“Ese ha sido el problema desde hace buen rato de Guerrero y por eso todos los días, todos los días se trabaja y se hacen cosas para disminuir eso y vamos a seguir haciéndolo”, dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores sobre la percepción de inseguridad en Acapulco y Chilpancingo, colocadas por el Inegi entre las cinco con los índices más elevados.
Agregó que “todos los días estamos metidos en el tema, hoy tuvimos una reunión en Acapulco para tratar el tema, de casi dos horas, y no solamente de Acapulco, Chilpancingo, Tierra Caliente, con el asesinato de una persona cercana al presidente municipal, una serie de acontecimientos más, cinco personas que se encontraron ayer cerca de Chilpancingo, todos los días se hacen cosas y todos los días se harán acciones para tratar de disminuirlas”, enfatizó.
“Todos los días se hacen cosas y acciones para disminuir esa percepción y se tienen que hacer muchas cosas”, remarcó al recordarle que la encuesta del INEGI reportó mayor confianza en las fuerzas federales que en las municipales.
En el acto de entrega de incentivos al sector agroalimentario y apoyos del DIF, Astudillo Flores reiteró la gratuidad del programa de fertilizante, en el que el gobierno del estado ha puesto lo que le corresponde al productor, dijo, y agregó que “es un programa muy noble que no tenemos porqué rascarlo o enchuecarlo”, en referencia a los señalamientos del cobro por el insumo en los municipios.
Resaltó que si se cobraba dejarían de poner su parte en los municipios que lo hicieran, “aunque ninguno de los que están aquí hacen eso”, dijo, y remarcó que los campesinos no dieran dinero porque eso es parte de los impuestos que se pagaban y el programa debía conservarse.
Agregó que la entrega de apoyos es con recursos federales y estatales y que se daban de manera plural y a quienes cumplían con los requisitos.
Bertha del Carmen Navez, una de las asistentes, desde su lugar gritaba y al no ser escuchada la llamaron al presídium, donde Astudillo Flores le pidió que hablara y ella pidió que doten de medicamentos a los enfermos de diabetes, “vamos al centro de salud y ahí te tienen mucho rato, ni te atienden, no hay”, por lo el gobernador instruyó al jefe de la Jurisdicción Sanitaria a hacerlo.
El presidente municipal perredista, Marcelino Ruiz Esteban, le pidió su apoyo para la construcción de un hospital comunitario y un mercado municipal, de los cuales ya cuentan con terrenos para su construcción, al ser obras prioritarias para la gente.
También le solicitó apoyo para los productores de mezcal y con la construcción de 22 viviendas para los damnificados de la comunidad de Huitzapula Norte, que se hundió el año pasado por las lluvias.
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro), Juan José Castro Justo, informó que el programa Más Maíz, que tiene que ver con el fertilizante gratuito, sólo tiene un pendiente del 8 por ciento en la región y en este municipio ya estaba concluido.
Agregó que se destinaron más de 68 millones de pesos para atender a los 19 municipios de la Montaña, en mil 49 localidades para 50 mil productores.
El delegado de la Sagarpa, Mateo Aguirre Arizmendi, informó de una inversión de 88 millones de pesos en programas enfocados a la agroproducción de cultivos que no son maíz, como el mamey, de los municipios de Alpoyeca y Huamuxtitlán.
Dijo que se apoyó a la CNC y a Antorcha Campesina, ambas organizaciones vinculadas al priismo.
El gobernador estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del DIF-Guerrero, Mercedes Calvo, quien organizó jornadas médicas, entregó bicicletas y mochilas a estudiantes; despensas a los asistentes; sillas de rueda, bastones, lentes a personas ancianas y discapacitadas; así como actas de nacimiento.
En el acto estuvieron el diputado local Raymundo García Gutiérrez; el dirigente de la CNC en Guerrero, Edel Chona Morales; el secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Gilberto Solano Arriaga; y el alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro.
Acudieron vecinos de las comunidades del municipio de Acatepec, Zapotitlán Tablas, Alpoyeca, Huamuxtitlán y Tlapa.
La actividad inició una hora y media después de la hora citada, aunque la gente de las comunidades, en su mayoría mujeres y ancianos, llegaron desde temprana hora.
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El gobierno ya trabaja en prevenir la violencia contra las mujeres, asegura Gabriela Bernal
La secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, manifestó que las organizaciones de mujeres en Guerrero deben organizarse para solicitar la alerta por violencia de género si consideran que hay elementos.
Sin embargo aseguró que el gobierno del estado ya está trabajando en la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la próxima semana diferentes dependencias informarán las acciones que han emprendido para ese efecto.
Consultada ayer al concluir el Foro Libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar, que se celebró en el museo José Juárez, la funcionaria estatal negó que el gobierno del estado no quiera reconocer que en la entidad existe violencia feminicida, como lo han denunciado algunas feministas.
De la reunión que se celebró el jueves pasado entre un grupo de mujeres con el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la que estuvieron presentes ella y la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora, y la de Medio Ambiente, Karen Castrejón, dijo que se acordaron campañas de sensibilización para que las mujeres en Guerrero conozcan sus derechos e identifiquen si son víctimas de violencia.
De lo dicho por la feminista María Luisa Garfias Marín, quien informó que en esa reunión el gobierno del estado se comprometió a ejecutar las acciones que establece la alerta por violencia de género pero sin que ésta sea declarada por las autoridades, Bernal Reséndiz explicó que le corresponde a las organizaciones solicitarla.
Sin embargo, según lo informó Garfias Marín, la postura de Florencio Salazar en esa reunión fue que el gobierno estatal emprenderá esas acciones para que los grupos que han solicitado la alerta dejen de hacerlo.
En “el tema de la alerta de género le compete a las organizaciones organizarse y tratar de solicitar esa alerta a las instancias correspondientes, pero por lo tanto el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, no podemos estar cruzados de brazos viendo que hay violencia y seríamos omisos en eso”, respondió ayer la funcionaria ante la insistencia en el tema.
-¿Cuáles son las acciones concretas que hará la Secretaría de la Mujer? Las feministas acusan al gobierno de negarse a reconocer la existencia de violencia feminicida en Guerrero -se le recordó.
-No, claro que no, no nos negamos, sabemos que las mujeres en algún momento de su vida han vivido algún tipo de violencia. En la Secretaría de la Mujer hemos arrancado una campaña de la mano con la Secretaría de Salud, donde vamos a las escuelas, secundarias y universidades para que las mujeres conozcan sus derechos y que identifiquen si están viviendo algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja y bueno, con estas acciones se puede evitar que un noviazgo termine en un matrimonio que acaba en feminicidio.
Se le recordó que una de las complicaciones que enfrentan las organizaciones para solicitar la declaratoria de la alerta por violencia de género es que las propias instituciones, como la Fiscalía General del Estado (FGE), no ofrecen información respecto a los casos de feminicidios registrados en la entidad, pero evadió el tema diciendo que debe ser el fiscal quien responda a esa situación.
Guerrero es el estado de mayor interés para el gobierno federal, celebra Astudillo
El gobernador Héctor Astudillo Flores presumió que Guerrero es el estado que más visitan los funcionarios del gobierno federal, porque es una entidad de alta prioridad.
Astudillo y el secretario de Sa-lud, José Narro Robles, supervisaron la construcción del nuevo hospital general en El Quemado y luego en Mundo Imperial encabezaron las ceremonias de la 28 sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, la instalación del Consejo Estatal de Salud y la reinstalación de la red guerrerense de municipios por la salud, .
En su intervención en la instalación del Consejo Estatal de Salud, el gobernador presumió que el estado que más visitan los secretarios del gobierno federal es Guerrero, y recordó que en la entidad ha estado el sde Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y todo el gabinete de seguridad federal; la semana pasada el de Desarrollo Social, José An-tonio Meade Kuribreña, y ayer el de Salud, José Narro Robles.
“Guerrero sigue siendo un estado de una alta prioridad para la federación”, dijo.
Expresó que él es el más interesado en que se hagan cosas en la entidad y ofreció dar buenas cuentas a la federación.
El gobernador anunció que el presidente Enrique Peña Nieto estará en Acapulco entre fines de junio y principios de julio para inaugurar la reconstrucción del puente “monumental” de Lomas de Chapultepec, que fue arrasado por el río Papagayo en septiembre de 2013 a consecuencia de las lluvias de la tormenta tropical Manuel.
Indicó que en la obra se labora las 24 horas del día y los trabajadores cuentan con medidas de seguridad.
Adelantó también que la próxima semana vendrán subsecretarios federales “para enfrentar este problema que ha lastimado a Guerrero, que es cómo podemos bajar los índices delictivos”.
“Este estado es del mayor interés de la federación”, insistió.
Llamó a las demás autoridades locales a estar a la altura de las circunstancias de tener la presencia constante del gobierno federal, pues “no debemos de ver a la federación como quien nos va a resolver todo, debemos de ver a la federación como nuestros principales aliados, pero también estoy convencido que la federación espera una actitud a la altura de las circunstancias de quienes trabajamos en Guerrero”.
“Los guerrerenses no somos menores de edad, hemos dado muestra a lo largo de la historia de que somos hombres y mujeres que sabemos reaccionar ante las circunstancias y dependiendo del tamaño de éstas”, dijo.
El gobernador indicó que la entidad ha vivido momentos difíciles y se debe trabajar todos los días sin distingo de partido, “lo que yo menos voy a hacer como gobernador es andar buscando con quién cazo un pleito político, la verdad es que no tengo tiempo ni interés para eso, son tantos los problemas de Guerrero que la realidad es que para lo normal no alcanza el tiempo”.
En su intervención en la inauguración de la 28 sesión del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, el secretario de Salud le dijo al gobernador que tiene “un aliado” en la Secretaría de Salud y ofreció hacer acciones por Guerrero.
Narro recomendó que para resolver los problemas lo primero es identificarlos y agregó que también conviene reconocer lo que se ha avanzado y en el caso de salud los avances conseguidos por México en los últimos 50 años son importantes, pues se ha disminuido la tasa de mortalidad infantil en un 85 por ciento y se han erradicado algunos padecimientos como la viruela y el sarampión.
“Sin dejar de ver los problemas tenemos que reconocer que el país ha caminado, va para adelante, ¿hay problemas?, sí señores, y la mejor manera para atenderlos es identificar bien cuál es el origen y algunos de nuestros problemas tienen un origen muy complejo, no hay una causa”, expuso el funcionario.
“Y aquí (Acapulco) se han vivido momentos que son mucho más complicados que los que ahorita, hoy, se están viviendo, sí señor gobernador, hemos venido a Acapulco porque Acapulco no es nada más de los guerrerenses, Acapulco es de los mexicanos, todos, y muchos de nosotros claro que hemos venido con un compromiso completo para decir que la gran mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos queremos este puerto, nos gusta, tenemos recuerdos maravillosos”, dijo.
Recordó que él conoció el mar en Acapulco y eso para él es un recuerdo extraordinario, y sin dejar de reconocer los problemas del estado y de Acapulco “esta es una ciudad maravillosa”.
En su discurso en la instalación del Consejo Estatal de Salud el ex rector de la UNAM se dijo “orgulloso” de pertenecer al gabinete de Enrique Peña Nieto, “porque ha dado muestras de avanzar en materia de inclusión”.
Acapulco, tercer lugar de municipios del país en el que se percibe inseguridad: Inegi
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en marzo Acapulco se ubicó en el tercer lugar del país con mayor percepción de inseguridad, pues 85.8 de la población dijo no sentirse segura.
El estudio, que toma a Acapulco como el municipio representativo de Guerrero y lo coloca en el tercer lugar del país, a pesar de la presencia de la Gendarmería, Policía Estatal y Ejército en la franja turística.
El municipio que ocupa el primer lugar, con 89.7 por ciento es Villahermosa, Tabasco. En segundo lugar, con 87.4 por ciento, es la región Norte de la Ciudad de México, en la que su población considera que “vivir en su ciudad es inseguro”.
A partir de marzo, la ENSU proporciona información estadística representativa de 35 ciudades de interés.
En contraste, las urbes con percepción de inseguridad menor fueron Tepic, Campeche y Mérida, con el 30, 43.2 y 44.5 por ciento respectivamente.
El estudio retoma las opiniones de jóvenes de 18 años y mayores de esa edad en Acapulco y se consideran también el desempeño gubernamental y la percepción hacia las policías Preventiva municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería Nacional como autoridades de seguridad Pública.
Otros rubros son la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, sensación de inseguridad por temor al delito, cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, conflictos y conductas antisociales, y expectativa social sobre la tendencia del delito.
Se informa que en el país la percepción de inseguridad aumentó dos puntos y este año fue de 69.9, con relación al año pasado que en la mismo periodo se obtuvo un 67.9 por ciento.
No tendrán frutos los embates contra su gobierno, sean de quien sean, dice Evodio
Luego de inaugurar la vía alternativa Costera Vieja- Chinameca, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre declaró que los “embates”, sean de quien sean, no tendrán frutos, que su gobierno no va a parar en las acciones y hará las gestiones necesarias ante el gobierno federal para aumentar la bolsa de dinero y liquidar a los policías municipales que no aprueben los exámenes de control y confianza que harán en febrero y marzo.
En declaraciones después de inaugurar la vía alternativa con una carrera de resistencia en la que participaron unas mil 500 personas, entre mujeres, hombres y niños, el alcalde dijo que también gestionará recursos para mejorar la red hidráulica y dar un buen servicio de agua a los acapulqueños.
El sábado, Velázquez Aguirre informó que el Ayuntamiento cuenta con 30 millones de peso para liquidar a los policías que no acrediten sus exámenes en febrero y marzo, y ayer reiteró que hará la solicitud al gobierno federal para “hacer una mezcla de recursos, que nosotros pongamos 30 millones de pesos y que ellos pongan 130 o 140 faltantes”.
Agregó: “estamos iniciando un proceso que han dejado tirado administraciones pasadas y no es un tema de echar bolitas y culpas, lo importante es hacer las cosas para que se pueda cumplir a la sociedad y que observe lo que estamos haciendo”.
“El embate que sea, de quien sea, no tendrá frutos ni va a prosperar porque nosotros no vamos a parar en las acciones que tenemos que hacer con la gente”, respondió cuando se le preguntó si creía que pudieran darse otros señalamiento por parte de militantes del partido Movimiento Ciudadano.
Aclaró que los 30 millones de pesos que tiene el municipio para liquidar “no es que esté bien el Ayuntamiento, lo que hacemos es direccionar hacia donde deben ir los pocos recursos que tenemos, el hueco presupuestal ahí está, enorme, y me puedo poner a llorar pero no lo estoy haciendo, puedo lamentarme y no lo estoy haciendo, lo que tengo es que si se recibió una situación compleja, muy difícil, no nos puede vencer a los acapulqueños”.
Por otra parte, Evodio Velázquez dijo que su gobierno busca poner orden y llegar a un equilibro en la CAPAMA, porque recordó que la recibió con un “hueco de 600 millones de pesos, no es nada fácil, se recibió a la paramunicipal con una gran pérdida y un déficit presupuestal y financiero, se recauda menos de lo que se gasta”, por ello, dijo, se hace una reingeniería y reacomodo de la deuda y se pide a los ciudadanos que paguen el servicio.
Aclaró que hace gestiones con las autoridades “más que señalar a Acapulco lo que pedimos es que sean solidarios, hoy el llamado al gobierno del estado, al federal, es que los problemas que ahí están, pero son problemas que vienen de tiempo atrás” y que se le dé la oportunidad de mezclar recursos y programas como 70-30, o 90 y 10.
Detalló que aunque el municipio está al 80 por ciento del servicio de agua, el sistema hidráulico es obsoleto: “hay agua potable, hay lugares de captación de agua, el sistema Papagayo, el Lomas de Chapultepec, lo que no hay es una buena tubería y vamos a invertir en tubería, en las colonias donde no hay agua potable y tubería vamos a hacerlo”.
Solicitó al director de la CAPASEG, Arturo Palma Carro, hacer un recorrido para que explique la situación de las plantas tratadoras de agua, que se haga una mezcla de recursos entre esa dependencia, la Conagua y el gobierno municipal para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Explicó que ha habido cambios en la CAPAMA y que habrá más cambios que se verán en los próximos días, sin precisar fechas.
El alcalde adelantó que hará un corte de caja de su gobierno, “no necesariamente en el marco de 100 días, no creo que tengamos que plantearlo de esa manera, planteamos que el 22 de febrero hagamos un corte de caja del gobierno y tomar decisiones concretas de quiénes y cómo fortalecer al gobierno”, e insistió en que “se trabaja en las finanzas sanas, en transparencia, en la rendición de cuentas, obras públicas, estamos incluyendo a la sociedad civil y trabajando el DIF, la Sedesol, unidos buscando la convivencia de las familias”.
De los 20 predios que son rellenados con tierra, escombro y basura en ejidos de El Podrido y Plan de los Amates, el alcalde declaró que ya instruyó a la Dirección de Ecología para que haga la supervisión pertinente y “de estar un tema irregular aplicaremos la ley con mucha contundencia”.
la vía alternativa que inauguró ayer el alcalde con una carrera deportiva, tuvo una inversión de 12 millones de pesos y se construyó en más de 70 días. Fue una obra “auditada” por los ciudadanos y conecta varias colonias donde las condiciones de marginación son complejas como el caso de la Chinameca y que dará mayor “plusvalía a las casas”.
Dijo que “inaugurarla con un evento deportivo será la ruta de este gobierno, no queremos que lo cuadrado de la política sea siempre cortar el listón… sino invitar a las familias a convivir y rescatar a nuestra ciudad, es lo que determinamos en las acciones de gobierno”, y aseguró que la obra ya “cuenta con todos los señalamientos”.
Los competidores corrieron cinco kilómetros de ida y vuelta, y la salida fue aun costado del hotel Villa Vera y retornaron en la tienda Oxxo,- La Salle.
Fueron dos categorías en hombres y dos en mujeres, y al primer lugar le entregaron 2 mil 500 pesos.
Participaron niños en compañía de sus padres y corrieron 300 metros, y en este grupo salió el alcalde acompañado de su esposa y sus hijos. A todos los participantes se les entregó una medalla.
En la ceremonia acompañaron a Evodio Velázquez su esposa Perla Edith Martínez Ríos y funcionarios.
Allí, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Villalba, explicó se construyeron un muro de concreto y se instalaron una línea de agua potable de 690 metros, 39 tomas domiciliarias y 40 luminarias, y que la vía servirá de apoyo para el desahogo de tránsito vehicular de la Costera.
Exigen ONG de diversos grupos sociales al gobierno políticas públicas en su favor
Organizaciones para la salud, derechos sexuales y reproductivos dedicadas a la atención de jóvenes indígenas y afromexicanos, demandaron al gobierno estatal financiamiento etiquetado para el reconocimiento, no discriminación y erradicar la violencia hacia la diversidad sexual de este sector de la población.
A través de un comunicado que firman organizaciones y líderes, mujeres y hombres de los pueblos ñuu savi, ñomndaa, me’phaa, nahua y afromexicano de 11 municipios de la Montaña y Costa Chica, urgieron que se implemente en todos los programas y política públicas de gobierno la perspectiva de juventudes, género e interculturalidad.
En el documento que surgió de un foro realizado en Chilpancingo el 17 de octubre, se plasmaron demandas como el reconocimiento de la población afromexicana en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que se visibilice y reconozca el trabajo sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos que realizan las organizaciones de la sociedad civil.
Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero capacite y sensibilice con perspectiva de género e interculturalidad al personal de las Agencias y Auxiliares de Ministerios Públicos y sobre los protocolos a seguir en casos de violencia en general y en particular sobre violencia familiar, sexual e interrupción legal del embarazo.
Asimismo, que la Fiscalía y el Poder Judicial contraten traductores intérpretes en las lenguas indígenas del estado en todas las agencias de Ministerios Públicos y juzgados del estado.
A la Secretaría de Asuntos Indígenas solicitaron que mantenga y abra mayores espacios de diálogo y colaboración para representantes de las juventudes indígenas y afromexicanas y contemple en sus programas acciones dirigidas al reconocimiento, promoción y ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los y las jóvenes indígenas y afromexicanas en Guerrero.
A la Secretaría de Salud demandaron que den un servicio “amigable” a los problemas de infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, que impulsen acciones que consideren la intervención de promotoras y promotores juveniles para la atención de este sector, y tengan especial cuidado con el abasto de métodos anticonceptivos.
Además de la difusión de la Norma Oficial de Salud 046 sobre capacitación y capacitación en general a la población y personal del sector para la atención a las juventudes con respeto y en apego a los estándares internacionales, y que enfoquen acciones de atención en las y los adolescentes que ya tienen un hijo.
A la Secretaría de la Mujer, urgieron acciones, especialmente en materia de embarazos no deseados y no planeados.
En el mismo tenor hicieron peticiones a la Secretaría de la Juventud, de Educación, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que garanticen los derechos de las juventudes Indígenas y Afromexicanas.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Movimiento Nacional Afromexicano, Mano Amiga de la Costa Chica, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Juventud Afromexicana, Gaviotas, Feminismo Comunitario y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero, y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
Sin respuesta del gobierno, su petición de seguridad, informa el alcalde de Tixtla
El presidente del Concejo Municipal de Tixtla, Raúl Vega Astudillo, informó que sigue sin tener respuesta a su petición a las autoridades federales para que se refuerce la seguridad en la cabecera municipal, donde el pasado lunes se instaló un toque de queda para que los ciudadanos no salgan de su domicilio después de las 9 de la noche.
Vega Astudillo consideró que no es quitarse la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos el advertir que no salgan a la calle después de la hora señalada, pues está dando la cara y diciendo lo que pasa, lo que no había hecho ningún presidente municipal anterior.
En declaraciones a reporteros antes de ingresar a la primera actividad como gobernador de Héctor Astudillo Flores en el Centro de Convenciones Mundo Imperial, el presidente del Concejo Municipal de Tixtla informó que el toque de queda no fue el último recurso ante el problema de violencia e inseguridad que tienen en la cabecera municipal, sino pedir a las instancias federales y estatales que intervengan.
Sin embargo, a un día de que hiciera el llamado a los ciudadanos para que no salgan de sus casa después de las 9 de la noche, y se enviara la petición al 35 Batallón de Infantería del Ejército, a la Gendarmería y Policía Estatal para que intervengan, no tenía respuesta.
“En este momento ya pedimos a las instancias correspondientes la ayuda que tengan que dar como instancias superiores, todavía no hay respuesta”, indicó, pasadas las 11 de la mañana.
Expuso que el toque de queda es una medida preventiva es para que la autoridad estatal y federal voltee los ojos a Tixtla y que no ocurra lo mismo que el pasado 7 de junio durante el proceso electoral, y que se pueda llevar a cabo la elección extraordinaria programada para el 29 de noviembre.
Vega Astudillo aseguró que el llamado a los ciudadanos no es para quitarse la responsabilidad de la seguridad que tiene que dar, sino para que tengan precaución ante levantones y desapariciones, “no estoy inventando nada, la actividad delicuencial está presente”.
Indicó que en ningún lugar es suficiente la policía municipal y ejemplificó con el caso de Acapulco.
Heredará el gobierno de Astudillo desequilibrio financiero por 18 mil 500 millones de pesos
El desequilibrio financiero histórico en el estado que heredará el gobierno de Héctor Astudillo Flores es de 18 mil 500 millones de pesos, aunado a que se necesitan unos 2 mil millones de pesos para “poder cubrir lo elemental y urgente, básicamente de servicios personales”, como el pago de salarios y aguinaldo, informó el enlace Financiero del gobernador electo, Héctor Apreza Patrón.
En la última reunión del Comité de Transición, que fue pública, el gobernador electo Héctor Astudillo hizo un leve reproche de que no se haya tenido un presupuesto “elemental” para la ceremonia de toma de protesta; le deseó éxito al gobernador saliente Rogelio Ortega Martínez y le ofreció seguridad personal como un acto “correcto, prudente y oportuno” e institucional.
El Comité de Transición se reunió por última ocasión antes del cambio de gobierno estatal en el salón Jaguar del Hotel Playa Suites. Ahí Astudillo Flores agradeció la disposición de Rogelio Ortega y de su gabinete para avanzar en el proceso de entrega-recepción.
Indicó que le parecía correcto que la última reunión fuera pública porque no tenían nada que ocultar, pues se conocen los problemas de carácter financiero del estado y se hizo todo para que la transición se diera en un ambiente de cordura, prudencia e institucionalidad.
Agradeció al secretario general David Cienfuegos, y a su coordinador de enlace, Florencio Salazar, por producir una ruta adecuada para realizar el proceso
Dijo que el gobierno atraviesa por un momento difícil y obligará a la nueva administración a realizar acciones en una ruta que permita que la economía interna mejore.
Astudillo Flores lamentó que no se haya tenido recursos etiquetados en el estado para las actividades del cambio de gobierno. “No ocasionamos una sola molestia a la actual administración, no recibimos ni un solo peso para la entrega-recepción, un solo peso para pagar una invitación, lo quiero dejar marcado, me interesa mucho. Lamento mucho que no se haya cuidado el tener un presupuesto elemental para poder transitar como se transita en cada una de las administraciones en este país, al final de cuentas eso no nos detiene”.
Agregó que hoy Guerrero llega al punto de un nuevo gobierno y existe en ellos la responsabilidad de entender los tiempos y las circunstancias en las que se encuentra el estado.
Héctor Astudillo expuso no obstante que ante Rogelio Ortega se comportará con institucionalidad y que cuando pueda ayudar ha de hacerlo. Manifestó a los funcionarios salientes que él siempre les tenderá la mano, que no hay circunstancia para poner distancia, que ha aprendido a respetar a todos y que “tal vez por eso mi carrera política tuvo pasos en sentido positivo”.
“Al gobernador le quiero expresar mi reconocimiento y mi deseo que todo lo que haga usted, así como todo el equipo que le ha acompañado, que tengan mucho éxito en las tareas que ustedes emprendan” y se comprometió a firmar un decreto para que disponga de seguridad personal. “Lo voy hacer en el entendido que así se requiere y no como un asunto de concesión graciosa, sino como un acto que me parece que es correcto, prudente y oportuno hacer”.
Pidió a David Cienfuegos y Florencio Salazar que a la medianoche, en los primeros minutos de hoy se hiciera la entrega-recepción de las áreas de Seguridad pública y secretaría General y a todos los demás secretarios que lo pudieran hacer a las 5 de la tarde, después de que concluyan las actividades programadas por la toma de protesta.
A Guerrero le va ir bien con Astudillo: Ortega
Por su parte, el gobernador Rogelio Ortega Martínez calificó a Héctor Astudillo como “un gran timonel”, político experimentado y un hombre con profundo carácter humano, que conducirá con responsabilidad el estado de Guerrero. “Tenemos un gran gobernador electo y tendremos un gran gobernador dirigiendo el destino de Guerrero, desde donde yo esté, con humildad y sencillez, jamás en el afán de protagonismo, apoyaré a mi gobernador, a mi amigo Héctor Astudillo, a su equipo. Si le va bien a Héctor le va bien a Guerrero y le va a ir muy bien”.
Agradeció a los integrantes de ambos equipos de entrega-recepción. Ortega Martínez indicó que recibió reclamos injustos por el déficit, que no lo provocó él, y enfatizó que si alguno de los funcionarios de su administración tienen que responder observaciones se las hagan perfectamente documentadas.
Recordó que le tocó encabezar un gobierno de emergencia y agradeció el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien visitó en este periodo cinco veces el estado.
Ortega Martínez reiteró que estaba satisfecho del trabajo realizado en el tramo que gobernador donde todos los días enfrentó problemas. Se congratuló que no hubo conflictos poselectorales en las calles, lo cual dijo, consolida y se avanza en la civilidad democrática.
Los adeudos
Antes de la intervención de los gobernadores, el enlace Financiero, Héctor Apreza Patrón, expuso “en una síntesis muy apretada” la situación financiera del gobierno estatal.
El desequilibrio financiero histórico que el nuevo gobierno habrá de enfrentar se estima es de 18 mil 500 millones de pesos, dividido en cuatro rubros: el sector educativo tiene un déficit de 9 mil 324 millones de pesos; salud, de 3 mil 700 millones de pesos; Seguro Popular, unos 2 mil 100 millones, y pasivos de mil 759 millones.
Para el Paripaso, que son recursos compartidos para obra entre los tres niveles de gobierno, el estado ha dejado de aportar, según la información recabada, 2 mil 600 millones de pesos, que tiene que ver con infraestructura y educación.
“Se estima que en todas las áreas del poder Ejecutivo hay pasivos del orden de los mil 300 millones de pesos y un rubro muy importante que también es producto de años de laudos, cuya estimación dice que hay en ejecutoria del orden de mil millones de pesos, en proceso la cantidad es superior a los 500 millones de pesos”.
Expuso que entre la Secretaría de Educación, Salud y Organismos Públicos Descentralizados (OPD), se ejerce el 50 por ciento del presupuesto del estado; que no existe un sistema consolidado de cuentas públicas estatales; las finanzas están dividida en cuatro e impiden una planeación estratégica y dificultan un programa de saneamiento de las finanzas públicas.
Héctor Apreza indicó que a diciembre habrá una necesidad de recursos extraordinarios, solamente en materia de sector central, sin educación y salud, de mil 411millones de pesos para “poder cubrir lo elemental y urgente básicamente de servicios personales”.
A ello se agrega lo que se requiere en Salud, que son aproximadamente de 230 millones de pesos, “seguramente nos va a llevar a requerimientos simplemente para cubrir servicios personales alrededor de 2 mil millones de pesos que habrán de estarse necesitando para cumplir con los trabajadores”.
Enfatizó que no hay provisiones para el primer pago de aguinaldo, que serían unos 790 millones de pesos y tampoco existe para el segundo que se tendría que realizar en enero.
En auditorías a fondos federales se lo lleva las observaciones principales por más de mil millones de pesos el programa de Seguro Popular al 2013. Hace falta las del 2014 y 2015. Indicó el nuevo gobierno habrá de recibir entre ramo 28, 33 y 23 un monto de 7 mil 700 millones de peso que son recursos que no pueden utilizarse para cubrir el déficit financiero histórico ni el requerimiento extraordinario que se requiere.
Las cuentas del secretario de Finanzas
El secretario de Administración y Finanzas, Eliseo Moyao admitió que el sistema financiero del gobierno del estado está descordinado, lo cual se debe evaluar para que haya mejor coordinación y control.
Recordó que el gobierno de Ortega ya había informado del panorama “sombrío” de las finanzas estatales, que desde agosto empezó un déficit en el presupuesto derivado de retenciones no enteradas al SAT por más de mil millones de pesos de ISR así como al ISSSTE y Fovissste. Recalcó que cada mes la Secretaría de Hacienda retiene recursos por las deducciones no enteradas.
Moyao recordó que se solicitaron 671 millones de pesos para el pago de los tres primeros me-ses de la nómina magisterial, de los cuales se aplicaron 573.
Indicó que no se han firmado acuerdos como el de Fondo Metropolitano, que está pendiente. Sin embargo están los recursos para ese y otros fondos firmados y no.
Indicó que se tienen mil 212 casos de demandas laborales y todas se generaron durante los años anteriores; laudos ejecutorios por 42 millones de pesos, 27 de sentencias ejecutadas ante el Tribunal de lo Contencioso y 12 que se encuentran en amparo. Además, indicó que se decretó una modificación en la Ley Estatal y Municipal con la finalidad de reducir las demandas laborales. “Consideramos que en el futuro se complicará la actuación de grupo de abogados que han hecho un verdadero negocio demandando al gobierno del estado”.
El funcionario estatal expuso que se redujo la deuda pública de 2.9 millones de pesos a 2.7 millones. También expuso un planteamiento que de seguirse en los próximos seis años se podrá terminar con la deuda con el ISSSPEG siempre y cuando las dependencias cumplan con su aportación mensual y que concluyeron seis líneas de crédito.
Obras en riesgo
El enlace de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete, expuso que encontraron que no habido una “correcta” planeación para los proyectos de infraestructura y no existe una política de desarrollo de reordenamiento urbano. Que la inversión en obra pública se sustenta en recursos federales que en el 2015 fueron casi 4 mil millones de pesos. De los pasivos, Rafael Navarrete expuso que hay riesgo de pérdida de patrimonio territorial por juicio legales e indemnizaciones; que existen 63 observaciones de auditorías de los ejercicios 2010-2014 sin solventar, y hay contratos sin cerrar de los años 2013-2014 por 222 millones de pesos.
Agregó que de la obra Acabús se adeudan 170 millones de pesos a la empresa Cemex, y 7.4 millones a la empresa supervisora de la obra; que en el Macrotúnel se trabaja en la perforación aunque los trabajos están parcialmente suspendidos por los problemas con ejidatarios, vecinos y Conagua. Finalmente expuso que se requieren 43.94 millones de pesos para terminar la obra del rastro en Acapulco.
Por ello, la administración que llega pudiera tener un mejor panorama para atenderlos.
De los hallazgos en la Sedesol, el enlace Adrina Soto García expuso que se dejaron implementar programas en el 2015 como el 3×1 de la Secretaría de Migrantes debido a que no hubo recursos y que no llegaron los del Ramo 33 a su destino, que aún hace falta por aplicar.
Enfatizó que se destinó más dinero al Fondo de Apoyo a Periodistas (7 millones de pesos), que al programa de Empleo Temporal (5 millones de pesos) o al de Casa Digna (3 millones de pesos). Soto García expuso que les entregaron los montos que se aprobaron para los programas, no el detalle de lo que se ha aplicado y cuánto queda de cada uno.
También criticó que no haya indicadores o evaluaciones de los programas para conocer el impacto que están teniendo. Informó que se tiene demandas por 5 millones 626 mil pesos y hay seis procesos de laudos laborales, además de que existen cuatro plazas en Guerrero Cumple porque no tienen presupuesto y en la Secretaría de Migrantes la mitad de la plantilla de no está laborando.
Por el gobierno saliente, el encargado de despacho de la Sedesol, Jesús Acroy Medoza, expuso que recibieron una Secretaría que estaba perdiendo fuerza porque varios programas se dispersaron en otras áreas y que enfrentaron situaciones adversas con los “pocos” recursos que tenían.
Respondió al enlace del gobierno entrante que entregaron los montos autorizados de los programas, lo que se liberó y ejerció, además de que se tienen comprobado lo que se gastaron con los pagares debidamente liberados. Mencionó que los indicadores de resultados se reflejan en los programas operativos anuales.
Crear una fiscalía para desapariciones forzadas y el caso Ayotzinapa, piden al gobierno de México
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
En un pronunciamiento de 10 puntos, el organismo no gubernamental International Crisis Group demandó al gobierno mexicano establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, como el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad en 2014 para indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años setentas.
International Crisis Group es una organización no gubernamental, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales; se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, y tiene sus sedes principales en Bruselas, Washington, Nueva York y Londres.
En su documento más reciente, que denominó “Desaparecidos: la justicia denegada en Guerrero, México”, destacó que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero, han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Denuncia que las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Resalta, asimismo, la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de agentes de la policía, “quienes supuestamente actuaron en connivencia con miembros de bandas criminales”.
Sugiere que en este contexto de violencia que se vive en México, el gobierno federal debe poner la investigación de las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, en manos de un fiscal especial independiente respaldado por una comisión internacional con autoridad para participar activamente en los procesos.
Critica que a pesar de una inversión extraordinaria de recursos y personal, la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa “ha estado plagada de errores y omisiones, según el informe publicado en septiembre de 2015 por expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
En descrédito, la versión oficial
Dice que casi dos terceras partes de los ciudadanos del país no creen en la versión del gobierno sobre el caso Ayotzinapa, y tres cuartas partes desaprueban el trabajo de los fiscales federales.
Agrega que “las víctimas y los defensores de los derechos humanos han exigido que se investigue la posibilidad de que se haya obstruido la investigación. La desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que estas y otras investigaciones en torno a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Guerrero requieren de la credibilidad que confiere la presencia internacional”.
Recuerda que el 19 de octubre, el gobierno federal dio un paso importante al ofrecer el nombramiento de un nuevo equipo de fiscales para el caso, y que este equipo trabajará con expertos de la CIDH para incorporar sus conclusiones y recomendaciones en la investigación y planificarla de manera conjunta de ahora en adelante.
Pero dice que “la gravedad de la violencia y de la corrupción en Guerrero requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión”.
Y al respecto propone que las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa deberían estar a cargo de una fiscalía especial liderada por un fiscal de alto nivel que no provenga del gobierno y que cuente con experiencia en investigaciones sobre derechos humanos.
Incluso, propone que esa fiscalía debería hacerse cargo de otras investigaciones de desapariciones forzadas y graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, “y contar con autoridad para iniciar nuevas líneas de investigación”.
Subraya que estas investigaciones deberían ser asistidas y monitoreadas por una comisión internacional que actúe bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesta por expertos en derecho penal y derechos humanos.
“Esta comisión debería tener autoridad para participar en los procesos penales y pleno acceso a las pruebas y los testigos”, dice.
Menciona que la tragedia de Ayotzinapa no es un caso aislado, y cita el descubrimiento de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, que dejaron al descubierto “un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver”.
También menciona el secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, que demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, “las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”.
Dice además que en México hay más de 26 mil casos de personas desaparecidas sin ser resueltos, según un registro oficial.
Comisión internacional
En este contexto, International Crisis Group exhorta al gobierno de México a establecer una fiscalía especial para investigar las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Guerrero, y a invitar a una comisión de investigación internacional a continuar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero con facultades ampliadas y un mandato renovable de dos años.
“Esta comisión debería funcionar bajo los auspicios de la OEA y/o la ONU, en colaboración con los representantes de las víctimas”, propone.
Asimismo, pide exigir la plena colaboración de las autoridades a todos los niveles, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad, con el fiscal especial y la comisión; reformar la legislación sobre la desaparición forzada; aprovechar los conocimientos de los defensores de los derechos humanos y expertos internacionales y promover un debate nacional sobre la creación de un mecanismo creíble para investigar y enjuiciar las desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el país, y añade que “los grupos de víctimas deberían participar en toda iniciativa para asegurar que se respetan sus derechos de información e indemnización adecuada o apoyo”.
Concretamente, al gobierno de Guerrero le pide implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad de Guerrero en 2014, en el sentido de indemnizar, reconocer y conmemorar a las víctimas de las campañas de contrainsurgencia durante los años 70; garantizar que la policía estatal y los fiscales que investigan las desapariciones siguen los protocolos establecidos para encontrar a las personas desaparecidas y colaborar estrechamente con los familiares.
Además de crear equipos especializados capacitados para responder inmediatamente a las denuncias de secuestro.
También recomienda acelerar los esfuerzos por registrar todos los casos de personas desaparecidas en el estado, sumando el apoyo de los defensores de los derechos humanos para alentar a los familiares a que denuncien estos casos; y establecer mecanismos fuertes de control internos y externos para combatir la corrupción dentro de los gobiernos municipales y la policía local.
Mientras que a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, la exhorta a proporcionar financiamiento y ayuda técnica a la fiscalía especial y la comisión de investigación internacional, incorporando dicho apoyo a los programas en curso para fortalecer el sistema judicial mexicano y luchar contra el narcotráfico.
Urgen al gobernador a que convoque a partidos y sociedad a enfrentar el crimen organizado
Sólo unos cuantos políticos que acudieron al velorio del diputado local del PAN, José Jorge
Bajos Valverde, exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que cumpla con su
deber de garantizar la seguridad a los guerrerenses y a que convoque a toda la sociedad a
enfrentar al crimen organizado.
El más incisivo fue el diputado federal del PRD César Flores Maldonado, quien consideró
que hechos como este “laceran la unidad de la sociedad” y por eso hizo “un llamado al
gobernador para que el gobierno dé resultados”.
Al preguntarle sobre la pertinencia del ingreso de las fuerzas federales al estado, concedió
que “es evidente que deben de venir”, pero insistió en que “el gobernador está obligado a
dar resultados, y es una asignatura pendiente que tiene el gobierno estatal”.
Cuando se le planteó qué harán los diputados federales de su partido, reiteró que “la
fracción del PRD en el Congreso de la Unión debe exigirle al gobernador que haya mayor
atención a este rubro muy sensible”.
Aunque dijo que la violencia “no es privativa” de Guerrero, “es lamentable lo que está
ocurriendo y lo reprobamos con toda claridad y le exigimos al gobernador que haya
resultados en el combate a la delincuencia”.
En el mismo sentido, a su llegada a la funeraria, el presidente estatal del PRI Marco
Antonio Leyva Mena mostró su preocupación por las “355 ejecuciones” que, dijo, se
registraron el año pasado. Señaló la “falta de eficiencia por parte de la autoridad en la
materia” y reiteró su llamado de la víspera al gobernador Torreblanca para que “haga una
revisión del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (Juan Heriberto Salinas Altés), que
merece todo mi respeto como militar, pero que en la materia no aprueba por las 355
ejecuciones y por el grado de impunidad que hay en el estado”.
Leyva Mena indicó que “desafortunadamente no vemos una acción precisa por parte del
gobierno del estado, no vemos una coordinación real entre los organismos federales,
estatales, para combatir con seriedad esta situación, que merece también una
convocatoria a la sociedad civil que también se ha mostrado apática a este problema, y que
también debemos de participar más a través de programas muy específicos como el de
testigo protegido”.
Agregó: “Pero necesitamos también que nos convoque el Ejecutivo, como el que ejerce el
liderazgo político para que todas las fuerzas políticas, sin un afán partidista y más aún, con
un afán de ayudar, podamos generar acciones, propuestas, para resolver este duro
escenario”
En tanto, el presidente de Convergencia, el senador Luis Walton, urgió a la coordinación de
los tres niveles de gobierno y llamó la atención sobre la situación de inseguridad que se
vive “en Acapulco y en Guerrero”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
(Codehum), Juan Alarcón Hernández, coincidió en que “es el momento de convocar a la
unidad de todas y todos los guerrerenses para hacer un frente común y que junto con las
autoridades se combata la criminalidad en el estado”.
Asimismo señaló que “cuando hay inseguridad se violentan los derechos humanos, por
acción o por omisión. Por lo tanto creemos que sí hay, en este caso, una violación a los
derechos humanos”.
El ex presidente estatal del PRD Octaviano Santiago Dionicio también opinó que “la
autoridad” debe tomar “con una mayor seriedad de lo que hasta hoy” el tema de la violencia
en el estado. Consideró que se requiere una “mayor participación del gobierno del estado,
del gobierno federal y de los gobiernos municipales”.
El también ex diputado local perredista expresó sus dudas sobre este crimen, pues dijo
que “ante este caso específico no le encuentro explicación alguna”, porque Jorge Bajos
“era un hombre de trabajo, no era un político en el sentido estricto”.
De manera muy breve, el diputado local del PRD Ramiro Solorio Almazán, quien debatió
frecuentemente con los integrantes de la Comisión de Presupuesto que presidía Bajos,
condenó la ejecución de su colega y dijo que “lo menos que podemos hacer es una
exigencia contundente de su esclarecimiento”.
En una breve declaración a reporteros pidió “que no quede impune” este crimen “que
enluta a los hogares de Acapulco y a todos nos consterna esta noticia”.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, Carlos Reyes Torres
pidió “que el gobierno cumpla con esos compromisos de brindar seguridad a los
ciudadanos, el gobierno federal, el gobierno del estado”.
No obstante se refirió más en concreto al gobierno de Felipe Calderón, pues expresó su
preocupación por “lo que está haciendo el gobierno federal, estos operativos, que no
vemos resultados”.
Reyes Torres consideró que se trata de acciones previamente anunciadas por todos los
medios de comunicación, y que “tal pareciera que lo que buscan es que la gente aplauda
porque están combatiendo la inseguridad, y esto sea solamente un teatro para que la
gente considere que están trabajando en ese sentido”.
Por su parte, la ex alcaldesa de Atoyac y ex diputada federal del PRD, María de la Luz Núñez
Ramos, calificó de “grave” el asesinato de Bajos. “Sea el motivo que sea, no se puede
tolerar”, expresó.
Sin embargo, sobre los hechos de violencia en el estado opinó que “el gobernador, en este
caso ha tratado de trabajar en coordinación con el gobierno federal, ha hecho mucha
gestión”. Y agregó que “se está haciendo lo posible por salir de este estado”.
El secretario de Fomento Turístico del gobierno de Torreblanca, Ernesto Rodríguez
Escalona, dijo no tener “ninguna lectura” sobre el asesinato, pues dijo, “no es mi papel”, y
confió en que “seguramente las autoridades” harán su trabajo.
Sólo expresó que era este un “momento muy difícil, porque era mi amigo desde hace
muchísimos años, toda la familia”. Agregó que “nadie puede dudar de la calidad humana
de Jorge y de toda su familia”, y lo consideró “un hombre de trabajo, honesto, sencillo y
humilde, que no merecía esto”.
El cuerpo de Jorge Bajos fue velado en la funeraria Jardines del Tiempo, ubicado en la
calle Ciprés, acudieron políticos de todos los partidos, empresarios locales y
representantes de las familias tradicionales del puerto.
Llegaron funcionarios del gabinete de Torreblanca a dar el pésame a sus compañeros en
el gobierno, los hermanos César y José Antonio Bajos Valverde.
Además de los colaboradores cercanos de Torreblanca, estuvo por ahí su ex coordinador
de Asesores en su periodo como alcalde de Acapulco, Humberto Sarmiento Lubert, quien
estaría por llegar como coordinador de Políticas Públicas.
Cerca de Sarmiento se vio al ex director de Transportes en el periodo de René Juárez
Cisneros, René Morales Barrientos, a quien se menciona en el equipo de la dependencia
que está próxima a crearse.
Asimismo, en ese entorno se movió el ex secretario de Finanzas del Ayuntamiento de
Acapulco, Alberto Torreblanca Galindo, hermano del gobernador, acompañado del todavía
director de Personal del municipio, William Joseph Rosario Estévez.
Durante el día se mencionó la posibilidad de que llegara el ex gobernador René Juárez
Cisneros. Pero, como si en realidad estuvieran distanciados, se dijo que no lo haría hasta
que se retirara el gobernador Torreblanca, lo que no ocurrió. Incluso, por varias horas
estuvieron algunos de los guardaespaldas de Juárez Cisneros a la entrada de la funeraria,
quienes confirmaron que esperaban a su jefe.
También llegaron algunos colaboradores de éste como su ex secretario privado José
Manuel Armenta, hijo del contralor renejuarista que fue asesinado. Igual estuvieron el ex
secretario de Desarrollo Urbano, Juan Farill y el ex subprocurador Antonio Nogueda
Carbajal, quien permaneció en el cargo el primero año del gobierno de Torreblanca.
De los ex alcaldes de Acapulco estuvieron el priísta Alfonso Argudín, el ex priísta y ahora
panista Juan Salgado Tenorio, la priísta Ana María Castilleja y el perredista Alberto López
Rosas.
El secretario de Gobierno, Armando Chavarría llegó acompañado del senador David
Jiménez Rumbo, el diputado federal del PRD César Flores Maldonado y el hermano de
éste, el priísta Efraín. En el séquito de Chavarría también iba el presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso del Estado, el perredista Carlos Reyes Torres, representante del
Poder Legislativo.
De los priístas, además de su presidente estatal también estuvieron Guadalupe Gómez
Maganda, la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal, Irma Ferrusca, el ex
presidente del PRI municipal y ex diputado local Jesús Bernal Román, y la alcaldesa de
Chilapa, Alicia Zamora Villalva, quien llegó acompañada de por lo menos tres
guardaespaldas. También hubo dirigentes cetemistas del PRI, como el secretario general
de la CTM Antelmo Alvarado y el dirigente de la Sección 12 Rodolfo Escobar.
De los presidentes de los partidos estuvieron Sebastián de la Rosa Peláez, del PRD; y Luis
Walton Aburto, de Convergencia. No llegó el del PAN, José de Jesús Zepeda, quien según
el secretario general estatal Ramiro Arteaga, ya venía de Chiapas.
De las familias tradicionales de Acapulco, llegaron distintos integrantes de los Pasta, los
Trani, los Castilleja, los Morlet, los Navarrete, los Rullán, los Villarreal, los Peláez, entre
otros, muchos de ellos lasallistas y egresados del Mac Gregor de la década de los 60.
Allí estuvieron la ex esposa del gobernador Zeferino Torreblanca, Gala Martin, con sus dos
hijas. Otros como la presidenta del grupo ACA, Eloína López Cano, el director del hotel
Elcano, Pedro Haces; el empresario filopriísta y amigo del gobernador Torreblanca,
Fernando Álvarez Aguilar; el empresario camionero Rafael Rodríguez Esquivel; y el ex
presidente de la OCVA, Pedro Álvarez Sutter.
También el ex alcalde de Acapulco y actual rector de la Universidad Americana de Acapulco,
Israel Soberanis Nogueda; y el rector de la Universidad Loyola del Pacífico, Sergio Lépez
Vela. El rector de la UAG Arturo Contreras, mandó una corona de flores.