Los incendios forestales son un componente esencial de diversos ecosistemas a lo largo del planeta, ya que tienen roles fundamentales en la dinámica de los ecosistemas y en la conservación de especies que se han desarrollado como respuesta al fuego. No obstante, se espera que la degradación de las tierras se intensifique debido a este fenómeno mundial, que frecuentemente causa pérdidas económicas, sociales y medioambientales. Esto ocurre en conjunto con el desuso de las tierras, la sequía, el desarrollo urbano y la falta de una gestión apropiada de los terrenos. Asimismo, se prevé que el peligro de incendio crezca en un contexto de clima más seco y cálido, lo cual hará que los incendios forestales sean una amenaza constante. La lixiviación del suelo expuesto por la lluvia es un efecto menos evidente, pero a largo plazo, que ha sido estudiado por científicos en una investigación publicada el pasado 5 de enero en la revista Nature Geoscience (https://www.nature.com/articles/s41561-025-01876-0).
Los investigadores, encabezados por Diana Simões Vieira, del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Ispra, Italia, sostiene que los impactos negativos de esta erosión del suelo son más serios de lo que se pensaba. En su publicación presentan una evaluación global de la erosión del suelo post-incendio, considerando los cambios geomorfológicos acumulativos impulsados por incendios forestales durante las últimas dos décadas.
Para su investigación, los científicos emplearon inicialmente imágenes satelitales de 2001 a 2019 con el propósito de identificar las áreas que habían sido impactadas por incendios forestales. Después, estimaron el posible alcance de la erosión en esas áreas para los años siguientes. Un modelo computacional que, para una ubicación específica, estima el nivel de erosión del suelo en función de la cobertura vegetal y la fuerza de las lluvias locales, hizo posible esto. Estimaron las tendencias globales de la erosión del suelo post-incendio utilizando una base de datos global sobre la ocurrencia y severidad de incendios forestales, y el modelo de la Ecuación Universal Revisada de Pérdida de Suelo (RUSLE), junto con la recuperación de los paisajes quemados mediante datos de teledetección.
Aún 18 años después del incendio, más de la mitad de las áreas analizadas no habían vuelto a su estado previo: en lugares donde el suelo se deteriora, hay menos vegetación para contrarrestar la erosión, lo que empeora aún más la calidad del suelo y así sucesivamente.
Simões Vieira y su equipo estimaron que la erosión provocada por múltiples eventos de incendios forestales causa una pérdida de alrededor 8 mil100 millones de toneladas de suelo anualmente, y una erosión adicional de aproximadamente 5 mil 100 millones de toneladas de suelo anualmente, en comparación con las condiciones previas al incendio. Esto equivale a cerca del 20 por ciento de la erosión total de suelo en todo el mundo.
África es el continente más afectado en términos de erosión del suelo post incendio (62 por ciento), dada su superficie quemada sustancialmente mayor (67 por ciento del total). Sin embargo, es evidente en todos los continentes, aunque en menor medida: Europa, por ejemplo, representa solo el 1 por ciento de la erosión del suelo causada por incendios.
Los científicos compilaron sus descubrimientos en un mapa global de la erosión provocada por el fuego. La sabana africana es indudablemente un foco de erosión provocada por el fuego.
De acuerdo con el Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales, desde 2002 hasta 2023 se incendian anualmente alrededor de cuatro millones de km² de terreno, lo que equivale aproximadamente a la superficie total de la Unión Europea.
Se espera que, debido al cambio climático, los incendios forestales sean más frecuentes e intensos en el futuro, impulsados por el aumento de la sequía y del calor. Los expertos pronostican también un incremento de las lluvias intensas. La erosión es particularmente problemática con estas lluvias intensas, porque el agua de lluvia no tiene la oportunidad de infiltrarse en la tierra. Por el contrario, se desliza a lo largo de la superficie y lleva consigo tierra. El equipo de investigadores calculó que en el periodo 2006-2019 muestra un aumento en la erosión del suelo después de incendios, y se estima que esta tendencia continuará con proyecciones de la erosividad de las lluvias para el periodo 2050-2070, previéndose un incremento entre el 11 y el 23 por ciento para 2050 y entre el 23 y el 28 por ciento para 2070.
Los resultados ilustran la magnitud de la erosión del suelo tras incendios a nivel mundial y, por lo tanto, respaldan las medidas de gestión posteriores a incendios para la mitigación y restauración de las zonas afectadas, así como las políticas orientadas a la neutralización de la degradación del suelo.
Estos hallazgos fortalecen la idea de que se ha prestado poca atención a la prevención y atenuación del efecto de los incendios en los terrenos forestales. Los investigadores aconsejan que estos resultados se empleen con el fin de optimizar los informes de evaluación del cambio climático y dar cuenta acerca de cómo los incendios en los bosques aportan a los reportes sobre la degradación de las tierras. Asimismo, es apremiante que se mejore la resiliencia de los bosques a nivel mundial para frenar el deterioro de las tierras y mejorar la adaptación al cambio climático.

Carl Linnaeus, el gran naturalista sueco, llevó a cabo una atrevida misión hace aproximadamente 300 años: conocer y ordenar para nombrar de manera científica a las especies del planeta. Se considera hoy en día el padre de la taxonomía moderna; además, fue quien elaboró el sistema de nomenclatura binomial y definió más de diez mil especies animales y vegetales. Los científicos han continuado identificando nuevas especies desde ese momento, en su empeño por investigar la biodiversidad terrestre.
En la actualidad se calcula que la humanidad conoce 2.5 millones de especies: la cifra corresponde a los animales, plantas, hongos y microorganismos que han sido descritos. Sin embargo, la cifra real probablemente sea mucho más alta: las estimaciones sugieren que existen entre decenas y cientos de millones de especies.
De acuerdo con un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Arizona, que fue publicado el pasado 5 de diciembre de 2025 en la revista Science Advances, los científicos están hallando especies a una velocidad nunca vista, identificando más de 16 mil especies nuevas anualmente. El equipo que trabajó en el estudio pronostica que la biodiversidad de algunos grupos, como los hongos, las plantas, los arácnidos, los peces y los anfibios, es más abundante de lo que se pensaba al principio. Esta tendencia no presenta indicios de desaceleración (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3071).
“Algunos científicos han sugerido que el ritmo de descripción de nuevas especies se ha ralentizado, lo que indica que nos estamos quedando sin especies nuevas por descubrir, pero nuestros resultados muestran lo contrario”, afirmó en un comunicado de la Universidad de Arizona, John Wiens, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Arizona y autor principal del artículo. “De hecho, estamos descubriendo nuevas especies a un ritmo nunca visto”. (https://news.arizona.edu/news/new-species-are-now-being-discovered-faster-ever-study-suggests).
El equipo de investigadores analizó las historias taxonómicas de aproximadamente 2 millones de especies, que abarcan todos los grupos de organismos vivos. Entre 2015 y 2020 –el período más reciente con datos completos-, los investigadores documentaron un promedio de más de 16 mil especies nuevas cada año, incluyendo más de 10 mil de especies animales (predominantemente artrópodos e insectos), 2 mil 500 especies de plantas y 2 mil especies de hongos.
“Estos miles de especies recién descubiertas cada año no son solo organismos microscópicos, sino que incluyen insectos, plantas, hongos e incluso cientos de nuevos vertebrados” señalo Wiens.
Con el fin de proyectar la cantidad de especies que se descubrirán y describirán en el futuro, el equipo de investigadores también estudió las tasas de aparición de especies nuevas a través del tiempo. Los biólogos no solo catalogan escarabajos o plantas de pequeño tamaño; cada año también identifican especies de aves, mamíferos o árboles que son nuevas para la ciencia.
En las últimas décadas, la velocidad de nuevos hallazgos se ha incrementado en la mayor parte de las clases de vertebrados. Esto es válido incluso para los mamíferos que se han investigado a fondo, a pesar de que la tasa general es más baja que en los comienzos del siglo XX, el periodo dorado del descubrimiento de las especies de grandes mamíferos. Las aves son una excepción entre los vertebrados, pues la mayor parte de las especies se han conocido desde hace más de un siglo y el número de nuevas descripciones al año es bastante bajo.
De acuerdo con el ritmo de nuevas descripciones establecido por el equipo de investigación en años recientes, la mayor parte de los anfibios y peces podrían seguir siendo desconocidos. Se estima, por ejemplo, que podrían existir hasta 115 mil especies de peces y 41 mil de anfibios, aunque en la actualidad se han documentado solamente alrededor de 42 mil especies de peces y 9 mil de anfibios. También estimaron que el número final de especies vegetales podría ser mayor a quinientas mil. Se han reconocido aproximadamente 1.1 millones de especies de insectos; sin embargo, muchos piensan que el número verdadero se aproxima a los 6 millones. Wiens propuso en un artículo previo que incluso podría estar cerca de los 20 millones.
A través de sus características visibles, la mayor parte de estas especies todavía se describen por primera vez. Sin embargo, los análisis de ADN están fomentando el surgimiento de lo que se conoce como especies crípticas: plantas y animales que a simple vista parecen totalmente iguales, pero cuya composición genética es tan distinta que en ocasiones tienen más diferencias que los humanos y los chimpancés. En particular, para la identificación de un gran número de nuevas especies durante un largo periodo de tiempo, el estudio del ADN proporcionó oportunidades inéditas en el caso de arqueas, hongos y bacterias.
“Actualmente, la mayoría de las especies nuevas se identifican mediante rasgos visibles”, afirma Wiens en el comunicado. “Pero a medida que mejoren las herramientas moleculares, descubriremos especies aún más crípticas: organismos que solo se distinguen a nivel genético. Esto es especialmente prometedor para revelar bacterias y hongos más singulares”.
“Descubrir nuevas especies es importante porque estas no pueden protegerse hasta que se describan científicamente”, añadió Wiens. “La documentación es el primer paso en la conservación; no podemos proteger una especie de la extinción si desconocemos su existencia”.
Asimismo, la identificación de nuevas especies ayuda a buscar nuevos productos naturales para el provecho del ser humano. Las medicinas para perder peso y combatir diabetes, cada vez más populares y que están basadas en una hormona del monstruo de Gila, y los agonistas del receptor GLP-1, son algunos ejemplos de productos naturales. Las plantas, los hongos y los venenos de las serpientes y arañas, también tienen productos naturales que podrían ser utilizados con fines médicos, como curas para el cáncer y el dolor.
Los científicos calculan que diez especies se extinguen cada año, con una tendencia a disminuir en el último siglo, según un estudio previo. En general, la tasa de descubrimientos es considerablemente mayor que la tasa de especies que se extinguen anualmente. No obstante, a diferencia de las nuevas descripciones confirmadas, este número está expuesto a múltiples incertidumbres. Con frecuencia, una especie no se considera oficialmente extinta hasta que han transcurrido muchos años, o incluso décadas, sin ningún avistamiento documentado u otra prueba. A pesar de que el pájaro carpintero de pico de marfil norteamericano es un ave grande, las autoridades estadounidenses lo declararon extinto más de 70 años después (y aun así, la discusión persistió).
Para numerosos animales y plantas, no se cuenta con datos sobre su tamaño poblacional o su distribución; frecuentemente, la ciencia solo tiene conocimiento de la descripción inicial. Por lo tanto, no se sabe si todavía existen. En los ecosistemas acuáticos y en los trópicos, la cantidad de datos es especialmente escasa. Según Wiens y su equipo, los entornos insulares y de agua dulce tienen un mayor riesgo de extinción.
Los investigadores tienen como siguiente tarea la intención de trazar un mapa para determinar los lugares donde se encuentran la mayoría de las especies nuevas, con el fin de identificar áreas geográficas importantes de biodiversidad aún no descubierta. Las montañas y las selvas tropicales alejadas, además de las profundidades oceánicas (menos del 0.001 por ciento de las cuales han sido observadas por los humanos), son vistas como zonas muy prometedoras para encontrar nuevas especies de plantas y animales. Además, les interesa saber quiénes hacen los descubrimientos y están verificando si ha habido un cambio, pasando de científicos mayormente europeos a investigadores que registran nuevas especies de sus propias naciones.
“Aunque la búsqueda de Linneo para identificar especies comenzó hace 300 años, el 15 por ciento de todas las especies conocidas se han descubierto tan solo en los últimos 20 años”, afirma Wiens en el comunicado. “Aún queda mucho por descubrir, y cada nuevo descubrimiento nos acerca a la comprensión y la protección de la increíble biodiversidad de la vida en nuestro planeta”.

 

 

Uno de los sistemas de normas internacionales más ambiciosos hasta ahora para la protección de los océanos entrará en vigor este sábado 17 de enero del 2026, al cumplirse los 120 días desde la ratificación número 60 por las partes. Por primera vez, los países miembros de las Naciones Unidas establecen normas compartidas para las áreas marinas que están fuera del control nacional y ocupan cerca de la mitad de la superficie terrestre, la alta mar. Es un día histórico para los océanos del planeta.
El acuerdo es crucial para la conservación de la alta mar y para administrar y contener efectivamente las amenazas transfronterizas, con el objetivo de que estas extensas aguas puedan mantenerse como hábitat para la vida marina. La alta mar, que representa el 61 por ciento del océano y está situada fuera de la jurisdicción nacional, es un bien común mundial por antonomasia. La biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional ha captado el interés a nivel mundial mientras los investigadores descubren la abundancia y fragilidad de esta biodiversidad, especialmente en torno a montañas submarinas, fuentes hidrotermales, corales y esponjas de aguas frías. La inquietud por la presión humana en aumento que ejercen las actividades emergentes y las ya existentes, como la bioprospección, la pesca, la minería y la contaminación en el mar, ha crecido. La alta mar está gobernada por un conjunto fragmentado de tratados y organizaciones internacionales.
Por ello, tras más de una década de debates en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esta, en su resolución 72/249 de 2017, convocó una conferencia intergubernamental para elaborar un nuevo tratado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) sobre la conservación y el uso sostenible de la de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
El acuerdo, oficialmente denominado Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional (Acuerdo BBNJ, en inglés) fue adoptado el diecinueve de junio de 2023, en Nueva York, durante una conferencia intergubernamental que tuvo lugar bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ver texto del Acuerdo en https://docs.un.org/es/a/conf.232/2023/4).
Es el tercer convenio de implementación de la CNUDM y aplica en las zonas marinas situadas fuera de las aguas territoriales nacionales hasta 12 millas náuticas y fuera de la zona económica exclusiva hasta 200 millas náuticas desde la costa. Esto abarca dos tercios de los océanos del mundo.
El objetivo del acuerdo “es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacionales” (Artículo 2 del acuerdo).
El acuerdo BBNJ se centra, entre otros aspectos en:
* Recursos genéticos marinos, incluidas consideraciones sobre la distribución de beneficios;
* Herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas;
* Evaluaciones de impacto ambiental; y
* Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.
Es decir, se trata de proteger y utilizar de forma sostenible la vida marina, compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos y fortalecer el conocimiento y la ciencia sobre los océanos del mundo
Puede verse como un acuerdo muy avanzado en los estándares multilaterales, que combina la protección del medio ambiente y el uso de recursos, otorgándole a las comunidades locales y a los pueblos originarios un rol esencial.
El foco está en el beneficio para la humanidad, incluyendo a las generaciones venideras. Esto suscitará cuestiones fascinantes en el futuro sobre la utilización de los recursos marinos; tal vez en algunas situaciones sea más sustentable y conlleve un mayor beneficio para el planeta si estos recursos no se emplean, sino que se dejan en el océano.
Es probable que el impacto del tratado se perciba en la asignación de áreas marinas protegidas mediante dicho acuerdo. Es seguro que la pesca en estas áreas se verá disminuida o eliminada, y es posible que las rutas de navegación también cambien, dependiendo el caso. Otra fortaleza es su capacidad para establecer áreas marinas protegidas mediante votación, no solo por consenso.
Las áreas marinas protegidas son más que meros cuadros en los mapas. El acuerdo podría significar una transición hacia áreas marinas protegidas a gran escala que ocupen más de 100 mil kilómetros cuadrados. Es necesario gestionarlas, supervisarlas y controlarlas de manera activa. Por ello, la importancia de llevar a cabo evaluaciones e investigaciones in situ, incluso en áreas apartadas de la costa.
La creación de áreas marinas protegidas no debería implicar la formación de áreas exentas de intervención humana. Numerosas personas que dependen de los océanos para alimentarse, sobrevivir y ganarse la vida entienden su medio ambiente y saben cómo cuidarlo. Despojar a los usuarios tradicionales de su acceso a las áreas marinas protegidas sería un error que podría, incluso, afectar negativamente a las comunidades marinas. Existen varios usuarios de los océanos, y se debe identificar con más exactitud quiénes son los que están causando el daño. Los motivos de la explotación oceánica no siempre están en el mar. Como sucede con numerosos problemas relacionados con los océanos, el origen del problema está en aquellas personas que promueven actividades por ejemplo con flotas ilegales de pesca, quienes pueden estar situadas en edificios de oficinas, centros comerciales o patios traseros en tierra firme. El que quiera cuidar el océano tiene que mirar más allá de sus fronteras.
Además, se planean evaluaciones de impacto ambiental antes de que cualquier actividad o intervención sea aprobada. Estas evaluaciones se enfocarán en el posible perjuicio a las aguas internacionales. Esto quiere decir que, si hay razones para pensar que estas aguas se verán perjudicadas, también pueden ser requeridos para actividades en aguas nacionales. Por ejemplo, esto podría ser relevante para proyectos que requieran la extracción de materias primas.
El acuerdo también trata varios asuntos transversales, define un procedimiento financiero y comprende acuerdos a nivel institucional, por ejemplo: la instauración de una conferencia de las partes y de diferentes entidades subsidiarias, una secretaría y un sistema de intercambio de información.
Sin embargo, la debilidad del acuerdo son sus mecanismos de aplicación. No hay sanciones en el acuerdo en este momento. Las violaciones quedan prácticamente sin castigo si no se ejerce presión política. La financiación tampoco es clara. La supervisión, el perfeccionamiento tecnológico y las áreas marinas protegidas continúan siendo meramente simbólicos sin una financiación confiable y a largo plazo. Aunque, por otro lado, el tratado proporciona nuevas maneras de perseguir penalmente las infracciones. Con la expansión de las capacidades tecnológicas para el monitoreo a distancia, como drones y satélites, existe una probabilidad elevada de que se aplique el tratado.
Hasta ahora, 145 Estados miembros de la ONU han firmado el acuerdo y 83 lo han ratificado. Que tantos países lo hayan firmado en tan breve plazo, incluyendo a China y numerosos países sin litoral, es un indicio evidente del interés. Este acuerdo y los Estados que lo han firmado muestran la intención de numerosos países de actuar, aunque no todos ellos lo ratifiquen, como es el caso de los Estados Unidos de América (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en).
El gobierno mexicano ha completado ya su proceso de ratificación. El 22 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la aprobación del decreto.
En la fase de implementación será crucial para el éxito del acuerdo que los estados que aún no se han adherido oficialmente lo hagan rápidamente. El verdadero éxito del acuerdo se medirá por su implementación efectiva, la solidez de sus instituciones y la materialización de los compromisos de conservación en medidas concretas.

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha utilizado energía solar antigua: absorbida por las plantas hace cientos de millones de años, almacenada en combustibles fósiles y extraída del suelo. Sin embargo, este año el estímulo se ha dirigido de manera indiscutible hacia la energía que hoy en día proviene del Sol. La energía renovable, que proviene principalmente de la luz solar o del viento y es impulsada por el Sol en última instancia, ha rebasado a la energía convencional en diversos aspectos.
En septiembre del año pasado, el presidente de China, Xi Jinping, anunció en la ONU que su nación disminuirá sus emisiones de carbono en un 10 por ciento durante diez años.
Esto se logrará no a través de un menor consumo energético, sino mediante la duplicación de la energía solar y eólica. Y las importaciones de paneles solares en Asia y África han aumentado rápidamente, porque los habitantes de esos lugares se han percatado de que la energía solar en los techos tiene la capacidad de proporcionar energía a ventiladores, luces y teléfonos móviles a un costo bajo. Por estos logros, la prestigiada revista estadunidense Science ha elegido en su número de 18 de diciembre de 2025: El auge de las energías renovables como su Avance del Año 2025 (https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.aee8000).
Esto, pese a que 2025 tuvo numerosos retos inquietantes para la ciencia, hubo un aspecto positivo: fue el primer año en que se produjo más energía mundialmente mediante energías renovables, como la solar y eólica, que del carbón. La situación estuvo muy próxima al “pico de carbono”, que es el momento en el que las emisiones de combustibles fósiles llegan a su punto más alto a escala global y después empiezan a bajar.
Esa meta puede estar a solo unos pocos años de distancia ahora. Estos cambios positivos se produjeron, sobre todo, porque la tecnología de energía solar y eólica está más disponible y porque las baterías de litio son más asequibles para la operación de los autos eléctricos y el almacenamiento de energía solar.
Como se señala en el editorial de Science, numerosas tecnologías que han fomentado este notable crecimiento se crearon en Estados Unidos, sin embargo, los progresos en su perfeccionamiento y producción ocurrieron en China.
China está obteniendo las ventajas económicas, proporcionando el 80 por ciento de los paneles solares, el 70 por ciento de las turbinas eólicas y el 70 por ciento de las baterías de litio a nivel global. La demanda de estos productos es inmensa fuera de Estados Unidos. Señala el comentario del reportero David Gelles, del New York Times: “Los paneles solares chinos son, en términos reales, la fuente de energía más económica que hemos tenido en el planeta”.
Science menciona anualmente algunas “fallas” que acompañan al gran avance. El gran avance de 2025 trae consigo un error para Estados Unidos, que no supo sacar el máximo provecho de sus propias innovaciones. Todos los países se benefician de las ventajas sociales y medioambientales del gran avance. Sin embargo, los beneficios económicos son disfrutados por China, que es el país más próspero del mundo gracias a la tecnología.
Science crítica que Estados Unidos aumenta su inversión en combustibles fósiles mientras que el resto del mundo adquiere la tecnología renovable de bajo costo proveniente de China. Indica, que el presidente Trump, el día de su toma de posesión, firmó una directiva ejecutiva para explotar los recursos naturales del país y “promover la producción y exploración de energía en aguas y tierras federales”.
Simultáneamente, se eliminaron los incentivos para la adquisición y producción de vehículos eléctricos en beneficio de los coches que funcionan con gasolina.
Fue un error desaprovechar la oportunidad de vender tecnología renovable al resto del planeta, aun sin tener en cuenta las repercusiones medioambientales de estas acciones. Los ingresos de China por la venta de tecnología renovable son casi iguales a los que Estados Unidos obtiene en este momento por la exportación de combustibles fósiles; sin embargo, debido a la gran demanda global, las ganancias obtenidas de la venta de tecnología renovable están creciendo mucho más rápidamente.
El editorial de Science continúa, comentando que, estos problemas se vuelven críticos a medida que la inteligencia artificial (IA) se utiliza más. Los centros de datos requeridos para la inteligencia artificial demandarán grandes cantidades de energía. Estados Unidos está invirtiendo en avances tecnológicos importantes en la IA, incluso un refuerzo anunciado recientemente para acelerar el progreso científico.
Todas estas iniciativas necesitarán que se invierta en nuevas fuentes de energía. Sin embargo, el manual estadunidense para promover la inteligencia artificial enfatiza los combustibles fósiles y no hace referencia explícita a las energías renovables. China contará con grandes cantidades de energía renovable para sus centros de datos, que tendrán a los combustibles fósiles como apoyo. Por ahora, Estados Unidos avanza con audacia hacia el pasado.
A pesar de que limitar el calentamiento global a un incremento de 1.5 grados probablemente ya no sea factible, la reducción inminente en el empleo de combustibles fósiles indica que China, el país con mayor consumo de carbón del planeta, se encuentra “a punto” de reducir su consumo, tal como afirmó Hannah Ritchie, científica de datos, a Science.
Esto hace posible una disminución en el uso total de combustibles fósiles. El avance global en el ámbito de las energías renovables ya está teniendo efectos positivos sobre el medio ambiente, aunque por la política energética regresiva que implementó la administración Trump, la utilización de combustibles fósiles continúa aumentando, pero su crecimiento es más pausado que el de las energías renovables.
Como se hace énfasis en el editorial de Science, los científicos que desarrollaron tecnologías para hacer posible esta transición energética son los responsables finales de estos progresos.
Las células solares de silicio que se emplean en la actualidad tienen su origen en las creadas por primera vez en Bell Labs en el año 1954. También, Reino Unido, Japón y la empresa Exxon en Estados Unidos fueron los lugares donde se desarrolló la tecnología de las baterías de litio recargables. Los pioneros que llevaron a cabo esta investigación esencial son los responsables del progreso actual.
Sin embargo, Estados Unidos está perdiendo la posibilidad de beneficiarse con su propia tecnología al renunciar a los ingresos y el poder geopolítico en favor de un país que, repetidamente, da mayor importancia a las habilidades tecnológicas que a las políticas.
Sin embargo, si nos inquieta el futuro, mirar hacia atrás nos permite ver lo increíblemente que han avanzado las energías renovables. La instalación de 1 gigavatio de capacidad de energía solar tomó un año completo en el mundo en 2004. Hoy, cada día se conecta el doble de esa cantidad. En aquel momento, las energías renovables eran vistas como virtuosas. A causa de las inquietudes climáticas, los consumidores estaban dispuestos a pagar una prima por la energía fósil. El incentivo principal, actualmente, es el interés personal: mayor seguridad energética y costos reducidos. Ese cambio de motivación puede ser el progreso más relevante de todos, asegurando que los hitos de este año sean solo el inicio.
Todo esto debe ser tomado con precaución, no se debe depender de los avances en renovables de China o de un solo país por simple razones geopolíticas. Es decir, se debe impulsar estos avances a nivel global sin dicha dependencia, así como una reducción significativa paralela en el uso de combustibles fósiles a nivel global frente al aumento de las renovables.

 

Con el Acuerdo de París de 2015, los países acordaron limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados e idealmente a 1.5 grados. Un componente fundamental del Acuerdo y de la consecución de estas metas son las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su acrónimo en inglés). Las NDC son la manifestación de los esfuerzos de cada nación por disminuir sus emisiones y adecuarse a las consecuencias del cambio climático.
El Acuerdo de París requiere en su artículo 4, párrafo 2:
“4(2). Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones”.
Cada cinco años (por ejemplo, en 2020, 2025 y 2030), las NDC se entregan a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sin importar sus respectivos plazos de implementación. El Acuerdo de París establece que las contribuciones determinadas a nivel nacional sucesivas deben mostrar un progreso con respecto a la anterior, y ser reflejo del mayor nivel de ambición posible, para incrementar esa ambición con el paso del tiempo.
Debido a las NDC previas y al esfuerzo de los países por llevarlas a cabo, actualmente nos dirigimos hacia un aumento de temperatura cercano a los 3 grados (https://www.wri.org/ndcs). Esto significa, que las NDC no alcanzan a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Es decir, sigue existiendo una brecha amplia en la ambición climática. La consecuencia es que se realizan desde distintos ámbitos llamados a una mayor ambición en las NDC que presentan los países, incluyendo objetivos absolutos de reducción de emisiones que abarcan todos los sectores económicos.
Al respecto, el Gobierno de México presentó su primer NDC el 27 de marzo de 2015 todavía anterior unos meses a la realización del Acuerdo de París. Tras la firma y ratificación del Acuerdo, todos los países aceptaron que dicha NDC fuera su primera contribución determinada a nivel nacional. México refrendó su NDC el 21 de septiembre de 2016. Luego la actualizó el 17 de noviembre de 2022, la NDC 2.0 y recientemente el Gobierno de México presentó y actualizó su NDC 3.0 el pasado 17 de noviembre del 2025 dentro de la Cumbre Climática de Belem, Brasil (COP 30) (https://unfccc.int/reports?f%5B0%5D=corporate_author%3A177).
En la NDC 3.0 de México, en cuanto al componente de mitigación ha sido fortalecido, exhibiendo un nivel de ambición más elevado en dos aspectos. La meta al 2035 es la primera que se presenta en términos absolutos, con el propósito de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, fue establecida con base en el objetivo a largo plazo al que México se ha comprometido: lograr cero emisiones netas para mediados de siglo. Por lo tanto, México establece por primera vez sus objetivos en términos netos, comprometiéndose a lograr emisiones netas de entre 364 y 404 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) para el año 2035 sin condiciones. Si se moviliza financiación, se fortalece la capacidad a través de la colaboración internacional y se transfiere tecnología, México podría llegar a un nivel de emisiones netas entre 332 y 363 MtCO2e.
El Inventario Nacional de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero calculó que las emisiones totales de GEI en el país llegaron a 757.29 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) en 2022 (sin incluir la categoría del uso de la tierra, la silvicultura y el cambio del uso de la tierra, USCUSS). La mayor parte corresponde al autotransporte (23.7 por ciento), seguido por la generación eléctrica (18.0 por ciento) y por la ganadería bovina (13.3 por ciento). En 2022, el saldo neto de las emisiones y absorciones de USCUSS fue de -188,78 MtCO2e absorbidos, por consiguiente, las emisiones netas alcanzaron los 568.51 MtCO2e (https://unfccc.int/reports?f%5B0%5D=corporate_author%3A177).
Es decir, en el escenario más pesimista de reducir las emisiones netas a 404 MtCO2e en 2035 respecto a las 568 MtCO2e en 2022, significa una reducción de 164 MtCO2e, un esfuerzo significativo para los próximos 10 años.
En efecto, en la NDC 3.0 tienen previsto emitir hasta el 2030 644 MtCO2e en emisiones brutas; al mismo tiempo, para ese año aspiran a aumentar las absorciones de carbono en los sumideros naturales en un mínimo de 200 MtCO2e. Con este propósito, planean asignar hasta el 2030 una contribución de emisiones a mitigar de manera sectorial de la forma siguiente: transporte: 23 por ciento; generación de energía eléctrica: 19 por ciento; industria: 18 por ciento; agricultura y ganadería: 17 por ciento; residuos: 9 por ciento; petróleo y gas: 8 por ciento; uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura: 3 por ciento; y residencial y comercial: 3 por ciento. Se esperaría, que esto pueda ser logrado.
El componente de adaptación también muestra un nivel más alto de ambición al fortalecer las acciones y medidas de los cinco ejes que se exponen en la NDC 2.0: (a) prevenir y atender los efectos adversos sobre la población humana y el territorio; (b) asegurar la producción resiliente y la seguridad alimentaria; (c) preservar, restaurar y utilizar de manera sostenible los servicios ecosistémicos y la biodiversidad; (d) gestionar los recursos hídricos con una perspectiva climática; y (e) proteger tanto la infraestructura estratégica como el patrimonio cultural tangible. Además, incluye un nuevo eje, el eje (f), que se ocupa de las relaciones entre el cambio climático y la seguridad. Su objetivo es mejorar la capacidad para responder frente a conflictos socioambientales y otros peligros a la seguridad humana que están relacionados con los efectos del cambio climático o son intensificados por ellos. Este elemento será la base para crear la primera Política Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) de México, la cual se prevé que se publique en 2026.
Asimismo, México fortalece la integralidad de su política climática al agregar tres elementos nuevos en la NDC 3.0. El primero de ellos, el componente de pérdidas y daños, que tiene en cuenta la relevancia de prevenir, reducir y enfrentar los impactos negativos del cambio climático que se mantienen a pesar de las iniciativas para mitigar y adaptarse. El segundo componente de la NDC 3.0 incorpora un elemento de política climática transversal que tiene como objetivo poner en práctica la perspectiva de género, la equidad intergeneracional, el enfoque de derechos humanos y la transición justa al llevar a cabo políticas climáticas, además de asegurar que se tomen en cuenta e incluyan efectivamente a las poblaciones prioritarias. Finalmente, el tercer componente es el de entorno habilitador y medios de implementación, que tiene como objetivo generar medidas específicas para impulsar la financiación, simplificar la transferencia de tecnología y reforzar las capacidades en todos los niveles, además de determinar intervenciones indispensables (que incluyen acciones relacionadas con reformas regulatorias) para asegurar las condiciones habilitantes que posibiliten la aplicación efectiva del NDC.
Realmente espero, que la NDC 3.0 de México se cumpla sería una excelente noticia para México y el planeta.

 

Es una realidad que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 no resolvió los múltiples problemas relacionados con el agua en México, por el contrario, a más de 30 años de la existencia de ésta, los problemas de la gestión del agua son mucho mayores para la sociedad mexicana y la naturaleza. Para ello, se requería expedir una Ley General de Aguas que atendiera los vacíos y omisiones de la LAN, derogando esta última, y no sólo reformarla, transformando el actual modelo de gestión del agua en el país, que no es ni equitativo, ni sustentable como lo mandata la reforma al Cuarto constitucional en la materia de 2012, que dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
En el transitorio del decreto se mandataba al Congreso a expedir un año después la Ley General de Aguas. Por fin se da esto, este 11 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, 13 años después se publica la nueva Ley General de Aguas y se realizan reformas a la LAN. Todo esto en un contexto lleno de incertidumbres y movilizaciones en su proceso legislativo en el Congreso de la Unión.
Una primera lectura de la Ley General de Aguas es que reconoce los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, aunque de manera limitada, al estar condicionados a ser respetados por los gobiernos de los municipios y sus sistemas operadores del agua. Asimismo, menciona en un par de artículos a los organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, pero no prohíbe su privatización de manera expresa. Se aporta la idea de que se va a garantizar este derecho al agua a través de la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), reformada también en paralelo. Esto, dado que la nueva Ley General de Aguas carece de instrumentos de navegación y/o implementación, ya que se apoya y depende totalmente de la LAN. Supongo, que el pretender que convivan ambas leyes, es debido a que existen sectores beneficiados durante esas tres décadas de vigencia de la LAN, en que se mantenga. El bloqueo de las carreteras y aduanas por parte de campesinos mal informados, al escucharlos en entrevistas, no fue un hecho fortuito, sino una estrategia para impedir que cualquier intento de llevar a cabo reformas efectivas contra el régimen actual de abusos en el sistema de concesiones tuviera éxito. Es más, me atrevería a pensar que muchas de las zonas de sobreexplotación de acuíferos y la disponibilidad de aguas en cuencas hidrológicas probablemente son las mismas donde se movilizaron los que se oponen a cualquier reforma profunda de la LAN, para continuar con la sobreexplotación y el tráfico con las concesiones. Se deben incluir los grupos conservadores que han politizado este tema, además de la hidrocracía, enquistada en el gobierno y la academia, que durante décadas se ha beneficiado del diseño de la LAN. Lo peor es que se transfieren los costos políticos al gobierno de esta reforma restringida, que en su escenario más probable no podrá dar cumplimiento al mandato constitucional del derecho de las personas al agua y saneamiento. No obvio el señalar, que queremos que este gobierno, que se entiende no es conservador, le vaya bien, pero deben dejarse ayudar en las sucesivas y necesarias reformas a la legislación del agua en México.
Todo este embrollo, tiene que ver con el origen de la LAN de 1992, que privilegió el valor del mercado como fuerza dominante y en consecuencia se redujo el papel rector del Estado, a un simple regulador, al quitarle en la realidad su rectoría sobre un bien esencial para la vida, como es el agua, eliminando la orientación social de legislaciones anteriores.
De hecho, el primer principio en que se sustenta la política hídrica nacional citado en su fracción I artículo 14 Bis 5 de la LAN es que: “el agua es un bien de dominio público federal…con valor social, económico y ambiental”. Es decir, se determina darle un valor de utilidad, más allá de su valor intrínseco por solo existir como elemento natural, y que por tanto tendría un valor propio que obliga a su conservación per se. Este principio sigue igual, intocable pese a la reforma reciente.
En este marco, la LAN, que regula el agua, debe tener una perspectiva de derechos humanos y de preservación de la naturaleza, según la cual el agua no es un bien sujeto a comercialización, sino uno de dominio público. Donde se indique de manera explícita que su utilización y aprovechamiento no concede derechos de propiedad a los individuos. Algo que no se pueden imaginar, por ejemplo, los grandes agricultores y ganaderos que se benefician del acaparamiento de agua para sus negocios antes que pensar en las personas que ahí viven.
En ese marco, en la LAN se considera a las aguas nacionales como un “recurso hídrico”, lo que significa que el agua se percibe más como un elemento natural susceptible de ser aprovechado para el beneficio de los individuos que como un componente natural de la naturaleza o de agua como bien común.
Se considera, que todo el “Título Cuarto. Derechos de Explotación, Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales” de la LAN requiere ser nuevamente revisado con calma, de manera pública y abierta, si se quiere continuar con esta LAN neoliberal, para armonizar el mandato del Cuarto constitucional del derecho al agua, de que “la ley definirá definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.
Uno de los problemas de abuso y desorden que causa la sobreexplotación de las aguas nacionales se manifiesta en el artículo 18 de la LAN. Dicho artículo señala que: “Las aguas nacionales del subsuelo podrán ser libremente alumbradas mediante obras artificiales, salvo cuando por causas de interés o utilidad pública la persona Titular del Ejecutivo Federal establezca zona reglamentada, de veda o de reserva o bien suspenda o limite provisionalmente el libre alumbramiento mediante Acuerdos de carácter general. Tal desregulación ha provocado el abuso en las cantidades de agua que se extraen del subsuelo. Sus supuestos para limitar el libre alumbramiento han sido letra muerta. Debe señalarse que se reformó ahora, pero de manera casi cosmética.
Adicional, el proceso de otorgar la concesión de usos del agua en la LAN ha sido opaco y discrecional, provocando tanto el sobreconcesionamiento, como el acaparamiento, sin garantizarse por tanto las reservas para los usos, como el doméstico, el público urbano, uso ambiental, ni mucho menos un enfoque integrado y con visión ecosistémica, es decir que existen una gran complejidad y límites biofísicos en los ecosistemas, para la gestión sostenible de los recursos hídricos. A manera de ejemplo, en el artículo 22 de la LAN que sí se buscó reformar, aunque de manera limitada, y que es clave para otorgar una concesión o asignación, se siguen usando criterios de otorgar concesiones con conceptos de recursos naturales no renovables como “uso racional”, cuando debería utilizarse el concepto de “uso equitativo y sustentable” del derecho al agua en el artículo Cuarto constitucional. Finalmente, el agua no es hidrocarburo o mineral, que es donde se debería dar un uso racional.
Otro apunte: se debe destacar, respecto a las comunidades indígenas y afromexicanas o pueblos originarios, que en ningún artículo de la LAN se hace alusión alguna a ellos. Por ejemplo, el determinar las provisiones cuando una autorización u otros actos previstos en la ley puedan afectar los derechos colectivos, de alguna comunidad campesina, indígena o afromexicana.
Concluyo señalando que el deterioro de los ecosistemas hídricos del país es evidente. Es una realidad, que las principales cuencas han sido deforestadas, alterándose sus ciclos hidrológicos. Al mismo tiempo, muchos de los ríos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos se encuentran contaminados. Estos deben dejar de ser simples canales o depósitos de agua para pasar a considerarse como ecosistemas hídricos cuyo buen estado ecológico es preciso recuperar y conservar. Para ello se requiere seguir trabajando en mejorar la legislación del agua recuperando el control rector del Estado mexicano de un bien propiedad de la Nación, como son las aguas nacionales.

Como todos los años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el pasado 1 de diciembre de 2025, los datos de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2024 (https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/10432).
Es interesante conocer cómo fue el cierre de las cuentas ecológicas en la anterior administración federal.
El primer indicador que se tiene es el denominado Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE), que se obtiene de restar al Producto Interno Bruto (PIB, que es la suma del valor (en dinero) de todos los bienes y servicios de uso final que genera el país en el año, tanto los costos por el Consumo de Capital Fijo (CCF, que es la depreciación de los activos fijos que posee y los que utiliza un productor, como consecuencia del deterioro físico, de la obsolescencia normal o de daños accidentales normales), y ojo, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental (CTDA). Así, después de restar ambos componentes resulta que el PINE del 2024 es de 76.6 por ciento del PIB, con un monto de 25.7 billones de pesos.
Como referencia, el PINE en el pasado sexenio representó en 2019 el 77.0 por ciento del PIB, en 2020 el 74.9 por ciento, en 2021 y 2022 el 75.6 por ciento, en 2023 el 76.9 por ciento del PIB promedio. Es decir, 2024 con su 76.6 por ciento de PINE respecto al PINE de 2023 fue ligeramente menor, y no alcanza todavía al valor de 2019 y años anteriores con proporciones del PINE más altos. Se necesita mejorar necesariamente el indicador en este sexenio.
De manera específica, en 2024, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental fueron equivalentes al 4.1 por ciento del PIB, que representan una cifra de 1.38 billones de pesos. En el 2023, los Costos fueron similares en términos relativos, 4.1 por ciento, pero en números absolutos un poco menores de 1.32 billones de pesos (https://www.inegi.org.mx/temas/ee/#informacion_general).
Esto, son los costos en los que la sociedad mexicana en su conjunto debería prevenir o buscar resolver evitando la reducción de sus recursos naturales, así como la degradación ambiental.
En 2024, del citado 4.1 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.4 por ciento (144 mil 20 millones de pesos) y el deterioro ambiental a 3.7 por ciento (1 billón 238 mil 194.4 millones de pesos) del PIB nacional.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos por 66 mil 319 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB), de los recursos forestales 40 mil 848 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB) y del agua subterránea por 36 mil 853 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB).
Respecto a los costos de la degradación ambiental, incluye las emisiones al aire por 832 mil 799.4 millones de pesos (2.5 por ciento del PIB), la degradación del suelo por 212 mil 348 millones de pesos (0.6 por ciento del PIB), la generación de residuos sólidos urbanos por 124 mil 438 millones de pesos (0.4 por ciento del PIB), y la contaminación del agua por aguas residuales no tratadas por 68 mil 609 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB).
Además del enorme costo de las emisiones al aire de 2.5 por ciento del PIB, no se deja de observar, que la suma de costos por agotamiento de aguas subterráneas (0.1 por ciento del PIB y de aguas residuales no tratadas 0.2 por ciento del PIB) representan un total de 0.3 por ciento del PIB del 2024. En costos económicos el agua es el tema importante por su agotamiento y contaminación, indicando una grave crisis en su gestión. Es necesario y urgente que se debe cambiar el rumbo de las políticas del agua.
Es importante resaltar, que durante 2024 los gastos relacionados a la protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares equivalen al 16.8 por ciento de los costos totales por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, o al 0.7 por ciento del PIB (232 mil 882 millones de pesos). Es decir, la inversión requerida para reducir el daño ecológico en el 2024 debería haber sido 6 veces más que la registrada en dicho año si se relacionan ambos conceptos de manera proporcional.
El Inegi señala que, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Ambientales de Naciones Unidas, los gastos en protección ambiental total del sector público se distribuyeron de la siguiente manera: 32.2 por ciento en actividades de protección del aire-ambiente y clima, 20.8 por ciento en gestión de los recursos hídricos, 11 por ciento en gestión de las aguas residuales y 10.3 por ciento en gestión de los residuos. El restante 25.7 por ciento se erogó en actividades diversas, como protección y conservación de la biodiversidad, agua, suelo, gestión de recursos minerales, energéticos y acuáticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, educación y gestión de la protección ambiental.
No se omite el señalar que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental. Lo que se debe es tratar de reducir los costos por agotamiento y degradación ambiental a través de su prevención. De hecho, el Inegi comenta que como proporción del PIB se gasta una cifra similar a la de Suiza o España, aunque no se dice si los costos totales del PIB por agotamiento y degradación ambiental de dichos países son también similares a los de México. No debe ser imposible el mitigar progresivamente la contaminación del aire y del agua, así como la sobreexplotación de este.

 

Las negociaciones de la 30 Conferencia (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tuvo lugar en Belém, Brasil, concluyó este 22 de noviembre. Finalizó con decisiones acerca de asuntos como la cooperación para una acción climática justa desde el punto de vista social y la adaptación global al cambio climático. Se han destinado recursos financieros para la adaptación al cambio climático y la preservación de la selva tropical. No obstante, no se ha progresado en el establecimiento de una hoja de ruta para la eliminación paulatina del carbón, el petróleo y el gas, y poner fin a la deforestación mundial.
La gran mayoría de los países representados en la CMNUCC no quedaron satisfechos con los resultados de las negociaciones sobre la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. La COP 30 ha causado decepción a un gran número de personas, particularmente a los jóvenes, las comunidades indígenas y todos los que padecen el impacto del cambio climático, según el secretario general de la ONU, António Guterres. El ministro del Medio Ambiente alemán, Carsten Schneider, manifestó un juicio análogo, acusando a las naciones productoras de petróleo de utilizar tácticas que obstaculizan.
Por ello, André Corrêa do Lago, presidente de la COP 30, anunció en la sesión plenaria de cierre dos hojas de ruta para suprimir progresivamente los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación mundial. Estas se institucionalizarán a través de un proceso dirigido por la COP 30 todavía bajo su presidencia en el contexto de la CMNUCC, facilitando así el rumbo hacia la siguiente COP 31, que tendrá lugar en Turquía bajo el liderazgo turco de la COP y el liderazgo australiano de las negociaciones.

Contribuciones determinadas a nivel nacional

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC en inglés) son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo. Las contribuciones determinadas a nivel nacional encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático.

 

Hasta noviembre de 2025, aproximadamente 122 países habían presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) nuevas o actualizadas a la CMNUCC. Es importante destacar que, aunque el número total de Partes en el Acuerdo de París es de 195, un número significativo de países, incluyendo varios de los mayores emisores, aún no habían presentado sus planes en la fecha límite o en los informes recientes de noviembre de 2025. En numerosas naciones, lo que solía ser fácil de implementar ya se ha llevado a cabo, y las políticas más complejas enfrentan los temores relacionados con el desarrollo económico. Apenas un segmento de las naciones estableció nuevas metas este año. El documento final exhorta en este momento a la comunidad internacional a poner en práctica, como mínimo, lo ya expuesto –aunque ni siquiera eso es seguro– y, si se puede, a incorporar metas adicionales. Pese a esto es un avance importante, a pesar de que la brecha de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para no alcanzar el límite de 1.5 grados Celsius sigue siendo significativa.

No se ha establecido un plan detallado para la eliminación gradual de los combustibles fósiles

El propósito del Acuerdo Climático de París de restringir el calentamiento global a 1.5 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales está lejos de ser alcanzado por la comunidad internacional. Los científicos ahora creen que este objetivo se superará, al menos de manera temporal, y no más allá de principios de la década del 2030. Las repercusiones incluirían sequías, inundaciones, incendios forestales y tormentas más frecuentes y severos.
Aunque las acciones para llegar a la meta de 1.5 grados no estaban oficialmente en la agenda de esta COP, se discutieron extensamente. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó sorpresivamente un plan para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a nivel mundial justo antes de que comenzara la conferencia. Más de 80 naciones, entre ellas Alemania y sus aliados europeos, la respaldaron. No obstante, Arabia Saudita y Rusia, naciones productoras de petróleo, se manifestaron en contra. Además, India y China se negaron a participar. El documento final, que tiene ocho páginas, trata el asunto de manera indirecta, haciendo alusión a la resolución que se aprobó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevada a cabo dos años antes en Dubái. En aquel momento, los participantes decidieron renunciar a los combustibles fósiles, sin determinar cuándo ni de qué manera.

Transición justa

En el contexto de la protección social del clima, conocida como Transición Justa, se han establecido vínculos entre el Norte y el Sur Global. Se decidió crear un mecanismo de transición justa que optimizará la colaboración internacional en este asunto y compartirá experiencias y soluciones sobre cómo llevar a cabo una transición hacia un futuro con neutralidad climática de manera equitativa. Esto ha hecho que la protección social del clima tenga un rol más relevante en la Conferencia Mundial sobre el Clima.

Financiación para la selva tropical.

Brasil ha creado un fondo nuevo con el objetivo de salvaguardar las selvas tropicales. El TFFF (Fondo Bosques Tropicales para Siempre) tiene como objetivo proteger más de mil millones de hectáreas de selva tropical en más de setenta naciones. Noruega se ha comprometido a aportar tres mil millones de dólares en los próximos diez años. Cada uno de Brasil e Indonesia contribuye con mil millones de dólares. Se prevé que Alemania aporte mil millones de euros en el mismo lapso. El fondo tiene como objetivo captar dinero de inversores privados y donantes públicos, el cual se invertirá en el mercado de capitales. Una fracción de las ganancias producidas se asignará a compensar a las naciones que protegen sus selvas tropicales. Se propone un pago de cuatro dólares por año por cada hectárea de selva tropical que se conserve. Por cada hectárea de bosque que sea arrasada, se aplicarán multas.
Que el tema de las selvas tropicales, que Brasil, como país anfitrión, defendió, no haya podido ser incluido de manera significativa en el documento final de la COP 30 es un indicio de los resultados insatisfactorios. Se cree que influyentes agrupaciones industriales de Brasil, como las del sector minero y ganadero, obstaculizaron un mayor compromiso con la preservación de los bosques.
No obstante, la conferencia no implementó un plan específico para detener la deforestación. Solamente reiteró una decisión anterior para frenarla para 2030. Sin embargo, la presidencia brasileña de la COP 30 comunicó un plan para poner fin a la deforestación mundial en el encuentro plenario de cierre. Dado que la selva tropical, sobre todo los pulmones verdes del planeta, está al borde de puntos de inflexión irrevocables, este es un paso esencial. El anuncio de la hoja de ruta por parte de la presidencia constituye un avance significativo para lograr el congelamiento de la deforestación para 2030.

Fondos para adaptarse al cambio climático

Para ayudar a las naciones más empobrecidas a adaptarse a las consecuencias del calentamiento global, los países ricos deberán incrementar de manera importante su asistencia climática. Se resolvió triplicar dicha asistencia hacia el 2035. En 2019, las naciones industrializadas se comprometieron en ese momento a elevar esta asistencia a 40 mil millones de dólares anuales. No obstante, las organizaciones para el desarrollo alertan que la cuantía esperada de 120 mil millones de dólares anuales para la adaptación corre el riesgo de no concretarse.
Establecimiento de indicadores para la adaptación

Para medir y organizar el avance hacia el objetivo global de adaptación al cambio climático, se estableció una lista con aproximadamente 60 indicadores.

Fondo para la Gestión de Pérdidas y Daños

El Fondo para la Gestión de Pérdidas y Daños (FRLD) ya está funcionando completamente. En la COP 30, se presentó el primer periodo de solicitud de proyectos enfocados en promover iniciativas de adaptación climática con una visión a futuro en el Sur Global. Este es un hito significativo para el fondo.

Medidas comerciales

En cuanto a las medidas comerciales, se iniciará por primera vez un diálogo con organizaciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto se debe a las acusaciones de países emergentes y en desarrollo de que algunas medidas comerciales de la política climática de la Unión Europea, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM), tienen un impacto desproporcionadamente negativo en ellos. El CBAM es un impuesto al carbono sobre bienes producidos mediante métodos perjudiciales para el clima. Por lo tanto, el documento final acordó un diálogo de tres años para abordar estas cuestiones.

La próxima cumbre
global sobre el clima se
llevará a cabo en Turquía

La ciudad turística de Antalya, en Turquía, acogerá la siguiente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre de 2026. La COP será presidida por Turquía, y Australia llevará a cabo las negociaciones y ocupará la vicepresidencia. Los dos países compitieron para acoger la conferencia. Si no se hubiera alcanzado un acuerdo antes de la fecha límite del viernes, la COP del año siguiente se hubiese realizado de manera automática en Bonn, donde está ubicada la Secretaría del Clima de la ONU.

Colofón

Los políticos creyeron en lo que decían los científicos, por lo que establecieron una serie de objetivos y necesidades mediante el Acuerdo de París de 2015. Desde ese momento, las pruebas de que el calentamiento se intensifica y de que los fenómenos meteorológicos extremos serán más severos y frecuentes no han dejado de crecer. Hechos que resultan en cientos de miles de fallecimientos y en pérdidas económicas de cientos de miles de millones de dólares. El negacionismo ultraderechista y el retroceso en las políticas medioambientales, en las que parece haberse estancado por ejemplo la Unión Europea, representan una amenaza. No solo porque no enfrentan la crisis medioambiental que atraviesa el mundo, sino también porque infringen el consenso social de que esa crisis, sin importar las creencias políticas de cada uno, es un asunto que nos atañe a todos.
Las difíciles negociaciones en Brasil pusieron de manifiesto las restricciones del acuerdo global para proteger el clima. Aunque los países pueden pactar compromisos y planes esenciales, las discrepancias aumentan a medida que se intenta conseguir resultados. La hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es el ejemplo más relevante. Un grupo de países que producen petróleo consiguió impedir que los combustibles fósiles aparecieran en el documento final. Pero no solamente los sospechosos habituales detienen el progreso. La Unión Europea, que además prefiere mostrarse como líder en cuestiones climáticas, también se opone en términos financieros.
Sin embargo, la COP30 no fue arrastrada al caos por la actual agitación geopolítica. Y pese a las discusiones entre representantes durante la sesión plenaria, los países finalmente lograron llegar a un acuerdo sobre un documento final de la COP 30. Es importante tener presente lo extraordinario que es esto, así como el hecho mismo de que existan conferencias climáticas mundiales de esta índole.

Cada año se presenta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), el Índice de Desempeño en Cambio Climático (CCPI, en inglés). Por ello, el CCPI se dio a conocer el pasado 18 de noviembre en la COP30 de Belem, Brasil. El índice es elaborado por Germanwatch, Climate Action Network International y el NewClimate Institute, examina y contrasta la actuación de 63 países y la Unión Europea en términos de mitigación del cambio climático. Se creó este Índice como un instrumento para promover la transparencia en las políticas globales relacionadas con el cambio climático. El Índice también busca comparar los avances de cada país y los esfuerzos para mitigar el cambio climático.
A partir del CCPI 2026, el CCPI emplea un marco de criterios estandarizados con el fin de analizar y cotejar los resultados climáticos de 63 naciones y la Unión Europea. Estos países emiten más del 90 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial en total. Por consiguiente, otros países con emisiones significativamente inferiores no son aplicables a la metodología del CCPI. Sin embargo, en los últimos años se han incluido regularmente nuevos países (Nigeria, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán fueron añadidos al CCPI 2024). El propósito de las clasificaciones por países es simplificar la comprensión de la compleja red de obligaciones concretas de cada nación, así como los compromisos cumplidos y no cumplidos, e impulsar las primeras medidas en la acción internacional sobre el clima. El índice se puede consultar públicamente en línea: https://ccpi.org/download/climate-change-performance-index-2026/.
El Índice examina el rendimiento de cada nación en cuatro áreas distintas: Emisiones de gases de efecto invernadero (40 por ciento de su ponderación según la clasificación general), energías renovables (20 por ciento ponderado), uso de la energía (20 por ciento ponderado) y política climática (20 por ciento ponderado). Además, responde a la cuestión de hasta qué punto cada nación está tomando las acciones necesarias en términos de emisiones, energías renovables y consumo energético para lograr las metas climáticas definidas en París. El apoyo constante y las aportaciones de unos 450 especialistas en energía y clima hacen posible la sección única del CCPI sobre política climática, que examina el funcionamiento de las políticas climáticas de los países a nivel nacional e internacional.
En el Índice de Desempeño en Cambio Climático, los tres primeros lugares continúan desocupados, como en los años previos. De acuerdo con lo que piensan los autores, los tres primeros lugares quedaron vacíos porque ninguno de los países evaluados está haciendo lo suficiente para contrarrestar el peligroso cambio climático, tal como sucedió en años previos. Para ajustarse al límite de temperatura del Acuerdo de París, las naciones tienen que apresurar la acción climática. Dinamarca continúa siendo el país mejor posicionado (4), debido en parte a la ampliación de las energías renovables (2). Gran Bretaña (5) y Marruecos (6) lo siguieron. Niklas Höhne, coautor del Instituto NewClimate, declaró que “Marruecos continúa registrando emisiones muy reducidas, de 2.6 toneladas por persona, y causa admiración con sus importantes inversiones en el transporte público y con una meta climática relativamente ambiciosa para el 2035”.
China está en el lugar 54 del índice, lo que significa que subió una posición con respecto a su puesto anterior. Los autores del informe admiten, por ejemplo, que la producción de electricidad a partir de energía solar y eólica se incrementó un 25 por ciento en 2024 en comparación con el año anterior. No obstante, China aumentó de forma notable su producción de energía a través de combustibles fósiles. Según el informe, “la producción de carbón alcanzó en 2024 un récord, superando a la del resto del mundo en cuanto a proyectos de construcción iniciados”.
En el Índice, Estados Unidos sufrió una caída especialmente pronunciada (65, perdiendo ocho posiciones), lo que lo dejó antepenúltimo. Sólo Irán (66) y Arabia Saudita (67) lo sobrepasan. Rusia (64), obtiene resultados más favorables. Todos estos países no muestran señales de alejarse de los combustibles fósiles como modelo de negocio.
México ocupa un rango medio en el Índice (31) avanzando 8 posiciones. En la categoría de emisiones de GEI también ocupa un rango medio (26), así como en la categoría de uso de la energía (18) y política climática (17). Se destaca que, en la categoría de energía renovable, México se encuentra en los países de la categoría muy baja (56). Por lo que se observa, es en esta última categoría hacia donde se deben encaminar los principales esfuerzos de país en materia de mitigación.
El Reino Unido (5) es el único país del G-20 que se encuentra entre los más destacados en el Índice. Diez naciones del G-20 tienen un puntaje muy bajo en términos generales. La reducción del cambio climático es un deber específico del G-20 porque sus miembros concentran más de tres cuartas partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
La Unión Europea baja tres puestos para ubicarse (20), con una calificación media. En comparación con versiones previas, ninguna nación de la Unión Europea obtiene una calificación global demasiado baja. Bulgaria (51) es el país de la Unión Europea, con los peores resultados. Otros nueve países de la Unión tienen una calificación general baja.
Según se indica en el informe, la política climática se debilitó de manera notable tanto a nivel interno como externo durante el segundo periodo presidencial de Donald Trump. El informe subraya, a pesar de estos contratiempos, el desarrollo sostenido de las energías renovables, que es promovido en gran parte por las políticas estatales y por las fuerzas del mercado.

 

Se reconoce que la humanidad está en una encrucijada. La ciencia señala que se han roto con los limites planetarios para mantener la vida de la humanidad que hemos conocido. Si las emisiones de gases de efecto invernadero y la devastación de los ecosistemas producto de las actividades humanas siguen a su actual velocidad, el resultado para la naturaleza su biodiversidad y ambiente será desastroso. El derecho internacional, en conjunto con las acciones diplomáticas, políticas y económicas, tiene un rol que cumplir en la modificación de nuestra relación con la naturaleza, para que podamos pasar de una relación perjudicial a una armoniosa con ella.
En dicho sentido se está impulsando que en el derecho se aplique el concepto de “ecocidio”. La palabra ecocidio se compone de dos partes: “eco-“, que proviene de la palabra griega oikos (que significa casa), y “-cidio”, que proviene del latín caedere (que significa matar). Por ende, en términos etimológicos, se refiere a “la acción de matar la casa”. El prefijo “eco-“, está relacionado con el medio ambiente, como en la palabra “ecología”, en tanto que el sufijo”-cidio” es el mismo que se usa en términos como genocidio (que significa “matanza de un pueblo”). Esta formulación tiene su origen en la definición que, en noviembre de 1944, propuso el jurista polaco Rafael Lemkin, quien fue el creador de la palabra “genocidio”.
En este contexto, a fines del año 2020, la Fundación Stop Ecocidio reunió a un panel de expertos independientes (el “Panel”), compuesto por doce juristas provenientes de diversas regiones del mundo y que poseían un conjunto balanceado de conocimientos y experiencia en derecho penal internacional, derecho ambiental y derecho climático. Estos expertos, fueron encargados de crear una definición pragmática y efectiva del delito de ecocidio. En junio de 2021 el Panel alcanzó un acuerdo sobre el texto fundamental que define al ecocidio como un delito internacional y que es presentada en el documento: Comentario acerca de la Definición (https://es.stopecocide.earth/legal-definition).
El Panel en su documento con-sidera que la definición sugerida pueda ser utilizada como funda-mento para discutir una modifi-cación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (la “Corte”) adoptado en 1998 y del que México forma parte. El Estatuto aborda delitos que se consideran de gran importancia y relevancia para la comunidad internacional y es hora de que incluya la protección contra el daño ambiental significativo, lo cual ya es visto como un problema de gran preocupación mundial.
El Panel de Expertos aconseja las siguientes enmiendas para añadir el ecocidio como un nuevo delito del Estatuto de Roma. Es importante destacar que, además de eso, puede ser preciso añadir enmiendas com-plementarias en otros artículos del Estatuto de Roma, especialmente el artículo 9, y también en las Reglas de Procedimiento y Prueba y en los Elementos de los Crímenes de la Corte.
A. Incorporación de un párrafo 2 bis al preámbulo:
Preocupados por la amenaza constante a la que el medioambiente está siendo sometido como resultado de su grave destrucción y degradación que ponen en serio peligro los sistemas naturales y humanos en todo el mundo,
B. Incorporación al párrafo 1 del artículo 5:
(e) El crimen de ecocidio.
C. Incorporación de un artículo 8 ter:
Artículo 8 ter
El Ecocidio
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “ecocidio” cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.
2. A efectos del párrafo 1:
Se entenderá por “arbitrario”, el acto temerario de hacer caso omiso de unos daños que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja social o económica prevista;
Se entenderá por “grave”, el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medioambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos;
Se entenderá por “extenso”, el daño que vaya más allá de una zona geográfica limitada, rebase las fronteras estatales o afecte a la totalidad de un ecosistema o una especie o a un gran número de seres humanos;
Se entenderá por “duradero”, el daño irreversible o que no se pueda reparar mediante su regeneración natural en un plazo razonable;
Se entenderá por “medioambiente”, la Tierra, su biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera, así como el espacio ultraterrestre.
Al añadir el ecocidio al Estatuto de Roma, se incluiría un delito nuevo en el derecho penal internacional. Este sería el primero en implementarse desde 1945. Se fundamentaría en un crimen que ya existe, como el de causar graves daños al medio ambiente en contextos de conflicto armado. Al mismo tiempo, mostraría que en la actualidad la mayor parte de los daños más severos a la naturaleza se dan durante periodos de paz, algo que no es competencia del tribunal. Por lo tanto, esta definición de ecocidio le ofrece a los Estados Parte del Estatuto de Roma la posibilidad de abordar los desafíos contemporáneos.
Alcanzar un consenso sobre el ecocidio podría ayudar a cambiar la mentalidad y la dirección, con el fin de promover la protección del medio ambiente y crear un marco legal más cooperativo y efectivo para nuestro futuro en el planeta que ocupamos. Proporcionaría un nuevo instrumento legal que es práctico.
Este trabajo del Panel se fundó en los esfuerzos previos, que tuvieron lugar desde los juicios de Núremberg de 1945 del Tribuna Militar Internacional y que buscaban establecer definiciones de nuevos delitos internacionales, incluyendo el “genocidio” y los “crímenes contra la humanidad”. El ecocidio es inspirado tanto en la forma como en el fondo por ambos términos. Esperamos que, junto con los crímenes de agresión y los crímenes de guerra, el ecocidio pueda ser reconocido como el quinto crimen internacional.
Además, este trabajo se inspira en otros orígenes. En 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el primer ministro de Suecia, Olaf Palme, evocó la idea del ecocidio como crimen internacional, en el transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Más tarde, otras personas –por ejemplo, Benjamin Whitaker en 1985– desarrollaron esta idea y también se han llevado a cabo esfuerzos más recientes.
El Panel le dedica el trabajo al jurista australiano James Crawford (1948-2021), quien, a través de su trabajo como jurista, magistrado de la Corte Internacional de Justicia e investigador, ayudó a que la pro-tección del medio ambiente se con-virtiera en un aspecto fundamental del derecho internacional contemporáneo. Asimismo, a la británica Polly Higgins (1968-2019), cuya labor pionera acerca del ecocidio posibilitó esta propuesta de iniciativa.
Después de que se presentara en 2021 la definición internacional de ecocidio, decenas de países han estado discutiendo sobre legislar el concepto del ecocidio, con propuestas y adopciones a nivel nacional en diferentes etapas en un amplio número de naciones, desde Brasil hasta Bélgica. La nueva Directiva europea contra los delitos ambientales clasifica acciones “similares al ecocidio” como crimen calificado (lo que tiene consecuencias para los 25 Estados miembros).
El 9 de septiembre de 2024, Vanuatu, Fiyi y Samoa, tres países insulares del Pacífico, presentaron oficialmente la propuesta de añadir el delito de ecocidio al Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que inició una discusión entre los Estados miembros de dicha corte. La República Democrática del Congo ya ha brindado su apoyo, y Ucrania es una defensora decidida de la ley del ecocidio en el marco de la devastación medioambiental durante las guerras.
La Fundación Stop Ecocidio considera que utilizar el derecho penal permitirá emplear el establecimiento de líneas rojas de tipo legal y moral. La iniciativa de tipificar el ecocidio en la legislación penal internacional –y por qué no, nacional y subnacional– establecerá un mecanismo disuasorio que se puede aplicar para proteger al mundo vivo y a todos los que dependen de él, así como para prevenir los daños más serios, entre ellos aquellos que agravan el cambio climático. Simultáneamente, tiene la posibilidad de fortalecer con firmeza los acuerdos y las leyes ambientales vigentes, así como de catalizar un cambio cultural positivo hacia una comprensión más equilibrada de la posición y el papel que desempeña el ser humano en nuestra casa común: la Tierra.