Choferes de camionetas Urvan y taxis colectivos bloquearon media hora la avenida Costera para denunciar anomalías en la delegación de Transporte.
Después de las 10 de la mañana, unas 500 camionetas Urvan y taxis colectivos de las rutas de la zona poniente, se concentraron en el Asta Bandera.
Señalaron que los inspectores de transporte hostigan constantemente a los agremiados del Frente de Organizaciones y Transportistas Independientes en Guerrero.
Se quejaron que pagan doble el concepto de pase de revista, tanto en Finanzas como en Transporte.
Exigieron una mesa de trabajo con la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, para resolver los problemas de las multas y arrastre de grúas.
En declaraciones a reporteros, el líder Álvaro Bracamontes Torres denunció anomalías en la delegación de Transporte desde hace seis meses.
Explicó que en la delegación de Transporte no hay atención a sus agremiados y hay “corrupción” en las instalaciones.
Se quejó que los inspectores de Transporte “extorsionan” a sus agremiados, unos 2 mil choferes de diferentes rutas y modalidades.
Añadió que en la delegación de Transporte cobran 350 por una revista, siendo que no hay equipo ni la herramienta para que hagan las supervisiones de los vehículos.
“Aparte Finanzas nos cobra esa misma revista, pagamos dos veces por el mismo concepto, ya no lo vamos a permitir”, puntualizó.
Sostuvo que hostigan a los choferes de su organización con multas constantes, “siendo que las boletas de infracción son apócrifas, se mandan a imprimir y también los permisos de sustitución”.
Reclamó que no hay descuentos en las multas, “niegan todas las facilidades a los compañero para que puedan andar en regla”.
Exigió una audiencia con la presidenta Abelina López Rodríguez, para resolver el problema de las multas, grúas y corralones, “ese tipo de situaciones que afecta a los bolsillos de los compañeros”.
En la concentración hubo choferes de las rutas de Jardín-Centro; Pie de la Cuesta; San Isidro-Centro; Pedregoso Centro; Coyuca de Benítez-Centro y colectivos de la colonia Jardín.
Los manifestantes fueron atendidos por el director de Transporte, Arturo Salinas Sandoval. (Argenis Salmerón).
Conductores y guardias que vigilan las terminales en la ruta Ciudad Renacimiento-Oviedo (la imagen, en la segunda estación), pararon labores dos horas para exigir aumento en la tarifa, pero denunciaron que fueron enviados por el concesionario Fernando Ruano, a quien acusan de amenazarlos con no pagarles la próxima quincena si no protestaban. En otro lado, choferes de camionetas Urvan y taxis colectivos bloquearon media hora la Costera, frente al Asta Bandera, para denunciar que los inspectores de Transporte los hostigan Foto: Jesús Trigo
Paran choferes del Acabús para exigir alza de la tarifa; fueron obligados, denuncian
Argenis Salmerón
Ayer en la tarde choferes del Acabús pararon labores dos horas para exigir aumento en la tarifa enviados por el concesionario transportista Fernando Ruano.
Después de las 2 de la tarde, los choferes y agentes de seguridad privada pararon los camiones y cerraron las estaciones en la trasferencia de Renacimiento.
Uno de los trabajadores, que no dio su nombre, aseguró que el presidente concesionario del Acabús, Fernando Ruano, obligó a los choferes y guardias de seguridad privada parar labores.
Añadió que el dueño de las concesiones del Acabús, Fernando Ruano, “les dijo a los trabajadores que dieran a conocer a los medios de comunicación, que el movimiento era por falta de pagos”.
Sin embargo, dijo que el motivo era una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para solicitarle el aumento de la tarifa.
Sostuvo que “estamos condicionados por Ruano, porque si no nos manifestamos (hoy) ayer él no nos iba a pagar la próxima quincena ni aguinaldo”.
Señaló que los pagos de los trabajadores son atrasados cada quincena, y no hay prestaciones como empresa.
Reclamó que Fernando Ruano suspendió prácticamente las rutas alimentadora del Acabús, “se lo está acabando poco a poco”.
Hasta las 5 de la tarde de ayer, los choferes del Acabús reanudaron el servicio en la terminal de transferencia Renacimiento.
Los inconformes fueron atendidos por la secretaria de Gobierno, Anacleta López Vega, y el director de Transporte, Arturo Sandoval, en Chilpancingo.
Más tarde, el funcionario del estado se comprometió a analizar el estudio socioeconómico para posiblemente aumentar la tarifa el Acabús.
El sistema Acabús en el año 2016 empezó a cobrar ocho pesos de pasaje, en la administración del ex gobernador Héctor Astudillo Flores y ahora en esta administración morenista, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, el pasaje cuesta 11 pesos.
Asesinan a dos hombres; a uno lo hallan desmembrado en un automóvil en la Costera
Dan de alta en el hospital al policía ministerial herido a balazos el viernes pasado en la colonia Cum-bres de Figueroa en el ataque en que murió un comandante de la Fiscalía Antisecuestro
Redacción / Juan Luis Altamirano Uruñuela
Dos hombres fueron asesinados ayer en diferentes hechos de violencia en Acapulco.
Ayer en la tarde, un hombre fue asesinado a balazos cuando se subía a su camioneta en la avenida Ejido, a cinco cuadras de la terminal de autobuses.
El crimen fue reportado a las 2:30 de la tarde en la colonia Cuauhtémoc, en la calle 9, afuera del restaurante Orfanel.
Testigos dijeron a la policía que hombres armados interceptaron a su víctima cuando se subía a su camioneta negra de la marca Jeep, luego de checar un automóvil en un local de venta de vehículos.
El hecho violento generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.
Peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco, encontraron más de 10 casquillos percutidos de pistola calibre .09 milímetros.
Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
La camioneta fue remolcada por una grúa particular y puesta a disposición de Ministerio Público sector Mozimba.
En otro caso, el cuerpo de un hombre desmembrado fue encontrado en la cajuela de un automóvil en la avenida Costera, a metros de la Base Naval.
El hallazgo fue reportado a las 2 de la tarde, frente a la tienda Walmart, en la colonia Icacos, de acuerdo con policías ministeriales.
Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de un automóvil gris Mazda abandonado y que le escurría sangre de la cajuela.
Durante la revisión, agentes encontraron un cuerpo desmembrado en la cajuela del automóvil.
El Ministerio Público sector Costa Azul abrió una carpeta de investigación por el crimen.
Con estos casos suman seis muertos en Acapulco en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un recuento de El Sur.
Por otro lado, fue dado de alta en el hospital.el agente ministerial herido a balazos el viernes pasado en la colonia Cumbres de Figue-roa en el ataque donde murió el comanmdante de la Fiscalía Antisecuesto Juan Carlos N.
El agente ministerial adscrito a la Fiscalía Antisecuestro fue internado en un hospital privado por una herida en una pierna.
El martes pasado fue dado de alta en el hospital, de acuerdo con la información recabada. En la corporación policiaca hubo hermetismo.
La Fiscalía General del Estado no dio algún tipo de información del estado de salud del agente ministerial herido.
Reporta la SSPC la detención de una persona armada en Acapulco
El Gabinete de Seguridad por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de la detención de un hombre en Acapulco que portaba un arma de fuego corta en su automóvil.
En comunicado conjunto publicado este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la SSPC reportaron la detención de una persona que llevaba un arma de fuego corta e intentó huir.
“Los efectivos, al realizar las funciones de seguridad y vigilancia, en el Operativo Acapulco, observaron sobre la carretera Pinotepa Nacional-Acapulco, en la localidad del Metlapil, al conductor de un vehículo de color blanco, el cual, al notar la presencia de las autoridades intentó evadirlos y emprender la huida”, informó el Gabinete de Seguridad.
La detención fue hecha por soldados de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General y SSPC que se encuentran desplegados en Guerrero como resultado de las labores de seguridad, vigilancia e inspección.
El detenido de 33 años fue informado de sus derechos de ley y se le traslado al Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
“Para descartar alguna conducta ilícita, los agentes le dieron alcance y realizaron una inspección de seguridad, al interior del automóvil hallaron un compartimento oculto en la consola del lado del pasajero, donde transportaba un arma de fuego corta abastecida con 17 cartuchos útiles, de la cual no acreditó su legal portación”, añadió el Gabinete de Seguridad en el comunicado.
Bloquean choferes la Costera; denuncian anomalías en la delegación de Transporte
Choferes de camionetas Urvan y taxis colectivos bloquearon media hora la avenida Costera para denunciar anomalías en la delegación de Transporte.
Después de las 10 de la mañana, unas 500 camionetas Urvan y taxis colectivos de las rutas de la zona poniente, se concentraron en el Asta Bandera.
Señalaron que los inspectores de transporte hostigan constantemente a los agremiados del Frente de Organizaciones y Transportistas Independientes en Guerrero.
Se quejaron que pagan doble el concepto de pase de revista, tanto en Finanzas como en Transporte.
Exigieron una mesa de trabajo con la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, para resolver los problemas de las multas y arrastre de grúas.
En declaraciones a reporteros, el líder Álvaro Bracamontes Torres denunció anomalías en la delegación de Transporte desde hace seis meses.
Explicó que en la delegación de Transporte no hay atención a sus agremiados y hay “corrupción” en las instalaciones.
Se quejó que los inspectores de Transporte “extorsionan” a sus agremiados, unos 2 mil choferes de diferentes rutas y modalidades.
Añadió que en la delegación de Transporte cobran 350 por una revista, siendo que no hay equipo ni la herramienta para que hagan las supervisiones de los vehículos.
“Aparte Finanzas nos cobra esa misma revista, pagamos dos veces por el mismo concepto, ya no lo vamos a permitir”, puntualizó.
Sostuvo que hostigan a los choferes de su organización con multas constantes, “siendo que las boletas de infracción son apócrifas, se mandan a imprimir y también los permisos de sustitución”.
Reclamó que no hay descuentos en las multas, “niegan todas las facilidades a los compañero para que puedan andar en regla”.
Exigió una audiencia con la presidenta Abelina López Rodríguez, para resolver el problema de las multas, grúas y corralones, “ese tipo de situaciones que afecta a los bolsillos de los compañeros”.
En la concentración hubo choferes de las rutas de Jardín-Centro; Pie de la Cuesta; San Isidro-Centro; Pedregoso Centro; Coyuca de Benítez-Centro y colectivos de la colonia Jardín.
Los manifestantes fueron atendidos por el director de Transporte, Arturo Salinas Sandoval. (Argenis Salmerón).
Vecinos en el cuarto día de bloqueos en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional en Cruz Grande, ayer cuando el alcalde Rodolfo Arrasola Martínez se solidarizó con ellos Foto:?El Sur
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Damnificados por el huracán John en Tixtla recibieron el apoyo económico para limpieza y por daños a sus hogares, en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, donde se presentaron anomalías y por las que unas 80 personas no pudieron cobrar ese dinero.
La entrega de apoyos inició a las 8 de la mañana y siguió hasta las 4 de la tarde. Estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar y “Servidores de la Nación”. El monto de los pagos varió desde los 5 mil y hasta más de 8 mil pesos, de acuerdo con el daño: total, medio y parcial.
En declaraciones, el represen tante de damnificados del Barrio del Santuario, Camilo Dircio Juárez, denunció que se registraron anomalías. Para empezar, las personas censadas fueron citadas a una hora determinada, que finalmente no se respetó.
Señaló que los “Servidores de la Nación” les pidieron no hacer pública, entre los vecinos, la entrega del apoyo, debido a que estos se entregarían sólo a las personas que fueron citadas.
Para recibir el apoyo, los damnificados presentaron copias de la CURP, credencial de elector, escrituras, comprobante de domicilio y el folio que recibieron al ser censados; sin embargo, por razones desconocidas, algunas personas no aparecieron en el registro.
Camilo Dircio informó que fueron unas 80 personas las que acudieron a la cita, que hicieron una fila por más de dos horas, pero no pudieron cobrar. Para estos casos, se instaló una “mesa de incidencias”, donde de nuevo se verificaron los datos de los damnificados y se hizo una lista con la cual “después” se les volverá a convocar.
Las personas que nos pudieron cobrar el apoyo “se fueron un poco tristes”, de acuerdo con Camilo Dircio, quien se encargó de acompañar a los damnificados, para que se registraran en la mesa de incidencias.
Denunció que hubo personas que no fueron afectadas, como quienes viven cerca de la laguna y perdieron todo, que sí fueron censadas y recibieron dinero hasta por familia, en lugar de por vivienda, como el caso de los residentes de la colonia Niños Héroes.
Criticó que la entrega de recursos se hizo en Chilpancingo, a pesar de que en Tixtla hay espacios que pudieron habilitarse para este trámite y evitar que las familias se trasladaran hasta la capital.
También dijo que la gobernadora Evelyn Salgado y el gobierno federal no han enviado más ayuda a Tixtla, donde todavía hay zonas inundadas, acumulación de lirios acuático y lodo; también aumentó la población de zancudos, lo que representa un riesgo de salud.
En ese sentido, llamó a las autoridades a que sumen esfuerzos para apoyar a la recuperación de Tixtla y de los damnificados, especialmente los que sufrieron más daños y perdieron su patrimonio.
Una vecina del barrio Campo Santo, que prefirió reservar su nombre por seguridad, contó que la citaron a las 10:30 de la mañana, pero debió esperar tres horas, debido a que los “Servidores de la Nación” no respetaron los horarios y dieron prioridad a las personas de la tercera edad, así como discapacitadas.
Señaló que también recibieron a personas que no fueron citadas ni censadas, lo que complicó el acceso para recibir los apoyos. En su caso, le entregaron 5 mil pesos que le servirán para reponer lo que gastó en la limpieza de su hogar, donde no tuvo mayores daños.
Una vecina de la colonia Niños Héroes, que también prefirió reservar su nombre, fue la única que dijo que la atención estuvo “muy bien”, que los “Servidores de la Nación” fueron “muy amables” y aunque no especificó la cantidad que recibió, afirmó que ésta rebasa el total de lo que perdió.
Recordó que en 2013, con la inundación causada por Manuel, las autoridades entregaron apoyos, pero la ayuda fue principalmente de los tixtlecos, “la gente que no se inundó, nos brindó mucho apoyo”, tal como en esta ocasión, con unidad.
Profesores del Centro de Estudios de Bachillerato 72 Ignacio Comonfort Ríos, de esta ciudad, iniciaron un paro laboral indefinido para exigir la salida inmediata y definitiva de los profesores Rafael Mastache Capos, Óscar Javier Peláez Moran, Édgar García López y Margarito Ibáñez Román, a quienes acusan de usurpación de funciones, falta de rendición de cuentas y transparencia.
En el plantel laboran más de 70 docentes que exigen una auditoría, incremento de horas al personal docente basificado y de mayor antigüedad, de acuerdo con el perfil académico; asignación de funciones al personal administrativo según la clave que tienen; basificación de personal administrativo y de apoyo de acuerdo con la antigüedad y regularización de prestaciones de seguridad social a personal de nuevo ingreso.
Los docentes en un comunicado explican que sus problemas laborales son de años, pero se agudizaron en los últimos y en el periodo del director Rafael Mastache, que lo ostentó por 13 años y que dejó el pasado agosto de 2017 de manera oficial, pero en los hechos usurpa las funciones al manipular a la persona encargada.
El texto menciona que realizaron las peticiones de manera legal, por la vía de las instituciones y jerarquías escolares en sistema educativo, pero no les dieron ninguna respuesta desde hace 10 meses, que la falta de director les empezó a afectar ya que el subdirector no tomaba decisiones y por eso iniciaron su paro laboral indefinido.
El cierre de la escuela inició a las 7 de la mañana, cuando ingresan los más de 2 mil 500 alumnos inscritos en el nivel medio superior, por lo que al mediodía se realizó una reunión con padres de familia que acudieron al plantel al norte de esta ciudad.
Ahí detallaron los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los recursos que entran al plantel, como el que cobren 400 pesos por inscripción y expiden un recibo oficial de 200 pesos; el cobro de fichas de admisión y certificados sin dar recibos; además, que no hay información sobre las cooperaciones “voluntarias” de los padres.
En lo laboral, dijeron que el profesor Rafael Mastache Campos usurpa la función de director, cuando el cargo lo dejó desde agosto de 2017, hace 10 meses, pero sigue fungiendo como tal, manipulando al subdirector Óscar Javier Peláez Morán.
Además de condicionar al personal que está de contrato y dar preferencia a algunos alumnos y personal directivo, en las normas disciplinarias de la escuela, y la más reciente arbitrariedad es que Mastache Campos interpuso una demanda civil contra cinco trabajadores.
Responsabilizaron a Mastache Campos, Peláez Morán y García López de cualquier tipo de represalia en contra de los paristas, sea laboral, moral o física con ellos o sus familiares.
Los padres de familia que asistieron al plantel formaron un comité temporal, para respaldar las peticiones de los profesores y que ellos también diseñarían sus medidas para exigir la solución pronta, como salir a tomar carreteras si no hay respuesta en 24 horas. (Antonia Ramírez / Tlapa).
El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora Acabús, Simón Zamora García, informó que está en proceso una auditoría interna para encontrar las anomalías en este transporte.
Insistió en que el déficit de 30 millones de pesos no es por exceso de trabajadores administrativos ni por el robo del combustible, e insistió en que el problema financiero se debe a la gratuidad de los tres meses, lo que tiene que ser subsidiado por el gobierno del estado.
En una llamada a la Redacción de El Sur, el trasportista aseguró que ya hay una demanda penal por el robo de combustible contra el secretario del Consejo de Administración del Acabús, Jonás Vélez Peláez.
Indicó que está en proceso la auditoría para encontrar desvíos de dinero por parte del tesorero Ricardo López Ocampo, y en caso de encontrarse también se iniciará una demanda en su contra.
Respondió que los socios son enviados por la directora del OPD, Silva Zapata López, y “su futuro es incierto, ya que atenta con las fuentes de empleo de los trabajadores”.
Explicó que la chequera no está a su arbitrio y como toda empresa anónima tiene sus gastos de oficina, pero que no tiene fondos porque la directora del Acabús no ha depositado dinero.
Simón Zamora detalló que el pasado 10 de agosto, el tesorero del Consejo de Administración del Acabús, Ricardo López Ocampo, dejó de trabajar porque ingresó Crescencio Díaz Soria, el 6 de agosto; “dejó su responsabilidad sin hacer una entrega a la asamblea general”.
Añadió que la renuncia en el OPD del Acabús de Ricardo López no tiene valor, “él incurrió en una falta que se puede convertir en penal, en caso de arrojar un faltante la auditoría interna se va a proceder a una demanda”.
Agregó que ya se integró una demanda contra el tesorero Jonás Vélez Peláez por robo de combustible, porque, dijo, él tiene las llaves de los tanques de la gasolina de los camiones, e incluso él recibió parte de la flota y luego “se convirtió en un aviador”.
Zamora García reconoció que algunos choferes capacitados de las rutas alimentadoras robaron combustible en garrafas pero fueron despedidos, “eso se controló, fue cosa mínima”.
Mencionó que en el caso del comisario Nelson Ríos, éste dejó de trabajar en el Acabús y se dedicó a atender su negocio de lavanderías; “yo fui al OPD para que le quitaran su salario, al igual que a Judith Radilla, ambos querían ser aviadores, por eso su molestia”.
Indicó que antes pidió al OPD del Acabús una revisión de las áreas para descartar a aviadores, “pero no lo hizo porque no existe eso”, y recalcó que el Consejo de Administración trabaja bajo los parámetros del título de concesión.
Explicó que están destinados 90 administrativos, pero tiene 80, mientras que los choferes deben ser 339 pero hay 325, 14 menos, y que los gastos en nómina tienen que ser de 4 millones 4 mil pesos pero son de 4 millones, “estamos trabajando de una forma transparente”.
El presidente del Consejo de Administración de la Coordinadora A cabús reconoció que tiene a familiares en la nómina, pero justificó que ellos eran socios de las extintas Maxirutas, e incluso los primeros 60 trabajadores son los dueños de los camiones, entre ellos el hermano de Judith Radilla, “somos puros transportistas, nosotros no queremos que vengan personas de fuera a hacer nuestro trabajo”.
Indicó que ya reinstaló a los 54 choferes despedidos por la directora Silvia Zapata, porque se basó en el parámetro de título de concesión, “en un acto de apoyo a los choferes, no fue ni un show ni nada”.
Insistió en la destitución de Zapata López porque “atenta contra la fuente de trabajo de los empleados”. Dijo que siguen en la idea de plantarse hoy en la Casa Guerrero.
El pasado viernes, los socios mayoritarios del Acabús denunciaron que Zamora García montó un “teatro” con los supuestos choferes despedidos, porque la directora del OPD, Silva Zapata López, le redujo los gastos.
La ciudadana Gala Kattain Duchateau demandó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por permitir la construcción de un edificio junto a su casa a pesar de tener diversas irregularidades, como exceder el número de pisos, la construcción de ventanas hacia propiedad privada y no tener la suficiente separación entre la edificación y su propiedad, ubicada en el fraccionamiento Condesa en calle Punta Bruja, número 13,
La demandante explicó que ya presentó una demanda en contra del Ayuntamiento, aunque no precisó los detalles de la misma.
Kattain Duchateau mostró la licencia de construcción otorgada el 18 de diciembre de 2002 a José Domingo Zamora Arrioja, propietario del edificio en construcción, para recordarle que son ocho los departamentos divididos en cuatro niveles los que tiene permitido edificar, “y son ocho pisos los que están en construcción”.
Además, entregó copia de la constancia de uso de suelo del terreno donde se efectúan las obras, en el documento se constata que el coeficiente de ocupación del suelo era del 10 por ciento, y debía existir un 90 por ciento de área libre en planta baja, sin embargo. ésta ocupa el 15 por ciento.
El edificio en construcción tiene las ventanas hacia una cancha de tenis, también propiedad de la familia de Kattain Duchateau, además, la azotea de la edificación está pegada a la casa de la denunciante.
Mencionó que en agosto de 2003, el alcalde Alberto López Rosas efectuó un recorrido por el fraccionamiento junto al titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Juárez Soto, quien recomendó a la víctima hacer “una investigación a fondo de la situación de la obra, y si incurría en alguna irregularidad él la demolería”.
Kattain Duchateau previó para hoy una reunión con la secretaria general del Ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos. “Por parte de ella he visto buena voluntad, tengo esperanza, para tratar de solucionar esta situación”, pues ante las indiferencias de Juárez Soto ya no quiere tratar su problema con él, pues simplemente “no resuelve nada”. (Magdalena Cisneros).
