Daniel Velázquez
La representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, alertó del riesgo de que intencionalmente se omitan cifras de feminicidios en los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para simular la disminución de casos en el estado.
Reyna Aguilar estuvo ayer en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como invitada para cerrar el ciclo de actividades organizadas por esa institución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Ante unos 40 alumnos impartió la conferencia Organizaciones civiles de mujeres y la atención a las violencias contra las mujeres, donde informó que en las registros del go-bierno federal en el primer bimestre de 2023 en la entidad hay “cero” fe-minicidios, pero la realidad es otra.
Precisó que las cifras oficiales disponibles se publican con un mes de rezago y las disponibles hasta ayer solo corresponden a enero, las cuales muestran que a nivel nacional han ocurrido 68 feminicidios, pero en Guerrero ninguno. Homicidios dolosos en Guerrero van nueve, culposos seis, lesiones dolosas 136 y lesiones culposas 41. “Las que no se denuncian son más que las que se denuncian, veamos esta realidad de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes”, señaló.
En contraste, los registros de la Asociación son que en la entidad ocurrieron 11 muertes dolosas con presunción de feminicidio, de las cuales cuatro ocurrieron en Acapulco, una en Chilapa, una en Huitzuco, una en Ajuchitlán, dos en Buenavista, una en Taxco y una en Zihuatanejo. Los datos son por los registros en medios y por los familiares de las víctimas.
En febrero, el registro que tienen es que hubo 12 muertes dolosas con presunción de feminicidio: cuatro en Acapulco, una en Atoyac, una en Chilapa, una en Chilpancingo, cuatro en Iguala y una en Zihuatanejo. En lo que va de marzo han registrado tres, una en Acapulco, una en Chilpancingo y una en Zihuatanejo.
Consultada, al final de la conferencia sobre la diferencia de cifras entre el gobierno federal y el registro de la Asociación, Reyna Aguilar dijo que “no están haciendo estas diligencias de investigación con una perspectiva de género, bajo un protocolo de investigar todos los casos de muertes de mujeres con presunción de feminicidio”.
Agregó que hasta en los boletines de la Fiscalía General del Estado sobre muertes violentas de mujeres se dice que se va a investigar bajo el protocolo de feminicidio, “pero en realidad no lo están clasificando”.
“A la Fiscalía le conviene que no aparezcan feminicidios porque si hacemos una comparativa de cuantos hubo el año pasado y vemos las cifras actuales y va a la baja pero vemos que eso no es real”.
–¿Estas omisiones podrían ser intencionales para conseguir ese efecto visual en las estadísticas?
–Pueden ser intencionadas.
El papel de las asociaciones
Marina Reyna indicó que actualmente las asociaciones tienen mucha demanda pues familiares de víctimas de violencia o mujeres violentadas se acercan para solicitar información o pedir ayuda.
Expuso que el trabajo de las asociaciones civiles es vigilar el cumplimiento del programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar el problema de la violencia contra las mujeres, solicitar la declaratoria de violencia de género de acuerdo con la Ley 553 de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También para medir el impacto de las acciones de gobierno.
Una función de las asociaciones es ser acompañantes de las mujeres que denuncian violencia ante las instituciones encargadas de atenderla, porque cuando una mujer que sufre violencia y recurre a una instancia donde no es atendida en la forma correcta regresa al entorno de violencia del que buscaba salir y es posible que ya no busque ayuda otra vez porque el trato que recibió no fue el adecuado: “servimos como puente porque vinculamos estas instancias con las necesidades y verificamos y damos seguimiento que la atención sea la adecuada”.
El trabajo de las asociaciones tiene sustento legal, tanto en los tratados internacionales como en las leyes nacionales y estatales, explicó la conferencista.
Desde 2019 se empezó a disminuir el financiamiento de las asociaciones civiles por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) hasta desaparecer y ahora se mantienen con aportaciones de organizaciones internacionales.