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Llaman padres de los 43 en Tlapa a formar un solo frente para exigir su presentación con vida

 

Una comisión de padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de 14 meses en Iguala, llamaron a los ciudadanos a que los apoyen, y a las organizaciones sociales a que hagan un solo frente para exigir la presentación con vida de sus hijos y que se haga justicia para todos.
Los padres, encabezados por Melitón Ortega, estuvieron en la delegación municipal de la colonia El Tepeyac, donde fue asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral, el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) Antonio Vivar Díaz.
Melitón Ortega llamó a la unidad a las organizaciones sociales para que se detengan las reformas estructurales, se respete el territorio de los pueblos y se avance en la construcción de los concejos municipales.
También invitó a una marcha el próximo 12 de diciembre en Chilpancingo, a cuatro años de los asesinatos de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Destacó que, como familiares de los 43 estudiantes, se mantienen unidos pese a que el Estado los ha intentado dividir, confrontar, comprar y confundir al pueblo para destruir el movimiento que lo único que persigue es encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables, “queremos saber qué pasó ese día, esa es la razón de estar juntos y trabajar juntos, aunque nos hayan querido comprar con dinero, la vida de nuestros hijos no está en venta, somos pobres y no recibimos ningún dinero como quieren hacer creer a la gente”
Detalló que están en una segunda etapa de revisión del expediente del caso Ayotzinapa con la subprocuraduría de Derechos Humanos, que se reunirán cada 15 días para evaluar los avances con la procuradora y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que el miércoles tienen una reunión en Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Dijo que no le creen al gobierno ni a sus instituciones porque, aseguró, sus hijos ya no existían para ellos, y que aceptarán el dolor sólo porque así lo dijeron tres personas, pese a las deficiencias de la investigación que “son mentiras”.
Lamentó que por la exigencia de no permitir las elecciones el 7 de junio hayan asesinado a Antonio Vivar Díaz, quien se había sumado a la exigencia de la presentación con vida de los normalistas: “el gobierno utiliza las fuerzas represivas para callarnos, nos mandan retenes, nos cercan para que nos quedemos encerrados y no salgamos a exigir justicia”, lamentó.
Pidió a los asistentes que no crean en lo que se publica en medios de comunicación, sobre todo Televisa y Milenio, que califican a los jóvenes de provocadores y delincuentes.
El padre del normalista desaparecido José Cantor dijo que viven con dolor y tratan se seguir, “con esta cosa de malas que nos tocó, por eso no dejamos de buscarlos y pensamos que quienes se los llevaron no tienen corazón”.
Denunció que el gobierno los sigue lastimando al no permitir su libre paso y hostigarlos con retenes, tratándolos como delincuentes.
Una de la madres se quejó de que algunas personas los tachen de flojos y les dicen que se vayan a su casa, que dejen de marchar porque sus hijos ya se murieron, y que mejor se vayan a cuidar a los vivos: “creen que nosotros no queremos eso, estar juntos y unidos como antes, pero no podemos porque los desaparecieron a fuerza”, y responsabilizó al gobierno y a los militares que lo permitieron.
“Seguimos aquí porque no queremos que sigan desapareciendo más personas, y el gobierno luego diga que no sabe nada”, refutó.
Dijeron que recorrieron Olinalá, Tototepec y Acatepec, donde se reunieron con más de 20 representantes de comunidades que pertenecen al Consejo de Damnificados de la Montaña, y que este lunes buscarían un espacio en la XEZV La Voz de la Montaña para difundir el objetivo de su visita.

Convoca la CETEG a una marcha por la libertad de Gonzalo Molina que cumple dos años en prisión

A dos años de la detención y reclusión del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, los dos grupos antagónicos de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) convocaron a organizaciones sociales a manifestarse para exigir su libertad.
A pesar de que ambos grupos de la CETEG se han pronunciado contra la reforma educativa y la evaluación del servicio profesional docente, además de que coinciden en su discurso por la defensa de la educación pública, continúa la ruptura interna y las manifestaciones paralelas del magisterio disidente.
Gonzalo Molina cumple hoy dos años en prisión, durante ese tiempo ha estado en el penal federal de Miahuatlán, en Oaxaca, en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en junio de este año fue trasladado a la prisión de Chilpancingo.
El promotor de la CRAC desde que se encuentra preso en Chilpancingo, se ha comunicado por teléfono con los dirigentes de la CETEG cuando el magisterio disidente protesta en la ciudad, para animarlos a continuar en el movimiento.
La CETEG opositora, que dirige en la región Centro la integrante de la Comisión Política, Antonia Morales Vélez, convocó a las organizaciones sociales y a la sociedad a participar hoy en una marcha para exigir la liberación de Gonzalo Molina y de todos los presos políticos.
Por otra parte, la CETEG oficial que encabeza el secretario general, Ramos Reyes Guerrero, y representa en la región Centro el integrante de la Comisión Política, Carlos Botello Barrera, llamó a las organizaciones sociales del estado a participar en un mitin que se llevará a cabo hoy por la mañana en la cárcel de Chilpancingo para exigir la liberación de Gonzalo Molina.

Separan a la jueza de Tlapa de los casos de Nestora Salgado y Gonzalo Molina ante irregularidades

 

La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa,  se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.

Marcha la Comunitaria de Olinalá; cumple 3 años y pide la libertad de Nestora Salgado

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá marchó al cumplir tres años de que el pueblo se armó  contra la delincuencia organizada que secuestraba y mataba a vecinos, y exigió la libertad de la coordinadora Nestora Salgado García.
Asimismo, exigieron justicia para el activista del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Antonio Vivar, asesinado por policías federales el 7 de junio, durante la jornada electoral; exigieron libertad para todos los presos políticos y la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos desaparecidos hace más de trece meses.
La CRAC-PC de Olinalá, Huamuxtitlán, Cualac, Alpoyeca, Atlixtac, Tixtla y Ahuacuotzingo, en su recorrido por las principales calles de Olinalá recordaron que el 27 de octubre, como ciudadanos inconformes por los secuestros, robos, abigeato y homicidios, decidieron garantizar su propia seguridad, ya que “estábamos enterrando a uno y se escuchó que habían secuestrado a otro, y venían por más, por eso se tocaron las campanas”.
El tesorero del Consejo Social Olinalteco, Carlos Patrón recordó que se conformaron en esta figura para brindarse seguridad, porque el municipio no lo hizo; luego llegaron  marinos y militares que tampoco lo hicieron, y por eso se incorporaron a la CRAC-PC.
Mientras pasaban por las calles, los vecinos los observaban, en algunos momentos les gritaron “traidores, cuéntennos bien”, las consigna de libertad para Nestora y el llamado a que se unieran a ellos.
Los participantes en el mitin en la explanada municipal coincidieron en la exigencia de libertad para Nestora y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La hermana de Nestora, Cleotilde Salgado leyó la carta que envió a los medios la coordinadora hace unos días para invitar a que se sumaran a la actividad de este 27 por la libertad de los presos; su sobrino Giovani leyó la carta del Cecop, firmada por Marco Antonio Suástegui, quien le da su respaldo, y mencionó que su tía llamó a que no se olviden de lo que pasó.
Del MPG región Montaña, Arnulfo Cerón llamó a los asistentes a que no se doblen ni se rajen, y dijo  que es cierto lo que dijo Nestora, “el enemigo es el gobierno”.
También estuvo el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) Reyes Ramos Guerrero, quien dijo que es preocupante que a 13 meses no se sepa nada de los 43 estudiantes y pidió la libertad de Nestora Salgado.
Una acompañante del plantón permanente por los 43 en la ciudad de México, Cristina Bautista pidió libertad para Nestora, llamó a la unidad y solidaridad, porque “los que perdimos un familiar sabemos qué se siente”, y recordó que su hermano murió a causa de la tortura, después de ser detenido por policías.
Integrantes del Partido Obrero Socialista dijeron que la lucha de las policías comunitarias es heroica, ya que las comunidades no confían en las autoridades y por eso toman la seguridad en sus manos.
El representante de la Policía Comunitaria de Pochutla, Miguel Crespo, del municipio de Ahuacuotzingo dijo que se integró a la Policía Comunitaria el 18 de marzo de 2015, y que el 4 de julio tuvo un enfrentamiento con delincuentes que detuvieron y enviaron a Espino Blanco. Dijo que los policías comunitarios han sido amenazados por el grupo delincuencial Los Rojos de cortarles la cabeza.
El representante de Huamuxtitlán lamentó el encarcelamiento de Nestora, a quien le fabricaron delitos por defender a su pueblo. Recordó que se armaron por el secuestro de 17 vecinos en Huamuxtitlán y la colusión de las autoridades municipales con la delincuencia, y que desde entonces tienen amenazas de muerte.
Una policía comunitaria de Cuateconcingo, municipio de Cualac, pidió la libertad de todos los presos políticos, a tres años de que los vecinos, encabezados por Nestora Salgado, iniciaron su defensa contra los robos y secuestros.
La mayoría de los participantes fueron policías comunitarios de distintos municipios, la familia de Nestora Salgado y vecinos, además de representantes del MPG de la  Montaña. De la CETEG, sólo Ramos Reyes y otras cinco maestros; del Frente Democrático Unitario de Lucha (Fredul) y del Comité Nacional por los Presos Políticos.

Un herido y dos intoxicados por una explosión en una casa de Olinalá



La explosión en una vivienda en la que se almacenaba gasolina para su venta a granel en Olinalá causó la quemadura de un vecino en el pie y dos más se intoxicaron, mientras que autoridades municipales y vecinos tuvieron problemas para sofocar el incendio por falta del equipo adecuado.
Los hechos fueron en la calle la Ceiba, en la periferia de la cabecera municipal ubicada en la región de La Montaña, donde de acuerdo con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Sabás de la Rosa Camacho, el mal manejo del combustible y su almacenamiento de manera irregular ocasionó el accidente.
Según los vecinos en el momento que un auto era abastecido del combustible se originó una chispa que causó un incendio y enseguida una explosión por la cantidad de gasolina que era almacenada en la vivienda, aproximadamente 600 litros.
El siniestro provocó quemaduras en el pie a David Coronel Redondo de 24 años y dos intoxicados que se desconoce su nombre; en tanto que las autoridades municipales y los vecinos de Olinalá tuvieron dificultades para sofocar el incendio que sólo consumió la vivienda habilitada como estación de recarga de combustible y no se extendió a otras viviendas, indicó el funcionario estatal.

Rechazan comuneros de Temalacatzingo, en Olinalá, el Procede por cuarta ocasión

Carmen González Benicio Tlapa

Unos 800 comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, rechazaron por cuarta ocasión que se aplique el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en sus tierras comunales que desde el 27 de marzo de 2004 intenta realizar la representación de la Procuraduría Agraria (PA) en la región.

Después de ser plantados el 9 de abril por el residente de la PA, Miguel Ángel Bello Rivera, el subdelegado de asuntos jurídicos y Raymundo Santiago, jefe del departamento operativo del Procede, los campesinos convocaron a otra asamblea que se realizó el domingo 23 en esta comunidad nahua con la presencia de 800 comuneros.

En la reunión convocada por Juan Villa Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales se rechazó el Procede, después de la explicación que brindaron las autoridades agrarias sobre el mismo y al no dar respuestas concretas a los comuneros.

Las autoridades no especificaron que las mediciones son en línea recta, sólo que se harían vía satélite y los comuneros ubican sus tierras con mojoneras, explicó Gaudencio Aguilar, miembros del área jurídica de Tlachinollan.

Agregó que los de la PA respondieron a otro comunero que las tierras no se privatizarán y para seguridad los diputados iban a sacar nuevas leyes para protegerlos, lo que desalentó al comunero pues dijo que de nada servía si los diputados no informaban de lo que hacían y ni regresaban a sus comunidades.

En tanto, los comuneros manejan desde 1955 un padrón interno y eligen a sus autoridades mediante los usos y costumbres y sí hay comuneros, comentó Villa Hernández.

De este modo al rechazar el Procede los comuneros sólo buscarán que las autoridades agrarias reconozcan y entreguen las credenciales a las autoridades elegidas por usos y costumbres, porque existen otras alternativas y sin entrar al programa de certificación.

Ante esta decisión los comuneros de Temalacatzingo demandarán a la PA, SRA y al Tribunal Unitario Agrario (TUA) por incurrir en responsabilidades al no adjuntar el padrón de comuneros en la carpeta básica que les entregaron, comentó Gaudencio Aguilar.

Después de ser rechazado el programa y antes de retirarse de la Asamblea, que duro seis horas, los de la PA repartieron volantes con información del Procede, lo que se tomó como una ofensa para los comuneros, dijo Villa Hernández.

Abundó que las autoridades agrarias se contradicen al decir que no hay comuneros en ese núcleo agrario pero para implementar el Procede se necesita una Asamblea de Comuneros, entonces son o no, se preguntó.

Lamentó que no los apoyen para resolver los conflictos por invasión de tierras que están teniendo con los ejidatarios de su mismo municipio.

En el transcurso de la asamblea se leían pancartas que decían “la tierra era de quien la trabaja”.

Los comuneros pedirán que la comisión mixta formada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado (SAI), Tlachinollan, la PA y el Congreso local, busque la manera de que sean reconocidos y regularizados como tales porque para ellos el Procede es un caso cerrado y sí existen otras alternativas para ser reconocidos.

Los comuneros culparon a la PA de generar la división de los habitantes por su “necedad” de aplicar el Procede y de tratar de convencerlos de que era la única forma de tener el título de comuneros ya que no existe un padrón.

Señalaron a una persona de nombre Porfirio Quiroz Díaz, que promovía la introducción del Procede y les pedía dinero casa por casa para hacer las gestiones.

Se pone en huelga de hambre el ex aspirante del PRI en Olinalá preso por secuestro

José Virginio Lucero exige su libertad inmediata

 Familiares instalan una protesta similar afuera del TSJ

 Teresa de la Cruz Chilpancingo  

El ex precandidato del PRI a alcalde de Olinalá, preso en el penal de Chilpancingo por secuestro, José Virginio Lucero Ibarra, comenzó ayer una huelga de hambre para demandar su “libertad inmediata”.

Asimismo, los familiares del preso hicieron lo mismo afuera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para exigir al presidente Raúl Calvo Sánchez que el juez penal de Tlapa “se apegue a derecho y dicte una sentencia absolutoria”.

Cerca de las 10 de la mañana, en el Cereso de esta capital el presunto secuestrador del actual alcalde de Olinalá, Víctor Apreza Salgado, y de Domingo Terrazas, José Virginio Lucero Ibarra, comenzó una huelga de hambre para exigir su “libertad inmediata”.

José Virginio Lucero Ibarra fue precandidato del PRI a alcalde de Olinalá cuyo periodo duraría del 2002 al 2005. En ese tiempo contendió en la elección interna contra Víctor Apreza Salgado y Ramón Patrón.

El 5 de junio de 2002, a un día de que Víctor Apreza Salgado comenzara su campaña, Lucero Ibarra fue detenido en Olinalá “sin orden de aprehensión” por policías judiciales, quienes lo acusaron del delito de secuestro.

El proceso se desarrolló tras dictarle auto de formal prisión, y la semana pasada el juez penal de Tlapa debió emitir la sentencia.

Mediante un documento que envió a los medios de información, Lucero Ibarra aseguró que a más de dos años sigue siendo “victima de la corrupción y negligencia que impera en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”

Responsabilizó a la PGJE de “avalar” a los caciques que lo acusaron de ser el autor material del secuestro, y entre ellos señaló al actual alcalde de Olinalá; al ahora coordinador de Alianzas del candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores, Héctor Apreza Patrón; al ex presidente municipal de Olinalá, Manuel Rosendo Sánchez, y al comandante de la Policía Judicial, Teodomiro Lara.

Consideró que a la PGJE sólo “la usaron sus adversarios” para deshacerse de él, debido a que era uno de los precandidatos “con mayor preferencia electoral”.

Mientras que afuera del Tribunal Superior de Justicia, familiares del presunto secuestrador comenzaron también una huelga de hambre, para exigir al presidente, Raúl Calvo Sánchez que el juez penal de Tlapa “se apegue a derecho al dictar la sentencia”.

En entrevista, el padre José Virginio Lucero Ibarra, Luis Lucero Rosales, aseguró que desde la semana pasada el juez penal de Tlapa debió haber dictado la sentencia a su hijo, “pero por presiones políticas de Héctor Apreza Patrón y de Víctor Apreza Salgado no la ha emitido”.

Indicó que a dos años de permanecer recluido en el Cereso de la capital “el asunto de mi hijo sigue siendo político, hay presiones para que no salga, hubo presiones para que fabricarle el delito de secuestro y así quitarlo del camino debido a que tenía preferencia electoral”.

Dijo que el lunes, Héctor Apreza Patrón y el ahora alcalde de Olinalá “vinieron a presionar al presidente del Tribunal Superior de Justicia para que mi hijo no salga libre, para que el juez de Tlapa cambie el dictamen y la sentencia sea condenatoria”.

Lucero Rosales expresó que el objetivo de la huelga de hambre es demandar la libertad inmediata de su hijo y exigirle al presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, que “se aplique la ley, porque mi hijo es inocente, lo detuvieron sólo para sacarlo de la jugada”.

Por su parte, el abogado del presunto secuestrador, Urbano Lucas, mencionó que ellos hablaron con el presidente del TSJ; él “nos dijo que será el juez penal de Tlapa quien determine la situación jurídica de José Virginio Lucero, pero no le creemos”.

Asimismo, mencionó que los “verdaderos secuestradores fueron detenidos en Puebla,           “ellos deslindaron a José Virginio Lucero y           se adjudicaron la responsabilidad del plagio, pero no entendemos porqué no ha sido considerada esa prueba”.