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Evitar viajes a Guerrero “por los estallidos de violencia”, pide Reino Unido a conciudadanos

El gobierno de Reino Unido, conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, incluyó a Guerrero en su alerta de viaje y advierte a sus conciudadanos “evitar” viajar a la entidad, donde “estallidos de violencia por motivos políticos pueden ocurrir en todo el país, con un aumento reciente en Guerrero y la Ciudad de México”.
La actualización del gobierno de ese país fue publicada el 21 de abril pasado en la página oficial www.gov.uk, y en ella se puede leer: “ha habido varios casos de delitos a mano armada, tanto dentro como fuera de las zonas turísticas de Acapulco”.
La alerta incluye a Durango, Veracruz, la Ciudad de México, Baja California y Sinaloa, donde se desarrollará la 43 edición del Tianguis Turístico, en la Ciudad de Mazatlán. Las entidades mencionadas en el detallado reporte de Reino Unido (que incluye un apartado sobre salud y que menciona que México también vive brotes del virus del zika), destaca que mantiene una ola de inseguridad y violencia en ciudades turísticas de importancia a nivel nacional.
En el apartado sobre “seguridad y protección” se señala que la violencia relacionada con las drogas en México ha aumentado en los últimos años. “La violencia se concentra en áreas específicas, y algunas regiones están casi completamente a salvo”, y recomienda asegurarse de investigar a fondo el destino a los viajeros.
En el texto se detalla que hay más de 513 mil 800 ciudadanos británicos que visitaron México el año pasado y “la mayoría de las visitas fueron sin problemas”.
“La situación de seguridad puede suponer un riesgo para los extranjeros. Esta alerta se refiere a la delincuencia callejera, así como al crimen violento más grave como robo, asalto y secuestro de vehículos. En ciertas partes de México se debe tener especial cuidado para evitar ser atrapados en la violencia relacionada con las drogas entre los grupos criminales”, se advierte.
En el mismo apartado sobre seguridad y protección, organizado por regiones del país, se indica que “retenes ilegales han sido reportados con más frecuencia, sobre todo en los estados de Guerrero y Chiapas. Si usted está conduciendo en estos estados, viajar durante las horas del día y el uso de las carreteras de peaje, cuando sea posible, a pesar de que aún puede encontrarse con interrupciones”.
“La violencia relacionada con las drogas es también un problema en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nayarit”, agrega.
En un apartado identificado como “Destinos turísticos principales” se detalla que “ha habido varios casos de delitos a mano armada, tanto dentro como fuera de las zonas turísticas de Acapulco”.
Recomienda a los viajeros llegar en avión y hacerlo únicamente a las ciudades turísticas más importantes de la entidad.
Añade que “debido a un aumento de los delitos violentos en los últimos meses, debe estar más atento en Acapulco y sus alrededores”.
Antes, destaca que el gobierno mexicano hace esfuerzos para proteger a los principales destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, y en ellas no ha habido niveles de violencia relacionada con las drogas y el crimen como en otros lugares.

Reinician clases en el Tec de Tierra Caliente; se firma un acuerdo con el delegado de Gobierno

Alumnos y maestros de la Universidad Tyecnológica de Tierra Caliente se presentaron este lunes por la mañana de forma regular a sus actividades, luego de que se firmó un acuerdo para finalizar con el paro, y se reactivaron las labores, aun cuando el rector Adrián Negrete Molina y el administrador Raúl Gómez Medina, siguen al frente de la institución, pero operando fuera del edificio.
Las clases se reanudaron de forma normal, no hubo ningún problema al momento de comenzar las labores. El personal docente se presentó a sus actividades y sólo no llegó el rector y el administrador.
Desde el domingo por la tarde los estudiantes entregaron las instalaciones y quitaron los candados para comenzar las funciones de manera regular, se reportó que tampoco hubo faltantes en los materiales y equipos que estuvieron retenidos.
Los alumnos colocaron en las puertas la copia de la minuta de acuerdos firmada entre los estudiantes y el delegado de Gobierno, René Rabiela Tapia, en el que indican que entregarán las instalaciones, sin la presencia del rector o de alguna autoridad escolar superior.
Se acordó la entrega del edificio y la solicitud de una auditoría. Además que se retirarán las demandas contra los alumnos por la toma del edificio. Que el rector y el administrador no entrarán a la escuela, en tanto el gobernador no los ratifique.
Al consultar al rector vía telefónica, confirmó que no tiene ninguna solicitud, o alguna orden de separarse del cargo. “No me pueden ratificar en un cargo que no está en duda, es decir, se ratifica cuando primero se ordena una suspensión o inhabilitación. Aquí no hay nada de eso, sólo seguimos al frente”.
Sin embargo dijo que “por prudencia”, no se presentará unos días a la institución, porque los ánimos siguen alterados.
El rector dijo desconocer los acuerdos y la forma en la que se dispuso el punto de que sea ratificado, pues consideró que no había ninguna autoridad superior para tratar el tema.
Confirmó que el seguro médico para los estudiantes está en proceso, tal y como lo solicitaron, y que a un grupo de mecánica se le autorizó el pago de su viaje de estudios, que son parte de las peticiones que hicieron los alumnos.
Dijo que no tiene ningún problema para regresar a clases, ni impedimento legal y que está abierto a cualquier auditoría.

Heredó deudas del pasado gobierno, afirma Leyva Mena

 

El alcalde Marco Antonio Leyva Mena, reveló que parte de las deudas del Ayuntamiento fueron heredadas por la pasada administración, que presidió el también priista Mario Moreno Arcos, aunque no precisó la cantidad.
Consultado sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación de las cuentas públicas de 2015, Leyva se refirió al endeudamiento con el que comenzó su gestión en diciembre de ese año, y a pregunta de por qué no había informado esa circunstancia respondió:
“Eso se ha informado a la instancia que corresponde… yo lo que quiero es dedicarme a trabajar, no generando problemas y cuchicheos políticos, porque muchas veces cuando se dejan deudas en el municipio también es cierto que la misma ley te da un plazo para comprobar aún cuando ya estás fuera del Ayuntamiento. Entonces esa parte yo se la quiero dejar a la Auditoría”.
Se le preguntó el monto de la deuda y respondió que eso se debe de preguntar al auditor. “Yo no quiero juzgar cuando la ley todavía le da espacios de comprobación a la administración anterior”, señaló. Luego expuso que solicitó por escrito la opinión del Sistema Nacional de Seguridad para saber si es factible que el enlace del programa Fortalecimiento a la Seguridad del municipio (Fortaseg), Efraín Zúñiga Cortés, sea evaluado.
Apenas el 15 de enero poli-cías preventivos despedidos se quejaron de irregularidades, y que uno de los involucrados es el enlace del gobierno federal
“Yo no tengo ningún problema de que sea evaluado, el debate que se hace al interior del Cabildo es que el señor para que pueda ser evaluado tiene que pertenecer a la estructura de Seguridad Pública Municipal. El señor Zúñiga es un enlace, es como si yo de repente fuera a los procesos de certificación y llevara al secretario de Desarrollo Económico y le digo evalúenmelo, ¿cómo me lo van a evaluar si no pertenece al sistema de Seguridad Pública municipal?”, justificó.
El alcalde fue consultado al término de la conferencia de prensa en la que informó sobre la Primera Feria del Empleo Chilpancingo 2017.
En otro tema, aseguró que no se permitirán más las actividades comerciales en el Zócalo y reconoció que este actividad fue parte de un acuerdo de Cabildo de la administración pasada.
La última feria la organizó la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), donde hubo quejas de locatarios porque bajaron sus ventas del 14 de febrero. Aseguraron que en esa ocasión cada vendedor pagó el espacio por 5 mil pesos.
Leyva Mena dijo que el Ayuntamiento sólo obtuvo por todos los vendedores 10 mil pesos y añadió que se aceptó esa feria de la Canaco porque “estamos tratando de ser solidarios con comerciantes en épocas verdaderamente complicadas y difíciles, como es el asunto de lo que se vio por el gasolinazo”.

El domingo dará a conocer el plan de austeridad del gobierno, anuncia Astudillo

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la decisión de bajar los salarios en un 10 por ciento de los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) es “parte de lo que también estamos construyendo, ellos ya lo hicieron, seguramente el domingo escucharemos más compromisos que se van a hacer públicamente”.
El gobernador adelantó que el domingo dará a conocer las medidas que se van a tomar en Guerrero para enfrentar la situación difícil originada por el aumento en el precio de las gasolinas.
Reiteró que se ha reunido con diversos sectores para escuchar opiniones y “vamos a tratar de presentar algunas acciones que puedan ser correctas frente a la situación que se vive”.
En declaraciones en Acapulco insistió en que el alza a las gasolinas cambió la agenda, “pero hay mucha gente que está respondiendo bien”.
Dijo que todo su gabinete está tratando de establecer comunicación con mucha gente para tratar que este problema “en lugar de que nos lastime y nos destruya tratemos de atenuar entre todos”.
A pregunta expresa sobre si se uniría al boicot en contra de la empresa transnacional Ford, que determinó cancelar las inversiones que tenía comprometidas con San Luis Potosí, respondió que se observará la ruta que se determinará para adquirir los vehículos, porque no es un asunto que se contemple.
El gobernador había anunciado en su discurso que el gobierno adquirirá nuevas patrullas, por lo que señaló que “cuando se haga el armado de la licitación se tome en cuenta estas cosas, será un asunto que se determinará pronto”.
También se le preguntó sobre la disminución de salario de los funcionarios, y respondió de manera tajante que el domingo próximo anunciará las medidas de austeridad.

En 2016 la complicidad del gobierno con el crimen agudizó la crisis humanitaria: ONG

La fragmentación de los movimientos magisterial y social, la impunidad y complicidad del gobierno con criminales ante la violencia generalizada y la posibilidad de que el ejecutivo federal declare un estado de excepción como parte de la militarización de la seguridad interior, agudizan la crisis humanitaria en Guerrero, denunciaron e Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado señalan que “la agresión gubernamental” fragmentó y dejó en un alto grado de vulnerabilidad a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), dividió y provocó el reflujo de las bases sociales de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en una embestida que comenzó en 2013, e hizo lo mismo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Advirtieron el riesgo de organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y otras policías o guardias comunitarias que no se rigen necesariamente en el ámbito de la Ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios, “de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de derechos humanos”.
En un balance de los acontecimientos de 2016 señalan que el año que terminó fue el más violento desde 2006, con más de 2 mil 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011.
“Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano, al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicidios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género”, opinaron sobre la solicitud de feministas que demandaron una política pública federal para evitar los asesinatos de mujeres en la entidad, por la que el gobernador ofreció implementar acciones para evitar la intervención de la federación.
Mencionan la muerte de tres líderes históricos de Guerrero: uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez, el abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez y el doctor Bertoldo Martínez Cruz, “los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados”.
Destacan que en 2016 se registraron muertos de todas las edades, género y diferentes preferencias sexuales, y el mayor número fueron hombres jóvenes en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. Entre las ejecuciones mencionaron los casos de los normalistas de Ayotzinapa, Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, además de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla.
Asimismo indicaron que hay casi mil casos de desapariciones forzadas en registros de las asociaciones de familiares de desaparecidos Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco, donde se sospecha la participación de agentes del Estado, como las cometidas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos, y no existe ningún cálculo de este problema en las instituciones de gobierno.
De los casos de desaparición que terminaron con hallazgos de cadáveres recordaron el del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia y su esposa Carolina Francisca Santos Delgado, así como de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Otro fenómeno que contribuye a la crisis del Estado de derecho y la crisis humanitaria que vivimos en Guerrero, exponen, es el desplazamiento forzoso interno que comenzó en 2007 en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente, y que en 2016 afectó más a las regiones Centro, Norte y Tierra Caliente.
Aseguraron que las tres regiones se caracterizan por la ausencia del Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado, y las víctimas siguen desprotegidas a pesar de que existe una ley estatal sobre desplazamiento forzoso.
Tanto en ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado prevalece la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno.
Un eje transversal en todos los conflictos “es la militarización de la seguridad pública”, al grado que los políticos propusieron crear un marco inconstitucional para avalar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que implica “una garantía de impunidad”, denunciaron.
Como ejemplo mencionan la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, que permitiría al presidente de la República declarar estado de excepción o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna.

Sigue sin resolverse la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse, no obstante que el año pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró evidencias de “muy graves intenciones de desviar líneas de investigación contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura”.
Debido a lo anterior, el Estado mexicano básicamente expulsó a los integrantes del GIEI y retrasó por meses la conformación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas”.
En el campo del derecho a la salud, aseguraron que “tampoco se ven avances significativos”, más bien la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento de impulsar la universalización de la salud que tarde o temprano va privatizar no solo el acceso, sino el derecho a la salud.
En Guerrero no existen avances en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para los pueblos originarios, ya que sigue expulsando migrantes que de otra forma morirían de hambre en sus pueblos, o por falta de oportunidades y servicios.
Para 2017, consideraron que la pobreza se profundiza debido a los incrementos a los precios de la gasolina, al gas y la electricidad, pero millones de mexicanos empobrecidos tienen la oportunidad de “organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sean atendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno”.

Proponen personal interdisciplinario en la Fiscalía para atender las desapariciones

Para la atención de los desaparecidos proponen que se dote a la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el estado, y que el Congreso apruebe la iniciativa de ley presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la declaración de ausencia de personas desaparecidas, a fin de que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
Asimismo demandaron la independencia de la Dirección General de Servicios Periciales que depende de la Fiscalía General de Justicia del estado, y que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, para confrontar los resultados de las muestras en el menor tiempo posible, y concluir la identificación de los más de 400 cuerpos desconocidos, que a fin de año se colocaron en un cementerio ministerial.
Solicitaron que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, de acuerdo con sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
Además, que la FGE “deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con sólo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual deben de estar más completas las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense”.

Desde el día en que desapareció el dirigente envió cinco grupos de policías, responde el gobierno

 

La Secretaría General de Gobierno rechazó que el gobierno sea responsable de la desaparición y homicidio del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, después de que esta organización y organismos civiles culparon a las autoridades de no realizar la búsqueda de inmediato.
El miércoles el coordinador fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de Zoquiapa, en Tixtla. En la tarde vecinos y policías comunitarios bloquearon el entronque Chilpancingo-Chilapa, donde se dividen los libramientos.
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Antisecuestro dialogaron con los policías comunitarios, y lo único que lograron fue reunirse al siguiente día con el subsecretario de Desarrollo Político, José Martín Maldonado del Moral.
En un comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno señala que “enviaron desde ese mismo día (de la desaparición) cinco grupos de elementos de Seguridad Pública y de Policía Ministerial, bajo la coordinación del Fiscal Regional de la zona centro, los cuales ante la presencia del presidente municipal y del personal de la Secretaría General de Gobierno, acordaron con los policías comunitarios de la CRAC de Tixtla, efectuar operativos de búsqueda conjunta a partir de las 21 horas”.
Al siguiente día representantes de la CRAC se reunieron con Maldonado del Moral, al término expusieron a El Sur que no obtuvieron la respuesta que necesitaban, que los funcionarios les dijeron que tenían que actuar bajo el tiempo que señala el protocolo y que tuvieron la impresión de que no se movilizarían como lo esperaban, pues dijeron que hasta ese momento no lo habían hecho.
La policía municipal mantuvo recorridos y retenes por su parte, y más tarde los comunitarios se dieron cuenta de que acudieron unas patrullas con policías ministeriales, sin que tuvieran coordinación con ellos.
En el documento se asegura que durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno acordaron dar seguimiento a la búsqueda, pero que al siguiente día fue hallado el coordinador de encale sin vida cerca de la ciudad de Chilapa.
“La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación, que incluye un mensaje dejado en el cuerpo dela víctima”, agrega. Y que por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno rechaza las acusaciones en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición y homicidio de Salmerón Dircio.

 

Han sido asesinadas 29 mujeres desde la entrega de las recomendaciones al gobierno en agosto

 

Del 23 de agosto de este año, cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó diez recomendaciones al gobierno estatal para atender el problema de violencia feminicida, hasta el 20 de noviembre, en Guerrero fueron asesinadas 29 mujeres.
Según un conteo de El Sur, de las víctimas cinco fueron asesinadas a golpes, dos con armas blancas, 19 a balazos y de dos se desconoce la forma en que las privaron de la vida.
Este viernes el gobierno del estado entregará un informe a la Conavim de los avances que tiene en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones que le hizo un grupo de especialistas para erradicar la violencia feminicida en la entidad.
De los asesinatos de mujeres ocurridos desde que el gobierno estatal recibió las recomendaciones y hasta el 20 de noviembre, siete sucedieron en Acapulco y seis en Chilpancingo, mientras que en Igualapa, Buenavista de Cuéllar, Zihuatanejo y Pilcaya hubo dos posibles feminicidios en cada uno.
En tanto, en Cocula, Quechultenango, Zumpango, Ayutla, Chichihualco, Cruz Grande, Coyuca de Benítez y Atoyac, el registro es de un caso por demarcación.
De entre las víctimas, dos eran niñas de 16 y 14 años, y una bebé de dos años; aunque en la mayoría de los casos las mujeres asesinadas tenían entre 25 y 40.
El grupo de trabajo que se integró desde la federación para atender la solicitud de alerta por violencia de género en Guerrero, concluyó que el gobierno estatal no ha destinado presupuesto suficiente para atender el problema de la violencia contra mujeres y niñas y la desigualdad de género en la entidad.
Además observó la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y un desconocimiento de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de género y derechos de las mujeres.
En su informe el grupo aclara que la gravedad de la situación en la entidad no puede medirse exclusivamente en relación con el número de casos de violencia contra las mujeres, toda vez que “se entiende que un solo caso genera graves repercusiones no sólo a nivel individual, sino también en la comunidad y en la sociedad en general”.
En total el grupo planteó 10 conclusiones y para cada una propuso una recomendación, a la que se refieren como propuesta, que el gobierno del estado deberá cumplir en un lapso de seis meses, plazo que vence en marzo del próximo años, o de lo contrario se declarará la alerta por violencia de género en Guerrero.
En el transcurso de los últimos dos meses organizaciones agrupadas a la Alianza Feminista, que solicitó la alerta por violencia de género, han denunciado la negativa del gobierno del estado para que las incluya en una mesa de trabajo interinstitucional a fin de participar en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.
Por ello advirtieron que en marzo, cuando el gobierno del estado presente su informe final, ellas harán lo propio con sus observaciones.

Se mantiene atento para evitar choques entre FUSDEG y UPOEG, dice Astudillo

 

A fin de evitar una confrontación, el gobierno del estado permanece atento a las acciones que realizan el Frente Unido para la seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), indicó el gobernador Héctor As-tudillo Flores.
En declaraciones a reporteros después de asistir a la inauguración de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, el gobernador informó que “en las últimas horas ha habido una serie de mayores amagos de conflicto” y lo que ha hecho el gobierno del estado es colocar “cuatro puntos centrales” de policías estatales y “visiblemente la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ruta de la Autopista del Sol”.
Agregó que para evitar confrontaciones la Policía del estado permanecerá en la zona con 200 agentes y destacó que en los últimos días “no ha habido algo que lamentar”.
Astudillo Flores informó que en una reunión con mandos del Ejército el domingo se analizó la situación que prevalece en Ocoti-to, además de las condiciones de inseguridad en Tierra Caliente.
“El estado atraviesa por un momento que requiere de mucha atención, mucha sensibilidad, la cantidad de conflictos que hay son frecuentes, el gobernador del estado tiene que estar verdaderamente pendiente no sólo en el día sino en la noche que se presentan una serie de conflictos en los que el gobierno tiene que participar”, dijo.
“Guerrero lamentablemente tiene todos los días asuntos con el tema de la seguridad”, añadió.
El gobernador indicó que los recientes asesinatos vinculados a la delincuencia organizada ocurridos en Acapulco se deben la competencia de las bandas.
A pregunta expresa sobre el repunte de los homicidios después de que se registró un descenso en septiembre, el gobernador explicó que “son diversos temas, pero fundamentalmente, no todos, es el choque entre la competencia de las bandas”.
Se le preguntó qué grupos delictivos son los que están en pugna pero ya no contestó.
Sobre que los homicidios siguen pese al despliegue de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), el gobernador dijo que éstas “siguen haciendo su trabajo, su esfuerzo” y confió que los resultados mejoren.
Sin abundar en detalles dijo que los resultados de octubre fueron “intermedios entre lo que fue agosto y septiembre”.
Sobre el aumento en el número de homicidios registrados de enero a octubre el gobernador consideró que se debe esperar a que termine el año “para ver cómo se mueven las cifras”
“No me disculpo ni exculpo a nadie pero en el problema de la violencia en este país Guerrero ya no es el ícono, yo creo que hay estados que están teniendo problemas muy serios, no los menciono porque no creo que me corresponda a mí, pero Guerrero dejó de ser el estado que presentaba circunstancias más escandalosas”.

De los dos militares, los cuerpos hallados en la Vía Rápida, confirma el gobierno

Luego de un día de desinformación oficial y de declaraciones que cuestionaban la veracidad del hecho, el vocero de seguridad del gobierno del estado confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central de Acapulco, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida pertenecen a ellos.
En un boletín de prensa emitido a las 12:30 del día, el vocero Roberto Álvarez Heredia, dijo que los dos militares asesinados se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, y aseguró que las víctimas no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco, ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
Antes de esta postura oficial, Álvarez había sido consultado por teléfono y entonces dijo que los militares sí se encontraban en activo en el momento de que fueron privados de su libertad, lo que corrigió después.
Asimismo, en la tarde de ayer tres narcomensajes fueron encontrados en distintos puntos del puerto, en relación con la ejecución de los militares, similares a los que fueron colocados afuera del Maxitúnel el domingo.
Ayer a la 1:30 de la madrugada, los dos cuerpos hallados en la calle Diego Hurtado de Mendoza, abajo del puente de la Vía Rápida, el domingo por la noche, fueron identificados por militares en las instalaciones del Semefo.
Datos proporcionados por fuentes oficiales indican que los dos militares asesinados formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Área Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta.
Los militares asesinados venían de las unidades de la Fuerza Área, y el sábado el mando a su cargo dejó salir a los efectivos un momento a comprar artículos personales en el centro de abasto.
Fuentes del Semefo informaron que los militares fueron asesinados a golpes y tenían huellas de tortura; además, los cuerpos estaban cubiertos de tierra. Uno ellos tenía puesta una bermuda tipo militar, de acuerdo con una fotografía mostrada a los reporteros.
Los peritos informaron que los soldados fueron asesinados después de ser privados de libertad el sábado, porque los cuerpos estaban en estado de descomposición, e incluso estimaron que fueron enterrados, porque estaban cubiertos de tierra.
Ayer en la mañana se observó un fuerte despliegue militar afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde están ubicadas las instalaciones del Semefo; dos patrullas y 18 soldados quedaron de manera permanente en resguardo todo el día.
Los militares al principio impidieron que los reporteros y fotógrafos realizaran tomas del lugar desde afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, y después se dispersaron en cada esquina.
Por la tarde, dos narcomensajes dejados junto a una bolsa de basura fueron encontrados arriba del parabrisas de un automóvil, en el fraccionamiento Marroquín.
De acuerdo con el reporte policiaco, el hallazgo de los narcomensajes y la bolsa negra fue a las 2 de la tarde en la calle Rotarios; las pancartas estuvieron arriba de un automóvil azul tipo Tsuru 2.
Las pancartas naranja y rosa contenían un mensaje similar a los dos narcomensajes hallados el domingo en la noche en la salida del Maxitúnel, al mismo tiempo que aparecieron los dos cuerpos.
Las autoridades policiacas dieron a conocer el mensaje en el que se podía leer: “Gendarmería, Ejército estas personas son los responsables de haber levantado a los dos militares en el Mercado Campesino, Tete Galeana ‘Tete’, pichi Galeana, Memo el ‘Vary’, José Ángel Galeana, alias el ‘Capuchino’, apoyados por el penal de las Cruces, zona de operación de esta basura, Progreso, Caleta, Caletilla, La Mira, Costa Azul, Chinameca y zona Centro”.
El otro narcomensaje, también junto a una bolsa llena de basura, fue encontrado en la colonia Icacos.
El reporte policiaco indica que el hallazgo ocurrió a las 5:45 de la tarde entre la Calle 11 y Río Grande.
El texto fue proporcionado por las autoridades policiacas, y decía: “Señores del Ejército, Marina y Policía Federal culpamos directamente a Tete Galeana, pichi Galeana y su sobrino Ángel Galeana, Capuchino por el secuestro y muerte de los 2 elementos de infantería del ejército mexicano, atentamente todo el puerto de Acapulco”.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la Procuraduría General de la República.
Fuentes de Seguridad Pública indicaron que ese día dos de cuatro militares uniformados que llevaban a cabo un recorrido de vigilancia, fueron interceptados a las 2:30 de la tarde por hombres armados que los subieron a un automóvil, cuyas características se desconocen.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El pasado martes se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la colonia Progreso, y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez, el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gen-darmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y en el Tianguis Campesino vecino del Mercado Central, para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.

Confirman autoridades

En un comunicado de prensa. el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, informó al mediodía que los dos cuerpos encontrados el domingo por la noche en Acapulco “tenían personalidad militar”.
El funcionario explicó que los dos militares asesinados estaban en un curso en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en la población de Pie de la Cuesta.
Álvarez Heredia indicó que desde que se conoció la desaparición ­la Novena Región Militar realizó acciones de búsqueda y localización, además de verificar que se trataba de elementos de la institución castrense.
Expuso que “autoridades de la Novena Región Militar informaron que dichos elementos están destacamentados en otra entidad federativa y que la Fiscalía General del Estado investiga el caso para deslindar las responsabilidades respectivas”.
A nombre del gobierno del estado y del Grupo de Coordinación Guerrero, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos.