Los principales empresarios mexicanos, encabezados por los más importantes y tradicionales, el ingeniero Carlos Slim Helú, de Grupo Carso, y Daniel Servitje Montull, de Grupo Bimbo, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional en una muestra de unidad, respaldo, compromiso y alianza, lo que constituye un mensaje para todos los sectores y los mexicanos y también para el mundo.
Es una prueba de unidad frente al alud de divisionismo, enfrentamiento, polarización con que se ha intentado caracterizar al sector empresarial y al gobierno de la actual presidenta. Ya en la administración anterior que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó claro y patente el respaldo que los principales dirigentes de los más importantes grupos empresariales mexicanos le otorgaron en su gobierno. Hoy, el compromiso es nuevamente ratificado con una fotografía histórica en los pasillos de Palacio Nacional. Allí estuvieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; la coordinadora del Consejo Empresarial, Altagracia Gómez; Guadalupe de la Vega, fundadora de la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y Desarrollo Comunitario; José Antonio Chedraui, director del grupo comercial Chedraui; Salvador Daniel Kabbaz, director de Fibra Danhos; Juan Pablo del Valle Perochena, presidente de Mexichen; Álvaro Fernández, presidente de Grupo Alfa, Alpek y Nemak, y Alejandro Soberón Kuri, director ejecutivo de Corporación Interamericana de Entretenimiento.
El encuentro, además, es un mensaje de confianza de los empresarios hacia la presidenta Sheinbaum y su política económica, en medio de especulaciones fruto de la desinformación, la ideologización y la disputa política por el gobierno. La reunión con los empresarios no tuvo la repercusión suficiente, pero el hecho es contundente.
Del mismo modo, casi ignorada por los medios de comunicación en nuestro país, este domingo y lunes se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS, agrupación formada por países emergentes, que actualmente integra a once naciones que suman cerca de la mitad de la población mundial y generan casi el 40 por ciento del producto mundial. El grupo se fundó hace más de quince años con los socios que formaron la sigla con la que son conocidos: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El año pasado se adhirieron Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, y un número similar de países fueron admitidos como asociados, un paso antes de ser miembros de pleno derecho.
Durante 2025, Brasil ostenta la presidencia “pro tempore” del grupo, con la divisa “Fortalecimiento de la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible”. Los expertos internacionales lo ubican como un grupo alternativo y de contrapeso a la hegemonía estadunidense, al llamado G7, en el que se encuentran las naciones más desarrolladas del mundo, y a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
México no forma parte de los BRICS, pero ha sido invitado como observador, por lo que a esta cumbre asistió el canciller Juan Ramón de la Fuente, como representante de la presidenta Sheinbaum; ahí en diversas reuniones expuso en detalle el llamado Plan México, con el que nuestro gobierno ha planteado una alternativa para impulsar el desarrollo regional, sustituir importaciones y generar empleos bien remunerados. México, por cierto, también fue país invitado a la reciente cumbre del G7 en Alberta, Canadá, el pasado mes de junio, adonde acudió la presidenta Sheinbaum. En ambos foros se escuchó la propuesta mexicana de organizar una cumbre mundial que tenga por objeto trabajar por el bienestar de los pueblos.
Aunque actualmente los BRICS son el foro de naciones de más rápido crecimiento en el planeta, hay quienes lo consideran desde ahora un proyecto fallido, que sucumbirá por las diferencias económicas y políticas entre sus miembros, a medida que continúe su expansión. Por lo pronto, esta cumbre perdió brillo ante la caótica situación por la que atraviesa el mundo, debido a lo cual no asistieron ni el presidente chino, Xi Jinping, que desde que está al mando nunca había faltado, ni el presidente ruso Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden internacional de captura, acusado de crímenes de guerra en el conflicto con Ucrania. Tampoco estuvo el líder iraní, el ayatola Alí Jamenei, pues su nación atraviesa una situación bélica con Israel y Estados Unidos. Otras figuras relevantes de las naciones integrantes de los BRICS igualmente estuvieron ausentes.
De todas formas, la cumbre de los BRICS ha sido un momento importante en la organización de naciones que buscan un modelo alternativo de desarrollo, y reducir la dependencia de los organismos financieros internacionales. La declaración final de la cumbre refleja la incertidumbre global y la ambivalencia de esta época. Los integrantes rechazaron la política norteamericana de imponer aranceles unilaterales y distorsionar así el libre comercio, pero se abstuvieron de mencionar a Estados Unidos y al presidente Donald Trump; se pronunciaron por una solución pacífica a la guerra en Ucrania, pero hicieron malabares para no ofender a Rusia; en el conflicto en Medio Oriente sí fueron más claros, y exhortaron a las partes a negociar un alto al fuego y reivindicaron el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Además, se emitieron otras tres declaraciones sobre temas específicos: el cambio climático, la inteligencia artificial y la gobernanza, y la cooperación sanitaria. En una etapa de tensión y de conflictos bélicos, las voces de los BRICS suenan como un llamado a la negociación y la cordura. Ojalá sean escuchadas.
Mientras todo ello ha ocurrido en Río de Janeiro, la ciudad maravillosa de Brasil, en el estado de Guerrero la nota que nunca falta es la violencia criminal. Por un lado, el gobierno del estado presume que los homicidios dolosos disminuyeron durante el segundo trimestre del año en más de una tercera parte. En contrapunto, la Guardia Nacional asume el mando del centro de videovigilancia conocido como C4 en Acapulco, ante la sospecha de malos manejos, filtraciones y manipulación de las grabaciones para borrar evidencias de delitos, por parte del Ayuntamiento. Y el fin de semana entre cinco y siete tractocamiones de la minera Peñoles fueron incendiados en el municipio de Teloloapan, por sujetos armados, según la versión que ha corrido, por la falta de pagos de extorsiones de la empresa a la llamada Familia Michoacana. Este sur no es el sur de los BRICS.
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Biometría, vigilancia y la paradoja del Estado protector
1. La biometría como dispositivo de control.
La reciente aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México institucionaliza un sistema de identificación biométrica centralizado (Plataforma Única de Identidad, PUI), donde datos como huellas dactilares, iris y rostro quedan vinculados a la CURP. Muy lejos de escuchar a las miles de familias de víctimas de desaparición en México, este mecanismo –promovido por el partido de Estado de la autonombrada Cuarta Transformación como herramienta para combatir la inseguridad– evoca irremediablemente la noción foucaultiana de “biopoder”. Es decir, una tecnología de gestión poblacional que transforma los cuerpos no en sujetos de justicia, sino en meros datos útiles para el control estatal. El pensador Michel Foucault advirtió en su tiempo que el poder moderno opera no sólo mediante coerción sino, además, a través de la normalización de prácticas que internalizan la vigilancia. La PUI, al permitir acceso sin orden judicial a fuerzas de seguridad militares, diluye la frontera entre protección y vigilancia masiva, replicando lo que los teóricos anarquistas como Bakunin caracterizaron como el Estado garante de su propia perpetuación.
2. Telecomunicaciones y la muerte del espacio privado.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones –que sustituye al Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT) por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)– obligará en adelante a registrar líneas móviles con identificación oficial y facilita el acceso estatal a metadatos. Foucault analizó cómo las sociedades disciplinarias evolucionan hacia sociedades de control, donde dispositivos técnicos regulan flujos de información. Esta ley refleja esa transición en todo su esplendor: convierte la comunicación en un acto transparente para el poder, anulando la posibilidad de anonimato. Para el anarquismo, tal mecanismo es síntoma de lo que Proudhon denunció como el hecho de que la propiedad es un robo, pero aplicado a la privacidad de las personas: el Estado expropia lo personal para convertirlo en recurso administrativo y de poder para perpetuarse en el futuro.
3. Militarización y la genealogía del poder punitivo.
La Ley de la Guardia Nacional consolida su carácter militar, otorgándole a esta institución creada por la Cuarta Transformación facultades de inteligencia y operaciones encubiertas. Foucault rastreó en Vigilar y castigar el vínculo entre militarización y disciplinamiento social, mostrando cómo las instituciones castrenses modelan dispositivos civiles. Los anarquistas clásicos, como Kropotkin, identificaron este fenómeno como “la fusión de la policía y el Ejército”, una estructura que neutraliza disidencias, defensores de los pueblos y territorios y luchas sociales bajo el pretexto de la seguridad. La reciente ley promovida en el paquete de la autollamada Cuarta Transformación actualiza esta lógica, donde la “protección” justifica la suspensión de garantías.
4. La paradoja de la servidumbre voluntaria.
Las leyes analizadas presuponen una ciudadanía que acepta intercambiar libertad por seguridad, lo que Étienne de la Boétie (precursor anarquista) llamó “servidumbre voluntaria”. Foucault amplió esta idea al examinar cómo los sujetos internalizan mecanismos de dominación a través de discursos de “orden” o “progreso”. La obligatoriedad de la CURP biométrica para trámites cotidianos en la era de Claudia Sheinbaum ejemplifica esto: la dependencia de servicios públicos ata la supervivencia de las personas a la sumisión a sistemas de verificación.
5. ¿Resistencia fragmentada o insurrección molecular?
Frente a este escenario, Foucault propuso luchas específicas contra dispositivos locales de poder, mientras el anarquismo contemporáneo –como el postanarquismo de Saul Newman y, desde luego, el zapatismo– aboga por prácticas de auto organización que eviten la captura estatal. La mira de la crítica fundamental de nuestros días debería estar, por tanto, no en un cambio más de partidos políticos, sino en desmontar de una vez por todas la ilusión de que el Estado es el único garante posible de seguridad. Como escribió Nemik en Andor, obra ficción citada en medios libertarios: “La autoridad es frágil. La opresión es la máscara del miedo”.
El México de 2025 no es el de 1968, pero se le parece cada vez más. Este nuevo paquete de leyes de talante totalitario promovidas vía fast track por la Cuarta Transformación no son sólo un giro tecnocrático; son la respuesta de un Estado que, incapaz de derrotar al crimen con inteligencia por estar coludido con él, opta por apabullar primero las libertades de la gente a través del control. La retórica oficial habla de “protección”, pero el subtexto es otro: “El que nada debe, nada teme…” siempre y cuando ‘nada’, desde luego, incluya no ser opositor, disidente, periodista o activista. Estemos preparados.
El doble discurso de la gentrificación
En Berlín, cada año se escucha el martilleo en sus calles de miles de personas que las toman para defender su derecho a una vivienda digna. Con protestas masivas, referendos y leyes duras, los berlineses han dicho claramente que sus barrios no están en venta. En la Ciudad de México, en cambio, el silencio es más rentable. La gentrificación, contra lo que dicen las autoridades, no solo es tolerada, es cortejada, impulsada y, en algunos casos, premiada.
La gentrificación no es un concepto europeo. Tampoco es exclusivo de Berlín, que ha vivido varios procesos de renovación urbana desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o Nueva York, con Soho y el barrio de Meatpackers como sus iconos, o Barcelona, donde las Olimpiadas de 1992 transformaron al medieval Barrio Gótico. La gentrificación es el nuevo rostro del despojo urbano, donde las grandes ciudades han convertido barrios populares en zonas de moda, con el desplazamiento silencioso de quienes los habitan, y gobiernos que, entre su retórica social y la rentabilidad turística, prefieren mirar hacia otro lado.
Aunque llegamos tarde al fenómeno –apenas en los 90’s–, no fue sino hasta el viernes pasado cuando una protesta de vecinos de las colonias Roma, Condesa y Doctores, donde más ha sufrido el tejido comunitario, tuvo expresiones xenofóbicas contra estadunidenses y de violencia. Lo cosmético ha escondido el fondo. Son inaceptables esas manifestaciones –que no son ajenas al mundo–, pero su condena no debe esconder el porqué de su frustración.
La explosión del fenómeno comenzó en las colonias de clases medias, bajas y obreras, con Andrés Manuel López Obrador, que cinco días después de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2000, emitió el Bando 2 que prohibía la construcción de conjuntos habitacionales y desarrollos comerciales en nueve de las entonces delegaciones (Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco), con el fin de preservar zonas de conservación y acuíferos, y autorizaba y promovía el desarrollo urbano en otras cuatro (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), con la intención de repoblar el gran Centro de la capital, que había perdido 1.2?millones de habitantes en 30 años.
López Obrador lo planteó como un instrumento para “revertir el crecimiento desordenado” de la mancha urbana, “preservar suelo de conservación” y promover la vivienda social en las zonas centrales. No fue así. Provocó un boom inmobiliario en el Centro, con un fuerte aumento del valor del suelo urbano y desarrollo vertical masivo, principalmente de vivienda media y alta, desplazando a la población de menos recursos. Los costos se volvieron inaccesibles para las clases populares, que se fueron expulsados a municipios connunrbados con el estado de México e Hidalgo, a vivir en ciudades dormitorio. El bando buscaba generar vivienda popular, pero alrededor del 95 por ciento de los nuevos desarrollos fueron de interés medio o alto, y solo un restante 5 por ciento realmente social.
La gentrificación modifica profundamente las caras de las ciudades. En Berlín, los barrios Neukölin y Kreuzberg, oscuros y lúgubres cuando el Muro establecía sus límtes, son zonas en donde jamás imaginaría el terror que causaban, hoy transformadas con hoteles, restaurantes y tiendas de lujo, entrentenimiento y cafés inaccesibles para sus pobladores originales, como sucedió en los barrios de Barcelona que fueron regenerados, expulsando a los obreros y adultos mayores que los habitaban. En Soho, lo que antaño fueron bodegas, hoy son costosos lofts, galerías, restaurantes y tiendas de lujo.
En todos lados, la mecánica de la gentrificación es la misma: abandono del Estado, llegada de capital privado, un discurso de modernización, aumento de la plusvalía y desplazamiento. Incluso en China, donde la gentrificación ha sido administrada e impuesta por el régimen, la conversión de sus ciudades ha sido salvaje, como en el barrio Dashilar, al suroeste de la Plaza Tiananmen, en Beijing. donde los hutongs de la era de la Dinastía Ming, renacieron en tiendas de lujo, galerías y restaurantes para la burguesía local e internacional. Lo que se ha presentado como regeneración urbana es, en realidad, un proceso sistemático de exclusión disfrazado de cosmopolitismo.
Es el doble discurso de la gentrificación. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al fenómeno y dijo, correctamente, que era producto de la especulación inmobiliaria. Pero, como jefa de Gobierno de la capital federal, firmó un convenio con Airbnb en 2022 para impulsar el “turismo creativo”, que atrajera a los nómadas digitales. Tuvo éxito: en cinco años, el valor de las propiedades y alquileres se incrementó en 50 por ciento en las colonias de donde salió la protesta el viernes, y lo que antaño una persona pagaba al mes, ahora se cobra al día.
Sin embargo, la gentrificación en sí misma, no es negativa. Al aumentar la inversión privada y elevarse la oferta cultural y gastronómica, hay mayor vigilancia, sube el empleo y la inversión en infraestructura. Pero para evitar desplazamientos y dejar a quienes menos tienen en la intemperie, se requieren políticas públicas, no discursos cosméticos y clientelares, como estamos escuchando estos días. En Berlín, el Estado frenó a las grandes inmobiliarias, limitó Airbnb a residencias principales, congeló rentas por cinco años y apoyó un referéndum para expropiar más de 200 mil viviendas en manos de corporativos. En Barcelona, se prohibieron alquileres turísticos para 2028. En 2023, una asesora de Sheinbaum dijo que no había evidencia que Airbnb desplazara a los habitantes en las zonas donde había más oferta, y se congelaron regulaciones para las plataformas. En abril de 2024 el Congreso aprobó una serie de medidas para contrarrestar el fenómeno, mediante un padrón de anfitriones, un límite de tres propiedades por persona y un tope de seis meses de renta anual. Pero no se ha aplicado.
Las tres ciudades comparten una tensión fundamental: ¿la vivienda es un derecho o un activo financiero? Berlín y Barcelona han intentado defender lo primero. La Ciudad de México aún no se decide. Los gobiernos federal y capitalino presumen su vocación social, pero protegen con sigilo los intereses del mercado. El resultado es una ciudad cada vez más desigual, más vacía en sus barrios centrales y más expulsiva para quienes ganan en pesos.
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Un efecto bola de nieve
Llevo algunos meses conversando con editores, distribuidores de libros, autores y uno que otro reportero que se interesa por la vida literaria. El tema en común es el miedo.
El punto en común de todas esas charlas casuales se ha ido formando, como una efecto bola de nieve, hasta convertirse en una especie de inseguridad que nace de la opinión pública y afecta la fragilidad editorial. Y, según lo veo, en otros ámbitos también está ocurriendo. El miedo se ha entronizado. Es un espectro nacido de la míticas pesquisas que nos recuerdan, con sus debidas distancias, la Santa Inquisición, porque lo que me han dicho está relacionado con el temor de que alguno de los libros en los que trabajan tenga el mal tino de molestar a un político, a un magistrado, aun ferviente morenista que se sienta ofendido, a una asociación civil, a un hombre o mujer de poder. ¿Por qué? La respuesta es la misma: “Porque nadie quiere problemas”.
Yo tenía mis reservas, debo ser honesto, pero al echar un vistazo al caso de algunos reporteros que han pisado callos empiezo a dibujar en el panorama lo que tantos otros me han dicho: “Nadie quiere problemas con los que tienen todo a su favor. Se avecinan juicios sumarios, denuncias en redes sociales, señalamientos por violencia de género, por violencia política. Se vienen multas económicas y, en casos extremos, cárcel”. Dicho de una manera más sencilla: Nadie quiere problemas con los que tienen el poder de aplastarte. Esta aseveración no es exclusiva de un grupo político, sino de una fuerza ominosa, algo más grande.
Yo llevo veinte años en el ámbito cultural. He trabajado en varias partes del país y, por supuesto, he tenido que convivir con políticos de varios colores, con autores de todos los tamaños, con editores pedantes; también con algunos generosos, y con muchos reporteros. En todo este tiempo no había percibido la sensación de miedo que ahora palpo en el ámbito editorial. Un miedo que puede entenderse si se mira con cuidado el caso del narrador español Luisgé Martín, autor de El odio (2025) o si piensa en lo ocurrido con La historia secreta (2024), de la mexicana Anabel Hernández. La periodista refirió que le cancelaron las presentaciones, la boicoteaban e incluso la amedrentaron algunos militantes de Morena.
Martín se propuso explorar la mente del asesino José Bretón, quien en 2011 mató a sus hijos. Ejerció una terrible violencia vicaria. Ellos tenían seis y dos años de edad; el padre los incineró. La madre, Ruth Ortiz, ni siquiera estaba al tanto del libro. No fue consultada por el autor. Así que Ortiz emprendió una lucha para que la editorial retirara del mercado El odio, porque ese libro perpetuaba la violencia que ella y sus hijos padecieron.
El odio se asemeja a Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit (1995), de John E. Douglas y Mark Olshaker; pero el antecedente en español es Magnetizado (2018), del narrador argentino Carlos Busqued, quien conversó con el asesino Ricardo Melogno y logró algo muy parecido a lo hecho por Douglas y Olshaker. Busqueds hizo un trabajo de no ficción estupendo. De hecho, también fue publicado por Anagrama. En el caso de Martín, Anagrama retiró del mercado El odio. ¿Hubo censura? ¿Se evitaron problemas legales? ¿Hubo negligencia de la editorial y el autor?
Anagrama emitió un boletín de prensa, cuyos aspectos esenciales reproduzco:
“Desde Anagrama somos plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes cometidos por José Bretón y comprendemos la sensibilidad que puede suscitar la exploración de la condición del asesino que aborda el escritor Luisgé Martín en El odio.
La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras. Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos. La obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la sicología individual convergen en actos que desafían la moral.
El tratamiento literario de El odio se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror.
Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en El odio.
La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen”. El asunto es que días después de esta aseveración, la editorial suspendió, de manera voluntaria, la distribución de la obra.
¿Ha dicho algo Luisgé Martín? Él también emitió un boletín. “Mi intención ha sido indagar sobre el odio, sobre la brutalidad de la naturaleza humana, sobre la crueldad, sobre las estructuras sociales que sostienen esa violencia inacabable”.
Martín argumentaba que, en realidad, él “quita voz a Bretón, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones (…), sirve para mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino”. Agregó también: “Merece una reflexión que un libro como El odio, que pocas personas han leído, despierte el odio público que ha despertado entre los que no lo han leído”.
Ya no puede leerse, por lo menos en Anagrama, El odio; los derechos regresan al autor. Desató múltiples enconos, ofendió a más de una persona y marcó un rumbo: no provocar a la gente, porque eso afecta el negocio editorial. Este caso revela una lección mayor: hay temas que ya no deben tocarse, ya no deben mencionarse, ni mucho menos defenderse. Es una característica de nuestro tiempo. El miedo, a eso alude mucha gente de éste y otros ámbitos, está en ciernes. Y produce algo más: el miedo renueva el debate sobre la libertad creativa y la sensibilidad para hablar de las víctimas. Luisgé Martín no tuvo la sensibilidad para acercarse a la señora Ortiz y nutrir el libro de otra manera. Ahí está el telón de Aquiles.
Pero de lo que más me han hablado esos editores, autores y reporteros, no es de la sensibilidad para abordar el asunto de las víctimas, sino de la necesidad de borrar todo vestigio, seña o identidad que pueda enfurecer a un juez, un magistrado, un político o un militar; sobre todo, en tiempos en los que disentir tiene repercusiones graves.
@FederíVite
Se suma el SNTE a la práctica de bloquear la autopista
El SNTE cierra la autopista en Chilpancingo; toma oficinas en Acapulco, Iguala y Chilapa
Las protestas de la organización son para exigir el pago de un bono quinquenal de estímulo a la antigüedad para PAAE que ya tienen categorías como maestros. La SEG y el gobierno del estado argumentan que la entrega de los recursos corresponde a la federación
Alina Navarrete Fernández / Karina Contreras / Alejandro Guerrero / Luis Daniel Nava
Chilpancingo / Acapulco / Iguala / Chilapa
Unos 300 agremiados de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon casi 4 horas los carriles de norte a sur de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco, para exigir el pago del bono de estímulo a la antigüedad para Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
El secretario general, Silvano Palacios Salgado, encabezó el bloqueo, que inició a las 9:30 de la mañana y concluyó a la 1:17 de la tarde, después de la firma de una minuta con el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ricardo Castillo Peña, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que se programaron reuniones para atender las demandas del magisterio.
Los manifestantes se concentraron desde las 8 de la mañana, en el edificio de la sección 14 del SNTE, ubicado en el bulevar del río Huacapa, frente a la Fiscalía General del Estado, donde Silvano Palacios dio una conferencia de prensa para explicar que la protesta se llevó a cabo porque la SEG incumplió los acuerdos del jueves pasado.
Recordó que el pasado 3 de julio, los trabajadores protestaron en la capital y acordaron una reunión con las autoridades para este martes, en la que se discutiría la situación de unos 140 trabajadores administrativos del PAAE, que fueron recategorizados como maestros pero no recibieron el bono.
Sin embargo, la SEG publicó un comunicado, en el que informó que el bono se pagará el próximo jueves y viernes, a los maestros que ya fueron aceptados, pero según Palacios Salgado esto “genera mayor incertidumbre en los compañeros que aún no están siendo aceptados y esto da por hecho que la secretaría ya lo quiere cerrar, quizás le urga cerrar esta etapa de bono, porque no quiere atender a mis compañeros y compañeros”.
Manifestó que la situación generó “inquietud, incomodidad, molestia” en los afectados. Puntualizó que se trata de trabajadores que “iniciaron su servicio como administrativos, con el tiempo se hicieron docentes, tienen perfil docente y en la actualidad están en función docente”.
Señaló que el argumento de las autoridades es que el tema le compete al gobierno federal, particularmente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).
No obstante, afirmó que las autoridades estatales tienen responsabilidad, debido a que son las encargados de reportar el número de trabajadores beneficiados al Fone. Añadió que los maestros optaron por cobrar el bono como PAAE y no como maestros, porque los docentes sólo reciben el estímulo a los 30, 35 y 40 años de servicio, mientras que para los administrativos es a partir de los 10, 15, 20 y 25 años de servicio.
Detalló que también está pendiente el pago de horas adicionales en las regiones Norte y Centro. Además, “estamos demandando el respeto para los compañeros que tienen adscripciones provisionales por inseguridad, por salud y por necesidad del servicio. Hay un acuerdo que ya se emitió, donde dice que a estos compañeros no se les debe remover”.
Los manifestantes marcharon desde el edificio sindical hacia el punto conocido como Parador del Marqués, donde bloquearon de manera total el paso vehicular en dirección a Acapulco.
Al lugar llegaron Francisco Rodríguez y Ricardo Castillo, quien declaró que la situación le compete al gobierno federal, “nosotros quisiéramos que la federación dijera que procede (el bono) y nosotros estamos listos para pagarlo”.
Insistió en que el dinero “viene de la federación” y ya le expuso la situación a Silvano Palacios, “el trámite ya lo hicimos. Nosotros ya mandamos la consulta a la federación, para ver si esto procede”.
En cuanto al comunicado que publicó la SEG, declaró: “Hay un grupo de compañeros a los que sí se les va a pagar (el bono). No podíamos detener el pago de los que sí está procediendo, la federación ya nos mandó el recurso y la mejor prueba de que nosotros tenemos la mejor disposición de hacer el pago es que estamos avisando” a los que sí podrán cobrar.
En un primer acercamiento, los sindicalizados rechazaron el diálogo con las autoridades y comenzaron a gritar consignas como “¡fuera Castillo, fuera Castillo!”, en referencia al titular de la SEG, y “¡solución!”. También corearon “respaldo total al secretario general”, Silvano Palacios.
Francisco Rodríguez consideró que la demanda de los sindicalizados es “justa, pero lo tiene que atender la federación, el gobierno del estado de Guerrero es una instancia de trámite en esa materia”.
Durante las casi cuatro horas que duró el bloqueo, las autoridades tuvieron al menos dos acercamientos más. Al final, después del mediodía, lograron que Silvano Palacios accediera a firmar una minuta para liberar el paso.
La minuta fue firmada por Silvano Palacios, Ricardo Castillo, Francisco Cisneros y el subsecretario de Finanzas y Administración de la SEG, Alejandro Moreno Lira.
Se informó que se acordó una reunión virtual, que se realizaría este lunes por la tarde, entre representantes del gobierno federal, la dirigencia nacional del SNTE, la sección 14 del SNTE y autoridades estatales.
Unos 100 integrantes de la sección 14 del SNTE llegaron a las oficinas ubicadas en el edificio Oviedo, cerca del zócalo de Acapulco, alrededor de las 9 de la mañana, para unirse a la protesta estatal.
El secretario de Organización 6 de Acapulco, Yair Santos Estrada, dijo que son alrededor de 300 trabajadores que tiene derecho a ese estímulo, de los mil en todo el estado, y que es una conquista ganada desde el acuerdo nacional de la modernización de educación básica, que se firmó el 18 de mayo de 1992 y permite al personal de apoyo tener ese beneficio.
Además, les permite mejorar academicamente y dejar de ser administrativos, para ser docentes sin perder el estímulo. Dijo que en 2004 la misma ley permite a los docentes renunciar a su estímulo de 30 y 40 años de servicio y enlazarse al del PAAE, que ese es el reclamo de los trabajadores.
Agremiados de la sección 14 del SNTE, encabezados por su secretario de Organización 7 de la zona Norte, Erik Tapia Hernández, tomaron por más de cinco horas la delegación de la SEG con sede en Iguala, como parte de las protestas simultáneas en el estado.
Unos 30 secretarios generales, de diferentes delegaciones sindicales y niveles educativos, entre ellos de preescolar, educación especial y educación física llegaron a las 9 de la mañana, para tomar la oficina regional, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana.
Luego de desalojar al personal que había llegado a la oficina, los sindicalizados colocaron sellos con firmas, en las diferentes oficinas, acto que fue presenciado por el delegado de los servicios educativos de la SEG, Severiano Jacinto Gómez.
La delegación de servicios educativos de la Montaña baja de la SEG, con sede en Chilapa, fue tomada por integrantes del SNTE. La dirigencia regional del SNTE también solicitó a la SEG la convocatoria para cambios de adscripción o recorridos del PAAE.
Estas oficinas, ubicadas en el bulevar Eucaria Apreza, fueron tomadas a las 8 de la mañana por el secretario de Organización 8, Alfonso Tecolapa Valle, y los integrantes de la estructura regional, Carlos López Vega y Orlando Gallardo Ramos, así como por conserjes, prefectos y personal administrativo de supervisiones escolares.
El dirigente Alfonso Tecolapa informó que la solicitud es que la SEG siga pagando un bono administrativo, cada cinco años, al personal recategorizado como docente que entró a trabajar con claves administrativas.
El líder sindical dijo que otra exigencia en la región es la convocatoria para el movimiento del PAAE, debido a que la última fue lanzada hace cinco año.
Dijo que en la región no hay escuelas cerradas por inseguridad, aunque aceptó que sí se han presentado casos personalizados, de maestros a quienes se ha buscado un espacio alterno, donde haya condiciones de laborar.
Otro problema en la región es la falta de unos 100 maestros en escuelas de nivel básico.
La declaratoria de desastre por Erick en Guerrero no es necesaria, dice Sheinbaum
La declaratoria de desastre por Erick en Guerrero no es necesaria, dice Sheinbaum
No siempre es pertinente la medida y ya se atiende a los damnificados de la Costa Chica, afirma la presidenta sobre la solicitud de la gobernadora. Recibe Abelina 13 bocinas de alertamiento ante huracanes. Bloquean ríos el paso de 13 pueblos a Ajuchitlán; en Las Querendas se inundan siembras. Se esperan lluvias arriba del nivel normal, advierte meteorólogo
Ciudad de México, y Acapulco, Ciudad Altamirano y Chilpancingo, Guerrero, 8 de julio de 2025. No cree que sea necesaria una declaratoria de desastre en Guerrero tras el impacto del huracán Erick, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de la solicitud realizada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.
En la conferencia matutina de la presidenta, dijo que en ocasiones es pertinente, la declaratoria solicitada por la gobernadora, pero en otras no, además que se otorga la ayuda y atención para las personas afectadas.
“En algunos casos es pertinente, en otros casos no, de todas maneras se ayuda a la gente. O sea, no necesariamente en todos los casos se requiere la publicación. La atención la gente la tiene”, dijo Sheinbaum.
El 24 de junio la gobernadora Evelyn Salgado firmó una solicitud a la federación con la declaratoria de desastre para Cuajinicuilapa, Ometepec, San Nicolás, Azoyú, Ayutla, Igualapa, Juchitán y San Luis Acatlán por el impacto de Erick, por lo que se esperaba que el gobierno federal respondiera en 31 días.
Sobre la pregunta a si habrá o no una declaratoria especial por el impacto de Erick, la presidenta respondió que “probablemente no sea necesario en este caso”, añadió que se hace una evaluación de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
Está prácticamente terminado el censo de damnificados
Dijo que prácticamente ya se terminó el censo por daños realizado por la Secretaría de Bienestar y en esta semana habrá reunión para aprobarse los montos del apoyo que recibirá la población afectada, concretamente de los municipios de Costa Chica.
“Ya terminaron prácticamente el Censo Bienestar de los municipios afectados por Erick en Oaxaca y en Guerrero, particularmente la Costa Chica, y ya va a empezar, esta semana nos reunimos ya para que pueda aprobarse el apoyo que va a recibir la gente”, informó.
Ante la demanda de censos en comunidades de Ometepec, San Luis Acatlán y Marquelia, la presidenta explicó que la decisión de los municipios que fueron censados por Bienestar es por medio del protocolo entre Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dichas dependencias determinan los municipios y sus afectaciones.
“Ellos determinan cuáles fueron los municipios afectados y afectados según qué, porque hay afectación por ejemplo a obras civiles, una carretera que se cerró y que tiene que atenderse, en otros casos hay otros municipios que tienen problemas con las viviendas de la gente, en otros tienen que ver con afectaciones a las parcelas de producción”, añadió Sheinbaum.
Adelantó que a más tardar la próxima semana iniciará el operativo de pagos a las personas censadas y afectadas por el huracán.
La presidenta agregó que no se plantea hacer cambios en la modalidad de los pagos de apoyos a las personas afectadas y censadas, y señaló que no se entregan recursos económicos a organizaciones, sino que se hacen de forma directa.
La presidenta rechazó que no se haya apoyado a personas por el impacto del huracán John en septiembre de 2024, ya que en ese caso, “no podría ni pasar por esas zonas y la verdad paso tranquilamente”, además que si hay alguien que no fue beneficiado, puede comunicarse con la Línea del Bienestar.
Censaron seis municipios en Guerrero; San Nicolás fue el más afectado
Por su parte la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes mencionó que los municipios censados en Guerrero fueron Cuajinicuilapa, Ometepec, Igualapa, Azoyú, Juchitán y San Nicolás, del cual dijo fue el que presentó mayores afectaciones porque está sobre la costa.
“Donde nosotros aplicamos es donde Protección Civil nos informa y determina que hay una afectación, y nosotros hacemos un análisis de localidades para organizar el trabajo en campo”, indicó.
Montiel agregó que los “servidores de la nación” no llevan efectivo para el pago, ya que la institución responsable es el Banco del Bienestar, añadió que son 400 “servidores” en la realización del censo.
La secretaria añadió que la presidenta Sheinbaum visitó una comunidad de reubicados del huracán Paulina en Acapulco, que tras el paso de Otis se vieron afectadas sus viviendas y con John las lluvias volvieron a arrasar las casas, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) trabaja en su reubicación.
No han solicitado apoyo por lluvias en Chilpancingo
La presidenta Sheinbaum indicó que ni la gobernadora Evelyn Salgado ni el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera han solicitado apoyo a la federación por las lluvias recientes en la capital del estado.
Sheinbaum dijo que cuando existen lluvias atípicas la atención debe corresponder al estado, en caso de que se solicite entra la federación, por lo que hablarán con la gobernadora Salgado.
“Cuando ocurren, digamos, fenómenos que no son huracanes, sismos, tocamos madera, que tienen que ver lluvias atípicas, etcétera, normalmente lo atiende el estado, si el estado solicita apoyo, entonces se lo damos. En este caso de Chilpancingo hablaremos con la gobernadora”, informó.
Recibe la alcaldesa las 13 bocinas de alertamiento ante fenómenos naturales
Sin dar a conocer el monto de inversión, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, informó que ya recibió los 13 sistemas sonoros de alertamiento ante fenómenos naturales que compró, mismas que serán colocadas en diversas partes de Acapulco.
En un boletín de prensa se precisa que los sitemas sonoros se colocarán en zonas clave como el Asta Bandera, Zócalo, Ciudad Renacimiento, Arroyo Seco, Libertadores, Sinai, en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, Burócratas, Palma Sola y Francisco Villa, así como en los poblados de La Sabana, La Venta y Piedra Roja.
Añade el boletín que se prevé que las bocinas adquiridas queden instaladas en un plazo de entre siete y 10 días; se precisa que con ello se da un paso decisivo hacia la prevención y la salvaguarda de la población.
Se explicó que las bocinas de alertamiento será una herramienta esencial para emitir avisos tempranos en situaciones de riesgo como sismos, lluvias intensas o ciclones.
Añade el boletín que cada sistema de alertamiento cuenta con un radio de cobertura de hasta 500 metros, lo que permitirá alcanzar de manera oportuna a vecinos de entre dos y tres colonias por punto.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Raúl Noyola Rocha, informó que ya se hizo una reunión técnica con autoridades del C4, que desde el jueves pasado las cámaras de vigilancia están bajo el control de la Guardia Nacional, para coordinar la instalación de las bocinas en los postes donde actualmente se encuentran cámaras de videovigilancia.
Indicó el funcionario que hoy se hará un recorrido para garantizar las condiciones adecuadas en cada sitio.
En ningún párrafo del boletín se informó el costo de la inversión en dicho sistema sonoro ni a qué empresa se compró y sólo dice que es una “inversión histórica” sin dar ningún detalle de cómo fue el proceso de compra.
Bloquean ríos el paso de 13 pueblos a Ajuchitlán; en Las Querendas se inundan siembras
Las lluvias y las descargas de agua que vienen de la parte de la Sierra, así como los desfogues programados, han provocado una disminución en la población flotante que llega a hacer sus compras a Ajuchitlán, y vecinos de la comunidad de Las Querendas del municipio de Pungarabato reportaron que con la reciente creciente del río Cutzamala, el agua quedó sobre varios terrenos de siembra.
Al menos unos 13 pueblos que están cerca del río no han podido cruzar con facilidad para llegar en los días de plaza a realizar sus compras a Ajuchitlán, como lo hacen tradicionalmente.
Lo anterior porque el crecimiento del río provoca que se corten los caminos provisionales que se hicieron para cruzar de un lado a otro, luego de que un terraplén de más de 100 metros fue derribado por la creciente del río desde octubre del año pasado.
Antes del periodo de lluvias este cruce que formaron de manera provisional sobre el río funcionó para que la gente cruzara de un lado a otro, pero con las crecientes que han llegado los cruces se han cortado, y aunque se rehabilitan de manera temporal una vez que baja el nivel del agua, aún así ha disminuido la cantidad de gente que llega a comprar al centro.
Esto ha afectado de manera severa a una parte dedicada al negocio diverso en el municipio de Ajuchitlán.
Los comerciantes se han quejado ante el Ayuntamiento de la necesidad de hacer algo para restablecer el vínculo con las poblaciones que no están llegando a comprar, e incluso a vender.
Están en espera de que el gobierno federal avance en la obra de reconstrucción de este puente, del cual se anunció que se va a hacer en su totalidad más grande y más amplio.
Mientras tanto algunos cruzan caminando en las zonas bajas del río, y después cruzan a través de una escalera para subir al puente, donde se cortó el terraplén del 2024.
El río Cutzamala se comió terrenos ejidales en Las Querendas
Vecinos de la comunidad de Las Querendas del municipio de Pungarabato reportaron que con la reciente creciente del río Cutzamala, el agua quedó sobre varios terrenos de siembra que desaparecieron luego del reajuste de su cauce con las inundaciones del 2000-2024.
Según el reporte de los afectados por el reajuste del caudal del río Cutzamala, el río se desvió de su cauce y se pegó hacia la comunidad de Las Prendas, lo cual provocó que varios terrenos ejidales quedaran inundados, y a pesar de que en la temporada de sequía se puede observar cuando comienza a crecer el nivel del río, como ahora con las lluvias, nuevamente quedan inundados.
El caudal del río Cutzamala quedó modificado con las últimas dos crecientes. Al pasar por la comunidad de Cutzamala el río hace una curva, sin embargo, justo en esa zona se pegó todavía aún más a los terrenos ejidales de esta comunidad que colinda con el estado de Michoacán.
Precisamente se toma como referencia el caudal del río para señalar que la mitad pertenece a Michoacán y la mitad a Guerrero.
“Ahora es como si Guerrero hubiera perdido territorio y Michoacán hubiera ganado un poco más, porque el río se recargó más hacia Guerrero. El río se recorrió más de 200 metros hacia Guerrero, inundando, terrenos, ejidales y a su vez liberó territorio de lado de Michoacán”.
Sin embargo, la gente también señala que empresas que se dedican a sacar piedra y grava de la zona del río provocaron los desniveles que a su vez con las crecientes permitieron que el río cambiara su cauce.
Ellos están solicitando que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal inviertan en el encauzamiento del río Cutzamala, porque cuando venga una creciente más fuerte podría nuevamente afectar a las viviendas que están cercanas.
En los últimos dos años se han reportado hasta 20 casas que rápidamente les llega el agua en zonas bajas, y tienen que ser evacuadas en esa comunidad.
Se esperan lluvias este año por arriba de la normal en Guerrero; las mayores, en septiembre
El meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fermín Damián Adame, informó que este año en Guerrero se esperan lluvias por arriba de la normal climatológica, que ya fue rebasada en junio, y que septiembre será el mes con mayores precipitaciones.
Además, indicó que el chubasco ocurrido el 26 de junio en Chilpancingo, con tormentas eléctricas “muy espectaculares, muy fuertes” y formaciones de conos debajo de las nubes en la capital y Tixtla, fue una anomalía por el calentamiento global y dejó más de 50 milímetros de lluvia acumulados, mientras que el huracán Erick originó de 500 a 600 milímetros en las regiones de Costa Chica y la Montaña.
Entrevistado vía telefónica sobre los cinco ciclones tropicales que ya ocurrieron en la temporada, explicó que las cantidades acumuladas de lluvia de éstos aún no son divulgadas por el Servicio Meteorológico Nacional, pero con base en las normales climatológicas de los últimos 30 años se ha podido identificar que el mes de menor precipitación en la entidad es marzo y el de mayor es septiembre.
Damián Adame añadió que los meses de lluvias de estación, que se presentarán todos los días, son agosto, septiembre y octubre, porque se acercará a la entidad la zona intertropical de convergencia, que es una especie de cinturón serpenteante de nubes que rodea el planeta.
Sobre las lluvias dejadas en junio y el huracán Erick, explicó que en el gráfico de normales climatológicas se distingue que en la porción norte de Costa Chica y el sur de la Montaña “en una especie como de óvalo” se ubica la mayor cantidad de precipitaciones, que pudieran ser de 500 a 600 milímetros en el mes, que equivale a tener 20 milímetros de lluvia por día.
“Aquí en Chilpancingo tuvimos inclusive hasta 50 milímetros en un sólo día; por lo tanto, yo puedo concluir, tan sólo con esto, eh, tan sólo con esto puedo concluir que junio está por arriba de la normal”, añadió.
El meteorólogo confirmó que el día del chubasco se avistaron conos debajo de las nubes en la capital y que también hay evidencia fotográfica de Tixtla, pero destacó que la superficie rugosa del estado, con cerros y sin valles extensos, limita que las formaciones puedan descender hasta el terreno y originar un tornado.
Expuso que la normal climatológica varía por mes y en junio era de 600 milímetros en Costa Chica, 500 en Marquelia, 300 en Chilpancingo y en Acapulco.
Detalló que el monitoreo y pronóstico que se realiza no solamente incluye las normales climatológicas, sino que comienza observando los ciclos perfectamente predecibles del sol, que es el motor del clima, y que desde 2022 o 2023 ya se sabía que este sería un año con un máximo solar, con más incendios forestales y más precipitaciones.
Aunado a esto, recordó que las temperaturas superficiales del mar están dos o tres grados centígrados por arriba de la normal frente al estado, Oaxaca y Chiapas, que a su vez representan otra anomalía, que también hay “valores muy muy altos” a profundidad del océano de 28 y 29 grados, que han podido obtenerse desde 2023 en colaboración con los investigadores Juan Barnard y Alfredo Zárate, y que estas condiciones facilitan la formación de precipitaciones más intensas, su desarrollo y fortalecimiento.
Añadió que otro factor que se toma en cuenta es la oscilación de Madden-Julian, que está en fase positiva, con una gran zona cubierta de nubosidad desde el sur de las costas de Jalisco hasta Panamá y por la que se preveían muchas precipitaciones o que rebasaran la normal, con lo que se reúnen tres evidencias con las que se puede tener una garantía de que habrá más precipitaciones en este año en el estado.
Juan Luis Altamirano Uruñuela, Redacción, Israel Flores y Yee Trujillo/Foto: Cuartoscuro
AHORA ES ZIHUA Otero
MAS PLANES Méndez
Vecinos bloquearon más de cinco horas la autopista y la federal en Colorada
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Unos 500 vecinos, transportistas y comisarios de distintas localidades de la zona rural de Acapulco bloquearon la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco más de cinco horas, para exigir la reconstrucción del Centro Hospitalario Comunitario de Xaltianguis, empleados para esa unidad médica, medicamentos, carreteras, entre otras demandas.
El bloqueo fue el sábado pasado en las inmediaciones del entronque de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, desde las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde; el paso vehicular se liberó luego de que el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el coordinador estatal del IMSS Bienestar en Guerrero, Jesús Ulises Adame Reyna, acordaron una reunión con representantes de las comunidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como atender las demandas.
Los manifestantes se concentraron en el entronque desde las 8 de la mañana y cerraron de manera total el paso vehicular en ambas vías, donde colocaron sillas y lonas con mensajes como “Nos están matando sin medicina”, “Planta tratadora no funciona, no tenemos drenaje, el gobierno se lleva el dinero, ¿dónde está el dinero?”.
En otras lonas pidieron ayuda al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz, con el mensaje “Por favor, atiéndenos en Ciudad de México, nos está matando la gobernadora”, en referencia a Evelyn Salgado Pineda. También señalaron a la secretaria de Salud Estatal, Alondra García Carbajal, porque “sólo te tomas fotos y no cumples, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”.
La comisaria de Xaltianguis, América Gallegos Bailón, informó que en la protesta participaron pobladores de esa localidad, así como de Xolapa, El Kilómetro 48, Puente de Fierro, Las Tortolitas, Las Marías, La Calera, San José y Río Verde, entre otras, que llevan más de 5 años exigiendo condiciones óptimas en el Centro Hospitalario Comunitario.
Se denunció que el jueves pasado, un menor de edad llegó a Xaltianguis en estado “crítico” a consecuencia de una mordedura de serpiente cascabel, pero “no había medicamento, no había sala para atenderlo” y murió, por esto, “tocamos fondo, ya estamos cansados”.
Recordó que Alondra García visitó las instalaciones el pasado 15 de abril, acompañada del subsecretario de Planeación, Roberto Núñez Hernández, pero desde entonces “no sabemos nada de ella, se está deslindado cuando ella vino a hacer un compromiso para la reconstrucción del mismo hospital”.
Contó que el hospital se construyó para atender a la población de la zona rural de Acapulco, que asciende a más 60 mil personas, por lo que es “muy amplio”, cuenta con espacios para brindar atención especializada, sin embargo, “carecemos de personal, de medicamento y las instalaciones no están aptas”.
Detalló que en las instalaciones “hay mucho hongo” derivado de la humedad en la infraestructura, que tiene unos 14 años operando, pero su deterioro y las irregularidades comenzaron hace 8 años. “Queremos un lugar digno para nuestra gente, eso es lo que queremos, la reconstrucción (del hospital)”, expresó.
El coordinador de comisarios, comisariados y delegado de la zona rural de Acapulco, Daniel Rosas Martínez, declaró que, además del tema de salud, se debe atender la planta tratadora de aguas residuales debido a que sus desechos “van a dar al río de Xaltianguis que hace un conecte con el río Papagayo, el río Papagayo conecta con el mar y del mar consumimos el pescado”.
Mientras que la Comisión Federal de Electricidad adeuda unos 150 millones de pesos a las localidades de Xolapa, Pueblo Madero y Xaltianguis; añadió que en la zona rural de Acapulco tampoco se han reparado caminos y carreteras afectados por los huracanes, por lo que “hay muchas demandas” que las autoridades no han atendido, a pesar de que se han hecho los oficios, así como las gestiones correspondientes.
Reclamo de pasajeros del transporte público y turistas
Durante el bloqueo, pasajeros del transporte público y turistas se acercaron a dialogar con los manifestantes para pedirles que liberaran, al menos un carril en ambos sentidos de la autopista para evitar afectar a terceros; sin embargo, los pobladores se negaron y responsabilizaron a las autoridades de la situación.
Un médico que viajaba de Acapulco hacia la Ciudad de México pidió a los manifestantes que permitieran a las personas con “alguna situación médica” pasar; “yo sé que nosotros no vamos a hacer ninguna diferencia, pero ustedes sí pueden hacer una diferencia con nosotros al permitirnos llegar a nuestro destino”.
“Yo puedo estar aquí de pie, 4, 5, 6, 7 horas, ustedes también y hasta más, pero hay personas que no lo pueden hacer, yo sé que es lo que tienen que hacer, pero permítanos el paso, se los decimos de un papá a otro papá, de una mamá a otra mamá, por favor”, expresó.
Señaló que había una mujer embarazada, adultos mayores, además de él mismo, que tenía la necesidad de llevar a su hija menor de edad al hospital, “qué pasa si la embarazada se muere, qué va a pasar, a quién nosotros le vamos a exigir, a la gobernadora le va a valer madres, pero permítanos el paso a los que venimos con algo que necesita atención médica”.
A las 9:15 de la mañana, el coordinador Daniel Rosas se comunicó vía telefónica con Francisco Rodríguez, a quien las personas varadas en la autopista debido al bloqueo le exigieron acudir al lugar para atender a los manifestantes y conseguir que se liberara el paso, el médico, enojado, le demandó “resuélvelo, cabrón”.
Juana Solís, quien viajó de Tecpan a Chilpancingo para vender relleno, también le exigió al funcionario que acudiera al lugar a “solucionar” las demandas de los manifestantes, “que sea rápido, por favor, nosotros tenemos prisa, traemos comida, traemos niños”.
En ese momento, Francisco Rodríguez pidió a los comisarios que el bloqueo fuera intermitente “para poder llegar” al entronque, pero los manifestantes se negaron bajo el argumento de que las autoridades cuentan con medios, incluso helicópteros para trasladarse.
Conforme avanzaron las horas, las personas que estaban varadas comenzaron a salir de sus automóviles y medios de transporte para buscar agua, comida, baños, pero principalmente un lugar sombreado, para refrescarse. Algunos caminaron hasta un restaurante cerca de Tierra Colorada, a unos 10 minutos a pie del entronque, donde se abastecieron.
Mediante las redes oficiales del gobierno del estado, al mediodía, se informó que “a pesar de haberse ofrecido una reunión en la comisaría de Xaltianguis para atender sus demandas junto con autoridades federales y estatales, los manifestantes, encabezados por América Gallegos Bailón y Daniel Rosas Martínez, se mantienen en la negativa de liberar la vialidad”.
Por ello, el gobierno llamó a “mantener la calma y privilegiar las vías institucionales para resolver sus planteamientos, evitando afectar a terceros”; la publicación fue eliminada después.
Al lugar llegaron los funcionarios de manera escalonada, primero representantes de la Dirección de Gobernación Estatal, luego agentes de Tránsito y de otras áreas, para documentar la protesta y las demandas de los pobladores, pero Francisco Rodríguez no se presentó hasta después del mediodía, el último en llegar fue Jesús Adame.
Para llegar al entronque, los funcionarios viajaron en sentido contrario desde la caseta de Palo Blanco, es decir por el carril Acapulco-México.
El diálogo entre las autoridades y los manifestantes se hizo en la autopista, los comisarios expusieron sus demandas, pero también los pobladores se quejaron de la falta de medicamentos y condiciones para atender su salud.
Al final se firmó una minuta en la que se acordó una reunión hoy lunes en el poblado de Xaltanguis en la que participarían autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de la entrega de medicamentos, el martes la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero hará una “visita técnica” en la planta tratadora; mientras que el próximo miércoles se impermeabilizará el hospital.
Los pobladores accedieron a liberar, primero un carril en ambos sentidos de la autopista, mientras se firmaban los acuerdos y después, se liberaron las dos vías de manera total, antes de retirarse, advirtieron que volverán a cerrar el paso vehicular en ese punto “si no nos cumplen”.
Prenden fuego a siete tráileres que se contratan para la minera Capela cerca de Teloloapan
Alejandro Guerrero
Iguala
Este sábado civiles armados, presuntos miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana, quemaron de forma simultánea siete tráileres, seis de ellos con góndolas, de empresas subcontratadas por la minera Capela, filial de Industrias Peñoles, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, entre la localidad de Xalostoc del municipio de Ixcateopan y la cabecera municipal de Teloloapan, ataques por los que la carretera fue cerrada cerca de dos horas de manera total, y posteriormente de forma parcial, sin que la minera haya suspendido operaciones.
Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE), los gobiernos estatal y municipal, ni la minera habían emitido ningún comunicado ni información de este hecho, pese a que desde julio del año pasado los gobierno estatal y federal tomaron el control de la seguridad en este municipio tras la desarticulación del grupo de autodefensa de la Policía Comunitaria Tecampanera, identificada como brazo armado del grupo criminal que opera en la zona.
Trascendió que los vehículos quemados son de empresarios locales de Teloloapan, algunos con vínculos con la desaparecida Policía Tecampanera y sus líderes, así como del exalcalde perredista Homero Hurtado Flores, a quien se le señaló de nexos con La Familia Michoacana, y es parte del reacomodo por el control económico de la zona que inició hace un año luego del presunto asesinato del jefe de plaza Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba.
Calma después de la violencia
Aunque la tarde del sábado se vivió una escena de miedo, con actos similares que se han visto con los “culiacanazos” en Sinaloa o los ataques simultáneos con bloqueos carreteros de vehículos en llamas en Michoacán, este domingo en Teloloapan la vida cotidiana siguió con normalidad. “Aquí no pasó nada, todo sigue igual, ya nos acostumbramos, la vida sigue al igual que las labores cotidianas”, contó ayer un vecino de esta ciudad.
Mientras que pobladores de la comunidad de Tehuixtla, donde está asentada mayoritariamente la mina polimetálica Capela, informaron que la empresa estaba operando con normalidad y en ningún momento paró actividades a pesar de la quema de los vehículos.
“Todo estaba tranquilo y normal”, contó un vecino que dijo que salió de su pueblo a las 6 de la mañana para ir a Teloloapan, y no vio nada raro, ni siquiera vigilancia u operativos de las autoridades estatales o federales.
La quema de los vehículos
Fue alrededor de las 3:30 de la tarde que de forma simultánea y coordinada, civiles armados a bordo de automóviles y motocicletas interceptaron siete tráileres en dos sitios distintos de la carretera federal que comunica a las regiones Norte y Tierra Caliente, en el tramo de Teloloapan a Iguala, una zona en la que hay distintos puestos de vigilancia de efectivos del Ejército y Guardia Nacional, pero que el sábado no estuvieron.
Tres primeros tráileres, dos de ellos con remolques tipo góndolas en las que se transporta el material, y uno con plataforma que iba vacío, fueron parados por los pistoleros en Telixtac, poblado de apenas algunas casas que está asentado a kilómetro y medio de la entrada a la cabecera municipal de Teloloapan, donde está uno de los retenes de vigilancia del Ejército y Guardia Nacional.
Mientras que llegando a la comunidad de Xalostoc y el acceso a la comunidad de El Potrero, ambas pertenecientes al municipio vecino de Ixcateopan de Cuauhtémoc, fueron interceptados otros cuatro tráileres con góndolas que iban en caravana. Uno a uno los sicarios rociaron combustible en las cabinas de los tráileres y les prendieron fuego. En los distintos hechos, los delincuentes huyeron sin ningún problema.
De acuerdo con pobladores y fuentes policiacas, los seis tráileres con góndolas, había salido de la mina Capela e iba con dirección a Iguala, todas cargadas con material extraído en la mina que iba dirigido a Querétaro o Torreón, Coahuila, que son las dos corridas que tienen las empresas subcontratadas por la empresa filial de Industrias Peñoles.
Decenas de automovilistas y pasajeros de camiones de carga y de transporte público fueron testigos de los hechos, lo que sirvió para que diversas imágenes en fotografías y videos se difundieran en las redes sociales para dar testimonio de lo ocurrido.
En un principio, la carretera federal fue cerrada en su totalidad debido a que el incendio quemó por completo los vehículos, pero casi dos horas después se abrió a la circulación vehicular parcial en los tramos donde los tráileres fueron quemados.
A pesar de que desde julio del año pasado los gobiernos estatal y federal asumieron el control de la vigilancia y seguridad en este municipio tras la desarticulación y desplazamiento de la autodefensa, hasta el cierre de esta edición no se había emitido ninguna información, como tampoco lo hizo el gobierno municipal.
Ayer se contactó a personal del área de prensa de la mina Capela de Industrias Peñoles, pero informaron vía telefónica que no había ningún comunicado ni información al respecto.
De acuerdo con fuentes consultadas en Teloloapan, los choferes de los siete tráileres fueron interceptados simultáneamente por civiles armados que se desplazaban en automóviles y motocicletas, y sin oponer resistencia, descendieron y los pistoleros quemaron los vehículos.
Trascendió que a uno de los choferes lo habrían golpeado y le dispararon porque opuso resistencia, pero esta información no fue confirmada.
El reacomodo por el control de la plaza
Aunque las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han emitido información relacionada con estos ataques, han surgido versiones de que la quema de estos camiones de carga de empresas subcontratadas por la minera Capela es parte del reacomodo que inició hace un año por el control del territorio, y la minera forma parte de ello.
Una de las versiones sugiere que es presión de los nuevos jefes de plaza de La Familia Michoacana por exigir extorsiones más elevadas a la minera asentada en Tehuixtla. Sin embargo, a pesar de la quema de los siete tráileres, la minera no cerró ni paró sus operaciones, tampoco hubo un ataque directo contra sus instalaciones, vehículos ni sus trabajadores.
Una fuente consultada en Teloloapan consideró que el ataque no fue a la minera sino a las empresas subcontratadas con la finalidad de acaparar los fletes de material a Querétaro y Coahuila.
Se indica que en el periodo de la autodefensa de la Tecampanera, sus líderes controlaban el 30 por ciento de los servicios de acarreo de material mediante flotillas de tráileres que lograron adquirir y que metieron a trabajar mediante empresas, algunas con prestanombres. Se menciona que incluso el ex jefe de plaza, Juan Carlos Flores tenía maquinaria que prestaba servicios a la mina.
La fuente indica que de los siete tráileres quemados el sábado, algunos son del ex alcalde perredista Homero Hurtado Flores, quien además es dueño de las tres gasolineras que hay en Teloloapan, y quien desapareció del municipio desde julio del año pasado y ya no se presentó ni para hacer la entrega y recepción al nuevo gobierno de Narvel Mojica Sotelo, a quien también se le relaciona con el grupo delictivo de la FM.
También se menciona que entre los dueños de los tráileres quemados está el empresario Virgilio Román, dueño de la empresa Viroom, y de Cristian Flores Calderón, de la empresa Flocal, este último al que identifican como socio del ex alcalde Hurtado Flores, y que además tiene parentesco con quien hasta hace unos meses era identificado como jefe de plaza de La Familia Michoacana, Luis Felipe Calderón Jaimes, Wicho Cachetes.
Asimismo, se informó que uno de los tráileres de la empresa Capricornio, de Torreón, Coahuila, es la única filial de la minera Capela. Y en uno de los casos el tráiler con plataforma que iba vacío, al parecer era completamente ajeno al conflicto y fue circunstancial que lo hayan quemado pues pasaaba justo en ese momento en la caravana.
La fuente indica que tras el presunto homicidio de Flores Ascencio y el reacomodo que se inició con la desarticulación de la Tecampanera, los fletes del mineral extraído de la mina Capela se quedaron el 50 por ciento para la empresa Capricornio, que es filial de la minera y el otro 50 por ciento para las empresas locales de Teloloapan, y son estos últimos los que estarían siendo disputados.
De acuerdo con pobladores y fuentes consultadas, luego de la quema de los tráileres, bomberos de Protección Civil estatal y municipal hicieron lo posible para apagarlos, pero se quemaron casi en su totalidad.
Después de eso hubo vigilancia de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército, pero hasta el cierre de esta edición no se informó de personas detenidas.
La mina subterránea polimetálica Capela, filial de Industrias Peñoles, (antes mina Rey de Plata) inició operaciones en el primer trimestre de 2020 con una inversión superior a los 340 millones de dólares. Alcanza una extracción promedio de 3 mil 600 toneladas diarias de concentrados de zinc, plomo, cobre y bismuto, según la página oficial de la empresa.