La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se vinculó a proceso a David, El Muñeco, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edmundo Román Pinzón, ocurrido el 11 de diciembre al salir de los juzgados ubicados en Caleta en Acapulco.
En un comunicado de prensa de la Fiscalía se detalló que la noche del pasado viernes, tras “una exhaustiva investigación logró” la vinculación a proceso de David en el homicidio del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.
En la audiencia inicial el Ministerio Público presentó “pruebas contundentes que, una vez analizadas por el juez de control, le permitieron dictar el auto de vinculación a proceso”.
El juez fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido en el penal de Iguala.
En el resultado de las diligencias realizadas se determinó la participación de David en los hechos, quien el pasado 11 de diciembre de 2024 habría disparado contra la víctima, lo que derivó en su muerte.
Con esta vinculación suman tres las personas detenidas en proceso en relación con este homicidio. Los otros vinculados son Luis Gerardo como presunto agresor y se estableció la participación de Diana, quien habría colaborado en el ocultamiento de los agresores, actuando como copartícipe, ambos vinculados a proceso el 30 de diciembre de 2024.
El 5 de enero el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó la detención de un tercer implicado en el asesinato del magistrado.
David Adrián fue detenido en Majahua, en Puerto Marqués, y la SSPC indicó que el detenido es integrante de una célula delictiva generadora de violencia con presencia en Acapulco, aunque no se informó cuál es el grupo delictivo al que pertenece. En Acapulco se ubica principalmente a Los Rusos y al Cártel Independiente de Acapulco (Cida). (Redacción)

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo en la primera reunión que sostuvieron en diciembre que tiene un equipo nuevo que va a revisar con detalle los expedientes del caso, y que utilizará tecnología para avanzar en la investigación.
Incluso dijo que la mandataria informó que el equipo ya dio frutos, con detenciones como la Alejandro Palacios Benítez, conocido como El Cholo Benítez, presunto jefe de la plaza de Iguala del grupo Guerrero Unidos, vinculado a proceso en noviembre por la desaparición forzada de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
Consultado vía telefónica sobre las declaraciones de la mandataria el viernes en Acapulco, que refirió avances en la investigación “que ha llevado a nuevas detenciones”, Rosales Sierra precisó que la presidente no les dijo con detalle de la conformación de un nuevo equipo, ni de los avances que le haya presentado sus integrantes.
“Nosotros no sabemos si se está avanzando en alguna línea, porque la reunión que fue la primera con este gobierno, prácticamente abordó la metodología de trabajo, cómo van a trabajar ellos, y en lo que las madres y padres estuvieron de acuerdo es en cómo se restablecía el diálogo con la federación que estaba muy afectado, casi terminado (con el expresidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Recordó que las partes mantenían posiciones inamovibles: el presidente en la negativa de investigar al Ejército, y los padres en esta exigencia. La última reunión con López Obrador sólo fue posible a partir de movilizaciones y presiones.
En la mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que fijaron su posición, “era importante distender y encauzar el diálogo, fue lo fundamental”.
Dijo que al comienzo la reunión estuvo tensa, pero terminó bien en la apertura del canal de diálogo, y que esperan el segundo encuentro la primera semana de febrero.
Expuso que Sheinbaum escuchó y recibió el escrito con la petición de profundizar en tres líneas de trabajo.
La primera sobre todos los documentos que están en los archivos militares, que hablan algunos del paradero de 17 estudiantes, de la participación de distintos grupos delictivos y la implicación de algunos de los propios militares.
Otra línea que tiene que ver con los testimonios que existen, elementos de prueba de posible destino de 17 jóvenes sacados de la cárcel municipal, barandillas, y llevados a las afueras de Iguala.
El tercer eje es la extradición de José Ulises Bernabé, juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala en la fecha de la desaparición, como de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de la investigación inicial.
Reconoció que la presidenta tomó los datos de estas solicitudes que se hicieron por escrito, “estaríamos esperando respuesta en esta reunión que puede ser la primera semana de febrero”.
Sobre las acciones de búsqueda que se han conocido en Iguala indicó que una persona del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan está al tanto y acude de manera permanente en estas acciones.
“Hay búsquedas intensas, el tema es que las últimas que se han estado haciendo son acciones desprovistas de una investigación científica, de utilización de inteligencia, no hay esos elementos, son búsquedas espontáneas, digamos que provienen de informantes volátiles, nomás porque él dice que sabe de tal punto, de tal lugar, se va a ese sitio”.
Criticó que no hay investigación sobre los informantes para verificar la viabilidad y confiabilidad del dato que se recibe, y preocupa que actúen igual que al final de la anterior administración, cuando el diálogo estuvo muy descompuesto y se notaba una urgencia por dar resultados.
Por ejemplo, denunció que hubo búsquedas en donde soslayaron la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), “son los peritos legalmente nombrados por las madres y padres dentro de la carpeta de investigación. En la pasada administración tuvimos sendas discusiones porque la intervención del equipo no es a voluntad del gobierno”.
Aclaró que es distinto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que sí depende de la aceptación del gobierno de México para su permanencia a través de los mecanismos legales.

Daniel Velázquez

La secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales del estado, Silvia Rivera Carbajal anunció que la próxima semana empieza un recorrido por los estados de California e Illinois, donde radican guerrerenses para reunirse con los cónsules y clubes de migrantes ante las redadas con las que amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asume el cargo hoy lunes, empezando por Chicago el martes.
Según la Secretaría de Rela-ciones Exteriores, en Estados Uni-dos hay 71 mil guerrerenses de manera regular y se estima que de manera irregular hay 943 mil, y un total de un millón de guerrerenses principalmente en Chicago, con más de 400 mil, la segunda ciudad con más guerrerenses después de Acapulco; Los Ángeles, Atlanta y otras ciudades.
Rivera Carbajal dijo que la cantidad de migrantes en aquel país representa la tercera parte de la po-blación de Guerrero, que es de más de tres millones y allá están po-co más de un millón de guerrerenses.
Rivera Carbajal fue consultada debido a las amenazas que Trump ha reiterado de que deportará a los migrantes que no han regularizado su situación migratoria en ese país, la funcionaria estatal dijo que ya preparan un grupo de abogados para dar asesoría y orientación, pero “el primer filtro van a ser los consulados de Relaciones Exteriores allá en Estados Unidos”.
Mencionó que la amenaza de deportación siempre está presente en Estados Unidos para los connacionales que tienen una situación migratoria irregular, “tenemos que entender que lo que no quiere son delincuencia, él lo dice muy claramente, entonces todos aquellos que cometan alguna infracción, algún delito pues van a ser blanco, inmediatamente los van a tomar, pues es lógico que si cometen algún ilícito los van a detener y van a revisar que no están legalmente pues los van a deportar, entonces qué tenemos que hacer, portarnos bien allá y dedicarnos a lo que están haciendo ellos allá, trabajar”.
Indicó que este mes estará en Tijuana y California donde se va a reunir con autoridades del estado de Baja California para ver la situación de guerrerenses que está en esa ciudad, de ahí se va a San Diego donde se reunirá con clubes de migrantes para dar información de qué hacer en caso de ser deportados. En febrero va a Illinois.
También se van a elaborar folletos informativos que se van a repartir en los clubes y se van a difundir en redes sociales, dijo.
En la entidad, agregó, la gobernadora ha instruido que los paisanos que sean repatriados reciban un proyecto productivo previa capacitación y evaluación de habilidades que hayan desarrollado en Estados Unidos, o bien para ser capacitadores en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (Icategro), “no estamos tranquilos, estamos trabajando”.
De las redadas anunciadas dijo que no sabe si se harán pero no las descartó, dijo que pueden llegar a las casas, “para ellos no es nada ilegal” pero aunque su situación migratoria no sea regular, como seres humanos tienen derechos y esos son los que deben prevalecer, “vamos a estar atentos, no vamos a perder el tiempo, estamos trabajando y vamos a ayudarles con mucho gusto”.
Agregó que una de las acciones que hará el gobierno federal es abrir el Registro Nacional de Población (Renapo) para que en caso de que lleguen menores hijos de padres mexicanos puedan ser registrados con doble nacionalidad, para que puedan tener acceso a todos los derechos.

 

El migrante Hilario Marciano García falleció el 3 de enero en Utah, Estados Unidos, presumiblemente por una afectación cardiaca derivada de una lesión en el trabajo, sin atención, porque no tuvo acceso a los servicios médicos ni estudios que permitieran determinar la causa de muerte.
En denuncia telefónica, sus familiares pidieron a las autoridades mexicanas ayuda para afrontar los gastos de la funeraria mientras terminan los trámites oficiales, y luego para el traslado a Acapulco, su ciudad natal, donde lo esperan sus deudos, mamá y dos hijos de 15 y 13 años.
La señora Merced, desde Estado Unidos, indicó que la funeraria les cobra 7 mil dólares por el traslado de los restos de Utah a Guerrero, pero aún esperan lo que llamó “los trámites de Estado”, que le dijeron, pueden tardar dos, tres semanas o hasta un mes.
Informó que han pasado 20 días de la defunción, y después de 30 la funeraria comenzará a cobrarles por mantener el cuerpo en sus instalaciones.
Dijo que buscó contactos con el consulado de México para que los ayuden a cubrir el gasto, pero aún no tiene los documentos del gobierno de Utah para que libere los restos.
Del deceso dijo que el hombre de 43 años de edad, que laboraba en la industria de la construcción desde hace dos años, se había lastimado de manera reciente la columna. “Decía que le dolía mucho, murió de un momento a otro, no sé si le daría un paro”, dijo.
Agregó que el patrón de Hilario le dijo que no podía pagar gastos médicos porque era muy costoso, y tampoco tenía documentos de residencia, era indocumentado. Aunque un día antes del deceso solicitó atención ya no llegó a la cita.
“De hecho comía muy poquito, después de comer se puso mal, como también su patrón le habló, de ahí vino todo”, relató.
De la entrega de los restos indicó que no hay fecha exacta y después de un mes comenzarán a cobrar la estancia del cuerpo en la funeraria, indicó que no tenía conocimiento de que el gobierno de Guerrero contaba con un presupuesto para los gastos de traslado de la Ciudad de México a la comunidad de origen de los migrantes que viven en el extranjero. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El exrepresentante del gobierno de Guerrero en Chicago, Manuel Martínez Santamaría consideró hipocresía del gobierno estadounidense lanzar amenazas de deportación masivas para las personas indocumentadas que pagan impuestos, que son sobreexplotadas en el campo, la construcción y en las fábricas, pero que no tienen acceso a la seguridad social en aquel país.
En consulta telefónica sobre las persistentes declaraciones del presidente electo que hoy toma posesión, Donald Trump, confirmó que hay temor, y que se preparan importantes manifestaciones, que estimó para abril y mayo, alrededor del Día del Trabajo, en función de las supuestas deportaciones masivas que puedan ocurrir en el nuevo gobierno.
“Lo más seguro es que la gente que no tiene documentos va a volver a los tiempos de antes, a ser lo menos visible posible”, dijo.
Sin embargo, estimó que habrá deportaciones “para satisfacer las ideas y perspectivas de la gente que sigue a Trump”, pero no superiores a las de Barack Obama, ya que este país necesita la mano de obra de la gente indocumentada”.
Con base en la experiencia, coincidió con otros líderes migrantes, Erasmo Salgado, Gaudencio Vélez y Aniceto Polanco, en que habrá deportaciones de quienes tiene juicios pendientes en Migración, quienes tienen registro criminal o se encuentren causando algún tipo de problema, alcoholizados, si golpean a las mujeres, incluso de quien se dedica a trabajar, o si los encuentran con personas que cometen algún ilícito.
El también notario público en Estados Unidos señaló que hay muchas personas buscando regular su situación migratoria en las cortes, que están perfectamente identificadas por el gobierno federal de EU, podrían ser los primeros.
Asimismo, quienes tuvieran algún problema legal, y las agencias de empleos para los indocumentados, “ahí serían guerrerenses y mexicanos en general”.
De la posibilidad de retirar a los ciudadanos de hijos de indocumentados, que dice Donald Trump, subrayó que la constitución los protege, no les puede quitar la ciudadanía.
Estimó que la Policía de Migración no se meterá a las escuelas, a las iglesias, a los centros de trabajo, ni acudirá a las viviendas.
Ayer mismo se informó en medios de comunicación en Estados Unidos, que Chicago no sería el sitio de la primera migración, como declaró la semana pasada Donald Trump, porque todos ya estaban enterados, y porque un juez determinó que no se pueden detener a personas en la calle, ni en los automóviles sin una orden de arresto.

Pagan impuestos y no tienen seguridad social

Martínez Santamaría explicó que existen tres categorías de migrantes en EU: con ciudadanía, residentes permanentes, y la de mayor número, sin documentos de residencia.
En su caso, recordó que obtuvo la ciudadanía a través de la ley de amnistía Simpson-Rodino, aprobada en 1987, por la que hubo movilizaciones grandísimas por la regularización de la residencia, en medio de un déficit económico, y donde la única forma de superar la crisis fue la regularización de indocumentados para que pagaran impuestos.
“Esta vez no creo que pase, porque después de las grandes manifestaciones, en California dijeron que les iban a dar un número de Seguridad Social para pagar impuestos, que ayudaría en el trámite de residencia legal”.
Ahora, sin distinción, todos pagan impuestos pero el gobierno federal no tiene obligación de pagar servicios a personas sin residencia legal. Cuando los mexicanos llegan a la edad del retiro, de 62 años, tampoco reciben el pago del Seguro Social.
Sin embargo, aclaró due EU depende de las personas indocumentadas en el campo, en la construcción y las fábricas, “resulta una hipocresía la que aplican los republicanos, de que quieren enviar a los indocumentados a sus países de origen, cuando este país no solo explota, sobre explota a los indocumentados, hay violación constante a sus derechos humanos”.

Brilla por su ausencia gobierno de Guerrero

Lamentó que el gobierno de México y en particular el de Guerrero dicen que los migrantes son “héroes, los campeones, pero brillan por su ausencia”.
Señaló que de forma recurrente recibe llamadas de paisanos que necesitan ayuda, pero cerraron las oficinas de representación de Guerrero en Chicago y en California en el sexenio de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.
Aclaró que siguen apoyando como contactos con los consulados de México, pero lamentó que los guerrerenses perdieron un espacio fundamental para la asesoría, acompañamiento y expedición de documentos.
Informó que, a iniciativa de un grupo de guerrerenses, a la fecha se mantiene la oficina que fue de la representación con cuotas de recuperación, para el pago que debe pagar renta, servicios, sin hay honorarios.
A la secretaria de Migrantes y Asuntos Internacionales del gobierno del estado de Guerrero, Silvia Rivera Carbajal, que justifica el cierre de las oficinas de representación por el supuesto manejo discrecional de los servicios, dijo que es urgente tener una oficina para corresponder con servicios a los paisanos que envían más de 3 mil millones de dólares a la entidad.
Aclaró que las remesas se traducen en miles de millones deseos en impuestos, porque 98 por ciento de los envíos se usa en gasto corriente y genera impuesto para el estado y el país

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El dirigente de la cooperativa pesquera La Boba, Jesús Campos Albarrán denunció que los habitantes de la comunidad Petacalco, en el municipio de La Unión, en donde está la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevan más de 40 días soportando “el ruido infernal” que producen las turbinas de esa planta generadora de energía eléctrica, y “ya hay personas crispadas de los nervios, principalmente de los que viven más cerca de ella”.
Ayer domingo vía telefónica, Campos Albarrán dijo que desde hace poco más de 40 días, “durante las 24 horas del día, estamos soportando el ruido infernal de las turbinas, es como si tuviéramos un avión encendido a un metro de distancia de nosotros, suponemos que la planta está trabajando a marchas forzadas para abastecer de energía eléctrica a los estados del norte del país donde está pegando mucho el frío, pero nosotros estamos pagando las consecuencias”.
Dijo que anteriormente las turbinas las prendían y la contaminación auditiva, “digamos que era soportable si la comparamos con todo el ruido que hemos venido soportando a diario, las 24 horas del día, durante todo el mes de diciembre y lo que hasta ahorita llevamos de enero ya no se soporta, ya hay personas que tienen los nervios crispados”.
“He sabido de vecinos que están padeciendo problemas para poder dormir, de irritabilidad, dolor de cabeza, andan estresados, con arranques de agresividad, dolor de oídos, ansiedad, y le estoy hablando de que estos síntomas lo estamos padeciendo gente de todas las edades, desde niños hasta personas ya ancianas, esto que está pasando también es grave porque se llama contaminación auditiva y nadie del gobierno hace nada”.
Agregó que, “quienes vivimos un poco más alejados de la planta nos incomoda el ruido, ahora imagínese a las familias que viven a menos de 500 metros, ahí cerca de la termoeléctrica está la secundaria, están las dos escuelas primarias y está el jardín de niños, los alumnos no se pueden concentrar por el ruido que no se soporta, la gente habla a gritos para que la puedan oír”.
“Sé que la gente que no vive aquí en Petacalco ha de decir que exagero, pero me gustaría que estuvieran aquí tan sólo un día con su noche para que comprueben que no es ninguna mentira todo lo que estoy diciendo, y estoy seguro que no van a aguantar ni medio día cuando van a querer irse corriendo de aquí, nosotros también quisiéramos hacerlo, pero para dónde le damos, aquí está nuestro hogar, nuestro patrimonio”.
Luego lamentó que el gobierno estatal y federal, “siguen siendo omisos en los daños que la termoeléctrica sigue causando a la población no sólo de Petacalco, son 10 comunidades del bajo Balsas en La Unión que estamos siendo afectados por toda la contaminación que tenemos que tragarnos y respirar todos los días, las 24 horas, durante los 365 días del año, porque esas chimeneas no paran ni un solo minuto, mientras a nosotros nos van matando a pausas”.
“Yo quisiera decirle que le hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado, pero pues tal parece que para ella no existe la población de este lado del estado de Guerrero, ya tiene tres años que está en el gobierno y por acá jamás la hemos visto; sus funcionarios sólo han venido a darnos atole con el dedo, a prometernos que van a ser intermediarios ante la CFE y es la fecha en que no vemos ningún apoyo para nosotros como afectados, en el sentido de que hagan que la Comisión deje de contaminar, eso es lo que hemos estado pidiendo una y otra vez, ya basta de tanta contaminación ambiental y auditiva”, demandó.

Ramón Gracida Gómez

San Luis Acatlán

“Muchos” campesinos que perdieron sus milpas por el huracán John están migrando a Estados Unidos, pero hay preocupación por el nuevo gobierno de Donald Trump, expuso la presidenta del Comisariado Ejidal de Cuanacaxtitlán, comunidad na’ savi de San Luis Acatlán, Asunción Ponce Ramos.
La situación es “difícil” porque la producción va a disminuir en 2025 y Segalmex va a comprar la tonelada del maíz a 6 mil pesos en vez de los 7 mil de años anteriores, cifra que “ahorita no es nada” para los campesinos, porque invierten mucho para sembrar, lo que también está influyendo para que salgan de sus pueblos, informó la productora, después del arranque del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar, el sábado pasado en este municipio de la Costa Chica.
Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Asunción Ponce planteó en su discurso en tu’un savi (mixteco) y español los problemas que aquejan a los campesinos de la región y el apoyo que necesitan.
En la entrevista dibujó un panorama más amplio tras el impacto de John en septiembre pasado, y comentó otros aspectos históricos del campesinado de esta región.
En un breve lapso en medio de las constantes solicitudes de ayuda y de aclaraciones que recibía de campesinos reunidos en la Unidad Deportiva, la presidenta del Comisariado Ejidal de Cuanacaxtitlán dijo que el huracán benefició a la comunidad “porque nos dejó mucha agua, cosa que no había pasado desde hace varios años”.
Pero provocó que los elotes se pudrieran, “hoy están piscando, pero sacan mucho podrido y bueno, el maíz es poco”.
Los campesinos piden que el programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos de Segalmex que inició en 2019, vuelva a comprarles una tonelada de maíz en 7 mil pesos, porque este año lo bajó a 6 mil pesos, “y obvio, los campesinos no quieren pues vender su maíz a bajo precio porque le invierten mucho”.
Por ejemplo, el campesino necesita fertilizante “porque ya la tierra está acostumbrada” y no todos están inscritos en el programa federal, además paga peones, la máquina que va a desgranar y la camioneta que va a traer su maíz, entonces “la verdad 6 mil pesos ahorita no es nada para ellos”.
Aún así, destacó que el programa de Segalmex es “recíproco lo que hace, aquí compra, aquí lleva y después lo regresa en los almacenes para uno mismo”, y es mejor que venderles a los “coyotes” que están comprando la tonelada a 4 mil 500 pesos.
Explicó que Segalmex compra “maíz limpio”, es decir, que los campesinos deben quitarle la basura y el polvo, mientras que “los coyotes vienen y reciben tal y como sale el maíz del campo, así se lo llevan, yo no sé cuál es la idea, no sé si es para alimentación o para ganado”.
En promedio, un campesino vende entre 4 y 6 toneladas de maíz, uno que otro hasta 10, pero de todos modos no le alcanza y migra, más después del huracán, aunque muchos “se están deteniendo por la información que se tiene del otro lado” por la llegada del republicano Donald Trump al gobierno de Estados Unidos.
Como muchos, Asunción Ponce tiene familiares en el país vecino, por lo que le pidió al gobierno de México protegerlos, sobre todo, a los que no tienen un trabajo fijo o ganan poco dinero.
“No nada más mi comunidad, sino muchos pueblos migraron por esto de que la cosecha, le digo, no alcanza y más ahora que se está vendiendo de muy bajo de precio”.
La mujer de 74 años afirmó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay cambios con los productores y confió en que Sheinbaum Pardo apoyará a las mujeres campesinas.
Expuso la importancia en la economía de la comunidad la pensión de adulto mayor, antes “pues vendíamos un marranito, vendíamos las gallinas para pagar dos, tres peones y que se vaya a trabajar, y hay señores que venden hasta un caballo, un burro para poder pagar los peones y poder sacar su trabajo”.
“Dice, lo voy a vender y ya cuando levante el maíz me compro otro y así están; o si no se hace el cambio de brazo: usted va conmigo a trabajar mi milpa hoy y si usted se va tres días, tres días tengo que regresarse el cambio de brazo con usted”, relató.
El trabajo de campo “es muy pesado”, pero “es muy bonito cuando te pones a hacerlo y todo va bien, va creciendo la milpa, la fertilizaste, la limpiaste y ahí queda, nada más le estás dando vueltas”.
Luego viene el tiempo de “dobla” para que el maíz quede listo para piscarlo, “ya en diciembre, enero, se está levantando la mazorca para desgranarlo y recoger el maíz”; sin embargo, este año será distinto porque muchas milpas quedaron afectadas tras John, por lo que la situación actual es “difícil”.

“El chiste es que me respete y lo respeto también”

Asunción Ponce pertenece a la Red de Mujeres Agraristas que pro-mueve la participación de las cam-pesinas en las reuniones ejidales y la ocupación de cargos en los co-mités porque, por ejemplo, en Cua-nacaxtitlán “no están acostum-bradas, pero creo yo que así poco a poco tienen que aceptar” y practicarse la igualdad de género.
“No porque ahorita es tiempo de mujeres y vamos a humillar al hombre, no, el chiste es que me respete y lo respeto también”, dijo entre risas de algunas de sus compañeras que escuchaban y que, al igual que ella, vestían la ropa típica y colorida de la región, una blusa blanca con bordados y una falda verde.
La organización de mujeres también busca que las viudas de los titulares tramiten su certificado en el Registro Agrario Nacional (RAN) con su nombre, pero hay muchas que no tienen el acta de defunción de sus maridos y también hay problemas con las actas de nacimiento por la escritura incorrecta de apellidos.
Cuanacaxtitlán, de alrededor de 4 mil habitantes y a 30 minutos de la cabecera municipal en automóvil, no tiene agua potable, la obra quedó inconclusa, entonces pagan 150 pesos por llenar un tinaco cada dos o tres días; tampoco hay drenaje, pero lo están gestionando con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), junto con el diputado petista del distrito local 28, Édgar Ventura de la Cruz.
Un hito de la comunidad fue la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en 1995 porque antes el pueblo “estaba muy abandonado” y había violencia; actualmente se puede estudiar hasta el bachillerato, los niños acuden a clases y luego trabajan con sus padres en el campo.
Ser campesino es un trabajo positivo porque “imagínate, si estás con la computadora todo el tiempo ahí te vas a acabar, pierdes la vista; y mejor el campo, pues es otra cosa, te distrae ver todo lo que hay en el campo y eso se siente bonito”, dijo Asunción Ponce.

Aurora Harrison

Los trabajos de demolición de los restaurantes de Puerto Marqués afectados por el huracán John continúan, y hasta ayer por la tarde no reciben apoyo del gobierno.
Ayer en un recorrido por el lugar trabajadores con una máquina retroexcavadora realizaban maniobras de demolición de los negocios afectados, entre los que fueron derribados se encuentran El Lucerito, Celia, Linda y María de Jesús.
Los restauranteros que sus negocios tenían más de 30 años construidos de concreto, porque antes eran de “palitos”, prevén que en un lapso de entre 15 a 20 días se concluya la demolición, así como el retiro de escombro, para poder construir una enramada para dar servicio a turistas y acapulqueños para la temporada vacacional de Semana Santa.
Dijeron que una vez que se concluya con los primeros restaurantes que no están amparados, van a pasarse al otra área donde están otros restaurantes colapsados, los cuales están cerca del muelle público, uno de ellos de dos niveles que se encuentra inclinado.
Ayer domingo había una gran afluencia de visitantes, los turistas llegaban en autobuses, carros particulares para disfrutar de la playa y la comida en esa zona. Los trabajos de la máquina se detuvieron al mediodía, y es que en el lugar llegaban más visitantes.
Como se informó, los trabajos son mientras llega el apoyo del gobierno federal para esa zona y es que aseguran la ayuda que han recibido es para reparar los socavones, trabajos que recordaron que no están concluidos porque falta que se pavimente.
El propietario del restaurante Lucerito, afectado por el huracán, Beto Palma, dijo que son unos 300 trabajadores afectados, por ello “nos cooperamos ocho restaurantes para demoler” y están pagando a la empresa entre 2 mil 500 pesos la hora a 3 mil pesos.
“Aquí el gobierno no se acercado para nada, aquí nosotros estamos absorbiendo el pago de la maquinaria, y proyecto tampoco, nosotros lo vamos hacer por nuestros propios medios parar una enramada para poder trabajar en Semana Santa”, dijo.
Recordó que el pasado viernes empezaron los trabajos de demolición, y esto se debió después de una reunión de restauranteros afectados que decidieron “cooperarse” para contratar maquinaria y demoler las estructuras dañadas.
“Es para evitar riesgos y para poder trabajar, porque como ustedes veían antes el restaurante era un riesgo, no se podían recibir a los comensales y para nosotros mismos, por eso optamos por rentar una maquinaria para demolerlos”, dijo.
Explicó que la empresa que se contrató es la misma que va a retirar el escombro y “nosotros vamos a hacer los restaurantes, vamos a rellenar con arena de mar, natural”.
En tanto el propietario del restaurante Celia, dijo que ya se demolió su restaurante, “que fue una coperacha entre todos los compañeros para evitar accidentes, puede haber temblores y se puede caer encima, nos organizamos para que nos apoyarán algunos diputados para fortalecer este movimiento social”.

Los montones de basura a orillas de la Laguna Negra de Puerto Marqués siguen, aunque en menor cantidad, había una mancha negra de que fue quemada.
En un recorrido por la calle Alemán se constató que habían quemado la basura, de acuerdo con vecinos fue la semana pasada que le prendieron fuego a los residuos sólidos, causando daño ambiental en el ecosistema.
Aunque había algunas bolsas con residuos sólidos que recién habían sido tiradas, también escombro y varios botes de plástico, y en la calle había un sofá tirado y algunas sillas de plástico rotas.
Una de las vecinas comentó que en la semana pasada por ese tramo de la calle durante dos días hubo incendios de basura, que no hubo ninguna limpieza por parte del Ayuntamiento.
La vecina contó que ha visto algunas camionetas particulares que arrojaron los desechos sólidos en la laguna.
Como se informó en estas páginas el mes pasado en la Laguna Negra Puerto Marqués, un ecosistema severamente afectado durante el huracán Otis, ahora se ha convertido en un vertedero de desechos.
En el lugar se arrojan diferentes tipos de desperdicios hacia la laguna, principalmente desechos domésticos como envoltorios de alimentos, envases de PET de refrescos, aguas y jugos, restos de comida.
Aunque las autoridades habían dicho que harían una operación de limpieza en la zona, en el lugar los vecinos comentan que no se ha hecho nada, tampoco campañas de concientización para evitar que se sigan arrojando desechos. (Aurora Harrison).