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Reportan en Ciudad Altamirano alza en hackeo y fraudes en cuentas de WhatsApp

Israel Flores

Durante la última semana se reportó un incremento en los robos vía WhatsApp a diferentes sectores de la población en Ciudad Altamirano, de quienes piden a su nombre depósitos bancarios.
Maestros, comerciantes, y empleados municipales informaron que fueron objeto de hackeo de sus cuentas, por personas que solicitan préstamos bancarios a sus diferentes contactos.
Les envían mensajes señalando que les urge un préstamo o un depósito que van desde los mil hasta los 20 mil, según se han presentado los reportes.
De estos casos no hay denuncia formal en el Ministerio Público pero se ha detectado un reporte en donde solicitaron apoyo de la Policía Cibernética, donde les informaron que la forma en la que están robando las cuentas de Whatsapp es solicitando las claves de acceso a través de llamadas telefónicas para lo cual bloquean haciendo llamadas al número de su víctima, al mismo tiempo para que el código quede en el buzón de voz y después los delincuentes puedan recuperar ese código ingresando al buzón de voz que por lo general cuentan con una clave genérica fácil de identificar, lo cual facilita a los delincuentes acceder y tomar el código que les han enviado.
En todos los casos están pidiendo depósitos bancarios a la cuenta 1542338500 de Bancomer a nombre de María Dolores Macario Álvarez.
El robo ha sido común como método de fraudes en donde solicitan préstamos o depósitos, las personas creen que están ayudando al dueño de la cuenta pero se trata de un fraude.

 

No acostumbrarse a la violencia y orar por las víctimas, pide el arzobispo de Acapulco

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González señaló que “vivimos días difíciles”, por lo que llamó a la ciudadanía a no acostumbrarse a la violencia y orar por las víctimas.
El prelado emitió su comunicado dominical a través de redes sociales y en el contexto de la Jornada de Oración Mensual por la Paz, cercana a la celebración de la virgen de Guadalupe.
González González dijo que “vivimos días difíciles. En algunas regiones y ciudades se ha recrudecido la violencia, recordemos hoy a quienes desde la pasada jornada de oración hasta ahora, han sido ejecutados, secuestrados, desaparecidos. Nos duele e indigna lo que les hicieron, no nos acostumbremos a esta situación”.
Pidió orar por ellos y por sus familiares, así como por quienes sufren de extorsión y quienes tienen que pagar un tributo por sus cosechas, incluso, por las autoridades para que puedan encontrar la mejor estrategia y cumplan proteger a la ciudadanía, respetando los derechos humanos y las leyes.
El arzobispo pidió reflexionar durante la celebración de la virgen de Guadalupe y todos “acojamos su invitación a la unidad nacional por la paz”.
También llamó a reforzar las medidas preventivas ante el aumento en casos de Covid-19, sobre todo en Acapulco, y leyó un fragmento del comunicado de la Secretaría de Salud del estado. Recordó que el cuidado de uno es en beneficio de todos. (Jacob Morales Antonio).

 

Destaca Astudillo atención a víctimas y protección a defensores y periodistas

Fomento del estado de derecho, atención a víctimas, proteccion a defensores de derechos humanos y periodistas, crecimiento económico, éxito en turismo, educación, infraestructura carretera y servicios públicos, pero en Salud no hay techo financero para personal y medicamentos, reconoció ayer el gobernador, Héctor Astudillo Flores, al ofrecer datos de sus tercer año de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.
En tanto que por sus logros de gobierno, fue reconocido por el presidente Enique Peña Nieto a través de su enviado personal, el el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa.
Mientras que por parte del Congreso del Estado no hubo respuesta al tercer informe de gobierno. La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada priista, Verónica Muñoz Parra se limitó a felicitarlo.
En la parte de su tercer informe en la que aporta los datos que sustentan sus acciones de gobierno, Astudillo Flores ratificó que su gobierno a la mitad de su mandato, se mantiene firme en atender a quienes demandaron la protección y el apoyo del estado, y por eso creo la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se impartieron 7 mil 500 asesorías jurídicas, cerca de 460 atenciones sicológicas y 940 gestiones en materia de trabajo social. A su vez, se otorgaron medidas de atención las víctimas indirectas por alrededor de un millón 800 mil pesos.
También resaltó que en abril de 2018, crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Guerrero, lo que les permitió que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, les diera un crédito por 10 millones de pesos que, complementados con recursos propios, permitieron atender la urgente necesidad de identificar a víctimas hasta ahora desconocidas.
Sobre la población migrante, informó que establecieron el Programa Guerrero Contigo, y entregaron de manera gratuita mil 400 certificados de inscripción de doble nacionalidad.
En la protección de la infancia, dijo que es una prioridad de su gobierno y con el Programa Alerta Amber emitieron 120 declaratorias, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad.
En materia de protección civil, informó que siguen contrarrestando los impactos del huracán Max, al concluir la rehabilitación de 62 escuelas y que también fueron rehabilitadas 29 unidades médicas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica y se rehabilitaron las carreteras, gestionaron cerca de 100 millones de pesos para apoyar a empresas afectadas por el huracán y por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Para el agro guerrerense, implementó el Programa Prevención y Manejo de Riesgos, que hizo válida la póliza del seguro agrícola por 23 millones 700 mil pesos, sobre más de 15 mil 700 hectáreas, en favor de casi 20 mil productores y hectáreas que fueron afectados por el huracán.
Para reparar los daños causados, dijo que dispuso de recursos del Fonden por mil 296 millones de pesos.

El Guerrero próspero

El gobernador enfatizo que de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 Guerrero registró un crecimiento económico anual por encima del 5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a Guerrero entre las tres entidades mejor posicionadas.
Mientras que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, registró en el primer semestre 2018 un crecimiento de 10.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que se debe al comportamiento positivo de las actividades relacionadas con la minería, la construcción y las manufacturas.
En materia de promoción turística, invertió 331 millones y medio de pesos de Inversión Estatal Directa, en apoyos al Consejo de Promoción Turística de México, socios comerciales y recursos del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, lo que representó un aumento de más del 17.3 por ciento comparado con el segundo año de gobierno.
De turismo, precisó que es una vocación emblemática que identifica a Guerrero y que realizaron 264 eventos de alto impacto promocional, que generaron una afluencia superior a 1 millón 500 mil turistas y proyectaron nuestros destinos turísticos a nivel nacional e internacional. Esta cifra de un millón 500 mil se refiere a visitantes por eventos de convenciones.
Volvió a informar que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador también ha ofrecido que el Tianguis Turístico continúe como se ha venido desarrollando, un año en Acapulco y otro año en otro punto turístico. Por esta información los presentes le aplaudieron.
En obras públicas, informó que destinó mil 700 millones de pesos para mil 536 obras y acciones, de las cuales mil 100 se encuentran concluidas y menos de 430 están aún en proceso.
Con 370 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conservó y reconstruyó caminos en las siete regiones del estado y 58 tramos carreteros, obras que actualmente se encuentran con un avance promedio del 50 por ciento.
En vivienda con al Sedatu, construyeron arriba de 7 mil 100 cuartos dormitorios, con una inversión de más 355 millones 300 mil pesos.
Sobre el agua potable, dijo que 15 mil habitantes guerrerenses se incorporaron al servicio y 9 mil personas al drenaje sanitario. Y canalizó una inversión superior a los mil 30 millones de pesos en agua potable, alcantarillado y saneamiento, en atención a las zonas urbanas rezagadas.
A fin de contribuir a la certidumbre y confianza de los inversionistas de la Zona Económica Especial de Puerto Unión, dio a conocer que propuso un paquete de incentivos fiscales: exención del Impuesto Sobre la Renta durante diez años; tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, y tratamientos especiales en seguridad social y régimen aduanero.
Y que ha firmado ya cartas de intención con seis empresas transnacionales para una inversión asegurada de 2 mil 500 millones de dólares, que se prevé que generen 3 mil 500 empleos directos.
En la construcción del Distribuidor Vial Crucero Chichihualco, en Chilpancingo, dio a conocer un presupuesto de 130 millones de pesos, donde encontraron problemas de suelo, que están atendiendo y esperan inaugurar el 1 de diciembre.
En educación atendió una matrícula de casi un millón 159 mil alumnos, por más de 70 mil maestros en cerca de casi 12 mil escuelas.
Algunos logros indican que el grado promedio de escolaridad pasó de 7.7 años para el ciclo escolar 2014-2015, a 7.9 años para el ciclo 2016-2017.
De igual forma, la cobertura de educación preescolar se incrementó del 87.4 por ciento al 91.3 por ciento. En tanto que la eficiencia terminal de educación primaria fue del 97 por ciento y la de secundaria 82.9 por ciento.
Finalmente, la cobertura de educación media superior se incrementó del 60.2 a casi 66 por ciento; mientras que el analfabetismo bajó de 13.5 a 11.4 por ciento.

Salud sin techo financiero

Aceptó que en Salud han vivido una etapa especialmente complicada en el tema de personal y en el tema de medicamentos, porque la Secretaria de Salud es una institución con personal que no tiene techo financiero para el suficiente pago, y sus recursos humanos no alcanzan para atender los hospitales y centros de salud.
A pesar de las carencias dijo que brindó cobertura en salud, mediante mil 100 establecimientos médicos, distribuidos por todo el estado. Mil 74 pertenecen a la Secretaría de Salud, atendiendo a 2 millones 240 mil personas.

Deuda pública, igualdad de género

Informó, que la deuda pública recibida originalmente era de dos mil 374.4 millones de pesos, pero a junio de 2018 se redujo a mil 981.8 millones de pesos, una reducción del 16.6 por ciento respecto al inicio de la administración.
También informó el apoyo a mil 400 emprendedores, donde invertió tres millones 400 mil pesos, para fomentar proyectos productivos y empleos.
“Para la estrategia de igualdad de género ejercimos 109 millones 400 mil pesos de inversión estatal y federal.
“Llevamos a cabo más de 11 mil 500 acciones de atención psicológica, médica, de trabajo social y orientación jurídica, en beneficio de siete mil 586 mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia.
“Para dar atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, se realizaron acciones con una inversión de 25.8 millones de pesos, de los cuales 19 millones corresponden al estado y 6.8 a la federación”.

Reconocimiento de Peña Nieto

El representación del presidente, Enrique Peña Nieto, el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, le hizo un reconocimiento al gobernador por su tercer informe.
“Me es muy grato, para un servidor cumplir con el encargo que me han dado al refrendar al gobernador Héctor Astudillo Flores y a toda la sociedad guerrerense, el aprecio y reconocimiento del gobierno de la República por todo lo que juntos se ha logrado”.
Al secretario de la Sagarpa, Baltazar Ochoa, le cedieron la palabra al final de la sesión solemne y dijo sentirse honrado al acudir a esa soberanía.
“Hoy aquí el gobernador del estado ha descrito de forma detallada la atención que su gobierno ha dado a los temas centrales del desarrollo económico, del desarrollo rural, de la educación, la salud, el empleo, el desarrollo urbano y la seguridad y todas las acciones y obras que ha requerido el ejercicio del gobierno en cumplimiento del mandato del pueblo de Guerrero”.

 

La inseguridad, tema de Astudillo y los partidos en el tercer informe

El problema de Guerrero no son las diferencias
políticas, sino la violencia, sostiene el gobernador

“El problema de Guerrero no es político, es la violencia”, sostiene Astudillo en su informe

Sostiene que a partir de las estrategias conjuntas de los órganos de seguridad federal y del estado se logró disminuir en más del 26% los delitos en el estado. Destaca la intervención que hubo en las policías de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Defiende la reforma al artículo 14 de la Constitución local, y sostiene que no limita las atribuciones de la Policía Comunitaria. La seguridad será prioridad en el presupuesto de 2019. Reivindica la autoría de la iniciativa de legalizar la amapola

 

En su mensaje ante el pleno del Congreso del Estado, por su tercer año de gobierno, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que “el problema de Guerrero no es político, el problema de Guerrero es la violencia”.
Informó que las tareas de inteligencia con el gobierno federal, les han permitido detectar la presencia de seis grupos criminales de alcance nacional y 14 grupos locales, sin mencionarlos por su nombre.
Dijo que se han detenido a casi mil 100 personas vinculadas con actividades ilícitas o con la comisión de un delito, además de ser presentadas ante la autoridad ministerial 340 imputados; se rindieron más de 10 mil 700 informes de investigación, fueron recuperados mil 250 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 174 armas largas, 326 cortas, dos lanzagranadas, 12 granadas y 20 mil 618 municiones de diversos calibres.
Otro dato que destacó es que su gobierno participó en 88 operativos conjuntos en materia de seguridad pública. Y que en la lucha y combate al delito de secuestro se liberaron 46 víctimas y se detuvieron 43 probables responsables.
Reiteró que el principal problema de Guerrero es la violencia y aseguró que por las estrategias conjuntas de los órganos de seguridad federal y del estado, obtuvieron “mejores resultados”, porque en este año en relación al 2017, “disminuyó más del 26 por ciento de la incidencia del impacto delictivo”.
Optimista, precisó que el delito de robo en Guerrero ha caído 27.6 por ciento. Las modalidades de robo a la baja son: robo a transeúntes en casi 60 por ciento; de vehículos en 15 por ciento; a casas habitación en cerca del 17 por ciento y a negocios en 6.6 por ciento.
También presumió que evaluaron con éxito a más de 4 mil elementos de las instituciones de seguridad pública, de nuevo ingreso y permanencia. Y en el en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, avanzaron el 94 por ciento en la evaluación del personal activo.
Informó que en un esfuerzo coordinado con el Ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Policía del Estado, así como de las policías ministeriales de la Fiscalía del Estado y de la PGR, procedió a desarmar a las policías de Zihuatanejo, por contar con pruebas suficientes para presumir la infiltración de la corporación municipal por parte de grupos delictivos.
Tambiñen señaló que en enero pasado intervinieron para hacer una revisión de fondo en la policía municipal de Chilpancingo.
Y otro caso reciente fue el ocurrido el pasado mes de septiembre en Acapulco, en donde desarmaron a 2 mil 112 policías, y la Fiscalía General del Estado detuvo a dos de sus mandos por presuntas responsabilidades delictivas.
Luego informó que como un bastión más para la seguridad de los guerrerenses, destinaron con el gobierno federal recursos para la construcción del Cuartel Militar de Teloloapan, el cual aloja el 41 Batallón de Infantería, en donde el gobierno del estado destinó 280 millones de pesos para la construcción de estas instalaciones.
Los asistentes y diputados, brindaron un largo aplauso cuando reconoció a marinos, soldados, policías federales y estatales, por su ayuda.
En otro tema que tiene que ver con la seguridad, el de la Policía Comunitaria, el gobernador informó que con la pasada Legislatura, donde su partido el PRI tenía la mayoría, aprobaron el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, como un sistema auxiliar de la autoridad estatal.
Explicó que ese sistema contribuirá al orden público, a la preservación de la paz social y obedecerá al Sistema Normativo Indígena.
No se refirió al rechazo que esa ley causó entre los pueblos indígenas, pero resaltó que con ese marco legal podrá haber Asambleas Comunitarias y Comités de Policía Comunitaria Indígena en cada comunidad, a través de las cuales se establecerá una “colaboración estrecha” con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Y que cada uno de sus integrantes será un policía con cargo honorífico, voluntario y gratuito, designado en asamblea por sus propios vecinos y así promoverá y garantizará la justicia comunitaria.
Antes al inicio de su mensaje, Astudillo Flores enfatizó que Guerrero necesita que el ejercicio pleno de los derechos sociales y culturales sean una realidad y por ello promovió en el Congreso del Estado la reforma al artículo 14 de la Constitución local, para delimitar las competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, entre los sistemas normativos indígenas y el marco jurídico de la entidad.
Justificó que no trató de “disminuir la presencia ni la fuerza de la Policía Comunitaria Indígena, sino por el contrario, de darle un mayor marco jurídico que permitiera que todos aquellos grupos organizados indígenas, pudiesen encuadrar correcta y legalmente sus policías comunitarias indígenas”.
Además que esas modificaciones, contribuyen a que las mujeres y niñas de estos núcleos, no sean objeto de matrimonios por acuerdos económicos.
Mientras que la población indígena y afromexicana se beneficiará de acuerdo a estas reformas, con la percepción directa de hasta el 70 por ciento de los derechos de explotación racional de los recursos naturales de las comunidades, para destinarlos a la obra pública que así determinen estas comunidades.

La amapola, detonante de la economía de campesinos

El gobernador les recordó a los diputados que hace dos años promovió la legalizacion para uso medicinal de la amapola, y se congratuló que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene el mismo propósito.
Reiteró que la legalización de la siembra de la amapola es un tema central con beneficios múltiples, porque disminuiría la violencia en la entidad y el país, donde se produce droga por cultivo.
La bondad de la legalización de la amapola con fines medicinales, permitirá formalizar empleos de la población guerrerense, mejorarían las condiciones de los campesinos y jornaleros, y se les brindaría una alternativa para abandonar las condiciones de pobreza y detonará el desarrollo de la región, pero sobre todo, legalizar la amapola con fines medicinales, constituye una alternativa a una política prohibicionista, que no ha dado resultados, dijo.

La nueva realidad en Guerrero, pese a la violencia

En su tercer informe que inicio a las 10:20, el gobernador destacó que hay en la entidad una situación distinta a la que recibió hace tres años cuando inició su periodo de gobierno (en el que hubo dos gobernadores en cuatro años, Angel Aguirre Rivero del PRD y Rogelio Ortega Martínez, propuesto por el PRD), porque ahora puede hacer planes y programas públicos y hay condiciones para la inversión.
Y que pese a los desastres naturale y la violencia, el turismo sigue siendo el motor de la economía.
La mañana de este miércoles, el gobernador acudió al Congreso a la sesión solemne para dar cuenta del estado que guarda la administración pública y rendir cuentas, aunque por el formato aprobado no hubo preguntas ni debate ni interpelaciones, pero sí escuchó las posturas expuestas por cada uno de los coordinadores parlamentarios y representantes de los partidos, MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y Morena.

Destaca Astudillo atención a víctimas y
protección a defensores y periodistas

Reconoce que en Salud no hay techo financiero suficiente para pago de personal y falla el abastecimiento de medicamentos. Expone que de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 hubo un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a la entidad entre las tres mejor ubicadas

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Fomento del estado de derecho, atención a víctimas, proteccion a defensores de derechos humanos y periodistas, crecimiento económico, éxito en turismo, educación, infraestructura carretera y servicios públicos, pero en Salud no hay techo financero para personal y medicamentos, reconoció ayer el gobernador, Héctor Astudillo Flores, al ofrecer datos de sus tercer año de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.
En tanto que por sus logros de gobierno, fue reconocido por el presidente Enique Peña Nieto a través de su enviado personal, el el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa.
Mientras que por parte del Congreso del Estado no hubo respuesta al tercer informe de gobierno. La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada priista, Verónica Muñoz Parra se limitó a felicitarlo.
En la parte de su tercer informe en la que aporta los datos que sustentan sus acciones de gobierno, Astudillo Flores ratificó que su gobierno a la mitad de su mandato, se mantiene firme en atender a quienes demandaron la protección y el apoyo del estado, y por eso creo la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se impartieron 7 mil 500 asesorías jurídicas, cerca de 460 atenciones sicológicas y 940 gestiones en materia de trabajo social. A su vez, se otorgaron medidas de atención las víctimas indirectas por alrededor de un millón 800 mil pesos.
También resaltó que en abril de 2018, crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Guerrero, lo que les permitió que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, les diera un crédito por 10 millones de pesos que, complementados con recursos propios, permitieron atender la urgente necesidad de identificar a víctimas hasta ahora desconocidas.
Sobre la población migrante, informó que establecieron el Programa Guerrero Contigo, y entregaron de manera gratuita mil 400 certificados de inscripción de doble nacionalidad.
En la protección de la infancia, dijo que es una prioridad de su gobierno y con el Programa Alerta Amber emitieron 120 declaratorias, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad.
En materia de protección civil, informó que siguen contrarrestando los impactos del huracán Max, al concluir la rehabilitación de 62 escuelas y que también fueron rehabilitadas 29 unidades médicas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica y se rehabilitaron las carreteras, gestionaron cerca de 100 millones de pesos para apoyar a empresas afectadas por el huracán y por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Para el agro guerrerense, implementó el Programa Prevención y Manejo de Riesgos, que hizo válida la póliza del seguro agrícola por 23 millones 700 mil pesos, sobre más de 15 mil 700 hectáreas, en favor de casi 20 mil productores y hectáreas que fueron afectados por el huracán.
Para reparar los daños causados, dijo que dispuso de recursos del Fonden por mil 296 millones de pesos.

El Guerrero próspero

El gobernador enfatizo que de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 Guerrero registró un crecimiento económico anual por encima del 5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a Guerrero entre las tres entidades mejor posicionadas.
Mientras que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, registró en el primer semestre 2018 un crecimiento de 10.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que se debe al comportamiento positivo de las actividades relacionadas con la minería, la construcción y las manufacturas.
En materia de promoción turística, invertió 331 millones y medio de pesos de Inversión Estatal Directa, en apoyos al Consejo de Promoción Turística de México, socios comerciales y recursos del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, lo que representó un aumento de más del 17.3 por ciento comparado con el segundo año de gobierno.
De turismo, precisó que es una vocación emblemática que identifica a Guerrero y que realizaron 264 eventos de alto impacto promocional, que generaron una afluencia superior a 1 millón 500 mil turistas y proyectaron nuestros destinos turísticos a nivel nacional e internacional. Esta cifra de un millón 500 mil se refiere a visitantes por eventos de convenciones.
Volvió a informar que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador también ha ofrecido que el Tianguis Turístico continúe como se ha venido desarrollando, un año en Acapulco y otro año en otro punto turístico. Por esta información los presentes le aplaudieron.
En obras públicas, informó que destinó mil 700 millones de pesos para mil 536 obras y acciones, de las cuales mil 100 se encuentran concluidas y menos de 430 están aún en proceso.
Con 370 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conservó y reconstruyó caminos en las siete regiones del estado y 58 tramos carreteros, obras que actualmente se encuentran con un avance promedio del 50 por ciento.
En vivienda con al Sedatu, construyeron arriba de 7 mil 100 cuartos dormitorios, con una inversión de más 355 millones 300 mil pesos.
Sobre el agua potable, dijo que 15 mil habitantes guerrerenses se incorporaron al servicio y 9 mil personas al drenaje sanitario. Y canalizó una inversión superior a los mil 30 millones de pesos en agua potable, alcantarillado y saneamiento, en atención a las zonas urbanas rezagadas.
A fin de contribuir a la certidumbre y confianza de los inversionistas de la Zona Económica Especial de Puerto Unión, dio a conocer que propuso un paquete de incentivos fiscales: exención del Impuesto Sobre la Renta durante diez años; tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, y tratamientos especiales en seguridad social y régimen aduanero.
Y que ha firmado ya cartas de intención con seis empresas transnacionales para una inversión asegurada de 2 mil 500 millones de dólares, que se prevé que generen 3 mil 500 empleos directos.
En la construcción del Distribuidor Vial Crucero Chichihualco, en Chilpancingo, dio a conocer un presupuesto de 130 millones de pesos, donde encontraron problemas de suelo, que están atendiendo y esperan inaugurar el 1 de diciembre.
En educación atendió una matrícula de casi un millón 159 mil alumnos, por más de 70 mil maestros en cerca de casi 12 mil escuelas.
Algunos logros indican que el grado promedio de escolaridad pasó de 7.7 años para el ciclo escolar 2014-2015, a 7.9 años para el ciclo 2016-2017.
De igual forma, la cobertura de educación preescolar se incrementó del 87.4 por ciento al 91.3 por ciento. En tanto que la eficiencia terminal de educación primaria fue del 97 por ciento y la de secundaria 82.9 por ciento.
Finalmente, la cobertura de educación media superior se incrementó del 60.2 a casi 66 por ciento; mientras que el analfabetismo bajó de 13.5 a 11.4 por ciento.

Salud sin techo financiero

Aceptó que en Salud han vivido una etapa especialmente complicada en el tema de personal y en el tema de medicamentos, porque la Secretaria de Salud es una institución con personal que no tiene techo financiero para el suficiente pago, y sus recursos humanos no alcanzan para atender los hospitales y centros de salud.
A pesar de las carencias dijo que brindó cobertura en salud, mediante mil 100 establecimientos médicos, distribuidos por todo el estado. Mil 74 pertenecen a la Secretaría de Salud, atendiendo a 2 millones 240 mil personas.

Deuda pública, igualdad de género

Informó, que la deuda pública recibida originalmente era de dos mil 374.4 millones de pesos, pero a junio de 2018 se redujo a mil 981.8 millones de pesos, una reducción del 16.6 por ciento respecto al inicio de la administración.
También informó el apoyo a mil 400 emprendedores, donde invertió tres millones 400 mil pesos, para fomentar proyectos productivos y empleos.
“Para la estrategia de igualdad de género ejercimos 109 millones 400 mil pesos de inversión estatal y federal.
“Llevamos a cabo más de 11 mil 500 acciones de atención psicológica, médica, de trabajo social y orientación jurídica, en beneficio de siete mil 586 mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia.
“Para dar atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, se realizaron acciones con una inversión de 25.8 millones de pesos, de los cuales 19 millones corresponden al estado y 6.8 a la federación”.

Reconocimiento de Peña Nieto

El representación del presidente, Enrique Peña Nieto, el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, le hizo un reconocimiento al gobernador por su tercer informe.
“Me es muy grato, para un servidor cumplir con el encargo que me han dado al refrendar al gobernador Héctor Astudillo Flores y a toda la sociedad guerrerense, el aprecio y reconocimiento del gobierno de la República por todo lo que juntos se ha logrado”.
Al secretario de la Sagarpa, Baltazar Ochoa, le cedieron la palabra al final de la sesión solemne y dijo sentirse honrado al acudir a esa soberanía.
“Hoy aquí el gobernador del estado ha descrito de forma detallada la atención que su gobierno ha dado a los temas centrales del desarrollo económico, del desarrollo rural, de la educación, la salud, el empleo, el desarrollo urbano y la seguridad y todas las acciones y obras que ha requerido el ejercicio del gobierno en cumplimiento del mandato del pueblo de Guerrero”.

Llama el PRI en el Congreso a una cruzada por
la reconciliación y para recuperar la seguridad

El coordinador de la bancada, Héctor Apreza, convoca “a los poderes públicos y a la sociedad” a combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

En la sesión con motivo del tercer informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, convocó a los poderes públicos “y a la sociedad en su conjunto” a impulsar una cruzada para el combate a la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, “y especialmente una cruzada por recuperar la seguridad ciudadana”.
El llamado del priista fue similar al que realizó el 19 de octubre del 2017 el gobernador en esa misma tribuna, cuando rindió su segundo informe, y aprovechó para convocar a los poderes Legislativo y Judicial, pero también a los alcaldes, a un Pacto por la Seguridad, que con los partidos políticos sólo se concretó en dar seguridad a candidatos amenazados en el proceso electoral pasado.
Apreza Patrón aprovechó la presencia de diferentes actores en el recinto para convocarlos a que juntos, “poderes públicos, a los órdenes de gobierno y sociedad en su conjunto, a que impulsemos juntos una cruzada por la reconciliación social de Guerrero, donde la rendición de cuentas sea práctica cada vez más normal y más fortalecida y en la que todos trabajemos por recuperar la seguridad ciudadana… en contra de la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad”.
A nombre de la bancada priista, expresó a Astudillo Flores “nuestro respaldo absoluto en todas aquellas causas que son para el beneficio de Guerrero, lo conocemos y lo reconocemos como un hombre de trabajo que está incansablemente recorriendo el estado, qué bueno que así sea, lo invitamos a que no decaiga, a que continúe, cuenta con nosotros”.
Al presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, le envió el mensaje que “con el grupo parlamentario de el PRI, cuenta en todos aquellos aspectos que sean para el bien de Guerrero, unamos esfuerzos, juntos podemos construir la nueva historia que necesita Guerrero, nuestras coincidencias deben ser mayores que nuestras diferencias”.
Dijo también que los tiempos exigen entendimiento y corresponsabilidad en el quehacer político y pidió que “no nos distraigamos en apasionamientos del pasado”.
Dijo también que en los tres primeros años de gobierno de Astudillo Flores, hubo avances sustanciales, “usted da la cara y dice: ‘aquí estoy y da la cara, bienvenida la critica constructiva’”, pero llamó a “los actores sociales a que no sólo se queden en la crítica y digan en que están dispuestos a participar en la terea de reconstruir Guerrero”.
A tres años del gobierno de Héctor Astudillo Flores, el coordinador de la bancada del PRI insistió en que fue un logro salir del problema de gobernabilidad en el estado con el que inició la actual administración.
“Guerrero estaba en una crisis política, social y financiera notable que colocó al Estado en una situación de posible desaparición de poderes”, reiteró Héctor Apreza.
Incluso dijo que “Guerrero en ese momento se estaba desangrando, se estaba desintegrando como sociedad”, en referencia a la movilización social que se generó a partir del ataque, detención y desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala a manos de policías municipales y sicarios, a quienes el priista no mencionó.
Apreza Patrón continuó detallando cómo recibieron el gobierno hace tres años, antes de hablar del último año de gobierno de Héctor Astudillo Flores que era el tema en la sesión solemne.
El ex secretario de Finanzas y Administración de Astudillo Flores, festejó que “hoy Guerrero vive una situación diferente a la señalada. En estos tres años el diálogo se restableció como eje para analizar los problemas, dirimir las diferencias y lograr entendimientos de beneficio colectivo”.
Aplaudió también que la actividad turística “se relanzó, las inversiones públicas y privadas han fluido, generando empleo e ingresos para las familias guerrerenses. Las obligaciones financieras del gobierno se cumplen; y los programas sociales se desarrollan normalmente para atender a los grupos mas necesitados de Guerrero”.
Apreza Patrón aprovechó su intervención en tribuna para agradecer al presidente de la República priista Enrique Peña Nieto “el apoyo” para Guerrero en las afectaciones por desastres naturales.

 

 

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

 

El 8 de octubre de 2014, un presunto integrante de Guerreros Unidos detenido por la PGR, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado a la colonia San Juan y al basurero de Cocula Foto: Lenin Ocampo Torres

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

 

Demandan atención médica familiares de víctimas de la violencia en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Zitlala

 

Familiares de víctimas de la violencia de los municipios de Chilapa y Zitlala que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco reclamaron este martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud atención médica plena como lo establece la Ley General de Víctimas.
La mayoría de los familiares llegaron desde de Zitlala y Chilapa, se trata de indígenas nahuas que tienen parientes desaparecidos o asesinados, a quienes por el problema que viven se les han complicado padecimientos, sobre todo de diabetes, hipertensión, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de la piel.
Los más de 20 ciudadanos fueron acompañados por el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, el representante del Colectivo de Víctimas de Acapulco Ciro Fuentes Urióstegui, del Colectivo Chilpancingo Lamberto Castro de la Cruz y la representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Olivia Cortez Cerón.
Olivares Hernández informó que a raíz de la reunión del 7 de marzo con el gobernador Héctor Astudillo Flores en Casa Guerrero, convinieron brigadas médicas para la atención de las familias de víctimas de Zitlala y Chilapa. Se hicieron el 15 de marzo en Chilapa en donde se realizaron 26 consultas pero se dejaron sólo 15 recetas sin medicamentos, mientras que de las 15 consultas del 15 de marzo en Zitlala, cuatro quedaron sin receta.
Para Olivares Hernández la actitud de la dependencia es una burla porque de nada sirve a las víctimas una receta si no cuentan con los medicamentos, y denunció que el gobierno estatal no cumple la Ley General de Víctimas que establece una atención integral.
Informó que a partir de que desaparecieron o les asesinaron a un familiar, a los familiares de las víctimas se les han agravado padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, otros han adquirido estas enfermedades a raíz del problema que viven, mientras que la mayoría sufre de enfermedades gastrointestinales, respiratorios o de la piel y requieren de una atención permanente y adecuada.
Al respecto el director del Centro Morelos demandó que al subsecretario de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Armando Bibiano que los atendió, que no solamente les garantice las consultas y los medicamentos, sino que haya brigadas permanentes y calendarización de las visitas del personal médico de la dependencia.
El representante del Colectivo Chilpancingo, Lamberto Castro entregó una relación de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados o secuestrados que pertenecen a ese colectivo para que reciban atención médica.
Se quejó ante el funcionario que desde 2017 que el colectivo de Chilpancingo trabaja a favor de las víctimas de la violencia, cada acuerdo que asumen con el gobierno del estado, “se lo lleva el viento”.
A su vez, Ciro Fuentes del colectivo de Acapulco le espetó al subsecretario que los familiares de las víctimas no están actuando por capricho al reclamar sus derechos, sino porque existe una Ley de Víctimas que las autoridades deben cumplir. Y se quejó de que en Guerrero no hay instituciones que atiendan a las víctimas, que por eso la atención es muy lenta.
Reclamó: “No nos dejen solos”, y dijo que los familiares de las víctimas no se podrán reincorporar plenamente a la sociedad si continúan con estos problemas.
Olivia Cortés del CCTI le dijo al funcionario que las víctimas de la violencia no son pacientes normales, porque están viviendo un problema social y como consecuencia sus padecimientos emocionales o físicos se les complican.
Reclamó atención sobre todo para los niños y las personas adultas mayores, quienes, dijo, tienen derecho a la salud.
Los familiares de las víctimas fueron recibidos en la sala de juntas de la Secretaría de Salud y el subsecretario Bibiano se comprometió a “corregir las circunstancias” y a cumplir con lo que se comprometió la dependencia en la reunión con el gobernador, y anunció que las brigadas médicas y la atención a las víctimas van a ser de manera permanente y garantizó el abastecimiento de medicamentos, como lo exigieron los representantes de los colectivos de víctimas y del Centro Morelos.

 

Por el 10 de Mayo, familiares de desaparecidos se solidarizan con las madres de los 43

Familiares de víctimas de desaparición en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y activistas pidieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que renuncie a la gubernatura de Guerrero, si no es capaz de resolver los crímenes y la violencia.
A las 2 de la tarde los familiares de los desaparecidos, el director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, la integrante del Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, Roberta Campos Adame, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otros activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, en la avenida Lázaro Cárdenas de esta ciudad, e hicieron un mitin en el que se solidarizaron con las madres y padres de familia de los jóvenes.
Campos Adame dijo que la manifestación fue en la víspera del Día de las Madres para reivindicar a las mujeres que luchan por la vida de sus hijos, “desde el momento en que se da a luz está en riesgo la vida, hoy nos ha convocado la solidaridad con esas madres que llevan tres años luchando”, dijo de las madres de los 43 normalistas.
Mencionó que durante la lucha por la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero en 1960, las madres de familia se movilizaron al lado de sus hijos, Hermelinda López y Dorotea Jacobo murieron en la masacre del 30 de diciembre, “cada una de las compañeras o madres dieron una lucha ejemplar, gracias a ellas tenemos una universidad disque autónoma, hoy los que la dirigen la han entregado poco a poco al Estado”, expresó en referencia al rector Javier Saldaña Almazán y el Grupo Universidad Guerrero y sus vínculos con el PRI y el gobernador.
Manifestó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa unió a las madres que piden en las calles la presentación con vida de sus hijos, y “queremos decirle fuerte a Astudillo (el gobernador) que estamos cansados de que sigan apareciendo cuerpos en la carreteras, de las persecuciones, si no es capaz de parar los secuestros y las muertes que renuncie”.
Por su parte Olivares Hernández dijo que el mitin fue para solidarizarse con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ayer una comisión protestó en la Ciudad de México y otra acudió a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el caso no se cierre hasta que los encuentren y los devuelvan con vida.
“Vamos a cumplir 44 meses sin que el gobierno federal tenga la voluntad de encontrarlos, le exigimos a Astudillo que si no es capaz de solucionar” la violencia e inseguridad “renuncie”, y que el gobierno elabore estrategias particulares en contra de los delitos para mejorar la situación en el estado.
Puntualizó que este 10 de mayo las madres de familia no van a celebrar de la misma forma, como los hijos de los desaparecidos no festejaron el 30 de abril el Día del Niño.
Los representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos se sumaron a la exigencia de que el gobernador demuestre que puede solucionar los crímenes en Guerrero o bien, se retire porque su promesa de orden y paz está lejos de la realidad, prueba de ello son los constantes asesinatos y desapariciones en las que las víctimas son criminalizadas por las autoridades de manera irresponsable.
Antes de retirarse los manifestantes corearon las consignas “vivos se los llevaron, vivos los queremos” e “hijo, escucha, tu madre está en la lucha”.

 

 

No tienen las autoridades interés en resolver crímenes de Estado, coinciden organizaciones en Chilpancingo

En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, representante de organizaciones coincidieron en que las autoridades no tienen interés en resolver los crímenes de Estado y criminalizan a las víctimas de desaparición forzada.
El encuentro es la continuación del foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, para formar un Frente Popular para el rescate del país integrado por organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos de trabajadores en el estado; se trata de una iniciativa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, a la que se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, las Preparatorias Populares de la Costa Grande, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y otros colectivos y organizaciones.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, y fue presidida por la dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas; la representante de las preparatorias populares de la Costa Grande, Juana Guzmán Reyna; el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Odón Rodríguez Mendoza; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera; y de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, así como la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Si bien el objetivo del encuentro era acordar la fecha del Congreso Estatal de organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos, primero se abrió una ronda de participaciones en las que intervinieron la activista Roberta Campos Adame y el integrante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jacob Nájera Hernández, así como Arturo Campos, Norma Mesino, Melitón Ortega, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y otros representantes.
Las posturas fueron encontradas debido a que mientras unos se enfocaron en informar el contexto de represión, criminalización, violencia e impunidad en Guerrero, otros llegaron a proponer que la lucha social se uniera al proyecto de “bienestar social” que propone el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el tema político se agotó durante las sesiones del foro dedicadas a ello.
En su intervención, Melitón Ortega informó que la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó distintas actividades que comenzaron en abril pasado a 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se trata de jornadas que tienen el objetivo de que la investigación se mantenga y “por ningún motivo” se cierre el caso; señaló que es necesario que a nivel internacional se sepa que la lucha por la presentación con vida de los jóvenes sigue vigente y que próximamente los padres y madres se reunirán con el secretario de Gobernación, en ese encuentro en el que esperan que las autoridades informen de la relación de los ataques en Iguala con criminales de Guerrero Unidos radicados en Chicago, Estados Unidos.
Norma Mesino, a cinco años del asesinato de su hermana Rocío, también integrante de la OCSS, y a ocho del de su hermano Miguel Ángel, señaló que “no hay interés de las autoridades” en resolver los casos, además de que la impunidad se ha vuelto general y ya no sólo afecta a los sectores organizados. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo cargo de ambos crímenes sin que fueran resueltos, y que en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el Estado optó por dividir a los familiares de las víctimas entregándoles casas y otros apoyos económicos; “las viudas que se mantuvieron firmes ya fallecieron, y otras están enfermas” pero esto no significa que su lucha haya terminado, pues el 4 de junio próximo protestarán en la Ciudad de México.

Siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, señalan

Arturo Campos dijo que las autoridades le siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, como ocurrió con los integrantes y promotores de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), siguen presos Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Marco Antonio Suástegui Muñoz, entre otros.
Contó que a pesar de que fue liberado, aún tiene una averiguación previa en su contra por lo que, si las autoridades así lo deciden podría volver a la cárcel, porque “fabrican delitos”, pero sólo con el movimiento social se logrará la libertad de los presos políticos.
En algún punto de la discusión hubo una polémica por la frase Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, palabras del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, pues algunos de los asistentes consideraron que el también egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa hizo las dos primeras cosas, pero el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “también es pueblo”.
Fue entonces que algunos asistentes coincidieron en que es hora de la que la lucha social se una a Andrés Manuel López Obrador, debido a las coincidencias con su proyecto, pero la propuesta fue rechazada.

Denuncia Roberta Campos la irrupción de militares a su casa

Roberta Campos recordó que organizaciones como la CRAC-PC surgieron no de un interés personal o político, sino para acabar con la inseguridad y proteger a sus familias, por ello es grave el divisionismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y deben parar estas prácticas.
Denunció que militares ingresaron a su casa en la capital porque recibieron un supuesto reporte de un robo de vehículo, y encañonaron a su familia, incluso a niños, por eso “vivo con miedo de llegar y que falte alguien de mi familia”, y es necesario que la lucha social se mantenga firme con sus principios apartidistas.
Chávez Adame dijo que la CETEG planteó en el foro, el paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el cual destrozaron la biblioteca y oficinas del Congreso del estado, “están en otra dinámica” y por ello hay órdenes de aprehensión contra sus integrantes, sin embargo, “tenemos que hacer un concentrado de las demandas populares y propuestas” de todas las organizaciones, siendo los ejes centrales la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición, solución a los asesinatos y la libertad de los presos políticos.
Reconoció que hace falta un proceso de concientización, porque las organizaciones abandonan la lucha cuando sus demandas particulares no se resuelven, mientras que los problemas internos deben solucionarse de acuerdo con los principios correspondientes y es necesario “defender” el proyecto original de la CRAC-PC, “que no pensó en las elecciones, pensó en la seguridad”.
Al final se acordó que el Congreso estatal se llevará a cabo el próximo 2 de junio en la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión acudirá a dialogar con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para iniciar los preparativos; además, el 18 de mayo acudirán a la sierra para conmemorar el natalicio de Lucio Cabañas y el 7 de junio a Ayutla para conmemorar la masacre de El Charco.

 

 

Rechazan familiares el procedimiento para integrar la comisión de búsqueda de personas

Familiares de víctimas de la violencia integrados en los colectivos de Chilpancingo, Huitzuco, Chilapa, Acapulco, así como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), rechazaron el procedimiento que sigue la Secretaría General de Gobierno para designar a quienes integrarán la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El 24 abril la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participen en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Ccti.
Plantean que la Fiscalía General del Estado (FGE) funcione y encuentre a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas y de las desapariciones por civiles, de ejecuciones, secuestros y desplazamiento forzado.
Además que se dote de plena autonomía con recursos económicos, materiales y equipo humano multidisciplinario y técnico suficientes a la Comisión de Estatal de Búsqueda para que cumpla realmente su función.
Demandaron que se elabore un calendario de búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento jurídico de las víctimas, sus familiares y colectivos, la atención a todas las víctimas y agilizar los trámites correspondientes.
En su pronunciamiento destacan que debido a la violencia en el estado cada día hay una madre, una hija o una hermana que se suman a la búsqueda de sus familiares por su propia cuenta, “en los rincones menos imaginados donde guardamos la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, porque tenemos la desgracia de vivir en uno de los estados con más alto nivel de criminalidad en el país, y sin embargo no contamos con una Fiscalía que sirva realmente a las víctimas de la delincuencia organizada como debiera ser en un Estado de derecho”, reprocharon.
Consideraron que la autonomía de la que se dotó a la FGE, “sólo es un insulto para las familias de las víctimas directas e indirectas de la violencia, pues el gobernador Héctor Astudillo Flores alude a ella como la manera más fácil de sacudirse la obligación que tiene de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas, principalmente los derechos sociales a la verdad y a la justicia”.
Cuestionan la falta de voluntad política “que se reproduce desde el gobernador hasta los servidores públicos que ocupan cargos importantes y estratégicos para combatir la crisis humanitaria que hemos enfrentado desde hace una década”.
En estas circunstancias consideran que son preocupantes las condiciones en que trabaja la FGE, porque no cuenta con una estrategia de combate efectivo en contra de la criminalidad y persecución del delito debido a la inexistente articulación efectiva entre las corporaciones policiacas federales y locales con los gobernantes.
Agregan que no existe una propuesta política de combate a la corrupción y la impunidad, “por el contrario, la militarización va incrementando sin tener efecto en la seguridad”.

Javier Olea acumuló cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones, desplazamientos que están en la impunidad

Añaden que el ahora ex fiscal Javier Olea Peláez acumuló en sus más de 28 meses en el cargo cientos de casos de desapariciones, secuestros, ejecuciones y varios desplazamientos, “entre las víctimas se cuentan más de una docena de políticos o funcionarios asesinados en Chilapa, decenas de ejecutados, cientos de desaparecidos, cuyas carpetas de investigación y averiguaciones previas permanecen hasta ahora en la impunidad”.
De la creación de la Comisión Estatal de Busqueda de Personas consideran que las comisiones o fiscalías especiales no van a ser realmente autónomas mientras tengan una carencia de recursos humanos, económicos y materiales.
Adelantan que serán obstaculizadas por los grupos de poder al interior de los tres órdenes de gobierno vinculados con los grupos de la delincuencia organizada, y lo más importante es si quien dirige carece de compromiso con las víctimas.
Frente a estas circunstancias dicen que los familiares de las víctimas se han unido y organizado en colectivos para acompañar un proceso legítimo, “y manifestamos que después de tanto tiempo viviendo en una situación de dolor e incertidumbre de nada nos han servido ni nos servirán los analfabetas funcionales, que sólo son nombrados para simular preocupación por la inseguridad y la alta criminalidad que azota a Guerrero, o que son colocados en puestos claves para garantizar la impunidad a los delincuentes gubernamentales y a los grupos de la delincuencia organizada”.
Proponen un mecanismo de evaluación y seguimiento para que se elaboren estrategias de búsqueda de los desaparecidos cumpliendo con los protocolos, que se garantice el derecho al acceso a la justicia con una estrategia clara de investigación, persecución y castigo de los responsables materiales e intelectuales por acción u omisión de las ejecuciones, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.