En memoria del defensor aguerrido: Ranferi Hernández (de Lucía, Juanita y Antonio). A ocho años de su asesinato exigimos justicia.
Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y asesinato del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano

La persecución y la criminalización de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) son parte del golpeteo permanente que ha caracterizado tanto a los gobiernos priistas y perredistas como a morenistas. Todos están cortados con la misma tijera: hacen causa común para no reconocerla en la Constitución local. La Fiscalía se ha encargado de fabricar delitos y los jueces tratan como delincuentes a sus integrantes. Todo el aparato de justicia del Estado se empeña en colocarlos fuera de la legalidad, en catalogarlos como delincuentes peligrosos. En los políticos prevalece la simulación y la traición, el discurso falaz y la obstrucción permanente para no legislar a su favor.
A pesar de abatir los índices delictivos en la Costa Montaña, la clase política sigue tratando a los pueblos indígenas como menores de edad. Con su visión racista cataloga a la justicia indígena como primitiva, remitiéndose a la justicia por propia mano. En 3 décadas han afianzado un sistema de seguridad y justicia que ha enfrentado muchas pruebas, amenazas y violencias. En medio de estas tormentas se han ganado la confianza de la población. La gente de las comunidades ha experimentado que la justicia es un bien tangible y que la seguridad es un derecho que se salvaguarda. Los policías comunitarios se forjan en la lucha, en la defensa diaria de la gente, enfrentando a los grupos de asaltantes, confrontándose con las organizaciones delincuenciales, garantizando seguridad en los caminos agrestes y velando en todo momento por los derechos de la gente pobre. Ser policía comunitario es poner a prueba el valor y el compromiso para defender los derechos de la comunidad.
Hace 30 años, por mandato de la asamblea regional se conforma la Policía Comunitaria. Las autoridades comunitarias agotaron todas las instancias y los esfuerzos para coordinarse con los agentes del Estado y tomaron la decisión de nombrar a sus policías, sus comandantes regionales y sus coordinadores como la nueva estructura de su sistema de justicia y seguridad comunitarias. El principal obstáculo que encontraron fueron las autoridades del Estado, los cuerpos de seguridad y el Ejército. Detuvieron y encarcelaron a comisarios, desarmaron a los policías y llamaron a los coordinadores a Chilpancingo para darles un ultimátum: no permitirían que la Policía Comunitaria existiera.
Las comunidades en asambleas regionales reafirmaron su postura y con una marcha masiva le dieron fuerza y sustento a la Policía Comunitaria. Lo que no ha podido hacer el Estado lo está haciendo la Comunitaria: bajar los índices de violencia. A pesar de esta gran contribución, las autoridades siguen empeñadas en perseguir y detener a los policías comunitarios, a sus comandantes y a sus coordinadores.
El 6 de mayo de 2013 fue detenido por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, el coordinador Raúl de Jesús Cabrera, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cuando llevaba a dos menores a Acapulco para atención médica. El 21 de agosto más de 300 elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal detuvieron a Nestora Salgado, promotora y miembro de la Policía Comunitaria de Olinalá. En la noche, un aparatoso operativo con tanquetas y Torton de militares, elementos de la Marina, de la Policía Estatal, la Policía Federal y la Ministerial tomaron por asalto la Casa de Justicia de El Paraíso, del municipio de Ayutla, actualmente nuevo municipio Ñuu Savi. En la incursión detuvieron a 40 policias comunitarios. Seis policias comunitarios permanerieron en la cárcel y fueron liberados en 2016: Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Abrosio Francisco, Benito Morales Justo, Ángel García y el finado indígena na savi Bernardino García Francisco, sobreviviente de la masacre de El Charco.
Una semana después, el 27 de agosto, un grupo de la Policía Comunitaria protestó por la represión a la Casa de Justicia de El Paraíso en Cruz Grande. El Ejército detuvo a tres policías comunitarios acusados de delincuencia organizada y portación ilegal de armas, siendo trasladados a Acapulco.
El 6 de octubre de 2013 fue detenido el indígena na savi Samuel Ramírez de 17 años, originario de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, acusado de portación de arma de fuego y sentenciado a 4 años y 6 meses en Chilpancingo. Un mes después fue detenido Gonzalo Molina, coordinador de la casa de enlace de Tixtla, por secuestro y otros delitos. En diciembre detuvieron a Arturo Campos, fundador de la Policía Comunitaria, después de una protesta por la liberación de seis policías comunitarios presos de la casa de justicia de El Paraíso.
El 20 de febrero de 2025 cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac fueron detenidos por la Guardia Nacional después de que trasladaron de urgencia a un enfermo al Hospital General de Tlapa. El 20 de agosto José Molina, hermano de Gonzalo Molina fue detenido en la Ciudad de México, y el 21 de agosto, Claudia Molina, hermana de Gonzalo Molina González también fue detenida acusada de terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra particulares, derivado de la toma del Ayuntamiento de Tixtla en el 2013. El 27 de agosto fueron liberados por falta de pruebas.
La lista de los policías comunitarios que han sido encarcelados y que tienen órdenes de aprehensión es extensa. Lo peor de todo es que esta pesadilla no termina. Las autoridades estatales y federales siguen hostigando a los coordinadores regionales, comandantes y policías comunitarios por el único delito de velar por la seguridad de las comunidades indígenas.
El pasado jueves 9 de octubre a las 7:40 de la mañana fue detenido Jaime Morales Castro en un retén instalado por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Ministerial en Ayutla de los Libres. Sus familiares consideran que lo estaban esperando porque sólo detuvieron el carro donde él iba. Le pidieron su credencial y no le permitieron seguir su camino.
Jaime Morales es comisario de la comunidad na savi de Coapinola y consejero de la Casa de Justicia de la comunidad de El Paraíso. Es acusado de secuestro agravado contra 43 personas, es el mismo delito que se le endilgó a Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina. Su detención es parte de la persecución que mantienen vigente las corporaciones policiacas y el Ejército contra las autoridades indígenas que son parte de la CRAC-PC. Siguen tratando como delincuentes a quienes desempeñan un cargo comunitario, lo paradójico es que en estos operativos aparatosos no dan con la detención de personajes que el mismo gobierno cataloga como generadores de violencia.
El viernes 10, cuando fue su declaración preparatoria, Jaime se reservó el derecho a declarar. Ahí los abogados de Tlachinollan pidieron que el delito se reclasificara como privación ilegal. Lo mismo había pasado con el caso de Ángel García, que en un amparo un juez federal resolvió que no había delito de secuestro, lo reclasificó por el delito de privación ilegal de la libertad. Posteriormente obtuvo una sentencia absolutoria porque no había elementos para condenarlo.
El ahora consejero municipal y comisario de Coapinola tenía el cargo de primer comandante regional de la Casa de Justicia de El Paraíso en el 2013. Su compromiso con el sistema comunitario sigue intacto desde hace más de una década. El día de su detención iba a una asamblea donde se verían los preparativos del 30 aniversario de la CRAC-PC.
Este miércoles 15 de octubre el juez dictará un auto de formal prisión o lo dejará en libertad. Jaime Morales paga muy caro su compromiso de servir a su comunidad como comisario y consejero regional de la CRAC-PC. Para las autoridades federales y estatales se trata de un presunto delincuente. Se repite el mismo patrón de criminalización que implantaron los gobiernos priístas y que reprodujeron los gobernadores del PRD, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre Rivero. La morenista Evelyn Salgado Pineda mantiene intocada la estructura del poder que protege a quienes han atentado contra la vida del coordinador de la CRAC-PC Julián Cortés Flores y contra defensores comunitarios como Marco Antonio Suástegui, Ranferi Hernández, Rocío Mesino, Antonio Vivar, Arnulfo Cerón y recientemente el abogado Anselmo Bautista.
La violencia que sigue en ascenso en el estado es una señal funesta de que la estrategia de seguridad sigue dando tumbos. El asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada es parte del desbordamiento de los márgenes de la civilidad, de un entramado delincuencial que se ha extendido en nuestra entidad y que las fuerzas del orden parecen estar rebasadas.
Detener a una autoridad comunitaria como Jaime Morales es focalizar la persecución contra la Policía Comunitaria dejando de lado a los grupos delincuenciales que han cometido crímenes arteros y que no son investigados ni detenidos. Lo inaudito es que en esta avalancha delincuencial no se toquen las estructuras delincuenciales que se anidan dentro del aparato estatal y que las víctimas sigan inermes sin un atisbo de justicia. La impunidad es el hilo indeleble que todos los gobiernos protegen para no llamar a cuentas a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y para mantener las parcelas del poder económico de una clase política depredadora.

 

Toda nuestra solidaridad con Sergio Ocampo: periodista de primera línea, aguerrido, consecuente. Siempre en las trincheras de los de abajo.
A pesar del acarreo de estudiantes y la algarabía de la gente que se arremolinaba al paso de la camioneta en que viajaba la presidenta Claudia Sheinbaum, en Guerrero el ambiente que se respira es de confrontación y enojo, por la acumulación de problemas que no se atienden. Los conflictos se sobrellevan y las soluciones de fondo se postergan. Las protestas se multiplican y las acciones de fuerza son más recurrentes ante la ineficacia de las mesas de diálogo y la inoperancia de las minutas firmadas.
La desatención sistemática a la multiplicidad de actores movilizados causa agravios, enconos y desesperación. La población que busca ser escuchada no encuentra canales de interlocución y no hay autoridades que le den seguimiento a las demandas más urgentes de la población.
La gobernabilidad en nuestra entidad tiene un grave deterioro por la carencia de espacios para el diálogo y la concertación. Es grave que nos acostumbremos a la política del apaga fuegos ante la ausencia de una titular en la Secretaría de Gobierno. Es imposible avanzar en la construcción de acuerdos y en la prevención de conflictos si no se cuenta con una institución sólida que mantenga un diálogo permanente con todos los actores de la sociedad. Hay temas que requieren el análisis ponderado y el debate civilizado para darle cauce a la agenda ciudadana.
El modelo de seguridad militarizado que se ha implantado en nuestro estado sin tomar en cuenta a la población, está cobrando muchas víctimas. Se ha dejado que las cúpulas del poder civil y militar hagan sus propios diagnósticos e implementen acciones que no revierten la espiral de violencia, ni mucho menos focalizan sus operativos con lo que llaman generadores de violencia. De los saldos sangrientos que se multiplican ninguna autoridad se hace responsable, todo queda en diligencias y toma de declaraciones de las víctimas. La Fiscalía estatal es una institución cerrada y opaca, lejana a las víctimas que no da resultados contundentes como la judicialización de las carpetas de investigación.
Los colectivos de víctimas que buscan a sus seres queridos son relegados en la toma de decisiones relacionadas con los trabajos de búsqueda. A los organismos civiles que asumimos la defensa de casos graves de violaciones a los derechos humanos se nos estigmatiza como adversarios políticos y como simples comparsas de los grupos opositores. La agenda de los derechos humanos ha quedado supeditada a la agenda del partido hegemónico, todo se mira desde el cristal del partido Morena. Se defienden a ultranza las líneas políticas trazadas desde el centro y se cuida más la buena imagen del partido y de las figuras públicas que están señaladas de ser comparsas de los grupos criminales.
La visita de la presidenta Claudia fue más para afianzar su estrategia partidista y ampliar el electorado morenista con el fin de pavimentar la ruta para las próximas elecciones. En lugar de dar un tratamiento más detallado de las acciones emprendidas en el estado y de evaluar el impacto de los programas sociales en los sectores pauperizados, solo se comentaron los logros ya anunciados y se defendieron las reformas aprobadas. Aparecieron prácticas añejas del PRI, como el acarreo de contingentes, los porristas y matraqueros, los líderes vetustos, los caciquillos con su séquito, politiquillos de guayabera con bordados artesanales. Todos presentes para mantenerse vigentes y dentro del presupuesto. La política de la trivialidad y las lisonjas, de las apariencias y la futilidad.
La realidad es que estamos envueltos por tragedias que han marcado nuestro derrotero como un estado convulso por la lucha armada y la insurgencia civil. Las políticas del terror y los planes de contrainsurgencia causaron daños incuantificables que siguen sin ser reparados. La herida sigue sangrando por las matanzas de campesinos y las masacres de indígenas, por los cientos de personas desaparecidas a manos del Ejército y por las prácticas funestas de los vuelos de la muerte. Esta estela de luto atraviesa nuestra entidad como una espada de Damocles, por los crímenes que se cometen y que se cubren con el manto de la impunidad. Nadie de los violadores de derechos humanos ha sido castigado, por el contrario se les honra con cargos y reconocimiento como el general Hermenegildo Cuenca. Las desapariciones del pasado con las actuales nos dibujan el continuum de impunidad. Por encima de los cambios de gobierno lo que permanece es el pacto del silencio, la protección a los perpetradores, el encubrimiento de los crímenes cometidos por militares.
El caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, es un claro ejemplo de cómo las autoridades del PRI, PRD y Morena se han confabulado con los perpetradores de este crimen artero. En este caso quedó evidenciada la red de la macrocriminalidad donde convergen grupos delincuenciales, policías estatales, federales, militares, marinos, presidentes municipales, procurador de justicia y el gobernador para hacer causa común y protegerse de las instancias de justicia. En lugar de que se hayan desmontado las estructuras delincuenciales al interior del aparato gubernamental se han arraigado los grupos de la delincuencia dentro de las instituciones de seguridad y de los gobiernos municipales. No se ha tocado la estructura delincuencial que se anida en las instituciones del Estado, por eso ha sido imposible dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En estas condiciones es difícil transitar a una nueva etapa de nuestra vida democrática mientras se encubra a los perpetradores y se tengan actores intocables como el Ejército que se niega a entregar los 800 folios que hacen falta.
En la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se tejieron pactos de silencio desde las estructuras más altas de poder para ocultar la verdad. Se armó una arquitectura de la criminalidad y de la impunidad de tal forma que quedaron empantanadas las investigaciones, girando en círculos concéntricos hasta topar con los muros del Ejército. En los últimos meses no se avizora un horizonte esperanzador porque las autoridades están administrando el caso con reuniones, sin tocar las raíces profundas: el paradero de los jóvenes.
Los primeros días de la agresión contra los normalistas se dibujaba la esperanza más cercana de que los 43 estudiantes llegarían a la Normal. Las madres y padres, a pesar de estar con la angustia, pensaron que se trataba de una represión de los policías municipales que sólo estarían en las rejas de barandillas y que después serían liberados. Permanecieron en la cancha de la Normal en espera de que llegaran sus hijos. Han pasado 11 años tortuosos y las autoridades de tres administraciones no han dado con su paradero.
Don Emiliano Navarrete padre de José Ángel reflexiona: Me cuesta creer que alguien nos pueda dar la verdad y la justicia porque en estos largos años se han acercado personas, pero sólo se llevan mi dolor sin que hagan nada. Por eso con la llegada de Andrés Manuel López Obrador dudé, pero había un ambiente de que venía del pueblo y que prometió que iba a encontrar a nuestros hijos. Por dentro decía ojalá esté equivocado sobre la visión que tengo de López Obrador. Fue un buen signo que haya aceptado el regreso del GIEI, sin embargo, cuando se toparon con la Sedena, el presidente la defendió más que a nosotros como padres que sufrimos la desaparición de nuestros hijos. Desde entonces las investigaciones se estancaron. Lo único que hizo fue intentar apaciguar la lucha. No cambió nada, volvió a mentir.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum, vemos que ha tratado de ponerse del lado de las madres, pero también percibimos que no quiere tocar al Ejército. No vemos grandes avances. Seguimos en la postura de que se necesitan los 800 folios que tiene la Sedena, y en lugar de exigir que los entreguen desvía la atención con su nuevo método científico que sólo se basa en la telefonía celular. Es una sola línea con unos cuantos puntos, pero no han sido trabajados a fondo. No es nada nuevo. Si no son iguales con Enrique Peña Nieto por qué siguen solapando al Ejército.
Doña Hilda Legideño comenta que en cada reunión nos dicen que están investigando, nos informan de las búsquedas en campo, sobre la telefonía. Pero hay personas que no han sido mencionadas y aparecen en la telefonía. Es tortuoso que sólo nos tienen en un círculo vicioso sin poder avanzar. El teléfono de mi hijo fue utilizado después del 26 de septiembre, tienen los nombres de las personas y están siendo llamadas a comparecer, pero todo hasta ahí se detiene.
También hemos solicitado los folios que tiene el Ejército, pero sólo nos dicen que los van a entregar. No ha pasado nada. Así no va a caminar la investigación. Ahora quieren que se forme un nuevo grupo de expertos. Nosotras decimos que los expertos del GIEI hicieron 6 informes y echaron abajo la “verdad histórica” con pruebas científicas, por qué no los llaman si ya tienen conocimiento del caso y le pueden dar continuidad a las investigaciones para llegar a la verdad.
La investigación de los expertos apunta hacia altos mandos de la policía y militares, pero vemos que los gobiernos pasados y el actual no quieren que se sepa la verdad. Ha sido muy difícil caminar estos 11 años sin tener una respuesta. El gobierno no tiene la voluntad. Lo que pasó con nuestros hijos lo sabe el Ejército. ¿Por qué se niegan a entregar toda la información? Pasaron diferentes gobiernos y aunque Enrique Peña Nieto desapareció a nuestros hijos, tienen la obligación de decirnos la verdad porque se trató de un crimen de Estado. Andrés Manuel López Obrador encubrió al Ejército, por eso ahora con la actual presidenta le pedimos que haya verdad y que no defienda a los militares.
Como madres no nos importa que pase el tiempo, porque nunca los olvidaremos. Ellos son parte de nuestro ser, son nuestra carne, nuestro amor. A pesar de la indiferencia de las autoridades en estos pesados años, como madre nunca abandonaré a mi hijo, estaré con él hasta el final de mis días. Lo que más queremos como madres es saber la verdad, porque solo así podremos abrazar a nuestros hijos.

Guerrero es un estado convulso de raíces guerreras profundas. A lo largo de su historia el pueblo ha cimbrado y tumbado a los gobiernos represores y corruptos. Tanto en el plano de la insurgencia armada como cívica las y los guerrerenses ondearon las banderas de la rebeldía y la emancipación política. Nuestros gobernantes están lejos de alcanzar la estatura del siervo de la nación, del servidor público que vive en la justa medianía, contrario a estos paradigmas, los políticos guerrerenses sobresalen por su megalomanía y miopía políticas que los desdibuja y extravía en el camino, porque se engolosinan con el poder al instalarse como reyezuelos dentro de sus palacios.
El drama que arrastramos los guerrerenses es la traición de los gobernantes, su distanciamiento de las demandas históricas, su desfachatez, insensibilidad y maltrato con la población más pobre. Lo más grave es que se han apropiado de las conquistas alcanzadas por la movilización social y la lucha armada. Las elites políticas las capitalizaron para reivindicarse y asumirse como las depositarias de este legado invaluable. Desde la lucha independentista hasta las gestas por la democracia en 1988 y 2018 los ciudadanos y ciudadanas fueron el bastión de las transformaciones sociales. La clase trabajadora ofrendó su vida defendiendo sus tierras, enfrentando a los caciques, resistiendo la embestida militar, soportando la tortura de los judiciales y librando las balas de los gobiernos asesinos. A pesar de tantas batallas ganadas y tanta sangre derramada aún nos aprisiona la pobreza, nos sojuzga las leyes de los poderosos, se pisotean nuestros derechos y nos regatean los presupuestos públicos.
La estructura del poder político siempre es piramidal, por definición excluye a los ciudadanos de a pie en la toma de decisiones que se circunscribe a las cúpulas partidistas. Hay un muro que separa a la clase gobernante de sus gobernados. Existen estamentos sociales que colocan en las esferas más bajas de la pirámide a los ciudadanos y ciudadanas que solo son tomados en cuenta cuando emiten su voto. En estas líneas divisorias se profundizan las desigualdades y se remarcan las diferencias sociales. Quedar fuera del ámbito gubernamental es someterse a la dinámica que impone la nueva clase gobernante. El ciudadano queda invisibilizado, despojado del aura del poder y relegado de cualquier decisión que afecte sus derechos.
El pueblo de Guerrero no solo ha protagonizado luchas emblemáticas, también se ha movilizado para dar la pelea en las urnas. En 1988 el PRI sufrió una derrota estrepitosa con el triunfo contundente de Cuauhtémoc Cárdenas. El temple del electorado guerrerense quedó demostrado con la toma de ayuntamientos, las marchas por la democracia, la emergencia de nuevos líderes comunitarios y la efervescencia de un movimiento social imparable. La población no luchaba por un cargo sino por un cambio de gobierno, una apuesta por la democratización de las instituciones y el resquebrajamiento de una clase política vetusta. Sobresalía la mística, la entrega, el sacrificio, la causa y los sueños del cambio.
Hace dos décadas el pueblo de Guerrero se levantó con una gran victoria contra el PRI, al fin se cristalizaban los grandes anhelos del cambio. Un empresario acapulqueño quedó al frente de la nueva encomienda de desmontar la estructura caciquil y de impulsar una nueva forma de gobierno. Pronto se resquebrajaron las expectativas del cambio, la aversión de Zeferino Torreblanca a los luchadores sociales fue implacable, siempre los catalogó como lucradores sociales y despreció a los militantes del PRD, dudó de su autenticidad y compromiso, los estigmatizó y dejó de lado a los sectores sociales empobrecidos y movilizados. Fue un sexenio que quedó marcado por la violencia política y por la polarización social que protagonizó el gobernador empresario.
Lo peor que le ha pasado a nuestro estado es que los caciques políticos han sabido sortear su carrera política como chapulines y camaleones al colocarse como abanderados de los partidos de oposición para ganar la delantera en la carrera por la gubernatura.
Sucedió con Ángel Aguirre Rivero que ganó la elección en el 2011 con las siglas del PRD: El pragmatismo de muchos perredistas no dimensionó las consecuencias políticas y sociales que causaría un personaje ajeno a las luchas sociales y lejano al ideario político de un partido de izquierda. En la primera administración sucedió la masacre de El Charco que hasta la fecha no existe una denuncia penal contra los mandos militares que ordenaron las ejecuciones de 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. En su segundo período se consumaron dos hechos deleznables: las ejecuciones de Gabriel Echeverría y Jorge Herrera, dos estudiantes normalistas que fueron ejecutados por policías del estado y federales en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.
Nada hicieron las autoridades federales para atraer esta denuncia calificada por la CNDH como un caso grave de violaciones a los derechos humanos.
En mayo de 2013 el luchador social Arturo Hernández Cardona fue víctima junto con dos compañeros más de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por parte del entonces presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. A pesar de estos hechos violentos el gobernador Ángel Aguirre lo protegió y lo mantuvo en el poder. Lo inaudito fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres de sus compañeros en la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 en Iguala. A pesar de este crimen artero las autoridades federales se desentendieron del caso hasta que la indignación nacional e internacional puso en jaque el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta entonces solicitó licencia el gobernador Aguirre. Hasta la fecha no hay avances en la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas.
En lugar de avanzar en la agenda de derechos humanos y en el combate a la impunidad, los gobiernos perredistas relegaron estos temas y se arremolinaron en la disputa por los cargos públicos. Quedó evidenciado que el PRD solo sirvió a sus dirigentes como una plataforma de lanzamiento de sus candidaturas. Se mercantilizaron sus siglas y se erigió en una agencia de colocaciones. Mientras tanto la gente del campo y de las periferias de las ciudades siguieron sumidas en el olvido y la miseria. No hubo un cambio que les favoreciera, más bien se generaron nuevas clientelas y corrientes políticas para disputar candidaturas.
Con el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador logró aglutinar un gran movimiento en el estado. Tuvo una gran aceptación tanto por el electorado como del movimiento social. El trabajo que forjó por varios años logró tejer muchas alianzas al grado que la mayoría de perredistas se cambiaron a Morena.
Nuevamente 2018 quedó registrado en la memoria política de los guerrerenses al arrasar en las votaciones presidenciales. Fue muy impactante la figura de Andrés Manuel por su presencia constante en las ocho regiones del estado y por su cercanía con la gente sencilla. Los programas sociales que se diseñaron en su sexenio están orientados a revertir la pobreza, sin embargo, el impacto en las comunidades rurales del estado no ha representado un cambio significativo. Son insuficientes estos programas y el diseño de algunos no responden a las condiciones de movilidad de la población jornalera que son familias muy pobres. La baja productividad de los cultivos básicos sigue siendo el talón de Aquiles de estos programas porque el mero subsidio, en lugar de impulsar la producción, la desalienta. Los suelos desgastados requieren tratamientos de mediano y largo plazo y de inversiones constantes y significativas para los pequeños productores. La falta de maíz en la Montaña nos ha colocado como una región muy pobre y sumamente vulnerable. La fortaleza de las comunidades son sus siembras comunitarias, la autosuficiencia alimentaria y la organización autogestiva. El subsidio individual debilita el trabajo colectivo y fragmenta la lucha como comuneros. Las asambleas corren el riesgo de ser el centro de la toma de decisiones y de su gobierno autónomo.
La nueva clase política de Morena cada vez se distancia más del movimiento social, en lugar de abrirse a la sociedad y tomar una postura autocrítica se han enconchado y alejado de las voces discordantes. Se han engolosinado con las mieles del poder y del dinero. Se han colocado en el centro de la acción política como principales beneficiarios de las prebendas del poder y han relegado a la población que no tiene para comer. Han aprendido muy rápido las malas prácticas de las administraciones pasadas, al mantenerse en la opacidad, al hacer negocios privados con dineros públicos. Al ser indiferentes ante el dolor y dejar en estado de indefensión a las familias que padecen la violencia. Se han desentendido del grave problema de la desaparición de personas y no hay cambios sustantivos en la Fiscalía del estado para hacer efectivos los derechos de las víctimas. Se ha ignorado a los colectivos de familiares que ponen en riesgo su seguridad para realizar la búsqueda en territorios controlados por grupos de la delincuencia. No hay oídos para atender las demandas básicas de la población mayoritariamente pobre. Es recurrente que se les haga dar vueltas en vano en busca de respuestas relacionadas con la ejecución de obras inconclusas.
El caos impera en nuestro estado no solo por la violencia, sino por la desatención a una población que ha protagonizado los cambios, por la indolencia de las autoridades, su insensibilidad, su ausencia en los momentos en que la gente requiere acciones eficaces para hacer valer el Estado de derecho.
En Guerrero padecemos una clase política distante de la realidad que nos lacera y embelesada con los privilegios del poder. Este fin de semana fuimos testigos de dos actos paralelos: la clase política de Morena encerrada en su burbuja, trajeada y perfumada, distante del pueblo de Guerrero que es heredero de la lucha histórica del generalísimo José María Morelos y Pavón y del legado universal de los derechos humanos de la población pobre. Y en otro espacio la APPG hizo un reconocimiento social a los luchadores sociales de Guerrero y a quienes han ofrendado su vida por una patria donde reine la igualdad y la justicia. El Guerrero de abajo.

 

Salud y fuerza para nuestro compañero de lucha Prócoro Valente Gil, quien requiere con urgencia una intervención médica de tercer nivel para poner a salvo su vida.

Cuatro años fueron suficientes para que la gobernadora Evelyn Salgado corriera el telón de la veleidad y la suntuosidad para hacer de su informe un recuento de cifras alegres y transformar el escenario en una pasarela con alfombra roja para el senador Félix Salgado. El aire triunfalista no dejó espacio para la reflexión crítica ni el análisis ponderado, fue más bien un ritual para el besamanos y el caravaneo político. La cargada del partido guinda repitió las prácticas nefastas del acarreo, las porras y el aplauso fácil. El embeleso del poder hechizó a los asistentes que aparecieron en escena como dóciles seguidores de la gobernadora. Los detalles más cuidados fueron los escenográficos; el espacio visual, la palestra y la proyección de una estrella fulgurante. La algarabía se desbordó y el glamour de la nueva clase política dejo ver su poder adquisitivo. Los sectores sociales corporativizados y las organizaciones afines a Morena cumplieron con su cometido, de refrendar el apoyo incondicional a la gobernadora. Lo festivo invisibilizó la cauda lúgubre que miles de guerrerenses arrastran por el flagelo de la inseguridad y la violencia que se expande en las ocho regiones del estado.
Los 9 mil 500 millones de pesos que se aplicaron en la construcción de carreteras, en infraestructura educativa, obras de agua, salud y vivienda, contrastan con realidades que laceran la vida de las familias mayoritariamente pobres. La falta de caminos mantiene aisladas a miles de comunidades elevando los costos de los productos básicos por las dificultades de su traslado. En varias regiones no se ve dónde se pavimentaron los 3 mil 400 kilómetros que construyeron. Las principales carreteras que comunican con las cabeceras municipales requieren mantenimiento. Hay carreteras destrozadas como las de Tlapa-Metlatónoc, Tlapa-Olinalá, Chilapa-Tlapa por mencionar algunas de la Montaña. En esta región muchos niños y niñas caminan por los cerros para llegar a las escasas escuelas que hay tanto en la Montaña, como en la Sierra y la Costa Chica. El termómetro de esta grave carencia son las protestas que recurrentemente hay por la falta de maestros y maestras, por la nula o precaria infraestructura educativa, la falta de médicos en los centros hospitalarios y en las casa de salud, así como el desabasto generalizado de medicamentos.
Las viviendas no cuentan con el servicio de agua potable, la población tiene que comprar sus rollos de manguera para trasladar el agua por gravedad, los que no tienen recursos para comprarla utilizan sus animales para acarrearla de sus manantiales. Los jefes de familia lo poco que ganan como peones o jornaleros agrícolas destinan una parte para reconstruir sus viviendas. En temporada de lluvias, el viento y el agua tuerce o vuela sus techos de lámina. Sus adobes se reblandecen y las paredes se agrietan. Son contadas las familias que han sido beneficiadas con una vivienda, lo grave es que las personas más vulnerables que no hablan español ni cuentan con actas de nacimiento son descartadas para ser beneficiarias de una vivienda. Las familias jornaleras que están más de 6 meses fuera de sus comunidades tampoco son beneficiarias de los programas sociales en general.
Los caminos artesanales, que son parte del programa carretero del gobierno federal, aparecen como inversiones realizadas por el gobierno del estado. Desconocemos el monto erogado por el gobierno del estado de los 665 kilómetros de caminos rehabilitados y 297 obras que han beneficiado a 517 mil habitantes en los 19 municipios de la Montaña, la Costa Chica y también a la Sierra. Es admirable la cifra de 497 mil metros de tubería de agua potable, que equivale a la distancia entre Zihuatanejo y Punta Maldonado. Falta saber en qué municipios y que comunidades fueron las beneficiadas de estas obras hidráulicas. Tanto en el puerto de Acapulco, en sus comunidades rurales como en Cochoapa el Grande ésta es la demanda generalizada porque las redes de agua no funcionan. Las pocas obras que hay están hechas con material reciclado y a punta de remiendos de las tuberías. No hay comunidad que no tenga el problema en su red de agua potable y que sufra de desabasto de este líquido vital. Las poblaciones rurales no tienen otra alternativa que acarrear el agua.
Nos preocupó que en el informe no se abordara la situación de los derechos humanos, que es un tema central para las víctimas que sufren estas violaciones y que no encuentran la protección de las instituciones de derechos humanos y de la misma Fiscalía. Esta crisis ha generado desconfianza y un distanciamiento mayor por parte de los colectivos y familiares que han tenido amargas experiencias por el maltrato, la indolencia y la indiferencia de quienes tienen que investigar los delitos y las violaciones de los derechos humanos. Se ha relegado este tema de la agenda pública y se ha optado por invisibilizar y encubrir a quienes cometen atropellos a la ciudadanía. Pocas son las denuncias que prosperan contra servidores públicos y las quejas se han perdido en el laberinto democrático. El organismo público de derechos humanos se ha desdibujado, en lugar de estar del lado de las víctimas está al lado del poder. Se ha transformado en una oficialía de partes de la oficina de la gobernadora, en una instancia de gestión pública.
Sobre la violencia que padecen las mujeres no hay cifras que nos den una pauta de cómo monitorea el gobierno esta problemática y qué acciones ha emprendido para contenerla. Es insuficiente y poco objetiva la información que maneja sobre la alerta violeta que según ha alcanzado un 93 por ciento de efectividad en la búsqueda y localización de mujeres reportadas como desaparecidas. Hay un problema grave que muchas mujeres desaparecidas no son encontradas y algunas son asesinadas. La violencia contra ellas se ha recrudecido y los casos de feminicidios se han incrementado, a pesar de que los ministerios públicos se niegan a tipificar estos crímenes graves como feminicidios. No se le ha dado la importancia que requiere para dotar de personal suficiente, especializado y con ética profesional para atender con perspectiva de género y enfoque intercultural la violencia feminicida que se invisibiliza en las cifras oficiales.
Son insuficientes y muy acotadas las acciones para atender los casos de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Todo se reduce a dar talleres a los funcionarios municipales que son los menos interesados en atender estos asuntos. En los municipios de la Montaña donde más se registran estos casos las autoridades municipales, como presidentes y síndicos son parte del problema, porque revictimizan a las niñas, las encarcelan, las obligan a permanecer con su pareja a pesar de que ejerce violencia contra ellas. Negocian estas transacciones al obligar al padre de la niña a que regrese con intereses el dinero que gastó el suegro. Si no lo hace lo encarcelan o lo obligan a que firme un documento donde se compromete a pagar en determinado tiempo.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña tenemos un registro de 11 feminicidios y dos por tentativa de feminicidio de enero al mes de agosto de este año. Tres feminicidios sucedieron en el municipio de Cochoapa El Grande, 3 en el municipio de Alcozauca; 3 en el municipio de Tlacoapa, uno en Acatepec y otro en Tlapa. En Malinaltepec y Alcozauca se registraron dos feminicidios en grado de tentativa. Doce casos son de mujeres indígenas y un caso es de una mujer mestiza. Ocho son del pueblo ñu savi y 4 del pueblo me´phaa. Los perpetradores son policías en dos casos, dos por ataque armado y el resto está relacionado con sus parejas. En dos casos los feminicidas usaron cuchillo para ultimarlas, una a golpes y el resto con armas de fuego.
Esta radiografía nos muestra un problema grave que no está siendo atendido con la urgencia e importancia que se requiere.
La Alerta Violeta es sólo un aspecto de los múltiples problemas que enfrentan las mujeres guerrerenses. Es impostergable diseñar una política integral que atienda de fondo esta violencia feminicida que resquebraja nuestro sistema de justicia y pone a prueba a la gobernadora para estar realmente cerca de las mujeres que padecen las violencias en sus hogares y comunidades.
Las expectativas que se fincaron con la llegada de Morena a la gubernatura del estado han quedado truncas, no sólo porque no hay un giro en los temas más sensibles para los guerrerenses como es el acceso efectivo a la justicia, la demanda generalizada de la seguridad pues cada vez se destruye el maltrecho tejido social y el empoderamiento de los grupos delincuenciales que han tomado el control en amplias franjas del estado y se han erigido como un poder fáctico que supedita a las autoridades municipales. La seguridad pública ha dado tumbos, los mismos cambios de sus titulares nos indican que no hay un rumbo claro dejando inerme a una población que tiene miedo y que también desconfía de los cuerpos de seguridad y de quienes investigan los delitos por la colusión que existe al interior del aparato estatal.
Por otra parte la nueva clase política de Morena se ha subido a la locomotora del lopezobradorismo pero más por los intereses facciosos y particulares que los mueven y no por los principios que sustentan y le dieron fuerza al Movimiento de Regeneración Nacional para luchar contra la corrupción, contra la mafia del poder, contra el nepotismo, contra la política como negocio. La máxima de “por el bien de todos primero los pobres” entre la nueva clase política de Guerrero no parece ser el eje rector de la Cuarta Transformación. También la consigna de servir al pueblo con honestidad y vivir en la justa medianía se ha relativizado. Igualmente, la lucha por desmontar las estructuras de la corrupción gubernamental para que no siga habiendo pueblo pobre con gobierno rico, en nuestra entidad, sigue predominando la consigna porfirista “acátese pero no se cumpla”.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

La lucha imbatible de Tita Radilla: 51 años buscando a su padre Rosendo. La confabulación del poder civil con el poder militar nunca sepultará la digna memoria de los desaparecidos. Persistencia y combatividad de Martha Obezo en su exigencia de justicia, por el asesinato de Armando Chavarría Barrera, en su 16° aniversario luctuoso.

El pasado jueves 21, en la víspera de la discreta visita que hizo al nuevo hospital de Tlapa la presidenta de la República Claudia Sheibaum, dos jóvenes mujeres de Yozondacua El Nuevo, municipio de Cochoapa El Grande, fueron asesinadas cuando regresaban a su comunidad en un Tsuru. El esposo de una de ellas manejaba la unidad y la hija menor viajaba a su lado. Nunca dimensionaron el peligro de salir por la tarde para hacer algunas compras y regresar por la noche.
En Cochoapa El Grande uno de los grupos delincuenciales que tienen asolada la región, ubicó a la familia que entró al pueblo. Habían acudido para comprar un pastel con motivo del cumpleaños de su hija. De inmediato se regresaron. Todo transcurría en calma, hasta que una camioneta los alcanzó y los rebasó. No maliciaron las intenciones que llevaba. Cerca de Barranca de la Palma el papá alcanzó a ver que la camioneta hacía maniobras para cerrarles el paso. Antes de que lograra su objetivo el chofer aceleró y logró escabullirse. De inmediato los maleantes accionaron sus armas contra el vehículo. Las balas se incrustaron en los cuerpos de las dos mujeres que viajaban en el asiento de atrás. Las dos murieron al instante. La menor quedó herida y el papá resultó con pequeñas lesiones. Como pudo llegó a la comunidad con la trágica noticia de las dos mujeres asesinadas y su hija herida. La menor fue trasladada el hospital de Cochoapa El Grande que optó por trasladarla al Hospital General del IMSS-Bienestar de Tlapa, donde estuvo de visita la presidenta Claudia.
Aparte de la niña herida, había otras pacientes en el nuevo hospital. En el área de pediatría se encuentra otra niña con el diagnóstico de hepatitis tipo A y con anemia grado III. A las 7 de la mañana del viernes 22 el médico que la revisó ordenó que le realizaran los estudios de VIH, VDRL y PSA así como la aplicación de albúmina humana al 20%. La familia confió en que en el mismo hospital le realizarían los estudios y que le dotarían del medicamento. No fue así, les indicaron que tenían que comprar la albúmina y que vieran en qué laboratorio les podían hacer los estudios.
Alrededor del medio día llegó la presidenta de la República para constatar que el nuevo hospital está funcionando con todos los servicios. Anunció en sus redes sociales que había recorrido las instalaciones, pero no sabemos si verificó o que haya tenido información de que no está funcionando el laboratorio y que tampoco está surtida la farmacia de medicamentos. Hasta este domingo la menor sigue en espera de que la atiendan. A los familiares les informaron que sería trasladada a otro centro hospitalario porque requiere otro nivel de hospitalización.
Es grave que en un hospital que al final no se construyó de tercer nivel (como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador), aún se carezca de los servicios básicos de laboratorio y de medicamentos. De acuerdo con la información oficial el nuevo hospital de IMSS-Bienestar beneficiará a 400 mil personas de la Montaña, con una inversión histórica de 2 mil 400 millones de pesos en infraestructura y 650 millones en equipamiento. Lo real es que los pacientes, que en su mayoría vienen de las comunidades indígenas, tienen que acudir a laboratorios privados y a las farmacias de los emporios farmacéuticos desembolsando dinero que consiguen prestado.
En esa misma tarde la comunidad nahua de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa, que llevaba 3 días y 2 noches bloqueando la carretera federal de Chilpancingo, tuvieron conocimiento de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. De inmediato se organizaron y nombraron una comisión conformada por las autoridades y 4 mujeres de la comunidad. Desconocían el lugar exacto donde llegaría. Acudieron al seminario, donde regularmente realizan reuniones los funcionarios públicos, sin embargo, el lugar estaba vacío. Se guiaron por los helicópteros que bajaron en las instalaciones del batallón y hasta allá llegaron. Esperaron que la presidenta saliera del hospital. Cuando vieron movimiento de vehículos y del personal de seguridad se colocaron a un costado de la calle, en la esquina que lleva al batallón. Al verla las compañeras alzaron las manos y se acercaron al vehículo que se detuvo. De inmediato le comentaron que iban de parte de su comunidad para entregarle un documento. La presidenta lo recibió y lo revisó. Las mujeres le narraron la situación de abandono en que se encuentran, le informaron que en su comunidad no hay obras, se quejaron de la nula atención de parte de las autoridades municipales y plantearon sus demandas que vienen arrastrando desde el 2017.
La presidenta dispuso de tiempo para escucharlas. Ahí se enteró que toda la comunidad estaba bloqueando la carretera como medida desesperada por la desatención y negativa del presidente municipal de reunirse con ellos. Firmó el documento que le entregaron. En ese momento pidió a la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Rocío Bárcena Molina, que se comunicara con el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Francisco Rodríguez, para concertar la cita con el presidente municipal. La presidente les comentó que no realizaran esas acciones porque ponían en peligro a los niños y las personas mayores. Las jóvenes le comentaron que no tuvieron otra alternativa y le manifestaron su enojo y cansancio por no ser escuchadas ni tomadas en cuenta. Al final les comentó que la subsecretaria Rocío estará al pendiente de esta reunión y valorará si se requiere de la participación de la federación para atender el rezago de sus demandas. Mostró su disposición para apoyar a la comunidad. Este encuentro inesperado fue una gran lección para la comunidad que encontró una respuesta favorable de la presidenta de la República y la población masculina valoró el arrojo y la decisión de las jóvenes mujeres que plantearon con claridad y contundencia la problemática que viene arrastrando su comunidad.
Los encuentros que tuvo la presidenta de la República en su gira por Acapulco y la Costa Chica fueron muy impactantes por la presencia y participación de las mujeres del pueblo amuzgo. El colorido de sus prendas es la expresión artística de su cosmovisión, de su forma de mirar el mundo, del respeto que guardan a la madre tierra. Sus saberes son transmitidos de generación en generación. Son las sabias que saben preservar su cultura y su idioma. Las que han resistido la discriminación y el desprecio de los gobernantes, las que han tenido que soportar las violencias de los hombres y que aún son sojuzgadas por los caciques locales y los políticos embusteros.
Su arte ha trascendido fronteras, sin embargo, la mayoría de ellas no terminaron la escuela primaria. El analfabetismo es más alto entre las mujeres. Los abusos son constantes porque su obra de arte es mal pagada y regularmente son víctimas del atraco y del engaño de los intermediarios. Muchas mujeres tienen que salir a vender para sostener económicamente a la familia. Además de trabajar en el telar, tienen a su cargo a los hijos, los quehaceres de la casa y la elaboración de la comida. La justicia para las mujeres indígenas aún no llega a las comunidades ni municipios donde habitan. A la mayoría les niegan el derecho a contar con una parcela, a participar con voz y voto en las asambleas, a ser parte del banco de principales. Sobre los bienes materiales están vetadas para poder heredar, lo paradójico es que las mujeres son las que han sabido preservar y heredar a las nuevas generaciones toda su sabiduría, su arte, su idioma y su cultura.
Empoderar a las mujeres indígenas es el gran desafío de la presidenta de la República, es claro su compromiso y su determinación para colocarlas en el centro, como actoras del cambio e impulsar las transformaciones sociales. Los planes de justica buscan revertir el rezago social y tomar en cuenta la voz de las comunidades, sin embargo, los problemas estructurales que enfrentan las comunidades indígenas no son atendidos. La alta conflictividad agraria requiere un tratamiento cuidadoso e inter institucional, pero no se le da prioridad. Hay comunidades confrontadas por muchas décadas con costo muy alto de vidas humanas. Los conflictos ocasionados por la defensa del río también representan disputas con caciques locales, empresas extractivistas que requieren intervenciones de alto nivel para contener la depredación ambiental. El saqueo de los bienes naturales sigue sin poder ser controlado por las comunidades agrarias por los intereses económicos que prevalecen por encima de los derechos comunitarios.
El control territorial no está en manos de las autoridades sino de las organizaciones delincuenciales que se han infiltrado en las presidencias municipales para hacer negocios con el presupuesto público. Los jefes de las plazas tienen más poder que las autoridades municipales, el transporte público es un negocio de grupos caciquiles amafiados con la delincuencia. Las rutas están controladas y disputadas con violencia entre las bandas del crimen organizado. La población es rehén de este clima de terror. Las comunidades que siguen en el abandono tienen que lidiar con quienes imponen su ley con las armas. La resistencia histórica de los pueblos y la digna lucha de las mujeres sucumbirán ante un poder destructor, si las autoridades de los tres niveles de gobierno se niegan a desmontar esta estructura delincuencial que está imbricada con los poderes locales. La violencia y la impunidad seguirán imperando a pesar de los planes de justicia. Lo grave será que las mujeres que luchan seguirán subyugadas y confinadas a padecer la violencia.