Comparecerá el alcalde de Zihuatanejo en la Comisión Instructora del Congreso

 

 Responderá a las denuncias de nepotismo y corrupción del síndico Joaquín González. Confía en que será favorecido en el veredicto final. Pide a los otros alcaldes “cumplir las formas” en cuanto al apoyo a sus candidatos a gobernador

 Brenda Escobar Zihuatanejo

El presidente municipal de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto anunció que este miércoles comparecerá ante la Comisión Instructora del Congreso del Estado, para responder a la denuncia interpuesta por el síndico procurador Joaquín González Ramírez, quien señaló que al interior del ayuntamiento de Zihuatanejo existe nepotismo.

Ayer lunes, en su conferencia de prensa semanal, Campos Aburto habló de las demandas interpuestas por el síndico Joaquín González ante la Auditoría General del Estado (AGE) y ante el Congreso local, por nepotismo e irregularidades administrativas.

Dijo que la AGE ya entregó al ayuntamiento de Zihuatanejo un dictamen “donde no hay ningún problema, sin embargo, como lo hizo también ante el Congreso, ahora nos están citando para comparecer este miércoles 28 ante la Comisión Instructora”.

El alcalde perredista señaló confió en el aspecto positivo de los resultados de la auditoría, porque, dijo, “en ese sentido van a venir las cosas, porque acuérdense que la auditoría depende del Congreso del Estado, si ellos están diciendo que las cosas están bien, no creo que las cosas lleguen a mayores”.

Amador Campos aseguró que se presentará en el Congreso y que el veredicto de los diputados locales ante las denuncias interpuestas serán favorables para él.

Por otra parte, el presidente municipal opinó sobre el mensaje del dirigente nacional del PRD, Leonel Godoy, que expresó en el foro Un Buen Gobierno para Guerrero, que se llevó a cabo el viernes 23, en Acapulco, en donde hizo un llamado a los alcaldes de gobernar, “hacerlo bien” y guardar distancia del proceso electoral interno.

Campos dijo que estas palabras las tomó “como un mensaje de nuestro líder nacional al que hay que atender; y que si bien es cierto (que) muchos presidentes municipales ya escogimos a nuestro precandidato, ahora tenemos que guardar la distancia que nos pide nuestro dirigente nacional”.

Agregó que a pesar de haber declarado antes que en su tiempo libre, “y siempre y cuando la Ley se lo permita”, acompañaría a Zeferino Torreblanca en actos de proselitismo, Campos Aburto señaló, “no me retracto, simplemente voy a acatar el pedimento que hace nuestro dirigente nacional, creo que tenemos que ayudar en ese sentido para que las cosas se den de la mejor manera”.

Del cómo pudiera haber tomado este mensaje su homólogo de Acapulco, Alberto López Rosas, quien se ha pronunciado por apoyar al senador Armando Chavarría, indicó que “solamente Alberto sabe, yo no sé cómo lo tomaría pero lo cierto es que con todos los precandidatos había presidentes municipales que los estaban apoyando abiertamente, yo espero que todos cumplamos con este exhorto que hace Leonel Godoy”.

-¿También era el caso de Zihuatanejo?

Era el caso de Zihuatanejo, ustedes saben, yo estuve apoyando a Zeferino Torreblanca, y lo sigo apoyando, sin embargo, vamos a guardar las formas.

Azueta: promoverá el Cabildo juicio político y demanda penal al síndico

 

 Acusan a Joaquín González de no informar de una demanda laboral de tres ex empleados que ganaron un laudo que ordena su reinstalación y el pago de 745 mil pesos por salarios caídos

 El Cabildo de Zihuatanejo acordó promover un juicio político contra el síndico Joaquín González Ramírez, además de integrar una denuncia penal y evidenciarlo ante la Auditoría General del Estado por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, por no haber informado sobre una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En la doceava sesión ordinaria de Cabildo, que se llevó a cabo el martes por la tarde, se trató el asunto del fallo del TCA a favor de tres ex empleados del Ayuntamiento, dos de ellos adscritos a Contraloría municipal, Edgar Sálas Téllez y José Luis Jordán Herrerón; y de la sindicatura, Jesús Solís Ramírez.

Los ex trabajadores argumentaron que fueron despedidas de manera injustificada desde el 16 de julio de 2003, por lo que se falló a su favor y se ordenó al gobierno municipal que sean reinstalados y además les paguen 745 mil 195 pesos por concepto de salarios caídos.

La inconformidad de los ediles contra González Ramírez fue porque él recibió la notificación el 26 de agosto de 2003, y no avisó a las áreas correspondientes para que procedieran, por lo que se dio oportunidad a los demandantes de ganar el pleito legal.

El martes, en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad que González Ramírez sea sometido a un juicio político y que se le denuncie ante la Auditoría General del Estado.

También se propuso que sea demandado penalmente por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, y a favor de esta iniciativa votaron siete ediles y se abstuvieron cuatro.

Trascendió que en la sesión, el síndico explicó al Cabildo que no dio a conocer la notificación del TCA por considerar que los tres empleados fueron despedidos de manera injustificada, y reiteró que asume su responsabilidad “estrictamente legal” por su acción.

Luego, en entrevista, Joaquín González sostuvo que al haber votado a favor del juicio político, los regidores le dan la razón en el sentido de que “argumentan que es facultad del síndico representar al Ayuntamiento y defender y promover el patrimonio del mismo, pero eso lo reconocen cuando les conviene”.

Agregó que “cuando no les conviene a los regidores, el síndico no tiene facultad (y entonces) el presidente usurpa mis funciones, pero cuando sienten que les afecta (…) reconocen que el síndico tiene sus facultades”.

Dijo que “si bien es cierto que tengo que defender los derechos del Ayuntamiento, también tengo que defender los derechos de los empleados, no es capricho personal de Joaquín González o de algún funcionario correr a los empleados sin razón ni justificación (y), ahora quieren colgarme la irresponsabilidad de caprichosamente correr a los empleados”.

Ayer miércoles trascendió que tanto en la dirección de Asuntos Jurídicos, como en la Secretaría General del Ayuntamiento, ya se integraba la denuncia penal que presentarán ante la autoridad correspondiente.

Acusan al síndico Joaquín González de que escondió las notificaciones que enviaba el Tribunal de Conciliación y Arbitraje sobre el asunto

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de tres ex empleados que fueron despedidos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, y ordenó el pago de salarios caídos y su reinstalación inmediata.

El director de Asuntos Jurídicos, Apolonio Osorio Reyes, acusó al síndico Joaquín González Ramírez de esconder la notificación, porque los tres empleados despedidos eran parte de su equipo de asesores.

Los ex empleados José Luis Jordán Herrerón, Edgar Salas Téllez y Jesús Solís Ramírez se desempeñaban como asesores del síndico Joaquín González Ramírez y fueron despedidos hace un año de manera injustificada, por lo que presentaron una denuncia ante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que falló a su favor.

El TCA ordenó al gobierno municipal que las tres personas sean reinstaladas en sus puestos y que se les paguen salarios caídos, que asciende a un total de 745 mil 195 pesos, correspondientes a lo que debieron cobrar desde el 16 de julio de 2003 a la fecha.

En tanto, el jefe del departamento de Egresos de la Tesorería municipal de Zihuatanejo, Jesús Sánchez Abarca, denunció que la titular de esa dependencia, Gilda Soberanis Gamiño, lo despidió de manera injustificada y que pretende liquidarlo “como ella quiere y no como marca la ley, porque sólo me quiere pagar 19 mil pesos por los 7 años que he trabajado en el ayuntamiento”.

Sobre el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de los tres ex empleados, el director de Asuntos Jurídicos explicó que el ayuntamiento perdió este juicio debido a que lo desconocían, porque el síndico “escondió maliciosamente las notificaciones del TCA y que las autoridades de ese juzgado “actuaron corruptamente con las partes actoras, porque el mismo día en que se presentó la denuncia se radicó y al notificársele al síndico escondió la notificación”.

Por su parte, González Ramírez admitió que el 26 de agosto de 2003 recibió dicho aviso y no le dio contestación, “yo asumo la responsabilidad legal, estrictamente legal, porque no es justo que el alcalde corra a su antojo al personal que supervisa y vigila la administración municipal”.

Refirió que dos auditores Edgar Salas y José Luis Jordán fueron despedidos después de que encontraron facturas apócrifas en la comprobación de la cuenta pública, “por eso nunca estuve de acuerdo con su despido y ya he dicho que como síndico seguiré defendiendo a quien sea despedido injustificadamente”, acotó.

Ayer martes, Sánchez Abarca dijo ante los medios de información que el 9 de febrero fue removido como jefe del departamento de Egresos a “ser un empleado más del departamento de Ingresos” en la Tesorería municipal, con el propósito “de hacerme reventar y que yo solo presentara mi renuncia”.

Explicó que la tesorera Gilda Soberanis lo despidió “sin un argumento sólido, únicamente se encargó de difamarme diciendo que yo era el que fugaba la información de cómo y a quién se le da dinero, pero no tiene una sola prueba de eso”.

Dijo que ahora Soberanis Gamiño no quiere liquidarlo conforme a la ley, “sólo me quiere pagar 19 mil pesos por los 7 años que tengo como empleado del ayuntamiento y no se me hace justo”.

También el policía preventivo Jorge Alvis Cisneros Villegas se quejó de que Soberanis Gamiño se niega a cubrir sus gastos médicos, luego de que hace unos meses fue atropellado cuando cumplía con su deber.

Cisneros Villegas, quien requiere de manera urgente una tomografía pues en el accidente se lesionó el cráneo, dijo que Gilda Soberanis “no me quiere prestar ni a cuenta de mi quincena, dice que no hay dinero y yo sé que a otras personas sí les prestan”.

El preventivo hizo un llamado al alcalde Amador Campos Aburto, “no tengo otra manera de ganarme la vida, estoy enfermo y lo que quiero es que me ayude a curarme, que por favor me ayude”, expresó.

Resolverá la Auditoría General la falta de firma en la cuenta: Campos

* Maneja el síndico dinero para gestión, revela

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El síndico de Zihuatanejo Joaquín González Ramírez maneja desde hace mes y medio una partida especial y única de 120 mil pesos a comprobar por gastos de gestiones en la administración, informó el alcalde perredista Amador Campos Aburto.

En conferencia de prensa, se le preguntó si el síndico le había pedido dinero a cambio de firmar la cuenta pública como han denunciado los presidentes municipales de Coahuayutla y Petatlán, Omar Correa y Javier Rodríguez respectivamente.

Campos Aburto dijo que el síndico le pidió hace mes y medio “120 mil pesos para gastos a comprobar porque dice que hay cosas que él debe hacer, que él quiere ayudar y participar. No vimos ningún problema en ello sólo tiene que entregar facturas de en qué se gastó el dinero y no vemos ningún problema en esto”.

Dijo que a la fecha, ha comprobado alrededor de 10 mil pesos de esta partida que será por los tres años. Presuntamente la autorización de esta partida tuvo el consenso de los ediles de la comuna azuetense quienes pueden recurrir al síndico para que también los apoye en sus gestiones con estos recursos.

Campos Aburto subrayó que esta partida se autorizó sin ningún compromiso ni en respuesta a presiones “ni para que nos firme la cuenta pública”, pues incluso recordó que esta partida quedó estipulada en el presupuesto de egresos y su comprobación se hará conforme a la ley.

El caso se platicará hoy con la Auditoría General del Estado (AGE) en la reunión que tendrán los alcaldes de Coahuayutla, La Unión, Petatlán y Zihuatanejo con el auditor general del estado, Ignacio Romero Rendón.

Derivado de la negativa del síndico de Zihuatanejo para firmar las cuentas públicas y presuntamente también los convenios y contratos, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal acordó con la administración de Zihuatanejo la firma y realización de obras por administración.

En este municipio el síndico se ha negado a firmar las cuentas públicas pero el alcalde informó ayer que sí las revisa y les saca fotocopias. Agregó que competerá a la AGE emitir alguna determinación.

“Hay una iniciativa de la diputada perredista Gloria Sierra de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para pedirle al Congreso que se cambien las cosas y que ya no sean los síndicos los que autoricen la cuenta pública, sino que lo haga el Cabildo”, reveló Campos Aburto quien precisó que en su administración no hay acusaciones de desvíos ni de mala administración a pesar de las diferencias que se han tenido en cuanto a la cuenta pública con la sindicatura.

Dijo que lo que está estipulado en el presupuesto de egresos se ejercerá porque fue aprobado por el Cabildo.

De los comentarios del diputado federal priísta Celestino Bailón dijo: “Estamos en campaña pueden decir lo que quieran pero la ciudadanía sabe que estamos haciendo las cosas diferentes, que estamos llevando obras y servicios a las comunidades y colonias. Ellos (los del PRI) han tenido gobiernos desastrosos y sin embargo todavía los añoran”.

No hay nada político; que se cumpla la ley, dice el síndico de Zihuatanejo

* Niega Joaquín González que pidan dinero a alcaldes

* Defiende su derecho a coordinarse con sus colegas de Coahuayutla, La Unión y Petatlán

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El síndico del ayuntamiento de Zihuatanejo, Joaquín González Ramírez dijo que la postura asumida con sus colegas de los otros tres gobiernos perredistas de la Costa Grande en torno a la firma de las cuentas públicas es para que “no se sigan repitiendo los vicios del PRI” que sólo veían en esta figura “a los firmones de los presidentes municipales”.

Precisó que no están acusando que hay mala administración, y que “no es un asunto político”, como lo interpretó el diputado federal del PRI Celestino Bailón.

Ante las declaraciones de éste publicadas en El Sur del fin de semana, González respondió que los perredistas “sí sabemos administrar y lo estamos haciendo con honestidad. Lo que no queremos es repetir los errores de los gobiernos de su partido. Si él cree que no hay buena administración, que haga las denuncias públicas ante las instancias que correspondan y que las sustente, no nada más que abra la boca en un asunto que sólo es para exigir respeto a la ley”.

Negó los señalamientos de que los síndicos acuden a la extorsión, chantaje y presión hechos por el coordinador de los alcaldes perredistas de la Costa Grande, el petatleco Javier Rodríguez Aceves.

González Ramírez consideró que esos señalamientos revelan desconocimiento del papel de contrapeso que debe significar la sindicatura, “pero si no quieren que se vigile el uso de los recursos que pidan al Congreso del Estado que reforme la ley para que puedan centralizar de manera irracional el manejo de los recursos. Que quede claro: no estamos señalando desvíos, este es un asunto de forma”.

“No ha habido presión para pedirles dinero a ninguno de los alcaldes, pero creemos que debe cumplirse con la ley y en ella se establece que los síndicos deben mancomunar firma con los presidentes municipales ante las cuentas bancarias y las órdenes de pago. No pretendemos extorsionar a nadie. Pedimos que la Auditoria General del Estado (AGE) haga respetar la ley”, respondió González.

En las mismas declaraciones a El Sur, el alcalde de Petatlán señaló directamente al síndico de José Azueta, Joaquín González de ser “el único que puede asesorar a los demás síndicos” y de estar “exportando esa tecnología” de enfrentarse con su alcalde, como sucede con González respecto de Amador Campos Aburto desde el inicio del gobierno municipal que éste encabeza.

Ante eso, González defendió como un derecho el acercamiento que ha tenido con los síndicos de Coahuayutla, Ignacio Torres Blázquez; el de La Unión, Tobías Barragán Farías y el de Petatlán Jacinto Segura Vega pues subrayó que en el artículo 101 de la ley de estado se reconoce que los síndicos y regidores deben estar “atentos al manejo de la ley en la cuestión de impuestos y sus modalidades y que somos corresponsables si no se cumple con la ley”.

Opinó que en cuanto a la cuenta pública “no se ha seguido el procedimiento adecuado” en el manejo de las ordenes de compra y las adquisiciones porque no cuentan con cuadros comparativos de proveedores o las listas de licitación de obras. “En ese sentido se refleja que los presidentes quieren actuar con libertad sin que los vigilen o los supervisen. Pero nosotros no hablamos de mala administración ni pretendemos chantajear a nadie”.

Dijo que los síndicos “se niegan a estampar su firma” en los reportes de gastos ejercidos porque “ya no son los tiempos de antes, del centralismo o del autoritarismo. El tiempo del presidencialismo ya se acabó. Las leyes ya se reformaron y los síndicos sólo estamos tratando de pedir que se nos dé nuestro lugar”.

González Ramírez dijo que mantienen “una buena relación de trabajo y respeto. El presidente Amador Campos no me está obligando a que firme la cuenta pública porque serán las instancias de la AGE las que me castiguen, multen o me llamen la atención si no firmo”.