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Intensificarán la demanda de que se investigue a Aguirre Rivero, Iñaky Blanco y Lambertina, dicen padres de los 43

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero se reunieron con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para refrendarles su apoyo, y se comprometieron a ayudarlos con brigadas informativas en todo el estado para la jornada de lucha a 43 meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala.
Los padres de los 43 informaron que intensificarán la demanda de que se abra la línea de investigación contra funcionarios de Guerrero, especialmente del gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaky Blanco Cabrera, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, pues ninguno ha declaro por los ataques en Iguala.
A la reunión fue uno de los sobrevivientes del ataque del 26 y 27 de septiembre en Iguala y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García, el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez.
Los padres manifestaron que continuarán exigiendo que se sigan las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) antes de que termine el periodo del presidente de la República Enrique Peña Nieto, afirmaron que el gobierno quiere cansarlos para que no sigan la lucha.
El vocero de los padres, Melitón Ortega manifestó que la finalidad de la reunión fue dar a conocer algunas resoluciones de la Asamblea Nacional Popular (ANP), y la jornada del 16 al 27 de abril por la presentación con vida de los estudiantes.
Destacó que este mes es simbólico para los padres porque es el número 43, “es un mes de resistencia por el simbolismo, por lo que se continuará con la demanda de la presentación con vida”.
El padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, Emiliano Navarrete dijo que el apoyo del gobierno estatal y federal “no existe”, al contrario “quieren aplastarnos”.
Manifestó que al gobierno no le importa el sufrimiento de los padres y madres, “tal vez no saben que lastima y duele no saber el paradero de nuestros hijos”, dijo que son personas pobres y que el gobierno quiere pisotearlos, “somos seres humanos y tenemos nuestros derechos”.
El padre expresó que lo único que piden es que se investigue y que respeten sus derechos como mexicanos para saber la verdad del paradero de sus hijos, “no tan sólo han privado de la libertad a nuestros hijos, ya se cumplirán 43 meses de su ausencia”.
En marzo se dio a conocer el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa al menos 34 fueron torturados.
Recriminó que las autoridades continúan con la versión de que los jóvenes fueron incinerados y sus restos arrojados al río de Cocula, pese a que la ONU informó que los detenidos por el caso fueron torturados para que declararan eso, “no lo dicen los padres lo dice un organismo defensor de derechos humanos, con personas especialistas en la materia”.
Se preguntó “qué tipo de personas están en las instituciones de gobierno, que no tienen sentimientos, son fríos y juegan con el pueblo”.
Dijo que el gobierno lo que pretende es cansar a los padres y madres para que no continúen la lucha por la presentación de los normalistas, “porque al gobierno no le importa la vida de los mexicanos”.
Aseguró que los padres continuarán la búsqueda de sus hijos, “a nosotros nos duele pensar qué les estarán haciendo o que les hicieron, ya pasó mucho tiempo, el gobierno les pudo haber hecho muchas cosas y tiene forma de hacerles más, y eso duele pensar, te preguntas como padre y madre por qué se ensañan a hacerle males a estas personas inocentes. No lo podemos entender”.
Emiliano Navarrete destacó que si no exigen justicia, “qué pasará el día de mañana” cuando desaparezcan a otras personas, no habrá justicia y los seguirán engañando.
Nicolás Chávez y Alfredo Ramírez coincidieron en que la Dirección Colectiva apoyará a los padres y madres de los 43 normalistas hasta que encuentren con vida a los jóvenes.
El dirigente de la APPG informó que la Dirección Colectiva impulsa el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, donde han mantenido que el eje central es que aparezcan con vida los 43 y castigo a los culpables.
Chávez Adame expresó que se hará una máxima convocatoria para que las organizaciones vayan a la Ciudad de México a la marcha por la jornada 43 por 43, porque es un caso que ha dejado en evidencia al gobierno mexicano y su contubernio con la delincuencia organizada.
Informó que con los acuerdos de la Asamblea Nacional se harán brigadeos informativos en todo el estado para dar a conocer las acciones de la jornada, para que la sociedad se integre, apoye a los padres y fortalecer al movimiento.

Deberá declarar el ex gobernador Ángel Aguirre por los hechos de Iguala

Consultado al finalizar la reunión, el representante de los padres, Melitón Ortega dijo que los padres de los 43 intensificarán la demanda de otra línea de investigación contra funcionarios de Guerrero, especialmente contra Ángel Aguirre, Iñaky Blanco y Lambertina Galeana, ya que ninguno ha declarado al respecto.
Destacó que, “esa es otra línea que el GIEI ha señalado, que hay una línea para investigar a los funcionarios de Guerrero, especialmente a Ángel Aguirre porque él es uno de los responsables, Iñaky Blanco es el actor intelectual de haber escondido la información y Lambertina Galeana, es algo que sigue vigente y deben de ser investigados”.
Al finalizar la reunión las organizaciones corearon, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

 

Protestan en las instalaciones de Prospera trabajadores despedidos y organizaciones; lanzan huevos y jitomates

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, trabajadores despedidos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, arrojaron huevos y jitomates a las instalaciones de Prospera tras el despido injustificado de siete compañeros, continuaron con la exigencia de la destitución del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia y su equipo de trabajo.
Este martes, los trabajadores despedidos, adheridos a la Dirección Colectiva, que mantenían un plantón desde hace 15 días en las oficinas del programa federal para denunciar el despido injustificado de 27 compañeros, fueron desalojados por policías estatales antimotines.
Ayer, minutos antes de las 10 de la mañana unos 70 integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos los siete trabajadores despedidos que continúan en su lucha, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 2013 de El Mirador, de la comunidad de San Vicente en la sierra de Chilpancingo y normalistas de Ayotzinapa, bloquearon e hicieron un mitin afuera de la delegación estatal de Prospera.
En el mitin refrendaron su exigencia de la destitución del delegado, junto con el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio y el jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano, además de la reinstalación en sus trabajos o en otra dependencia.
Después de las 11 de la mañana, a la consigna de “compañeros apunten y disparen”, los manifestantes lanzaron jitomates y huevos a la fachada de las oficinas y a los policías antimotines que la resguardaban, quienes se cubrieron con sus escudos y cascos.
Posteriormente las organizaciones siguieron lanzando consignas.

Se manifiestan en la capital promotores de Prospera contra el plantón de los despedidos

Promotores del programa federal Prospera se manifestaron frente a las instalaciones que mantienen cerradas trabajadores despedidos e integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, para exigir que se liberen las oficinas, porque dijeron que ha retrasado su trabajo.
Los trabajadores despedidos que ayer cumplieron ocho días en plantón aseguraron que los manifestantes no trabajan en el programa federal.
Ayer ocho promotores se manifestaron la mañana de ayer frente al plantón que mantienen los trabajadores que denunciaron su despido injustificado y que exigen una reunión con la coordinadora nacional del programa federal, Paula Angélica Hernández Olmos.
Los promotores portaron pancartas en las que se leía: “Somos mayoría ¡¡¡exigimos las instalaciones!!!”, “Respetamos su lucha pero respeten nuestro trabajo, liberen las instalaciones”, “El programa necesita atender a las titulares ¡¡exigimos el desalojo de las instalaciones!!” y “Déjenos trabajar mi familia también necesita comer”.
Uno de los promotores, Uriel Reyes Alvarado afirmó que eran ocho compañeros de Guerrero que protestaron porque el cierre de las oficinas provocó que dejaran de aplicar encuestas socioeconómicas a titulares del programa.
Agregó que cuando salen a las calles a realizar las encuestas les pagan un poco más, que entendían la lucha de los trabajadores despedidos, pero querían laborar, y añadió que protestarán durante su horario de trabajo.
En tanto, la trabajadora despedida, Felícitas Martínez Guzmán aseguró que los manifestantes en contra de su plantón, son enviados por el subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y que provenían del estado de Hidalgo.
Dijo que su consigna es permanecer en el plantón hasta que tengan una respuesta favorable a sus demandas como la reinstalación de sus puestos o reubicación en otra dependencia, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano y del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio.

Marchan 3 mil maestros y activistas en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43 normalistas

Unos 3 mil maestros de educación básica agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y a la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero y otros activistas, marcharon en esta ciudad y bloquearon una hora el cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a 28 meses de los ataques en Iguala.
Las acciones fueron para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la derogación de las reformas estructurales, principalmente la educativa, rechazaron el gasolinazo y demandaron seguridad en todo el estado ante el aumento de la violencia que las autoridades se niegan a reconocer.
Los manifestantes se concentraron al norte de la ciudad en el monumento a Nicolás Bravo, conocido como El Caballito, en ese punto comenzó la marcha a las 11:15 de la mañana, se detuvo frente a la 35 Zona Militar y concluyó en el cruce de la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, en la salida al sur de la ciudad, donde fueron cerradas dos gasolinerías.
La marcha la encabezaron el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, los integrantes de la Comisión Política Carlos Botello Barrera y Saturnino García Cordero, y la secretaria general de la sección 18 del SUSPEG María Adelita Radilla López, seguidos por los dirigentes de la Subsecretaría de Educación de Pueblos Originarios.
Los maestros portaban lonas y mantas con las siglas de la CETEG y la sección 18 del SUSPEG, que se distinguían según la región a la que pertenecen -Centro, Acapulco, Montaña alta, Montaña baja, Tierra Caliente, Norte, Costa Grande y Costa Chica-, en las que también se leyó: “No a la reforma laboral (educativa), no a la evaluación punitiva”.
Los manifestantes portaban banderas rojas y durante la marcha corearon consignas como “magisterio y pueblo unidos jamás serán vencidos”, “va a caer, va a caer, la reforma va a caer”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “la 18 luchando y Adolfo festejando”, en referencia al secretario general del SUSPEG, Adolfo Calderón Nava.
El contingente se detuvo unos 15 minutos frente a la 35 Zona Militar, ahí la activista Roberta Campos Adame denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso de Ayotzinapa, pese a que “a la fecha no hay evidencias que prueben que nuestros compañeros normalistas fueron asesinados en ese basurero de Cocula”.
Exigió que las autoridades federales sigan las líneas de investigación que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia a las familias de las víctimas de los ataques, porque “los padres de familia de nuestros compañeros normalistas llevan más de dos años luchando por sus hijos”.
También participaron los trabajadores del programa Prospera que fueron despedidos de manera injustificada, quienes se solidarizaron los maestros en su lucha contra la reforma educativa y con los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, insistieron en la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, del subdirector del área operativa Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario Christopher Herrera Cano.

El bloqueo

A la 1:38 de la tarde los manifestantes llegaron al cruce de la Autopista del Sol con la carretera federal a Acapulco, ahí se dividieron por regiones para bloquear de manera total el paso vehicular en ambos sentidos y cerraron las dos gasolinerías que se encuentran en la zona.
Para entonces 3 mil manifestantes permanecían en la protesta, el resto se apartó de la marcha en distintos puntos del recorrido, según los maestros, los primeros en retirarse de las acciones fueron padres de familia de las escuelas de la capital que acudieron para apoyarlos, porque tenían que atender a sus hijos.
En la zona había unos 30 policías federales, quienes observaron la protesta e hicieron señas a los automovilistas para que se detuvieran antes de quedar frente al bloqueo.
Resaltó la ausencia de policías antimotines, porque en otras ocasiones los agentes superan de manera considerable al número de manifestantes.
Un grupo de policías se acercó a dialogar con los dirigentes magisteriales, quienes informaron que el bloqueo no sería indefinido sino que se quitaría luego de un mitin, también defendieron su derecho a manifestarse.

En el mitin participaron el representante de Juventud Universitaria, Iván Gómez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, Radilla López, los trabajadores de Prospera despedidos de manera injustificada y Reyes Guerrero.
El secretario general de la CETEG informó que a nivel nacional hubo 600 maestros cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño del Servicio Profesional Docente, de los cuales uno es de Guerrero, pero dijo que eso no impedirá que el magisterio disidente continúe manifestándose.
Informó que este año la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ya comenzó a enviar las notificaciones correspondientes a la evaluación 2017, mediante los directores de las escuelas, y si los maestros las aceptan serán obligados a presentarse al examen, pero “con esta muestra (la marcha) vamos a seguir adelante”; resaltó que es necesario que la lucha magisterial se dé en unidad y con organización.
Por su parte Radilla López celebró que gracias a las acciones que emprendió la sección 18 del SUSPEG de manera conjunta con la CETEG, no se despidió a los maestros que se negaron a evaluarse y que protestaron en contra de la reforma educativa.
Dijo que continuarán “en pie de lucha” y llamó a los trabajadores de la educación a sumarse al movimiento.

Piden su reinstalación trabajadores despedidos de Prospera en una reunión con el delegado de la Segob

Miembros de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado, Juan Moreno Barrios, para dialogar sobre el despido injustificado de siete trabajadores de la delegación de Prospera.
En el encuentro, solicitaron la reinstalación de los trabajadores despedidos, el pago de sus salarios caídos, una auditoría al programa federal en el estado, respeto a los derechos laborales y la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia.
Por segundo día, la Dirección Colectiva, a la que se unieron los trabajadores despedidos, mantienen tomadas las instalaciones de Prospera en la capital para obtener una respuesta positiva a sus peticiones.
Este miércoles, los trabajadores despedidos junto con miembros de la Dirección Colectiva se reunieron en el restaurante Verona con el delegado, la subdelegada de la Segob en el estado, Edith Marel Panchi Giles, y el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Jesús Romero Hernández, pero no acudió el delegado del programa federal, pese a que se informó un día antes que estaría.
En la reunión los trabajadores Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán, Roselia Francisco Tranquilino, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús entregaron un pliego petitorio al delegado, en el que exponen sus peticiones y agregan que, además de exigir el despido del delegado, también exigen el despido del subdirector del área operativa, Axel Fernando Zamudio, y del jefe de enlace de fortalecimiento comunitario, Christopher Herrera Cano.
Manifestaron a los funcionarios su confianza en que darán solución a su demandas, y además solicitaron una reunión urgente con la coordinadora nacional de Prospera, Paula Angélica Hernández Olmos.
Nuevamente señalaron los motivos por los cuales están “en pie de lucha” y tomaron la delegación, y además de su despido injustificado denuncian que cuando laboraron en el programa los reprimían laboralmente.
Resaltaron que el delegado, cuando se entrevistaba con las trabajadoras les preguntaba de su estado civil, su número de hijos y, en tono de broma, les pedía sus tallas, lo que consideraron acoso sexual y violencia de género.
Añadieron que los jefes los obligan a hacer proselitismo político a favor del PRI, solapan el pago de viáticos a quienes no les corresponde y que, cuando sus compañeros han sido secuestrados lo único que les importa son los vehículos de la dependencia.
Además de los siete trabajadores hay otros 24 que fueron despedidos también, algunos desde octubre, sin embargo no quieren denunciar por temor a represalias.
Los trabajadores aseguraron que durante los años que laboraban en la delegación, nunca quedaron mal en su trabajo, no tuvieron ningún reporte y hasta sacrificaron momentos con su familia.
Calificaron de injusto el problema y que el delegado y los demás funcionarios los despidieron para poder para contratar a gente afín a ellos.
Asimismo, denunciaron que nuevamente dos hombres rondaron las instalaciones, tomaron fotos y grabaron con un celular, que los vieron platicar con un trabajador de Prospera.

Les sugieren proceder jurídicamente sin olvidar que son empleados por contrato

En la reunión, el delegado expuso que la Segob se rige por el respeto, la integridad física de los trabajadores, la no discriminación y contra la xenofobia, y que quien usurpa funciones que no le corresponden se da de baja; además, les sugirió que también procedieran jurídicamente.
Les aclaró que, como son trabajadoras por contrato no fueron despedidas, sino que se terminó la relación laboral, y que si llegaran a demandar tienen que decirlo, así como su antigüedad laboral.
Acordaron que la información que les proporcionaron se la darán al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que conozca de la situación, y que buscarán una reunión con la coordinadora nacional.
Los integrantes de la Dirección Colectiva acordaron mantener tomadas las instalaciones.

Toman la oficina de Prospera en Chilpancingo la Dirección Colectiva y trabajadores despedidos

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero desalojaron las oficinas del programa Prospera en la capital, ante el despido injustificado de trabajadores, y exigieron la destitución del delegado, Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
A las 9:30 de la mañana, unos 25 inconformes llegaron a las oficinas con un equipo de sonido y pancartas, y bloquearon la calle Leyes de Reforma.
El 5 de enero, tres trabajadoras del programa federal, Mayra Morales, Felícitas Martínez Guzmán y Roselia Francisco Tranquilino, denunciaron que, pese a que tienen hasta 15 años laborando en Prospera, fueron despedidas por teléfono, injustificadamente.
A las tres compañeras se unieron otros cuatro trabajadores que tienen hasta 18 años laborando, Rubén García García, Arturo de la O Nava, Manuel Vega Hernández y Adolfo León de Jesús, que exigieron respeto a sus derechos laborales. Dijeron que hay otros 24 trabajadores que fueron despedidos, pero que prefieren no denunciar por temor a represalias.
En las pancartas y lonas que portaron y que también pegaron en la fachada del edificio se leía, “Juan Manuel, no quiero tu acoso quiero tu respeto para hombres y mujeres”, “Exigimos nos devuelvan nuestra fuente de trabajo que: Juan Manuel Yáñez Heredia, Axel Fernando Zamudio (subdirector de área operativa) y Crhistopher Herrera Cano (jefe de enlace de fortalecimiento comunitario) nos han quitado el empleo ¡¡¡ya basta!!!, pedimos diálogo con la coordinadora nacional de Prospera, la lic. Paula Angélica Hernández Olmos, es la única con la que tendremos diálogo”.
Reiteradas veces, mediante el aparato de sonido, pidieron el desalojo de los empleados, pero al no tener éxito optaron porque una comisión recorriera los cinco pisos del edificio para exigir la salida, advirtiéndoles que si no lo hacían los dejarían encerrados. Con dos trabajadores hubo confrontaciones verbales, pero finalmente desalojaron el edificio.
Los inconformes señalaron nuevamente el acoso sexual al que sometió Yáñez Heredia a trabajadoras. Además, los acusaron de tráfico de influencias, desvío de recursos, discriminación, nepotismo, de obligar a los trabajadores a hacer proselitismo político a favor del PRI, de tener a amigos y familiares como aviadores, y de inacción ante el secuestro de compañeros.
Alrededor de las 11 de la mañana, al lugar de la manifestación llegó la subdelegada de la Secretaría de Gobernación (Segob) Edith Marel Panchi Giles, para establecer una mesa de diálogo sobre sus demandas.
Finalmente, acordaron una reunión a las 11 de la mañana de hoy, miércoles, donde estarán el delegado y ellas.
Sin embargo decidieron continuar con la toma de las instalaciones, donde pernoctarían, y dependerá de los resultados de la reunión si liberan o no las oficinas de Prospera.
Informaron que durante el transcurso del día hubo motociclistas que circularon en el lugar y les tomaron fotografías o los videograbaron.

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Siguen retenidos sus salarios por orden del gobernador, se queja Nicolás Chávez Adame

El integrante de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame informó que siguen retenidos sus pagos de cinco quincenas y su aguinaldo, así como los de su compañero Alfonso Simón Tavira, sin que el gobierno del estado les dé una explicación.
El 23 de diciembre, Simón Tavira y Chávez Adame, junto con compañeros de otras organizaciones agrupadas en la Dirección Colectiva, denunciaron la retención de sus pagos.
En consulta telefónica, el también dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez manifestó que el gobierno no ha liberado sus pagos por orden del gobernador Héctor Astudillo Flores. Dijo que esperarán esta semana antes de actuar jurídicamente, porque además no es la primera vez que les pasa.
El líder social atribuye la retención de los pagos al rompimiento de diálogo que tuvieron con el gobernador el 7 de diciembre, cuando le cuestionaron que en su gabinete estaba filtrada la delincuencia organizada, y le exigieron la destitución del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero.
En 2007, en el periodo del ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, al dirigente de la APPG le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía y a Simón Tavira le borraron 36 horas de clases de música. Después de un acuerdo, desde 2011 les pagan por honorarios, mientras se resuelve el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.

Retienen pagos a líderes de la Dirección de Organizaciones que rompieron con Astudillo, denuncian

 

Los integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, Nicolás Chávez Adame y Alfonso Simón Tavira denunciaron que por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, les retuvieron sus salarios quincenales y aguinaldos.
En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la Normal Margarita Viguri, en compañía de integrantes de la Dirección, denunciaron la retención de sus quincenas y aguinaldos.
Recordaron que en 2007, en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, a Chávez Adame le borraron de la base de datos de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) las dos plazas en Educación Especial que tenía, mientras que a Simón Tavira le borraron 36 horas de música. Tras un acuerdo, desde 2011 les comenzaron a pagar por honorarios, mientras se resolvía el problema con sus plazas, lo que no ha ocurrido.
El 7 de diciembre, la Dirección Colectiva rompió su diálogo con el gobernador, luego de que Héctor Astudillo Flores se molestó cuando le cuestionaron la infiltración de la delincuencia en su gabinete y le exigieron la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero. Chávez Adame denunció que comenzó a recibir amenazas después del desencuentro con el gobernador.
Recordaron que cuando Astudillo Flores comenzaba su periodo, les retuvieron cinco quincenas y también el aguinaldo, lo que relacionan con el rompimiento del diálogo.
“El gobernador ha estado actuando más con las vísceras que con la inteligencia política para resolver este conflicto”, sostuvo Nicolás Chávez.
“El gobernador vuelve a cometer un error porque está influenciado por los zeferinistas, por un lado, José Luis González de la Vega Otero”, refirió el dirigente.

Ya interpusieron una queja ante la Codehum, dicen

Los dirigentes manifestaron que ya interpusieron su queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), pero que les llama la atención que el ombudsman, Ramón Navarrete Magdaleno, primero dijo que es una cuestión laboral que no compete al organismo, pero que después dijo que sí, pues no fueron notificados de la retención, y además no se ha resuelto el problema de sus plazas.

 

Denuncia amenazas Chávez Adame ante la Codehum; comenzaron tras su ruptura con el gobernador, declara

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) que su familia y él han recibido amenazas telefónicas, después de que se rompió el diálogo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sobre la filtración de la delincuencia organizada en su gabinete, y de que le exigiera la destitución del secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
El 6 de diciembre, la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el gobernador en Casa Guerrero, después de que marcharon para solicitar una audiencia para plantear sus demandas.
Ese día, a Astudillo Flores le plantearon 10 puntos, entre ellos que atienda la seguridad en el municipio, la filtración de la delincuencia en el gabinete y la destitución del secretario de Educación, lo que molestó al gobernador, que abandonó la reunión.
Tras el rompimiento de diálogo, la Dirección Colectiva se reunió con el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, para exponerle la situación, minutos después de la 1 de la tarde en la oficina del ombudsman.
Durante la reunión, Chávez Adame expuso a Navarrete Magdaleno la inquietud de la Dirección sobre la reunión sostenida con el gobernador.
El dirigente resaltó que, en aquella reunión, Astudillo Flores se molestó cuando le pidieron la destitución del secretario de Educación y le plantearon la filtración de la delincuencia en su gabinete.
Después de esa reunión, Chávez Adame dijo que el gobernador, “ya lo agarró personal”, y de lo que les había pasado con de la Vega Otero le dijo que, “ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie, y si tú tienes pruebas de que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas”.
Después de esa reunión, Chávez Adame ha recibido amenazas telefónicas, así como su esposa y su hija, lo que le dijo le preocupa y le hace temer por su vida.
Después de la reunión, Chávez Adame fue consultado por reporteros, y detalló las amenazas que ha recibido. Aseguró que las llamadas no son algo nuevo, pero que ahora ya se dirigen a su familia, “después del 6 (de diciembre)… he visto esas personas (sospechosas que portan radios), por eso yo mandé la alerta a los compañeros, de lo que pudiera ocurrir; pero sí, nosotros creemos que son derivados de ese incidente”, expuso.
Narró que, en una ocasión, supuestos policías federales citaron a su esposa y a su hija cerca de la tienda Comercial Mexicana, diciéndoles que él estaba detenido, lo que resultó falso.
Añadió que las llamadas que recibe son cortas y le dicen frases como, “hijo de tu puta madre, vamos a ir contra ti, contra tu familia; si no le bajas, pues aquí vas a quedar”, además, su esposa recibe llamadas preguntándole por su hija.
Dijo que interpondrán una denuncia penal “contra José Luis González de la Vega Otero; en esa denuncia vamos a señalar, de lo que nos pueda pasar a nosotros, a… Astudillo, al secretario de Gobierno (Florencio Salazar Adame) y a De la Vega Otero, porque ya lo conocemos”.
Nicolás Chávez contó que la situación que prevalece en el estado tiene que ver con que no se ha podido parar la violencia, y que el gobernador también sabe qué grupos delincuenciales están operando en Chilpancingo.
Dijo que en el asesinato del dirigente de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia, la delincuencia y estado son lo mismo, que se ponen de acuerdo para determinar quién les estorba.
“Yo creo que aquí hay algo interesante que se tiene que resolver, y que las instituciones, con las secretarías de Estado, están coludidas con la delincuencia organizada, eso lo hemos dicho porque algunos funcionarios del propio gabinete, siendo ellos los responsables para resolver los asuntos, te mandan a negociar con la delincuencia organizada”, ahondó el dirigente de la APPG.
Ejemplificó que esto sucede en Transportes, en Seguridad y en la Secretaría General de Gobierno; que uno de los involucrados es el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estado, lo que también dijo en la reunión con el gobernador.
Sostuvo que, “si a nosotros nos pidieran un careo con el gobernador y los propios funcionarios, nosotros les diríamos que ellos mismos están avalando ese procedimiento inusual que se ha dado en estas administraciones”. Indicó que los gobiernos pasados y los actuales son aliados para mantener el poder, y que son capaces de matar con tal de seguir conservado el poder.