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Los marginó el gobierno de la comisión de búsqueda de personas, denuncian familiares

Familiares de víctimas de violencia denunciaron en conferencia de prensa que el gobierno del estado marginó a los colectivos en la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de la que informó la Secretaría de Gobierno el martes.
El padre del joven desaparecido en diciembre de 2012 Carlos Alberto González Arriaga, Carlos Alberto González Castro y Lamberto Castro de la Cruz padre del joven asesinado en julio de 2016 Kevin Castro Domínguez, denunciaron la falta de apoyo de las autoridades para la localización de sus familiares desaparecidos y el incumplimiento de la ayuda comprometida por el gobierno estatal para los familiares de las víctimas.
El martes la Secretaría de Gobierno informó en un boletín la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con el propósito de “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
La Secretaría de Gobierno emitió ese día la convocatoria con la finalidad de dar a conocer las bases de la consulta pública para designar a la persona que será titular, en acatamiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Carlos Alberto González y Lamberto Castro se quejaron de que los colectivos fueron excluidos del procedimiento para la integración de la comisión, y que con la convocatoria sólo se pretende que avalen las decisiones que ya se han tomado en la Secretaría de Gobierno.
Lamberto Castro dijo que el gobierno estatal no está otorgando ninguna concesión ni beneficio a las víctimas y sus familiares, puesto que la creación de esa comisión está establecida en la Ley General de Desaparición Forzada y es un mandato de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que quede en este mes de abril en todos los estados.
Demandó que el gobierno del estado abra el procedimiento a los familiares de las víctimas para que participen con propuestas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas realmente funcione.
Exigió que las autoridades pongan mayor atención a las víctimas y sus familiares, “ya basta de tanta impunidad”.
Denunció que el Colectivo de Chilpancingo se siente realmente agraviado por la falta de atención.
Agregó que el 7 de marzo pasado en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Gobernación Rafael Avante, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos y el secretario de Educación, José Luis González de la Vega se hizo el compromiso de dar atención médica a los familiares de las víctimas y becas a los hijos de éstas, pero ninguno de los apoyos anunciados se ha cumplido.
Lamberto Castro dijo que hay 80 familiares, sobre todo madres e hijos de víctimas de la violencia que necesitan atención médica, pero el secretario de Salud no ha cumplido con atenderlos.
Informó que tampoco se han autorizado las 90 becas para hijos de víctimas de desaparecidos y asesinados.
Carlos Alberto González denunció que el gobierno no ha dado seguimiento a la investigación para la localización de su hijo, Carlos Alberto González Arriaga, quien fue secuestrado el 29 de diciembre del 2012 cerca de Taxco por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Informó que a pesar de que ya hay detenidos después de seis años no se ha logrado saber en dónde está su hijo.
Informó que le ha pedido ayuda al gobernador Héctor Astudillo, “pero parece que la virgen le habla”. Mencionó que le ha dicho que el caso ocurrió en otra administración, pero le recordó que los problemas son interinstitucionales y que si no los resuelve una administración debe hacerlo la que sigue.
Lamberto Castro advirtió que si sigue la falta de atención del gobierno estatal los integrantes del Colectivo Chilpancingo realizarán otras acciones.

Se emite la convocatoria dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos

El gobierno del estado emitió este martes la convocatoria para designar al titular de la nueva Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos y expertos.
La representante del Colectivo de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, María Guadalupe Rodríguez Narciso dijo que dudan de la creación, por lo que se espera que sean tomados en cuenta los colectivos.
Dijo que no han sido informados o invitados a participar en la convocatoria, pero estarán al tanto del procedimiento para determinar al titular.
Criticó que las autoridades traten de “lavarse las manos” con estas acciones en lugar de cumplir su trabajo de búsqueda, de mejorar las circunstancias de los semefos que fueron descubiertas a raíz de la caravana de principios del año.
Consideró necesario fortalecer otras áreas como la base de datos de los cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo), además de agilizar las investigaciones en la Fiscalía General del Estado.
En un boletín de prensa se dio a conocer que “con el propósito de impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”.
Por ello la Secretaría General de Gobierno en cumplimiento a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emitió la convocatoria pública para dar a conocer las bases de la consulta pública, para designar al titular de la comisión.
Esta consulta está dirigida a colectivos de víctimas, familiares de desaparecidos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en desaparición forzada de personas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Paran labores 40 maestros de Copanatoyac ante la inseguridad; asesinan a uno de sus compañeros

Más de 40 profesores de la zona escolar 60, de la localidad na savi Santa Cruz, municipio de Copanatoyac, suspendieron labores ante la inseguridad y el asesinato de uno de sus compañeros.
Los profesores pertenecen a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y exigen una mesa de trabajo con autoridades municipales y estatales para abordar el problema de la seguridad, y adelantaron que no volverán a clases hasta que haya respuestas que cuiden su integridad.
El secretario general de la zona 60, Eliseo Espíndola, informó que tuvieron el pasado domingo una reunión en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), donde hablaron de la inseguridad en esta zona de Copanatoyac, en la que acordaron pedir una mesa de diálogo con el área jurídica de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Gobernación del estado, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para hablar del asunto.
Dijo que ahí acordaron que no irían a laborar hasta que haya condiciones, porque son más de 40 los maestros en riesgo que atienden las comunidades de Santa Cruz, Ocotepec, Ocotillo, Ocuapa y Tlacotepec.
Mencionó que desde hace tiempo padecen asaltos, robos y se han enterado de personas que han sido llevadas para robarles o matarlas, “pero nadie decía nada, sólo lo vivíamos y escuchábamos, pero ya no podemos, porque ahora mataron a un compañero”, se dolió.
El secretario general se refirió al profesor Isidro Refugio, quien fuera asesinado el pasado 18 de abril, sobre la curva del puente vehicular, cuando manejaba su carro e iba con su hija de siete años a dar clases a la comunidad de Santa Cruz, pero fue baleado por sujetos desconocidos.
Agregó que le manifestaron al jefe de sector 5, Telesforo Villegas Comonfort, su decisión de no acudir a dar clases desde este 23 de abril, hasta que las autoridades les den alternativas.
Reconoció que entre profesores sólo escuchaban sobre lo que les pasaba, pero nadie intentó hacer algo para prevenir las cosas, hasta ahora que mataron a uno de sus compañeros y que ya hace unos meses por este lugar también mataron a otro de nombre Jerónimo Solano.
Dijo que espera una respuesta de las autoridades educativas, municipales y estatales sobre la seguridad, porque aún faltan muchas cosas por hacer en abril y mayo.
Mencionó que algunos acudieron a Santa Cruz, que se enteraron de que se van a sumar y dejarán de asistir profesores de las telesecundarias, Colegios de Bachilleres y de las clínicas rurales, para no ser víctimas de la delincuencia, que ya no le basta con robar sino que asesina.
La zona escolar se integra de más de 95 maestros, y los que dan clases en estas comunidades son más de 40.
Cercano al lugar donde fue asesinado el profesor el 18 de abril, en la curva del puente, metros arriba en la Barranca Honda, el 13 de noviembre de 2017 fueron encontrados seis cadáveres, seis cabezas y dos osamentas, y varios restos óseos, los cuales aún no han sido identificados en su totalidad. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Amenaza con levantarlas la directora del refugio de Acapulco, denuncian mujeres

El manejo incompetente del Refugio para Mujeres que viven Violencia Extrema, en Acapulco, derivó en abuso de poder de las autoridades a cargo, la revictimización de las usuarias y la certeza de que el centro de protección dejó de ser seguro para las víctimas.
Pese a las denuncias presentadas por activistas ante la Secretaría de la Mujer de la cual depende el albergue temporal para mujeres, no hay intención de corregir los graves problemas que se han suscitado, en los que se vincula al chofer de la directora del refugio, Luz del Carmen Torreblanca Palacios, de acoso sexual bajo el auspicio de ella.
Una usuaria que fue canalizada desde el Hospital General de Iguala donde estuvo internada por golpes de su pareja, reveló que estuvo a punto del suicidio en el lugar porque no encontró apoyo sicológico ni legal para recuperar a sus hijos, en cambio recibió maltratos y amenazas de Torreblanca Palacios de que la iba a desaparecer, a levantar, para que no denunciara las arbitrariedades que padeció durante cinco meses de encierro.
Aún con temor al salir llevó con otra víctima su queja a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 12 de marzo de este año.
El 22 del mismo mes el organismo recomendó a la secretaria de la Mujer, Mayra Gloribel Martínez Pineda un exhorto a la directora del refugio, “para que evite actos de hostigamiento, intimidación, discriminación y represalias”, como medida cautelar, mediante el oficio 193/2018.
Asimismo pidió que la servidora pública “ciña sus actos al estricto mandato de la ley, a fin de no consumar las amenazas proferidas a las quejosas”. Hacer este llamado en un plazo de 15 días a la directora fue la única medida de protección en favor de las víctimas que siguen vulnerables.
Antes, el 27 de noviembre en estas páginas una joven amuzga denunció que recibió amenazas y humillaciones en el periodo que permaneció en el Refugio para Mujeres que viven Violencia Extrema, y confirmó que el chofer de la directora acosa a las usuarias del servicio. El caso fue presentado por la activista Hermelinda Tiburcio Cayetano ante autoridades estatales, sin que haya habido una intervención.

El refugio no es seguro: activistas

Hace un mes la Red de Incidencia para la Atención y Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género en Acapulco, que conforman organizaciones civiles y feministas, denunciaron en un oficio dirigido a la secretaria de la Mujer que la directora del refugio no tiene el perfil académico ni institucional para dirigir un espacio tan importante en la prevención de la violencia extrema.
En el escrito fechado el 19 de marzo representantes de Grupo Amigos GAVIH, Colegio de Mujeres Abogadas, Renovación con Valores Red Estatal de Mujeres Surianas por la Equidad, la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres, y feministas señalaron que la directora presume que nunca será destituida porque fue nombrara y está apoyada por la esposa del gobernador Héctor Astudillo Flores, Mercedes Calvo, por ser militante del PRI. Incluso en redes se le identifica como líder de colonias en Acapulco y aparece en actos públicos como directora de la Mujer.
Las activistas subrayaron que el refugio ya no cumple con los protocolos de seguridad porque las usuarias y el personal se encuentran amenazados por la directora, “de que si ellas presentan una denuncia ella tiene personas en las colonias que pueden desaparecerlas”. Incluso revelaron que en fechas recientes una usuaria fue sacada del refugio por su agresor, sin que se presentara denuncia alguna.
A la letra se dice que “diferentes dependencias estatales y municipales de Acapulco que atienden violencias manifiestan que las usuarias que padecen violencia extrema están más seguras afuera que dentro del refugio, que debería ser su espacio de seguridad y protección”. Urgieron una pronta atención y solución inmediata a la demanda.
Dos días después la respuesta por escrito de Martínez Pineda fue que dio instrucciones para la certificación de la directora en una primera etapa, y en una segunda “se buscará la certificación y profesionalización de todo el personal”.
De manera extraoficial la secretaria Martínez Pineda confirmó que Torreblanca Palacios no sería removida de su puesto.
Según la página de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva transfiere recursos públicos para la operación de 25 refugios en el país, a través de instituciones estatales y privadas que presentaron proyectos.

Amedrentada al punto del suicidio

Después de un encuentro con la directora, Daniela atrancó la puerta de cristal con tres sillas y una mesa, en la villa (dormitorio) que le asignaron subió otra silla al lavadero del cuarto de servicio para alcanzar una fajilla del techo de madera, donde amarró una soga.
Estaba resuelta a lanzarse del lavadero con el lazo en el cuello para quitarse la vida pero los ruegos insistentes de sus compañeras y del personal de seguridad desde afuera de la villa lograron hacerla desistir. Una de ellas intuía sus intenciones pero no podía entrar para detenerla, relató Daniela sobre su estancia en el refugio, del 22 de agosto de 2017 al 8 de febrero de 2018.
“Me había dicho (la directora) que me iba a quitar todo, que no iba a poder recuperar a mis hijos. Ya no quería vivir tantas humillaciones, todo lo que pasé con mi pareja para venir al refugio, sin la esperanza de tener a mis hijos conmigo”. Estaba desesperada y con miedo pues la directora también la amenazó de muerte: “‘me haces un escrito, pero no vayas a decir nada porque yo con tronar los dedos te puedo levantar’”, relató que la amenazó.
Recordó que a mediados de enero hubo una visita de la secretaria de la Mujer, y la directora le obligó a tomar una pastilla, al parecer una droga para dormir, para evitar que hablara con la funcionaria. Reconoció que sus compañeras la ayudaron a mantenerse despierta echándole agua fría del refrigerador en la cara.
Con esfuerzos presentaron sus quejas a la funcionaria, y le dijeron que “el chofer enamoraba a las usuarias”, y para su sorpresa la secretaria opinó que “eso es normal”.

Buscaron incriminar a sus compañeras, dice otro testimonio

Cuando Daniela fue liberada una joven que ingresó con 16 años al refugio el 21 de octubre de 2017, le pidió que llevara una carta a sus familiares para que la sacaran de ahí.
“Le pedí de favor que le llevara esta carta porque no puedo hablar por teléfono, porque quiero que le diga a mi mamá, a mi papá o a los dos que no estoy bien, porque la mera directora nos trata mal… la directora a mi me trata como a la china porque no quise andar con su chofer. Tengo miedo de estar aquí”, dice el texto manuscrito en una hoja de cuaderno cuadriculada que se tuvo a la vista.
Por separado en una conversación telefónica desde su casa la joven explicó que cuando llegó al refugio todo estaba tranquilo, hasta que comenzó a llevarse con un grupo que era hostigado por la directora con quehaceres, malos tratos y castigos.
“Nos sacaban a pintar o a lavar su ropa de su casa, a lavar el piso de la escuelita, nos ponían a arrancar el monte y sembrar plantas en el rayo del sol, sino obedecíamos decía que nos iba a levantar reporte, un acta de que nos portábamos mal”, relató.

 

Comienza en Iguala la Caravana de Búsqueda de Desaparecidos, frente al Ejército, PGR y hospitales

 

En el primer día de actividades de la tercera Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos, madres de las víctimas pidieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que ponga a su gente a trabajar, y reclamaron que también los dejen integrarse a las búsquedas y que no les pongan obstáculos.
Después de las 10 de la mañana, integrantes de 110 familias que conforman la Caravana, entre ellas representantes de colectivos de otros estados, como Huellas de Memoria de la Ciudad de México; Las Rastreadoras de Culiacán, Sinaloa; de la Asociación Internacional de Búsqueda de personas en México, y ex integrantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, inauguraron el mural Buscándote, que artistas guerrerenses pintaron en el kiosco del Centro de Iguala.
En el piso colocaron lonas y carteles con retratos de decenas de desaparecidos de todos el país, principalmente de hombres y jóvenes, que son buscados por sus esposas y sus madres; en algunos casos ofrecen recompensas de hasta un millón y medio de pesos a quien dé información sobre los desaparecidos, como el caso del joven Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, que desapareció el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec, Estado de México.
Al dar la bienvenida a los integrantes de la Tercera Caravana, el buscador de fosas y ex integrante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara Hernández, de Huitzuco, lamentó la apatía que siguen sufriendo los familiares de desaparecidos, “sigo viendo una sociedad ciega, sorda y muda, a la que el tema de los desaparecidos no le interesa”.
“Bienvenidos a Guerrero donde la ola de violencia ha desaparecido, asesinado y secuestrado a muchas familias, bienvenidos a Guerrero, donde nuestras autoridades son omisas y no quieren voltear a vernos porque es un problemón el tema de los desaparecidos”, dijo a las integrantes de los colectivos de otros estados.
En su participación, la representante de la Asociación Internacional de Búsqueda de personas en México, Luci López exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que ponga a trabajar a su gente, “y que nos deje trabajar también a nosotras, que nos dejen buscar y que no nos pongan obstáculos”.
La mamá de un policía federal desaparecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 24 de febrero de 2011, Juan Hernández Manzanares, Patricia Manzanares dijo que “a las autoridades no les interesa esclarecer qué es lo que ha pasado a los desaparecidos, y como ellos no lo hacen, las madres perdimos el miedo y salimos a las calles a buscar a nuestros hijos de estado a estado”.
La coordinadora de la actividad y ex integrante de Los Otros Desaparecidos, Citlali Miranda Mayo, pidió al gobernador Astudillo una fiscalía que investigue a todos los desaparecidos, los asesinatos y los feminicidios, “con la misma agilidad con la que criminaliza a una víctima, porque si yo soy asesinada mañana, horas después va a salir el gobernador y va a decir, ‘a ella la mataron porque estaba ligada con la delincuencia’, tiene una agilidad pasmosa para culpar a todo aquél desaparecido y asesinado, pero no tiene la misma agilidad para encontrar a los responsables de los crímenes, ni para detener tantos homicidios y feminicidios”.
A las 5 de la tarde inició la marcha afuera de la plaza comercial Galerías Tamarindos, y unos metros adelante hizo una primera parada afuera del 27 Batallón de Infantería, donde los manifestantes gritaron consignas, “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “ellos son, ellos son, los culpables ellos son” y “Porque no sólo nos faltan 43 y nuestros hijos también”.
La protesta allí duró unos 10 minutos; la marcha siguió en el Periférico y tomó la avenida del Estudiante, donde unos 200 metros protestaban afuera del hospital general Jorge Soberón.
La activista Xitlali Miranda dijo que el reclamo de los maestros es porque no hay un protocolo de identificación de pacientes que llegan inconscientes a causa de alguna lesión o accidente, porque se dan da alta sin que algún familiar los identifique o vaya con él, “porque los arrojan a la calle sin ser identificados”.
La Caravana siguió hasta las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la carretera federal México-Acapulco. Allí bloquearon la circulación vehicular y las madres de desaparecidos pidieron a las instituciones de salud más sensibilidad hacia los pacientes.
Luego avanzaron e hicieron una cuarta parada frente a la sede del 41 Batallón de Infantería, donde siguieron coreando las consignas para exigir justicia. Pidieron a los automovilistas que pasaban, que si sabían de alguna persona desaparecida, se los hicieran saber.
A las 6:19 de la tarde, la Caravana llegó a la subsede de la PGR, en la calle Nicolás Bravo, del Centro de Iguala. Las oficinas estaban cerradas con una cadena.
Xitlaly Miranda denunció la indolencia de las autoridades y dijo que es lamentable que tengan que estar volteando hacia arriba para pedir justicia, para pedir ayuda y pedir de favor para ser atendidos, porque algunos funcionarios de la PGR se asomaban por las ventanas del segundo piso para tomar fotografías con sus teléfonos celulares.
Ninguna autoridad atendió a la Caravana, que continuó a las 6:29 de la tarde en la avenida Bandera Nacional hasta la explanada de las Tres Garantías, donde algunas madres de desaparecidos presentaron sus testimonios.
Hoy se espera que las actividades inicien a las 9 de la mañana en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para pedir el registro de los cuerpos que tienen en resguardo; después, el sector Salud les entregará datos sobre los registros de sexoservidoras, a las 2:30 de la tarde ingresarán al reclusorio para ver el registro de los detenidos, y por la tarde harán foros informativos en las preparatorias 10 y 32 de la UAG.
Para el sábado la caravana saldrá a Chilpancingo, donde continuará sus actividades.

 

Rememoran familiares tres años del secuestro y homicidio de cinco empresarios en Chilapa


A tres años de la desaparición y homicidio de cinco empresarios y profesionistas en Chilapa, familiares y colectivos de desaparecidos exigieron justicia y alto a la masacre.
El coordinador del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, hermano de dos de las víctimas, adelantó que ya tienen algunas respuestas del caso: “Se va aclarando la ruta de la información, quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo”.
En tanto, los colectivos de Chilpancingo y Acapulco señalaron que las autoridades están demostrando que están coludidas con el crimen organizado, al no querer hacer su trabajo, y demandaron la reparación del daño para las familias de las víctimas.
La familia Díaz Navarro y el colectivo de familiares de desaparecidos en municipios de la Montaña baja, Siempre Vivos, conmemoraron los tres años del rapto y el homicidio de los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; el dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
Al mediodía acudieron a una misa en la catedral y luego se trasladaron al lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el crucero que conduce a la comunidad de Tecoyutla en la carretera Chilapa-Acatlán, donde colocaron flores, realizaron una pequeña oración e hicieron pronunciamientos.
Se sumaron los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
En ese lugar, José Díaz Navarro, coordinador de Siempre Vivos, colectivo creado a partir del múltiple crimen de sus familiares, narró la desaparición y el último contacto por medio de una llamada telefónica con sus hermanos, el mediodía del 26 de noviembre de 2014.
Además de la denuncia que interpusieron dando información a las autoridades y el reporte del hallazgo tres días después, el sábado 29 de noviembre de 2014, después de las 8 de la noche; así como su posterior identificación por muestras de ADN, pues los cuerpos aparecieron desmembrados y calcinados.
A tres años, dijo que poco a poco, van teniendo información de lo que pasó. “Estamos llegando a tener respuestas, hoy se va aclarando la ruta de esta información, que nos está llevando a tener la certeza de mi familia de quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo. Esas incógnitas que teníamos se van aclarando”.
“Hay datos muy fidedignos y confiables que esa camioneta (donde aparecieron los cuerpos) pertenecía a Celso Ortega Jiménez, estaba en posesión de él, porque mis hermanos estuvieron precisamente en las casas de seguridad que tiene esta familia de Celso Ortega”.
“Tenemos que seguir, queremos llegar a la verdad, ojalá un día lleguemos a la justicia y a la reparación del daño”. Dijo que después del hecho, muchas familias de Chilapa y sus alrededores empezaron a vivir situaciones similares.
También denunció que los familiares de los desaparecidos tuvieron que costear sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación, debido a que la Comisión de Atención a Víctimas en el estado y federación, no dieron respuesta a la petición.
Lamberto Castillo de la Cruz, del colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, reclamó justicia y exigió un alto a la masacre en Chilapa, así como en todo Guerrero.
“Necesitamos seguir en este esfuerzo, luchar mano a mano y alzar una sola voz, para que las autoridades se pongan a trabajar”.
La titular del mismo colectivo, María Guadalupe Rodríguez Narciso, cuyo hijo Josué Molina desapareció hace cuatro años y del que no hay información hasta ahora, dijo que acudió en solidaridad porque el dolor lo están viviendo todos.
Sobre el caso de su hijo, dijo que no se ha hecho justicia ni investigación porque las autoridades no quieren hacer su trabajo, “porque nos están demostrando que están coludidos con el crimen organizado, por eso no se pueden investigar a ellos mismos”.
Pidió atención a las familias de las víctimas porque, dijo, hay muchos niños sin comer, muchas madres que están enfermas y necesitan atención especializada.

Las horas más violentas en la ciudad, entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche

Las horas más violentas en Acapulco se sitúan entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, lapso en el que se perpetraron casi el 55 por ciento de las ejecuciones del primer semestre del año, mientras que los taxistas, comerciantes y albañiles son los más atacados al representar el 34.69 por ciento de las víctimas.
Cifras de la Fiscalía General del estado reportan que al menos el 14 por ciento de las víctimas, 58 personas, tenían entre 14 y 30 años de edad al momento de ser asesinadas, entre ellas seis menores de edad y un bebé de un año. Además, las estadísticas indican que 9 de cada 10 ejecuciones son contra hombres.
A pesar de las estrategias para inhibir este delito, la violencia no cesa en el municipio que concentró en los primeros seis meses de 2017, el 35.48 por ciento de los mil 161 homicidios dolosos de todo el estado.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Acapulco 412 personas fueron asesinadas en el primer semestre: 46 en enero, 64 en febrero, 88 en marzo, 64 en abril, 78 en mayo y 72 en junio. El 73.54 por ciento de estos homicidios violentos, 303, se cometieron con armas de fuego.

Cada mes matan a 12 taxistas y una decena de comerciantes

Con base en información solicitada a la Fiscalía mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, entre enero y junio fueron asesinados 170 taxistas, comerciantes, vendedores, albañiles, ayudantes de éstos últimos y peones en Acapulco.
El oficio más afectado por la ola de violencia en la ciudad es el de choferes de taxis, con 73 víctimas en seis meses, un promedio de 12.16 víctimas mensuales, es decir, tres homicidios por semana.
El mes más violento para los taxistas fue junio cuando hubo 21 ejecuciones, seguido de abril con otros 14 asesinatos y enero sumaron 12. En febrero hubo 6 asesinatos contra el gremio, en marzo 11 y 9 en mayo.
La segunda ocupación con mayores ataques la tienen los comerciantes con 65 homicidios en seis meses, un promedio de 10.83 víctimas mensuales. Nueve comerciantes fueron asesinados en enero, nueve más en febrero, 11 en marzo, 9 en abril, 8 en mayo y 12 en junio; 58 víctimas en total.
A estos casos se suman siete que la Fiscalía clasificó por separado como vendedores: una comerciante de ropa y otro de agua purificada ultimados en enero, un vendedor de yates y otro de flores asesinados en febrero, dos más que murieron en marzo y no se especifica qué vendían, y un comerciante ambulante en mayo.
En tercer lugar se encuentran 32 albañiles, ayudantes y peones, 11 de ellos asesinados en abril y 8 más en marzo, mientras que en mayo hubo cuatro homicidios y en enero, febrero y junio se contabilizaron tres asesinatos por mes.
La cuarta estadística más alta la ocupan 17 choferes, uno de ellos de un camión y otro de una Urvan. Tres fueron asesinados en enero, cuatro en febrero, tres en marzo, tres en mayo y cuatro en junio.
Entre 490 homicidios desglosados por oficios por la Fiscalía destacan también las muertes de un estudiante, un trabajador del Ayuntamiento, otro del IMSS y un policía militar en enero; un abogado, un cabo de Infantería, un empleado de gobierno, otro de Zonatur, un empresario, un policía auxiliar y un agente de Tránsito en febrero.
Seis estudiantes, un médico traumatólogo, un arquitecto, un policía y un maestro en marzo; un comandante de la Policía Ministerial, otro maestro, un policía preventivo y un teniente de Corbeta en abril; un gerente, un paramédico, un policía estatal y un radiólogo del IMSS en mayo.
Asimismo, en junio hubo tres homicidios de campesinos y militares retirados, un contratista, un empresario dueño de una funeraria, un policía federal y un trabajador social del penal de Las Cruces.
De otros 87 homicidios la Fiscalía dijo desconocer sus oficios, y reportó 16 desempleados.
Apenas el mes pasado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advirtió que el 83.2 por ciento de los acapulqueños tiene miedo de vivir en la ciudad, y que se han cambiado hábitos “por temor a la delincuencia” porque el 15.2 por ciento dijo que ya no camina de noche en los alrededores de su casa y el 19.9 por ciento dejó de visitar a parientes o amigos por la misma causa.
De los horarios en que se cometieron los homicidios dolosos en Acapulco en el primer semestre, la Fiscalía General del estado informó que más de la mitad, el 54.92 por ciento, ocurrió entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche.
El segundo periodo del día más violento es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con 30.1 por ciento de las víctimas, y las horas con menor incidencia se encuentran entre la medianoche y las 8 de la mañana, periodo que suma el 14.96 por ciento de los casos.
En esta solicitud de información la Fiscalía dividió el día en tres periodos para desglosar 568 homicidios, 156 más de los que reportó en otras en las que suman 412 personas -cifra que también reporta el SESNSP-.
Los datos indican que 312 homicidios dolosos se consumaron entre las 4 de la tarde y la medianoche, 171 más se cometieron entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y 85 entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
Por horario, el mayor número de homicidios del semestre se registró en abril entre las 4 de la tarde y la medianoche con un total de 70 víctimas.

Al menos el 14 por ciento eran jóvenes de 14 a 30 años

De las edades, al menos el 14.07 por ciento de las víctimas (58) eran jóvenes de entre 14 y 30 años de edad. La mayor estadística por edades se concentra en 9 homicidios de personas de 29 años, seguida de 7 personas de 33 años, 7 de 40 años, y 6 de 23.
En el 36.89 por ciento de los homicidios (152 casos) las víctimas estaban en edad productiva al tener entre 15 y 64 años de edad; y el sector de la población de 17 a 40 años (95 asesinatos) representa el 23.05 por ciento.
Entre las personas ejecutadas en el primer semestre hay un bebé de un año, dos adolescentes de 14, otro de 15, uno más de 16 y dos jóvenes de 17 años; además de dos adultos mayores de 62 y 64 años.
La Fiscalía aseguró que en otros 257 homicidios (el 62.37 por ciento de los 412 reportados) no tiene datos de las edades de las personas, entre los que podrían estar más jóvenes.

De cada 10 homicidios 9 de las víctimas son hombres

Según los datos de la Fiscalía, de 412 personas asesinadas el 91.5 por ciento fueron hombres y 8.49 por ciento mujeres. En total hubo 337 hombres asesinados en el primer semestre: 38 en enero, 61 en febrero, 82 en marzo, 61 en abril, 72 en mayo y 63 en junio.
En el mismo periodo fueron víctimas de homicidios dolosos 35 mujeres, 8 de ellas en enero, tres en febrero, 6 en marzo, tres en abril, seis en mayo y 9 en junio, cifras que coinciden con las publicadas por el SESNSP por mes.
A la Fiscalía también se le solicitó desglosar los homicidios ocurridos en Acapulco por colonias, pero respondió que esto podía consultarse en el portal de internet del SESNSP, lo que resulta erróneo porque la dependencia federal solamente los clasifica por municipios.

Se reúnen familiares de desaparecidos con Álvarez Icaza; le piden apoyo y asesoría

 

Integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, se reunieron el sábado con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a quien le solicitaron asesoría para que avancen las denuncias que han presentado en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Fiscalía General del Estado (FGE).
La presidenta de este colectivo, Guadalupe Gutiérrez Narciso, informó que aprovecharon que el defensor de derechos humanos estuvo el viernes en Acapulco, para solicitarle una reunión con él en esta capital y solicitar su apoyo a los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos que no han encontrado justicia. “Por la trayectoria que el señor tiene y el apoyo que ha dado a las víctimas, le pedimos su apoyo y afortunadamente fue receptivo”, dijo.
Informó que le solicitaron principalmente ayuda para que caminen unas 25 denuncias que han presentado ante la PGR y otras tantas en la FGE, por casos de desaparición de personas y asesinatos que no han sido esclarecidos y permanecen en la impunidad.
Aseguró que los familiares de las víctimas ni si quiera han recibido información de las dependencias.
“Le pedimos su asesoría y acompañamiento, porque las denuncias están estancadas, no hay investigación”, denunció y agregó que el ex secretario ejecutivo de la CIDH les respondió favorablemente y convinieron en la elaboración de una agenda de trabajo “sin formalidad porque fue un compromiso verbal”, dijo.
Los integrantes del colectivo se reunieron con Álvarez Icaza en un restaurante de esta capital durante casi dos horas la mañana del sábado, según informó este domingo la presidenta del colectivo. Y dijo que el también ex presidente de Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ofreció apoyarlos con la asociación civil que representa, debido a que el gobierno les retiró todos los apoyos y ya no tienen recursos para el registro que está en trámite en una notaría.
Dijo que el defensor de derechos humanos agilizará algunos casos que tienen ante la Comisión Interamericana. Explicó que en términos generales, Emilio Álvarez Iacaza será un asesor y que dará acompañamiento a las familias de víctimas que pertenecen a ese colectivo.
Gutiérrez Narciso explicó que la reunión con el ex secretario ejecutivo de la CIDH les renovó la fe y la esperanza a algunos de los familiares de las víctimas de la violencia, “porque muchos de ellos ya se están desanimando, han luchado mucho y se han topado con pared, no han encontrado ningún aliento por parte de las autoridades”.
Agregó que en ese colectivo están luchando contra viento y marea porque los gobiernos federal y estatal les retiraron los apoyos que venían recibiendo para sus reuniones y para el traslado a donde van a realizar sus trámites.
El viernes Álvarez Icaza estuvo en Acapulco, en donde habló de sus aspiraciones para 2018, también de las violaciones a los derechos humanos, de la violencia y de los agravios a periodistas. Mientras tanto, por la mañana del sábado se reunió en Chilpancingo con los integrantes del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País.

 

De 4 mil a 40 mil pesos deben pagar víctimas de robo de vehículos a empresas de grúas

Personas que han sido víctimas de robo de vehículos ahora deben montos que van de los 4 hasta los 40 mil pesos, por conceptos de arrastre y “pisaje”, a empresas de grúas en Acapulco.
Antonio Rivas, Belén Rodríguez y Mateo Fernández tienen en común que sus vehículos fueron robados el año pasado. Los tres recibieron la noticia de que sus coches fueron encontrados, pero cuando quisieron recuperarlos debían pagar una deuda acumulada que supera el valor de los vehículos pues los tres fueron “desvalijados”.
Lo que deben, coincidieron los declarantes, no será pagado pues se trata de vehículos viejos que no rebasan los 20 mil pesos, luego de que ya perdieron las piezas más valiosas.
Consultado al respecto, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Saul Montúfar Mendoza, informó que en lo que va del año esa dependencia ha mediado en al menos una veintena de casos “similares”, pues la queja en todos es el alto costo por arrastre y mantenerlos en corralones.
A decir de los afectados, las tarifas fueron calculadas como si fueran estacionamientos públicos, pues les cobraron por hora.
La señora Belén Rodríguez intentó una primera vez recuperar su camioneta, una Ecosport blanca, de hace 10 años, que cuatro hombres le robaron con violencia en la zona Diamante.
“Apareció la camioneta pero desvalijada. Hice los trámites para recuperarla y cuando fui al corralón ya me cobraban más de lo que quedaba de ella porque le quitaron rines, la llanta de refacción, salpicaderas, partes de las puertas, del motor y hasta el espejo retrovisor”, señaló.
“Los usuarios se han quejado de que las cuentas de esos servicios son mucho mayores de lo que cuestan sus vehículos, hay denuncias que no han sido registradas porque hemos llegado a la conciliación y en la mayoría de los casos se han aplicado descuentos de hasta un 50 por ciento”, indicó el delegado de la Profeco en entrevista ayer al mediodía.
No obstante, los casos de Belén, Antonio y Mateo no han sido resueltos pues los cobros, aunque les consiguieran descuentos, “es como si volviera a comprar el carro”, señaló don Antonio, quien comentó que su vehículo es un Tsuru 1980, que incluso encontró desvalijado cuando el Ministerio Público le notificó que había sido hallado.
Al respecto, Montúfar Mendoza indicó que los vehículos que llegan a los corralones de las grúas en Acapulco, cuando los dueños quieren liberarlos se les hace una cuenta muy elevada, resultado del cobro por el arrastre, pisaje, el abanderamiento y varios servicios.
“Hemos buscado una conciliación mediata entre las grúas y el consumidor mandando algún verificador, hablar con ellos y hemos logrado algunas conciliaciones y descuentos, dependiendo del tiempo que lleva el vehículo en el corralón”, dijo.
Informó que el lunes pasado se reunió con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chilpancingo para hallar una opción que ayude a los consumidores, sin embargo su jurisdicción se limita a supervisar el funcionamiento del servicio de grúas en carreteras federales.
Saúl Montúfar adelantó que buscará reunirse con los directores de Transporte de Guerrero y los municipios.
“Queremos además invitar al fiscal regional en Acapulco porque muchos de los vehículos que llegan al corralón y la gente se inconforma porque son puestos a disposición del agente del Ministerio Público y éste a su vez los remite al corralón, de ahí que los consumidores consideran injusto los cobros, luego de que fueron víctimas de un robo”, argumentó el funcionario.
Los señores Mateo Fernández y Antonio Rivas coincidieron en que los Ministerios Públicos deben encontrar una opción que no represente un gasto oneroso para quienes han sido víctimas de robo de sus vehículos, pues los corralones de las grúas que prestan un servicio privado les han cobrado tarifas “como si fueran plazas comerciales”, y las cuentas aumentan conforme transcurra el tiempo que los coches se queden en los corralones.
El señor Mateo Fernández, luego de que el MP le dijo a cuál corralón acudir para recoger su vehículo, le hicieron una cuenta de 35 mil 600 pesos hace un mes.
Ayer, dijo, la cuenta aumentó otros 20 mil pesos pues cada día son 960 pesos del pisaje.

Anuncian el banco de datos de mujeres víctimas de maltrato, que será administrado por la Semujer

 

En la vigésima cuarta sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue presentado el proyecto del Banco de Datos de la Secretaría de la Mujer (Semujer), que será responsable de alimentar el Banco Estatal de Datos que está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el encuentro, la presidenta de la Asociación Guerrerense, Marina Reyna Aguilar, solicitó por segunda vez que se informe sobre los acuerdos tomados en sesiones anteriores y que no se han compartido en el sistema.
“Me interesa conocer las comisiones, las comisiones del sistema quedaron de entregar sus programaciones, pero no todas las entregaron, por que en muchas de ellas participamos pero sólo hemos asistido a una comisión porque nos invitó”, dijo.
La sesión fue encabezada por el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y se realizó en el salón de la República de la Casa Guerrero, pero debido a “problemas” de agenda el funcionario delegó esa función en la Secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, quien fue acompañada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el director de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno, Jaime Ramírez.
Durante el punto de asuntos generales la feminista Marina Reyna Aguilar expuso la falta de información por parte de las comisiones integradas en el sistema.
Además de la falta de convocatoria y difusión para que participen las organizaciones de mujeres adheridas, por lo que pidió a la secretaria Gabriela Bernal Reséndiz que informara sobre los avances, pero ésta sólo dijo que se programaría otra sesión para ello.
En la sesión que duró poco más de una hora se abordaron los informes sobre la capacitación a las directoras de las instancias municipales de atención a la mujer, y delegados y delegadas de gobierno para la instalación de los sistemas municipales.
También se presentó el calendario de talleres que impartirán en coordinación la Secretaría de la Mujer y la Dirección General de Administración del gobierno, con objeto de capacitar en perspectiva de género a las y los servidores públicos.
El tema principal fue la presentación del Banco de Datos que será alimentado por la información que se genere en cada instituto de mujer de cada municipio, respecto a quienes presenten denuncias de maltrato.
Por su parte la procuradora de la Mujer, Indalecia Pacheco León, dio pie a la presentación del proyecto de Banco de Datos que se impulsó de un proyecto federal para su aplicación en el estado y que dependerá directamente de la Semujer.
“Se alimentará con todos los casos de violencia en el estado de Guerrero, es muy relevante que la Secretaria de la Mujer será la primera en generar este banco de datos y son formatos especiales para este fin”, agregó.
Por su parte el ingeniero encargado en presentar el proyecto y contratado por la secretaría, Leobardo Renier Arcos, especificó que el banco de datos se integrará con un expediente sobre la víctima, dónde vive, dónde sucedió el caso, y posteriormente se generará una estrategia para solucionar el problema, “no sólo es almacenarla sino tener reportes dinámicos o gráficas que descubran patrones que generen planes”.
Estos datos se recolectarán en cada municipio a través de las áreas encargadas de atender a las victimas de maltrato, quienes generarán el expediente para presentarlo posteriormente al banco de datos.
Este banco de datos a su vez alimentará el banco de datos estatales que administra la FGE.
Este proyecto fue cuestionado por algunas de las asistentes como Silvia Galeana, quien cuestionó la seguridad en recolectar los datos ante un posible hackeo, ya que ahí estarán los datos de geolocalización de las víctimas, lo que las pondrá en una situación vulnerable.
La secretaria de la Mujer dijo que tomarán medidas de seguridad para evitar riesgos.