Por falta de quórum este lunes se suspendió una sesión de la Comisión de Examen Previo del Congreso local, en la que se elaboraría el dictamen correspondiente a la solicitud de revocación de mandato que presentaron ediles de Mártir de Cuilapan (Apango) en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
De los cinco diputados convocados sólo asistieron el presidente de la Comisión, el priista Saúl Beltrán Orozco, y el secretario, el panista Iván Pachuca Domínguez; faltaron las perredistas Rosa Coral Mendoza Falcón y María del Carmen Cabrera Lagunas, y el priista Héctor Vicario Castrejón.
Consultado al respecto, Beltrán Orozco informó que se convocó a todos los integrantes y expresó que la intención era elaborar ya el dictamen para el caso de Apango, donde el grupo opositor a la alcaldesa, que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras, y que mantienen tomado el Palacio Municipal, piden la revocación de Muñiz Gómez, de Movimiento Ciudada-no, a quien acusan de nepotismo, corrupción y desvío de recursos.
Dijo que la sesión de la Comisión se reprogramó para el miércoles, por lo que el resto de los integrantes serán convocados a fin de que para ese día ya haya un dictamen que posteriormente será presentado ante el pleno.
Se le preguntó si ya había un acuerdo respecto al sentido en que se dictaminaría, pero respondió que no y que para ello es necesario sesionar y que cada uno de los diputados exprese su opinión para construir un dictamen unánime.
Etiqueta: tres
Cien negocios de Zihuatanejo cumplen tres días cerrados y ninguna autoridad se ha acercado
El dirigente del Consejo Empresarial de Zihuatanejo-Ixtapa (CEZI), Ricardo Sotelo Luna dijo que a 72 horas de que 100 comercios de diversos giros cerraron sus puertas para protestar contra la inseguridad, ningún representante de la autoridad municipal o estatal los ha buscado para escucharlos, y manifestó que esperarán la reunión mensual con el gobernador Héctor Astudillo Flores, que “ojalá que la que viene, no sea una reunión light como las anteriores que hemos tenido”.
El viernes 28 de octubre empresarios de este puerto cerraron sus establecimientos y ofrecieron una conferencia de prensa en la que fueron enfáticos en manifestar que bajaron las cortinas de sus negocios porque están cansados de la inseguridad porque han sido víctimas de asaltos, secuestros, secuestros exprés, robo de vehículo, extorsiones y cobro de piso y cuotas de la delincuencia organizada.
Exigieron acciones contundentes para combatir la inseguridad y anunciaron que no pagarán un impuesto que cobra el gobierno estatal ni sus recibos de consumo de agua potable.
Este lunes Sotelo Luna dijo que de las autoridades en sus tres niveles, “nadie se ha acercado a nosotros para informarse sobre qué es lo que pasa en el sector comercio de este municipio, en cambio sí se han acercado más y más compañeros comerciantes para decirnos que también están cansados y que se suman a este movimiento de hastío que prevalece entre los empresarios y comerciantes de Zihuatanejo, porque simplemente ya estamos cansados de vivir así”.
Ricardo Sotelo también se dolió de la postura del gobierno municipal, “a través de los periódicos locales hemos visto las declaraciones de los funcionarios del Ayuntamiento que minimizan lo que está pasando, cuando lo que deben hacer es pedirle al estado y a la federación que garanticen la seguridad de quienes día a día trabajamos para generar la riqueza de este municipio”.
A pregunta expresa, el empresario ferretero manifestó que esperarán la próxima reunión con el gobernador para hablar de los asaltos, secuestros, secuestros exprés, robo de vehículo, extorsiones y de cobros de piso y cuotas de la delincuencia organizada, “lo que nosotros esperamos que sea verdaderamente una reunión seria, una reunión donde podamos hablar seriamente sobre esta situación, que no sea una reunión light como las anteriores, sino que se tome con toda la responsabilidad que se merece”.
“Sobre todo queremos que el gobernador nos escuche, que nos permita hablar y decirle lo que vive el sector empresarial y comercial de Zihuatanejo, que el gobernador escuche y tome en cuenta nuestras propuestas y principalmente que ofrezca resultados, que ya no diga que van a hacer y que van a hacer, porque en la realidad no están haciendo nada. Queremos trabajar tranquilos, queremos trabajar así como él lo prometió, en orden y paz”.
Llama el arzobispo a revisar y reorientar la estrategia de seguridad en Guerrero
El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, dijo que el deterioro de la seguridad, y el crecimiento de la violencia en Guerrero y otros estados, “revela la necesidad de revisar y reorientar la estrategia de seguridad”. Esto, luego del asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, del que dijo representa un desafío y un reto para los gobiernos federal y estatal.
El prelado católico consideró que las confrontaciones mediáticas “nunca” serán el camino oportuno para la resolución de conflictos y enfatizó que se debe de mantener separados los diferentes temas, luego de los señalamientos que hubo en la semana, entre los gobiernos del estado y el municipal de Acapulco, tras el homicidio de Soto Duarte.
En la columna Timonel, del periódico Mar Adentro, el arzobispo se refirió a las policías comunitarias, modelo alternativo de seguridad y justicia, y convocó a todos los pueblos para que se apoye a esas organizaciones y mantener los valores y principios con los que se conformaron.
En conferencia de prensa dominical, el arzobispo leyó un comunicado en el que lamentó nuevamente el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto, asesinado el sábado de la semana pasada, hecho que dijo viene a “agudizar y a ensombrecer” el clima de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero.
El asesinato representa un “reto y desafío a las autoridades locales y federales, y para la sociedad guerrerense”, indicó Garfias Merlos, quien expuso que Guerrero ocupa el índice más alto de homicidios según datos del Inegi y se han incrementado los homicidios dolosos.
Carlos Garfias expuso que el homicidio del alcalde, y los que ocurren todos los días en Guerrero, “exigen una investigación a fondo y profesional, demanda restablecer el estado de derecho, muestra el deterioro de la inseguridad y el crecimiento de la violencia en Guerrero y otros estados”, también “revela la necesidad de revisar y reorientar la estrategia de seguridad”.
Indicó que los obispos consideran que son tres los factores sobre los que urge intervenir: la crisis de legalidad, de inequidad ante el rompimiento del tejido social y la de inseguridad, como la expresión de la falta de moralidad.
El prelado católico llamó a la sociedad a no quedarse en el miedo, rabia, deseos de venganza, temor o desesperanza, a “sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros y construir alto mejor”. Construir un estado y un país mejor, ante “tanta corrupción y tanta violencia han llegado a ser tan insoportables”.
De que pese de los llamados constantes que ha hecho al diálogo y a trabajar en coordinación sociedad y autoridades, la violencia continua creciendo, el sacerdote dijo que aunque parezca que no se está avanzando, se están atendiendo a las víctimas, a los jóvenes e impulsando la educación para la paz. “Dentro de la gravedad de la situación, creo que vamos haciendo un esfuerzo y empeño, es a largo plazo, no se va poder hacer un proyecto de educación para la paz de un día para otro, hay que aprender a dialogar y seguir haciendo el esfuerzo”.
Del intercambio de señalamientos que se dio en la semana, entre los gobiernos estatal y el municipal de Acapulco, por la responsabilidad de la seguridad después de la muerte de Ambrosio Soto, dijo que se deben de separar los temas, que no se deben de involucrar situaciones políticas con un hecho que afectó a una familia, como es el homicidio del alcalde.
“Hay que centrarnos en el hecho, algo que nos modifica mucho nuestra vida y que nos hace estar generando más conflictos de los que se van resolviendo, es que mezclamos todo y eso siempre suscitará confusión, mayor conflicto y mayor problema, hay que ir separando los problemas para ir resolviendo”, dijo.
El arzobispo consideró que las confrontaciones mediáticas y hacer malas interpretaciones no ayudan en la solución de los conflictos, que las autoridades y la sociedad tiene que trabajar por sí mismos y dialogar.
De la detención junto con presuntos integrantes de la delincuencia organizada, primero de la secretaria de la Red Jóvenes x México, Ximena Bernal Vargas, y después del hijo menor de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, Iván David Alonso Bustamante, el arzobispo dijo que si están identificadas las personas y hay elementos suficientes para proceder a detenerlas, es una señal “de que se empieza a tomar cartas en el asunto, para ir resolviendo a quienes están involucrados en el crimen organizado”.
Garfias Merlos lamentó y dijo que se tiene que saber exactamente lo que sucedió en Tepecuacuilco, donde mataron a siete integrantes de una familia.
En su columna Timonel, de Mar Adentro, el arzobispo se refirió a las policías comunitarias, las cuales dijo formaron esta organización para contrarrestar la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Que respondió a las necesidades de los pueblos, ante la negligencia de las autoridades y la ineficiencia del sistema jurídico.
“Este modelo alternativo de seguridad y justicia permite que las comunidades sean sujetos protagónicos, tanto de su seguridad como de la justicia impartida en su jurisdicción”, escribió el arzobispo, quien convocó a “todos” a que apoyen a los pueblos en sus demandas de mejores condiciones y prosperidad, para que sigan los valores y principios sobre los cuales surgió la Policía Comunitaria.
Trabajaban para el crimen los tres agentes viales de Acapulco asesinados, informa el fiscal Olea
El fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, dio a conocer que los tres agentes de tránsito asesinados en días pasados en Acapulco realizaban trabajo de halconeo para grupos del crimen organizado y su muerte está relacionada con el reacomodo de los grupos delincuenciales que ahí operan.
En conferencia de prensa, el fiscal enfatizó que existen indicios primarios de las actividades que realizaban los tres agentes, pero aseguró que es un “problema” de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
En su intervención dio a conocer que en las carpetas de investigación 1203020802000053270616 y 1203008020007001076, se da certeza de que los tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco trabajaban para distintos grupos del crimen organizado.
Olea Peláez identificó a los tres oficiales como Víctor José Guerrero Enriques, Neri Hernández Reséndiz y Julio Eduardo García Nava.
El pasado 1 de julio fueron asesinados dos de esos tres agentes, atacados a balazos en la transitada avenida Constituyentes, frente al mercado de flores del Mercado Central y a unos 30 metros de la Vía Rápida casi esquina con la calle Diego Hurtado de Mendoza.
Y el pasado lunes 27 de junio el tercer policía vial fue atacado a balazos cuando dirigía el tránsito entre la avenida Constituyentes y la calle 16 de Septiembre de la colonia Progreso; sus compañeros lo auxiliaron pero falleció en el hospital.
“Se tiene certeza que dichos elementos viales de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco participaban con distintos grupos delincuenciales y una de las líneas más solidas es que fueron ejecutados en el marco del reacomodo que tienen grupos delincuenciales en Acapulco”, puntualizó Olea Peláez.
Ante las declaraciones del alcalde Evodio Velázquez Aguirre el 1 de julio, en las que urgió a la Fiscalía General del Estado a investigar todas las líneas que sean necesarias para esclarecer el asesinato de los dos primeros policías viales asesinados, el fiscal enfatizó que la única responsabilidad de la Fiscalía es conocer e investigar, pero al municipio le corresponde prevenir el delito y coadyuvar.
“La responsabilidad del señor alcalde de Acapulco es prevenir el delito y coadyuvar para que en este y otros casos más se resuelvan con prontitud y conforme a derecho, ya que la responsabilidad frente al desafío de la violencia es de todos, debiendo entender que la Fiscalía General del Estado solamente se dedica a investigar y no a prevenir, de lo que implica que la policía municipal de Acapulco es la que tiene la responsabilidad de prevenir el delito y no la Fiscalía, no como de manera desafortunada se ha mencionado”, señaló en referencia a las declaraciones del alcalde.
Durante la conferencia, el fiscal señaló que “simplemente” señaló el móvil del asesinato de los policías viales, sin que su información alguna motivación política.
Advirtió que la Fiscalía continuará investigando a miembros de las policías municipales que tengan nexos o lazos con el crimen organizado, y dará a conocer a los directores o secretarios de seguridad publica de los municipios cómo están activados y cómo están trabajando esos agentes para el crimen organizado.
Detalló que no sólo se está investigando en el municipio de Acapulco sino en otros más.
En el tema del ataque a un maestro de la Normal de Ayotzinapa, el fiscal Olea Peláez señaló que un grupo de delincuentes privó de su libertad al maestro y después fue entregado a un grupo de hombres encapuchados que no pudieron ser identificados.
Dijo que no hay ninguna denuncia presentada al respecto, pero que la Fiscalía ya recaba información.
Sobre las órdenes de aprehensión liberadas en contra de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) por destrozos en un edificio de la Secretaría de Educación Guerrero reiteró que por prudencia no se ejecutarán. “El gobierno será extremadamente prudente con los maestros y no vamos a hacer absolutamente nada por el momento”, dijo.
Siguen policías viales concentrados tras los asesinatos de tres agentes
Los policías viales continúan concentrados en la Secretaría de Seguridad Pública y sin salir a laborar, luego de los asesinatos de tres agentes en una semana; asimismo se observó a algunos efectivos que ya portaban armas.
En un recorrido a las 11 de la mañana y después a la 1 de la tarde se observó a pocos policías viales agilizando el tránsito.
En la Costera, afuera de las oficinas de Costera 125, sólo había un policía vial, pero no había desde el Asta Bandera hasta la calle Wilfrido Massieu.
Pero en la avenida Cuauhté-moc frente al Palacio Municipal, trabajaban dos policías de Tránsito estatal, de igual forma en la Costera y el centro.
Se informó que sólo algunos agentes viales realizan operativos como el Rehilete junto con preventivos y dependencias municipales para el retiro de vehículos de zonas prohibidas.
A las 2 de la tarde se constató que los agentes viales del turno vespertino se mantuvieron en los alrededores de la SSP y sin salir a laborar, mientras que los del turno saliente (matutino) se retiraron.
Además se vio a algunos policías viales armados, dando mantenimiento a las patrullas y otros en las calles aledañas como normalmente lo hacen.
Policías viales consultados aseguraron que sí están saliendo a trabajar acompañados de agentes armados, pero en los recorridos de ayer en la mañana y la tarde no se constató la presencia de éstos, sólo la de Tránsito estatal.
En la Dirección de la Policía Vial hay unos 400 policías operativos y 200 administrativos.
En marzo de 2013 dejaron de portar armas luego de la muerte de cuatro agentes auxiliares y un preventivo en tres meses, a quienes sus atacantes los despojaron de sus pistolas.
El viernes, dos agentes viales fueron asesinados a balazos en la avenida Constituyentes cuando agilizaban la vialidad; el lunes antepasado un agente vial fue acribillado cuando trabajaba en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Progreso.
Otro agente vial fue baleado en la avenida Constituyentes el pasado 19 de junio.