Capítulo I. Desaciertos.

1. Militarización de áreas importantes y sensibles de la vida y del gobierno civil; transfiriendo cuantiosos recursos presupuestales federales, facultades, funciones e infraestructura pública instalada para lo civil, incorporandolas al ámbito y fuero militar.
(2). Autoritarismo en todos los ámbitos del qué hacer público federal, como estilo de gobernar. Decisiones presidenciales unipersonales e indiscutibles, ya sea para su gabinete de trabajo o para instancias civiles; ante situaciones transcendentales de la vida nacional. Uso del engaño, la hipocresía y la mentira, contumaz y reiterada, para justificar tal o cual comportamiento o acción.
(3). La nula utilización de la planificación del desarrollo democrático nacional, –urbano y rural–, y también el nulo ejercicio de programación y presupuestación, secto-regional, como instrumentos de gobierno y de rendición de cuentas.
(4). Incumplimiento del compromiso presidencial del total esclarecimiento y aplicación de la justicia a quienes resultaren responsables, por acción u omisión, de la desaparición, en el municipio de Iguala y áreas circunvecinas, de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Cometiendo a la fecha delito de encubrimiento institucional.
(5). No hubo el prudente y deseable equilibrio; ni el suficiente respeto, entre los poderes de la nación establecidos; tratando el poder ejecutivo federal de subordinar a sus designios a los demás, lo que ocasionó fricciones, desgastes innecesarios y confrontaciones poco edificantes, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(6). Confrontación permanente con las organizaciones civiles, sobre todo las dedicadas a defender los derechos humanos, las cuestiones de género, las de los familiares desaparecidos. La violencia y los homicidios siguen pujantes.
(7). Pugna constante y extorsionadora con algunos medios de comunicación masiva, periodistas, analistas de la coyuntura y conductores de noticieros; enrareciendo la libertad de expresión y acentuando una rijosidad social innecesaria, que ha producido divisionismo a ultranza, escasa solidaridad y unidad nacional; el desgaste de la investidura presidencial ha sido fuerte al subirla cotidianamente al ring para un maratón de boxeo mediático-unipersonal, interminable.
(8). Desmantelamiento de la administración pública nacional, suprimiendo unilateralmente áreas operativas, conformadas a lo largo de los años, en los sectores de salud, educación, alimenticio y de seguridad pública; existiendo permanente escasez en la dotación de equipo e insumos operacionales para atender problemas y áreas de atención especializada.
(9). Deterioro de la plataforma de educación superior y del desarrollo científico; así como del cibernético-digital y de fuentes alternativas de energías limpias.
(10). Centralismo y suspensión del proceso de federalización de muestro devenir nacional, al disminuir la transferencia y operación de recursos a las entidades federativas y municipios; disminuyendo así, la capacidad de respuesta en sitio, de rezagos y necesidades ingentes y focalizadas; en materia de infraestructura y servicios públicos básicos, urbanos y rurales.
(11). Transferencia onerosa a los estados de la república de las responsabilidades de las cargas financieras derivadas de la atención inmediata de desastres naturales en los territorios estatales, lo cual los debilita aún más ya que son generalmente eventos catastróficos.
(12). La dadivocracia como modalidad de gobierno. Paternalista y popular, con el uso y abuso del presupuesto público para el clientelismo electoral y para el control social. Estimula el modesto consumo familiar, pero no fomenta el desarrollo de la economía social. La economía nacional ha estado semi estancada a causa de la pandemia, entre otros factores.
(13). Concentración de recursos federales de inversión pública en determinados estados de la república, sobre todo, donde se localizan los proyectos presidenciales estratégicos regionales: tren maya, ferrocarril transístmico, refinería de Dos Bocas, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; en detrimento de un sano y equilibrado desarrollo regional en el plano nacional.
(14). Construcción de obra pública de carácter civil sin transparencia, con subestimación de costos y estados contables y de resultados mal elaborados y cuantificados. Registro de contratos, que, por su naturaleza y montos, debieran ser de licitación pública y no por adjudicación discrecional directa.
(15). Disfuncionalidad en el “Sistema Nacional Anticorrupción e Impunidad” y en la transparencia de la Secretaría de la Función Pública Federal. Han sido incapaces de detener el latrocinio en el actual sexenio, como lo muestran las irregularidades financieras en Segalmex y Pemex, así como no ejercer la actuación sancionadora a las autoridades involucradas en las grandes estafas del presupuesto público y en otros latrocinios en sexenios federales anteriores.
(16). La aplicación irregular y poco trasparente del presupuesto anual de egresos federal ha propiciado un extraordinario caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción e impunidad, así como la falta de entrega de resultados y cuentas públicas, veraces y oportunas, en tiempo real.
(17). No se combatió realmente el narcotráfico, que paraliza y asfixia a nuestro país; cáncer social que actúa con la mayor impunidad en los pueblos; apoderándose paulatinamente del control de la mayor parte del territorio nacional; llegando a dominar en la actualidad, entre un 50-70 por ciento del mismo.
(18). Las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos son poco estables. Lo endeble pone en jaque nuestras relaciones económicas y comerciales, en el contexto de una economía mundial polarizada y en proceso de reubicación mundial.
(19). Para terminar este primer recuento está la cuestión del flujo de migrantes que están de paso en nuestro país.

PD. Guerrero seguirá permaneciendo en la mediocridad, mientras lo gobierne una clase política mediocre, corrupta e impune.

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Sea como fuere, la recién agresión cometida al obispo emérito, Salvador Rangel Mendoza, en la ciudad de Cuernavaca, lugar donde residía actualmente, no la puedo desligar de mi memoria como tampoco sus valiosos comentarios vertidos a mi persona, a finales del año de 2021, sobre su trayectoria como sacerdote franciscano y de su desempeño como responsable de la Diócesis de Chilapa-Chilpancingo, en el estado de Guerrero.
Él siempre tuvo consciencia de lo que podía pasarle al desempeñarse como pacificador y mediador entre las bandas de malhechores que asolan la comarca; así como entre ellas y los dos últimos gobiernos estatales que, digámoslo claro, se han desempeñado en forma por demás pasiva, inerme y contemplativa; en el marco de una posible simulación frente a los grupos delincuenciales organizados, como la cruda realidad nos lo ha dado entender en recientes años.
Pero no le importaba arriesgar su vida a cambio de parar el torrente de asesinatos que a diario sucedían en la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero. Los pueblos de esas regiones no tenían libertad ni seguridad para transitar por los caminos y carreteras vecinales. Había mucho temor; lo sigue habiendo. Conculcada estaba, la movilidad de tránsito regional.
Las comunidades eran hostigadas y confrontadas entre ellas mismas por los sicarios y sus autoridades comunales, divididas para así mejor controlarlas. Las organizaciones criminales dotaban a sus seguidores de armas de fuego. Incluso, presentaron públicamente niños armados. Eso causó por varios días, nota periodística nacional. Predominaba la indefensión social ante el poderío de la delincuencia y sus tropelías, sin mayor acción correctiva de las autoridades correspondientes.
El primer apostolado del obispo Salvador Rangel Mendoza fue coadyuvar con su enorme autoridad moral a restaurar la paz en la región para seguridad y bienestar de las familias. Se echó a andar por los caminos, sin mayor compañía y ánimo espiritual que el ejemplo de San Francisco de Asís en la búsqueda del diálogo con los “jefes de los lobos” que asolaban las poblaciones de la comarca.
Para nuestra sorpresa, esa acción pastoral por la paz causó resquemor, molestia e irritación pública de los gobernantes estatales y municipales; ya que, según ellos, el obispo se metía en asuntos que no le competían. Como si aminorar la violencia y la consecución de la paz fuera ajena a su intrínseca labor pastoral social. Los mandones del gobierno estatal lo denostaron públicamente y quisieron descalificarlo a como diera lugar. Con ellos sostuvo, en varias ocasiones, conversaciones ríspidas cuando el prelado les trataba la posibilidad de establecer diálogo (que no pactos) dado el enrarecido clima y la intensidad de violencia prevalecientes en ciudades y pueblos ubicados en la zona centro de Guerrero.
Con el cambio de gobierno estatal y con los nuevos gobernantes no hubo variación alguna sobre el trato de la violencia y de las bandas delincuenciales. Con gran soberbia le respondieron al obispo que no lo recibirían en audiencia; rectificando después, que siempre sí, pero como simple ciudadano.
El par de gobernantes que actualmente padecemos, públicamente afirmaron que no necesitaban dialogar con nadie; porque su nueva forma de gobernar ya contaba con una estrategia propia de seguridad pública. Posteriormente, el gobernante-senador –no menos célebre por sus bufonerías– también lanzó en forma pública su filípica dirigida al obispo: “Hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César”.
La irritación de la mafia del poder gubernamental en Guerrero, de ayer (PRI) y los de hoy (Morena), fue mayúscula porque el obispo les estaba moviendo el “tinglado” y los supuestos arreglos de facto que ya tenían de antiguo con los variados “chicos organizados” de la región, quienes se disputaban el control territorial del obispado regional.
El obispo no se inmutó ante la andanada de críticas despectivas e inapropiadas que le endilgaron los del gobierno estatal y siguió con su misión de tratar de establecer el diálogo entre los jefes de la malandrería regional. Unos lo oían y mostraban anuencia; otros lo escuchaban y guardaban escéptico silencio; otros de plano rechazaban cualquier posibilidad diciéndole al sacerdote que no tenía caso intentarlo ya que sabían que otros grupos tenían tratos con algunas autoridades gubernamentales que les brindaban impunidad e incluso una supuesta protección policiaca ante delitos realizados y que, por lo mismo, nunca se resol-vían. Los más prístinos espacios de conflicto eran y son Chilpancingo, Chilapa, la ruta del río Azul, Tlacotepec y Chichihualco, entre otros.
El Ejercito y la Guardia Nacional permanecían inamovibles, a menos que hubiera alguna instrucción superior; sólo estaban tomando nota de todo lo que acontecía; contemplativos incluso ante los asaltos y actos vandálicos a los recintos del Poder Ejecutivo estatal y del Legislativo, respectivamente.
En fin, el marco del acontecer cotidiano en estas tierras del sur ha sido el comportamiento de los gobernantes de Guerrero en la última década; destaca la frivolidad del gobernante-senador-bufón (transformador del zoológico “Zoochilpan” como reservorio alimentario de mascotas y desechos faunísticos de narcotraficantes) y, en general, es de lamentar la conducta de los jefes de la mafia del poder pluri partidista de Guerrero, que mantienen a esta entidad federativa sumergida en la peor de las ignominias.
De lo que se trata es que, como marco contextual de la infortunada agresión obispal, está “la pax narca” y los arreglos (de facto y en lo oscurito) con las distintas bandas en el reparto territorial de la región Centro de Guerrero y de sus actividades económicas, lícitas e ilícitas. ¡Uf!

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En un estado pobre como Guerrero, donde hay acentuada escasez de empleo (bien o mal remunerado), dedicarse a la política institucional es negocio económico personal muy redituable. Nuestra democracia mercantilizada está ampliamente financiada con fondos públicos otorgados a partidos y candidatos; con adicionales fuentes de financiamiento no lícitas ni mucho menos transparentes.
Dependiendo del cargo que logre uno conquistar con el voto mayoritario del pueblo, puede uno salir de pobre y escalar a la clase media; de la clase media a la adinerada; y si le sigue, a la selecta lista de los millonarios. Todo de acuerdo a los ingresos totales asignados para cada cargo de representación popular o de la administración pública, en cualquier nivel de gobierno. Sin sumar los “moches” que haya de por medio.
Como botón de muestra, tenemos que, de acuerdo al tabulador de sueldos del año 2023 del Congreso del Estado, los diputados locales percibían 70 mil pesos de ingresos mensuales nominales; pero si se le agregan otros ingresos que recibían adicionales, no clasificados como sueldo, pero de libre asignación y disposición personal, entonces, el ingreso real monetario personal que recibían era alrededor de 280 mil pesos mensuales.
De acuerdo al formato oficial VIII-A del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Acapulco, parecidas cantidades también las recibían cada cual de los regidores y síndicos de la comuna porteña en 2023. El sueldo mensual de la presidenta municipal de ese municipio porteño, frisaba la cantidad de 124 mil dos pesos mensuales; pero sus ingresos totales no estaban alejados de sumar 400 mil pesos al mes. ¡Primero los pobres!
Lo anterior explica la feroz disputa que acabamos de presenciar entre los diversos polític@s que se postularon para que los variados partidos políticos institucionales registraran sus candidaturas definitivas ante el IEPC ­siempre al último cuarto de hora de la fecha límite, con el objeto de que no se alborotasen los inconformes–, en los principales municipios y distritos locales electorales del estado y también explica la simplona campaña electoral, pletórica de compromisos ocultos que aceptaron los aspirantes; comprometiéndose a puras generalidades, simulaciones y engaños; pero nada en lo concreto y específico.
Los candidatos y los dirigentes locales de sus partidos además del dinero que reciben como prerrogativas lícitas provenientes de las arcas públicas, son receptores del dinero de algunos grandes empresarios; de poderosos políticos y gobernantes que hacen mal uso del erario; de la venta de candidaturas al mejor postor y los no menos importantes billetes de la delincuencia organizada que, con sus concomitantes amenazas, imprimen un sesgo antidemocrático a las elecciones al forzar la libre voluntad electoral ciudadana.
Son cosas de la democracia mercantilizada sureña, donde más de la mitad del territorio estatal está dominado por el narco. “O cooperas o cuello. Plata o plomo”. De triunfar el candidato, éste tendrá que pagar las facturas correspondientes a lo largo de todo su mandato. Aún así, el saldo remanente que les quedará es atractivo para engrosar sustancialmente sus bolsillos personales. ¡Por eso estamos como estamos!
Adenda. Nicolás Maquiavelo en su imprescindible libro de política, El príncipe, escrito en la época del Renacimiento italiano (Siglos XIV y XV), plasmó en forma por demás lúcida su manera de ver el mundo de la política de su tiempo, aconsejándole al príncipe Lorenzo de Medici, lo siguiente: “Se trata de representar bien su papel, y de saber fingir y disimular oportunamente. Los hombres son tan débiles y simples, que aquel que quiere engañarlos encuentra fácilmente a sus víctimas, …tiene que esforzarse por conquistar una reputación de bondad, clemencia, piedad, lealtad y justicia; por lo demás, debe poseer todas estas buenas cualidades (para exhibirlas, no para practicarlas), pero seguir siendo lo bastante dueño de sí para desplegar las contrarias, cuando ello resulte conveniente… un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, no puede ejercer impunemente todas las virtudes del hombre medio, porque el interés de la conservación de su poder lo obliga a menudo a violar las leyes de la humanidad, la caridad, la lealtad y la religión… En una palabra, tiene que saber perseverarse en el bien cuando no encuentre inconveniente alguno en ello, y apartarse de él cuando las circunstancias así lo exijan”.
PD1. Buen ejemplo de acción afirmativa afro-mexicana es la candidatura de Elizabeth Sosa Pacheco, que contiende para ser diputada local en el distrito 15 de Costa Chica, por la alianza: “México avanza”. Mis mejores deseos para que triunfe, como digna representante de la joven generación de mujeres afromexicanas, que ya no permiten ser ignoradas o discriminadas.
PD2. Como Gobernador Moral de Guerrero manifiesto mi total repudio al exterminio genocida del pueblo palestino perpetrado por el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Suman en lo que va del actual conflicto, 12 mil trescientos niños y niñas árabes muertos. ¡Triple uf!

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Una de las formas como Guerrero puede remontar el escaso crecimiento económico que lo ubica en el último lugar de la República en materia de desarrollo social y económico es con una mayor inversión pública destinada a detonar una incrementada inversión privada. Toda sana inversión nacional proviene del excedente económico que se genera anualmente de la actividad económica realizada en la República. Eso, para evitar pesados endeudamientos externos.
De cómo se utilice el exceso económico generado en una sociedad, depende su progreso y bienestar. (Paul Baran, dixit). Por lo que están íntimamente correlacionadas las maneras de generar riqueza social (recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos públicos) y las formas de gastar el dinero público o del ahorro privado (derivado de las altas tasas de ganancias empresariales) al margen de evasiones fiscales particulares o francos latrocinios gubernamentales.
En México y en Guerrero en lo particular, la recaudación pública es baja y ha servido fundamentalmente para el derroche y ostentación de los políticos y gobernantes, para construir obras públicas no vitales, que poco incentivan la economía, pero sí son de alto costo por ser faraónicas o deslumbrantes, promotoras de la corrupción que deriva enriquecimiento suntuario e ilícito. En todos los casos es sencillamente acaparar y dilapidar el esfuerzo productivo realizado por millones de mexicanos que los aportan como impuestos para que el gobierno lo destine a incrementar el bienestar, la seguridad pública, la salud, la educación y la infraestructura esencial para progresar produciendo las empresas mayor número de satisfactores y empleos productivos.
También es necesario tener presente las altas tasas de ganancias económicas gravables, obtenidas por grandes empresas semi monopólicas que no las registran por elusión o evasión fiscal; además de que dichos montos no son invertidos productivamente, sino canalizados al consumo superfluo y suntuario de la oligarquía económica y política mexicana, por lo que no hay mayor producción de bienes y servicios, ni expansión o aumento de un mayor número de empresas y empleos en el sector privado; es más, hay fuga de millonarios montos de divisas hacia los mercados financieros internacionales con fines meramente especulativos; provocando el empobrecimiento de la población (66.4%. Inegi-2022*); muchos trabajadores con bajos salarios o forzados a participar en la economía informal (77.4 %. Inegi-2023*); el descomunal crecimiento y concentración del ingreso nacional en pocos agentes económicos y políticos corruptos; dando como resultado una distribución por demás inequitativa de la riqueza que impide crecer y desarrollarnos como un país con habitantes y pueblos prósperos.
De acuerdo con lo anterior, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, comentó que muchos países en el mundo en desarrollo podrían poner mayores tasas impositivas a sus ciudadanos muy ricos y a las empresas monopólicas prósperas, (que éticamente están más obligadas a contribuir que el resto de la sociedad) como parte de una estrategia para elevar de manera sustentable los ingresos y reducir carencias y vulnerabilidades. El FMI indica que el coeficiente: impuestos/Producto Interno Bruto de México fue de 24.2 por ciento en el año 2022, nivel que ha permanecido relativamente constante durante las últimas dos décadas. Ese coeficiente es ¡significativamente menor! al de otras economías de América Latina como las de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirma también lo anteriormente expresado.
Ya he subrayado en artículos de opinión pasados que, en Guerrero, el gobierno estatal y los gobiernos municipales pueden y deben incrementar sus ingresos propios para aplicarlos con honestidad a mejorar y ampliar los servicios públicos, estatal y municipales básicos, que están obligados a proporcionar por mandato constitucional a la población y no depender tan solo de las participaciones y transferencias federales para tal finalidad.
Condición sine qua non (acción indispensable, imprescindible y esencial) para lograr eso son: a) Desmantelar el “sistema de corrupción e impunidad” prevaleciente en nuestra estructura gubernamental. B) Establecer un sistema de verdadera rendición de cuentas, honestidad y transparencia en el uso responsable del presupuesto público. c) Tener un gobierno que trabaje a partir de una inobjetable congruencia entre indicadores de resultados o metas obtenidas, con costos y financiamientos no inflados en los programas a realizar. d) Gobernantes y funcionarios públicos honestos, veraces, eficientes y capacitados; erradicando la impunidad y aplicando las sanciones administrativas y penales correspondientes a funcionarios ladrones. Sólo así habrá suficiente autoridad moral para convocar a obtener mayores recursos económicos de carácter público, que se destinen a sacar al toro de la barranca.
Y es precisamente ahí donde la puerca tuerce el rabo; porque con la clase gobernante y los partidos políticos que operan en estas tierras del sur tales condicionantes para progresar seguirán siendo sueños guajiros plasmados únicamente en el papel. Por tanto, seguiremos siendo hijos de Job. Seguiremos estando job-didos por larga data.
* Editorial de El Sur-18/04/2024.
PD1. Son tiempos electorales; es época de puterías variopintas.
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Como Gobernador Moral de Guerrero lamento los desatinos de la gobernadora constitucional del estado, Evelyn Salgado Pineda y expreso, una vez más, mi desaprobación a la conducta injerencista y grotesca de su “papá incómodo” en los recientes nombramientos gubernamentales que causaron el enardecimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y fueron motivo principal del incendio vandálico en el recinto sede del poder ejecutivo estatal.
Tal incendio y destrucción de bienes muebles tiene como antecedente social mediato (hace 30 días) el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa por parte de un policía estatal. El policía implicado directo en el crimen, fue retenido, pero después diose a la fuga de quienes debieron ponerlo de inmediato a la disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones del caso. Fue notoria la connivencia de los cuerpos policiacos para otorgar impunidad al sujeto guardado.
El suceso le produjo una contrariedad mayúscula al presidente de la República, Andrés M. López Obrador (AMLO), quien de inmediato –infiero– dio la orden (a tras mano) a la gobernadora estatal, Evelyn Salgado Pineda, de destituir a los titulares –dos militares de alta jerarquía federal– que tenían bajo su mando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General Estatal; así como de sustituir también al secretario general de Gobierno (ex colaborador del “papá incómodo” de la gobernadora), por mostrar tolerancia a la negligencia criminal de sus subordinados y, aún más, construir en posteriores días varias versiones contradictorias sobre los hechos acontecidos; que más allá de decir la verdad esclarecedora del crimen tendían a crear una red de mentiras y encubrimientos para que el presunto culpable, perteneciente al cuerpo policiaco estatal, eludiera la aplicación de la justicia. La resonancia del crimen hizo que la investigación la atrajera la Procuraduría General de la República que logró la recaptura del presunto.
Con la probable indicación presidencial de remoción de los funcionarios estatales mencionados, imprudentemente la gobernadora nombra como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a otro militar Y como uno de los principales subsecretarios de Gobierno, a un colaborador directo del secretario destituido. Estos últimos nombramientos fueron la causa principal de que los jóvenes de Ayotzinapa se enardecieran, los consideraran como burla y ofensa, y cometieran los actos ilícitos ya mencionados.
Reprobable también es la indicación dada mediante documento escrito por el senador, Félix Salgado Macedonio, a quien fungía como subsecretario de Gobierno, para que renunciara y así allanar el nombramiento respectivo de la gobernadora a una persona que ya estaba involucrada en las acciones para otorgar impunidad del fugado y recapturado presunto homicida. Es decir, la gobernadora realiza forzadamente los cambios para que nada cambie (Lampedusa, dixit). ¡Pobre Guerrero! ¡Pobre Evelyn! del desgobierno de estas tierras del sur seguirá teniendo responsabilidad compartida y a la vez continuará manipulada por su papá incómodo. De no rectificar ese nombramiento advierten los estudiantes de Ayotzinapa, el problema no termina, sino que se remasteriza. ¡Uf!
Adenda: En contraposición a la observancia de la ley constitucional estatal, la cual niega, de nueva cuenta, la justicia autonómica en el medio indígena, se instaló por parte de diversos pueblos –teniendo como sede la comunidad de Tilapa–, del municipio de Malinaltepec en la Montaña, el inicio de operaciones del “Sistema de Justicia, Seguridad y Resguardo Territorial Indígena” (Serti) ante la amenaza real de que: a) organizaciones criminales penetren en sus territorios y controlen la vida de los pueblos, b) empresas mineras extractivistas se apropian de sus recursos naturales y c) la permanente crisis de gobernabilidad existente en la región.
El Serti estará en estrecha comunicación con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que fue fundada en la región de la Montaña en el año de 1995, para hacer frente a los asaltos, violaciones de mujeres, robos de ganado, viviendas, ante la inacción y desatención de las instituciones de seguridad pública del estado. Ahora, además de lo anterior, establecerán una alianza las dos organizaciones indígenas para evitar que el crimen organizado y las empresas extractivistas se apropien de la vida de sus pueblos y de sus recursos naturales. Cuando una ley no es congruente con el cuidado de la vida de los pueblos es legítimo que estos no la acaten.

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La recién aprobada, Ley General de Protección Civil (LGPC), parte de una plataforma ficticia para su observancia y vigencia. Considera que la geografía y la climatología en todo el territorio nacional es homogénea. No es así; predomina lo heterogéneo y pretender dar trato de iguales a desiguales profundizará la desigualdad existente. No todas las entidades federativas tienen el mismo grado de riesgo y vulnerabilidad. Además, “No importa solamente la intensidad del fenómeno natural para generar daños en la sociedad, sino que el total de daños también se refiere a los contextos de vulnerabilidad que una sociedad por sí misma genera o provoca en el transcurso del tiempo”*.
A iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales de Morena y otros aprobaron la nueva LGPC que regirá en México y que perjudica seriamente al estado de Guerrero –entre otras entidades federativas– en virtud de que se traslada directamente y en un primer momento, la responsabilidad de atender los desastres naturales a los gobiernos estatales y municipales donde acontecen los eventos; desprendiéndose de tal responsabilidad el gobierno federal, no obstante que es el nivel de gobierno que recauda la mayor cantidad de impuestos en todo el país. Es una injusticia anti federalista grande. Estas tierras del sur se caracterizan por estar ubicadas geográficamente en latitudes donde se presentan con mayor intensidad y frecuencia tales eventos catastróficos. Recordemos que geológicamente somos vecinos de la Falla de San Andrés.
En Guerrero se presenta uno o más meteoros climatológicos (mar de fondo por el cambio climático, por ejemplo), hidrológicos (huracanes, tormentas tropicales, desborde de ríos, estiajes prolongados), eventos sísmicos (terremotos de diverso grado y naturaleza). Todos ellos, las más de las veces devastadores, ocasionando pérdida de vidas humanas, viviendas, centros de trabajo, destrucción ecológica, infraestructura urbana, cosechas siniestradas, incendios forestales, vías de comunicación terrestre truncadas, derrumbe de puentes y, en general, la semi paralización de la actividad educativa, económica y social de pueblos y ciudades. No solo son desastres naturales, son desastres convergentes.
La estadística histórica indica que Guerrero es un estado de alto riesgo en materia de siniestros y catástrofes. Al mismo tiempo es un estado muy vulnerable por cuanto a su orografía abrupta, sempiterna escasez de recursos económicos, de infraestructura y equipamiento para enfrentarlos y defender la vida de la población, la cual es en su mayoría, pobre.
Es un hecho que el gobierno del estado de Guerrero no recaba suficientes contribuciones económicas para enfrentar, junto con los municipios, desproporcionado cometido. Sus montos fiscales son inferiores en relación a otros estados de la nación que gozan de un crecimiento económico más vigoroso. Eso conlleva a tener recurrentemente un déficit anual en las finanzas públicas estatales y municipales las cuales dependen en más de 98 por ciento de las transferencias de recursos federales; bien sea como participaciones o aportaciones federales. La LGPC recién aprobada, nos deja en una indefensión mayúscula y de gran espectro, puesto que tampoco tenemos la cuantía de recursos económicos para pagar aseguramientos de esa naturaleza.
Los costos humanos, materiales, económicos, sociales y de hábitats que causan los desastres naturales y “antrópicos” son enormes. Como datos ilustrativos consigno lo siguiente: El huracán Paulina (1997) ocasionó pérdidas por 448 millones de dólares. La tormenta tropical Manuel, en 2013, provocó pérdidas estimadas en 2 mil 270 millones de dólares*. La empresa internacional de análisis de riesgos, Enki Research, proporciona un cálculo primario de las pérdidas económicas causadas por el huracán Otis (2023) en alrededor de 15 mil millones de dólares.
Ya de por sí, cuando el gobierno federal tenía el deber y la primera responsabilidad de afrontar los desastres naturales que se presentaran en cualquier parte del territorio nacional, su histórico burocratismo, congénito a un centralismo de facto, nos provocaba angustia y desesperación porque no llegaban las ayudas y los apoyos a tiempo ni en la cantidad suficiente, para salvar vidas y bienes con oportunidad. En cambio, desde ahora el gobierno federal actuará tan solo como coadyuvante –si es que así lo decide– y lo hará con mucho mayor lentitud que, seguro estoy, rayará en mucha irresponsabilidad gubernamental. Al tiempo.

* Rodríguez Esteves, J. M. (2017). Los desastres recurrentes en México: El huracán Pauline y la tormenta Manuel en Acapulco.

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Actualmente la expresión popular nudo gordiano se refiere a una dificultad que no se puede resolver. A un obstáculo difícil de salvar, dar solución y buen desenlace; en especial, cuando estas cuestiones solo admiten soluciones de fondo que remuevan las causas que dieron origen a los graves problemas.
“Cortar el nudo gordiano” significa resolver tajantemente y sin contemplaciones un problema ya que, descubriendo y atendiendo la esencia del problema, podremos develar todas sus implicaciones y ramificaciones, así como los protagonistas y responsables directos o indirectos; sobre todo cuando la naturaleza de la problemática es social. El nudo gordiano también está relacionado con la solución urgente y perentoria de problemas que podrían empeorar ante el paso del tiempo. En otras palabras, antes de que empeoren y la “bomba estalle”.
El meollo del “nudo gordiano” en Guerrero es que carecemos de una buena conducción gubernamental que articule y dé cauce a toda la estructura gubernamental, como un todo, con propósitos claros y definidos de mejoría social; y no quedarse a medrar con la sola palabrería de un gobierno que se antoja tricéfalo, anárquico y que lo llevan de la mano como el que actualmente tenemos, cuyos protagonistas principales son: Obrador-Félix-Evelyn.
Requerimos actuar con orden y con norma, en todos los aspectos político-institucionales, jurídicos, sociales y económicos de Guerrero. Si no tenemos una directriz y rumbo definido no podremos avanzar; y estas deben estar enmarcadas en la legalidad y en la pulcritud. Si no se respetan las leyes por todos, al rato nadie las acatará y cundirán las corrupciones e impunidades de todo tipo; ya que todos sabemos que nadie persigue esos delitos en estas tierras. Necesitamos justicia social y más justicia efectiva factual, no postergadas ni simuladas.
Necesitamos verdadera paz, creativa y productiva en un ambiente de libertad y seguridad, social y privada. Sin ser coaccionados ilegítimamente por cuanto, a nuestra libertad de acción, pensar y expresar se refiere, sin amenazas de extorsión alguna. Sin temor ni terror socializado.
Necesitamos que paren la violencia, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, etc. No queremos que haya un cuarto y poderoso poder de facto que nos gobierne tal y como lo hace actualmente la delincuencia organizada, dominante ya en las tres cuartas partes del territorio guerrerense teniendo domeñada a la mayoría de la clase política sureña y subordinados a la mayoría de los integrantes de los otros tres poderes constitucionalmente establecidos.
No estamos en quiebra en las finanzas públicas porque el gobierno federal nos solventa en un 98 por ciento nuestros déficits financieros. La banca privada nos considera una entidad federativa insolvente y tenemos deudas y rezagos de pagos al interior de la administración pública, que afloran recurrentemente y movilizan a los trabajadores públicos y pensionistas por la falta de atención a sus demandas económicas; desquiciando la libre movilidad de tráfico vial y para hacer trámites en las principales ciudades. El gasto planificado de las finanzas públicas está hecho un desastre incrementado y generalizado.
Lo dicho anteriormente, explica los colapsos que hoy afloran en seis cuestiones de gobierno en los sectores de la educación, salud, seguridad pública y sana administración pública, honestidad y transparencia. Mención aparte es el notorio poderío de las bandas de narcotraficantes y todos sus negocios ilícitos y turbios en Guerrero, así como el grado de infiltración que gozan tanto en los tres niveles de gobierno actuantes en el estado; así como con sus amanuenses en el poder legislativo y judicial local; incluyendo también el tácito apoyo de sectores de empresarios inescrupulosos y determinadas áreas de las fuerzas armadas acantonadas en estas tierras del sur.
Requerimos con urgencia un gobernante y un equipo de trabajo gubernamental honesto, capaz, eficiente, laborioso, y principalmente, honesto. Que no se entregue al bandidaje o al encubrimiento de delitos. Basta de simulación, ineptitud, hipocresía y demagogia. Desgraciadamente no veo ese perfil de gobernante y funcionarios que, junto con el pueblo, desaten este difícil y complejo nudo gordiano. No lo oteo en ninguno de los partidos políticos y sus dirigentes, que tal parece que solo ven por sus conveniencias mafiosas y por sus corruptelas de enriquecimiento personal en lo inmediato.
Guardando las formalidades del caso, quien depuso al secretario de Seguridad pública estatal, a la fiscal general estatal y al secretario estatal de gobierno fue AMLO, que en los dos primeros casos fue él quien los designó. De tal hecho deviene la actual gran crisis institucional que nos embarga. De la que puede deducirse el fracaso de actuación de un gabinete de tómbola donde ha privado más la lealtad bufonesca que la necesaria eficiencia gubernamental. ¡Sálvese quien pueda!

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En la presente década la primera toma y parálisis generalizada de la ciudad de Chilpancingo por parte de la delincuencia criminal ocurrió en la quincena inicial de julio de 2023. La segunda revuelta delincuencial de esa naturaleza sucedió a comienzos de febrero de 2024. Y sigue la mata dando…
La trilogía que es motivo-existencial de la delincuencia organizada es el dinero, el poder y el dominio de facto de territorios; por eso ellos no entienden de ley o autoridad establecida a someterse. Gracias a su poderío de asesinar impunemente es que pueden subordinar y sobornar, creando terror y temor con finalidades de persuasión económica socialmente forzada. Sus códigos de conducta son bipolares, de vida o muerte. No hay gradualidades ni medias tintas. La historia nos indica que a la fuerza criminal únicamente la doblega y extingue la fuerza institucional.
La génesis de la guerra interna por la disputa del control político, económico y social de la ciudad de Chilpancingo entre dos bandas de la delincuencia organizada viene de antiguo (lo dice el presidente AMLO en las postrimerías de su gobierno), en contubernio con las autoridades locales y se han adueñado de toda la vida territorial en donde actúan en forma soterrada o abierta. Gracias al “Sistema de Corrupción e Impunidad, S.A. de C.V.” –imperante, en Guerrero en particular y en México en lo general–, integrado por inescrupulosos gobernantes, funcionarios públicos, políticos, partidos políticos y empresas lavadoras de dinero, junto otros cómplices gremiales.
El poderío pandilleril en Guerrero fue desarrollándose a la par que la expansión del cultivo y tráfico de la goma de amapola en las regiones de la sierra y la montaña guerrerenses; y por el tráfico de paso de la cocaína proveniente de América del Sur. Hoy, ambos estupefacientes han quedado parcialmente desplazados por sustitutos (fentanilo y anfetaminas) en el comercio internacional, por lo que los narcotraficantes diversifican sus fuentes de enriquecimiento económico a partir de exacciones ilícitas en otras actividades económicas regionales normales; a través de la extorsión, el secuestro, el moche económico y la tributación forzada.
Los grupos locales empezaron a crear sus zonas de dominio a nivel micro regional, para luego escalar a estadios subregionales y luego ligarse a nivel nacional, gracias a las alianzas que hicieron, cada cual, con el crimen organizado nacional e internacional.
La disputa y el control territorial, casi total, de ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Chilapa, et al; empezó a tomar tintes sangrientos, cada vez más intensos, a partir de acuerdos secretos, entre gobiernos con la delincuencia criminal, para fines político electorales y de control de las policías municipales y estatales.
De acuerdo a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y a confesión de parte de alguno de los principales delincuentes, son dos bandas en Chilpancingo: Los Tlacos y Los Ardillos, los que han protagonizado en los primeros dos meses del presente año estas peleas homicidas e incendiarias, que han paralizado totalmente la capital del estado, sin que haya autoridad alguna (ni siquiera las fuerzas armadas) que lo impidan. Parte de los malandros organizados cuentan con la solidaridad de organizaciones criminales nacionales; así como con el enraice social que tienen en poblaciones rurales y colonias populares.
Las confesiones públicas en comento, dan razón plena, a la falsedad de la otrora respuesta negativa y de rechazo institucional expresada en su tiempo por el gobernador Héctor Astudillo Flores y su “maestro incómodo”, Florencio Salazar, sobre el rechazo al intento de diálogo que el ex obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, deseaba entre las autoridades de gobierno con las bandas organizadas ya que tenían casi intransitable y plagada de asesinatos las zonas: Centro y Montaña de Guerrero.
Es de sentido común que el diálogo y el pacto para la paz, digna y pública, se impone en cualquier crisis beligerante cuando se enfrentan dos adversarios con el mismo nivel y capacidad de fuego real; y ninguno puede derrotar al otro, como es el caso en Guerrero que lleva décadas en esa tesitura.
La cruda realidad violenta que hoy vivimos va en aumento e indica que el gobierno estatal y el municipal han sido rebasados con mucho por el crimen organizado. Las autoridades no han cumplido con su función principal de cuidar al pueblo. Las últimas acciones delincuenciales exhiben lo que ya se sabía con anterioridad: La estructura gubernamental sí tenía (y tiene) pactos vergonzosos de impunidad con los narcos, aun cuando persistan en mentir y decir reiteradamente que no.
Es el caso de la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado Pineda, y de su “Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio. Son patéticos. Cada vez se vuelven más vulnerables y sus expresiones son huecas en tiempos canallas e hipócritas.
También los jefes locales de Morena, del PRI y el PRD sabían de esos acuerdos en lo oscurito con los dos bandos de malandros y avalaban que nadie se interpusiera en sus pactos de carácter delincuencial.
Otra vez, la cruda realidad terminó por imponerse en la reciente ola multihomicida que los desnudó a todos, doblegó al gobierno federal y patentizó, una vez más, el fracaso de la estrategia de seguridad que, obcecadamente, las autoridades mantienen de varios años a la fecha. Son tiempos de miseria política. No pueden ni quieren defender al pueblo indefenso.

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Las cosas de los mortales todas pasan, si ellas no pasan somos nosotros los que pasamos. Luciano de Samosata.

Al estar leyendo el ensayo de Mario Vargas Llosa sobre la gran novela del escritor francés, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, surgió en mi memoria la legendaria y famosa canción de los Rolling Stones: I can’t get no satisfaction, como una frase sintética, emblemática y totalizadora del mensaje universal que está contenida en esa obra imperecedera de la literatura universal.
Madame Bovary, de acuerdo al premio nobel de literatura, es una de las personalidades femeninas excelsas consagradas por el arte de la lectura y la escritura. Es un personaje que irradia mucha luz humana y es, a la vez, manantial de virtudes y vicios que un individuo normal y sencillo desarrolla en su devenir vital. “Puede ser una personalidad reeditable indefinidamente”. (Los entrecomillados son frases de Vargas Llosa).
En Emma Bovary está contenida la rebeldía, el melodrama, la violencia y el sexo, entre otras facetas, que caracterizan a cualquier ser que haya vivido en sociedades acartonadas de los últimos siglos. Y cada una puede provocar en el lector, admiración o rechazo; por la forma en que valora inconformidades, injusticias, estupideces, indignaciones o algunas hilaridades, a través del prisma matizado por un romanticismo saturado de emocionalidad y sentimentalismo decimonónico.
La rebeldía en ella es innata y heroica; porque se encarga de violentar normas de conducta y comportamientos imperantes en su época; empujada no por exigencias externas sino por problemas estrictamente existenciales, personales. No acicateada a nombre de la humanidad o por ciertos principios, ideales o códigos de ética social, diría Albert Camús.
Emma, cual mujer sensible, fuerte e intensa, es presa de un padecer constante cuando cae en adulterio, miente, roba o cuando finalmente se desprende de su existencia terrenal. Estaba sola, no tenía confidente, referente o asidero alguno de confianza; era provinciana, impulsiva y sentimental. “Solía equivocar el camino, empeñarse en acciones que, en última instancia, favorecían, poco a poco, la materialización de su devenir trágico”
Las causas y no tan solo los hechos ante los cuales Emma tuvo capacidad para enfrentar y afrontar su medio circundante –familia, esposo, posición social, costumbres, etc.– son elementos destacables en una mujer que estuvo muy constreñida en su actuación social; en los tiempos y circunstancias que le tocó vivir.
“Las ambiciones por las que Emma peca y muere son aquellas que la religión y la moral occidentales han combatido bárbaramente a lo largo de la historia. Emma quiere gozar la vida y no se resigna a reprimir en sí ese derecho, que en un momento (etapa) de su vida su esposo no pudo satisfacer, porque no sabía que existiese o quiso sustituirlo, rodeándola de elementos gratos, superficiales y superfluos”.
Emma quiere abrirse al mundo; conocer otros mundos; otras gentes. No acepta que su vida transcurra anodinamente en un estrecho horizonte y en un lugar insignificante y poco llamativo. Desea una vida intensa, excitante y exaltante. Pletórica de riesgos, peligros, aventuras sin fin, llena de emociones, empeños y recompensas. Estoicamente dispuesta a recibir decepciones y sacrificios. Su rebeldía nacía de su propio ser, de sus razones, convicciones y motivaciones individuales. No se resigna a llevar una vida predeterminada ni tener una suerte designada por tercero alguno. No espera compensación o salvación ulterior en el más allá. Quiere realizar, por sí misma, su vida, plena y totalmente. Aquí y ahora.
Sabe perfectamente que su aspiración es difícil de alcanzar en forma colectiva. Por eso su lucha es en solitario, las más de las veces sin apoyo o red de protección; contando solamente para autolabrase con un cincel individual de una sola empuñadura.
Está consciente que, a la sociedad como tal, no le es dable el que haya un proyecto humano amplio, plural, tamizado de bondad y generosidad en un universo amplio que lo permite. Una tolerable convivencia en lo diverso no es posible si los seres humanos embridan sus deseos y atan sus ansias de transgredir a una norma tasada como el mal o lo condenable.
De estas primeras reflexiones de Vargas Llosa sobre Emma Bovary, me llega el recuerdo de la tonada de otra canción memorable de los Rolling Stones, You can’t always get what you want.

PD1. La franja de Gaza (palestinos) es para el gobierno genocida de Israel, lo que para los genocidas de la Alemania nazi representó el Gueto de Varsovia (judíos).
PD2. Que la alcaldesa de Chilpancingo exprese públicamente que en Chilpancingo hemos aprendido a vivir con violencia, es inaudito e inaceptable.
PD3. Guerrero se ha confirmado como un narco-estado a nivel nacional; donde ha quedado derrotada la estrategia presidencial de AMLO contra la delincuencia y desplazada, inusitadamente, su impuesta fiscal estatal. Otra ley y otro orden social son los que realmente nos desgobiernan. La gobernadora Evelyn y su “Papá incómodo” seguirán jugando su tenebroso papel decorativo hasta que el pueblo lo determine.

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