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No se menciona la investigación que hizo Tomás Zerón sin el MP en la nueva resolución de la PGR

En las 18 irregularidades que hubo en las diligencias del río San Juan, en Cocula, se señala que el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “realizó actos de investigación” en el lugar “sin encontrarse bajo la conducción del Ministerio Público”, pero en la Nueva Resolución que elaboró la titular de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), Adriana Campos López, y que se entregó el jueves a los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no hay ni una mención al respecto.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra difundió en su cuenta personal de Facebook un cuadro comparativo de las irregularidades encontradas en las diligencias del río San Juan, en donde según la PGR fueron arrojados los restos de los jóvenes luego de ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Según Rosales Sierra, la resolución de la investigación interna del caso Ayotzinapa en la que se da cuenta de las irregularidades, fue filtrada a medios de comunicación “y hace trizas toda base de las investigaciones del basurero de Cocula y el río San Juan, mientras la nueva resolución dada a conocer a los padres de los 43 minimiza la gravedad de las irregularidades”.
La primera irregularidad es que la retención de siete personas dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014, incluyendo la de Agustín García Reyes, El Chereje, miembro del grupo criminal Guerrero Unidos, “se realizaron de manera ilegal y arbitraria” y en la Nueva Resolución se afirma “con énfasis” que las detenciones y retenciones fueron legales.
La segunda es que el certificado médico de García Reyes fue irregular y ahora se le atribuye al Ministerio Público la falla.
La tercera indica que no se glosó a la averiguación el oficio con que cesó la custodia de García Reyes “con lo cual se permitió su ilegal sustracción e ilegal entrega” a Zerón de Lucio “sin causa legal que lo justificara”, esta irregularidad también se le atribuye al Ministerio Público.
La cuarta es que García Reyes fue entregado a Zerón de Lucio sin causa legal que lo justificara, en la Nueva Resolución se le atribuye esta irregularidad al fiscal José García Valentín.
En la quinta se da cuenta de la visita de Zerón de Lucio al río San Juan el 28 de octubre de 2014, pero en la Nueva Resolución no hay una mención al respecto, aunque se señala que era responsabilidad del entonces titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la SEIDO, Abraham Eslava, estar en la investigación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal.
La sexta indica que se vulneró el derecho a la defensa en perjuicio de García Reyes, ya que fue trasladado al río San Juan sin la presencia y asistencia de su defensor en actos de investigación, pero en la Nueva Resolución no se dice nada al respecto y por lo tanto no se considera una irregularidad.
También se señala que hay indicios de que García Reyes fue torturado y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se asentaron horas contradictorias en la reconstrucción de los hechos del 29 de octubre de 2014 y que falta el informe de la intervención policial en el río San Juan.
Otras irregularidades son la ausencia de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico que se mencionan en el video que dio a conocer la Agencia de Investigación Criminal, y que hubo manipulación dolosa para hacer sugerir de manera falsa que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atestiguó las diligencias.
En 6 de las 18 irregularidades, la Nueva Resolución no hizo ningún pronunciamiento, tres se le atribuyeron al Ministerio Público, dos a los peritos la que indica que no se formalizaron las actuaciones del 28 de octubre de 2014, se le atribuye a Abraham Eslava (sin mención de derecho a la verdad).
Mientras que en el caso de la irregularidad que señala que no hay constancia legal de que se haya ordenado específicamente dejar bajo resguardo la zona del río San Juan, cuando terminaron los trabajos del 28 de octubre, se sostiene lo contrario con base en entrevistas donde testigos afirman que Zerón de Lucio ordenó el resguardo, aunque no hay evidencia documental y pese a que al inicio de la diligencia el 29 de octubre no se rompieron los sellos ni se recibió el lugar de sus custodios.
La responsabilidad administrativa de las irregularidades recae en Zerón de Lucio, en la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) Blanca Alicia Bernal, el fiscal de la UEIDMS Jorge García Valentín, el titular de la Unidad Especializada de Investigación de Asalto y Robo a Vehículos Abraham Eslava Arvizu, el integrante de la Policía Federal Ministerial Jaime David Díaz Serralde, la perita en fotografía Eva Hernández Moreno y los peritos en Medicina y Antropología Mauricio Cerón y Patricia Gómez Ramírez.
La PGR informó el jueves que ya inició los procesos correspondientes en contra de los responsables de las irregularidades, pese a que los padres de los 43 normalistas desaparecidos pidieron que a Zerón de Lucio se le iniciara un proceso penal.

La CAPASEG busca entregar una planta que no sirve, denuncian comisarios de Acamixtla, Taxco

 

Los comisarios municipal y de bienes comunales de Acamixtla, Taxco, denunciaron que la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) pretende entregarles una planta tratadora de aguas residuales que no funciona y afecta a por lo menos nueve comunidades, en tres de las cuales la contaminación llega hasta los pozos del agua potable.
Asimismo, revelaron que CAPASEG elevó a más del doble el costo proyectado para la obra, de 7 millones 500 mil pesos a 16 millones 600 mil pesos.
Los comisarios municipal y de bienes comunales de Acamixtla, Felipe de Jesús Salazar y Felipe Rodríguez Pérez, denunciaron en una llamada a la redacción de El Sur que la CAPASEG abandonó la obra del humedal artificial, que funcionaría como una planta tratadora de aguas residuales natural, con plantas y materiales del suelo.
Felipe de Jesús Salazar informó que, como autoridades de la comunidad, no han querido recibir la obra de la CAPASEG porque no han atendido las observaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que recomendó que se reduzca el caudal de agua a la planta y se cambien filtros saturados.
Denunciaron que, por la cantidad de agua que está llegando al humedal, está apunto de desbordarse, además de que el agua que se revierte al río aún está contaminada.
Explicaron que el río San Juan nace en el cerro del Huixteco, pasa por las comunidades de El Azul, La Quebradora, Acamixtla (que es el contaminador principal con sus aguas negras), El Cedrito, Tehuilotepec, la unidad habitacional El Boliche, San Juan de Dios, Juliantla, Xochuila, Hueymatla y, finalmente desemboca en el río Balsas.
El río ya contaminado tiene contacto con los pozos de agua potable que abastecen a Juliantla, San Juan, Huimatlan y Acamixtla.
Los comisarios se resisten a recibir de la CAPASEG la obra del humedal porque tiene fallas que ocasionan que el agua tratada no cumpla con las normas de sanidad.
Sin embargo, el agua que aún tiene “altos niveles de contaminación” es vertida al río.
Las comunidades, junto con la asociación civil Pueblo Sa Bio, hicieron y presentaron el proyecto del humedal artificial a la CAPASEG, que finalmente aprobó su ejecución y liberó los recursos, pero a consecuencia de las modificaciones que aplicó la dependencia estatal, no funciona como se esperaba, denunciaron las autoridades de la comunidad.
Explicaron que el costo proyectado inicialmente por las comunidades y la asociación civil era aproximadamente de 7 millones 500 mil pesos, pero la CAPASEG lo elevó hasta 16 millones 600 mil pesos, más del doble de lo estimado.
La dependencia modificó “el proyecto original y elevó drásticamente los costos”, denunció el comisariado de bienes comunales, lo que ocasionó que el agua tratada no cumpliera con los estándares de limpieza del agua tratada.
El comisario explicó que entre las modificaciones que se hicieron hubo una reducción al desarenador, los filtros no fueron rellenados con el material adecuado, algunos ya se saturaron y las aguas negras pasan encima sin ningún tratamiento.
Como consecuencia del incumplimiento de las dimensiones y materiales se generaron fallas en los resultados de la calidad del agua.
Comentó que algunas de las modificaciones menores que la CAPASEG aplicó al proyecto inicial fueron consultadas con la asociación y los representantes de las comunidades, pero no todas, y a pesar de que solicitaron el proyecto final la dependencia se los negó.

El GIEI debe entrevistar a marinos que hallaron los restos en el río San Juan, plantea el Prodh

 

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, Santiago Aguirre, advirtió que si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no puede entrevistar a los marinos que intervinieron en las diligencias del caso Ayotzinapa antes de que termine su estancia, pesará sobre la Armada de México la sombra de su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aclaró que no hay forma de verificar la procedencia de la bolsa hallada en el río San Juan, que de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) fue hallada por buzos de la Marina, y de donde proviene la única pieza que permitió la identificación de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio.
Sin embargo, su origen basado en la hipótesis oficial, fue descartado por el EAAF, pues aseguró que no existe correspondencia entre los elementos científicos para vincular los restos recuperados en el basurero de Cocula con los encontrados en el río San Juan.
El defensor denunció que la PGR ha obviado investigar la complicidad “en distintas dimensiones” de las instituciones políticas y policiacas con los grupos que participaron en actividades delictivas en Iguala.
Indicó que esas líneas se deben agotar para reencauzar la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014. Reveló que existe una propuesta muy concreta de los lugares donde debe hacerse la búsqueda, y la oficina de investigación tendría que estar revisando eso porque “científicamente se ha demostrado la inviabilidad de la hipótesis oficial, la energía institucional debería estar volcada en otras hipótesis, no sólo en la del basurero”.
Puso en duda que los marinos hayan recuperado la bolsa del río como establecen las investigaciones de la PGR. Recordó que en un primer momento se dijo a los padres y a los representantes que en las labores de búsqueda había muerto un policía federal.
Pero que en la prensa se habló del trabajo de los buzos y del fallecimiento de uno durante la búsqueda en el río San Juan, sin especificar las circunstancias.
“Después nos dijeron que era un elemento de la Marina, hasta la fecha en el expediente no obra constancia legal que verifique este fallecimiento porque no están esclarecidas con precisión las circunstancias del hallazgo de esta bolsa”, detalló.
Mencionó que la primera circunstancia para saber el origen del hallazgo, es que permitan que el GIEI entreviste a los marinos, y que si ellos actuaron de conformidad con la ley y no hay nada que ocultar, deben permitir que los entrevisten para preguntarles dónde encontraron esa bolsa.
Consideró “incomprensible” la negativa de los militares a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, “es que, si concluye el segundo periodo de los expertos sin esas entrevistas, pesará sobre ellos la sombra sobre su participación en los hechos de Ayotzinapa”, sentenció.