Pocos vecinos de la colonia Centro en la avenida Costera en una de las pocas peregrinaciones por la Virgen de Guadalupe este año, otro de los efectos del huracán Otis Foto: Argenis Salmerón
Este lunes se llevó a cabo una peregrinación en la avenida Costera, en honor a la virgen de Guadalupe, para pedir por las víctimas del huracán Otis.
Unos 50 feligreses de la colonia Centro, de la iglesia la Divina Providencia, caminaron por la Costera después de las 5 de la tarde.
Al frente del contigente iba una efigie de la Virgen de Guadalupe, que fue cargada por cuatro hombres.
Mientras que otros entonaron cánticos y además lanzaron cohetes al aire. Atrás venían los automóviles de los feligreses.
Los feligreses ocuparon un carrill de la Costera, en el sentido del Asta Bandera al zócalo y no iban acompañados por policías viales.
En declaraciones a El Sur, el vecino Salomón Hernández dijo que la peregrinación estaba dedicada a las víctimas del huracán.
Afirmó que cada año, a excepción de cuando estuvo presente el coronavirus, han realizado la peregrinación a la Virgen de Guadalupe con diferentes peticiones.
“Esto es una fiesta para la virgen. Esta vez pedimos por las víctimas del huracán Otis y que nos perdone nuestros pecados”, acotó.
Pidió a la Virgen de Guadalupe que interceda ante Dios, para que cuide y protega a los habitantes de Acapulco, que ya no azote la naturaleza al puerto.
Por último, recomendó a los acapulqueños hacer oración constante, pedir perdón por sus pecados y acercarnos a Dios. (Argenis Salmerón).
Cruces en la casa en dónde miembros de una familia murieron enterrados por un deslave de tierra provocando por el huracán Otis, en la colonia Revolución del Sur Foto. Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Fueron nueve las personas que murieron por un derrumbe de piedras, que destruyó distintas casas de la calle Constitución, de la parte alta de Acapulco, y todavía no ha sido encontrado el cuerpo de uno de ellos, Francisco Chinito Santos.
El Sur publicó, en su edición del 27 de octubre, que seis integrantes de una familia murieron sepultadas en su casa, por el alud de piedras que le cayó encima a su hogar. Las víctimas son Gloria, sus dos hijas y tres nietos.
Es una de las viviendas destruidas completamente de la calle Constitución, de la colonia Revolución del Sur, que se encuentra entre la Francisco Villa y la quinta etapa del Infonavit Alta Progreso. Vecinos de esta zona de Acapulco también conocen a este asentamiento como Ciudad Perdida.
Las viviendas devastadas se encuentran a un lado del cerro, donde cayeron las piedras y la tierra que aplastó a los vecinos de esta zona alta del anfiteatro de la ciudad.
Además de los seis integrantes, que murieron sepultados, otra familia fue afectada por el derrumbe y murieron tres personas, de esta casa de madera y techo de lámina, que ahora se encuentra demolida.
Ahí vivía Cirila Santos junto con su hijo Francisco Chinito Santos. Ambos se dedicaban a hornear bolillos en una parte de su hogar, negocio en el que también trabajaba Sergio Rivera Alarcón, pero era conocido como William.
La señora Cirila fue encontrada el miércoles 25 de octubre, después del paso del huracán Otis, metros más abajo de la casa en la que murieron seis personas, a la par del hallazgo de estas mismas víctimas.
El cuerpo de Sergio, de 35 años, fue encontrado unos 200 metros más abajo de la misma calle Constitución, que consiste en varias curvas. El cadáver quedó atorado en un tapón hecho del arrastre de la lluvia de carros, ramas y lodo.
Es una pared de tres metros que cierra totalmente el paso de una calle. Sergio también fue hallado los primeros días después de la catástrofe natural.
Por la forma que encontraron a Sergio, las autoridades buscaron a Francisco también en el tapón, pero su cuerpo no ha sido hallado dos semanas después del huracán de categoría 5.
La otra hipótesis es que fue arrastrado metros más abajo de la misma calle Constitución, donde una máquina retroexcavadora quitaba tierra este martes. Dos peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) buscaban con una unidad canina, que olfateaba la tierra.
Una parte de esta vía, unos 50 metros, tiene tanta tierra y piedra amontonada que se ha formado un tepetate de tres metros sobre la calle, que desemboca a la avenida Ruiz Cortines, en los arcos que dan la bienvenida a la colonia Francisco Villa.
La evidencia de la magnitud del deslave concentrado en la calle Constitución es un carro estacionado, dentro de su casa, y que está completamente enterrado, sólo se nota un poco del espejo frontal.
Algunas familias estaban reunidas en el patio de sus casas la tarde de este martes. Una pared de ladrillos de una vivienda que parece abandonada, tiene encima dos carros apilados.
Se percibió un ambiente tenso en la colonia Revolución del Sur, por la cantidad de muertos que concentra este pequeño asentamiento urbano. Un vecino le reclamó al grupo de reporteros su presencia en el lugar, “ya dejen de grabar, esto no es un juego”.
Familiares del no localizado Francisco Chinito Santos no quisieron dar su testimonio. Su hermano les dijo a los reporteros que va a hablar “sólo si van a dar algo”.
Se entiende por la gravedad del suceso, justificaron vecinas, que compartieron algunos datos de la colonia para contextualizar la muerte de sus nueve vecinos. Durante su relato, reiteraron varias veces la necesidad de que llegara la ayuda a la colonia.
Revolución del Sur fue fundada hace 34 años, casi todas los vecinos llegaron al mismo tiempo de su creación. Las vecinas reconocieron que es una zona de riesgo, pero “la necesidad” las orilló a construir su patrimonio ahí. Con el huracán Paulina también cayeron piedras, pero no afectaron a las casas, dijeron.
Contaron que las víctimas gritaron en la noche del huracán, “ayuda, ayuda”, pero no pudieron hacer nada, porque ellas también corrían peligro. Una de ellas perdió su casa, pero salió hacia la casa de otra familiar antes de ser demolida por las piedras.
Destacaron que la presidenta Abelina López Rodríguez acudió después de la noche del huracán y ayudó con las gastos funerarios de las víctimas. También ordenó la búsqueda de los cadáveres.
Dijeron que Francisco Chinito era una persona tranquila, “no se metía con nadie”. Describieron por dónde pasó la corriente que arrastró los cuerpos de Cirila, su hijo Francisco y su trabajador Sergio, alias William. Una casa de material que sobrevivió al deslave es la única referencia.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la falla total de las comunicaciones en la costa de Guerrero por el paso del huracán Otis, asegurando que el fenómeno meteorológico tuvo estragos fuertes en la región.
“Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán. Se han perdido las comunicaciones por completo”, aceptó.
Al iniciar la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador confirmó que las dependencias federales están buscando restablecer las comunicaciones en el estado, informando que no se tenía registro de pérdida de vidas, pero al no tener comunicaciones no se podía confirmar.
“Estamos buscando restablecer las comunicaciones, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas pero no hay comunicación, no sabemos… si daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista, llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de Comunicación trabajando”.
Agregó que una de las principales preocupaciones del gobierno federal es la carretera de la Costa Grande y toda la población que vive de Acapulco a Zihuatanejo, buscando restablecer las comunicaciones.
“Nuestra preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo. Ya se está estableciendo comunicación y vamos a dedicarnos todo el día de hoy a estar pendientes y a seguir llevando a cabo el operativo de rescate de apoyo a la población”.
López Obrador aseguró que existe la posibilidad de que visite la zona, pero depende fundamentalmente de la forma en la que puede acceder a la zona, considerando que el aeropuerto militar no se encuentra en condiciones óptimas.
“El aeropuerto militar tiene destrucción, afortunadamente la pista está bien, pero no hay posibilidades de volar, ni en avión ni helicóptero, no se puede, hay que esperar. El pronóstico es que va a ir disminuyendo la intensidad en el día”.
Mencionó que ya están en camino los titulares de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de Marina José Rafael Ojeda, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
“Está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones y Transportes, la directora de Protección Civil”, dijo.
El presidente acotó que desde el martes estaba presente el gobierno federal mediante elementos del Ejército y Marina, además de las aplicaciones de los planes de las dependencias, asegurando que se espera que Otis baje a categoría 2.
“Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina. Se está aplicando el Plan DN-III, el Plan Marina. Muy fuerte, muy fuerte, es un fenómeno, en muy poco tiempo empezó a tomar fuerza y entró con categoría 5, se está considerando que va a degradarse a categoría 2 pero todo el día va a haber lluvias” señaló.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, y el integrante de la Comisión Nacional de Candidaturas, Evodio Velázquez Aguirre, reiteraron su exigencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) de que investigue y dé resultados ante la “incesante” violencia en Guerrero.
En declaraciones después de la presentación del Comité Estatal del Frente Amplio por México, Catalán Bastida calificó de “estrategia de seguridad fallida” la que se aplica en Guerrero y el país, porque a “casi cinco años del gobierno federal y casi dos del estatal, no vemos resultados”.
Sin embargo, como partido político dijo que “no podemos más que condenar los crímenes y las actividades ilícitas de las que somos víctimas los ciudadanos guerrerenses, y que vivimos todos los días”.
Pero de nuevo cuestionó que no haya una postura del gobierno estatal: “¿Qué dice la gobernadora de esto? ¿Qué dice el secretario general de Gobierno? ¿Qué dice el secretario de Seguridad Pública? ¿Qué dice la fiscal? Están callados”.
Lamentó los asesinatos del fin de semana y de las últimas semanas, “las autoridades se mantienen muy herméticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues cuidarnos, porque no tenemos garantías de seguridad y esta percepción de inseguridad se vive en todo el estado”.
En la conferencia, a propuesta del diputado priista Rafael Navarretese se guardó un minuto de silencio, por las personas que fueron asesinadas en los diferentes hechos de violencia este fin de semana, entre ellos choferes y el empresario José Fuentes Brito y su hijo.
En la conferencia se le preguntó a Catalán si el Frente opositor no está siendo afectado en su discurso contra la violencia y el diálogo con el narco, después de que el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza señaló que Bravo Abarca, cuando era jefe de la oficina del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, le pidió su ayuda para intervenir ante un grupo criminal.
En respuesta dijo: “Son los di-chos de una persona, ¿cuántas veces se le ha pedido al obispo que vaya a declarar? Es un tema muy delicado”. Insistió en que la FGE intervenga y llame a declarar a los involucrados.
Después, Catalán declaró que la FGE debe actuar de oficio e investigar a quienes públicamente hablan de ser amigos y de reunirse con capos.
Por su parte, el ex alcalde de Acapulco e integrante de la Comisión Nacional de Candidaturas del PRD, Evodio Velázquez, informó que este partido propondrá al Frente un protocolo para evitar la postulación de personas vinculadas con grupos delincuenciales.
Dijo que hay “violencia incesante en el país y Guerrero no es excepción, hubo 10 muertos, pero parece que es una constante de todas las semanas”. Pidió a la FGE que concluya y dé a conocer resultados de la investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, por su reunión con el jefe de un grupo criminal. Dijo que parecen “constantes” los vínculos entre “instituciones y actores fuera de la ley”.
Reiteró que para el PRD, “será fundamental, de manera transparente, poner en la mesa de este Frente un protocolo que no permita que ningún actor político, que tenga interés de participar y que esté en la sospecha de ser parte o tener vínculos. Por supuesto que se tendrá que pedir su opinión a las instancias de investigación y que puedan ser parte de los requisitos, para que la candidata o candidato pueda estar legitimada”.
Dijo que la Comisión Nacional de Candidaturas va a trabajar este protocolo que será llevado al Frente.
Los obispos de Chilpancingo-Chilapa José de Jesús González, de Ciudad Altamirano Joel Ocampo Gorostieta, el emérito Salvador Rangel Mendoza, el de Tlapa Dagoberto Sosa y el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González en una calle de Roma Foto: Arquidiocesis de Acapulco
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
En memoria de las víctimas de la violencia, por los desaparecidos, y para pedir por la paz, este martes se repicaron las campanas de las catedrales, parroquias y capillas católicas en todo el país al cumplirse un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara de Chihuahua.
En Chilpancingo, después, en entrevista, el párroco de la catedral de la Asunción de María y vicario general de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo, llamó a las autoridades a que se apliquen a resolver el problema de la violencia y cambien la estrategia de seguridad porque no está dando resultados.
El prelado dijo que es lamentable que en lo que va de este gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya más de 158 mil homicidios, “y lamentablemente habrá más”.
Explicó que la actividad fue para solidarizarse con tantas víctimas que siguen sufriendo por el dolor que les ocasiona cuando les arrebatan a un ser querido o por no saber dónde se encuentran aquellos a quienes les han arrebatado”.
Dijo que el llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno es que redoblen los esfuerzos: “México ya no puede vivir así y nuestras entidades federativas tampoco”.
Cuenca Mayo, opinó que las autoridades deben revisar la estrategia de seguridad, “porque parece que algo no está funcionando bien, y añadió que si la Iglesia puede abonar a la paz y a la reconstrucción del tejido social, estamos preparados”.
El sacerdote informó que los obispos de Guerrero siguen esperando su oportunidad para abonar a la paz en México “desde nuestras propias diócesis, porque nos duele dado que nosotros somos los que caminamos con el pueblo”.
Agregó que más de 158 mil víctimas de homicidio en el país en lo que va de este gobierno, son muchos “y desgraciadamente sigue habiendo y va a haber más”.
Informó que aunque en Guerrero no se tiene una cifra precisa de victimas de homicidio, una de las zonas de mayor preocupación es Tierra Caliente, “por eso el obispo de la misma diócesis ha buscado acercarse a la gobernadora para que juntos encuentren estrategias que puedan abonar a la paz, y esto me parece algo muy bueno, pero nos falta más”.
Reconoció que en la diócesis Chilpancingo-Chilapa no han tenido casos de sacerdotes amenazados por el crimen organizado, pero se quejó de que siguen habiendo retenes en las carreteras “nos paran, nos revisan, pero no hay nada que perseguir y creo que por eso nos dan libertad para seguir nuestro tránsito”.
Recordó que cuando llegó el nuevo obispo José de Jesús de Jesús González Hernández acoraron protocolos de seguridad, y explicó que los prelados de la diócesis andan todos debidamente identificados, “de tal manera que cuando se nos requiere alguna identificación traemos nuestra credencial para no ser confundidos y evitar sufrir algún atentado”.
Informó que ante el clima de violencia en el estado, no han dejado de considerar la posibilidad de moverse en vehículos rotulados, pero explicó que en estos momentos no quieren abonar a la seguridad de ellos, sino de todos, de la gente, de la ciudadanía, “no podemos cuidarnos nosotros si no cuidamos a nuestros fieles y esa es la parte que ahorita nos preocupa más, queremos abonar y ojala nos den la oportunidad de hacerlo”.
Informó que en la visita que realizan los obispos del sur del país en estos días al Papa Francisco en Roma, concretamente los de Guerrero le llevaron su preocupación de lo que está pasando con el problema de la violencia.
“Yo creo que los obispos dialogarán con el Papa para expresarle su pesar y el dolor que vivimos aquí en la diócesis y esperamos un mensaje también de él para nuestros fieles que también son sus ovejas”.
Antes, durante su mensaje, el clérigo Cuenca Mayo, oró por las víctimas de la violencia; “nos duele, nos lastima que todavía siga habiendo una alta cifra de asesinatos en el país, nos duele que más de 158 mil víctimas de homicidios se contabilicen en lo que va del actual gobierno.
“Nos duele y nos lastiman esas fallas y por eso clamamos para que se apiaden de las familias que sufren por la pérdida de un familiar o porque siguen buscando a sus desaparecidos.
La tarde de ayer, las parroquias y capillas de la Arquidiócesis de Acapulco se unieron a la oración por la Paz y Justicia en el país. De manera solidaria, en punto de las 3 de la tarde sonaron las campanas durante un minuto para pedir por todas las personas, hombres, mujeres, niños y niñas desaparecidos.
En la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, los feligreses reunidos en el templo, así como quienes estaban en los alrededores del Zócalo se unieron a esta serie de peticiones. Lo mismo sucedió en la Catedral de Cristo Rey, la Inmaculada Concepción, en la colonia Morelo, la de Nuestra Señora de Covadonga, en el barrio del mismo nombre; San Nicolás de Bari, en La Laja, entre otras (Acapulco/ Redacción).
El secretario general de la CTM en el estado, Rodolfo Escobar Ávila, líderes sindicales y la diputada local priista Julieta Fernández Márquez de invitada en la asamblea y conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 28 ubicadas en la avenida Constituyentes del Barrio de la Fábrica en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
La diputada local priista Julieta Fernández Marquez, afirmó que es “terrible” qué en el Ministerio Público no haya protocolos para la protección de las víctimas que acuden a denunciar.
En declaraciones luego de asistir a una reunión en las oficinas de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), la diputada opinó que es necesario la aplicación de la Ley de Trata donde se establecen protocolos.
Agregó que muchos jóvenes y adolescentes que están en calidad de desaparecidos pueden haber sido víctimas de este delito, sobre todo en las colonias populares, donde les ofrecen trabajo y salario alto.
Indicó que hay un registro en Guerrero de 369 personas desaparecidas en los primeros tres meses en el estado de entre 15 a 25 años.
La diputada expresó que muchas mujeres víctimas son amenazadas de muerte si van y denuncian, por eso dejan de hacerlo “y es terrible”.
Dijo que a esto se suma que no hay una fiscalía especializada en la trata de personas y el delito es diferente porque no se tiene que comprobar que fueron engañadas, sino que con el hecho de ser explotadas sexualmente será suficiente para ordenar la captura del victimario. “Necesitamos que la ley se aplique y que se aplique bien”.
La priista dijo que “pareciera” que el delito de trata no existe porque no hay datos ni indicadores y todos los que existen son de organizaciones civiles.
Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Falta una estrategia para detener desapariciones
Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.
Se tiene miedo a denunciar
Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.
La marcha del domingo para apoyar al Ejército en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.
El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas
Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que este miércoles registró una defunción a causa de Covid-19, que se reportaron 24 contagios nuevos confirmados y sumó 152 casos activos, distribuidos en 26 municipios.
En su comunicado técnico diario, la dependencia resaltó que al corte del 21 de febrero se sumó una defunción a causa del coronavirus en Guerrero. En lo que va del año, se han reportado nueve fallecimientos en enero y tres en febrero. Desde el inicio de la pandemia se acumulan 6 mil 878 víctimas de la enfermedad.
Indicó que al corte del 21 de febrero se reportaron 24 contagios nuevos confirmados. En lo que va de 2023 se han registrado mil 246 y desde el comienzo de la epidemia acumulan 118 mil 768 enfermos.
La Ssa estatal manifestó que en el país, la incidencia de casos es de 19.02 contagios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guerrero, la tasa es de 4.1 contagios por cada 100 mil habitantes.
Respecto a los casos activos, reportó 152, seis más que un día anterior, ubicados principalmente en Acapulco, con 63; Chilpancingo, con 41; Tlapa con nueve; Iguala y Zihuatanejo con cuatro cada uno; Ayutla, Cuajinicuilapa, Taxco y Tecoanapa con tres cada uno, y Eduardo Neri con dos.
Expuso que la ocupación hospitalaria se mantiene en 1 por ciento en el estado, al reportarse sólo una mujer de 69 años de edad internada por coronavirus, en Chilpancingo, pero con estado de salud estable. (Emiliano Tizapa Lucena / Chil-pancingo).
Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.
La sentencia Mariana Lima
La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.
Aumenta la violencia digita
Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).
