El diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el perredista Raymundo García Gutiérrez dijo que la falta de médicos en hospitales, centros de salud y clínicas se debe a la “mezcla de intereses” entre el sindicato y la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a la población.
“Aquí hay una mezcla de intereses entre las administraciones públicas y el sindicato, lo que provoca que salga perjudicada la ciudadanía”, agregó.
Consultado sobre el caso del indígena que murió en la sala de espera del hospital en San Luis Acatlán, dijo que la comisión ya presentó los exhortos correspondientes.
Este jueves en estas páginas se publicó que en San Luis Acatlán los vecinos de las comunidades no tienen derecho a la salud los fines de semana, porque no se presentan los médicos.
Ayer sin entrar en detalles dijo que se pidió que se reforzaran las zonas donde no hay médicos los fines de semana, y que fuera el personal de las jurisdicciones el que resolviera ese problema.
Dijo que su función en la comisión y como diputado es “tender” un puente de comunicación con la Secretaría de Salud, para que atienda la petición de médicos en las zonas que se requieran.
Insistió en que la falta de personal médico del hospital de San Luis Acatlán no sólo se presenta ahí, sino que es un “padecimiento” que se ha presentado a lo largo de los años en todo el estado.
Mencionó que el problema de esta falta de atención médica para la población de cualquier región indígena y urbana, es que entre los sindicatos y las dependencias públicas hay intereses que buscan y sólo los benefician a ellos.
El domingo 1 de octubre murió el señor Calixto Zavala esperando ser atendido en el área de urgencias, cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos no hay servicio médico.
De la muerte de cinco bebés que presentaron complicaciones de enfermedades nosocomiales, y el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Acapulco, dijo que no se ha presentado ese caso a la comisión del Congreso.
Aseguró que los familiares de los bebés deben presentar una denuncia formal ante el Congreso, para que los diputados puedan actuar y se presione a la Secretaría de Salud. “Los familiares deben denunciar la negligencia, aquí no ha hbido una denuncia de manera formal”, agregó.
Informó se presentó un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el presupuesto del próximo año se den más recursos a las morgues. Dijo que no ha sido informado de cómo iniciará el proyecto para mejorar las condiciones en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
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La jueza cometió un delito al ordenar que fuera detenido un diputado con fuero, dice el fiscal
El fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, declaró que no se va a subir al ring con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, en respuesta a la declaración del magistrado en el sentido de que no tiene elementos de que el Ministerio Público y la jueza del caso del diputado Saúl Beltrán Orozco fueron presionados para solicitar y librar una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, insistió que el Ministerio Público aceptó en declaraciones oficiales que fue amenazado, pero que no le dijo por quién. También advirtió que la jueza cometió un delito al emitir la orden de aprehensión sin que antes la Fiscalía haya solicitado el desafuero y adelantó que va a proceder en su contra.
Declaró que hay elementos para proceder penalmente en contra del diputado, pero que se tiene que esperar hasta que se resuelva el amparo que promovió. De lo contrario, dijo que si el Congreso resuelve antes su desafuero, si gana el amparo, le devolverían el fuero y la orden de aprehensión quedará sin efecto.
El fiscal Olea Peláez fue entrevistado este martes en su despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Por qué digo que estuvo mal el MP y la juez, porque el Ministerio Público nunca informó a su superior jerárquico de la existencia de esa averiguación previa en contra del entonces presidente municipal y luego diputado. Sin embargo consignó la averiguación previa con muchos errores”, dijo.
Y agregó que en cuanto a la jueza, libró la orden de aprehensión e incurrió en un delito establecido en el artículo 305 del Código Penal que se refiere a los delitos contra la administración de justicia y que establece que “se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien teniendo la calidad de servidor público inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero constitucional, excepto los casos que así lo permita la ley”.
En este caso, si no había juicio de procedencia en contra del diputado Beltrán Orozco, la juez no podía librar la orden para detenerlo.
Admitió que antes de la resolución de la juez, el MP debió por las propias declaraciones de testigos, “que dicen: ‘parecer ser que es diputado”, haber mandado oficio al Congreso de la Unión y al Congreso local para que le dijeran si era o no diputado. Explicó que el mismo procedimiento debió seguir la juez.
Después, Olea Peláez explicó que declaró que ambos servidores públicos fueron amenazados y les dieron dinero para que actuaran sin aplicar el procedimiento respectivo, “porque el Ministerio Público cuando vino y declaró en Contraloría y ante mí cuando lo regañé, que había sido amenazado pero no me dijo por quién”.
El fiscal recordó que la jueza recibió la consignación del MP el 6 de enero a las 3 de la tarde y tres días después, el 9 de enero, libró la orden de aprehensión.
Olea, argumenta: “cuando yo tengo conocimiento le digo (a la jueza), ‘no puedo ejecutar la orden de aprehensión porque el señor tiene fuero constitucional’ y allí es cuando solicito el juicio de procedencia”.
Pero explicó que ahora que ya se inició el juicio de procedencia, hay un amparo que promovió el diputado en contra de la orden de aprehensión, “entonces imagínate si lo desaforan y gana el amparo, lo tendrían que reinstalar y le tienen que dar fuero otra vez”.
El Congreso debe esperar amparo
La propuesta del fiscal es que ahora el Congreso tiene que esperar que se resuelva la solicitud de amparo y reiniciar un juicio de procedencia sin violentar las garantías individuales del diputado, “darle chance que acredite y darme chance a mí de acreditar su responsabilidad, porque si gana el amparo debe de suspenderse el juicio de procedencia y ya no va a haber orden de aprehensión”.
–Ya se cometió el error, ya el diputado Saúl está pidiendo que se proceda en contra de estos servidores públicos, ¿procede la petición del diputado?
–Sí, no he visto las denuncias, tiene que ratificarlas. Yo ya sancioné administrativamente al Ministerio Público, y si procede el delito lo consigno, igual que a la juez.
–¿Aun cuando sea de un poder distinto?
–Pues está cometiendo un delito.
–El magistrado presidente (Robespierre Robles Hurtado) dice que no hay elementos de lo que usted dice, que el Tribunal no es una servilleta…
–No me voy a subir al ring, ni quiero subirme al ring.
–Da la impresión que todos estos errores, como usted dice, fueron cometidos adrede, como para prepararle el camino al diputado para su salvación.
–Repito, el superior jerárquico no sabía de la existencia de la averiguación previa, el vicefiscal de investigación no sabía, el director de investigaciones tampoco, el fiscal general tampoco. Yo me entero cuando me la trae la Policía Ministerial y me dice “vea la orden de aprehensión”. Entonces yo le contesté a la juez, “yo no puedo detener al diputado por el delito por el que usted libró su orden de aprehensión porque tiene fuero constitucional y no me voy a ir a la cárcel por andar deteniendo a una gente que no debo por estar protegido por ese fuero”.
–¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en el sistema de justicia con servidores públicos que se supone conocen la ley como un Ministerio Público y con mucho más razón una jueza?
–En mi vida jurídica he visto muchos errores judiciales en los ministerios públicos.
–¿Como estos que son básicos?
–Como estos, en tanto en este país no se tenga un control absoluto de la capacidad jurídica de las gentes, es difícil y pasa en todos los países del mundo, no nada más en Guerrero y en México. Por eso existen los defensores y por eso se ganan los amparos.
–¿Qué sanción le impuso al Ministerio Público?
–Está en la contraloría interna y está por resolver esta situación. No me puedo meter administrativamente en lo que pueda hacer el Tribunal (con la juez). Yo sé que un Ministerio Público hizo mal las cosas.
–El Congreso le está pidiendo la carpeta de investigación para que resuelva
–Ya se envió.
–¿Cuando la envió?
–Mañana (hoy) se envía, perdón, todo por lo que solicité la ampliación del plazo.
–¿En esa información usted sostiene que hay elementos para que proceda el desafuero del diputado?
–Y ofrezco toda la averiguación previa.
–¿Pero en la acusación concreta usted sostiene que el diputado sí cometió el delito de homicidio?
–Eso es lo que sostengo yo, pero te estoy diciendo que jurídicamente el Congreso debe esperar a que desahoguemos las pruebas.
–¿En el caso del Tequilero, cómo van las investigaciones?.
–Vamos bien, tenemos entre 9 a 15 detenidos que ya están en la cárcel, están vinculados a proceso, tienen asuntos de formal prisión.
–Menos él, ¿por qué? Si ya hay detenidos se supone que hay información que han aportado.
–Relativa, porque tienen derecho a no declarar. Yo no los puedo obligar a declarar.
–El compañero periodista Cecilio Pineda Birto en su último reporte habla de que hay gente que les ha dicho a ustedes donde está, cómo y dónde se mueve pero que sospechosamente no lo detienen…
–A ver, estamos interviniendo la Policía Ministerial, el Ejército y la Policía Estatal. Somos tres instituciones que estamos muy pendientes y en plena investigación para detener a este sujeto. Ustedes tienen que entender como periodistas que estas gentes tienen recursos, tienen amedrentados a ciertos pueblos y ciertos pueblos los protegen.
–Aún así, son tres instituciones con todo el poder del estado, contra un señor que tiene cinco gentes, usted dijo que estaba disminuido en una de las entrevistas.
–Tan es así que ya salió de su zona de influencia que era San Miguel Totolapan y Ajuchitlán. Se han hecho operativos, muchas cosas de inteligencia, no es tan fácil detener a la gente.
¿No será por las redes de complicidades de las autoridades, como lo dijo el obispo Salvador Rangel?
–No, yo creo que si el obispo lo dice yo con mucho gusto le abro las puertas al señor obispo para que me diga qué servidores públicos están protegiendo e inmiscuidos con el crimen organizado. En este gobierno quien tenga una responsabilidad penal se va a la cárcel.
“Tenemos que hacer bien las cosas, yo encontré una Fiscalía colapsada, desecha, estamos reconstruyendo. El corazón de la fiscalía estaba muy enfermo. Tenemos que capacitar bien a las gentes en el nuevo sistema y terminar con el rezago del antiguo sistema”.
En su último video, Cecilio Pineda habló de “compromisos muy fuertes” del gobierno estatal con El Tequilero
Dos horas antes de ser asesinado a tiros en Ciudad Altamirano, la cabecera de Pungarabato, el periodista Cecilio Pineda Birto señaló que hay “compromisos muy, muy fuertes” entre el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores y el líder criminal de Los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
En un video transmitido en vivo de 12 minutos y 37 segundos el periodista también acusó al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero, y con el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco quienes convivían en fiestas populares, y los uniformados escoltan a las esposas de los delincuentes, “pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
Afirmó que existen videos como prueba de la relación, pero no alcanzó a publicarlos.
Cecilio Pineda era director de un semanario La voz de Tierra Caliente, que según fuentes de la región no se imprimía desde hace seis meses, y cuando lo hacía el tiraje era de mil ejemplares que él repartía en diferentes Ayuntamientos de la zona. También enviaba información para el periódico nacional El Universal y agencias locales, pero su mayor audiencia la tenía en los portales Youtube.com y Facebook.com.
En un video que el reportero transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el día en que fue asesinado, informó que regresaba a Ciudad Altamirano después de visitar San Miguel Totolapan, “la mera verdad se siguen sumando escuelas, al paro, son alrededor de 104 escuelas que pararon labores en solidaridad con el movimiento (de autodefensa por la paz), se acuerdan que hace ocho días vino el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Educación, de derechos humanos y se hizo un argüende”.
Dijo en referencia a la reunión del 21 de febrero en ese municipio al que acudió el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para dialogar con profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz, con la intención de analizar el regreso a clases pero los maestros les reiteraron que no volverán si el gobierno no detiene a El Tequilero.
A esa reunión asistieron unos 200 maestros en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses.
“El chiste es que fracasó este operativo, como ven son pocos los policías estatales que recorren la cabecera y lo demás… pues no han agarrado a nadie, sigue igual”, dice a sus seguidores.
Después recordó que contrario a la promesa de detener a El Tequilero, el Congreso local concedió 10 días más de plazo antes de dictaminar si procede o no el desafuero del diputado local priista que es compadre del líder criminal Raybel Jacobo y que además tiene una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento.
Comentó que en la cabecera de San Miguel Totolapan se comentaba que al día siguiente habría otra reunión con el delegado de Servicios Educativos en la Tierra Caliente, y que ahí el Movimiento por la Paz haría un pronunciamiento “para dar a conocer ya, las medidas más drásticas que se van a tomar para obligar en este caso al Congreso del Estado y al fiscal estatal Javier Olea (Peláez), y al secretario de Seguridad Pública a que detengan a estas personas que siguen ahí en La Gavia”.
“Incluso sicarios de ellos mismos han salido y que estuvieron ahí en hechos recientes, ahí en el topón que se dieron con los militares y ministeriales, han desertado y ellos mismos están dando lugar, están dando a conocer donde se encuentra El Tequilero, dónde se encuentra El Vago, dónde se encuentran todos los sicarios, y el gobierno pues no, no los quiere detener y eso que ya saben dónde están todas sus posiciones, dónde están ubicados, dónde se encuentra El Tequilero, con quién se encuentra El Tequilero en estos momentos”, agrega.
El reportero insistió en que los sicarios del grupo de Los Tequileros que desertaron “están dando a conocer sicarios de ese grupo criminal dónde tienen todas sus guaridas, y ni así quieren ir a detenerlos (las autoridades)”.
Después habló de delicados transcendidos en San Miguel Totolapan, “incluso hay videos en los que acusan al coordinador regional de la Policía Estatal de estar coludido con El Tequilero y con el diputado, al grado de que convive con ellos en fiestas populares, incluso escolta a sus esposas a traer suministros ahí a la cabecera municipal, les da protección a las esposas de los sicarios, hay muchas cosas que no se entienden que uno como ser humano pues por lógica piensa que ahí hay algo de relación, entre el gobierno y este grupo criminal”.
Después del señalamiento dijo que “deberían hablar con El Tequilero y habrían de montar un show de que por lo menos hace como que se entrega, para así ya dar certidumbre a la gente y vuelvan a su chamba, a sus actividades y dejen el movimiento, pero no quieren hacerlo, pareciera que hay compromisos muy, muy fuertes entre el gobierno y este líder criminal”.
El periodista dijo que esperaría a saber cómo terminaría el caso “esperemos que no sea con más muertes, y va a seguir habiendo muertes, puesto que no quieren actuar como debe de ser, total esto ustedes lo han visto, hay esos señalamientos, han visto todo este procedimiento y pues la mera verdad llama mucho la atención del por qué no quiere actuar el gobierno sabiendo que hay sicarios de El Tequilero que están dando a conocer todos los puntos y guaridas de dónde está, y lo más grave es que señalen a elementos estatales coludidos con este grupo criminal”.
Después dijo que será el Movimiento por la Paz el que dé esa información y que él sólo comentaba lo que había escuchado, que son transcendidos de manera extra oficial.
Comentó que seguiría al pendiente del caso “que pudiera salirse de control al gobierno del estado si no atiende las demandas de los ciudadanos de aquí de San Miguel Totolapan”.
Amplían el plazo para que la Fiscalía entregue documentos que pidió la defensa de Saúl Beltrán
Después dilaciones que el Poder Legislativo ha dado al juicio de procedencia contra el diputado Saúl Beltrán Orozco para desaforarlo, ahora la Comisión Instructora rectificó y dijo que no dio 10 días naturales sino hábiles a la Fiscalía para entregar la documentación solicitada por la defensa del acusado de homicidio calificado.
Contra el diputado priista hay una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un trabajador del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, y además es señalado de tener vínculos criminales y compadrazgo con el jefe de una banda del crimen organizado, Raybel Jacobo Dealmonte, El Tequilero.
Ayer debió concluir el plazo que el Congreso del Estado le dio a la Fiscalía para entregar copias certificadas de todo el expediente de la averiguación previa que solicitó la defensa del diputado priista, de acuerdo con la declaración del presidente de la Comisión Instructora, el panista Iván Pachuca Domínguez.
El 22 de febrero el presidente de la Comisión encargada de dictaminar el caso, Iván Pachuca, informó que los diputados acordaron dar “un plazo razonable de diez días naturales”, los que tendrían que concluir ayer sábado.
El diputado afirmó que en cuanto la Fiscalía entregara la información solicitada “de manera inmediata” terminarán el dictamen, pero ayer la diputada perredista Silvia Romero Suárez, también integrante de la Comisión Instructora confirmó que el acuerdo fue dar un plazo de 10 días hábiles y no naturales.
Por eso, el plazo se cumplirá hasta el próximo miércoles 8 de marzo y no fue ayer 4 de marzo.
Pero después de la reunión de la Comisión el 22 de febrero, no se ha reunido y el presidente ha cancelado ya dos veces las sesiones; la última fue el jueves cuando por la mañana informó a los integrantes que no se reunirían.
El primero de marzo se cumplió un mes desde que la Fiscalía solicitó por escrito al Congreso local iniciar un juicio de procedencia contra Saúl Beltrán, y el próximo jueves 9 de marzo se cumplen dos meses de que un juez libró una orden de aprehensión en su contra, que no puede ser ejecutada porque el político tiene fuero.
Al Congreso local llegó la solicitud de juicio de procedencia contra el también ex alcalde de San Miguel Totolapan el miércoles primero de febrero, pero el asunto no fue llevado al pleno hasta el otro miércoles 8, a pesar de que la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado dice que sólo hay un único plazo de 10 días hábiles para dictaminar el caso y el proceso no habla de un derecho de audiencia, se la otorgaron para no violar el derecho establecido por la Constitución.
Pide el PRD al Congreso que deje de proteger al diputado Beltrán y desaforarlo
El presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió al Congreso Local dejar de proteger al diputado priista Saúl Beltrán Orozco y exigió a la Comisión Instructora que proceda al desafuero del también compadre del líder del grupo criminal Los Tequileros”, Raybel Jacobo de Almonte.
En declaraciones en sus oficinas después de la sesión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), el dirigente perredista consideró que es preocupante la aparente defensa que la Comisión Instructora del Congreso está tomando hacia su compañero de legislatura.
El miércoles, la Comisión Instructora encargada de dictaminar si procede o no el desafuero del también ex alcalde de San Miguel Totolapan acordó una prórroga de diez días naturales para que la Fiscalía estatal le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, que solicitó la defensa de Saúl Beltrán, lo que generó la demora para presentar el dictamen que le quitaría o ratificaría la inmunidad constitucional del priista, que vencía ayer.
Celestino Cesáreo afirmó que la acción de posponer el dictamen fue únicamente para darle “largas al desafuero”, porque recordó que “al señor no lo están acusando de difamación, de cosas menores, las acusaciones son muy graves. El señalamiento es directo y el Congreso debiera actuar con diligencia y poner a disposición de la Fiscalía a Saúl Beltrán”.
El también ex diputado local recordó que no es facultad del Congreso decir si Saúl Beltrán es culpable o no, y sólo debe resolver la procedencia del desafuero a partir de las pruebas que la Fiscalía les entregó.
Al actuar así “pareciera que están ayudando, protegiendo” a su compañero de legislatura a pesar de que tiene señalamientos directos de vínculos con un grupo criminal y hay una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.
El dirigente perredista insistió en que la figura del fuero constitucional es “arcaica” y que en el caso del Beltrán Orozco está sirviendo para evadir una responsabilidad ante una acusación muy grave.
Consideró que más que investigar, la Comisión Instructora debe resolver a favor el desafuero, porque de lo contrario estaría contradiciendo la investigación que realizó la Fiscalía y que fue revisada por un juez que también encontró elementos para encontrarlo responsable.
“Si no estuviera bien integrada la averiguación, el juez no habría librado la orden de aprehensión. Si hay una orden es porque hay elementos, indicios de que tiene responsabilidad”, insistió el perredista.
Dijo que aparentemente los diputados “están dando tiempos para que el diputado recurra a todas las vías legales y cuando le quiten el fuero ya tenga algún recurso legal para no enfrentar la acción de la justicia”.
Se le preguntó por la postura que el PRD debe de tener al interior de la comisión dictaminadora, en la que están Ernesto González Pérez y Silvia Romero Suarez.
Apuntó que los van a buscar, porque al PRD le preocupa la dilación en el proceso de desafuero, es que la posición del PRD en la comisión debe ser “porque se resuelva ya y se le quite el fuero a Saúl Beltrán”.
Flor Añorve se dice preocupada por la prórroga en el juicio de desafuero de diputado priista
La presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, responsabilizó a la Comisión Instructora de la decisión de no acatar el plazo de diez días hábiles que prevé la ley para concluir el proceso de juicio de procedencia para retirar el fuero, que no establece el derecho de audiencia ni de prórroga, en el caso del diputado priista Saúl Beltrán Orozco.
En declaraciones a reporteros en el Congreso local, dijo que respeta las decisiones que toma la Comisión Instructora, como la aprobación de una prórroga de diez días que concedió para que la Fiscalía le entregue copias certificadas de toda la averiguación previa, a solicitud de Saúl Beltrán durante “su derecho de audiencia”, de lo que en un primer momento dijo que no tenía ningún comentario.
Una reportera preguntó si la dilación del plazo para dictaminar no podría ser una irregularidad del poder Legislativo, la coordinadora de los diputados priistas respondió: “la ley… aquí del Congreso, establece exactamente los tiempos en los que se tiene que emitir un dictamen (diez días hábiles que concluyeron ayer), finalmente ellos hicieron un acuerdo y están pidiendo una prórroga de algún tiempo para recabar las pruebas”.
Dijo que el asunto le preocupaba y que lo planteó a los diputados de la Instructora, en el sentido de que el procedimiento de juicio de procedencia “no habla de darle al diputado el derecho de audiencia, sin embargo fue un comentario que hizo Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Ricardo (Mejía Berdeja), y qué bueno, a mí me pareció que pudiera ser, sin embargo yo no soy la que toma las decisiones”.
La diputada responsabilizó al diputado Ricardo Mejía de proponer que la Comisión dictaminadora diera audiencia a Saúl Beltrán. Sin embargo, la fracción de MC no tiene a ningún integrante en la Comisión Instructora que es la responsable del procedimiento.
La figura de derecho de audiencia que se le otorgó a Saúl Beltrán sólo existe en los procesos de juicio político y revocación de mandato, pero “finalmente la Comisión es la que tiene la autoridad en la materia”, dijo la diputada priista.
Flor Añorve afirmó que respetó la decisión de la Comisión Instructora de otorgar el derecho de audiencia, si estas tienen la aprobación de la mayoría de sus integrantes.
Los reporteros preguntaron a la presidenta del congreso si la Comisión se está extralimitando, a lo que solo respondió, “no tengo comentarios”.
El diputado priista y ex alcalde de San Miguel Totolapan es acusado de homicidio calificado y señalado como integrante del grupo criminal Los Tequileros.
Lo que dice la ley
La Ley 695 de Responsabili-dades de los Servidores Públicos del Estado, cuando se refiere al juicio de procedencia no habla ni del derecho de audiencia del funcionario imputado, ni de la ampliación del término de la Comisión Instructora para dictaminar.
El artículo 39, establece que corresponde a esa instancia “sustanciar el procedimiento establecido en la ley y formular el proyecto de resolución dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del expediente y remitirla al Pleno del Congreso del Estado, quien aprobará y dictará la resolución correspondiente por el voto de los dos terceras partes del total de sus miembros, en la que confirme o suspenda la inmunidad constitucional”.
Si el Congreso determina quitar la inmunidad al enjuiciado, devolverá la Carpeta de Investigación junto con la declaratoria de procedencia de responsabilidad penal a la Fiscalía General o al Agente del Ministerio Público Especial para que ejercite la acción penal y solicite a un juez librar la orden de aprehensión.
La ley dice también que si la Comisión Instructora “confirma la inmunidad”, entonces se suspenderá todo procedimiento y la responsabilidad penal podrá ejercitarse hasta que el servidor público haya concluido el ejercicio de su encargo.
En su artículo 40, la ley dice que la resolución de la Comisión Instructora “no prejuzga los fundamentos de la imputación”.
Ya hay una orden de aprehensión contra el diputado priista Saúl Beltrán por asesinato
Desde el 9 de este mes existe una orden de aprehensión por homicidio contra el diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, dictada por una juez de Chilpancingo, reveló anoche el noticiero 10 en Punto de Televisa, que dirige la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con una nota del reportero Raymundo Pérez Arellano, el ex alcalde de San Miguel Totolapan está acusado de ordenar el asesinato del empleado municipal, José Antonio Ceferino Gil, quien atestiguó el secuestro del párroco de la Iglesia de San Miguel Totolapan, José Ascencio Acuña, quien también fue asesinado.
La nota detalla que Ceferino Gil era trabajador de Catastro en el Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el 24 de septiembre de 2014 sicarios de un grupo de la delincuencia organizada, apoyados por policías municipales, lo sacaron a la fuerza de su casa.
El padre de la víctima, José Ceferino Vergara, buscó al entonces alcalde, el ahora diputado priista Saúl Beltrán Orozco, quien le pidió que regresara al día siguiente, y le informó: “Ya no vas a volver a ver a tu hijo”.
En el programa se presentó una imagen del texto de la orden de aprehensión con las declaraciones del padre de la víctima.
Dos días antes de que fuera secuestrado, el trabajador de Catastro, Antonio Ceferino Gil, había atestiguado el secuestro del párroco de San Miguel Totolapan, José Asencio Acuña, quien ofició el bautizo donde Saúl Beltrán Orozco y el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, se hicieron compadres. Al padre Ascencio Acuña se lo llevaron el 22 de septiembre.
La nota fue acompañada por imágenes del bautizo de la hija de El Tequilero, al que asistió el entonces alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, e incluso en el video se escucha como el cantante del grupo que amenizaba la fiesta le manda saludos a “mi amigo El Tequi” y también al alcalde.
En el video del bautizo aparecen Saúl Beltrán y también El Tequilero, mientras que hombres vestidos de civil con armas largas están en posición de vigilancia en la entrada de la fiesta.
Como parte de la nota se presentó un testimonio anónimo de un miembro del Movimiento por la Paz, que describe que el ex trabajador de Catastro presenció cuando un grupo de Los Tequileros y “un escolta” del ahora diputado local Beltrán Orozco sacaron de la iglesia al párroco.
“Entonces fue el único que presenció eso y por haberlo hecho fue que también lo asesinaron, fue mandado asesinar por Saúl Beltrán”, señaló.
A raíz de las investigaciones fue detenida la policía municipal Perla García Navarro, acusada de secuestrar y asesinar al párroco, quien en su declaración ministerial detalló que quien ordenó matar al religioso “fue el presidente (Saúl Beltrán), ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él, lo fuimos a sacar a la iglesia el día 22 de septiembre del 2014”.
Perla García Navarro agregó en su declaración que cuando entraron a la iglesia iba entrando también Antonio Ceferino Gil, quien vio cómo se llevaron al párroco José Ascencio Acuña. “Así que nos ordenó el presidente municipal Saúl Beltrán Orozco, que lo desapareciéramos para que no hablara”.
Ante los hechos, el 9 de enero se decidió girar una orden de aprehensión, ante la existencia de elementos, contra Saúl Beltrán Orozco, por considerarlo probable responsable de homicidio calificado en contra de Antonio Ceferino Gil. Pero la orden de aprehensión no ha sido ejecutada aún y no se sabe si la Fiscalía General del Estado ya solicitó al Congreso local que abra un juicio de procedencia para quitarle el fuero al diputado priista.
Confirman a Huicochea en la asamblea priista de Tierra Caliente; no asiste el diputado Saúl Beltrán
Este martes en la asamblea regional realizada en Coyuca de Catalán, los priistas de Tierra Caliente confirmaron la elección de Heriberto Huicochea como dirigente estatal.
Cerca de 500 consejeros regionales se dieron cita en el auditorio municipal de Coyuca de Catalán para el acto donde confirmaron la elección de Huicochea, con la presencia de los alcaldes Abel Montúfar Mendoza de Coyuca de Catalán, Onofre Santana Ramírez de Ajuchitlán, y Adolfo Torales Catalán, de Arcelia.
Sólo faltó la presidenta de Zirándaro, Yolanda Anaya Cruz, quien al parecer por un compromiso de trabajo no llegó. Tampoco estuvo el diputado local y ex alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, en el centro de la polémica tras las declaraciones del fiscal general del estado Xavier Olea Peláez de que se investigan las denuncias sobre sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Tequileros.
Los tres alcaldes llegaron con los policías estatales que mantienen como seguridad personal y se instalaron en la entrada del edificio.
En el acto, Heriberto Huicochea dijo que realiza un recorrido por todo el estado y por la Tierra Caliente para ir renovando los comités municipales del partido, y así irse preparando para la elección del 2018.
Agregó que “estamos iniciando una etapa incluyente donde puedan participar todas las corrientes del partido, donde nos podamos concentrar todos y de ahí proceder en ir organizando los comités y tener en breve tiempo un partido unido y organizado”.
Exhortó a los priistas de Tierra Caliente a que lleguen con los mejores cuadros para el siguiente proceso electoral.
Dijo que en Guerrero el mejor activo del PRI es el gobernador, por “eso tenemos que apoyar a Hector Astudillo en las actividades que realiza, debemos de estar cerca del gobierno porque somos el partido que gobierna, y esto es una alta responsabilidad”.
El alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, tomó la palabra poco antes de clausurar el acto, y dijo que “el PRI asume con toda responsabilidad las actuaciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por buscar mejorar las condiciones del país sentando las bases del presente para mejorar el futuro de nuestro hijos”
También señaló que “respaldamos también el trabajo del licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, con el plan de austeridad para lograr más recursos que mejoren las finanzas de Guerrero”.
Al finalizar el acto en Coyuca de Catalán, Heriberto Huicochea se encaminó rápido a la salida y afuera del edificio dijo que tratará de renovar el partido y que si hay algún priista que tenga que ser investigado que dejarán que las autoridades hagan su trabajo.
Lo anterior en relación a los señalamientos contra el diputado local calentano Saúl Beltrán Orozco, y su relación con el grupo criminal de El Tequilero.
Se le preguntó si defenderían a Saúl Beltrán, y dijo que “vamos a trabajar todo lo que tengamos que trabajar, vamos a renovar de abajo al partido hacia arriba, y que las autoridades hagan su trabajo como tengan que hacerlo”.
Acerca de las condiciones en las que encontró a los priistas de la región señaló que la gente está “muy animada, creo que en toda la región está muy vivo el priismo”.
Renuncian al PT militantes de Tlapa en repudio al diputado federal Wences Real
Integrantes del Partido del Trabajo (PT) de este municipio lo abandonaron por la falta de democracia e imposiciones del dirigente regional y actual diputado federal Victoriano Wences Real, dijeron.
El ex regidor Fredy de Jesús Castro Guevara y el ex síndico José Franco Gómez informaron que tomaron la decisión con otros 35 militantes porque Wences Real impuso candidaturas en el 2015 y después de la derrota no los convocó, además de malas experiencias cuando el petista fue presidente municipal.
Dijeron que comunicaron vía oficio y personalmente el pasado 15 de noviembre al coordinador estatal del PT, Fredy García Guevara, los motivos de su decisión.
En el documento entregado argumentan su salida por la falta o nula organización y trabajo en equipo, porque imponía las acciones a realizar; desentendimiento de los principios y valores del PT; prepotencia con militantes activos, lo que provocó que muchos salieran antes para no recibir malos tratos.
Además de injerencia y designación a criterio personal de delegados municipales, consejeros distritales y de personal en puestos de trabajo, renegando de los militantes que lo llevaron al triunfo, nepotismo y corrupción como funcionario público, y que no cumplió los compromisos con la población de gestionar obras de impacto, como el auditorio, el relleno sanitario y un centro de rehabilitación para jóvenes.
Agregaron que le dijeron a Castro Guevara que en la administración petista del ayuntamiento de Tlapa hubo nepotismo al estar en funciones Margarito y Quirino, hermanos del ahora diputado, pero no podían decir nada porque no eran escuchados.
A eso se sumó que le diera la candidatura a su esposa, Leticia Mosso Hernández, sin consultar a nadie, y jugar con los espacios de otras personas y el tiempo que le han dado al PT y luego no sean consultados.
Le recordaron que él ganó por la coalición con el PRD, porque el PT perdió fuerza por sus actitudes.
Dijeron que para seguir apoyando a la gente coincidieron en crear la asociación civil Nunca más un Tlapa sin nosotros, desde donde brindarán servicios médicos, psicológicos, elaboración de proyectos productivos, asesoría jurídica y canalización de las demandas de la gente.
Reclama Celestino a perredistas que piden la expulsión de diputado que no critiquen al PRI
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, pidió a militantes de ese partido que así como exigieron la expulsión del diputado federal Francisco Martínez Neri –por aliarse al PRI, al PVEM y al PES para restarle alcances a la comisión especial del caso Ayotzinapa–, condenen y respondan también a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo.
Cesáreo Guzmán indicó que los perredistas que el martes criticaron a Martínez Neri no han sido “muy activos” en respaldar la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Informó que el próximo viernes se reunirá con el diputado federal en la Ciudad de México para que éste le explique las razones por las que respaldó la propuesta de cambiar el objetivo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para el caso Iguala.
Francisco Martínez, como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo propuesto por el PRI y avalado por el PVEM, PES y PRD, para cambiar el objetivo de la comisión del caso Iguala y ya no dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sino a las “obligaciones del Estado mexicano, en particular en la atención de víctimas”.
En respuesta, el martes en Acapulco militantes del PRD y fundadores de ese partido exigieron la destitución y expulsión de Martínez Neri; entre ellos se encontraban Rafael Aréstegui Ruiz, Eloy Cisneros Guillén y el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del puerto, Isaías Arellano Maldonado.
Consultado al respecto, Cesáreo Guzmán comentó que se sorprendió cuando conoció la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y por eso ayer se comunicó con él vía telefónica.
Explicó que acordaron reunirse el viernes en la Ciudad de México para que el diputado federal le exponga las razones por las que respaldó ese acuerdo y los alcances del mismo, y dijo que a partir de eso el CEE en Guerrero podrá fijar una postura al respecto.
“El diputado Martínez Neri es alguien con quien tenemos relación política porque ha atendido a varios dirigentes estatales del PRD para temas de Guerrero, por eso nos sorprende ese acuerdo”, señaló.
Dijo que en la llamada el diputado federal le manifestó su respeto al movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y su postura de exigencia de justicia.
De la conferencia de prensa que ofrecieron militantes del PRD el martes en Acapulco, Cesáreo Guzmán manifestó que le preocupa que miembros del partido “tengan más fuerzas” para pelear internamente que para responder a posturas del PRI, partido que actualmente gobierna Guerrero y el país.
“Los exhorto a que escuchen las razones del diputado, que se serenen y después con toda la información se tome una decisión más allá de protagonismos innecesarios”, pidió.
Dijo que convocará a líderes del partido a que acudan a la reunión del viernes para escuchar al diputado federal, sin embargo comentó que hasta ayer por la tarde ninguno de los que se quejó en la conferencia se había comunicado con él para expresar su molestia.
“Ninguno se ha comunicado conmigo y tampoco los he visto muy activos en la lucha de los padres de los estudiantes, por eso también me sorprenden su postura, ojalá sea el inicio de su participación”.
Finalmente llamó a los militantes del PRD que el martes pidieron la expulsión del diputado federal, que así como hicieron esa crítica, también condenen y respondan a las posturas del dirigente municipal del PRI en Acapulco, Fermín Alvarado, quien desde que asumió al cargo ha hecho señalamientos en contra del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre.
Respecto a la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien el martes informó que de acuerdo con la evaluación previa correspondiente al primer mes de la estrategia de seguridad, la violencia en los cinco municipios de Guerrero que están dentro de la misma ha disminuido en un 30 por ciento en comparación con el mes anterior, el líder del PRD dijo que toma con reservas esas cifras.
Indicó que el partido esperará unos días más para fijar postura respecto al nuevo operativo nacional de seguridad.