En memoria de Francisco Díaz González, compañero comprometido con la defensa de los derechos humanos. Coordinó el Centro Mahatma Gandhi, en Coyuca de Benítez. Lo recordamos como un colega destacado de la desaparecida Red Guerrerense.

El pasado 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su comunicado 118/25 sobre la pobreza multidimensional en México. Como parte de los resultados alcanzados el gobierno federal destacó la disminución de la pobreza en 8.3 millones de personas. En el desglose de los resultados Guerrero aparece en el segundo estado con mayor pobreza y pobreza extrema. Chiapas es el primero y Oaxaca ocupa el tercer puesto. Lo característico de los 3 estados es que cuentan con un alto porcentaje de población indígena.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que se encarga de medir la pobreza multidimensional, tomaron en cuenta seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, además de tener un ingreso inferior a las líneas de pobreza en el ámbito rural y urbano. El estado de Guerrero presentó el 58.1 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional; es decir, que mayoritariamente la población guerrerense tiene más de una carencia social.
En el ámbito de la pobreza extrema, Guerrero se encuentra en el segundo lugar con un 21.3 por ciento de su población con más de tres carencias sociales. La comparación frente a los estados con menos porcentaje de población en situación de pobreza extrema es abismal. El caso de Baja California es del 0.4 por ciento, el de Nuevo León es de 0.5 por ciento y el de Aguascalientes es 0.6 por ciento. El Inegi señaló que, aunque en 2024 las carencias sociales disminuyeron, la población vulnerable por carencias sociales aumentó, es decir, que a pesar de que hubo personas que tuvieron ingresos superiores a la línea de bienestar cuentan con una o más carencias en educación, salud, vivienda y seguridad social.
La triada Guerrero, Chiapas y Oaxaca los coloca en los primeros lugares en cuanto al rezago educativo, sobre todo en las zonas rurales donde el acceso a la educación siempre ha estado en total abandono. Además, aumentó de 30.7 millones de personas con rezago educativo en 2022, y 32.2 millones en 2024. La situación es alarmante porque hay serios retrocesos en el campo educativo en las regiones pobres y no vemos que se asigne mayor presupuesto para revertir el atraso educativo.
A pesar de que la carencia a los servicios de salud en el país disminuyó de 39.1 a 34.2 por ciento, en Guerrero estamos por encima de la media nacional con el 38.9 por ciento de una población que no cuenta con acceso a los servicios de salud. Con respecto a la seguridad social la situación es catastrófica entre la población rural porque se eleva al 74.6 por ciento. Nuevamente nuestro estado encabeza esta carencia con el 72.6 por ciento de su población.
La carencia de la calidad y espacios de la vivienda Guerrero se ubica en primer lugar con el 26.1 por ciento de su población. En contraste con siete puntos Chiapas ocupa el segundo lugar con 19 por ciento. La diferencia con el estado de Coahuila es más acentuada al tener menos población con carencias con un 2.5 por ciento. Esto mismo sucede con el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Guerrero se ubicó en el segundo lugar con 47.4, mientras que en Coahuila es de 1.9 por ciento. En cuanto a la alimentación nutritiva y de calidad, Guerrero volvió a aparecer en el segundo lugar con el 27.9 por ciento.
Los 8.3 millones de personas que salieron de la pobreza, en la Montaña de Guerrero este mejoramiento aún no llega, porque la mayoría de las familias indígenas luchan por su sobrevivencia. Es un milagro que logren alimentarse con unas cuantas tortillas, frijoles, chile y quelites de temporada. La canasta básica es superior a los salarios que se perciben, sobre todo, en las comunidades indígenas donde no hay oportunidades de trabajo. El pago para un trabajador del campo es de 200 pesos. Pocas familias son las que contratan a peones para limpiar la milpa. Se trata de trabajos esporádicos, cuando es la temporada de lluvias. En los lugares donde la tierra está muy desgastada, muchas familias salen de sus comunidades para buscar trabajos en los campos agrícolas de Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas, es una opción que se ha tornado peligrosa por la disputa territorial de los grupos del crimen organizado. El dilema sigue siendo: migrar o morir.
El analfabetismo es el flagelo que se extiende en toda la Montaña por la falta de maestros y maestras y por la carente infraestructura educativa. Las niñas y niños indígenas en lugar de estudiar se ven obligados a trabajar en el campo. A las niñas, sus padres las obligan a casarse desde los 12 años, porque los gobernantes les niegan el derecho a la educación básica. No solo se viola este derecho, las comunidades padecen los estragos de las enfermedades de la pobreza porque no cuentan con medicamentos y menos con centros de salud que estén a la altura de las necesidades. Quien se enferma tiene que trasladarse hasta 5 horas para atenderse en Tlapa, donde son discriminados.
En 2024 hubo muchas protestas protagonizadas por comunidades indígenas para exigir la construcción de hospitales, centros de salud, la contratación de personal médico y la dotación de medicamentos. Las madres y padres de familia bloquearon las entradas de Tlapa para demandar aulas y personal docente porque hay cientos de niños y niñas indígenas que durante años no reciben clases.
Recientemente más de 300 comunidades de la región protestaron para exigir que censen sus viviendas y siembras destruidas por el huracán John. Los desastres se acumulan en la Montaña y los gobiernos en lugar de atenderlos los ignoran. Las familias damnificadas nunca saldrán de la pobreza extrema porque siempre tienen que levantar su vivienda y se resignan a sobrevivir en paredes de adobe agrietados.
Doña Amalia de 47 años de san Miguel Amoltepec el Viejo, de Cochoapa el Grande, forma parte del gran contingente de las mujeres indígenas que viven en la pobreza extrema. Creció en las laderas de las montañas. Comenzó a tejer sombreros desde los 6 años, aprendió observando a su papá. No fue a la escuela, porque era más importante asegurar su alimento. Su vida la dedicó a tejer sombrero y trabajar en el campo. Aprendió a tejer huipiles con el telar de cintura, con gran imaginación plasmaba cerros, animales, flores. De vez en cuando se hacía un vestido con tela de algodón, pero las fibras se desgastaban con el uso diario y la tela se rasgaba, no le quedaba de otra que remendarlo. Cuando el vestido era más remiendo se hacía otro. Para Amalia y muchas mujeres tener dos vestidos es un lujo.
Cada 15 días caminaba a Tlapa para vender sus sombreros, se hacían 17 horas y ganaban 6 pesos por docena. Con esas monedas compraban jitomate, chile, sal, arroz y guardaban para el pago de los pasajes de vuelta. Quedaban sin dinero Cuando tenía 20 años salió por primera vez sola para trabajar en Tlapa. Su ilusión era ayudar a su familia, pero no lo logró. Los fines de semana vendía pan, su prima le ayudaba porque ella no hablaba español. En total ganaba 5 pesos por la venta de pan.
A pesar de los años la situación económica de Amelia no ha mejorado. En la temporada de lluvias se levanta temprano para sembrar maíz, frijol y calabaza junto con su madre. Realizan trabajos extenuantes porque no pueden pagar peones, por el contrario, Amalia se contrata como peona para ganarse 200 pesos. Con ese pago hace milagros para comer con sus hijos. Cada día compra menos productos porque suben de precio cada semana. Viaja a Tlapa a vender sus sombreros en el río Jale, a 12 pesos cada uno. Aprovecha para comprar la palma en 150 pesos, le alcanza para tejer dos docenas. En una semana hace 24 sombreros. En Tlapa los acaparadores le ponen el precio más bajo de 190 le pagan 150 pesos. Es una bicoca que no le alcanza para surtir su despensa. Para tener otro pequeño ingreso va de casa en casa ofreciendo servilletas bordadas. Para hacer un huipil tarda 3 meses y cuesta trabajo venderlo porque la gente no valora su trabajo.
Este sufrimiento impuesto por la pobreza multidimensional, no se compara con las tragedias que ha sufrido: Fredy, su hijo de 16 años, fue desaparecido en Tlapa en el 2016. Sin hablar español y sin dinero buscó ayuda con las autoridades, pero le cerraron las puertas. Tuvo que trabajar el doble para acudir a las búsquedas con un colectivo de familias de desaparecidos, pero hasta el momento las autoridades siguen sin investigar.
La desgracia sobrevino cuando murió Tevi, otro de sus pequeños hijos que nació con parálisis cerebral. El dolor de tener un hijo desaparecido y otro con una discapacidad era inenarrable, sobre todo porque Tevi se enfermaba constantemente y no había centro de salud en su comunidad ni clínicas en Cochoapa. Amalia llevaba a Tevi hasta Chilpancingo o Acapulco a un CRIT, pero era muy costoso. El mundo se le derrumbó cuando el 27 de noviembre del 2023 Tevi dejó este mundo lleno de dolor. Esa noche se quejaba más que otras veces, desesperada Amalia buscó que la llevaran a Tlapa. Le cobraron 3 mil pesos por un viaje especial. Importaba más la vida de su hijo, así que pidió prestado y se fue de emergencia. Desafortunadamente, Tevi murió antes de entrar al hospital. Paradójicamente, un día antes se había inaugurado el CRIT en Tlapa.
La tragedia se ahondo más con el asesinato de su esposo Federico en agosto de 2020, quien se metió de lleno a la búsqueda de su hijo. Tuvo el valor de detener con machete en mano a uno de los jóvenes involucrados en la desaparición de Fredy. Le confesó quienes y porque se lo habían llevado. Dio parte a la policía municipal de Tlapa. Los policías en lugar de turnar al detenido al Ministerio Público encarcelaron a Francisco. El enojo y la frustración fue mayor por la colusión de los policías con el crimen. Amelia con el corazón se desangra por la desaparición de su hijo, el asesinato de su esposo y la muerte de Tevi, camina como la mayoría de las mujeres indígenas, en la Montaña de la pobreza.

A cuatro años de su desaparición en Acapulco
¿dónde está Vicente Suástegui Muñoz?

El programa sectorial de seguridad pública del estado naufraga en el mar de la violencia y la impunidad. En primer lugar, no cumple con el objetivo de fortalecer la política pública en materia de prevención social de la violencia y del delito, con perspectiva de género, participación ciudadana y con un enfoque intercultural, como reza en el Plan Estatal de Desarrollo. En segundo término, porque la realidad nos desborda, la población se siente inerme, impera el miedo, la desolación y el sentimiento de fatalidad. No confía en las instituciones de seguridad porque saben que están infiltradas, constatan que están coludidas con la delincuencia. En este sistema monopolizado por las elites políticas de los partidos, lo prioritario no es la seguridad del ciudadano o la ciudadana sino el cuidado de las autoridades y la protección de las instituciones del Estado.
La misma Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está desdibujada y ausente, porque no ve ni siente lo que la gente denuncia y sufre diariamente. Sus operativos no arrojan resultados favorables para la población. Sus actuaciones aparatosas son tardías e ineficientes, solo causan malestar y mayor encono entre las víctimas de la violencia. El padecimiento mayor es que ni los policías ni los militares brindan seguridad a la gente que sale diariamente a luchar para llevar la comida a su casa. No todos llegan porque en la calle o dentro de un vehículo los alcanzan las balas. Ni con más cuarteles ni guardias nacionales desplegados en tareas de seguridad la violencia decrece. Con la nueva Ley de la Guardia Nacional la ruta política es entregar el control total de la seguridad pública a las instituciones castrenses.
Se repite la historia sangrienta en nuestro estado como sucedió hace 5 décadas con la política de terror implantada por el Ejército. La violencia se exacerba con el crimen organizado que tampoco es arrancado de raíz a pesar de ser la principal amenaza para la población. Han dejado que se inserte en las instituciones del Estado y que sea el que realice el trabajo sucio para aterrorizar a la población, desmovilizarla para que las autoridades actúen sin contrapesos civiles.
Los hechos atroces que sucedieron en el puerto de Acapulco ponen en evidencia el descontrol de las instituciones, la descoordinación de los tres niveles de gobierno y la supeditación con relación a la lógica criminal. En 9 días se registraron 20 asesinatos. Las calles y las banquetas están bañadas de sangre. Lejos de que la violencia tenga un freno aumenta cada día, sin que existan acciones contundentes para desmantelar las estructuras delincuenciales y dar con los responsables
A las 6:50 de la mañana del sábado 26 de julio de 2025 fueron asesinados dos hermanos que trabajaban en una pollería en la colonia López Portillo, atrás del penal de Las Cruces. Testigos señalaron que caminaban rumbo a su trabajo cuando fueron atacados. A las 10 de la mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre, con torniquete y envuelto en una sábana en una Nissan Tsuru en el asiento de atrás entre la calle 2 y esquina con 14 de la colonia Zapata. Dos hombres fueron asesinados por personas armadas que irrumpieron en un taller de motocicletas. Hasta ese día el saldo es de 314 homicidios relacionados con el crimen organizado en lo que va del año en el puerto de Acapulco.
A las 8:30 de la noche del domingo 27 de julio varios armados con AK-47 montados en motocicletas dispararon contra la comandancia y la agencia del Ministerio Público en el Fraccionamiento Costa Azul. Estaban los policías y trabajadores de guardia. No se reportaron víctimas.
A las 11 de la noche del martes 29 de julio hombres armados atacaron la comandancia de la Policía Ministerial sector Coloso. Arrojaron una granada de fragmentación. Dos camionetas quedaron perforadas por los proyectiles y más de 20 disparos incrustados en una cortina negra. Se supo de 40 casquillos percutidos de diferentes calibres como de AR-15 y 09 milímetros. Era un día normal de trabajo y afuera de las instalaciones estaba una patrulla. No cuentan con cámaras de seguridad.
El 30 de julio en motocicletas balacearon con AR-15 y AK-47 las oficinas del Ministerio Público de Barrios Históricos en la calle Quebrada, donde se ubica la comandancia de la Policía Ministerial. Una agente de 50 años fue herida de bala. Más de 30 disparos quedaron en las fachadas de los inmuebles. Las instalaciones de vidrio cubierto de herrería no contaban con vigilancia, ni cámaras de seguridad. A unos metros de la agresión está la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Simultáneamente hombres armados dejaron poncha llantas en la comandancia de la Policía Ministerial sector Mozimba, ubicada en la calle 6, a una cuadra de la avenida Ejido, frente a la terminal de autobuses. Continuaron atendiendo a la gente, pero a puerta cerrada. La Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció un millón de pesos de recompensa a quien de manera anónima, por llamada o whatsapp, proporcionara información para la localización y detención de los responsables de los ataques.
El miércoles 30 de julio un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado muerto con torniquete en la colonia Paraíso. El cuerpo habría sido arrojado desde un automóvil en movimiento sobre la calle principal. Más tarde como a las 5:30 personas armadas a bordo de motocicletas dispararon contra un hombre que viajaba en una camioneta Ford-Ranger, cerca de la avenida Cuauhtémoc y el puente Bicentenario, en el fraccionamiento Magallanes. La víctima quedó herida y por sus propios medios acudió a un hospital privado cercano.
El mes de julio terminó con una terrible ola de violencia, en menos de 24 horas fueron asesinados 12 hombres y una mujer. Los primeros minutos del jueves 31 fue reportado el hallazgo de un hombre decapitado envuelto en sábanas y atado de pies y manos en Ciudad de Renacimiento. Unos minutos después se reportó el asesinato de otro hombre en la colonia Llano Largo, afuera de su casa.
Por la mañana fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer en un taxi colectivo en Las Cruces, al parecer fueron asesinados con torniquete y luego abandonaron el vehículo con los cuerpos adentro de la cajuela. A las 10 de la mañana se encontró un hombre asesinado con torniquete en el poblado Las Plazuelas, en la zona rural de Acapulco, su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento.
A las 11:20 de la mañana agentes del Ministerio Público recibieron el reporte de dos hombres decapitados que se encontraban en la cajuela de un taxi colectivo en Ciudad Renacimiento. En esa mañana la alcaldesa Abelina López presidía la sesión de cabildo abierto a tres cuadras del trágico suceso.
Cerca de las 7:30 de la noche reportaron a la policía el cuerpo de un hombre baleado en la colonia Unidad Ciudadana, en la parte alta de la terminal de transporte urbano de la colonia Emiliano Zapata. Dos horas después, en el fraccionamiento Mozimba localizaron cuatro hombres asesinados con torniquete, con visibles huellas de tortura, atados de pies y manos. Los dejaron sobre la calle Colonial, detrás de la iglesia Mozimba. A la misma hora un hombre fue perseguido a balazos en el poblado Órganos de Juan R. Escudero, en la zona rural de Acapulco, hiriéndolo de muerte.
Después de una jornada violenta con 13 homicidios, se inauguraron tres cuarteles de la Guardia Nacional: uno anexo a la base aérea de Pie de la Cuesta con capacidad para albergar a 60 elementos; el segundo dentro del Parque Nacional El Veladero en la colonia Paraíso Escondido con 120 efectivos y el tercero en el predio del CBTIS 14 en el fraccionamiento Ricardo Morlett Sutter con 250 elementos. El comandante, Miguel Ángel Aragón Vázquez dijo que llevan a cabo investigaciones y persecución de los delitos de extorsión, secuestro, narcomenudeo y tráfico de personas. El acto protocolario fue encabezado por el coordinador territorial de la Región Sur Sureste de la Guardia Nacional, general Saúl Luna Jaimes, acompañado por el comandante del 50 Batallón, Waldo Fransechi Santos, el comandante del 68 Batallón Luis Lorenzo Aguirre, el teniente coronel Fuerza Aviador Estado Mayor, Carlos Basilio Ortiz y el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Bailleres Mendoza en representación de la presidenta municipal.
Aragón Vázquez informó que los 21 cuarteles proyectados después del huracán Otis son habitados por 3 mil 700 elementos, pero solo han sido inaugurados cuatro. Al margen de la violencia que azota Acapulco el comandante resaltó que “la presencia de la Guardia Nacional ha ayudado a disminuir los índices delictivos y la persecución de la inseguridad en el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco”. Convencido de lo que manifestaba reiteró que la Guardia Nacional “ha contribuido en las condiciones de seguridad en los ciudadanos acapulqueños y además colabora con las diferentes instancias de gobierno para preservar la seguridad pública, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio”. Los periodistas sorprendidos por el contenido de su discurso, preguntaron sobre el reporte de los seis muertos de la mañana. El comandante lacónicamente comentó: “estamos trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno”. Para muchos guerrerenses, el trabajo de seguridad que pregonan las autoridades federales y estatales, no es más que un discurso que encubre el fracaso de la estrategia de seguridad comandada por el Ejército y la Guardia Nacional.

Compañero Victor: la negligencia, el abandono y las precariedades del ISSSTE de Guerrero, te condenaron a morir. Como periodista te entregaste con pasión y arrojo para darle voz a los silenciados. Tu legado vivirá en las trincheras del combativo gremio periodístico de Guerrero.

Marco, estamos aquí en la orilla del río Papagayo, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, para honrar tu lucha y para reiterar nuestro compromiso de defender las tierras de nuestros abuelos. Lo hacemos como tú nos enseñaste, con el machete en la mano y con el corazón por delante. Sin arredrarnos ante los gobernantes represores y corruptos, ni replegarnos ante los polizontes montoneros y cobardes.
Aprendimos a no pedir permiso para tomar las avenidas del puerto y hacer visible lo que los políticos ocultan, las desigualdades sociales que nos separan entre el Acapulco Diamante y el Acapulco de los lodazales. Desenmascaraste a los presidentes de este municipio que están enfermos de codicia y coludidos con empresarios mañosos y con la delincuencia. Encaraste a los pésimos gobernadores que con sus tropelías y triquiñuelas se empeñaron en imponer la presa La Parota.
A los lidercillos de los partidos políticos les demostraste cómo se hace trabajo en las comunidades; arando la tierra, chaponando la hierba, arreando los animales, haciendo frente a las enfermedades con remedios caseros, luchando contra el analfabetismo, sufriendo las carencias de agua, drenaje y caminos. Tu escuela fue el campo, las asambleas y el trabajo comunitario. Desde muy joven aprendiste a trabajar derecho y a no dejarte sobornar por políticos corruptos. Te distinguiste por estar al lado de los más pobres. Tus estudios universitarios sirvieron para comprender la grandeza de la vida en el campo, para aprender de la sabiduría ancestral, para disfrutar del modo de vivir en comunidad y ante todo para amar y defender la tierra, por ser nuestra madre.
En el Cecop aprendimos a luchar como pueblos, a reconocernos como campesinos que somos explotados y engañados por los ricos y los gobernantes. Las asambleas fueron el motor de nuestra lucha, en este espacio nuestra palabra cuenta y también es donde tomamos decisiones. Aquí fue donde juntamos nuestras voces para no permitir que entrara la maquinaria y los ingenieros de la CFE a nuestro territorio. Instalamos nuestros plantones y las compañeras se encargaron de vigilar las entradas. Eso le molestó al gobierno porque no tolera que los que vivimos en el campo levantemos la voz para defender nuestros derechos. Por eso encarcelaron a Marco Antonio, creyendo que lo iban a espantar y que nosotros nos íbamos a rajar.
Con eso nos organizamos con más fuerza. No solo cerramos las entradas a nuestro territorio, sino que también íbamos a las asambleas que convocaba el comisariado junto con la Procuraduría Agraria para impedir que se realizaran. Dimos la batalla en todos los frentes y les tiramos con la ley en la mano todas las asambleas espurias que realizaron. Compa Marco Antonio también fuiste un gran magistrado porque defendiste con mucho valor en los tribunales nuestros derechos como campesinos. Nos enseñaste a no sentirnos menos ante los funcionarios que están detrás de un escritorio. Tanto ellos como nosotros sabemos lo que es defender nuestras tierras, eso lo aprendemos desde que nacemos. No tenemos que pedirle permiso a nadie, por eso cuando salíamos a la calle levantábamos nuestros machetes para gritar ¡No a La Parota!
Marco diste cátedra a los magistrados, porque con el Cecop comprendieron que el movimiento campesino fue en verdad el motor que le dio fuerza la revolución al lado de Zapata y de Villa. Por eso también gritamos en nuestras consignas ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!
Fuiste el vocero que logró tras-cender las fronteras nacionales: el Cecop fue un ejemplo que se extendió en toda América Latina. En El Salvador, Guatemala, Colombia y Brasil fueron memorables las inter-venciones de Marco Antonio porque transmitían la buena vibra de su lucha. Porque contagiaba con su poder de convocatoria, motivaba para impulsar la organización comunitaria. El Cecop se transformó en un referente internacional por la eficacia de su lucha, por su consistencia argumentativa y por el gran liderazgo de Marco Antonio. Los relatores especiales de la ONU Rodolfo Stavenhagen y Miloon Kothari así como la secretaria general de Amnistía Internacional Irene Khan fueron testigos de este gran movimiento, donde mujeres y hombres tenían la misma participación y reconocimiento.
Marco, forjaste tu acero al lado de tu padre y de tus abuelos zapatistas. El campo te enseñó a ganar la tortilla diaria con el sudor de tu frente. De la familia heredaste el carácter aguerrido y explosivo. Con arrojo lidiaste con los policías del estado que se apostaban en la entrada de las asambleas espurias. Con tu voz tronante y decidida irrumpías con machete en mano en los lugares ajenos a los núcleos agrarios para desbaratar estas convocatorias amañadas y correr a los acarreados. Fue inolvidable la asamblea que se realizó en Agua Caliente, donde participaron los supuestos simpatizantes de la presa dirigidos por el comisariado de Cacahuatepec, los opositores y los expertos de cada parte. Después de escucharlos fue memorable tu magistral coordinación de la asamblea que al final más de 4 mil asistentes levantaron su mano para decir ¡No a la Parota!
A pesar de estos triunfos inobjetables y de esta gran contribución de los opositores a la presa para conservar los bienes naturales y evitar la depredación del medio ambiente, los gobiernos de todos los colores siguen empecinados en extraer el agua y los recursos pétreos del río Papagayo para beneficio de los empresarios gravilleros, hoteleros y los negocios de los políticos. Es la resistencia de los pueblos y la persistencia de Marco Antonio lo que ha parado esta ambición desmedida de destruir el manto acuífero en beneficio del alto turismo. Son las comunidades las que cuidan la casa común, sin embargo, los gobiernos no cuidan de la gente. No atienden los graves daños que sufrieron con la entrada de los tres huracanes que volaron sus techos, enlodaron sus pisos, devastaron sus huertas y trozaron sus caminos. No tienen agua potable porque sus tuberías quedaron inservibles, sin embargo, los pozos profundos tienen mantenimiento permanente porque deben de asegurar el abastecimiento de agua para los grandes hoteles. Estas injusticias obligaron a Marco Antonio a empuñar el machete para desafiar a los gobernantes pendencieros y empresarios voraces que han sumido en el lodazal a las comunidades que han sido saqueadas y expoliadas por el extractivismo depredador y los saqueadores de la clase política del estado.
Marco Antonio fue un defensor del territorio que peleó hasta el final para heredar a las futuras generaciones un hábitat que les asegure una mejor calidad de vida. Las comunidades del Acapulco rural siguen luchando por agua potable, drenaje, carretera, médicos, maestros, créditos para el campo, programas de vivienda y fuentes de empleo. Son comunidades azotadas por la pobreza y la violencia. Olvidadas por los gobiernos racistas y corruptos, acorraladas por empresarios voraces que cuentan con el apoyo de los grupos delincuenciales que aterrorizan a la población con crímenes atroces.
A 22 años de la lucha del Cecop las comunidades de Cacahuatepec, resisten. El gobierno municipal ignora sus demandas históricas y les impone proyectos extractivistas. El gobierno del estado no las considera como una región prioritaria para el desarrollo turístico de Acapulco. En lugar de obtener ganancias significa pérdidas para sus bolsillos y el gobierno federal ha decidido impulsar con los empresarios el programa Acapulco se transforma contigo. Todo pensado en reactivar la economía del puerto con grandes proyectos turísticos. El piso básico de la subsistencia que requieren las comunidades rurales está fuera de los proyectos nacionales. Los funcionarios municipales en lugar de atender las demandas fundamentales de las comunidades se empeñan en dividir e imponer sus proyectos extractivistas. El caso de Agua Caliente es una muestra de cómo abusan de la necesidad de la gente. CAPAMA tiene proyectado construir pozos radiales en la rivera del río Papagayo. En lugar de presentar con detalle en qué consiste el proyecto, han optado por aliarse con el ex comisario municipal que es empleado de CAPAMA, para abordar de forma individual a los comuneros que tienen huertas en la orilla del río, con el fin de que autoricen la servidumbre de paso, a cambio de algún apoyo económico. La comunidad tiene años demandando la reconstrucción de la carretera que ha sido destruida por los grandes camiones de las empresas gravilleras, que cada año acaparan más terrenos comunales para sus negocios privados. Para asegurarse que estos negocios sean prósperos los empresarios se han aliado con los grupos delictivos para que se encarguen de proteger sus negocios. Los funcionarios federales son cómplices de esta depredación ambiental y se hacen ojo de hormiga de los despojos de tierras federales y de la sobrexplotación del río. Saben que todo es negocio, por eso a quienes protestan y se oponen a sus intereses los amenazan, encarcelan o asesinan, como lamentablemente sucedió con el compañero Marco Antonio Suástegui Muñoz, que en plena afluencia turística fue atacado a balazos en la playa Icacos.
A 3 meses del crimen artero la Fiscalía del estado no tiene una línea sólida sobre el móvil del asesinato. Ha evidenciado su incapacidad para realizar investigaciones profesio-nales, no hay interés en esclarecer los hechos y mantienen intocada la red criminal que controla las playas y, que cotidianamente asesina, sin que las autoridades den golpes certeros para detener a los responsables. Estamos lejos de que las autoridades de los tres niveles de gobierno logren desmantelar las estructuras delincuenciales que desangran la vida de los acapulqueños. ¡Marco Antonio vive! ¡La lucha sigue!

Toda nuestra solidaridad con la familia Ureiro Castañeda, que en este domingo trágico privaron de la vida a su hijo y hermano Sergio.

El lunes 14 de julio ocho comunidades ñu savi y tres afromexicanas de los municipios de Marquelia y San Luis Acatlán bloquearon la carretera federal de la Costa Chica, en el puente de Marquelia. Su demanda principal es que Iván Hernández, delegado de Bienestar, no los discrimine y que tome en cuenta a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y cultivos y que no han sido censadas.
Llegaron más de 700 personas mostrando su enojo y reclamo a las autoridades del estado y federales porque nadie ha llegado a brindarles algún apoyo. Permanecieron todo el día con la esperanza de ser escuchados. Fueron ignorados, las autoridades les demostraron que sus protestas no representan presión alguna para escucharlos. Por la noche, la gente agobiada por los rayos del sol regresó a San Luis Acatlán para permanecer en la explanada del Palacio Municipal. Cansancio y desánimo había en algunas madres de familia que llevaban a sus pequeños hijos. Las personas mayores se mantenían decididas a continuar con la jornada de protesta. En esa noche obligaron a que se presentara el presidente municipal Adair Hernández para exigirle que se sensibilizara de su lucha y que se comprometiera a comunicarse con Iván Hernández.
La gente regresó con más bríos confiando que tendrían alguna respuesta con la intervención del presidente. Todo fue en vano, nadie iría al bloqueo a dialogar con ellos. Su movilización como comunidades indígenas solo logró una llamada telefónica con el presidente de San Luis en la que le informaba el delegado de Bienestar que se reuniría con las autoridades comunitarias sin definirles día ni hora. Con esa respuesta soez del funcionario federal las comunidades optaron por regresar a sus hogares, nuevamente experimentaron el desprecio y el mal trato que han recibido de todos los gobernantes. Tendrán que seguir trabajando para reconstruir sus viviendas y dejarán un tiempo de prueba para ver si cumple su palabra el delegado de bienestar.
Este jueves 17 la gobernadora Evelyn Salgado viajó en helicóptero con la subsecretaria de Gobernación Rocío Bárcena a la cabecera municipal de Metlatónoc y se trasladaron por tierra a Cochoapa El Grande. En los dos lugares pusieron en marcha los Tianguis del Bienestar como un derecho de las familias de devolver al pueblo lo robado. Esta iniciativa creada en el sexenio pasado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como una acción permanente para repartir ropa, calzado y enseres domésticos a las familias de escasos recursos.
Esta visita causó enojo entre la población ñu savi a la que le restringieron el paso con vallas. Solo permitían el paso a gente mayor y madres de familia con sus hijos para asegurar que el acto transcurriera sin gritos ni reclamos. Varias personas pidieron entrar para entregar sus solicitudes a la gobernadora, sin embargo, el séquito de guaruras y trabajadores del estado con trato osco y haciendo valer su poder y su fuerza física, atemorizaban a la gente. La colocación de las vallas en los eventos públicos de la gobernadora demuestra su lejanía de la gente que sufre, su desinterés por escuchar a una población que por centurias ha sido despreciada e ignorada. Se criminaliza a la gente pobre que sólo quiere transmitir los males que padece. Se estigmatiza a los indígenas por su porte sencillo y porque con dificultades se comunican en español. Se trata con desdén a la población que habita en viviendas derruidas, sin techos y con pisos de lodo. Son las familias que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela y que padecen enfermedades crónicas por falta de médicos y de medicinas.
Las vallas en Metlatónoc y Cochoapa el Grande fueron un dique para no escuchar la violencia feminicida que trunca de tajo la vida de las mujeres ñu savi; se obstruyó el paso para no enterarse de las historias de niñas que son víctimas de matrimonios forzados. Con esos obstáculos insalvables fue imposible que la gobernadora llegara a ellas para salir en su defensa y alzar la voz junto con las niñas y madres, para ser condescendientes con su dolor y exigencia de justicia destinando mayor presupuesto para erradicar las violencias que padecen las mujeres de los municipios más pobres del país.
La carretera maltrecha que no pudo ver en este viaje la gobernadora fue la que diariamente transita la gente de Tlapa a Metlatónoc. Desde que Vicente Fox fue a esta cabecera y se sentó a comer tortillas del comal con una familia ñu savi se asfaltó la carretera de 90 kilómetros. Hace 6 años el presidente Andrés Manuel se comprometió a reconstruirla pero no hubo presupuesto para saldar esta deuda con los pobladores de Metlatónoc. El comité gestor de esta obra ya se desanimó por tanto gasto que hacen para viajar a la capital del estado. Han insistido en múltiples ocasiones a los funcionarios de la SICT y la CICAEG para que asignen presupuesto a esta importante vía, que comunica con la Costa Chica y el estado de Oaxaca. Esta sentida demanda tampoco escuchó la gobernadora. Lo mismo sucedió con el hospital que desde el sexenio pasado fue un compromiso de mejorarlo pero los remiendos que le hacen es por el desinterés y la corrupción de quienes tienen bajo su responsabilidad esta obra, que ha costado vidas a varias personas que requieren de la atención especializada y de medicamentos que nunca hay.
En Cochoapa el Grande, a la gente que le negaron el acceso al auditorio esperó a que la gobernadora saliera para poder abordarla. Su camioneta blindada se acercó a la puerta del auditorio y salió acompañada del presidente municipal, de inmediato abrió la puerta delantera para subirse. El vehículo fue rodeado por los guardias de seguridad para impedir que se acercara la gente. En medio de las vallas le abrían paso empujando a la gente que tenía la ilusión de saludar de mano a la gobernadora y al mismo tiempo entregar un oficio para pedirle algún apoyo. La fricción fue mayor cuando los guardias arremetieron contra la gente, sin distinguir si había mujeres o menores de edad. Esta forma de agredir provocó el enojo de los ciudadanos que ubicaron entre los más rijosos a uno de los escoltas de la gobernadora, el capitán Salinas, que fue sometido por 3 vecinos de la comunidad y fue llevado a la entrada del Palacio Municipal. Lo encararon y le demostraron que así como trata a la gente, así lo van a tratar a él. Le hicieron ver que no por ser escolta se va a sentir intocable y puede hacer lo que quiere. Le enseñaron que a la gente de la Montaña se le respeta, no porque la gente sea humilde se le va a tratar como cualquier cosa. Desde tiempos de Figueroa, los guaruras siguen comportándose como trogloditas del gobierno en turno y continúan gozando de total impunidad.
Cochoapa El Grande no merece una visita de 40 minutos de una gobernadora y de una subsecretaria federal, máxime que los problemas son añejos y mayúsculos. Por más apretada que tenga su agenda es necesario que a la población se le escuche o que por lo menos instale un módulo de atención ciudadana para recibir la multiplicidad de oficios que la gente elabora con mucha dedicación. No se puede dar el mismo trato a la gente que está olvidada y enfrenta rezagos históricos poniendo vallas y cerrando el paso. Mucho menos agrediendo a la gente. Los operativos ostentosos que les encanta dar a los escoltas y que lo permiten los mismos funcionarios, solo buscan deificar la imagen del gobernante, de enaltecer su ego y jerarquía. Se ha perdido el rumbo al remarcar la distancia y mostrar la lejanía con la gente. Estamos lejos de la sencillez y la empatía que requiere un gobernante para darle confianza a la gente y ganarse el respeto y el cariño.
En Cochoaapa El Grande hay un problema de inseguridad en los caminos sobre todo la ruta que va a Dos Ríos. En el Cerro de la Garza desde hace 5 años opera una gavilla que no solo asalta, viola y secuestra, sino que también acciona sus armas para privar de la vida a la gente que transita por esos caminos. Hay una queja de la población de que en esta nueva administración no hay una obra ejecutada. Nadie sabe la causa de por qué el actual presidente municipal, Javier Gálvez, no ejerce el presupuesto de 2025. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Mujer su estrategia no ha dado resultados para revertir la violencia y contener los matrimonios forzados. Los casos de niñas que son obligadas a casarse continúa en todas las comunidades del municipio. Es imposible incidir favorablemente cuando se mantiene esa distancia con las comunidades y solo se visitan las cabeceras municipales. El rezago educativo es grave en el municipio por falta de docentes y por la carencia de infraestructura escolar. La asignación de los maestros o maestras a varias comunidades del municipio, se ha logrado por los amparos que hemos interpuesto como un recurso efectivo de los pueblos. La gente sigue caminando porque los caminos están destruidos. Esta situación encarece todos los productos y hasta el mismo transporte, las familias no tienen otra opción que migrar como jornaleros agrícolas porque en la región no hay trabajo permanente. Todos estos dolores y pesares no llegan a los oídos de los gobernantes por esa falta de sensibilidad y empatía con las personas que suben la montaña en busca del pan de cada día.

En la Costa Chica el huracán Erick destruyó lo poco que tienen las familias de pescadores y las que cultivan el campo: sus palapas, sus techos de lámina, sus cultivos de maíz y sus huertas de plátano y de coco. Todo voló. Las ráfagas de viento arremetieron con toda su furia en una región abandonada por los gobiernos priistas, perredistas y morenistas. En los 13 municipios, a pesar de que cuentan con mucho potencial turístico y con una gran diversidad de bienes naturales, las comunidades no cuentan con servicios básicos. Los gobiernos municipales no se interesan en revertir el rezago social de las localidades que resisten y que no encuentran la manera de hacerse escuchar.
El 20 de junio la gente no pudo contener los estragos del huracán. Las láminas se doblaron, varias volaron lejos como si fueran de papel. En solo unos minutos, cuando Erick tocó tierra la gente quedó a la intemperie por la caída de sus techos. El pánico se apoderó de las madres y padres de familia que no sabían cómo poner a salvo a sus hijos, a las personas mayores y a sus enfermos. Cada quien buscó refugio con sus familiares. Fue imposible pedir auxilio porque se quedaron incomunicadas, se fue la luz porque varios postes se cayeron. Lo más triste es que las autoridades no acudieron a verificar los daños ni llegaron con brigadas para prestar auxilio.
Hay mucho enojo en las comunidades afro y ñu savi del municipio de San Luis Acatlán como Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán, Zentixtlahuaca. Comentan que no acudieron los “servidores de la nación” a censar sobre los daños de sus viviendas y sus cultivos. Denunciaron al presidente municipal por su indolencia y porque solo le interesa crear una buena imagen difundiendo que ha brindado apoyo a estas comunidades. Lo que ha hecho es llevar unas cuantas despensas para sacarse la foto. Las comunidades afro e indígenas de Zoyatlán, Cruz Verde y Capulín Chocolate del municipio de Marquelia, enfrentan el mismo problema. Ninguna autoridad las tomó en cuenta, nadie llegó a verificar los daños.
Los ciudadanos de estas comunidades critican a la gobernadora Evelyn Salgado porque solo llegó a Marquelia para sacarse la foto. Sus recorridos no fueron para cuantificar los daños que hubo en las comunidades. Tampoco intervino a favor de las familias damnificadas para que las censaran los “servidores de la nación”. No hubo reportes de los graves daños a sus viviendas, las afectaciones de sus cultivos, los techados de varias escuelas, los postes de luz que se cayeron y árboles que causaron daños en sus viviendas.
El presidente municipal de San Luis Acatlán solo dio algunos víveres, pero esta dádiva no resuelve las afectaciones de sus viviendas como los techos volados y las paredes de adobe derruidas. Perdieron sus muebles que compraron con muchos sacrificios como sus camas, roperos, estufas y refrigeradores. Los presidentes municipales le echaban la bolita a los gobiernos estatal y federal, informaron que ellos se iban a ocupar de la reconstrucción, de las pérdidas del campo y de la ganadería. Pidieron que la gente sacara fotos de los daños para hacer los trámites correspondientes. Hasta la fecha no hay nada y tampoco regresaron a las comunidades los presidentes de San Luis Acatlán y de Marquelia. Lo que han hecho es actualizar sus páginas en redes sociales, para promocionar su imagen. Lo que menos les interesa es asumirse como portavoces de sus comunidades y hacerse eco de estos reclamos. No asumen un compromiso serio con la gente que confió en ellos, los abandonan a su suerte, porque saben que las familias se las ingeniarán para salir adelante.
No tienen otra opción que reparar sus techos con las láminas que el huracán se llevó. Los que sembraron a principios del mes de junio están resembrando el maíz y el frijol. A las autoridades tampoco les importan las escuelas que fueron dañadas. Los derrumbes ahí siguen desde el huracán Otis, solo se reducen a abrir paso, con el argumento de que no hay dinero. En medio del lodazal las familias hacen todas las faenas para reparar sus techos y reintentar sembrar para que por lo menos tengan maíz en este fin de año. Lo mismo están haciendo con la jamaica y el ajonjolí. Las huertas de plátano quedaron destruidas, lo mismo pasó con las palmas de coco, que tiró a los más tiernos. Los productos comerciales se perdieron y los granos de maíz y frijol son insuficientes para sostener a las familias en lo que resta del año. La situación empeora porque no hay ingresos y porque ni lo que se produce les alcanza.
Esperamos varios días las respuestas de los gobiernos, pero nos la han hecho cansada, porque saben que no decimos nada y que siempre nos resignamos a ser los perdedores. La verdad ya estamos hasta el copete por tanto engaño, por eso las comunidades afectadas tomamos la decisión en asamblea el viernes 4 y sábado 5 de junio, para denunciar por negligencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno y exigirles que atiendan y den cauce a sus planteamientos. Por consenso escogimos este martes 15 de julio para ejercer nuestro derecho a la protesta y evidenciar a las autoridades por su tozudez y por engañar a la opinión pública de que todo ha vuelto a la normalidad y que se subsanaron los daños. Vamos a bloquear la carretera porque a todos nos duele que nos discriminen e ignoren. Exigiremos que se cense a las familias que fueron perjudicadas y si no las quieren censar que se comprometan en reconstruir los daños de la gente afectada.
Tenemos la esperanza de que con nuestra movilización las autoridades nos escuchen y que atiendan nuestra demanda de ser censados. Nuestras demandas son añejas: requerimos viviendas dignas, que se garantice la dotación e medicamentos y la adscripción de médicos y enfermeras en las clínicas de la Montaña y Costa Chica. La población demanda recursos efectivos para los que siembran en el campo, que en verdad se atienda a los pequeños productores, porque no existen en términos presupuestales. Nos preocupa que en nuestras comunidades siga lloviendo y que el gobierno no apoye para que se recupere lo que se perdió con el huracán.
No sólo estamos en el fango de la pobreza, sino de la violencia por el poder que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Hasta a los presidentes municipales los están matando como pasó con el de Igualapa y Metlatónoc. El problema de la inseguridad nos afecta a todos los guerrerenses, pero ahora nos preocupa la Costa Chica porque la violencia se ha extendido desde Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala hasta Acapulco, donde proliferan los asesinatos y las personas desaparecidas.
A pesar de tantas reformas que anuncian los diputados, lo real es que para los pueblos que estamos desamparados no se traducen en beneficios tangibles para las familias pobres. Piensan más en mantener el control político de las instituciones que en salvaguardar los derechos de la población más desprotegida. Por eso nuestros derechos son pisoteados sistemáticamente, como ciudadanos nos vemos obligados a organizarnos para arrancar con protestas lo que por ley nos corresponde. En la Costa Chica las familias sobrevivimos con 500 pesos a la semana cuando bien nos va. Apenas alcanza para medio comer dos veces al día, pero no debemos enfermarnos porque no hay dinero para curarnos. Para curarse necesitamos tener dinero, de lo contrario estaremos postrados en la cama tomando remedios caseros o esperando que los santos de nuestra devoción nos hagan el milagro de curarnos.
Vivimos en un Estado fallido aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pero en verdad estamos a la deriva, los asesinatos se multiplican y la impunidad se agiganta. En nuestro estado no se detiene ni castiga al que comete delitos de alto impacto. Más bien se es condescendiente con las organizaciones que delinquen, que son una real amenaza para los ciudadanos porque ellos son el verdadero poder que con sus acciones violentas supedita a las autoridades en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el caso reciente del compañero Marco Antonio Suastegui, un defensor del territorio que fue asesinado en la playa en Semana Santa y a dos meses y medio nadie ha sido detenido, por el contrario, continúan los asesinatos y los grupos delincuenciales han demostrado que nadie los para porque la ley de fuego la imponen ellos. Ya no solo es el puerto de Acapulco donde se han asentado los grupos delincuenciales, también en las comunidades rurales tienen presencia con los jóvenes que están cayendo en sus garras con el consumo del cristal, la cocaína y el fentanilo. La Costa Chica es un corredor estratégico para el trasiego y comercialización de las drogas sintéticas. Esta tragedia aún no se dimensiona al interior de las comunidades que están asediadas por estos grupos y los niños y jóvenes son las víctimas de este flagelo.
Lo paradójico en nuestro estado es que, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, y de la Marina no vemos que hayan desmantelado a las organizaciones criminales o que detengan a sus jefes, por eso decimos que no están combatiendo al crimen cuando los asesinatos suceden a cada momento y el negocio de la droga es floreciente en los centros turísticos, pero también en las comunidades rurales. No es posible que digan las autoridades que los cuerpos de seguridad militarizados están combatiendo la criminalidad cuando en las escuelas, en las tiendas y en las casas están vendiendo y consumiendo drogas.
Las autoridades además de estar rebasadas están coludidas: los presidentes municipales cogobiernan con los grupos delincuenciales, los policías municipales y de tránsito hacen el trabajo sucio esquilmando a la gente pobre. Portan licencia para delinquir. La obra pública es ejecutada por empresas de la delincuencia que además de hacer negocios, les abren los espacios para cooptar a las comunidades y someter a sus autoridades. Los huracanes no solo son los que devastan a las comunidades de la Costa Chica, son las autoridades las que se encargan de hundirlos por su desatención y el crimen organizado se ha enquistado en la estructura gubernamental para causar terror, desmovilizar a la población erigirse como un poder funesto. ¿Cómo salir de este lodazal?

“Porque somos indígenas, por eso los gobernantes y los empresarios nos tratan como ciudadanos de segunda, como si no tuviéramos derechos”, espetó, con el rostro sangrante, una de las jóvenes sobrevivientes del autobús que se desbarrancó en la madrugada del viernes 4 de julio en la salida de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca. En la Montaña, desde que se construyeron las carreteras a Chilpancingo y Puebla, hemos perdido a muchos familiares por lo pésimo de los caminos, por el mal estado de las unidades y por la irresponsabilidad de los choferes. Son pérdidas de vidas humanas que a las empresas les tienen sin cuidado porque las autoridades son complacientes, no les fincan responsabilidades, ni les imponen sanciones severas. A pesar de las tragedias que cometen continúan funcionando sin que les importe tomar medidas para que no se repitan estos hechos y más bien, mandan a sus abogados para evitar la reparación integral de los daños causados.
En Guerrero, fue la Flecha Roja la única línea que acaparó el servicio del transporte público. Rubén Figueroa Figueroa, no solo fue un gobernante sanguinario, también fue un empresario voraz, que no permitió la entrada de otras líneas a la entidad. Su poder trascendió fronteras estatales y su cacicazgo lo hizo valer tanto en el ámbito político como económico.
Como usuarios pobres nos tuvimos que resignar a viajar en camiones desvencijados, con asientos maltrechos y con choferes arrabaleros, golpeadores y racistas.
Todos los servicios públicos en la Montaña son pésimos. Ante la necesidad de viajar y el miedo de reclamar, los empresarios se aprovechan para sacar mayores ganancias sin invertir en la compra de nuevas unidades o en proporcionar servicios de calidad a la población indígena. Es muy común viajar parado de Tlapa a Chilpancingo y aguantarse las ganas para ir al sanitario. Los viajeros a bordo no reciben boleto y cuando se compra en taquilla es imposible facturar en el servicio de segunda clase. No existe la comodidad ni la seguridad para los pasajeros, por eso la gente prefiere viajar en taxis colectivos o aventurarse a viajar en condiciones de alto riesgo.
El testimonio de Briseida es conmovedor: Mi papá Severiano Cuéllar, viajó a Cuernavaca para atender su salud, como ya era costumbre lo acompañé con mi mamá Aurelia. Hace un año sufrió un infarto cerebral y estaba dando la batalla para curarse. Estuvo internado en el ISSSTE de Chilpancingo, pero ahí le dijeron que no contaban con equipo para realizar los estudios que le pedían. El cardiólogo dio la orden de que le realizaran el estudio de Holter. Desde el mes de mayo del año pasado no le habían podido agendar su cita. El 30 de junio le llamaron del Hospital Regional del ISSSTE de Cuernavaca para informarle que el miércoles 2 se presentara para realizarle los estudios. Ese día le colocaron el aparato para monitorear su corazón. Al siguiente día nos avisaron que retirarían el aparato a las 4 de la tarde. Calculamos que nos daba tiempo salir en la corrida de las 18:30 rumbo a Tlapa. Mi mamá Aurelia se encargó de avisarle a mi hermana cómo íbamos en el trayecto. El último mensaje que mandó fue cuando pasamos Tulcingo del Valle a las 11:53 de la noche. Calculábamos llegar a la terminal entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada del 4 de julio.
Los primeros que dieron la noticia fueron mis primos. Una tía de Ixcateopan les avisó que un autobús se había volcado al salir del pueblo. Como familia nos organizamos para ir al lugar del percance porque sospechamos que se trataba del autobús donde viajaban mis papás. Cuando llegamos los habitantes de Ixcateopan ya estaban ayudando. Estaba la Policía del Estado, militares y la Guardia Nacional, pero solo se reducían a sacar fotos y a impedir que la gente se acercara para ayudar. No les importó los gritos de nuestros familiares que no podían salir del autobús. Con desesperación le dije a un elemento de la Guardia Nacional que los auxiliara, no me hizo caso y más bien me ordenó que me retirara. Quería hincarme para que atendiera mi súplica, pero todo fue en vano, porque ni por humanidad nos ayudaron.
El autobús rodó al menos 60 metros de altura con 25 pasajeros. Algunas personas quedaron entre los ramales de los pequeños árboles. Varias cayeron en el río y otras más quedaron al interior de la unidad. A mi papá lo rescataron sin vida los habitantes de Ixcateopan, pero río abajo. Otras tres personas se encontraban semidesnudas y muertas en la orilla del río, del lado de Buenavista.
Mi hermana Briseyda, salió botada en la primera voltereta del autobús junto con otra señora. Las dos quedaron atoradas por unos matorrales. Sangrando y y con múltiples golpes en la cara y los brazos pudieron marcar al 911 pero no les respondieron. Fue en el segundo intento cuando contestaron. Al pedir auxilio no pudieron decirles en qué lugar se encontraban. Desesperadas por los gritos que escuchaban y ante la imposibilidad de auxiliarles, con dificultades salieron a la carretera para pedir ayuda. Un joven que circulaba en su vehículo se encargó de hablar por teléfono con algunos amigos de la comunidad. La respuesta fue inmediata, se presentaron con reatas, picos, palas y machetes varios señores, jóvenes y señoras. Como conocedores del lugar bajaron al río y tiraban las reatas para auxiliar a las personas que estaban sobre el autobús. Con estas maniobras teníamos la esperanza de que saliera toda la gente, sobre todo nuestros familiares.
La Policía Estatal, en lugar de ayudar hizo contra labor. Su presencia no representaba un apoyo porque no llegaron para auxiliar a las personas que estaban dentro del autobús. En lugar de animar a la gente que apoyaba, impedían su trabajo. Decían que ya no se alterara el lugar donde había caído el autobús porque ya estaban por llegar los peritos. La gente se enojó por su postura insensible y por su falta de solidaridad. Para alejar a la gente dejaban correr la voz de que ya no había más personas qué rescatar. Les dijimos que se tenía que seguir buscando porque había familiares que no los habíamos encontrado. Eso les valió y mejor se fueron.
Los que en verdad se arriesgaron fueron los jóvenes y señores de Ixcateopan. Más tarde llegaron los de Protección Civil de Tlapa que apoyaron los trabajos de búsqueda y de rescate de la gente que estaba en el autobús y de los que había arrastrado el río.
Cuando amaneció ya habían llegado más personas de otras comunidades para mover el autobús, pero fue imposible. Llegó el presidente de Alpoyeca, sin embargo, en lugar de ser colaborativo empezó a regañar a la gente como si realmente el personal de la Presidencia hubiese hecho algo.
Esta tragedia puso en evidencia que en la Montaña se carece de unidades, de equipos y de personal especializado para atender estas emergencias. Se carece de lo más elemental: las ambulancias que no están disponibles y que en estos casos muestra su inoperancia el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). No hay unidades ni equipamiento para el auxilio vial y para el rescate de personas que están en peligro.
Las autoridades municipales están ausentes en estas tragedias, no movilizan recursos ni personal para actuar de inmediato. No existe coordinación entre las autoridades municipales y no hay una instancia estatal que intervenga para enviar equipo de rescate. Los cuerpos de seguridad en lugar de apoyar entorpecen las maniobras con el pretexto de que tienen que asegurar la escena del percance.
A pesar de que una de las sobrevivientes pudo hablar en el momento en que cayó el autobús al río, y se dio parte a las autoridades, no hubo respuestas eficaces e inmediatas para realizar las maniobras de rescate. Fue hasta las 9 de la mañana cuando llegó maquinaria grande para remover el autobús que ya estaba enterrado en la arena y cubierto por el agua del río.
La dilación y el abandono de las autoridades municipales y estatales que generan costos de vidas humanas, tiene implicaciones legales y penales, porque son omisas y negligentes. No se interesan en obtener el equipo necesario, ni las unidades de auxilio para atender con presteza estas emergencias.
Si hubieran intervenido con prontitud con la maquinaria grande hubiesen sido menos los muertos. El último cuerpo que se rescató fue el de la maestra Aurelia de 56 años, que lamentablemente se encontró bajo los fierros de la cajuela. Este desenlace se pudo evitar con el uso de maquinaria adecuada y con personal experto en rescates. El saldo final fue de 6 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre ellas había 7 niños, uno de 8 meses.
Desde las 10 de la mañana llegaron algunos familiares a la Fiscalía Regional de la Montaña para interponer la denuncia, sin embargo eran las 7 de la noche y aún no les habían informado cuándo les entregarían los cuerpos. El fiscal y el delegado de Gobernación informaron que el retraso se debía a que solo había dos médicos forenses. También pedían que se iniciaran las investigaciones contra los representantes de la empresa para fincar responsabilidades penales y hacer valer el derecho de las víctimas que perdieron a sus familiares. La misma asesora jurídica de la CEAV se encargó de maltratar a los familiares por atreverse a denunciar la desatención de las autoridades. Violentando su rol como representante de las víctimas les recriminó su postura, asumiéndose como portavoz de le empresa, al comunicarles que solo les darían 8 mil pesos para los gastos funerarios.
No solo el intenso dolor que apretujaba sus corazones y obnubilaba sus mentes los devastaba, sino la actitud de las autoridades que las revictimizan y les violentan sus derechos. En lugar de acuerpar su exigencia de justicia se empeñan en dividir a las familias para hacerles la chamba a los empresarios, que hasta con la muerte de los indígenas hacen negocios.

En honor a Hilario, Alicia y Norma Mesino: padres ejemplares de la OCSS, hija aguerrida y comprometida con los derechos humanos. Familia con temple que por décadas ha enfrentado la violencia del Estado. Inclaudicables en su exigencia de justicia. Fieles a la lucha de los caídos y defensores de los presos políticos. Insumisos. Inquebrantables.

Este 28 de junio se cumplieron 30 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas. Fue una decisión tomada por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, asesorado por el general Arturo Acosta Chaparro, para desarticular el movimiento de comunidades serranas y atemorizar a los campesinos que se aglutinaban en la OCSS para enfrentar al poder caciquil, demandar sus derechos básicos y desenmascarar la estrategia contrainsurgente del Ejército de militarizar la región, vigilar a las organizaciones, hostigar y desaparecer a miembros de la OCSS, catalogada como radical. En esta protesta demandarían la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, campesino desaparecido el 24 de mayo de 1995.
Las comunidades serranas que participaron en la conformación de la OCSS no han logrado salir del fango del olvido ni han podido vencer el flagelo de la pobreza. Los gobiernos priistas nunca perdonaron su rebeldía ni su osadía por rebelarse contra el mal gobierno y tumbar a un gobernador que se sentía todopoderoso. Le apostaron al cambio de gobierno y confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atendería sus demandas y haría justicia a los campesinos asesinados. Esperaron pacientemente la presencia del presidente en la región, se conformaban con que por lo menos enviara alguna señal de que impulsaría la investigación de los 17 campesinos masacrados. El sexenio terminó y constataron que la lucha por la justicia sigue siendo un camino tortuoso con los gobiernos de Morena.
A nivel estatal la gobernadora está distanciada del movimiento social, no le interesa la lucha que libran las organizaciones indígenas y campesinas. Están fuera de su agenda y no son sus interlocutoras por sus posturas críticas e independientes. La OCSS nunca imaginaría que sería más difícil entablar un diálogo con la gobernadora de Morena que con los gobiernos priistas y perredistas.
A pesar de la decepción y el desencanto no hay desánimo mucho menos sentimiento de derrota. Se mantienen en pie de lucha demandando castigo a los autores intelectuales de esta matanza, principalmente el ex gobernador Rubén Figueroa. No hay tregua para exigir la libertad de Antonio Barragán, preso político de la OCSS. La persecución política no para, por eso Norma Mesino solicitó a la Comisión Interamericana medidas cautelares por las amenazas que ha sufrido. Le fueron otorgadas, sin embargo, le fueron suspendidas sin que el gobierno federal se haya interesado en evaluar su caso y reconsiderar su situación de riesgo. Por eso consideramos que es urgente que el mecanismo de protección de las personas defensoras de la Secretaría de Gobernación incorpore y otorgue a Norma las medidas más acordes para que continúe con sus actividades como defensora.
Por su parte las viudas de los 17 campesinos demandan reparación integral por las pérdidas de sus familiares y por truncar los proyectos de vida de sus hijos. Los reclamos de la OCSS no han sido escuchados por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, que en una conferencia mañanera del mes de mayo acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de ordenar la represión durante su sexenio. Para ilustrar mejor a la audiencia presentó un video con imágenes de la masacre de Aguas Blancas. El comentario de la presidenta fue para responder a sus críticos que la tacharon de autoritaria por llamar a votar por el Poder Judicial, sin embargo, estos casos no fueron retomados por la presidenta para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas. Las compañeras de la OCSS con Norma Mesino al frente han pedido a la presidenta que retome los casos que citó como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, para que no queden en la impunidad.
Mientras tanto en la Sierra nada ha cambiado. Las comunidades siguen en el abandono, la precaria infraestructura está inservible; el precio del café no ha mejorado, a pesar de ser una de las principales demandas de la organización. Las huertas de café no cuentan con el apoyo gubernamental para levantar la producción. La gente siembra el maíz solo para subsistir porque no tiene precio y no hay venta. Antes había acopio, pero ya lo quitaron.
En los últimos años la deforestación está imparable. Antes estaba pendiente la Profepa, la Semaren, la Semarnat, la Conafor, que eran las que regulaban, castigaban y paraban la tala ilegal de la madera, pero hoy ya no hay control. Lo peor de todo es que los talamontes están entrando a los terrenos de particulares y se están llevando la madera. Las asambleas ejidales perdieron su autoridad, ya no es como antes que quienes decidían qué hacer eran los pueblos. Ahora el presidente del comisariado es impuesto por personas externas. Ya no se da la aprobación de la asamblea, lo que sí hay son las amenazas. Es como si el mismo estado controlara, pero a través de los grupos que delinquen.
El gobierno de la 4T prometió salud para las viudas y los sobrevivientes de la masacre, pero solo fueron promesas, porque seguimos en las mismas. Los hospitales y los centros de salud son elefantes blancos, porque no hay medicamentos y tampoco atención médica. Las comunidades están abandonadas y desamparadas.
No hemos tenido respuestas sobre nuestros desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales tampoco han sido investigados ni castigados. La justicia no llega en Guerrero. No solo para Aguas Blancas sino para nadie de los que han sido víctimas de otras masacres, desapariciones y ejecuciones. La OCSS tiene muchas familias desplazadas, personas desaparecidas, presos, ejecutados extrajudicialmente y ningún gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes. El caso de Aguas Blancas sigue abierto, pero los actores intelectuales de alto nivel como Rubén Figueroa y Ernesto Zedillo gozan de total impunidad y de la inmunidad de los gobiernos de hoy.
Como la mayoría de personas lo saben, el gobierno dio dádivas a los familiares de los masacrados, lo hizo mientras sentían la presión política y el riesgo de ser juzgados, pero al final los abandonó a su suerte. Las autoridades las humillaron porque les hacían firmar documentos donde supuestamente manifestaban que ya habían recibido la reparación del daño y que renunciaban a interponer denuncias. Fueron engañados y eso no se vale. Lo peor es que muchos compañeros quedaron mutilados, con lesiones graves, unos no pueden caminar y otros ya no pueden trabajar. Muchas madres de los caídos murieron en la pobreza.
Hicieron creer que con el dinero que les dieron ya se había hecho justicia. Fueron dádivas que la gente aceptó porque no tenía recursos para sobrevivir. Estos daños que causaron son irreparables no solo por los 17 campesinos asesinados, sino por los sobrevivientes y todos sus familiares. También hubo afectaciones comunitarias por los desplazamientos forzados, la persecución de quienes pertenecían a la OCSS y los asesinatos que sucedieron después de la masacre. Más de 25 compañeros fueron asesinados extrajudicialmente. Desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez, a Mauro Bahena Maldonado y Benito Bahena Maldonado. Los familiares viven en condiciones de extrema pobreza. Nunca brindaron atención médica ni psicológica como fueron las recomendaciones de la CNDH y de de la Comisión Interamericana.
La viuda Paula Mendoza falleció sin atención médica. Fue una mujer muy combativa, nunca aceptó dádivas. Por su firmeza fue criminalizada y amenazada. Muchas mujeres se aferraron a la vida para ver algún resplandor de justicia, pero murieron con el desprecio de las autoridades y el olvido. Uno de los sobrevivientes, que era líder de la organización, Felipe Ayala, fue ejecutado extrajudicialmente en el camino que va a Aguas Blancas. El hijo de la señora Mónica también fue asesinado en Aguas Blancas, y otros compañeros más.
En la comunidad de Atoyaquillo y Paso Real donde tenía arraigo la OCSS, no hay absolutamente nada, están en pésimas condiciones. Lo único que cambió es la carretera pavimentada que el gobierno hizo de Coyuca de Benítez a Tepetixtla. En los alrededores solo se aprecia el abandono. La gente tiene que trabajar duro para sobrevivir. Como organización, a pesar de ser la más perseguida, con varios compañeros desaparecidos, con presos políticos, mantenemos viva la memoria y seguimos firmes en nuestra exigencia de justicia.
Tenemos un compañero preso que fue víctima de tortura, Antonio Barragán Carrasco, infligida por Eduardo Gallo y Tello, que contó con el apoyo de García Luna. Actuó con total la impunidad y a pesar de que la comisión estatal de derechos humanos ha corroborado que fue torturado, la misma fiscalía acató esa recomendación, sin embargo, las autoridades del estado de Morelos se niegan a liberarlo.
En la Costa Grande estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Estamos en un fuego cruzado que afecta a las comunidades, varios compañeros se han ido a Estados Unidos en calidad de desplazados, sin embargo, el presidente Trump está regresando a los migrantes. Nuestro dilema es morir aquí o morir en la frontera. Estamos ante una coyuntura sumamente peligrosa porque tenemos un gobierno que no garantiza el derecho a la seguridad y a vivir dignamente.
Como OCSS exigimos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya justicia para todas las víctimas de Aguas Blancas, que reabran los expedientes para que se castiguen a los autores intelectuales, como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, de este crimen atroz. Emplazamos a la gobernadora de Morelos, para que analice bien el caso del compañero Antonio Barragán para que pueda otorgarle un indulto. Antonio es inocente, fue víctima de tortura y de la persecución política de los gobiernos caciquiles por ser miembro de la OCSS. A 30 años de la masacre de Aguas Blancas la justicia no llega a los pueblos de la Sierra.