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Déjame sentir tu corazón

 

La espera paciente de las niñas y los niños indígenas que habían llegado con sus mamás y papás desde lo más recóndito de la Montaña, para escuchar al presidente de la República, se tornó crítica con la entrada intempestiva de un amplio contingente de la CETEG que derribó la reja rosa de las nuevas instalaciones del CRIT.
El ambiente era abrumador, no sólo por el calor sino por los bloqueos que algunas organizaciones sociales, padres y madres de familia y estudiantes realizaron durante el día sábado. Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Ahuatepec Ejido iniciaron el bloqueo de la carretera Tlapa-Chilapa desde el martes 21. Arreciaron sus protestas tomando instituciones bancarias y tiendas departamentales. El viernes 24, funcionarios de la Secretaría de Educación, Igife y Cicaeg se comprometieron a dar cumplimiento a las minutas firmadas con anterioridad, relacionadas con recategorización y nombramientos de maestros, pago de adeudos, dotación de material didáctico y construcción de aulas.
En la mañana del sábado 25 varios contingentes del Frente Popular de la Montaña bloquearon cuatro de las cinco entradas a la ciudad de Tlapa. Llegaron de Yozondacua-Llano del Carmen, San Martín Yukuxaki, del municipio de Cochoapa el Grande, de San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, también de Atzompa del municipio de Metlatónoc, Llano Grande, municipio de Malinaltepec y de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.
Acudieron varias autoridades del municipio de Tlapa como Aquilpa, Zacualpan, Acatenco, Tlacuiloya, Atlamajac y de las colonias Filadelfia, Monte Josen, Nazaret, Tepeyac, El Dorado, Nueva Esperanza y San Isidro. La principal demanda que unifica y moviliza a los miembros del Frente es su exigencia de justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano. Han constatado que los jueces que atienden el caso se fijan más en minucias procedimentales para descartar pruebas y no dimensionan el contexto en que se enmarca este crimen, en la campaña de linchamientos y desprestigio que se urdió desde las esferas del poder municipal contra Arnulfo, tampoco valoran las amenazas de las que fue víctima cuando el Frente realizaba bloqueos de carreteras. No van al fondo para identificar los patrones de criminalidad contra los defensores y la complicidad que se da entre autoridades municipales y grupos de la delincuencia organizada.
Después de cuatro años del asesinato de Arnulfo, las comunidades indígenas lo reivindican como un defensor comunitario, un dirigente que encaró a las autoridades para que rindieran cuentas y cumplieran con los compromisos contraídos. Han planteado la construcción de caminos artesanales en las comunidades más alejadas de los municipios de la Montaña Alta, han demandado aulas, pavimentación de calles, rastrilleo de caminos, clínicas, proyectos básicos. Es decir lo mínimo para subsistir en las comunidades donde no hay obra pública, donde ya los presidentes impusieron que sólo una obra les toca por año. Ni eso se cumple. La lucha de las comunidades y organizaciones es por el piso básico de la vida, lamentablemente las autoridades municipales y estatales les siguen negando los recursos. Les imponen la política de austeridad a familias que a pesar de que trabajan duro en el campo, apenas tienen para comer tortilla con chile.
También en la víspera de la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estudiantes de la UPN de Tlapa bloquearon la entrada en dirección a Chilapa. Demandan la apertura de la universidad para que se normalicen las sesiones académicas dentro de sus instalaciones y se asegure su incorporación a las plataformas de la universidad. Las autoridades del estado atendieron sus demandas y se logró que se desbloqueara la entrada a la institución educativa para garantizar que este lunes inicien las sesiones académicas de manera presencial.
Con este telón de fondo marcado por los bloqueos, este domingo Tlapa amaneció en tensa calma. Por un lado, estaba la expectativa de la visita del presidente al CRIT, que es el primero que se construye en una región indígena y que además fue parte del acuerdo entre el patronato de la fundación Teletón con López Obrador. Atendieron con presteza su propuesta y en alrededor de ocho meses lo construyeron. Fue un gran logro y además un desafío porque ahora se trata de un CRIT que tiene que comprender la cultura y aprender la lengua de las familias indígenas de la Montaña. También asumir el compromiso de llegar a las casas de familias sumamente pobres, que no están en posibilidades de viajar cinco o más horas a la ciudad de Tlapa. Además algunos de sus niños y niñas no están en condiciones para viajar en camionetas de pasajeros de redilas y en caminos intrincados.
El CRIT tiene pensado realizar en una segunda etapa recorridos a estas comunidades en una brigada móvil que atienda a la niñez indígena más vulnerable en sus domicilios. Es una gran tarea que si logra concretarse se reducirá la brecha de la exclusión, la discriminación y la desigualdad sociales que por siglos han padecido las comunidades y pueblos indígenas de la Montaña.
En este ambiente cargado de grandes expectativas se dio la llegada de normalistas, maestros y maestras de la CETEG. Marcharon desde el Hospital General y llegaron a la esquina de la Preparatoria número 11 donde se encontraba la primera valla.
A pesar de algunos planteamientos y propuestas que hicieron llegar los funcionarios del gobierno del estado, no lograron persuadir al amplio contingente para que se desistiera de llegar a la entrada del CRIT. Su dirigente Héctor Torres planteó una reunión con el presidente de la República. Recordó la entrega de documentos solicitando que se atiendan sus principales demandas, pero no han tenido respuesta. Por eso valoraron que esta coyuntura era propicia para entregar de nueva cuenta al presidente esta solicitud de diálogo con el fin de que pueda atender sus demandas.
Al calor de la protesta y ante la obstrucción para que pudieran entrar a entregar sus documentos, los contingentes se abalanzaron contra las vallas y las pocas personas que trataban de impedir su paso. Al lograr el objetivo varios maestros y maestras arreciaron el paso para llegar a la reja del CRIT que estaba cerrada. Ya encarrerados forcejearon y tumbaron la reja nueva. Ya no hubo quien les impidiera el paso. El contingente de avanzada corrió con la finalidad de entrar al lugar donde se encontraban los niños y niñas con sus papás esperando al presidente. A gritos, varios maestros de la dirigencia estatal les pedían que no entraran donde sería el evento oficial. Acataron la orden y se colocaron en la entrada del CRIT, para esperar la llegada del presidente.
Los ánimos subieron de tono cuando se dieron cuenta de que las llaves de la camioneta que transportaba el sonido de la CETEG, alguien las había sacado, para que ya no avanzara su marcha. Por el megáfono, la voz de un maestro advirtió que si en 5 minutos no aparecían las llaves la situación se iba a complicar más. Nadie sabía quién las tenía. Entre los funcionarios del estado se preguntaban qué había pasado y quién las había sacado. No hubo respuesta. Al final aparecieron. Al interior de la carpa, una persona pidió a las mamás que no se movieran de sus lugares, que no iba a pasar nada. Hubo preocupación de los asistentes, ante la posibilidad de que algunos maestros o maestras decidieran entrar al lugar del evento, sin embargo, la instrucción ya la habían dado, de no ser motivo de perturbación.
Alrededor de las 2:20 de la tarde dio inicio la ceremonia de inauguración del CRIT. Fueron más de 3 horas de espera. A pesar de este largo tiempo, las niñas y niños que fueron invitados de honor, esperaron pacientemente el momento de la inauguración. Mostraron aplomo, fortaleza y un gran corazón. Llegaron para ocupar un lugar digno en la sociedad que los ignora, estuvieron presentes para sensibilizar a las autoridades locales, de que tienen obligación de atenderlos, que no pueden ser gobiernos que sigan reproduciendo la discriminación y la exclusión social.
En el presídium movieron las sillas para que subieran seis niñas y seis niños con sus mamás y ocuparan ellas los lugares. En ese momento se corrió la voz, que el presidente de la República no llegaría a inaugurar el CRIT. En su representación estuvo la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y por parte de la Fundación Teletón su presidente Fernando Landeros. “Traer vida, amor y esperanza a los niños y niñas de la Montaña es el sueño del CRIT. En esta región se junta el amor de un país con las necesidades más grandes de la Montaña de Guerrero. Se van a beneficiar mil 868 familias. Todos tendrán su beca de rehabilitación y se brindará la atención más cálida y amable con especialistas con gran calidad humana”.
Por su parte, la secretaria Ariadna recordó que hace cinco años el presidente de la República vino a Tlapa para iniciar la pensión para las personas con discapacidad. Tlapa es el ícono de esta nueva etapa de atender a las personas con discapacidad. Lo más importante es que se haya establecido como un derecho en la Constitución. Lo crucial es estar cerca de la gente. Y la meta es atender un millón y medio de personas en este 2023.
En esta conjunción de esfuerzos lo que se busca es que los niños y niñas indígenas de la Montaña sientan el abrazo del México que los quiere. Que sientan vibras positivas como se leía en la playera de una niña. Necesitamos sentir el corazón de las niñas y niños de la Montaña para ser más humanos y entender que su sueño más hermoso es sentir nuestro abrazo y nuestro cariño. A quienes nos gobiernan les falta mucho entender el mundo de las niñas y niños que sufren en la Montaña.

Al héroe desconocido

Genaro quería hablar conmigo, pero yo andaba en la Sierra. Cuando me llegó su recado luego pensé que era algo urgente y delicado. Pronto me organicé para el regreso. A él no le podía fallar porque era un amigo que se la jugaba por todo. Al verme, me abrazo muy fuerte. ¿cómo has estado Santiago?… pues así jodido como siempre. Mira te mandé traer porque andaré por acá y quiero que me acompañes. Voy a visitar varios pueblos y tú me vas a guiar. Me vas ayudar en mis traslados. Tú sabes que no puedo estar en un solo pueblo.
Lo primero que hice fue contarle a mi esposa. Me escuchó, pero no la sentí muy convencida. No me dijo nada y sólo levantó los hombros. Le expliqué que era mi primo, más bien mi hermano. Somos familia muy cercana y no me puedo negar. Me mandó traer porque sabe que yo no le puedo fallar. A quién más va acudir sino es con la familia. Quiere que yo le ayude a cambiarlo de pueblo en pueblo, porque el gobierno lo quiere agarrar.
Empezamos a caminar los cerros. Pensé que no iba aguantar, pero luego me di cuenta que tiene resistencia. No me llamó para que le enseñara a caminar, sino para tomar el camino más seguro y estar vigilante de la llegada de los guachos.
Empezamos a visitar los pueblos. Al principio no sabía lo que tenía que hacer para que no se fuera a topar con el gobierno. En lo que él platicaba con la gente, me dedicaba caminar por los cerros y las veredas. Quería estar seguro que nadie lo seguía. Era como el águila, veía a lo lejos y en el momento menos esperado tomaba el camino. Tuve que acostumbrarme a caminar de noche y dormir en el cerro. Genaro tenía mucha fibra porque nunca se cansaba.
Lo que nunca entendí fue la forma como establecía contactos con las comunidades que visitaría. Simplemente me decía “llévame al Carmen”. El sabía que lo llevaría por veredas seguras. Lo que temía es que en la comunidad no hubiera gente que lo recibiera. Era todo lo contrario. Ya tenían preparada la comida y el lugar donde se reunirían. Nunca decía en qué momentos saldría ni a qué lugar iría. Cada viaje aprendía algo nuevo de Genaro. Estaba bien informado de lo que pasaba en el estado y en México. Tenía algo extraordinario porque donde quiera tenía amigos que lo esperaban y contactos que le mandaban mensajes. Poco entendí cómo se relacionaba con tantas personas. Nunca dejé de admirarlo y a veces ni creía que fuera su amigo y que además hubiera confiado en mí para visitar los pueblos de la Montaña.
Tengo bien grabada en mi mente la tarde cuando caminábamos al Carmen. Ahí conocía varias veredas. Todas eran seguras. En esa ocasión iban varios compañeros. Siento que me fue mal. Yo venía adelante como guía y miré que Genaro venía atrás, Bracho más atrás y otros compañeros iban al último. De repente escuché a Genaro que dijo ¡bájate! ¡Tírate al suelo! ¡Listo con las armas! No entendí de qué se trataba. Lo que hice fue tirarme y quedar quieto. Todavía escuché decir a Genaro “hay pisada de guacho”. Todos quedamos puestos con las armas. Enseguida vi pasar de a tres, de a cuatro, de a dos los guachos por toda la carretera. Iban en el mismo sentido, y nosotros estábamos cerca. Estábamos listos con el M-1, con la metralleta. Nos dijo ya levántense, ya acabaron de pasar. Pasamos el río por el chivato. Me dijo que quería bañarse porque ya llevaba varios días que no tocaba el agua.
En el Carmen estuvo un tiempecito, luego me dijo ya no puedo estar aquí primo, cámbiame a Tlaxca. Ahora sí ya me preparé mejor. Me aseguré que no hubiera gente sospechosa en los caminos y escogí la vereda más difícil pero más segura. Siempre me preocupaba que no hubiera amigos que lo recibieran. Se las ingeniaba para enviar recados. Cuando llegamos ya estaba asegurado el lugar donde iba a llegar. Pasamos el río, pronto llegamos al pueblo. Vi que lo recibió familia mía que vive allá. A mí me tocaba organizar la salida. Teníamos que emprender el viaje sin que se diera cuenta la gente. Esa vez me dijo “primo, ahora sí me quedo con los muchachos”. Luego llegaron las autoridades. Ahí lo recibió casi todo el pueblo, fue una bienvenida que no se me olvida, porque la gente se sentía honrada por su visita. Tenían mucha fe en él.
Para burlar los cercos del Ejército, Genaro me comisionaba para que me encargara de llevar los alimentos. Las tortillas no podían faltar, por eso dejaba mi guardia para bajar a los pueblos cercanos que en todo momento nos apoyaban. En la región siempre salí bien librado y entregué buenas cuentas, porque a Genaro nunca lo ubicaron los del gobierno. Llegaban a los pueblos para hacer maldad, porque se sentían burlados y nunca encontraron la forma de tenderle una trampa.
Me siento muy orgulloso de haber sido un compañero de Genaro, de caminar muchas horas por todos estos cerros de la Costa Montaña. Fueron muchas noches en vela, siempre en las cimas vigilando a los del gobierno.
Mi vida fue triste, porque nunca tuve un beneficio, al contrario, siempre anduve luchando para que saliéramos de pobres. Me siento satisfecho porque sé que luché por la liberación del pueblo al lado de mi comandante Genaro Vázquez.
Ahora estoy aquí en mi humilde casita, sufriendo porque no tengo quien me ayude. Casi todos mis compañeros ya murieron. De los que anduvimos en esta región creo que nada más yo quedé. Varias personas cuentan que Genaro vive, yo también digo que vive. Tenía muchas vidas. Dicen que se convertía en tigre, por eso los guachos tenían miedo de subir a la Montaña. Tenía un gran nahual porque cuando había peligro se podía convertir en algún animal. Esto mismo lo comentó la esposa de un soldado. Estaba en una casa horneando pan, mientras esperaban que se cociera la señora comentó “me da miedo que mi marido suba a buscar a ese hombre, porque es muy peligroso y dicen que se que se vuelve animal, pájaro”.
Como ciudadano siento que también cumplí con mi pueblo. La preparatoria de San Luis, que ahora lleva el nombre de Genaro, fue promovida cuando era comisariado de bienes ejidales. Al principio eran como 15 alumnos. La gente todavía no le daba importancia al estudio, sin embargo, ahora hay cientos de alumnos y eso me da mucho gusto. También puedo decir que me tocó donar el terreno para la cancha deportiva, es un lugar donde ahora van muchos jóvenes a jugar y a divertirse sanamente.
Las comunidades indígenas de San Luis Acatlán quisieron mucho a Genaro, no tanto porque era como los políticos, que cuando quieren un hueso ahí andan regalando cubetas. La gente estaba con él por su ideales, por su lucha. Siempre lo querían escuchar porque le decía sus verdades al gobierno y también porque se enfrentaba a los ricos de San Luis, a los acaparadores de terreno. Les decía que eran unos caciques explotadores. Por eso los ricos y los políticos no lo querían, más bien, trataban de que el Ejército lo matara. Sabían que Genaro no se vendía y que estaba dispuesto a pelear con el gobierno para que hubiera justicia para el pobre.
A mí me gustó mucho cuando me dijo “quiero luchar por esto hermano”. Eso fue lo que me hizo llegar a él y a perder el amor a mis hijos, a mi vida, porque yo podía regresar vivo o muerto. Y aquí estoy todavía. Recuerdo una pregunta que me hizo Genaro, bueno primo ¿Si te agarran los guachos o te agarran los judiciales, vas a cantar? Le dije, primo yo no sé cantar ni corrido, así que no puedo cantar. Te voy a decir de una vez, si yo me rajo de que fulano o zutano andaban en la lucha, como quiera me van a matar y si no digo nada, también me van a matar. Mejor que me maten y no digo nada. No sé de aquí no me van a sacar, yo no sé lo que me pregunta usted primo. Me van a quebrar mis brazos o mis pies, pero yo no sé nada. Morir como un héroe ¡hijo de la chingada!
Por eso le digo que ser guerrillero es una vida muy difícil, muy sufridora. Pero todo tiene su recompensa, porque luchas no por cosas materiales ni para beneficio personal, luchas por ideales. Eso a pocos les interesa, sobre todo a los políticos, porque ellos todo lo quieren para sus bolsillos y su barriga.
Vivir en el cerro es también una experiencia única, hay que saber caminar. Todo tiene su chiste o su arte. A Genaro no había quien le ganara caminando. Nunca lo vi que se cansara. Siempre me decía ¿vas a subir conmigo primo el cerro? Le contestaba vamos a subir y ya de aquí me voy a tirar. Yo estaba muy cansado por la mochila, y él como si nada con el M1 aquí atravesada.
Un último recuerdo es cuando me mandaron a traer una caja. No sabía de qué se trataba. Me dijeron te van a entregar una caja no recuerdo el nombre del señor. Era de Jolotichán. Me dijo “hay te subes a la camioneta. En Jolotichán te bajas a la orilla del pueblo. Agarras la vereda ya conoces. Traía la caja pesada, iba caminando, cuando de repente vi ¡hijo de la chingada! Estaba todo el Ejército, estaban con las armas parando. Dije ahora no sé ni lo que traigo, pensé en dejar la caja y correr, pero más que sería peor y luego me reclamarían, ¿por qué corriste?. Me decidí a pasar, si me dicen ¡párate!, pues ya ni modo. Me pasé y ya cuando bajé yo aquí, porque pase por aquí (por San Luis) llegué al Carmen y le conté. Me dijo mira lo que traes cabrón, un montón de parque, una pistola, una metralleta chiquita. Ve lo que traes, si me agarran los guachos ahí se acabó Santiago Vázquez Rosas, el héroe desconocido.

 

Contra el despojo y el asedio

Comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero enfrentan un grave problema: el asedio de los grupos de la delincuencia organizada a sus territorios. En este año varias autoridades comunitarias han compartido esta preocupación en reuniones regionales y al interior de las comunidades ha sido un tema recurrente. Han comprendido que su entrada implicaría dejar en sus manos el control de sus bienes naturales y quedarían supeditados a los intereses macroeconómicos de agentes externos.
La amenaza parece inminente no sólo por la violencia que se está dando en las cabeceras municipales, sino porque empiezan a controlar rutas que utilizan para el trasiego de drogas. Lo más grave que han constatado es que en algunas localidades el consumo de drogas como el fentanilo y el cristal, se ha normalizado entre los jóvenes.
Esta situación no es atendida como un asunto prioritario por los tres niveles de gobierno, más bien han dejado que el mercado de la droga se expanda en las principales ciudades del estado y en las regiones donde los jóvenes no tienen trabajo ni cuentan con estudios de bachillerato.
Después de varios episodios de violencia en las comunidades indígenas de la Costa-Montaña, varias autoridades locales empezaron a analizar en sus asambleas las graves consecuencias que está generando la presencia del crimen organizado, que está causando terror en la región. El feminicidio de la joven Maricruz García Margarito consumado en marzo de 2023, en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, conmocionó a la población y evidenció el patrón de criminalidad que están aplicando sin distinción alguna.
El corredor de Azoyú, pasando por Cuanacaxtitlán hasta San Luis Acatlán dejó de ser una vía tranquila para los pobladores. Con el tiempo se ha transformado en una ruta peligrosa. No todos lo saben pero varios lugareños se dan cuenta por el paso constante de motocicletas manejadas por jóvenes de la región que son contratados por el crimen para distribuir el fentanilo y el cristal. En las comunidades de San Luis Acatlán, Iliatenco, San José Vista Hermosa, Santa Cruz del Rincón y Tierra Colorada ya existe una importante demanda sobre todo en la población joven. Se trata de dos cabeceras municipales que no representaban un lugar estratégico para estos negocios, sin embargo, la disputa territorial que se está dando entre los grupos rivales en las principales ciudades, sobre todo en Acapulco, se está extendiendo a cabeceras municipales pequeñas, que son un terreno fértil para inducir a los jóvenes al consumo de drogas, que provienen de comunidades indígenas y que acuden a la secundaria.
La entrada silenciosa de las drogas está causando estragos al interior de las comunidades. Se han suscitado varios asesinatos en las cabeceras municipales y hay varios casos de personas desaparecidas. A pesar de que las autoridades municipales tienen conocimiento de esta situación, se mantienen al margen, bajan la guardia y optan por establecer alianzas con los delincuentes a cambio de protección.
En enero de 2023, al parecer un grupo delincuencial emboscó a elementos de la Guardia Nacional que patrullaban el camino que va a la comunidad de Cerro Tejón, municipio de Iliatenco. En esta refriega un elemento resultó herido y posteriormente murió en el centro de salud del municipio. Se dio otro enfrentamiento, pero ahora con policías municipales en Cerro Cuate. En otro hecho de violencia un herrero fue asesinado en el centro de la cabecera municipal. El reclamo de la población no se hizo esperar. Exigieron al presidente municipal que tomara cartas en el asunto. En una asamblea general los habitantes de Iliatenco solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. Para que su petición fuera tomada en serio, manifestaron que como núcleo agrario estaban dispuestos a donar un terreno para asegurar la presencia de la Guardia Nacional. En la región hubo cuestionamientos a lo que plantearon los habitantes de Iliatenco. Varias autoridades agrarias comentaron que la presencia de la Guardia Nacional no era garantía de que se abatiría la violencia, por el contrario, representaría un riesgo para la población que se organiza para defender su territorio. Tienen muy presente que en otros años, el Ejército entró a las comunidades, detuvo a jefes de familia, torturó y asesinó a varias personas, como sucedió en la comunidad de Tlaxcalixtlahuaca en 1977. En esos años, en lugar de tranquilidad la gente vivía atemorizada por estas tropelías cometidas por el Ejército y que hasta la fecha no se castiga a los responsables.
Lo que sucedió hace algunos meses en los núcleos agrarios de Pascala del Oro, Totomixtlahuaca y Mexcaltepec: entró un grupo de hombres armados a sus territorios, fue una provocación. La gente optó por no enfrentarlos, porque podía encenderse la mecha. En Tenamazapa miembros del crimen organizado se han apostado en las pequeñas tiendas para ordenar que suspendan sus compras y que ahora serán ellos los que surtirán de refrescos, pollos y bebidas alcohólicas.
En San Miguel del Progreso, Colombia de Guadalupe, Mesón de Ixtlahuac también llegó gente armada para cobrar una cuota por la construcción de la carretera artesanal. Estas incursiones que están realizando grupos de la delincuencia en municipios y comunidades de la Costa Montaña, donde opera la Policía Comunitaria, desencadenará un problema mayor si las autoridades federales no intervienen.
La inacción de las autoridades encargadas de la seguridad pública ha dejado crecer a las organizaciones delincuenciales en las siete regiones del estado. Hasta el momento no se ha implementado una estrategia orientada a desmontar la estructura delincuencial que persiste en un gran número de municipios, vemos más bien un efecto contrario, las autoridades municipales se han supeditado a los dictados de los jefes de las plazas, dejando a la población totalmente inerme.
Ante el asedio de los grupos de la delincuencia organizada en las comunidades indígenas y afromexicanas de la Costa Montaña, sigue latente la amenaza de las empresas mineras, que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguen vigentes porque no canceló las concesiones autorizadas en sexenios anteriores. Actualmente existen 14 concesiones mineras en la Montaña y 15 en la Costa Chica, que abarcan 800 mil hectáreas. Es una superficie que abarca municipios importantes y que forman parte de las reservas boscosas y acuíferas de la Montaña.
La postura del presidente de la República para los emporios mineros es un resquicio clave que les permitirá seguir explotando el mineral a costa de la destrucción del hábitat. Se sienten respaldados al no cancelarse las concesiones, por eso en la última convención minera que realizaron en Acapulco, plantearon abiertamente la reactivación de la exploración minera.
Esa noche del 24 de octubre el Otis hizo sentir su furia ante tanta devastación ecológica que se ha causado en las costas y serranías de Guerrero.
Ante estas amenazas los pueblos de la Montaña y la Costa Chica se han organizado para proteger sus territorios. A través del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) han conformado un espacio propio para compartir lo que pasa dentro de sus territorios e implementar acciones eficaces que fortalezcan internamente sus mecanismos de defensa y cuidado de sus bienes naturales. Han elaborado sus estatutos comunales como parte de sus leyes comunitarias que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que reconocer y respetar. Como Craadet se han declarado como territorios libres de minería y han solicitado a los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec e Iliatenco que sus cabildos también asuman el compromiso de los pueblos de declarar a sus municipios libre de minería. Sus esfuerzos lograron que el cabildo de San Luis Acatlán firmara una acta donde se comprometen a que durante su administración se negarán permisos y viabilidad de prospección, exploración y explotación de actividades mineras. Además de no otorgar el permiso para el cambio de uso de suelo. Para que este acuerdo surta los efectos deseados es necesario que se notifique al Congreso del Estado y se publique en el periódico oficial del estado.
El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos se construye desde la base comunitaria, protegiendo su territorio y elaborando leyes forjadas en las asambleas para hacer frente a las amenazas del modelo extractivista minero.
Las amenazas a los territorios comunitarios no sólo provienen de las empresas extractivistas que se han asentado en la parte norte del estado y que siguen poniendo en la mira los territorios de la Montaña y la Costa Chica, lo más peligroso es la proliferación de grupos del crimen organizado que tienen el camino libre para desplazarse e incursionar en comunidades para imponer su ley.
A pesar de sus acciones violentas que han atentado contra la vida de muchas personas no hay autoridad que proceda penalmente contra los responsables, ni la fuerza del Estado que haga valer la ley y que someta a los que delinquen. La ausencia de las autoridades del estado en las regiones ha cedido el espacio a las fuerzas del crimen organizado que se han posicionado territorialmente y se han erigido como el poder real en Guerrero. En los 81 municipios las autoridades municipales han sucumbido ante los jefes de las plazas.
Es preocupante que en los municipios pobres y marginados también padezcan el flagelo del consumo de drogas con los jóvenes que con muchas dificultades logran estudiar la secundaria y el bachillerato. Es inadmisible que en estos lugares abandonados llegue con suma facilidad el fentanilo y el cristal, y que de parte de las autoridades no tengan disposición para proporcionar alimentos y abatir la desnutrición, tampoco hay voluntad para enviar materiales didácticos que incentiven en los niños y jóvenes el gusto por las ciencias y las artes.
Los pueblos de Guerrero nunca han bajado la guardia ante las amenazas de los enemigos, siempre han dado la batalla en condiciones adversas. Ante la inacción de las autoridades implementan acciones comunitarias que protegen sus territorios y salvaguardan sus derechos. La Policía Comunitaria es el sistema que vela por la seguridad de la gente y está atenta a lo que determine la asamblea, para hacer frente a las amenazas que se ciernen contra los pueblos. La Craadet seguirá también vigilante ante las acechanzas de las empresas extractivistas para activar sus protocolos de seguridad territorial.

Sobrevivir en el paraíso perdido

 

La lucha por el agua en el puerto de Acapulco es la demanda generalizada de la población. Este problema añejo colapsó con el huracán. Repartir agua y despensas está muy lejos de satisfacer la sed y el hambre que padecen miles de familias. No solo hay que consumir lo necesario para mitigar la sed, también hay que preparar la comida y usarla para la higiene personal. En la mayoría de casas los tinacos rotoplás volaron. En las casas no tienen dónde almacenar agua. Una bomba purificadora que puso el Ejército, en la zona de hospitales, es apenas una gota ante la demanda generalizada de la población que camina muchos kilómetros para conseguir un garrafón o algunas botellas de agua. Todo es en vano porque no hay nada en las pequeñas misceláneas mucho menos en las tiendas departamentales.
La gente nota que el servicio de luz está focalizado en las zonas ricas como Las Brisas, en la mayoría de colonias pobres siguen en tinieblas. En el zócalo tampoco hay luz. Ante el temor de que la situación se desborde por la desesperación de mucha gente que no encuentra comida, ni agua, varias colonias aledañas a los barrios históricos se están organizando para colocar barricadas y asignar guardias durante la noche. Los vecinos de las colonias Hogar Moderno, Ejido, la Progreso y la Sinaí, se han reunido para cerrar sus calles con ramas y láminas que volaron de sus techos. Han prendido fogatas para alertar a propios y extraños que están vigilantes. Son fuertes los rumores de que hay robos en las casas, aunque no se tienen reportes precisos. El temor que circunda por las noches es propicio para que estas versiones cobren fuerza. Los vecinos dejan en claro que su defensa es por su sobrevivencia y su seguridad.
La acumulación de basura en las calles es un problema que ha desbordado a las autoridades locales. Las acciones del gobierno municipal son diminutas y dispersas. No hay brigadas de camiones que se dediquen a levantar los cerros de basura que se han transformado en focos de infección. Es uno de los servicios más descuidado porque no hay suficientes vehículos ni equipo para hacer las maniobras. Los trabajadores sufren el maltrato de sus jefes y se tienen que conformar con pagos raquíticos. ¿Cómo asegurar que los centenares de toneladas de basura no generen mayores problemas de contaminación en los mantos freáticos?
Ante la escasez de alimentos muchas familias se forman por varias horas para conseguir gasolina. Emprenden su peregrinar a Chilpancingo en busca de productos de primera necesidad. La población local empieza a resentir su llegada porque temen que haya desabasto. La población que se ubica en la salida hacia la Costa Chica se desplaza a San Marcos para surtirse de lo más indispensable. Las que más están padeciendo los estragos del hambre son las comunidades rurales que se encuentran en la rivera del Papagayo. En estos rumbos el abandono de las autoridades es ancestral, a pesar de que en su territorio se encuentran las afluentes de agua que surten las zonas hoteleras de Acapulco. La totalidad de comunidades que pertenecen al núcleo comunal de Cacahuatepec están incomunicadas. Sus terrenos inundados y todo su entorno destruido. Las familias pobres que sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca han perdido todo: sus siembras, sus huertas, sus redes y sus lanchas. No sabemos si llegaron a esos lugares intransitables los servidores de la nación. Falta que tampoco aparezcan en el censo de las familias damnificadas.
Hay testimonios de que la gente sale a la carretera para pedir víveres y agua. Las familias sobreviven en la precariedad. No tienen ingresos seguros y muchos jefes de familia van en busca de trabajo al puerto de Acapulco. La agricultura es de autoconsumo y la pesca es también una actividad para irla pasando. Los jóvenes no tienen posibilidades de estudiar en las universidades, prefieren migrar para trabajar en los hoteles o se aventuran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Son muchas las localidades que están aisladas y que hasta la fecha no les han enviado alguna ayuda. Tienen que caminar varias horas para llegar a la carretera federal. Es más complicada la situación de las comunidades que están del otro lado del río. Nadie escucha sus gritos de auxilio ni encuentra forma de hacer llegar su reclamo a las autoridades. Los dueños del agua como la comunidad de Salsipuedes no tienen agua para consumo humano. La arena, la grava y el agua está en manos de empresarios gravilleros y hoteleros, que sobre explotan a los campesinos que se ven obligados a trabajar jornadas extenuantes extrayendo su propia riqueza natural.
Las 82 comunidades rurales de San Marcos también están en una situación grave porque no tienen forma de llegar a la cabecera municipal y están totalmente incomunicados. No tienen luz y los alimentos se están agotando. Sobreviven de lo que cosecharon la temporada pasada. La mayoría camina varias horas para surtirse de lo poco que queda en la cabecera municipal. Muchas familias viven a la intemperie porque no tienen forma de techar sus casas porque no cuentan con laminas o tejas. No está dentro de sus posibilidades cimbrar, comprar acero y ponerle cemento a su techo. No se sabe cómo están enfrentando los estragos del huracán. Resisten como por siglos han aprendido, a sobrevivir con lo que la madre naturaleza les pródiga.
En la región de Ayutla y la Montaña Alta los vientos fueron fatales porque tumbaron todas las milpas. Muchos árboles grandes no resistieron el embate de Otis. No habrá cosecha en esta navidad. Con la fiesta de los difuntos la gente tendrá que endeudarse más porque ni siquiera el maíz nuevo lo podrán cosechar, para hacer sus atoles y elaborar los xatos, que son los panes que son hechos con maíz nuevo. Los tamales serán un producto caro porque tendrán que comprar maíz y hasta las mismas hojas de la milpa. Las flores y las frutas son bienes suntuosos pero que son indispensables para las ofrendas de los difuntos. Las velas y los cohetes forman parte del ritual que sirven para anunciar su llegada e iluminar su camino. Cada vela representa un difunto y por lo mismo, en las ofrendas tiene que servirse la misma cantidad de platos con comida, tazas de café, panes, refrescos, cervezas, mezcal y aguardiente.
El huracán no solo profundizará el hambre sino que traerá enfermedades y más problemas entre las familias y las comunidades. Son los temores que persisten en las personas mayores, por eso los sabios y las sabias ya iniciaron sus rezos en las cimas de los cerros. Tienen que preparar el encuentro con sus familiares difuntos. Piden perdón a las potencias sagradas porque saben que el viento, la lluvia y las nubes están enojadas. La mejor manera de congraciarse con ellas es rezar y presentar la ofrenda. Les solicitan que alejen todos los males y que la estancia de sus familiares transcurra en calma. Para que la plegaria surte efectos, la ofrenda debe ser copiosa, como muestra de su agradecimiento y de su fe inquebrantable en sus ancestros.
La preocupación de las familias de Acapulco y los pueblos de las Costas y la Montaña es cómo hacer frente al grave problema del hambre. En estas condiciones adversas es imposible que recuperen lo perdido y que en el corto plazo tengan opciones para solventar sus necesidades apremiantes. Las tierras están anegadas, las milpas trozadas y los jilotes sin granos de maíz. No hay nada que cosechar, ni el rastrojo porque está podrido. Sin maíz no hay posibilidades de poner de pie a la gente del puerto y a las comunidades rurales.
En Acapulco la gente tiene que concentrar sus energías en la reconstrucción de sus viviendas y los empresarios en la reparación de la infraestructura hotelera. Los desafíos para las autoridades son enormes, porque se requiere una inversión muy alta para sacar del fango en que se encuentra la población de Acapulco y al mismo tiempo, tienen que atender las comunidades rurales que están en total desamparo. Los servicios básicos como la luz, el agua, el drenaje urgen rehabilitarlos. Las familias requieren apoyos para la reparación de sus techos y el reforzamiento de sus viviendas. No puede faltar la dieta básica en los hogares, se tiene que garantizar el consumo suficiente de tortillas, frijoles, chiles y huevos. También hay que aprovechar toda la riqueza marítima para alimentar a una población que requiere de muchas proteínas.
Urge buscar a las personas desaparecidas y rescatar los cuerpos que siguen enterrados, las familias requieren el apoyo efectivo para que se atiendan con presteza estas búsquedas y se logre la identificación de las personas fallecidas. Esta tarea debe realizarse con sumo respeto para no hacer más cruento el sufrimiento de sus familiares. La presencia de los titulares de las dependencias federales, de la gobernadora y todo su gabinete debe traducirse en acciones contundentes que reviertan los problemas del agua, el desabasto de alimentos, la inhabilitación de sus viviendas, la carencia de bienes muebles, la falta de utensilios para la cocina, la perdida de tinacos y tanques de gas. Son paquetes básicos que se requieren para que las familias emprendan el camino de la recuperación y la confianza de que es posible ponerse de pie. Para ello es imprescindible el concurso de todas las instancias de gobierno, pero también de la sociedad civil, que en momentos de emergencia ha sabido solidarizarse y responder con eficacia a las demandas más sentidas de la población. Su presencia da confianza a la gente pobre que no se siente atendida por las autoridades y más bien es víctima de la discriminación, el despotismo y la exclusión de quienes ostentan algún cargo público. La lucha diaria de la gente para revertir esta realidad que trunca su porvenir es la fuerza que logrará sacar del fango el paraíso perdido.

Recorre las calles de Tlapa en hombros el Señor del Nicho, seguido en procesión por miles de feligreses

El tapete de aserrín ubicado en la calle Mina, con un mapa de Guerrero en tono rojo y una cruz, para recordar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlapa

La imagen del Señor del Nicho, cargado en hombros, recorrió las calles con miles de feligreses sobre tapetes de aserrín que pedían paz, amor, justicia y verdad.
Con este recorrido, el 23 de octubre, concluye la festividad anual del Cristo crucificado encontrado en un túnel de la catedral de San Agustín.
El adorno de las calles con aserrín y otros materiales que forman un tapete monumental a lo largo de las calles Fonseca, Matamoros, Mina, Guerrero y Añorve para regresar a la catedral se formó de imágenes de Jesús, de vírgenes, palomas, cruces, flores, corazones.
El contenido de los tapetes alude a la fe cristiana, en su mayoría, pidiendo o agradeciendo bendiciones o rezar por la paz.
Otros, como parte de la tradición y con un contenido social, son los que plasmó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, frente a sus instalaciones, donde pasa la procesión: “Señor del Nicho ayúdanos a vencer la mentira contra los 43”, que se acompañó con una cruz y manos.
En esa misma calle, una cuadra adelante, frente a la casa del director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, se leía: “Señor del Nicho, Guerrero clama justicia, paz y verdad”.
La imagen del Señor del Nicho salió acompañada de los obispos de la catedral, pero éstos abandonaron el recorrido apenas unas cuadras adelante, sobre la calle Abasolo, metiéndose por los callejones del mercado.
La procesión dura más de cuatro horas, porque la mayoría de feligreses espera ver pasar la imagen y agregarse; en tanto, otras personas van llegando a la iglesia. Salió a las 3 y entró un poco más de las 6 de la tarde, para que los feligreses lo vieran de cerca y se lleven el algodón con el que limpian al Señor, que guardarán como reliquia o para usarlo en alguna enfermedad, antes de regresarlo a su nicho, en medio de repique de campanas.
Durante su paso por las calles hubo cantos, aplausos y rezos en cada estación, rezando el Padre Nuestro, contrario a años pasados, cuando se le daba un nombre al recorrido, al igual que a cada una de las ocho estaciones en que hace un alto la imagen y se abordaban temas como cuidar la tierra, atender la violencia, darle entendimiento a las autoridades, entre otros. Careció de esa esencia social sobre algunos temas cotidianos.
Así con la procesión del 23 de octubre culminó el paso de organizaciones, organizaciones de panaderos, taxistas, vendedores de agua en pipas, músicos, motociclistas, comerciantes, profesores, albañiles, transportistas y tortilleros y otro gremios, quienes acudieron en procesión a la iglesia a llevar ofrendas de coronas, flores con arreglos en colores amarillo y morado.
También participaron agrupaciones religiosas como la de la Carrera Guadalupana, Emaus, Encuentros Conyugales; hubo representantes de colonias como Loma Bonita, Caltitlán, San Francisco; de migrantes, de comunidades como Ocotequila, municipio de Copanatoyac, que marca para ellos el inicio del Día de Muertos.
Durante la festividad hay quema de pirotecnia, con castillos y toritos, así como diversas danzas; algunas familias ofrecen pozole, mole, tamales, atoles y café.

Entre el desamparo y la denostación

En Guerrero, para los luchadores y luchadoras sociales, el mes de octubre es funesto. Conmemoramos fechas trágicas por las pérdidas de vidas humanas de hombres y mujeres que dieron la batalla para defender los derechos del pueblo.
En la tarde del 19 en octubre de 2013, Rocío Mesino supervisaba en Mexcaltepec la reparación de un puente dañado por las tormentas Ingrid y Manuel. De manera sorpresiva llegaron dos personas desconocidas en un vehículo. Uno de ellos se acercó a Rocío para distraerla, preguntándole cómo cruzar el río. En ese instante el otro individuo accionó un rifle AK-47, disparándole en varias ocasiones. Al caer en el suelo, el homicida volvió a disparar contra el cuerpo inerme de Rocío. Norma, hermana de Rocío, pidió el apoyo de las autoridades estatales y a la base militar de La Cumbre, sin embargo, todo fue en vano porque no hubo respuesta efectiva de quienes velan por la seguridad pública.
Rocío formaba parte de la familia Mesino, que ha padecido la persecución de los gobiernos caciquiles al catalogarlos como miembros de la guerrilla. Varios de sus tíos fueron desaparecidos en la década de 1970. En su lucha por la justicia y contra el mal gobierno impulsaron la fundación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). En junio de 1995 la policía estatal atacó a campesinos de la OCSS y ejecutó a 17 de ellos en el vado de Aguas Blancas.
Hilario Mesino Acosta, padre de Rocío, fue encarcelado en 1996 señalado como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR). A los ocho meses fue liberado. Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío, fue preso político y en septiembre de 2005 fue asesinado en Atoyac. En varias ocasiones, Rocío fue víctima de amenazas y agresiones violentas. Este 19 de octubre se cumplieron 10 años del artero asesinato de Rocío Mesino y hasta la fecha no existen avances en las pesquisas.
El sábado 14 de octubre de 2017, cerca del crucero de Nejapa, municipio de Chilapa, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio, de 94 años de edad, y su ahijado Antonio Pineda fueron asesinados cuando salían de su pueblo natal, Ahuacuotzingo. Antes, Ranferi había pasado a su parcela para cortar algunas calabazas con el fin de prepararlas para la fiesta del Día de Muertos. Los familiares al enterarse del asesinato de las cuatro personas se trasladaron al lugar, donde encontraron el vehículo calcinado. Los cuatro cuerpos estaban totalmente calcinados. Al lugar llegaron policías municipales de Chilapa y la policía ministerial, así como peritos de la Fiscalía General del Estado que habían acordonado la zona, tratando de sofocar el fuego. Constataron que un cuerpo calcinado se encontraba en el asiento de atrás, los otros tres cuerpos estaban apilados dentro de la cajuela. Fue un crimen que a seis años no presenta avances sustanciales en la investigación. Hay un reclamo de sus hijas por la indolencia de las autoridades y la permisividad para cometer estos crímenes atroces, sin que se dé con los responsables materiales e intelectuales de estos cuatro homicidios.
Ranferi fue un reconocido luchador social que formó parte del movimiento social de izquierda. Promovió la conformación del Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN). En 1996 fue desaforado como diputado local por supuestamente pertenecer al EPR. Ranferi, junto con Rocío Mesino, abanderaron la lucha para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los 17 campesinos de la OCSS. Denunció las tropelías del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y encaró al gobernador interino Ángel Aguirre Rivero. Se exilió con su familia en Francia, por los fundados temores de que las amenazas de muerte se cumplieran.
Ranferi fue fundador y ex dirigente del PRD en Guerrero. Impulsó el movimiento democrático independiente, conformado por organizaciones populares en los años de 1990. Su lucha incansable lo colocó en la mira de sus enemigos políticos y fue blanco de ataque de los grupos del crimen organizado. A pesar de las amenazas recibidas, persistió en la lucha dentro de un territorio controlado por las bandas delincuenciales.
El 11 de octubre de 2019, alrededor de las 20 horas Arnulfo Cerón Soriano fue desaparecido cuando se dirigía en su vehículo a su centro de alcohólicos anónimos, donde regularmente participaba en las sesiones nocturnas. Nunca llegó a su destino. En la madrugada, su hijo mayor, al cerciorarse que no había regresado a casa, llamó a sus compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) para preguntar si habían establecido comunicación con él. De inmediato se organizaron para buscarlo. Sólo encontraron la camioneta que manejaba. Ante la incertidumbre de su paradero sus compañeros del frente instalaron retenes en las principales entradas de la ciudad, para exigir la presentación con vida de Arnulfo.
Sus familiares interpusieron la denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Chilpancingo. La desaparición de Arnulfo tuvo un impacto nacional e internacional, al grado que la oficina de la ONU en México solicitó al gobernador del estado que brindara la atención debida al caso de Arnulfo. El 20 de noviembre del 2019, después de dos días de arduo trabajo y con el uso de maquinaria pesada, se encontró el cuerpo del defensor en una fosa clandestina, a más de tres metros de profundidad en el paraje conocido como Los Tres Postes, ubicado en la periferia de Tlapa.
Arnulfo fue un defensor comunitario que se incorporó al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para solidarizarse con las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Junto con Antonio Vivar impulsaron la conformación de un Concejo Municipal, con la participación de las comunidades indígenas de Tlapa. Tomaron el ayuntamiento por siete meses, y el 1 de junio de 2015, varios compañeros del frente fueron desalojados del corredor del Ayuntamiento, por parte de taxistas que fueron armados con palos y machetes, azuzados por líderes de los particos políticos como PT, PRI y Verde Ecologista. A pesar de esta cruenta represión, donde fue asesinado el joven universitario Antonio Vivar Díaz, en plena jornada electoral, Arnulfo se mantuvo firme en la lucha. Se incorporó al Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), para exigir la libertad de los campesinos del CECOP acusados de homicidio en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco.
Impulsó la creación del Frente Popular de la Montaña, que se convirtió en un movimiento de comunidades indígenas que emplazó a las autoridades municipales para rendir cuentas y exigir la construcción de obra,s que fueron acordadas previamente con el presidente municipal saliente. En 2018, con la llegada del nuevo presidente municipal de Morena, se agudizó el conflicto ante la cerrazón del licenciado Dionicio Merced Pichardo, para atender la construcción de las obras pendientes. El liderazgo de Arnulfo Cerón incomodó a las nuevas autoridades, iniciando una campaña de desprestigio por su labor como defensor. Esta confrontación pública colocó a Arnulfo en el blanco de ataque no sólo de las autoridades municipales, sino de la delincuencia organizada. Su denuncia pública y los bloqueos carreteros incrementaron las amenazas de muerte. Él mismo las denunció, sin embargo, las autoridades trivializaron sus señalamientos. La amenaza se cumplió el 11 de octubre de hace seis años.
Apenas hace unos días, el martes 17 de octubre, fue acribillado a balazos el dirigente social Bruno Plácido Valerio, en la entrada de las oficinas de la Secretaría de Salud, junto con su chofer Abad Ruiz García. Bruno Plácido fue un joven indígena que desde pequeño luchó contra el racismo y la discriminación que padecen los indígenas na savi y me’phaa en el municipio de Ayutla. Fue fundador de la policía comunitaria y uno de los principales estrategas de la seguridad construida con la participación de las comunidades y el involucramiento de los comisarios en el diseño de un sistema de justicia y seguridad.
Bruno tuvo la gran virtud de impulsar la organización de las comunidades, de no temer a los caciques y patrones, de confrontar a los ministerios públicos y jueces que se coluden con las organizaciones criminales. Levantó a los pueblos de Costa Chica y logró desmantelar a grupos del crimen organizado. Su pragmatismo lo colocó en disyuntivas sumamente peligrosas, que generó cuestionamientos y reclamos ante los excesos de algunos grupos de la UPOEG, que actuaron por su cuenta en contubernio con el crimen organizado.
Su enfermedad debilitó su liderazgo y perdió el mando de la UPOEG. A pesar de los riesgos que corría y de la falta de protección del gobierno morenista de Evelyn Salgado, Bruno Plácido continuó acompañando a las autoridades comunitarias para abrir puertas de las instituciones públicas y hablar con los secretarios de despacho. En sus desplazamientos solamente viajaba con su chofer y no acostumbraba portar armas. Bruno fue víctima de la violencia y la inseguridad que impera en el estado. A pesar de ser un defensor del pueblo, quedó totalmente inerme ante la indiferencia de las autoridades y la denostación de la que fue objeto. Padeció los estragos funestos de un gobierno ausente.

 

Bruno Plácido Valerio, el estratega

 

A los 4 años Bruno quedó huérfano de padre. Doña Porfiria tuvo que huir de Buenavista, después de haber denunciado al autor material del homicidio de su cuñado. El comisario atendió la denuncia y detuvieron al malhechor. Lo trasladaron a la cabecera de San Luis Acatlán para procesarlo. Por la ausencia de su esposo, Porfiria tuvo temor de que fuera agredida por la familia del detenido. Tenía conocimiento de que el Ejército la buscaba sin saber el motivo, por eso se vio obligada a huir en la noche cargado a su hija Rosenda de 8 meses y llevando a su lado a Tomás y Cirino. Caminaron cerca de 10 horas para llegar a Azoyú, donde se refugió con una familia trabajando en la cocina, para sostener a sus tres hijos. Don Manuel Plácido salió en busca de trabajo a Juchitán donde se contrataba como jornalero para limpiar las huertas de coco. Al regresar a Buenavista le informaron lo que había sucedido y se fue en busca de Porfiria a la cabecera municipal de Azoyú, donde nació Bruno.
A los 5 años se fue a trabajar con el rico del pueblo, Luis Justo. Se desempeñó como vaquero y tuvo la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria. Siempre demostró tener habilidades para el trabajo en el campo y el cuidado de los animales. Hasta que se casó con Patricia, Bruno fue el caporal de su padrino Luis. A los 24 años decidió vivir en Buenavista, la comunidad de sus padres. Trabajó en el campo y se desempeñó como pequeño comerciante que vendía en las comunidades panela, café, maíz y aguardiente. En San Luis Acatlán experimentó en carne propia los tratos discriminatorios de los comerciantes ricos. No sólo regateaban los precios de lo que vendía, sino que lo maltrataban y hasta le arrebataban la mercancía. Nunca se quedó callado y ante cualquier ofensa respondía con gallardía. A pesar de expresarse bien en español le gustaba comunicarse en tu’un savi con sus familiares y amigos. Fue irreverente con los mestizos, al grado de que en algunas ocasiones se retó a golpes con los que se burlaban de él por ser indígena.
Cirino, su hermano mayor, fue como su maestro. Aprendió de él la visión que tenía sobre la importancia de los pueblos indígenas en las luchas contra los españoles y mestizos. Se integró al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. En este espacio adquirió la fuerza que necesitaba para defender los derechos de los pueblos que padecían la explotación y discriminación de los ricos de la Costa Chica. Acompañó a Cirino en las asambleas que organizaba en las comunidades de San Luis Acatlán. Asumió su propio estilo para compartir sus vivencias y expresar de forma sencilla la necesidad de reivindicarse como indígenas y organizarse para defender su vida y su patrimonio.
Fue fundamental su cercanía con el padre Mario Campos, párroco de Santa Cruz de El Rincón. Le impactó mucho su compromiso pastoral con comunidades indígenas. Le sorprendió que un sacerdote explicara la biblia en lengua tu’un savi. Compartieron sus grandes preocupaciones relacionadas con la pobreza, la discriminación, la violencia y la falta de justicia. El padre Mario jugó un papel determinante para unir a los pueblos. Promovió asambleas para impulsar la organización regional que se concretó en una demanda central: luchar por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia. Era una propuesta que cobró fuerza en las comunidades de la Costa Chica al grado que tuvieron la iniciativa de visitar a las comunidades de la Montaña para hacer un solo frente en una demanda generalizada.
En 1995 nació la policía comunitaria y Bruno Plácido Valerio fue el primer comandante regional junto con Gelacio Barrera y Jesús Carranza. Emprendieron un trabajo muy arduo y muy riesgoso. A pesar de los graves peligros se organizaron para desmantelar a los grupos de asaltantes. Los enfrentaban cuando paraban las camionetas con el fin de despojar a los pasajeros de sus pertenencias. En una ocasión, Bruno al hacer frente a los asaltantes, una bala rozó su cuero cabelludo lo que provocó que en su rostro y su cuello corriera la sangre. En lugar de ponerse a salvo y atender la herida que había sufrido, continuó con sus compañeros enfrentando a los maleantes. Desde esa fecha Bruno se ganó el reconocimiento y el respeto de las comunidades logrando avanzar en la conformación de más grupos de la Policía Comunitaria.
En la génesis de esta experiencia, Bruno jugó un papel relevante como un estratega de la seguridad comunitaria. Con la CRAC-PC tuvieron que hacer frente a las acusaciones penales que se integraban contra los comisarios y comandantes. En varias ocasiones algunos grupos fueron desarmados por el Ejército. La misma Policía Judicial les impedía que patrullaran los caminos con el apoyo del Ejército. Hubo varias detenciones de comisarios y también algunos policías caídos en la refriega. Bruno fue detenido por el Ejército en 1996. Lo acusaban de guerrillero, lo esposaron y lo vendaron, temía de que lo fueran a matar. Lo salvaron unas personas que caminaban por el lugar.
En 1996 Bruno Plácido fue el primer comandante de la Policía Comunitaria y en 1998 desempeñó el cargo de primer tesorero cuando sólo había presidente, secretario y tesorero de esta nueva organización comunitaria. De 1999 a 2013 se desempeñó como consejero regional de la CRAC-PC. Con el gran reclamo que existía en muchas comunidades por las altas tarifas de luz, Bruno se dio a la tarea de documentar los casos y abanderar su lucha, estableciendo mesas de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. La respuesta masiva de los jefes y jefas de familia lo llevó a conformar la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Al concentrar su lucha en esta demanda varios consejeros y autoridades comunitarias cuestionaron el activismo de Bruno debido a que trataba de vincular este movimiento con la Policía Comunitaria.
Fue en enero de 2013 cuando en una asamblea regional convocó a los comisarios a salir al frente para ir a rescatar al comisario de la comunidad de El Mesón, municipio de Ayutla. Esa acción decidida que aglutinó a muchos ciudadanos que voluntariamente se sumaron a la iniciativa de enfrentar a los secuestradores, dio la pauta para conformar los grupos de autodefensa, que inicialmente se presentaron como policías comunitarios. Los consejeros regionales y los mismos coordinadores de la CRAC-PC se deslindaron públicamente de este operativo y se desmarcaron de estos grupos al no reconocerlos como policías comunitarios. Esta ruptura dio pie para que Bruno Plácido quedara fuera de la CRAC-PC.
Su movimiento como autodefensas de la UPOEG, adquirió gran auge, al grado que en 10 días desmantelaron al grupo delincuencial que operaba en Ayutla. Detuvieron a más de 50 personas y los presentaron en una asamblea regional realizada en El Mesón. Ante la separación con la CRAC-PC, Bruno intentó conformar un consejo de comisarios que pudiera erigirse en jueces comunitarios que se encargaran de procesar a los detenidos para luego distribuirlos en las cárceles comunitarias. Esta iniciativa no logró concretarse ante las presiones y amenazas que hizo llegar el gobernador Ángel Aguirre Rivero a través de su secretario Sofío Ramírez, de que entregara a los detenidos, de lo contrario, procederían penalmente contra Bruno. Este episodio marcó el rumbo de la UPOEG que se vio obligada a negociar con las autoridades en turno para continuar con su proyecto.
Durante los últimos 10 años Bruno Plácido logró conformar un gran movimiento de autodefensas en los municipios de la Costa Chica, al grado que se extendieron hasta Xaltianguis y en la parte sur en los municipios de Ometepec y Cuajinicuilapa. También se asentaron en El Ocotito donde se dio una división interna al conformarse el grupo del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). En este territorio la disputa con el grupo de Los Ardillos ha sido a muerte.
El liderazgo de Bruno Plácido fue perdiendo fuerza en la medida en que se ampliaba la presencia de la UPOEG a lo largo de la Costa Chica. El hombre fuerte de la UPOEG fue Ernesto Gallardo que adquirió un gran liderazgo en el corredor de la Costa Chica, al grado que se transformó en el operador de las acciones emprendidas por la UPOEG. Su presencia en esta región le permitió incorporar a gente de su confianza y a nombrar comandantes que no contaban con un reconocimiento público dentro de sus comunidades. Los grupos de autodefensa empezaron a actuar por su propia cuenta y con el tiempo varios de los comandantes establecieron vínculos con el crimen organizado, como sucedió con el comandante Pino, quien es señalado como parte de los autores intelectuales que desaparecieron al defensor del territorio Vicente Suástegui.
Bruno Plácido fue un personaje polémico, un líder carismático. Su pragmatismo lo llevó a que muchas de sus actuaciones fueran cuestionables. Establecía acuerdos con las autoridades lo que generaba sospechas en sus actuaciones. Su liderazgo no logró permear entre los comandantes y policías que eran parte de la UPOEG. Minimizó los excesos y actos delincuenciales de los grupos de la UPOEG. No pudo conformar una estructura que garantizara el control interno de los grupos de autodefensa y que rindieran cuentas de sus actuaciones. Su lucha fue auténtica, dio la batalla para desmantelar los grupos de la delincuencia, sin embargo, ante la ausencia de las asambleas como máxima autoridad y la falta de controles internos lo llevó a caer dentro de las garras delincuenciales. Sus múltiples enfermedades diezmaron su poder como un líder comunitario, aun en estas condiciones seguía apoyando a las comunidades. El pasado lunes todavía visitó a la familia de Carlos González quien fue asesinado en el mercado de San Marcos. Acordó con los comisarios de Buenavista, Río Huapa y Cerro Zapote, ir este martes por la tarde a la Secretaría de Salud para solicitar medicinas y la reparación del techo del centro de salud de Buenavista. Cuando se dirigía a la oficina de la Secretaría varios impactos de bala le arrancaron la vida.

La justicia comunitaria entre los pueblos combativos de Guerrero

En Memoria de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arnulfo Cerón. Ilustres defensores comunitarios. Luces que guían el caminar
del pueblo combativo de Guerrero.

Guerrero es un estado reconocido a nivel internacional por contar con un pueblo bravío, donde nacen mujeres y hombres trabajadores, empeñosos, generosos, solidarios y dispuestos a dar la vida para hacer de nuestro país una nación independiente y soberana. Decididos a dar la batalla contra los colonizadores y pelear contra las cadenas del oprobio. Es un pueblo culto, cimentado en la diversidad lingüística y cultural. Una tierra encantadora donde florecen las bellas artes y las grandes obras desde la época prehispánica hasta la actualidad. Guerrero es un terruño de grandes estadistas y forjadores de un Estado laico cimentado en los derechos humanos.
Proliferan hombres y mujeres ilustres, no sólo por su aportación política, literaria y cultural, sino por su entrega a la lucha por la independencia y la causa revolucionaria. Hombres y mujeres que fueron obligados a tomar las armas para declararle la guerra a los colonizadores y terratenientes, quienes de manera bárbara destruyeron las civilizaciones prehispánicas y saquearon las riquezas de los pueblos. La población nativa peleó en las serranías y las montañas en esta cordillera abrupta para abolir la esclavitud y defender los derechos del pobre. Resistieron las embestidas del Ejército imperial y doblegaron el yugo de los explotadores.
Los pueblos campesinos del Centro, de la Zona Norte y de la Tierra Caliente lucharon contra los acaparadores de tierras y contra los usureros. Por su parte, la población afro de la Costa Chica y los pueblos indígenas de la Montaña baja y alta se rebelaron contra los caciques y patrones que ocupaban sus tierras. Al costo de muchas vidas vencieron a los potentados del régimen porfirista y recuperaron sus territorios ancestrales. A lo largo de los siglos los pueblos de Guerrero se mantienen en pie de lucha, para proteger su patrimonio y defender comunitariamente sus derechos.
En 1990, en América Latina y en nuestro país emergió un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperaron su voz y tomaron las carreteras y avenidas para increpar a los políticos mercenarios y racistas y espetarles que nunca más existiría un México sin los pueblos indígenas siendo ciudadanos de segunda. Reclamaron su lugar en la República y en la Constitución como sujetos de derecho público. Su lucha principal es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación. Los pueblos tienen un rumbo bien trazado, ser partícipes en igualdad de derechos en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y estatal. Tienen claro que son ellos quienes van a forjar su destino como pueblos, sin injerencia ni manipulaciones de los caciques ni de los gobernantes usureros y traidores.
En esta oleada de reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas emergió con gran pujanza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Los pueblos de la Costa Montaña la crearon, a partir de los problemas crecientes de la inseguridad y la violencia delincuencial. Al gobierno estatal no le interesó atender, siempre simuló y engañó a los comisarios. Ante tanta burla los pueblos fueron los que tomaron en sus manos esta difícil tarea de garantizar la vida y la seguridad de la gente de las comunidades. Rescataron sus costumbres jurídicas que son leyes comunitarias, recuperaron sus sistemas normativos e impulsaron la organización comunitaria. Su sistema de justicia comunitaria tiene como sustento las asambleas regionales y comunitarias de donde emanan las normas y directrices que cumplen a cabalidad los coordinadores y coordinadoras de la CRAC-PC y demás autoridades. Con esta gran tarea a cuestas la Policía Comunitaria ha logrado abatir los altos índices de criminalidad que existían en la región y ser una experiencia exitosa de lo que significa servir y defender los derechos del pueblo.
Este sábado y domingo en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa las casas de justicia de Espino Blanco y El Paraíso celebraron los 28 años de creación de la CRAC-PC. A pesar de los golpeteos de los diferentes gobiernos, el sistema de justicia comunitaria sigue siendo la luz en los senderos más escabrosos de esta escarpada Montaña y en los intrincados caminos de la Costa Chica.
En este aniversario los coordinadores de la CRAC-PC, resaltaron las intenciones del gobierno del estado de querer dividirlos, sin embargo, las comunidades han tenido la capacidad para dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica. Lo que más les preocupa es la violencia creciente de la delincuencia organizada que se ha enquistado en algunas comunidades, donde hay varios casos de personas desaparecidas y asesinadas.
El día sábado se instalaron cuatro mesas: la primera sobre los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación; la segunda sobre la defensa de la tierra y el territorio; la tercera sobre la participación y representación política de la población indígena y la cuarta mesa trató el tema de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Ante la negativa del Congreso local de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en la asamblea se aprobó la propuesta de realizar una movilización el próximo 30 de noviembre en Chilpancingo, para que se aprueben las reformas correspondientes a la ley 701 y a la Constitución del estado para el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afros. En este mismo sentido se aprobó la conformación de un movimiento social para la creación de nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
En la mesa de la defensa del territorio acordaron trabajar en asambleas los estatutos comunales y reglamentos ejidales en los núcleos agrarios que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PC. Este instrumento normativo debe incluir un capítulo especial para prohibir la realización de actividades mineras dentro de sus territorios. También se propuso que los gobiernos municipales realicen reuniones de Cabildo para que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo que incentiven las actividades mineras. Resaltaron la importancia de promover campañas en las comunidades para impulsar la defensa del territorio y el cuidado de los bienes naturales como lo promueve el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet).
Lo más importante de esta lucha es que quede establecido en la Constitución federal y local que los pueblos indígenas son dueños y propietarios ancestrales de sus tierras, territorios y bienes naturales.
En la mesa de participación y representación política se abordaron los temas de autogobierno y los presupuestos públicos para las comunidades indígenas. La mesa estuvo enfocada en la libre determinación, la autonomía y la autogestión. Son derechos colectivos que tienen como pueblos desde antes de la colonización.
Los asistentes hicieron un llamado al Congreso del Estado para que apruebe la reforma constitucional elaborada por las mismas comunidades. Se propone presentar esta iniciativa por parte de un diputado de la región y que ese día se haga una movilización, en coordinación con las cinco casas de justicia.
Reiteraron que se reconozca a nivel federal y local su derecho al autogobierno en la Constitución federal y estatal que garantice a los pueblos su formas propias de gobierno.
En la mesa de los problemas y desafíos en la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario, se acordaron acciones comunitarias para prevenir y erradicar la venta de niñas y mujeres. Un tema central al que deben ayudar los coordinadores y coordinadoras es evitar los matrimonios forzosos en las comunidades que pertenecen al sistema de justicia comunitario.
Varias compañeras de comunidades hablaron de la violencia que padecen dentro de sus hogares y que las autoridades que son hombres, en lugar de protegerlas las castigan con cárcel o las obligan a regresar con su pareja.
Comentaron que por el machismo que persiste en las comunidades a las mujeres se les relega en la toma de decisiones en asuntos que les afectan. También los cargos que les asignan son como castigo por atreverse a defender sus derechos.
Demandan su participación en los cargos comunitarios sobre todo como comisarias, delegadas o presidentas del Comisariado de Bienes Comunales para que reivindiquen sus derechos y se les reconozca como personas con los mismos derechos.
Este domingo, en la calle principal de Totomixtlahuaca, los grupos de la Comunitaria realizaron su desfile desde la colonia Las Palmas a la comisaría de la comunidad. Marcharon para recordar la lucha contra la violencia. Dos bandas de viento acompañaban a una mojiganga que iba al frente del cortejo. Asistieron 80 comunidades de las casas de Justicia de Espino Blanco y El Paraíso y participaron más de mil 500 personas.
En la reunión plenaria el compañero Vidulfo Rosales Sierra llamó a impulsar la organización de las comunidades para que no sean vasallos de una clase política depredadora.
Remarcó que como pueblos indígenas y Afro se tiene que ser gobierno. La ley del mestizo dice que sólo podemos participar a través de los partidos políticos, pero éstos ya tienen a sus candidatos, no van a venir a consultar a la asamblea del pueblo, ni van a venir a preguntar a quién queremos que sea el que nos represente en el municipio, en el Congreso o en el Senado. Ya están sus candidatos allá y ni los conocemos, ni sabemos. Tampoco se han parado en este lugar. Pero van a venir a pedir el voto y nosotros vamos a votar por ellos.
No nos conformemos con los programas sociales. Los programas sociales así nos van a mantener, extendiendo la mano como limosneros del gobierno, de los que tienen poder.
Es necesario que luchemos para que en la Constitución queden reconocidos nuestros derechos, para tener nuestros tribunales indígenas, nuestro sistema de seguridad y justicia de la CRAC que le demos fuerza, que tengan el nivel de una jurisdicción, para que no nos vean como ciudadanos de segunda.

 

Un poder inescrutable

Toda nuestra solidaridad con la familia de Enrique Hinterholzen. Es inadmisible que impere la violencia en nuestro estado
y que le ley la imponga el crimen organizado.

La noticia de la reunión con el presidente de la República llegó a través de Alejando Encinas. Previamente había acordado con las organizaciones que acompañamos a las madres y padres de los 43, que tendríamos una reunión el 19 de septiembre para conocer el informe, que en próximos días dará a conocer. El plan de actividades de las mamás y papás tuvo que ajustarse para asistir a la reunión con Andrés Manuel López Obrador el día 20 a las 11 horas en Palacio Nacional.
El contingente de aproximadamente 40 personas subió al autobús ubicado a unos metros de las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En el ambiente prevalecía el silencio, la incertidumbre y los temores de que el presidente no atendiera el planteamiento central de las madres y padres: que el Ejército entregue toda la información que recabó el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) en Iguala, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Justo a las 11 horas el autobús se estacionaba a un costado del Palacio Nacional. Las madres y padres se formaron para dar su nombre, que era cotejado en las hojas de registro por el personal de Presidencia, para dar acceso al recinto. En el interior se encontraban las mesas de registro donde recababan las firmas de los asistentes. Nuevamente se formaron dos filas para ser acompañados hasta el salón Tesorería, donde acostumbra a dar sus conferencias de prensa el presidente Andrés Manuel.
En el lugar ya se encontraba instalada una gran mesa rectangular cubierta con tela color guinda. En cada lugar estaba una hoja de la Presidencia con el orden del día y una botella de agua. Algunos padres y madres se ubicaron cerca del lugar donde se sentaría el presidente, sin embargo, la mayoría se distribuyó a lo largo de las mesas ubicadas en el lado izquierdo del presídium. Otras mamás se sentaron al fondo, donde estaba la hilera de sillas ubicadas en el otro extremo de la mesa. Todas colgaron las fotografías de sus hijos en el filo de la mesa para hacer visibles los rostros.
En el salón había cerca de 60 personas. En la fila del lado derecho del presídium se encontraban algunos funcionarios federales de la Segob, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre otras. También estuvieron presentes dos representantes de la oficina de la ONU-DH en México. En el presídium se encontraba del lado derecho la secretaria Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, el Fiscal especial para el caso Ayotzinapa Rosendo Gómez Piedra, del lado izquierdo el subsecretario Alejandro Encinas y la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján. Sólo Alejandro Encinas se acercó a las madres y padres para saludarles, los demás funcionarios permanecieron en sus asientos.
El presidente Andrés Manuel entró minutos más tarde acompañado sólo por la secretaria de Gobernación, el gran ausente fue el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) general Luis Cresencio Sandoval González. El presidente dirigió un saludo a todos los presentes sin acercarse a las mamás y papás que se encontraban cerca del presídium. Inició la reunión con la intervención del subsecretario Alejandro Encinas quien hizo una síntesis del segundo informe que presentará en los próximos días como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Continuó el fiscal especial Rosendo Gómez, que abundó en cifras sobre todas las actuaciones que ha realizado durante los 11 meses que ha estado al frente de esta responsabilidad.
Después de las dos intervenciones participó una mamá y dos papás de los 43 estudiantes desaparecidos. Agradecieron al presidente la invitación que les hizo para realizar esta reunión. Le reiteraron que llevan 9 años buscando a sus hijos, para ellas y ellos han sido 9 años de sufrimiento, de dolor, de mucha desesperación por no saber nada de ellos. Lo que les mueve es el amor a sus hijos, por eso están aquí y no han descansado ni dejado de luchar hasta dar con su paradero. Los tres le plantearon que solicite al Ejército que entregue todos los documentos que se elaboraron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi). Reiteraron que hace falta información. Comentaron que hay varios documentos que el mismo GIEI solicitó, pero no obtuvo una respuesta positiva. Como madres y padres quieren saber qué pasó con esos documentos, les interesa saber qué contienen. Manifestaron que el Ejército no ha tenido voluntad para entregar toda la documentación que está en su poder.
Retomaron lo que el mismo presidente ha dicho en otros momentos, que el Ejército no se debilita, sino más bien se fortalece si actúa con transparencia, si no oculta nada y habla con la verdad. Le recordaron que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal, que hubo agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a sus hijos desde su arribo a Iguala, intervino comunicaciones a los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos y la policía de Iguala que enviaron un reporte de que se estaban llevando a 17 de sus hijos. Toda esta información que se hizo pública en los informes del GIEI da cuenta del rol que desempeñó el Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes. Uno de los papás remarcó “usted está del lado de las víctimas no de quienes no dicen la verdad”. Por eso urgió que el Ejército entregue la información lo más pronto posible. A modo de colofón el papá cerró: “No somos sus enemigos. No estamos contra su gobierno. No nos interesa la política. Lo que nos interesa es saber dónde están nuestros hijos”.
El presidente Andrés Manuel inició su intervención diciendo: “estas reuniones ayudan a entendernos mejor”. Explicó que su agenda está muy complicada por la multiplicidad de asuntos que tiene que atender, por eso no había sido posible reunirse con ellos. Definió que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos es un asunto profundamente humano. Reiteró que sigue en pie su compromiso. Lo que más importa es saber el paradero de los jóvenes. Comentó que tienen ya una idea de lo que pasó pero que van a seguir profundizando. No van a ocultar nada. Con respecto al Ejército dijo que ya entregó toda la información. Que no es cierto de que el Ejército es responsable de no entregar la información. Aclaró que no encubre a nadie. Recordó que dio la orden al secretario de la Defensa Nacional para que se detuviera a los militares acusados. Volvió a insistir que no faltan documentos, que la Sedena ya entregó todo. Expresó toda su confianza en el fiscal especial. Le ha pedido que urge actuar. Sabe que los papás no confían en el fiscal pero él sí confía. Le pidió a la secretaria de Seguridad y a la secretaria de Gobernación que lo apoyen. Resaltó que no hay gobierno que tenga un procurador y dos generales en la cárcel.
Al inicio de su intervención una madre de familia fue hasta su lugar para entregarle un documento firmado por todos los papás y mamás donde le expresan su agradecimiento por la apertura de los archivos militares. Esta decisión permitió que el GIEI encontrara varios documentos relacionados con la desaparición de los 43 jóvenes y de su posible paradero. Ante estos hallazgos importantes pero que están incompletos solicitan que el Ejército entregue varios documentos que describen en una tabla donde viene la fecha del documento, el folio del Cerfi y el estatus de entregado o no entregado. Son varios folios que no fueron entregados al GIEI y que ahora las madres y padres lo piden de viva voz al presidente de la República.
Después de leer parte de su contenido el presidente comentó que iba a mandar el escrito al Ejército para que le digan si hay alguna información adicional. En ese momento se comprometió que al día siguiente o en dos días tendría la respuesta y se las haría llegar a los papás por escrito. Después de varias intervenciones de los papás y de los abogados del centro Pro y Tlachinollan, el presidente instruyó a los funcionarios y funcionarias que estaban acompañándole para que se reúnan con los papás y mamás el lunes 25 a las 5 de la tarde, en Palacio Nacional. Se trata de dar a conocer la información que envíe la Sedena al presidente de la República. El Ejecutivo federal finalizó diciendo, “espero que tengan buenos resultados. Lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo inventamos”. Después de 2 horas con 40 minutos el presidente dio por terminada la reunión. No hubo una despedida cálida. Se retiró con el acompañamiento de la secretaria Luisa María. De nueva cuenta el subsecretario Encinas se acercó a las mamás y papás para despedirse. A todos les entregó un paquete que contiene el segundo informe con sus anexos, que presentará en el transcurso de la semana. En la salida de palacio se respiró la frialdad y el distanciamiento que sienten las mamás y papás con el presidente AMLO. Apesadumbrados por el comentario que hizo el presidente de que el Ejército ya entregó toda la información, temen que este lunes no lleguen los folios que no fueron entregados al GIEI.
La luz que se encendió con los seis informes del GIEI parece difuminarse si el Ejército se mantiene como un poder inescrutable.

La militarización y la violencia imparable

A nivel federal los presidentes de la República de las últimas tres décadas han optado por desplegar a las fuerzas armadas en tareas propias de las policías de los tres niveles de gobierno. Lo han hecho con el argumento de que sólo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina están en condiciones de enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en el centro de la lucha contra el crimen a las fuerzas armadas suplantando a las fuerzas policiacas, además les ha asignado diversidad de tareas que no son parte de la seguridad pública.
La experiencia acumulada de los impactos de la militarización ponen en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de los miembros de las fuerzas armadas y el uso letal de su poder militar.
Es preocupante que actualmente el gobierno federal impulse el despliegue militar por tiempo indefinido, con el argumento de que la disciplina militar es garantía contra la violencia y la criminalidad. Sin embargo este planteamiento es insuficiente para arribar a un clima de seguridad consolidando el Estado de derecho.
La vía militar no ha sido capaz de lograr resultados favorables durante estas tres décadas en cuanto a seguridad y respeto a los derechos humanos, por el contrario vivimos un momento crítico por la expansión de grupos del crimen organizado que se han instalado en varias regiones del país y de nuestro estado, imponiendo su ley y tomando el control de las instituciones y de las regiones.
Esta crisis no sólo se debe a la violencia y la alta criminalidad que caracteriza a la multiplicidad de los grupos criminales, se debe también, al clima de impunidad que persiste, por la falta de resultados tangibles en las investigaciones de los delitos de alto impacto. Igualmente se debe a esta confabulación que se ha dado entre autoridades y los grupos del crimen organizado que propician negocios truculentos y el uso faccioso de las instituciones públicas.
Este proceso de militarización ha relegado a las instituciones policiales locales y estatales, al grado que están al margen de la toma de decisiones en cuanto a las políticas de seguridad y a la implementación de los operativos, porque existe desconfianza de que sus elementos trabajan para el otro bando. Esta percepción ha debilitado el trabajo local que realizan las policías para garantizar seguridad a la población.
El descuido que hay en torno al mejoramiento de las instituciones policiales forman parte de esta crisis que padecemos los ciudadanos a causa de que no existen instituciones civiles de seguridad y de justicia que sean capaces y confiables para revertir la inseguridad y la impunidad.
Desde el sexenio de Felipe Calderón la militarización incrementó las violaciones a los derechos humanos, sobre todo las torturas, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desde esas fechas venimos arrastrando el gran déficit de justicia porque no se investigan los delitos ni se castiga a las autoridades responsables.
Actualmente las fuerzas armadas se manejan con total hermetismo y opacidad, lo que hacen son asuntos de Estado, al grado que no hay autoridades civiles que los obliguen a rendir cuentas. En la práctica se erigen como un poder supremo que está por encima del poder civil y por lo mismo no tienen por qué rendirle cuentas. Hemos constatado que las fuerzas armadas operan sin controles civiles efectivos y que más bien las instituciones militares se resisten a cumplir sus obligaciones legales y tampoco están dispuestas a transparentar información completa de sus actividades.
Es un gran peligro la participación de fuerzas castrenses en tareas policiales porque implica un elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos, por esta razón es imprescindible que se apliquen controles civiles robustos para que las rindan cuentas y actúen respetando los derechos humanos.
La militarización forma parte de las prioridades de este sexenio al grado que existe un respaldo presidencial a las tareas que desempeña el Ejército, siendo una de las instituciones que mayor presupuesto tiene asignado. En esta ruta asumida por el presidente de la República sea han diversificado las responsabilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, profundizando el carácter militar de la Guardia Nacional.
Con esta decisión política nos alejamos de la ruta de la desmilitarización, en lugar de que entremos a un proceso paulatino del retiro de las fuerzas armadas en tareas policiales. Más bien, se han sentado las bases para que el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales sea permanente, a contrapelo de la diversidad de recomendaciones que han emitido los diferentes mecanismo de la ONU. El paradigma de la militarización de la seguridad pública no es una alternativa viable para hacer frente a la violencia, las evidencias empíricas nos demuestran que esta línea militar nos ha colocado en la disyuntiva de que sólo la fuerza del Ejército podrá combatir la violencia criminal.
En el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo presidencial que formalmente ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a pesar de ser impugnado por diversos actores civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la procedencia del acuerdo presidencial.
En el 2022 la facultad del presidente de disponer de las fuerzas armadas en tareas policiales fue extendida hasta el 2028 mediante otra reforma constitucional.
En el 2022 el presidente López Obrador logró una reforma a la ley de la Guardia Nacional para otorgar el control operativo y administrativo de este cuerpo de seguridad a la Sedena. Sin embargo en abril del presente año la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Guardia Nacional por contradecir el texto de la Constitución donde se establece que este cuerpo de seguridad forma parte de una fuerza civil. Actualmente el 86 por ciento de la Guardia Nacional es de procedencia militar de acuerdo con información publicada por el programa de seguridad ciudadana de la universidad Iberoamericana de México.
Otro elemento de la militarización que suplanta las tareas policiales se materializa con el nombramiento de mandos militares de las instituciones de seguridad estatales y las mismas fiscalías. Es una recomendación que ha dado el mismo presidente a las gobernadoras y gobernadores de que para nombrar a los titulares de la secretaría de seguridad pública deben consultar con la Sedena y la Semar “para que se tengan personas honestas, íntegras e incorruptibles”. Actualmente la cuarta parte de las personas titulares de seguridad pública de los estados provienen de las fuerzas armadas.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita a nuestro estado, que Guerrero ocupa el noveno lugar a nivel nacional por homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes de diciembre de 2018 a julio del 2023.
Detalló que las fuerzas federales en Guerrero ascienden al número de 11 mil 800 elementos: el Ejército tiene 7 mil 244 y la Guardia Nacional 4 mil 556, mientras las fuerzas policiales del estado son 7 mil 681, incluyendo la Policía Naval. El total de las fuerzas federales y las fuerzas policiales es de 19 mil 987 efectivos.
A pesar del número creciente de elementos federales, la situación de violencia en el estado ha empeorado y lamentablemente está trastocando la misma seguridad de los funcionarios públicos. Son sumamente preocupantes los asesinatos que se consumaron la semana que transcurrió. El teniente coronel del Ejército mexicano Víctor Manuel Salas Cuadras, quien recientemente había tomado bajo su mando el cargo de fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente, fue ejecutado a balazos el sábado 9 de septiembre en Coyuca de Catalán. Tres días después, fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, en la colonia Cipatli en la capital del estado, cuando salía de su domicilio rumbo a su trabajo. En esta misma semana hombres armados atacaron a balazos al vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández y al director de investigación, Rafael Sosa Lagunes, cuando se disponían a abordar sus vehículos dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El subteniente Rafael Sosa repelió la agresión logrando la huida de las personas armadas con rumbo desconocido.
Con estos hechos de violencia queda evidenciada la fallida estrategia de seguridad coordinada por fuerzas militares. A pesar del número de elementos asentados en nuestro estado, seguimos padeciendo altos niveles de violencia, criminalidad e impunidad.
El panorama estatal es desolador por el poder destructor que tienen los grupos criminales que pone en jaque a las fuerzas de seguridad del estado que no han demostrado tener la capacidad para replegar y desarticular a las organizaciones criminales que se han multiplicado y empoderado en varias regiones de Guerrero.
Las fuerzas del orden enfrentan un gran desafío, la vía militar de la seguridad pública no ha dado resultados desde hace varios sexenios, por el contrario los homicidios siguen a la alza y la desaparición de personas continúa consumándose.
Este proceso de militarización ha concentrado la información y la investigación de delitos en los mandos militares, así como la implementación de sus estrategias para combatir al crimen organizado.
Contrario a este empoderamiento militar las corporaciones policiacas están diezmadas y varios de sus elementos trabajan para la delincuencia. En lugar de fortalecer sus capacidades y de desarrollar un proceso de formación y rendición de cuentas, se les relega de sus tareas y se les orilla a delinquir.
En nuestro estado además de depurar las diferentes corporaciones policiales se tiene que dignificar el trabajo de los policías. Las mismas autoridades los han utilizado para otros fines, en lugar de abocarse a brindar seguridad a la población y establecer vínculos con organizaciones de la sociedad para implementar estrategias acordes a la problemática delictiva, que enfrentan en las colonias de las principales ciudades y comunidades rurales.
Se tiene que apostar al modelo de seguridad ciudadana que prioriza la atención, prevención e investigación de las diversas violencias con un enfoque diferenciado. También es imprescindible fortalecer las capacidades, rendición de cuentas, prácticas de investigación de las fiscalías ciudadanizadas, incluyendo la efectiva implementación de planes de persecución penal que priorice fenómenos criminales que derivan en actos de violencia.
La militarización de las instituciones civiles de seguridad no está dando los resultados esperados, por el contrario hay una escalada de violencia y un incremento de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y cabeceras municipales, ejerciendo violencia contra sus enemigos. Atentan contra la población indefensa, los obligan a huir de sus comunidades; asesinan y desaparecen a hombres y mujeres que consideran como sospechosos; patrullan caminos como si fueran las fuerzas del orden y se erigen como jefes de ciertos territorios estableciendo pactos con presidentes municipales. Se sienten con la fuerza suficiente para privar de la vida a funcionarios públicos que consideran como un obstáculo a sus planes delincuenciales.
El gran desafío es revertir este proceso de militarización que no toma en cuenta la opinión de la población ni mucho menos se abre a la sociedad para revertir esta espiral de violencia. Tenemos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones civiles que rindan cuentas a la sociedad, que respeten los derechos humanos y que fortalezcan el Estado de derecho.