquina, informaron a reporteros que la acción en su contra fue en represalia por denunciar las irregularidades ante la coordinación nacional de este programa, que recibe fondos del programa Expansión de la Educación Inicial, al que fue adherido en este gobierno federal para iniciar su proceso de regularización.
Denuncian que Alma Juárez tiene a varios miembros de su familia cobrando en la nómina, como aviadores, en los cinco Cendis que hay en el estado. Sólo en la escuela de Iguala, exhibieron una lista del personal en la que hay un registro de 42 trabajadores, de los cuales, se estima que al menos nueve son irregulares.
De acuerdo con información que dieron a reporteros, hay familiares de la directora general que reciben sueldos de más de 70 mil pesos mensuales, mientras que a ellas, que llevan siete años trabajando en este plantel, desde que fue fundado, les pagan 3 mil pesos a la quincena. Además, han estado trabajando sin percibir prestaciones, entre ellas, un aguinaldo.
Informaron que de las cinco guarderías que fueron instaladas por el PT en Guerrero, sólo tienen claves de centros de trabajo las de Acapulco e Iguala, pero los de Chilpancingo, Zumpango y Coyuca de Benítez no tienen registros, y los dos últimos, están en casas que fueron habilitadas para recibir alumnos.
La nutrióloga Rocío Uzcanga denunció que fue cesada por reclamar una mejor alimentación para los menores y señalar irregularidades. Evidenció que a partir de su destitución, a los alumnos les han dado alimentos de muy mala calidad, que estaban congelados desde noviembre.
Alertó que temen por su seguridad, porque todas las afectadas son mujeres. Advirtió que no van a permitir ni solapar la corrupción que hay dentro de la institución, “tenemos miedo por nuestra seguridad, porque aquí se juegan muchos intereses. Aquí hay demasiado dinero de por medio, hablamos de millones de pesos y de mucha gente involucrada”.
Informó que ya presentaron la queja correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como que procedieron a denunciar el hecho ante la delegación regional de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En la puerta de la entrada de la escuela colocaron cartulinas con algunas de sus demandas y denuncias, “destitución de la directora Sabrina Galeana, inmediatamente”, “fuera directora general Alma Francisca Juárez Altamirano”, “pisotean los derechos de los niños”, “nepotismo, desvío de recursos” y “pedimos alimentación digna. Con los niños no, basta de corrupción”.
Este CENDI fue gestionado en 2014, por el ex dirigente municipal del PT y primer síndico durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, Óscar Chávez Pineda, quien asumió ese cargo en 2013, tras el homicidio del entonces síndico Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, de quien era su suplente.
Una ex trabajadora del Ayuntamiento de Iguala denunció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), por violencia de género, al secretario particular del alcalde David Gama Pérez, Nicolás Federico Pavón Aranda, a quien además acusó de amenazas e intimidación para obligarla a recibir una liquidación menor a la que tenía derecho por diez años de servicio y para retirar la denuncia.
La ex trabajadora del gobierno local, de la que se reserva su nombre, fue una de las despedidas en la depuración que realizó la administración priista en 2022, y debido a ello presentó su queja. El 9 de septiembre de 2022 también denunció por el delito de violencia de género, psicológica y dolosa, a Nicolás Pavón, debido a que la estaba presionando, amenazando y hostigando para recibir de liquidación una cantidad menor que le correspondía por su antigüedad.
La afectada informó que presentó la denuncia por violencia de género en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Bravo con sede en Chilpancingo, en la Unidad de Atención Temprana e Integral de la FGE, debido a que en el Ministerio Público de Iguala, perteneciente a Distrito Judicial de Hidalgo se negaron a recibir la denuncia.
Luego, el Ministerio Público con sede en Chilpancingo remitió la denuncia al Distrito Judicial de Hidalgo con cabecera en Iguala “por incompetencia”, hecho por el que la ex trabajadora solicitó por escrito se le proporcione el número de carpeta de investigación que le fue asignado a su denuncia al pasarla a Iguala, con la finalidad de designar un nuevo asesor jurídico “y a su vez no se vean vulneradas mis garantías individuales, así como solicitar las medidas de protección necesarias”.
Mediante oficios y en declaraciones con reporteros, la afectada denunció que le fue condicionado el pago de su liquidación para que retirara la denuncia hecha en contra del secretario particular del edil priista, y debido a la presión que recibió, solo aceptó el pago menor a lo que por ley le correspondía, pero no retiró la denuncia ante la Fiscalía estatal, a la que en un principio se le asignó la carpeta de investigación 120200905001307090922.
“Recientemente se suscitaron conductas en mi perjuicio, con la intención de que me desista (de la denuncia) y no se continúe con la investigación, conductas que me han generado estrés constante y se ha visto deteriorada mi salud física y mental”, denunció la ex trabajadora.
Asimismo dijo que ha recibido amenazas, acoso e intimidación por funcionarios de la actual administración que buscan que retire la denuncia, y evidenció que durante su proceso de despido buscó una audiencia con el alcalde Gama Pérez, quien se negó a recibirla.
Trabajadores del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero, tomaron sus oficinas para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la destitución del director Ernesto Ávila Damián, a quien acusaron de malos tratos, y otro grupo cerró el sentido sur-norte del río Huacapa.
Los manifestantes señalaron que sufren hostigamiento laboral, el despido injustificado de unos 40 maestros y administrativos, además de que no tienen prestaciones y los pagos salariales son irregulares.
Unos 15 inconformes cerraron la calle Constructores, en la colonia Juristas, y en las oficinas colocaron pancartas en las que exigieron el cumplimiento de su demanda, “no más acoso laboral”, “basta de incertidumbre” y “no más despidos injustificados”, se leían en unas pancartas.
La auxiliar administrativa, Adriana Pacheco Mondragón, informó que desde hace diez años se fundó el instituto y que, en total, son mil maestros que integran los 326 planteles de telebachilleratos comunitarios en el estado y son 35 trabajadores en las oficinas centrales.
Detalló que Ávila Damián no tiene nombramiento ratificado por la gobernadora Evelyn Salgado, quien cambió la forma de trabajar desde que llegó hace alrededor de un año.
La inconforme destacó que en el caso de los aguinaldos, se cubrieron solo 40 y no 45 días, a diferencia de otros años, “algunos otros trabajadores, incluso, no ha recibido estos pagos de fin de año”.
Minutos antes de las 11 de la mañana, unos 70 manifestantes de telebachillerato comunitario de las diferentes regiones del estado, bloquearon el encauzamiento del río Huacapa en el sentido sur-norte, para demandar la destitución del director.
Uno de los trabajadores del telebachillerato comunitario ubicado en Tuxpan, municipio de Iguala, Oscar Cristóbal Rodríguez, informó que exigen respeto a los derechos laborales y cobertura a las prestaciones, como lo marca la ley.
Manifestó que “no hubo ningún cambio y se incumplió con el pago puntual a los trabajadores, a pesar de que la aportación estatal para la institución el año pasado fue de poco más de 90 millones de pesos, y para este 2023 se destinaron 112 millones de pesos”.
Cristóbal Rodríguez indicó que el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván, se ha “coludido” con el director general, porque no hace caso a las demandas de los trabajadores, pese a las denuncias que han realizado.
Minutos más tarde, los manifestantes avanzaron en marcha y bloquearon a unos metros de donde estaban, a un lado del ex Palacio de Gobierno. Una comisión fue atendida y después se retiraron del lugar.
En el transcurso de la noche, por teléfono, una de las inconformes informó que este martes serán atendidos por autoridades estatales para dialogar.
El policía municipal de Iliatenco, Evaristo Olivera Cortés quien fue despedido en el año 2012 de manera injustificada pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para que les paguen sus salarios a él y a otros compañeros al haber ganado un juicio laboral.
El policía me’phaa dijo que es el representante de 54 policías y administrativos que laboraron durante el periodo priista de 2012-2015 y fueron despedidos por Ismael Romero Sierra quien asumió la presidencia de manera injustificada, por lo que interpusieron un juicio laboral en la sala regional de lo Contencioso Administrativo con sede en Tlapa y cuyo juicio ganaron el 2013.
Sin embargo el Ayuntamiento que ahora preside la alcaldesa perredista, Eugenia Cantú no lo ha aceptado y no les han pagado desde esa fecha y por estar en un juicio no pueden buscar empleo en otra institución, además que los empleos escasean en la región.
Recordó que hay muchas familias sin sustento pues no hay fuentes de empleo suficientes en el municipio y la mayoría de la población se sostiene del campo y el café, pero este último ingreso disminuyó por las plagas que lo han afectado.
Pidió que el gobernador y el titular de derechos humanos revisen su caso y les resuelvan porque ya son cinco años que no tienen un trabajo remunerado y sólo se apoyan del campo.
Ismael Romero Sierra fue denunciado en el 2014 por su escolta y chofer, Abel Espinobarros Ramos por despido injustificado luego de solicitar vacaciones porque trabajaba jornadas de 15 horas diarias, sin derecho a descanso.
Lo señaló de no darle vacaciones ni el pago de las mismas, aguinaldo, ni seguridad social como lo establece la ley y que de su salario notificado de 7 mil le quitaban 2 mil.
