Exigen perredistas la expulsión del diputado que se alió con el PRI en el caso Ayotzinapa

Militantes del PRD y fundadores de ese partido en Guerrero exigieron la destitución y expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri, por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para bloquear las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Rafael Aréstegui Ruiz dijo que “no le podemos pedir al Estado que se investigue a sí mismo cuando hay pruebas de participación del fuerzas gubernamentales, del Ejército, de las policías federales, policías municipales y fuerzas políticas, no se puede dar carpetazo, es un crimen de Estado”.
El diputado del PRD, Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala, para ya no dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En conferencia de prensa en el restaurante Woolworth, el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Acapulco, Isaías Arellano Maldonado, lamentó la posición del diputado del PRD de “darle carpetazo” a la investigación de qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Expuso que es una situación que no puede aceptarse por parte del PRD, “no es una posición de partido y exigimos al comité nacional una explicación y expulsión del partido” del diputado.
“Los perredistas no podemos contar con este tipo de personajes que abandonan la lucha social y sobre todo las causas justas, porque este no es sólo un problema que agravia a los padres de los 43 desaparecidos, sino que agravia a la nación y a la comunidad internacional”, enfatizó.
Arellano Maldonado agregó que en la Jucopo también está el diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, quien como diputado local se negó a procesar las denuncias en contra del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Aréstegui Ruiz puntualizó que el Estado no tiene autoridad moral ni ética para hacer alguna investigación, “esta actitud del coordinador es una posición de entrega, de subordinación a la política del PRI, que tiene interés de echarle tierra al asunto”.
Dijo que la postura del PRD debe ser la de investigar a fondo los hechos y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
Expuso que la característica de los crímenes de Estado es que nunca se sabe qué pasó, e insistió en que lo que ocurrió en Iguala tiene “características de un narcoestado”.
Por su parte, el ex perredista y ahora integrante de la organización Por México Hoy, Eloy Cisneros Guillén, dijo que “la traición está muy de moda” y esa fue la actitud del diputado federal, “traicionan los movimientos sociales y políticos, a los padres al pueblo de México que ha estado luchando por la presentación con vida de los estudiantes, es una actitud de traición porque no ha habido ninguna investigación sería”.
“Exigimos que la investigación se siga dando, se quieren resultados de esta actitud criminal, los gobiernos tienen la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos”, enfatizó.
El secretario de elecciones del comité municipal del PRD, Jesús Silva, exigió que desde la estructura nacional del partido se apliquen los estatutos, la separación del diputado de la comisión que tiene en la Jucopo, y “si fuera posible exigir la renuncia a la militancia del partido, porque contraviene los principios del mismo, demandamos se restituya el objetivo de darle seguimiento, como militantes del PRD la transparencia y seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa”.
Por su parte, Óscar Chávez Rendón dijo que no se puede permitir que se tape el caso Ayotzinapa.
Señaló que los diputados federales como Francisco Martínez están “acostumbrados a que se les beneficie monetariamente”, o que eso parece al actuar en contra de los principios del partido.
Pidió a la dirigencia nacional que no se asuman actitudes que lastiman al pueblo de México y que se enderecen las rutas.
En la conferencia también estuvo la secretaría de Derechos Humanos del comité estatal, Yenedith Barrientos, y Norberto Refugio Chamú.
Durante la conferencia, Eloy Cisneros denunció la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé y exigió su presentación con vida.
Recordó que salió de una reunión en las instalaciones del IMSS en Zihuatanejo el pasado jueves antes de la una de la tarde y desde entonces ya no se pudo localizar.
“No hay información de que algún grupo la tenga”, manifestó, y recordó que la doctora se distinguió en el pasado por la lucha social, “no sabemos aquí, como hay complicidades entre el Estado y las mafias, no sabemos la situación real de la compañera, demandamos la presentación inmediata, los gobiernos en sus distintos niveles tienen la obligación de darnos seguridad, que se aboquen a la investigación de este caso”.

Ni la delincuencia ni algún mensaje a Evodio están en el asesinato de Guzmán, dice Rumbo

El diputado federal perredista David Jiménez Rumbo señaló que “es una bajeza” del gobierno del estado atribuir el crimen a la delincuencia organizada, y del Comité Ejecutivo Estatal del PRD señalar el movil político como causas del homicidio.
En declaraciones después del funeral, Jiménez Rumbo insistió en su llamado al presidente de la República Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde Evodio Velázquez a que asuman su función de gobernar.
“Tan desafortunado es que se diga que fue un asesinato político, como irresponsable es que se diga que es un crimen de la delincuencia organizada –como lo señaló ayer por la mañana un comunicado de prensa del gobierno del estado–, a ningún barón de la delincuencia organizada le interesa muerto este muchacho”, dijo
“Matar a Arquímides no es un mensaje para el gobernador porque no es cercano a él, no es mensaje para el alcalde porque no es cercano a él, ¿a qué grupo de la delincuencia organizada le interesa mandarme un mensaje a mí si yo no tengo fuerzas armadas para responderles, yo no los estoy persiguiendo, yo no tengo vela en el entierro?”, agregó.
Y señaló que “a Arquímides Guzmán lo mató, en mi opinión, alguien que pensó en matarlo, y ese alguien vive en Guerrero y aquí está impune, y el que mata una vez, mata otra vez, queremos que se le encuentre y se le castigue”
El dirigente de Grupo Guerrero acusó al presidente del CEE, Celestino Cesáreo de pretender “lucrar” con el asesinato al vincularlo al contexto de una campaña contra el alcalde Evodio Ve-lázquez y sugerir que se establezca el movil politico como una línea de investigacion: “es bajeza decir que es un asesinato político, yo no acepto las bajezas contra el alcalde Evodio, no acepto las bajezas del partido”.
Jiménez Rumbo reprochó que las autoridades estatales quieran vincular el homicidio de Guzmán a la delincuencia organizada.
Dijo que ni el gobierno del estado tienen pruebas de que fue una acción de la delincuencia organizada o de que hay un móvil político en el crimen, por lo que exigió que se investigue y se castigue al responsable.

Reclamos a Evodio, Astudillo y Peña Nieto

El diputado federal adelantó que hoy o mañana buscará reunirse con el gobernador Héctor Astu-dillo y después con el fiscal Xa-vier Olea Peláez.
Luego insistió: “No acepto la acusación cobarde de Celestino contra Astudillo”. Dijo que no se debe “politizar” el asesinato sino se debe investigar porque el homicida le dio un balazo en la cara y eso es un mensaje de que “quien ordenó el crimen fue alguien que odiaba” a Guzmán Cisneros.
Demandó al PRD que acompañe la exigencia de Grupo Guerrero para esclarecer el homicidio pero sin prejuicios, pues “¿por qué vamos a decir que hubo un movil político si no sabemos? Ni siquiera ocupaba cargo de dirección política. Era funcionario, tampoco acepto que se diga que fue un asesinato más de la delincuencia organizada”.
Dijo que el alcalde Evodio Ve-lázquez no puede dedicarse a saludar turistas ni el gobernador Héctor Astudillo a entregar proyectos productivos ni el presidente Enrique Peña Nieto a andar en actividades internacionales sino que su función es gobernar: “¿Sa-bes qué es gobernar? Brindar se-guridad a los ciudadanos, de que podrán hacer su trabajo sin riesgo de que los maten”.

Por la formal prisión, ya no procede dar licencia al alcalde de Cocula, dice Vicario

 

Ayer se notificó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso local que fue recibida la solicitud de licencia del alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, ante la cual el diputado Héctor Vicario Castrejón informó que ésta es improcedente porque el perredista perdió sus derechos políticos al haberse dictado un auto de formal prisión en su contra.
Ante esta situación explicó que a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsable de dictaminar las solicitudes de licencia y de la que él forma parte, debe realizar un análisis jurídico para determinar el trámite que se le dará a este caso.
Consultado ayer antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, el diputado priista explicó que queda al frente del ayuntamiento la persona que ocupe el cargo de síndico, que en el caso de Cocula se trata de Enriqueta García Peña, quien según la dirigencia estatal del PRD ha recibido amenazas del crimen organizado.
Sin embargo Vicario Castrejón indicó que la síndica puede permanecer como encargada de despacho solamente por 15 días, por lo que Carlos Alberto Duarte Bahena, que es el suplente de Ramírez Crespo debe entrar en funciones.
Incluso dijo que Duarte Bahena puede asumir el cargo de manera directa y definitiva sin necesidad de que se realice algún procedimiento en el Congreso.
El martes a las 7 de la noche el Juez Noveno de Distrito con sede en Iguala, Alejandro Castro Peña, dictó auto de formal prisión contra Ramírez Crespo por delincuencia organizada, bajo la hipótesis de que el perredista cometió delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
Este miércoles se informó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso sobre la recepción de la solicitud de licencia que el perredista envió para separarse del cargo por tiempo indefinido, luego de que el pasado 9 de febrero fue detenido por policías federales y militares.
La solicitud fue recibida el lunes, un día antes de que el juez dictara auto de formal prisión en su contra.
Al respecto Vicario Castrejón, quien es vocal de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, explicó que la licencia ya no es procedente, en consecuencia el Congreso debe analizar qué trámite se le dará al caso, pero no precisó cuáles pueden ser esas alternativas.
“Desde el momento en que se le dicta a él un auto de formal prisión pierde todos sus derechos políticos, entonces tendremos que ver qué es lo que procede en este Congreso a efecto de desahogar este tema”, dijo.
–¿Qué procede? ¿Un juicio de revocación de mandato o desafuero? –preguntó un reportero.
—Tendremos que ver qué es lo que procede, tendrá que entrar a una evaluación, a un debate jurídico en esta misma cámara, no queremos adelantar juicios. Tendremos que tener el tema de la licencia en la comisión y ahí deberemos tomar la determinación a efecto de que el Congreso no contravenga ninguna ley y nos ajustemos estrictamente al derecho.
El diputado aseguró que desde el momento en que se le dictó auto de formal prisión, Ramírez Crespo dejó de ser alcalde de Cocula.
Recordó que cuando el Congreso aprobó la reincorporación al cargo del perredista, tras el arraigo de 40 días al que estuvo sujeto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), él pidió a la Comisión de Asuntos Políticos que solicitara a la Procuraduría General de la República (PGR) información de la situación legal de Ramírez Crespo, sin embargo lamentó que su petición no tuviera eco.
Opinó que la solicitud de licencia tiene tintes políticos, sin embargo no aclaró por qué lo decía. Finalmente dijo que la Comisión Permanente podría convocar a un periodo extraordinario para resolver el tema de Cocula.

Ejecutan con un balazo en la cabeza al diputado del PAN Jorge Bajos Valverde




foto El diputado local del PAN, José Jorge Bajos Valverde fue ejecutado anoche en Acapulco con un disparo detrás de la oreja izquierda que le quitó la vida en ese instante.
El director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) Érit Montúfar Mendoza –que de inmediato se trasladó de Chilpancingo a este puerto– declaró que se trató de un delito “del orden común” cometido por un asesino solitario que habría utilizado una pistola calibre .38 súper, y descartó la intervención de instancias del gobierno federal. Sin embargo, aseguró que no había ninguna línea de investigación definida a esas horas.
El cuerpo de Jorge Bajos quedó en el asiento delantero izquierdo de la camioneta RAV4 marca Toyota, color gris plateado, con placas de circulación GZK-8967 del estado de Guerrero.
La camioneta no tenía ningún impacto de bala; quedó estacionada a la orillas de un lote valdío con una construcción abandonada, a pocos metros de la puerta principal de la radio y televisión gubernamental Soy Guerrero, donde Bajos llegaba para entrar a una entrevista en el noticiero nocturno a las 9 de la noche, que conduce el director del organismo Jorge Camacho Peñaloza.
Bajos Valverde concluiría una agenda de medios de comunicación que le llevó todo el día en Acapulco, y que incluyó diversos programas de radio y televisión, para defender en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos que propuso el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y que los diputados locales aprobaron sin discusión y sin cambios el jueves 28 de diciembre.
Montúfar informó de un despliegue policiaco de por lo menos 100 efectivos para esta investigación, pues dijo que “tenemos que sacarla lo más rápido posible”. Tras adelantar la celeridad que tendrá este caso, a pregunta expresa rechazó que tuviera alguna instrucción especial. Sólo dijo que la dependencia a su cargo cumpliría con su función “de agilizar la investigación, de realizar la investigación”, e insistió: “Trataremos de dar resultados lo más pronto posible”.
Por la forma en que fue encontrado el cuerpo sobre el asiento del conductor y con la puerta abierta, al parecer Bajos Valverde se preparaba para descender del vehículo, cuando habría sido sorprendido por su agresor. El diputado panista llegó solo, pues no contaba con escoltas ni con chofer.
De acuerdo con versiones de algunos trabajadores de Soy Guerrero, el policía preventivo que custodia las instalaciones de la radio y televisión del gobierno estatal habría repelido la agresión con dos disparos, cuyos casquillos se encontraron al pie de la puerta de una de las residencias que se encuentran en esa calle, la cerrada Monte Albán.
Montúfar confirmó que fueron encontrados “algunos cascajos” en el lugar de los hechos, “al parecer de un arma que utilizó un policía preventivo que realizó disparos al individuo que privó de la vida al diputado”. Afirmó que aún no tenía la certeza del calibre del arma que se utilizó para asesinar a Bajos, “pero todo indica, todo indica, que al parecer pueda ser de .38 especial”.
Uno de los vecinos narró que al momento del disparo, él bajaba a una de las calles cercanas cuando en la esquina observó a dos individuos sospechosos entre las calles Monteblanco y Monte Albán y segundos después lo alcanzó un automóvil a exceso de velocidad que le exigió darle el paso, y por las luces altas que llevaba no logró ver el tipo ni el modelo del vehículo.
Afuera de Soy Guerrero, su director Jorge Camacho Peñaloza dijo a reporteros que cuando ocurrieron los hechos él se encontraba en el estudio de televisión en la transmisión de su noticiero, pero confirmó que Bajos Valverde habría llegado unos 15 minutos antes de la 9 de la noche, cuando fue ejecutado.
Entrevistado en la Fiscalía Regional de la PGJE, Montúfar también detalló que Jorge Bajos recibió un solo disparo atrás del oído izquierdo, cuya bala no tuvo salida. Asimismo resultó con una lesión en el dedo meñique del lado izquierdo que, dijo, pudo ser provocada por el mismo disparo cuando trató de protegerse.
De acuerdo con los primeros informes que recibió, dijo que el presunto agresor vestía short y playera, y que era “de pelo largo, al parecer con trenza”. Agregó que se presume “que pudo haber sido auxiliado por otro u otros” en un auto.
Aseguró que no se contaba “con mucha información del vehículo, no contamos con número de placas, contamos con pocas características”, pero aceptó que pudo haber huido hacia las avenidas principales del puerto, la Cuauhtémoc o la Costera, o hacia arriba en dirección hacia El Tanque.
Al lugar de los hechos acudió el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Enrique Gil Mercado, quien no quiso dar información de lo ocurrido. También estuvieron el comandante regional de la PIM, Jorge Ramos; el agente de Ministerio Público del sector Central, Abelardo Chávez; el director de la Policía Preventiva municipal, Humberto Enoc del Valle, y decenas de policías ministeriales del estado y preventivos municipales.
A las 9 de la noche con 43 minutos llegó el Servicio Médico Forense por el cuerpo sin vida del diputado local del PAN, quien vestía una camisa azul con rayas blancas y pantalón azul marino.
Alrededor de las 10:30 de la noche llegó Érit Montufar a las oficinas de la Fiscalía Regional de la PGJE, en donde sostuvo una reunión privada con los mandos de la PIM en el puerto. Allí también estuvieron los diputados locales del PVEM Alejandro Carabias Icaza y Enrique Álvarez Angli.
Visiblemente consternado, Carabias Icaza consideró que el asesinato de Bajos “es una llamada más de atención para que nos pongamos a trabajar todos, el gobierno del estado, la procuración de justicia está muy mal”, y reconoció que incluso “nosotros como diputados no hemos hecho prácticamente nada en materia de seguridad pública y yo creo que es hora de que todos nos pongamos a trabajar”.
Compañero de Bajos en la Comisión de Presupuesto, Carabias lo calificó como “una persona ejemplar”, que no tenía problemas con nadie. “Yo no me puedo imaginar de dónde pueda provenir esto pero esto es un asunto muy serio”, expresó.
“Supuestamente nos íbamos a turnar para acompañarlo a la gira de medios, pero cada quién tenía cosas qué hacer”, dijo el diputado local del PVEM cuando se le preguntó por qué nadie lo siguió en su recorrido por las estaciones de radio y televisión para defender el Presupuesto que le fue aprobado al gobernador.

Dirigente empresarial en Acapulco, amigo de la infancia del gobernador, diputado por primera vez

Dirigente de organismos empresariales, y amigo de la infancia del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el único cargo público que José Jorge Bajos Valverde tuvo fue el de diputado local por el PAN, al que recién llegó.
Fue hermano del director de Comunicación del gobierno del estado, César Bajos Valverde, y del subsecretario de Administración y Finanzas también del gobierno zeferinista, José Antonio de los mismos apellidos.
Sin ninguna trayectoria como militante del PAN, en los comicios locales de 2005 Jorge Bajos apareció en las boletas electorales a la cabeza de la lista de candidatos a diputados plurinominales de ese partido.
Proveniente de una familia de tradición empresarial, dirigió un negocio de lavanderías de la Cadena Web, y antes participó en el negocio familiar de venta de llantas con la empresa Llanterama.
A mediados de la década de los 90, Jorge Bajos fue dos veces presidente de la Canaco en Acapulco, dos periodos después de que lo fue Torreblanca Galindo. En 2003 fue presidente de la Coparmex Acapulco y al año siguiente fue reelegido para un siguiente periodo. (Ricardo Castillo Díaz y Mónica Martínez).

Atacan a balazos en Chilpancingo al hermano de un diputado del PRD; matan a su hijo de 7 años

Los agresores iban en una camioneta Jeep Cherokee con placas de Veracruz desde donde disp

foto Hombres armados a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color blanco con placas de Veracruz atacaron ayer aquí al hermano del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, ex alcalde de Quechultenango, Antonio Ortega Jiménez, matando al hijo de éste, Marco Antonio Ortega Blanco, de 7 años, que lo acompañaba a la hora de atentado, junto con otra persona que fue identificada como su chofer, Delfino Romero Bravo.

En los hechos, que ocurrieron a las 3 de la tarde a una cuadra de la sede del Congreso local, Antonio Ortega –que viajaba en una camioneta Pick-up Chevrolet de modelo reciente roja con permiso provisional a nombre de Fernando Bravo Valencia–, repelió la agresión.

Las autoridades ministeriales informaron que el atentado ocurrió a las 3:15 de la tarde en la avenida José Francisco Ruiz Massieu frente a la bodega de acero Dapsa, a una cuadra de la sede del Poder Legislativo y la dirección estatal de Tránsito.

En esta avenida –una de las más transitadas de la capital– la camioneta del hermano del diputado perredista fue interceptada por el Jeep Cherokee, de donde descendió un hombre y comenzó a dispararle con una pistola, señalaron testigos.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informaron que el calibre del arma utilizada por el agresor es 38 milímetros y los proyectiles impactaron en 12 ocasiones el parabrisas y la carrocería de la camioneta donde viajaba Antonio Ortega.

Las balas alcanzaron el camión 1669 de la empresa Coppel, que transitaba atrás de la camioneta agredida, pero sin herir a los tres trabajadores de esta empresa que según su versión se agacharon en cuanto escucharon los balazos y sólo vieron una camioneta blanca darse la fuga velozmente rumbo a la sede estatal del PRI.

Los testigos abundaron que al agresor se le encasquilló la pistola, y en ese momento Ortega dio marcha atrás a la camioneta, maniobra que provocó que impactara al camión de Coppel. Entonces, el hermano del diputado perredista repelió la agresión y su chofer corrió con el niño en sus brazos, abordó un taxi que lo llevó al hospital militar y dos horas más tarde el menor murió por el impacto de bala que recibió en la frente, informaron fuentes oficiales.

Las mismas fuentes señalaron que minutos antes del tiroteo, Antonio Ortega Jiménez había tenido una discusión con unos hombres en la colonia del PRI, que se presume fueron los mismos que le dieron alcance en la avenida José Francisco Ruiz Massieu.

Luego de la agresión, policías municipales y del estado, así como agentes ministeriales y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) llegaron al lugar y comenzaron a circular varias versiones en el sentido de que los sicarios de la Cherokee habían huido rumbo al norte de esta capital, otras versiones señalaban que al poniente. Sin embargo, a pesar de que se aplicó una acción especial por ambas zonas no se encont a los agresores.

Los efectivos de las diferentes corporaciones policiacas se trasladaron a la ex sede del Instituto Federal Electoral (IFE), donde actualmente se encuentra un terreno baldío y las ruinas de lo que fue un hotel frente a la sede del Tribunal Electoral del Estado y de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), donde presuntamente se había escondido Antonio Ortega.

No obstante la búsqueda no arrojó resultado alguno y los agentes regresaron al lugar de los hechos donde se realizaron las prácticas periciales.

En tanto, en la sede de la 35 Zonal Militar fue detenido por soldados el chofer de Antonio Ortega, quien portaba una pistola calibre 9 milímetros cuando llevó al menor herido en la cabeza.

Por la noche, Romero Bravo seguía detenido en las instalaciones de la 35 Zona Militar, y no había sido puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que declarara sobre estos hechos, indicaron fuentes oficiales.