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En este año van 35 detenidos por narcomenudeo en la entidad: PGR

El delegado de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón, informó que en lo que va del año han detenido a 35 personas por narcomenudeo en el estado.

El funcionario indicó que no han encontrado vínculos de los detenidos con policías, y que de esos 35 la mitad son de Acapulco.

Después de visitar, el viernes, el nuevo edificio de esa dependencia en Acapulco, en compañía del procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, Rodríguez Calderón argumentó que “Acapulco nuestra primera preocupación. Si hablamos de regiones del estado, es nuestra primera preocupación, estamos definitivamente conscientes del compromiso que esto implica”.

Agregó que esos detenidos ya se encuentran en penitenciarias del estado. Planteó que un problema para ellos es que el narcomenudeo, por las cantidades pequeñas que se manejan, es fácil de transportar en mochilas, maletas, en la bolsa del pantalón o en una cangurera.

Declaró que son los ciudadanos quienes tienen “más ojos” que ellos, pues ubican los lugares donde se ejerce la actividad.

El funcionario explicó que el reportaje realizado por Tv Azteca, en marzo pasado, en el cual se ubicaban lugares donde se distribuía droga al menudeo en la Costera, fue motivo de una revisión; “obviamente fue negativo, pues el domicilio ya no se encontraba habitado en este momento. Obviamente ese trabajo de investigación, alertó al delincuente que se encontraba ahí”.

Y añadió que antes de la transmisión de ese reportaje hicieron una operación, “escasamente a diez cuadras de ese lugar, donde encontramos una casa en la cual entramos y detuvimos a dos personas, y aseguramos 54 bolsas de cocaína”.

Añadió: “recogimos más de 25 gramos de cocaína pura”.

El funcionario señaló que la mitad de narcomenuderos fueron aprehendidos en el poblado de El Cayaco, playa Hornitos, Ciudad Renacimiento, colonia Emiliano Zapata, Mozimba, “en todos esos lugares se logró esas detenciones porque fueron denuncias anónimas”.

Agregó que incluso en el parque Papagayo han logrado detener a gente que se dedica a vender mariguana.

José Alberto Rodríguez señaló que “cuando se habla de una casa de venta de cocaína, por ejemplo, en la tiendita es venta cerrada, y eso nos genera más tiempo para abrir investigación y solicitar el cateo correspondiente al juez federal”. (Jorge Nava).

Decomisa la PGR 2 mil 465 discos piratas en Acapulco y en Huitzuco

 Denunciaron la venta ilegal las disqueras formales. Participan en el decomiso policías de la AFI

 Durante una operación en Acapulco, policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), decomisaron mil 465 discos compactos piratas en las calles del Mercado Central y la calle Vallarta.

En un boletín de prensa se informó que el decomiso fue el resultado de una querella presentada por el apoderado legal de empresas productoras de discos.

Se informó que en el decomiso participaron los policías de la AFI, adscritos a la delegación Guerrero de la PGR, y bajo la supervisión del representante social de la Federación.

El material pirata fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la averiguación previa 402/A4/2003, por la violación a la Ley en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual e Industrial.

En tanto, en otro boletín de prensa fechado en Chilpancingo, se informó también que policías de la AFI decomisaron mil discos compactos y 730 audiocassettes piratas en puestos del mercado del municipio de Huitzuco de los Figueroa.

El decomiso también fue en respuesta a una querella presentada por otro apoderado legal de empresas productoras de discos compactos y audicassettes. En este caso se integró la averiguación previa 09/IDD/04 por el mismo delito en la agencia del Ministerio Público de la Federación.

Marchan mil personas exigiendo respeto a ejidos y cese hostigamiento a sus líderes por la PGR

Campesinos, colonos y dirigentes, en el contingente

 Karina Contreras Zihuatanejo

Más de mil personas, entre ejidatarios, colonos y organizaciones sociales, llevaron a cabo una marcha en la Costera para exigir el respeto a las tierras de los ejidos y comunidades de Acapulco; cese el hostigamiento de la Procuraduría General de la República (PGR)  y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a sus dirigentes a quienes les han “fabricado delitos”; rechazó al proyecto de la presa La Parota, así como la libertad de los presos políticos.

Otras de las exigencias de los inconformes fueron el cese inmediato de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Luz Mercedes del Carmen López Díaz; que los TUA pasen a formar parte del Poder Judicial de la Federación, pues actualmente están inmersos en la “corrupción y consigna a favor de las empresas y caciques”, entre otras demanadas.

La marcha empezó a las 10:40 de la mañana y salió de la glorieta de La Diana con dirección al Zócalo. El contingente ocupó tres de los cuatro carriles, pero aún así se dificultó el tráfico que los agentes de Tránsito trataban de agilizar.

La protesta estaba presidida por una gran manta, en la cual se leía: “Presidente Vicente Fox atienda los problemas de los ejidos de Acapulco. Alto a las persecuciones a dirigentes campesinos”.

Atrás de ella, el contingente de más de mil personas era encabezado por los dirigentes, con los brazos entrelazados, que marcaban el paso de la marcha. Ahí, se vio al ex diputado federal del PT, Félix Castellanos Hernández; el asesor jurídico, Humberto Sevilla García; la presidenta del PRD municipal, Beatriz González Hurtado; el regidor, José Luis Morales; el dirigente de la Corriente Crítica, Leopoldo Calderón Caballero; la ex diputada local, Rosario Merlín García; el Comisario Ejidal de San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles.

También, en la marcha, se observó a Martha Olivia Niño, a los familiares de César Sabino Palma, a las autoridades de los ejidos como El Podrido, Icacos, Cayaco, La Estación, Plan de los Amates, Las Cruces, Llano Largo, Puerto Marqués, Lomas de Chapultepec, La Venta, Barrio Nuevo.

Contingentes de colonias como Renacimiento, Fuerza Aérea, Ex Campo de Tiro, Zapata, La Laja, que también llevaban sus propias peticiones como servicio de agua, luz y drenaje.

Durante las dos horas que duró la marcha, los oradores, mediante un megáfono, insistían una y otra vez que esa era la marcha de la dignidad de los campesinos y mediante las bocinas salían un alto a la represión y persecución por parte de la PGR, al asesor, Humberto Servilla García y a Rosario Merlín García, ya que insistían que no eran delincuentes y que no habían saqueado al pueblo como los priístas.

Más de 30 mantas y muchos carteles se observaron en el contingente, en los cuales estaban plasmadas las peticiones.                 Entre ellas, la que decía “Familia Niño Palma. Cerro del Tigre, Presente en la defensa de los derechos de sus tierras”, “Sr. Presidente Vicente Fox. Queremos justicia. Los ejidos del municipio de Acapulco y de Guerrero con magistrada equilibrada”, “Sr. Gobernador y Sr. Presidente. El ejido de Llano Largo reclama justicia al despojo de tierra por decretos que no se han cumplido”.

También estaba la manta de los ejidatarios de Icacos, donde se leía: “El ejido de Icacos del municipio de Acapulco exige a Pemex la devolución de la hectárea de tierra donde se construyen las Torres Victoria expropiada en 1942” o la de “Ejido de Lomas de Chapultepec exigimos agilidad e imparcialidad del TUA 41 en la solución del juicio agrario”.

Las consignas estuvieron presentes, y de las más repetidas estaban “ En una jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el gobierno chingando a la nación”; “Sí Zapata viviera, que chinga les pusiera”, “”Zapata vive, la lucha sigue”, “La gente se pregunta y esos quiénes son, somos ejidatarios, y exigimos solución” o la de “René entiende, el pueblo no se vende”.

Durante su recorrido, los inconformes recibieron el apoyo de los ciudadanos que observaban la marcha en las banquetas, incluso algunos repetían las consignas. Luego de dos horas, la marcha llegó al Zócalo, lugar en donde se dieron los discursos de los dirigentes y en donde coincidieron en mantener la unidad de los ejidos para evitar que sigan los despojos a las tierras de los campesinos.

Los oradores

El primero en participar fue el secretario del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Eduardo Martínez, quien los exhortó a mantenerse unidos y dijo que esa marcha era para demostrarle al gobierno que no se van a dejar pisotear por los empresarios ni por el gobierno. Manifestó que es hora de que Guerrero se dé cuenta y es el momento de reaccionar y luchar, porque ya basta de la marginación y de pisotear el derecho constitucional.

Por su parte, la presidenta del PRD municipal, Beatriz González dijo que ese partido apoya a los campesinos porque su lucha es justa, y agregó que el tan pregonado estado de derechos por todos los ámbitos de gobierno no se está respetando.

Hizo un llamado al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame para que instruya a quien corresponda para que den cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue favorable a los ejidatarios de El Podrido.

La dirigente municipal pidió también una mesa de trabajo para analizar cada uno de los problemas de los ejidos.

En su intervención, el dirigente de uno de los grupos inconformes con la presa La Parota, Gumersindo Joaquín Prudencio, insistió en pedir apoyo a los ejidos para el conflicto que enfrentan con la CFE y los gobiernos.

Acusó el dirigente que los tres niveles de gobierno hasta el momento se han hecho oídos sordos,   y no han querido solucionar el conflicto, porque le están apostando al magno proyecto que quieren llevar a cabo en las tierras de los campesinos de Cacahuatepec, y que son el patrimonio y el futuro de sus hijos.

Joaquín Prudencio advirtió que la CFE va a fallar en su proyecto, pues  los campesinos no van a permitir que con su arrogancia sigan queriendo imponer, como lo ha hecho en otras presas, donde solamente ha dejado pobreza. Dijo que están firmes y no se van a doblegar porque saben que el gobierno y la CFE le apuesta al cansancio.

Mientras que el asesor, Humberto Sevilla García dijo que no lo doblega ni la intimidación ni la amenaza, pues está convencido de que tienen que reclamar los derechos del pueblo. Se pronunció también por el cese inmediata de la magistrada del TUA 41 a quien acusó de manipular las resoluciones a favor de los empresarios.

Pidió la intervención del procurador de la PGR, Rafael Macedo de la Concha para que volteé sus ojos a sus subalternos, porque están ofertando “como mercancía barata” la PGR a favor de los empresarios y están amenazando a las familias por cumplir a favor de los empresarios.

Desconoce el delegado de la PGR si la SIEDO investiga aquí a El Azul

 

 Jorge Nava

El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, afirmó el viernes que la delegación Guerrero “no investiga a ningún jefe policiaco del estado” que pudiera tener nexos con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

En visita a Acapulco donde acudió como invitado al cambio de mando en la Octava Zona Naval, el funcionario argumentó que es la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), corporación integrante de la PGR, que maneja investigaciones en lo particular.

Señaló que las indagaciones de la SIEDO, son independientes de los asuntos que trabajan directamente la Delegación PGR en el estado.

Si se investiga al ex director de la Policía Judicial del Estado (PJE), Jaime Figueroa Velázquez –señalado por el ex judicial, Gabriel Cortés Ramírez, de que junto con otros ex comandantes y jefes de la Judicial, están vinculados con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul–, insistió que la Delegación PGR Guerrero, no investiga a ningún jefe policiaco.

El funcionario manifestó que también son otras áreas de la PGR quienes investigan la red de corrupción y narcotráfico de Morelos que también pudo mantener nexos con funcionarios de la entidad, y que en el caso del estado vecino, tenía el mando, el detenido ex coordinador de la Policía Ministerial del estado, José Agustín Montiel López.

Seguridad Pública no tiene información de nexos de policías de Guerrero con Montiel, dice Lima Gómez

El titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno del estado, Arturo Lima Gómez, afirmó que están en la mejor “disposición” de colaborar y brindar la apertura a las investigaciones necesarias que pudiese solicitar la PGR en ese sentido.

Señaló que el motivo es porque no están en el ánimo de “vedar o impedir las pesquisas que a derecho corresponda”.

Afirma, que sobre todo, “estamos en la mejor disposición de colaborar y dar la apertura necesaria a las investigaciones que tenga que practicar las autoridades del ramo que corresponda, para que se deslinde responsabilidades”.

Según Arturo Lima, no cuentan con ninguna información sobre funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado mantienen o mantuvieron alguna relación con el ex coordinador de la Policía Ministerial del estado de Morelos, José Agustín Montiel.

Sugirió que lo viable es que las investigaciones que efectúan los órganos ministeriales de la federación se practiquen con todo el rigor del derecho que corresponda, y se proceda.

Negó que cuenten con indicios de la ubicación de las personas identificadas –en este caso del también ex director de la Judicial, Edilberto Solís Ramírez, así como los ex comandantes Víctor Castro Valente y Federico Peredo Jiménez–.

Argumentó que está seguro de que actualmente en la Policía Judicial del Estado no hay policías involucrados con el narcotráfico, pues expuso que con su “gran cruzada de capacitación y profesionalzación policiaca”, un curriculum académico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no les demuestra esas circunstancias.

Indaga la PGR nexos con El Azul del ex director de la Judicial, Jaime Figueroa

 

 Según declaraciones de un ex agente, el ex funcionario daba protección a las actividades del narcotraficante en la Costa Grande. Confirma el subprocurador Flores Saavedra que la SIEDO investiga también al ex director de la PJE Edilberto Solís, y a los ex comandantes Víctor Castro y Federico Peredo

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

En declaraciones hechas por escrito ante la Procuraduría General de la República (PGR), el ex agente de la Policía Judicial del estado Gabriel Cortés Ramírez denunció que el ex director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez, así como ex comandantes y jefes de grupo de la Policía Judicial del Estado (PJE) están vinculados con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

Mientras tanto el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Manuel Saavedra Flores, confirmó ayer que los dos ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez, así como los ex comandantes de la misma corporación, Víctor Castro Valente y Federico Peredo Jiménez, son investigados por la Subprocuraduría para la Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), pero dijo que desconoce por qué delitos.

Lo anterior luego de que el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, declaró el lunes pasado que el organismo solicitó hace tres meses a la SIEDO que se desglosen los delitos que pudieron haber cometido los dos ex jefes policiacos a fin de que se deslinden los que deben ser investigados por la PGR y los que tiene que investigar la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Las declaraciones del subprocurador Saavedra Flores también fueron en ese sentido, dijo que están demandando a la SIEDO el desglose de la averiguación previa en la que se basa la investigación a fin de que la Procuraduría estatal pueda actuar en contra de los dos ex jefes policiacos por cuanto hace a los delitos del fuero común.

Según una declaración por escrito del ex agente de la PJE, Gabriel Cortés Ramírez ante lo que fue la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), actualmente la SIEDO, cuando menos el ex director de la Policía Judicial, Figueroa Velázquez estaría involucrado con el narcotraficante Juan José Esparragoza, El Azul.

En su declaración el ex agente señala que cuando estaba destacamentado en el municipio de La Unión, en la Costa Grande de Guerrero, se percató de que el comandante Francisco Javier Ramírez Cisneros, “llevaba pacas de dólares” al entonces director de la Policía Judicial, Jaime Figueroa Velázquez.

El ex policía agrega que “me enteré por comentarios del mismo Ramírez Cisneros que ese dinero se lo mandaba al director de la Judicial, Carlos Rosales, El Carlillos, un ex agente del Ministerio Público federal que ya estaba trabajando para la banda de El Azul, como pago por protección e información de las operaciones que pudiera hacer la policía.

Carlos Rosales Mendoza es presuntamente el mismo que encabezó el comando que asaltó la cárcel de Apatzingán, Michoacán, en enero de este año, de donde sacó a presos acusados de narcotráfico.

Cortés Ramírez detalló asimismo en su declaración ante la UEDO que en febrero del 2002 “un compañero de nombre Jorge Luis Orbe Lucas, le comentó al comandante Ramírez Cisneros que había visto a unas personas armadas que habían llegado a la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión y le propuso que les cayeran para desarmarlos, pero el comandante Ramírez Cisneros le dijo: con esa gente no te metas, están parados allá arriba, son gente de El Azul”.

También señaló que incluso por órdenes de Figueroa Velázquez, dos policías judiciales fueron comisionados como escoltas de Carlos Rosales quien encabezaba a ese grupo de gente de El Azul que había llegado a Petacalco.

En otra parte de su declaración, el ex agente de la Policía Judicial señala que incluso, uno de los agentes que sirvió de escolta, Jorge Luis Orbe Lucas “se hizo muy amigo del narcotraficante Carlos Rosales, El Carlillos y de su gente porque hasta le regalaron una pistola Pietro Bereta, una camioneta robada y dinero en efectivo.

Señaló también que El Carlillos tiene una casa “muy ostentosa” en Petacalco aunque radica en Laredo, Texas, y en Reynosa, Tamaulipas, pero que en el mes de diciembre llega a su casa y a su rancho de Petacalco que se ubica en el entronque a La Unión, “es un rancho con fachada anaranjada muy ostentoso y pega al mar”.

El ex director de la Policía Judicial Figueroa Velázquez, es citado también en la recomendación 019/2002 que emitió la Codehum por la desaparición forzada de nueve personas, sin embargo hasta ahora la PGJE no ha ofrecido avances en las investigaciones para determinar su vinculación con esos hechos.

Por ello el organismo ha pedido la intervención de la SIEDO para que sea investigado por cuanto hace a los delitos del fuero federal, como narcotráfico y secuestro, informó el visitador Lugo Cortés.

PGR: vigila AFI dos casas donde se almacena mariguana, en Ahuacuotzingo

 

 Trasladan al lugar a personal de Codehum por supuestas denuncias de abuso contra pobladores por parte de agentes y militares. En otra operación, soldados descubrieron un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, donde detuvieron a una persona

Militares y personal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) esperaban, la tarde de ayer, una orden de cateo para entrar a cuando menos dos viviendas de la localidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, pues se supone que sirven para almacenar mariguana.

Mientras que el visitador general de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, indicó que personal del organismo se encuentra en la localidad, pues recibieron quejas de que los agentes de la AFI habían cometido abusos contra algunos pobladores.

Por otra parte, en la delegación de la PGR se informó que en otra operación, personal del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR) descubrieron y destruyeron, la tarde del martes, un laboratorio clandestino para procesar opio en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, donde detuvieron a una persona.

La tarde de ayer, a través de la dirección de Comunicación Social de la PGR se confirmó la presencia de militares y agentes de la AFI en la localidad de Xitopontla, donde despliegan una operación para el decomiso de un importante cargamento de mariguana.

La autoridades militares y de la PGR suponen que la droga se encuentra almacenada en dos viviendas de la localidad, y por ello la tarde de ayer esperaban que un juez federal liberara la orden de cateo para entrar a las casas que se encuentran sitiadas por los militares y agentes de la AFI.

El visitador general de la Codehum señaló que en ese organismo les notificaron que los militares y agentes de la AFI al llegar a la localidad cometieron atropellos en contra de la población, y que debido a ello se trasladó personal de la Comisión al lugar.

El laboratorio

La delegación de la PGR informó ayer que en cumplimiento a la orden de cateo 07/2004, emitida por el juez Primero de Distrito con sede en esta capital, desmanteló un laboratorio clandestino para procesar goma de opio, en la población de Tlacotepec.

Los agentes federales, quienes contaron con el apoyo de militares, aseguraron en el mismo lugar 120 litros de extracto de goma de opio, 30 kilogramos de terrones de goma de opio y 12 kilos 440 gramos de mariguana en greña. Asimismo, detuvieron a Cándido Salgado Blanco.

Los efectivos de la AFI en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, desmantelaron el laboratorio en la calle Calvario sin número, en el poblado de Tlacotepec, donde aseguraron dos tinas metálicas y dos de plástico que contenían el estupefaciente, una báscula metálica, cuatro prensas, cuatro varillas y cuatro barretas metálicas, además de un tambo de 200 litros con acetato de etilo, entre otros productos químicos y herramientas para procesar la droga.

El enervante, los utensilios y el detenido fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa número 27/CHCS/2004.

Un arma es decomisada diariamente en Guerrero, según datos de la PGR

Las más frecuentes, la pistola calibre 22 y la 38 súper. En 2003, 361 averiguaciones previas por la violación a la Ley General de Armas de Fuego, informó el delegado de la PGR, José Alberto Rodríguez

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En Guerrero, uno de los delitos más recurrentes que combate la federación, a través de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), es la violación a la Ley General de Armas de Fuego. Y es que, según la dependencia federal, en promedio se decomisa una arma de fuego diaria.

De acuerdo con datos proporcionados ayer por el delegado de la dependencia federal, José Alberto Rodríguez Calderón, en su conferencia de prensa mensual, en 2003 se abrieron 361 averiguaciones previas por la violación a dicha ley, en su modalidad de portación de arma, y según estos datos el arma más recurrente es la pistola calibre 22.

Según el delegado de la PGR, en marzo de 2004 fueron detenidas 22 personas por violación a dicha Ley y se decomisaron 26 armas de fuego, mil 232 cartuchos y 32 cargadores. El funcionario federal informó que el arma más recurrente fue la pistola 38 súper.

La información que dio el delegado de la PGR complementó la que proporcionó en marzo, cuando reconoció que uno de los delitos federales más recurrentes es la portación de armas de fuego, e incluso que es grave el mercado negro en esta entidad.

El delegado de la PGR estuvo acompañado ayer por el presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, Fernando Alvarez Aguilar; el tesorero de dicho comité, Mario Martínez Morán, y el empresario, también miembro de ese comité, Oscar Manuel Ibáñez Reyes.

En cuanto a los resultados del combate al narcomenudeo, Rodríguez Calderón indicó que el mes pasado se decomisaron 30.409 kilogramos de cocaína, así como 149.2 kilogramos de mariguana, y seis personas fueron detenidas.

Rodríguez Calderón dijo que a través del Programa Nacional de Control de Drogas, personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) decomisó 152.600 kilogramos de mariguana, en tanto que el Ejército Mexicano aseguró 2.331 kilogramos de mariguana, un kilogramo de cocaína, 14.310 de goma de opio, y seis personas fueron detenidas en ocho operaciones.

Mientras tanto, los resultados de la Policía Federal Preventiva (PFP), son el decomiso de 444.500 kilogramos de mariguana, así como una persona detenida y un vehículo asegurado, ello durante una acción efectuada en marzo.

Rodríguez Calderón informó que el resultado de la Policía Ministerial del estado son el decomiso de 7.718 kilogramos de mariguana, 4.200 kilogramos de cocaína y nueve personas detenidas en siete operaciones en marzo.

De parte de la Policía Preventiva municipal se registró el decomiso de 8.896 kilogramos de mariguana, 11 gramos de sicotrópicos, 1.718 de cocaína y 16 personas fueron detenidas en 12 operaciones.

Con respecto a las incineraciones, el funcionario federal informó que en marzo se incineraron 340.423 kilogramos de mariguana, 3.260 kilogramos de cocaína, 6.680 gramos de heroína, 36 plantas de mariguana y 21 de amapola.

El delegado de la PGR señaló, asimismo, que con respecto al programa de ataque a la piratería, personal de la dependencia logró el decomiso de nueve mil 25 discos compactos y 772 audiocasetes el mes pasado, y que en lo que va de abril se han acumulado 67 mil 223 productos piratas.

Denuncia persecución de la PGR el defensor de los ejidatarios de El Podrido

No tiene porqué intervenir en un conflicto agrario, dice. Le integran a Humberto Sevilla una averiguación por despojo.

El abogado defensor de los ejidatarios de El Podrido, Humberto Sevilla, señaló que la PGR no tiene porqué intervenir en un asunto agrario, luego de que se volvió a integrar una averiguación por despojo en su contra, así como del ex comisario Isaías Alfredo Peláez Pérez y del secretario del comisariado, Martín Cruz Bello, la cual fue radicada en el juzgado cuarto de Distrito.

En comunicación vía telefónica, Humberto Sevilla informó que este lunes los ejidatarios se manifestarán en ese juzgado en contra del que llama “Grupo Monterrey”, al cual acusa de utilizar al abogado Reynol Gómez como parte de una campaña de difamación para afectar a quienes defienden los intereses de los ejidatarios.

Sevilla criticó la campaña que ha encabezado en los medios impresos Reynol Gómez, para poder seguir vendiendo los condominios que pretenden construir en la colonia 13 de Diciembre, “a 8 millones de pesos cada uno”.

“El lunes (29) mandaron la averiguación previa, la número 123 del 2002 a la PGR. Están inventando delitos que, además, ya habían sido rechazados por juez cuarto de Distrito y confirmados por el Tribunal Unitario de Guerrero. Ahora la vuelven a perfeccionar en (la ciudad de) México. Están en contubernio con Tres Vidas para arrebatar las tierras”.

Anunció que este domingo llevarán a cabo una asamblea en la comisaría de El Podrido a las 10 horas, en donde acordarán las acciones a seguir para defender sus tierras.

“Ahí se verá la hora en que se hará la manifestación el domingo”, concluyó.

Los Goyos cobraban sus rescates en la sierra de Atoyac y Coyuca: PGR

* Presenta Macedo a seis integrantes en el DF

Ayer por la tarde, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, presentó en la ciudad de México a seis detenidos, integrantes de la banda de secuestradores a la que identificó como Los Goyos.

En el boletín 297/04, el funcionario indicó que la razón de su detención fueron los raptos de cuatro personas en Guerrero y en la ciudad de México, entre septiembre de 2002 y marzo de 2004.

Macedo de la Concha presentó a Gregorio Dorantes Alvarez, El Goyo, jefe de la banda y negociador. Explicó que cuenta con 32 años de edad, y que fue capturado en el poblado de El Cobán, municipio de Tecpan.

Según la dependencia, Dorantes Alvarez participó en 12 secuestros, entre los que se encuentran el de un comerciante del ramo materialista, en el estado de México; una pareja de novios; un estudiante de 18 años de edad; un médico veterinario de Acapulco; el propietario de una purificadora de Zihuatanejo; un empresario dedicado a la venta de hielo, también en Azueta; un empresario del ramo zapatero en el estado de México; un joven de aproximadamente 16 años de edad, hijo de una maestra de Coyuca de Benítez; el propietario de lavanderías en Acapulco; el hijo del ex presidente municipal de Coyuca de Benítez, y el hijo de un empresario dedicado a la venta de mariscos, en Acapulco.

También presentó a Juan Ramos Hernández El Jhonny o El Furcio, de 29 años de edad, con domicilio en Ejido Viejo, municipio de Coyuca de Benítez.

Según la PGR, en su declaración ante el Ministerio Público Federal (MPF), refiere que participó en los 12 casos señalados por Alvarez Dorantes, y reconoció ser parte de la banda desde hace tres años y medio, donde se desempeñaba como el lugarteniente.

Otro es Manuel Lara Trejo, El Espina o El Manuelito, de ocupación taxista. Sobre él se menciona que desde hace dos años se dedica al secuestro y que participó en los 12.

Lo señalan como responsable de asesinar a una de las víctimas y desaparecer el cuerpo de otra, por órdenes de Gregorio Dorantes. Se agrega que estas tareas las hizo con Juan Ramos, El Jhonny.

También Agustín Lomberg Zambrano, La Cucha o El Cornicuino, de 35 años de edad, de ocupación taxista.

Sobre él se informa que participó en los 12 secuestros, y que su actividad dentro de la organización delictiva consistía en interceptar a las víctimas y cuidarlas durante el cautiverio.

Otro es Misael Alejandro Silva Ramírez El Micha, de 27 años de edad, originario de Oaxaca. Se asegura que participó en los 12 casos, y que su actividad era interceptar y cuidar a las víctimas en el cautiverio.

El último fue José Inés Peña Torres, El Morado, de 33 años de edad. A quien la PGR lo señala como                     cuidador y quien daba los alimentos a las víctimas.

Se informa también que esta organización criminal acostumbraba amenazar con armas cortas a sus víctimas y los interceptaba cuando se trasladaban a su centro de trabajo.

Indican que la negociación la efectuaban desde casetas telefónicas ubicadas en los estados de Guerrero, México y Distrito Federal, además de los celulares de las propias víctimas.

Asimismo, decían a las familias de las víctimas que dos personas serían las encargadas de pagar de rescate, el cual debería ser en vehículos compactos, Volkswagen, color claro, o camionetas estaquitas. Según la PGR, pedían montos que oscilaban entre 1 y 2 millones de pesos.

Se explica que los pagos de rescate en Guerrero se hicieron en la sierra de Atoyac de Alvarez y en el municipio de Coyuca de Benítez: y en el caso del estado de México en la carretera México-Querétaro, cerca de La Quebrada, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Por señalamientos de uno de los secuestradores fueron encontrados, en uno de los parajes señalados como El Pelillo, en el municipio de Coyuca de Benítez, los restos óseos de una de las víctimas, a los cuales ya se les practica la prueba de ADN para determinar científicamente su identidad. Asimismo, se tiene conocimiento de otros dos homicidios que cometieron los detenidos contra víctimas de secuestro; agregan que el cuerpo de una de esas víctimas fue localizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

Según la PGR, a los detenidos se le decomisaron dos escopetas, dos armas cortas, cuatro vehículos, entre ellos una camioneta marca Ford Lobo, color gris, placas de circulación KU60246, del estado de México.

Diputados locales panistas, por que la PGR investigue la corrupción en el DF

 * Pedirán al Congreso Federal auditar finanza

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado informó que propondrá un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la Republica  (PGR) que investigue el caso del Pejegate, así como al Congreso de la Unión, para que sea la Auditoría Superior de la Federación la que audite las finanzas al gobierno del Distrito Federal, ya que éste en ambos casos “no puede ser juez y parte”.

Por la tarde de este viernes, y en conferencia de prensa, el diputado local del PAN, David Tapia Bravo, expuso que como fracción parlamentaria de la 57 Legislatura “vamos a fijar nuestra postura sobre el caso que hemos bautizado como el Pejegate, por la corrupción y los hechos de delincuencia” en el que están involucrados funcionarios del gobierno del Distrito Federal.

En este sentido, dio a conocer que será en la próxima sesión del Congreso del Estado –el miércoles– cuando los diputados del PAN van a proponer un punto de acuerdo para solicitar, primero a la Procuraduría General de la República que como instancia   externa “investigue” los casos de corrupción en el gobierno del Distrito Federal, como han sido el del secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, y del ex coordinador del PRD en el asamblea legislativa del DF, René Bejarano.

También en el punto de acuerdo –dijo– solicitarán al Congreso de la Unión que, a través de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), “se auditen las finanzas del gobierno del D.F.”

La solicitud es porque “en ambos casos, el gobierno del Distrito Federal no puede ser juez y parte, como ha sido hasta ahorita, cuando el propio Andrés Manuel tiene injerencia directa en esto” y , sobre todo porque es la Procuraduría General de Justicia del DF “la encargada de las investigaciones”.

Sobre la visita de la ahora ex perredista Rosario Robles Berlanga en Guerrero, durante los tiempos electorales, Tapia Bravo indicó que “convendría que también se investigue si (el empresario Carlos) Ahumada aportó dinero para las campañas de los perredistas, sobre todo en Acapulco, Iguala y Zihuatanejo, donde se sospecha que hubo mayor afluencia de recursos”.

Más adelante mencionó Tapia Bravo que López Obrador debe “asumir las consecuencias y no crear cortinas de humo, responsabilizando a los diputados federales (panistas) Federico Döring y Diego Fernández de Cevallos”.

Aunque en el caso del legislador y coordinador de la bancada del PAN, Diego Fernández de Cevallos, quien recientemente aceptó que tenía conocimiento previo sobre los videos donde aparece René Bejarano recibiendo dinero de Carlos Ahumanda, Tapia Bravo dijo que también se “debe investigar”.

En otro momento, el diputado local panista pidió a la fracción PRD en el Congreso del Estado a que “voten a favor de este punto de acuerdo, ya que de no ser así sería una actitud incongruente para no querer llegar al fondo de esto”.

A pregunta de un reportero sobre sí van a solicitar que comience una investigación sobre los 500 mil pesos que “supuestamente” recibieron del gobierno del estado los diputados locales panistas, Porfiria Sandoval Arroyo y Max Tejeda, para aprobar la cuenta pública del gobierno del estado, Tapia Bravo dijo “que de llegarse a comprobar que recibieron ese recurso se aplicarán los estatutos, pero será la Comisión de Orden del partido la que determine esta situación”.

El PAN de Acapulco, solidario con Diego

Adalberto Valle * El dirigente del PAN en Acapulco, Andrés Castrejón Mendoza, defendió al senador Diego Fernández de Cevallos luego de que apareciera como uno de los promotores de la difusión de los videos donde se muestra en actos de corrupción a personajes cercanos al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien exhortó a que permita “que la justicia se encargue de los defraudadores”.

“El PAN en Acapulco está totalmente solidarizado con el Jefe Diego, en sus conceptos y sus opiniones. Es muy claro lo que ha expresado, de que si hay algún ilícito que perseguir que lo denuncien”, declaró vía telefónica Andrés Castrejón.

Pidió a los perredistas, y en caso concreto a López Obrador, “que no le hagan al cuento”. “Ahora (Andrés Manuel) está culpando a todos, a la DEA, a (Carlos) Salinas (de Gortari), a (George W) Bush, al gobierno federal, a Bucarelli, cuando los únicos que aparecen agarrando el dinero son sus colaboradores”.

El dirigente panista aseguró que el senador Diego Fernández “es un personaje dentro del PAN y actúa con responsabilidad”, y añadió que López Obrador quiere desviar la atención al decir que es un complot en su contra.

“Si están agarrando a su chofer que le paga tanto, y lo defendió. A su principal promotor del corporativismo (René Bejarano) lo agarraron metiendo las manos al dinero, eso no es un complot”, concluyó.