Detienen en Renacimiento a 11 presuntos secuestradores y liberan a dos plagiados

Una banda presuntamente de secuestradores integrada por 11 personas, entre ellos dos mujeres, una de ellas menor de edad, fue detenida por la policías estatales y marinos en una operación en Ciudad Renacimiento, en la que fueron liberados dos hombres durante un cateo en una casa de seguridad.
Entre los detenidos están un trabajador de la CAPAMA, un empleado de un cibercafé, otro de un hotel, un taxista, huaracheros y desempleados.
De acuerdo con el parte policiaco, la operación inició a las 10 de la mañana en una casa localizada en el andador Xustlahuaca y esquina con Xaliaca, por donde se unen las rutas, donde además fueron asegurados dos vehículos y armas.
Según lo contado por los agentes de la Policía Estatal Acreditable, ellos recorrían la zona a bordo de patrullas cuando vieron salir a nueve hombres y dos mujeres de dicha vivienda blanca, que afuera tenía el número 14.
Allí, los agentes les ordenaron que se detuvieran –trascendió que hubo disparos– cuando escucharon gritos de personas adentro de la casa.
Los efectivos revisaron a las personas que salieron de la vivienda, les aseguraron tres armas cortas y los detuvieron. Después realizaron un cateo a la casa, junto con policías federales y marinos.
Los agentes ingresaron a la vivienda blanca y en una de las habitaciones encontraron a un hombre que tenían secuestrado los presuntos responsables. En la otra estaba la segunda persona plagiada.
Ambas víctimas, de las que no se informaron sus nombres, fueron liberadas.
En una de las habitaciones se observó ropa tirada en el piso, así como un mueble de madera, zapatos, almohadas y en una mesa dos imágenes, una de la virgen de Guadalupe y otra de San Judas Tadeo y una bicicleta a un costado.
Asimismo, en el cateo se encontraron dos vehículos Tsuru pintados como taxis colectivos, uno presuntamente de la ruta Renacimiento-Centro, con número económico 269, placas 63-62-FFY y el otro Real Hacienda-Centro, número 2636 sin placas.
Se informó que los detenidos pertenecen presuntamente a una banda de secuestradores y son: Cristian Jair Montalván Cisneros, de 24 años de edad, quien se identificó como trabajador de la CAPAMA; Isaac Téllez López, de 26 años; Eric Alejandro Acevedo Sánchez, de 23; Roberto Samuel Valladares Tapia, de 25, quien es huarachero; Juan Humberto Magaña Téllez de 38 años, quien es cargador, y Juan Antonio Gallardo Aguilar, de 19, quien es empleado de un ciber café. Los últimos cuatro son vecinos de Ciudad Renacimiento.
Asimismo, el taxista Moisés Medina Huesca, de 29 años y vecino de la colonia El Rastro; Luis Alberto Cabrera Silva, de 29 años, trabajador del hotel Princess, y vecino de la unidad habitacional Casas Palenque en San Agustín; Sthill Jiménez Solís, taxista y vecino de El Quemado; Milena Fermín Serrano, de 18 y otra menor de edad llamada Frida, de 17 años, amabas vecinas de El Coloso.
En un principio se informó que el operativo y cateo ocurrió luego de que una persona denunció que le habían robado su vehículo el miércoles por la noche, y fue ayer cuando por medio del GPS fue localizado en dicha vivienda ya pintado como taxi colectivo.
El armamento asegurado fue una pistola Colt americana calibre .45 con cuatro cartuchos útiles, una pistola Glok australiana calibre 40. con ocho cartuchos útiles y una pistola Star calibre 9 milímetros con 12 cartuchos útiles.
Luego de las diligencias realizadas por el agente del Ministerio Público, los detenidos, así como los taxis colectivos y las tres armas fueron puestos a disposición de las autoridades.

Lamenta el arzobispo el asesinato de Guzmán e insiste en su llamado al cese de actos violentos

El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, convocó a los sacerdotes de la diócesis a fortalecer el acompañamiento a las víctimas de la violencia y seguir trabajando en la construcción de paz a través del perdón.
Garfías Merlos hizo el llamado durante su mensaje en la misa de Crismal, en la que los prelados católicos hicieron la renovación de sus votos.
Asimismo, el arzobispo lamentó el asesinato del gerente de la CAPAMA en Ciudad Renacimiento, Arquímides Guzmán, por hombres armados que irrumpieron en las oficinas y reiteró el llamado a los “generadores de violencia” a que se detengan, aunque admitió que eso no quiere decir que quien lo escuche “forzosamente dé una respuesta inmediata”.
En la misa para bendecir los santos óleos y consagrar el santo Crisma que se realizó en la construcción de la nueva catedral de Cristo Rey, el arzobispo después de renovar los votos de los sacerdotes los convocó a no sucumbir ante la tentación, y a construir un futuro diferente con los laicos.
Con los santos óleos se dará el bautismo, unción de los enfermos, confirmación y orden sacerdotal, a todos los que lo necesiten; “santifiquemos como sacerdotes, seamos santos ofreciendo la misericordia a nuestros hermanos”, dijo.
Expuso que actualmente los sacerdotes se desenvuelven en una situación que pone a prueba su fe y caridad, y que el dolor, sufrimiento, luto y desesperación invade a quienes sufren el flagelo de la violencia y la inseguridad, frutos del egoísmo, la ambición, la avaricia y el deseo y apego desordenado, vicios que dijo llevan a olvidarse del mandamiento de “no matarás”.
Garfias Merlos convocó a los sacerdotes a reconstruir a las personas, reintegrar a las familias y reconstituir la sociedad; los llamó a vivir la experiencia del perdón, y a atender el llamado de santidad.
“Es más fácil ser sacerdote en una circunstancia de no violencia que en una circunstancia de violencia, el desafío que se nos presenta a quienes vivimos en una realidad como la nuestra es seguir evangelizando, vivir sacerdotalmente en este contexto se hace más desafiante”, dijo el prelado católico.
El declaraciones al terminar la celebración eucarística, el arzobispo lamentó el atentado en contra de funcionarios municipales, en el que murió el gerente de la oficina de la CAPAMA, Arquímedes Guzmán.
Dijo que la exigencia de su ministerio es seguir llamando a los que generan la violencia a que se detengan, que vean el daño que hacen a la sociedad, aunque eso no quiere decir que tenga una respuesta inmediata.
También consideró que “es importante que sepamos las razones de cada hecho violento, porque esto puede ayudar mucho a que la población conozca, sepa razones, circunstancias y no se haga de una forma de que todo mundo somos objetivo de violencia, sin dejar de reconocer que tenemos el riesgo”.
De la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, el pasado viernes, el arzobispo dijo que “puede ser una manera de recuperar la confianza en los procesos e instituciones que tienen la responsabilidad de practicar y hacer la justicia, creo que con todo la investigación que se realizó, si hoy se ha tomado esa decisión en un tribunal, qué bueno que se puedan tener esas respuestas que le dan credibilidad a la sociedad”.

Piden comunitarios de Rincón de Chautla atención a familiares del consejero y tres mujeres asesinadas

 

Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) solicitaron seguridad y apoyo para los familiares de las cuatro personas asesinadas el pasado 24 de noviembre.
Ayer, un grupo de policías comunitarios de la CRAC de Chilapa y José Joaquín de Herrera, acompañados de familiares de las víctimas mortales de noviembre de 2015 de San Jerónimo Palantla, acudieron al edificio de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para solicitar al organismo su intervención ante el gobierno del estado para que otorgue seguridad y apoyos esas familias.
En tanto la Codehum por medio de un comunicado informó que aceptó hacer la gestión por lo que el presidente, Ramón Navarrete Magdaleno, se comunicó con personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para instalar una mesa de trabajo con los pobladores.
También ofreció ser enlace con la Secretaría General de Gobierno para garantizar la atención a las familias de las víctimas.
Coordinadores de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla dijeron además que su compañero que permanece recluido en el penal de Chilapa, Godofedro Cortés Reyes, podría ser liberado la siguiente semana; además de que, aseguraron, aún no han sido suspendidas las 41 órdenes de aprehensión.
Como se informó en estas páginas, el 24 de noviembre de 2015, en la carretera Hueycantenango–Chilapa un comando armado asesinó a cuatro personas cuando se dirigían en una Urvan de pasajeros a Chilapa; falleció el conductor y consejero de justicia de la Policía Comunitaria, Isaac Xochitempa Chautla y tres mujeres pasajeras, y hubo al menos otras dos personas heridas.
Por lo anterior, la Policía Comunitaria detuvo al entonces comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín y otras tres personas como probables responsables del ataque y permanecieron detenidos hasta el sábado pasado, luego de que integrantes de la CRAC aceptaron liberarlos a cambio de que los familiares de otras víctimas mortales del enfrentamiento de febrero de 2015 se desistieran de las acusaciones por homicidio contra ocho personas.

 

En lo que va del año ha recibido el MP 20 denuncias por desaparición de personas en Acapulco

 

En lo que va del año se han presentado unas 20 denuncias por desaparición de personas ante el Ministerio Público.
No se precisó el número de denuncias interpuestas por este delito que ocurrieron el año pasado.
Según la información de la Fiscalía del estado, de estas 20 denuncias, en 10 casos las víctimas han sido encontradas muertas, lo que significa un 50 por ciento de alta dificultad que tardan en resolverse; cinco no han sido encontradas hasta la fecha y el resto regresaron a sus casas.
Se indicó que hay casos de mujeres desaparecidas, de 16 a 25 años, que se van con sus parejas y días después regresan a sus casas.
En el caso de adolescentes el hallazgo se puede hacer por las cuentas en las redes sociales como Facebook y la cercanía a su círculo íntimo, debido a que coincide con el inicio de las relaciones de pareja.
Según la información dada, la tardanza en las investigaciones por parte de la Fiscalía para dar con el paradero de las personas o la falta de apoyo posterior a la denuncia, ocasiona que las familias de las víctimas regresen a sus casas y esas son las potenciales víctimas de muerte.
Un caso, según la información proporcionada por el Ministerio Público, fue la madre de familia María Isabel Cayetano, quien el sábado pasado se presentó en la Fiscalía regional e interpuso una denuncia por el secuestro de su hija María Isabel Hernández y su pareja Javier Bautista Moirera.
Se precisó que ambas personas fueron raptadas en Acapulco el martes pasado, en un vehículo blanco –la mujer es originaria de Chilpancingo y su pareja del puerto– y hasta ayer no habían sido localizados.

Atenderán PGR y el estado a víctimas de violencia intrafamiliar y drogadicción


Jorge Nava

El subprocrador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Álvarez Ledesma, informó el jueves que en Guerrero son “gravísimos” los números de casos de víctimas de violencia intrafamiliar y de fármaco dependencia.
En reunión privada de este jueves en una oficina de la Casa de Atención a las Víctimas del Delitos de esa misma institución, ubicada en el fraccionamiento Marroquín, el funcionario federal dijo que trataron precisamente la visita al alcalde Félix Salgado, y al gobernador del estado, Zeferino Toerreblanca Galindo, para firmar un convenio de colaboración que les permita atender a la víctimas de esos problemas.
Al concluir la reunión, Álvarez Ledesma indicó que esos problemas sociales, en Guerrero, es “gravísimo”, en particular en Acapulco, dijo.
Señaló que después de esa firma –que no precisó la fecha– se inaugurará la casa con todos los servicios, porque mencionó que actualmente carece de algunos para la atención tanto de víctimas de delitos federales como del fuero común.
A preguntas de reporteros sobre las víctimas de secuestro, el funcionario observó que por ese delito sigue siendo un problema a nivel federal.
Planteó que hay un número considerable de personas que son atendidas por esa causa; abundó que la primer causa por la que atienden a una víctima por delitos federales, es por negligencia médica.