El dirigente estatal de la CETEG, Héctor Torres Solano, junto con integrantes de la Comisión Política de la organización, en la conferencia de prensa donde exigieron que se les informe sobre el estado que guarda la revisión al fideicomiso Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, denunciaron que el gobierno estatal ha incumplido en solucionar sus demandas.
El líder de la coordinadora informó, en conferencia de prensa en su edificio, ubicado en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, acompañado de integrantes de la Comisión Política, que solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una auditoría al Plan de Previsión Social (PPS), que daba créditos a los maestros.
Contó que en una reunión, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, comentó que seguía insistiendo en el asunto del PPS, “queremos saber cuándo inicia esa auditoría al comité técnico del PPS. No vamos a quitar el dedo del renglón”.
Héctor Torres indicó que también solictiaron a la gobernadora que se debe crear una subsecretaría de los pueblos originarios, “estamos en la exigencia de que se empiece a trabajar”.
En su participación, el integrante de la Comisión Política de la región Norte, Gonzalo Juárez Ocampo, manifestó que exigen una auditoría al PPS, así como la creación de esa subsecretaría y el desarrollo del proyecto educativo altamiranista, entre otras demandas.
Informó que en marzo del año pasado, la CETEG firmó una minuta de acuerdos con Evelyn Salgado, pero “hay incumplimiento de la minuta por parte de las autoridades estatales”.
En cuanto al PPS, aseveró que tienen propuestas para rescatarlo, pero el gobierno no quiere solucionarlo, sino que “quieren incumplirlo”.
Los cetegistas hicieron un llamado a las autoridades estatales, para reinstalar la mesa que quedó pendiente, en la que desarrollarían los fundamentos técnicos del programa para el rescate del PPS.
En un comunicado, Rodríguez Saldaña informó que tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, encabezados por su secretario general, Hector Torres. Se dijo que la gobernadora les ha indicado mantener un diálogo con todo el sector educativo y que en este caso, acordaron realizar mesas de trabajo.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, denunció que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) otorgará un año de seguro de vida, pese a que la ley marca que son cinco de vigencia.
En conferencia de prensa en su edificio, ubicado en la colonia Burócratas de la capital, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres, junto con miembros de la Comisión Política, informaron que están en contra de lo que está ofreciendo el sindicato.
Torres Solano explicó que los seguros de vida tienen que ser por cinco años, pero “ahora el charrismo sindical” trabaja con formatos que indican que sólo será por uno, y después se deberá de renovar, “violentando la ley general de seguros, que marca que son cinco”.
Recordó que desde 2022, CETEG y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda firmaron una minuta de acuerdos, en la cual se presentó la petición de seguros y que tenían que pagar 48 meses, más 35 mil pesos de gastos funerarios, y ahora el dirigente del SNTE, Silvano Palacios Salgado, indica que él lo gestionó, “eso es falso, es un trabajo que hizo la coordinadora”.
El dirigente de la CETEG dijo que deben revisar con el gobierno estatal que la vigencia de un seguro no es de un año, tiene que ser de cinco, para que los trabajadores de la educación tengan esa seguridad.
Además, los cetegistas convocaron al homenaje luctuoso del maestro Mario Zamora Maldonado, que se realizará en el edificio de la CETEG el próximo viernes 27 de enero. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Miembros de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), cerró oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir la destitución de su titular, Marcial Rodríguez Saldaña; donde más tarde fueron atendidos.
La mañana de este lunes, los inconformes, quienes en reiteradas ocasiones han sido desconocidos por el dirigente de la CETEG, Héctor Torres Solano, solicitaron también la incorporación a la nómina federal, basificaciones, pagos de horas, entre otras demandas.
Las oficinas cerradas fueron la Subsecretaría de Planeación Educativa y la Dirección de Telesecundarias; en la Subsecretaría de Finanzas y la Dirección Personal, donde colocaron pancartas, pero en estas dos últimas hubo resguardo de policías estatales con equipo antimotines.
La semana pasada, los cetegistas exigieron la destitución de la estructura de la SEG porque, dijeron, desconocen los problemas del sector educativo y que no atienden las demandas de los trabajadores.
Más tarde, en un comunicado, la SEG informó que por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, estableció una mesa de diálogo con Reyna Bello de Jesús y representantes de las coordinadoras sectoriales, con el objetivo de atender sus demandas de carácter sindical.
El responsable de la educación en la entidad manifestó que la instrucción de la gobernadora es mantener un diálogo permanente con todo el sector educativo en Guerrero, pero no informó los acuerdos a los que llegaron.
Por teléfono, se trató de hablar con Bello de Jesús para saber los acuerdos, pero no respondió las llamadas. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
La dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús afirmó que no romperá el diálogo con la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) a pesar de las amenazas que ha recibido de muerte, y que sospecha son por sus denuncias de venta de plazas de funcionarios, porque dará seguimientos a los planteamientos que ya ha hecho de demandas de justicia laboral.
Sin embargo, llamó a la gobernadora a “que se siente a gobernar Guerrero”, porque consideró que en la SEG hay grupos y no se coordinan: “no hay una coordinación entre las diferentes subsecretarías, los funcionarios se defienden argumentando que ellos obedecen a la gobernadora y no al secretario”.
Incluso, afirmó que han entregado la información al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, pero “vemos que no hay coordinación y hay impunidad total” en la SEG.
Presentó denuncias
Consultada tras las declaraciones del secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, quien rechazó cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, y aseguró enviaría a una persona a dialogar con ella por las amenazas de muerte que recibió, Reyna Bello respondió que sus planteamientos ya los hizo, que de las amenazas aun no, pero las peticiones y denuncias de corrupción ya las hizo en los órganos normativos internos de la SEG.
La trabajadora administrativa en la SEG, de 55 años de edad, expuso que incluso ya pidió que analicen su caso, porque “un problema laboral lo convirtieron en civil y lo utilizaron para convertirlo en un problema personal, cuando nosotros no tenemos nada personal contra los funcionarios, nuestra labor es de velar por los intereses de los trabajadores y vigilar los manejos que hacen los funcionarios con los derechos de los trabajadores”.
Vía telefónica contó que en 2019 hizo la denuncia de venta de plazas ante el área de Contraloría Interna de la SEG, en ese entonces, el titular era Ramón Apreza Patrón, quien recibió su queja para iniciar el proceso de investigación, pero el resolutivo que emitió fue en su contra, “porque nunca nos citaron a declarar”, y los personajes a quienes señaló siguen laborando en la contraloría interna.
Mencionó que después de esa resolución, dos de los trabajadores que acusó por vender plazas la denunciaron en el Juzgado Civil de segunda instancia en Chilpancingo por difamación, “por el resolutivo que sacó Ramón Apreza a favor de los funcionarios, señalan que nosotros los difamamos de que venden plazas, que decimos mentiras, cuando hubo pruebas, escritos, hay muchas pruebas, váucher que en su momento se tuvieron”.
La venta de plazas
Añadió que incluso al actual titular del Centro Estatal de Atención a los Problemas Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Payán Cortinas, le llevó los documentos para que le informara a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la venta de plazas y se resolviera de manera administrativa la denuncia en su contra, “él incluso los llamó a los funcionarios, y al ser descubiertos hablaron de todos los funcionarios que se corrompieron”.
De acuerdo con Reyna Bello en la venta de plazas estaban implicados funcionarios del área de Contraloría Interna, de la Dirección de Administración de Personal, de la Subsecretaría de Planeación de la SEG, “nosotros le pedimos al nuevo gobierno que investigue y que la denuncia la hagan administrativa, porque es un conflicto laboral no personal”.
Reyna Bello dijo que como lo declaró el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, un día antes de que concluyera el gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores, se otorgaron 186 plazas a allegados, entre ellas, 50 en las oficinas centrales de la SEG, “lo que pasa es que no habido seriedad en darle seguimiento, incluso hablamos con el senador Félix Salgado Macedonio, él también dio la indicación que se le diera seguimiento a esa demanda, a la impugnación de las 186 plazas, pero vemos que no hay coordinación y hay impunidad total”.
Argumentó que las órdenes del propio Marcial Rodríguez no son acatadas, porque la gobernadora determinó qué funcionarios iban a llegar a la secretaría y “creemos que es un grave error, porque no hay una coordinación entre las diferentes subsecretarías, los funcionarios se defienden argumentando que ellos obedecen a la gobernadora y no al secretario”.
Dijo que un ejemplo de esa descoordinación es que en una reunión acordaron que entregarían los nombramientos a los profesores de la secundaria Galo Soberón y Parra, en Chilpancingo, mientras terminaba el ciclo escolar para que los niños no se quedaran sin clases, pero el subsecretario de Finanzas, Alejandro Moreno Lira, omitió esa indicación.
Que Evelyn se siente a gobernar
“Entendemos que hay grupos al interior del gobierno del estado, y hacemos un llamado a la gobernadora, (Evelyn Salgado Pineda), que se siente a gobernar Guerrero, que si le están haciendo daño sus asesores, sus grupos, y es urgente que haga un cambio en sus asesores, porque está llevando a la educación a más conflictos que se vendrán este año por esa situación, porque cada quien defiende su nombramiento que le dio la gobernadora, pero aquí se deben a secretario de educación no la gobernadora”.
Reyna Bello criticó que Salgado Pineda hizo un “daño tremendo” porque “impuso a personajes que carecen del conocimiento educativo nada más por participar en la campaña los nombró y esas personas que nombró, se aliaron con los personajes que habían estado en la administración priista anterior y entonces es lo mismo”.
Aseguró que en la SEG hay funcionarios de escritorio que no le están ayudando a la educación, “tenemos políticos que solo les interesan los cargos en Morena, pero no la educación y ese es el problema”, aseveró que hay una descoordinación entre los subsecretarios de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; de Planeación, Benjamín Adame Pereyra; y el de Finanzas, Alejandro Moreno Lira, “nosotros investigamos y evidenciamos que dicen no dar nombramientos a los profesores con contratos pero los están dando, que la Ley del Usicamm no da nombramientos indefinidos y los están dando, entendemos la molestia de los funcionarios que en su desesperación al estarlos evidenciando por eso se vienen las amenazas”.
De la transición que vive el gobierno del estado y que reconoció Rodríguez Saldaña harán ajustes de la totalidad del aparato administrativo de la SEG, sostuvo que “hubo acuerdos políticos en la transición del gobierno priista al gobierno morenista, entendemos esas transiciones”.
Mencionó que cuando los ha recibido el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, le han dicho pedido que le diga a la gobernadora que es necesario un cambio, “pero creo que hay ciertos compromisos políticos que nos están afectando a nosotros, están violando los derechos laborales de los trabajadores y de los niños”.
Contó que no habrá credibilidad mientras que no cambien a funcionarios que estuvieron en administraciones pasadas como al director de Administración de Personal, Julio Alejandro Lucas Secundino, de quien dijo se demostró que participó en cambios de adscripción de la docentes de la Montaña y la Sierra a Acapulco con un salario superior al de la zona.
Reyna Bella expresó que respecto a las amenazas de muerte reibidas sigue en alerta máxima, además aseguró que no romperá el diálago con la SEG porque finalmente deben dar continuidad a los diversos planteamientos que hicieron a las autoridades, “si no hay respuestas, en la reunión próxima que se tenga (de los docentes), habrá que definir el rumbo de las actividades con base a la respuesta de la secretaría y a la misma gobernadora”.
La CETEG es una sola
Reyna Bello se graduó como maestra de primaria en la Escuel Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, pero desde 1992 ingresó a laborar como administrativa en la SEG, donde se ha mantenido activa, además ahí conoció a los profesores Agustín López Ayala, Josefina Alonso y Claudio Castillo –este último asesinado por policías federales en una movilización en Acapulco en 2015– para que se integrara a la CETEG.
Bello de Jesús encabeza actualmente unas de las corrientes de la CETEG, que se diferencia de la corriente de los maestros de la región Acapulco-Costa Grande que representa Walter Añorve Rodríguez, así como de la Dirección Colectiva de la CETEG de la zona Centro, que lidera Antonia Morales Vélez; a su vez, de estas tres corrientes el actual secretario general, Héctor Torres Solano, se ha deslindado y ha señalado que están expulsados de la organización.
Sin embargo, Reyna Bello sostiene a pesar de la división todos se aglutinan en un solo movimiento, “es como los partidos, todos los partidos tienen corrientes, la diferencia aquí son los principios, entre los compañeros que no reciben dinero del Estado, que no participa con ningún partido político, que no le levantan el brazo a algún representante de algún partido político, que no trafican con los derechos de los compañeros, no les quita sus plazas o les pide dinero por trámites”.
Argumentó que la actual dirigencia de la CETEG “oficial” recibe dinero del Estado y ese “ha sido nuestro descontento”, “nosotros fuimos excluidos de un congreso porque íbamos a denunciar que los que están representando la CETEG son quienes perdieron en las elecciones pasadas, no llegaron a ser presidentes o diputados y como consuelo les dieron comisiones dentro de la CETEG, algo que está violentando nuestros principios”.
El titular de la Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña en entrevista con El Sur en su oficina ubicada en la colonia Villa Lucerna en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas, luego de que la dirigente magisterial, Reyna Bello de Jesús, hizo públicas las amenazas de muerte que recibió y que sospecha se deben a sus señalamientos contra funcionarios de la dependencia por la venta de plazas y tráfico de influencias.
También, Rodríguez Saldaña aseguró que no tolerará “ninguna venta de plazas, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”, además expuso que enviará a una persona para dialogar con la líder magisterial.
Como lo informó El Sur, la dirigente de la Coordinadora Sectorial de la Región Centro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Reyna Bello de Jesús, denunció que desde el 13 de diciembre ha sido amenazada de muerte junto a su familia, y sospecha que se debe a los señalamientos que hizo contra funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por estar involucrados en la “venta de plazas y tráfico de influencias”.
Entrevistado al respecto ayer en sus oficinas, ubicadas en la colonia Villa Lucerna, al oriente de la ciudad, Marcial Rodríguez Saldaña dijo que rechaza cualquier amenaza e intimidación a cualquier trabajador de la Secretaría por sus ideas o por defender sus posturas.
Afirmó que en la dependencia “tiene que haber una política de diálogo, incluso de tolerancia a veces excesiva, porque estamos en un proceso de transición, este nuevo gobierno está comprometido con el diálogo y la democracia”.
Dijo que como secretario jamás ha pedido la intervención de ninguna fuerza pública y no lo hará, “tenemos autoridad para salir al frente, para saludar a cualquier líder, a cualquier trabajador, con los estudiantes dialogamos con todos”, y “en el caso particular de la maestra yo esperaría que ella presente una denuncia”.
Indicó que independientemente de que lo haga, pedirá a una persona de la SEG que platique con ella, para ver en qué ámbito de competencia de la SEG se presentan también sus denuncias.
Hay el compromiso de actuar contra la corrupción
Rodríguez Saldaña sostuvo que su compromiso es actuar y no permitir que al interior de la SEG haya actos de corrupción, porque además busca mantener un ambiente de armonía, “hemos vivido en las últimas dos décadas un periodo de mucha convulsión social y eso ha impedido que el sector educativo avance, más la pandemia (de Covid-19)”.
Sin embargo, argumentó que hay condiciones favorables debido a “una extraordinaria relación con el gobierno federal” pues se han reunido con servidores públicos de la SEP, aunado a que en Guerrero “hay estabilidad social a diferencia de lo que había hace unos años”, también “no hay cuestionamientos a la legitimidad del gobierno”, y con su política de diálogo buscarán mejorar los indicadores educativos y atender los rezagos históricos que hay en educación y justicia laboral.
Invitó a todos los liderazgos de los diferentes agrupamientos de trabajadores de la educación a mantener una actitud de diálogo y conciliación, porque aseguró “no hay necesidad de ir a cerrar una oficina como antes se hacía, no hay necesidad de cerrar calles y mucho menos una vía federal, aquí están las puertas abiertas”.
El titular de la SEG opinó que es bueno que se denuncien los actos de corrupción o actos indebidos, y que no va “a tolerar ninguna venta de ninguna plaza, ningún cambio de adscripción o algún movimiento laboral por pago de algo”.
Añadió que a él nadie lo puede señalar de eso, e incluso, tiene familiares y amigos en el movimiento que le piden ayuda pero siempre y cuando “esté dentro del proceso normativo”, ejemplificó que actualmente el “ingreso al servicio docente es a través del examen de la convocatoria, (cuando) antes las plazas se heredaban, se vendían, hoy ya no”.
Manifestó que las denuncias de actos de corrupción investigarán, y “si las instancias que tienen responsabilidad de hacer esto, que es la Contraloría y el Jurídico no atienden, también vamos a revisar la actuación de ellos, nuestra responsabilidad es combatir la corrupción en todos los niveles y no permitir actos de intimidación y mucho menos de amenazas en la Secretaría”.
Dirigió denuncias de Reyna Bello al Jurídico
Del señalamiento de Reyna Bello de que a pesar de que entregaron las pruebas a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y a él, como “voucher de depósitos en las cuentas bancarias” y no se ha hecho nada, respondió que “a la gobernadora no se la ha entregado esto, no sé al secretario general de Gobierno, pero a mí en las reuniones que he tenido me han dado a conocer y de inmediato he instruido que se investigue”.
Expuso que como secretario escucha y atiende pero no lleva los expedientes a detalle, contó que fue en los primeros meses de esta administración morenista cuando en una reunión recibió las denuncias y comentarios, pero los dirigió al Jurídico, y en estos días revisará qué ha pasado con esas denuncias y si hay entorpecimientos, hará que continúen las investigaciones.
De la denuncia contra los validadores donde “hay mafias pequeñas” que trafican con cambios, con venta de contratos o nombramientos de recomendados, Marcial Rodríguez expuso que éstos son trabajadores de base y no de confianza, y colaboran en el área de Planeación para revisar si en una escuela que demanda maestros procede la asignación de docentes, “es decir, si existe la matrícula suficiente para que pueda contratarse o asignarse a un maestro o a un trabajador”.
Mencionó que los validadores no deciden todo sino que la responsabilidad final está en el director general de Planeación y en el subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, “pueden cometer errores los validadores, pero si el director de Personal está viendo y el subsecretario que no procede, se tiene que dar cuenta al secretario (es decir a él) para que se ordene corregir”.
El caso de los maestros
despedidos
De la queja de la líder magisterial de que el 15 de julio de 2022 fueron despedidos mil 800 maestros, el titular de la SEG contestó que se trató de profesores a quienes se les terminó su contrato temporal, “no hay que tampoco engañar a nadie, es un contrato temporal y la Secretaría no está obligada a volver a contratar a nadie que le dan un contrato temporal, nuestras obligaciones son con los que hacen el examen y que van a ingresar por carrera al servicio docente”.
Argumentó que la nómina de la SEG la paga la federación y ante la ellos le plantean si hace falta cubrir plazas, “antes había un desorden en el otorgamiento de plazas, de nombramientos, por eso el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa) lo tuvieron que blindar, para que ya no incorporarán a más trabajadores sino hasta pasar por un procedimiento de la autoridad estatal”.
Cobertura de plazas
De cómo cubrirán esos espacios de los docentes que no fueron contratados para que los niños no se queden sin clases, informó que en 2022 entregaron 560 plazas a los egresados de las normales que hicieron examen y se ganaron su plaza por méritos propios y los asignaron en esos espacios que quedaron.
Pero aclaró que habría que corroborar el dato de los mil 800 docentes despedidos, “no estoy diciendo ni que sí ni que no, hay que corroborarlo”, agregó que en Guerrero tienen registrados a 600 maestros actualmente que están por contrato.
Afirmó que apenas este lunes le informaron que de 69 escuelas que estaban cerradas por falta de maestros cuando recibieron la administración, actualmente ya abrieron 40, aunque dijo hay otra problemática, que algunas escuelas tienen muy poca matrícula, y para que no se queden los niños sin clases las incorporarán al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además este mes entregarán otro paquete de plazas a egresados de normales, a quienes enviarán a donde hagan falta.
“Desafortunadamente algunos egresados de las normales, pocos, que se les envía a cubrir plazas en lugares de zonas indígenas o en la Sierra, en zonas apartadas, no se presentan o van unos días y se regresan”, dijo, y afirmó que ya indicó al Jurídico proceder para dar esas plazas a quienes hicieron el examen y están en la lista “de prelación”.
Se le preguntó también por el señalamiento de irregularidades con las plazas de maestros fallecidos por Covid-19, las cuales se están vendiendo, Marcial Rodríguez dijo que “sí hubo muchos movimientos irregulares (en la administración pasada), basificaron a personal que no tenía derecho, incluso aquí mismo en las áreas centrales, a personal de confianza le hicieron contratos después de que terminó el gobierno, después del 15 de octubre de 2021, hasta diciembre sin tener facultades”.
Dijo que para no confrontarse con los trabajadores se les respetó su contrato hasta diciembre de ese año, pero ya no se les renovó.
Expresó que en 2022 denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cinco casos de venta de plazas en Tierra Caliente y de manera interna hay varios procesos en el Jurídico de casos de maestros que viven en Estados Unidos y siguen cobrando.
La SEG, en proceso de transición
De por qué se ha contratado a funcionarios que ya estuvieron en la administración pasada, cuando se dice buscar una nueva forma de gobernar, con un nuevo partido, además la base del magisterio apoyó políticamente un cambio, Marcial Rodríguez respondió que están “en un proceso de transición, se van haciendo ajustes de la totalidad del aparato administrativo, el aparato también es muy grande en la SEG”.
Aseguró que después del primer informe de gobierno de la gobernadora, les pidieron revisar las áreas administrativas para corregir y aseguró que “vamos a tomar nota, yo por eso circulé un conjunto de acuerdos que son obligatorios para todos los servidores públicos, para advertirles de que quien no cumpla con estos lineamientos no tiene cabida en la Cuarta Transformación”.
“Ya se han hecho algunos movimientos en la Secretaría, ha habido cambios en diferentes niveles, e incluido el secretario, estamos sujetos a una revisión a nuestro trabajo y a rendirle cuentas a la gobernadora, en mi caso estoy haciendo una evaluación constante y vamos a continuar atendiendo estos casos que dice la maestra para poder informar en su momento a la gobernadora”.
Reiteró que no permitirá ningún acto de corrupción, llamó a todos los servidores públicos, quienes dijo “están obligados a denunciar cualquier acto de corrupción y el que no lo haga que se atenga a las consecuencias, vamos a sancionar y en su caso a remover a funcionarios que no entiendan que somos un gobierno emanado de un movimiento”.
El 4 de diciembre de 2015, una de las grandes marchas de la CETEG en Chilpancingo en la Autopista del Sol contra la reforma educativa de Peña Nieto, que sigue con el actual gobierno Foto: Lenin Ocampo Torres
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano afirmó que sus demandas a nivel federal requieren de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga con iniciativas de reforma, especialmente a la Ley del ISSSTE y para echar atrás las reformas de Enrique Peña Nieto.
También señaló que el actual gobierno sólo maquilló las reformas educativas de su antecesor priista, y un ejemplo es el mismo control que se tiene mediante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) que afecta a todos los docentes no sólo de la Coordinadora.
Con la Reforma Educativa aprobada en febrero de 2013 durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente, que fue el instrumento con el que rigió “los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio” de los profesores en el país, y que provocó a nivel nacional movilizaciones masivas de docentes en contra porque la consideraron más que educativa una reforma laboral.
En Guerrero, los maestros realizaron las movilizaciones más grandes del país contra esta reforma: marcharon, instalaron plantones y realizaron bloqueos carreteros. El 5 de abril de 2013 más de 2 mil 500 profesores que se manifestaban fueron desalojados de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, por elementos de la Policía Federal encabezados por el jefe que se presentó con el seudónimo Espartaco. La represión provocó que el entonces gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, viviera la segunda crisis de su gobierno y removiera a parte de su gabinete, un año antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En entrevista con El Sur, Héctor Torres Solano consideró que el gobierno federal, ahora encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha maquillado la reforma de Peña Nieto, porque se mantienen las condiciones de control del ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia bajo la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, expedida en 2019, que opera con el órgano administrativo llamado Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
“La ley de la Usicamm es lo que ya venía trabajando Enrique Peña Nieto, la evaluación a los maestros para acreditar si son aptos o no, o sea terminar con la educación pública, y no dan estabilidad laboral a los compañeros”. Dijo que López Obrador aseguró que la derogaría o reformaría para que no afecte al trabajador, pero no ocurrió, “es lo mismo”.
Por la Usicamm, los nuevos maestros son contratados por cinco meses, y no pueden obtener una plaza de base
Detalló que esta ley no permite a los profesores obtener una base, es decir, tener estabilidad laboral, y por el contrario sólo les dan contratos de cinco meses, cuando la “ley dice que tiene que ser seis meses y un día para que puedas acreditar y tener una plaza”, es decir que con esos contratos es casi imposible obtener una base.
Manifestó que los profesores se ven obligados a aceptar los contratos que inician en agosto y concluyen en diciembre, para volver a firmar otro para el periodo de enero a julio, es decir, dos contratos por ciclo escolar; que repercute en los alumnos porque los docentes se ven obligados a hacer los trámites y dejar varios días de dar clases, o cuando ya no les renuevan su contrato, abandonan simplemente los centros de trabajo porque ya no les van a pagar, dejando sin maestros a miles de estudiantes.
Informó que actualmente tienen 354 casos de maestros a quienes ya no les renovaron su contrato. Para ellos, la CETEG exige plazas, porque ya tenían de tres a cinco años laborando, pero la actual administración estatal de Guerrero, encabezada por Evelyn Salgado Pienda, ya no los contrató y esos espacios se les dio a normalistas egresados.
Otra afectación de la Usicamm es que se pierde la bilateralidad entre el sindicato y la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) para los cambios del escalafón, “todo se centraliza en la Secretaría, el sindicato ya no puede reclamar los derechos del trabajador”.
Explicó que, un ejemplo es que se está perdiendo la posibilidad de que los maestros pidan su cambio de zona de trabajo por escalafón, porque además se presta a corrupción al dejar de ser observador el sindicato, y la única responsable en Guerrero es la titular de Usicamm, Lucila Rangel, quien selecciona a qué profesor sí o a quién no le otorgan el beneficio de cambiar de zona de trabajo.
“En la federación nos dicen que la ley de la Usicamm para los cambios es flexible, pero en Guerrero nos la aplican a rajatabla”, señaló.
Otro reclamo de la Usicamm es que los maestros deben subir su información a la plataforma en línea, lo que es inequitativo, porque en algunas zonas o comunidades de municipios de la Sierra y Montaña no hay internet, y los profesores que pretenden acceder al beneficio están en desventaja, la petición es que el proceso también sea presencial.
Reprochó que además, actualmente la Usicamm da nombramientos “inamovibles” que elimina los corrimientos internos entre los profesores de las zonas, es decir, que si a un profesor lo envían a la cabecera de un municipio, ya no lo pueden mover, a pesar de que otros maestros cumplen con los años laborando y piden su cambio de alguna comunidad a esa cabecera ya no se puede.
La exigencia es que se respete “la antigüedad del escalafón, respetando los espacios dentro de las zonas”.
“Hay un acuerdo firmado por (el titular de la SEG), Marcial (Rodríguez Saldaña) lo firmaron los subsecretarios, de conformar una comisión bilateral, Marcial le tomó protesta, donde ellos como secretaría, nosotros como sindicato, y jalarían a la parte institucional (del SNTE) para revisar cómo se iban dar los cambios y ascensos”, aseveró.
Pero Rodríguez Saldaña desconoció el acuerdo de la comisión bilateral, “jamás fue respetado ni tomado en cuenta, se tuvo la primera sesión donde se agendó qué día revisaríamos los cambios y ascensos, pero siempre la secretaría decía que no tenía el padrón y lo querían revisar faltando tres horas para que cerrara la convocatoria”.
Aseguró que eso provocó que durante 2022 tomaran varias ocasiones oficinas de la SEG para exigir a los funcionarios que respetaran la “comisión bilateral que se formó. Hemos tenido demasiadas mesas y nos hemos amanecido incluso, pero por lo mismo de que no respetan los acuerdos que ellos mismos firmaron”.
Héctor Torres expuso que otro daño de la Ley de la Usicamm, es para los profesores que por necesidad han tenido que cubrir el cargo de director o supervisor, pero que cobran como profesores o directores a pesar de que la carga administrativa aumenta.
Las autoridades, explicó, les piden que para autorizarles ese reconocimiento, los docentes necesitan aprobar un proceso, “nosotros aceptamos ese proceso, pero las condiciones son diferentes y ellos nos quieren aplicar un examen estándar a nivel nacional y nosotros decimos que no puede ser así. El docente, director o supervisor no vive la misma condición” en diversos lugares.
Sostuvo que actualmente la CETEG tiene 652 casos entre supervisores y directores que buscan que se les reconozca su cargo, a pesar de que ya cumplen la función, sobre todo porque económicamente hay un desgaste, “los directores no están ganando más, están ganando igual que sus otros compañeros (profesores), nada más que con una responsabilidad más grande, y lo mismo pasa con los supervisores”.
Ejemplificó el caso del supervisor de la zona 02 de primarias en Chilpancingo, a quien no se le reconoce el nombramiento a pesar de que lleva a cabo el trabajo, pero además, este caso se prestó a corrupción porque a quien la SEG pretende imponer es un supervisor que no cumplía con los requisitos de tener dos años en ese cargo para solicitar su cambio a Chilpancingo, y fue claro que le otorgaron el cambio por amiguismo o compadrazgos.
Los jubilados y la Ley del ISSSTE
Otra de las demandas que la CNTE-CETEG tiene a nivel federal es la derogación de la Ley del ISSSTE, porque afectó a los maestros jubilados al poner como tope de pensión 27 mil pesos; a pesar de que en activo hayan alcanzado la mejor clave en carrera magisterial, ya no les pueden pagar más.
Además, mencionó que el cálculo del pago de las jubilaciones se basa en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), que equivale a 89 pesos diarios hasta 2021, “lo que no genera mucho recurso, y todos los jubilados son afectados tanto si son o no de la Coordinadora”.
La exigencia es que para calcular la jubilación no se tome como base la UMA sino el salario mínimo que recientemente el 2 de diciembre aumentó a 207 pesos diarios, que aumentaría la cantidad que recibirían mensualmente, afirmó Torres Solano.
Aseveró que la Ley del ISSSTE no permite que muchos maestros que ya cumplieron sus años de servicio se puedan jubilar, “hay una tabla que marca la antigüedad y la edad, pero es variable y casi nunca la vamos a alcanzar”.
“Hay un caso de una maestra que entró joven a dar clases, pero con esta ley no se puede jubilar, a pesar de que perdió la voz, le están diciendo que la van a cambiar de actividad. Ya cumplió 34 años dando clases, tiene 54 años de edad, pero le faltan dos años para que tenga la edad de retirarse, y esos dos años los tiene que trabajar”, relató.
Lo que exigen es que la jubilación “se respete como era anteriormente, y se puedan retirar a los 30 años de servicio los hombres y las mujeres con 28 años, no por edad”.
Otro problema es con las Afores de los jubilados, pues con la Ley del ISSSTE muchos docentes eligieron la modalidad de “cuentas individuales”, precisó que si en activo un docente ganaba 5 mil 600 pesos a la quincena, al mes como jubilados tendrían que darles cerca de 10 mil pesos de jubilación, sin embargo, actualmente las afores que administran estas cuentas individuales se cobran una comisión y les dan 7 mil pesos mensuales.
“Y dónde queda el otro dinero, por eso no queremos las cuentas individuales sino el Décimo Transitorio (o Régimen Anterior, que es otra modalidad de calcular la pensión)”, el cual les conviene porque se calcula de acuerdo con el sueldo básico del último año inmediato a la fecha en la que se da de baja el trabajador.
Héctor Torres Solano manifestó que ante estos problemas que viven los docentes, la única forma en que se puede cambiar es mediante iniciativas de reforma que debe enviar el Ejecutivo federal, para la Ley del ISSSTE y la Ley General del Trabajo, y revertir la reforma educativa de Peña Nieto.
Sin embargo, ante el rompimiento del diálogo con el presidente López Obrador, a pesar de la jornada de movilización de la CETEG de 19 días con un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, no se logró retomar la mesa de diálogo para plantearle estas demandas directamente al mandatario federal.
Fuentes del magisterio contaron que tras la jornada de 19 días de movilización, varios integrantes de la CETEG se desmoralizaron con el gobierno federal, pues creían que el presidente López Obrador los atendería, porque es un movimiento disidente y izquierda y apoyó electoralmente a su partido Morena. Pero eso no ocurrió.
Maestros de la CETEG, organizaciones sociales y padres de los 43 en la marcha del 14 de noviembre en Chilpancingo, para de ahí partir en caravana a la Ciudad de México Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Segunda parte
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, afirmó que sus demandas no han sido resueltas en el gobierno estatal porque en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) hay tres grupos, uno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, otro del senador Félix Salgado Macedonio, y otro de morenistas fundadores, además señaló que hay funcionarios y trabajadores administrativos que les ponen obstáculos, quienes estuvieron en otras administraciones del PRI y PRD y ahora actúan con “las mismas prácticas”.
En entrevista, el dirigente de la CETEG detalló las demandas prioritarias del magisterio que no han sido atendidas por los gobiernos de izquierda federal y estatal.
Héctor Torres Solano fue presentado el 29 de octubre de 2021 como secretario general de la CETEG; cuestionado internamente por haber sido candidato a alcalde de Malinaltepec en 2020 por el partido Movimiento Ciudadano, municipio de donde es originario. Es hablante de me’phaa, licenciado en Educación y profesor de Educación Indígena que se encontraba asignado en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad de El Tejocote, Malinaltepec, antes de asumir la dirigencia.
La elección de Torres Solano se dio porque el 27 agosto de 2020 murió su antecesor, Arcángel Ramírez Perulero, víctima de la pandemia de Covid-19, en Acapulco.
Con poco más de un mes como secretario general de la CETEG, Torres Solano el 2 de diciembre de 2021 tras una movilización de más de 2 mil maestros y jubilados para bloquear la Autopista del Sol en Chilpancingo, tuvo su primer encuentro con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, donde ella se comprometió a dar respuestas resolutivas a más de 40 demandas, sin embargo, no hubo muchos avances.
Tras varios días de marchas, bloqueos y cierre de edificios, el 15 de marzo de 2022, Salgado Pineda se reunió cuatro horas con la CETEG en el edificio Juan Álvarez, en la capital del estado, donde llegó acompañada de sus más cercanos funcionarios. Ese día Evelyn declaró que habría sesión permanente de la mesa de diálogo y trabajo para solucionar las demandas de la CETEG.
Sin embargo, el 14 de noviembre pasado cuando el magisterio inició su caravana hacia la Ciudad de México, manifestó que el diálogo con el gobierno estatal se agotó, y que la gobernadora no ha cumplido los acuerdos de sus mesas de trabajo.
En la entrevista, Héctor Torres aseguró que el único logro que tuvieron con su movilización de 19 días fue la reunión tripartita con funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal, celebrada el viernes 9 de diciembre en la capital del estado, en el que se trató la demanda de recategorizaciones.
Consideró que es importante la reunión porque cuando sólo dialogaban con funcionarios federales “les echaban la bolita al gobierno del estado”, y en las mesas de trabajo en Guerrero se responsabiliza a la federación, por ello en esa mesa verían “quién miente, y quién no quiere flexibilizar para que las peticiones avancen”.
Se le preguntó por qué a pesar de que los gobiernos morenistas federal y estatal se denominan de izquierda no han podido resolver sus demandas, y Héctor Torres respondió que en el caso de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “está haciendo su mejor esfuerzo, pero hay estructuras que ya estuvieron en su momento en gobiernos pasados y traen el mismo ritmo de trabajo”.
–¿Están enquistados en su gobierno?
–Sí, ex funcionarios que estuvieron en el PRI, pero que ahora están en Morena, y tienen las mismas prácticas. Otros que estuvieron en el PRD y que ahorita están en esta administración, y no hay tal cambio. Ellos dicen que son del movimiento social, nosotros les decimos que son más del movimiento social partidista que un movimiento social real.
“Ellos nos dicen compañeros de movimiento, y nosotros les decimos que no, que su movimiento es diferente al mío, ellos lucharon en su momento por una cuestión electoral y yo estoy luchando por mis derechos laborales, que son diferentes”, expresó.
–¿Félix Salgado no ha intervenido para resolver sus demandas o ustedes lo han buscado?
–Entendemos nosotros que el gobierno es gobierno, y la gobernadora en este estado se llama Evelyn Salgado Pineda, el otro es senador y cada quien con sus funciones. Nosotros estamos trabajando con la gobernadora.
–¿El secretario de Educación del estado, Marcial Rodríguez Saldaña, por qué no ha resuelto sus demandas?
–Tenemos mesas de diálogo, pero también hay demandas en las que vemos y sentimos que está atado, que no puede avanzar. Vemos que ahí en la Secretaría hay como tres o cuatro grupos: el grupo de la gobernadora (Evelyn Salgado), el grupo del senador (Félix Salgado Macedonio), y el grupo de los morenistas fundadores. Entonces todo eso, impide avanzar. Porque anteriormente quien ponía a todos los subsecretarios era el secretario de Educación y ahora no, ahorita cada una de las corrientes pone a su subsecretario.
–¿Cada grupo trabaja por su lado?
–Sí y quienes pagamos las consecuencias somos nosotros.
De acuerdo con fuentes del magisterio, los subsecretarios de Educación Básica, Ricardo Castillo Peña; de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra; y de Educación Media Superior y Superior, Marco Antonio Marbán Galván, son cuotas políticas que llegaron por acuerdos con el padre de Evelyn, Félix Salgado Macedonio; mientras que el subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Moreno Lira, es cercano a la gobernadora; y el secretario Marcial Rodríguez encabeza su propio grupo.
También, en la atención del magisterio de nómina estatal, funcionarios como el director de Administración y Desarrollo de Personal, Óscar Francisco Herrera Vázquez, o la directora de Educación Estatal, Leticia Nava López, son cercanos al grupo político de la gobernadora. Esta división afecta la toma de acuerdos, porque las fuentes señalan que en mesas de diálogo convocadas por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, el propio Rodríguez Saldaña no ha llegado, porque les ha dicho que él no atiende más que el llamado de la gobernadora.
–¿Qué opina de que en esta administración haya funcionarios como José Luis González de la Vega Otero (ex secretario de Educación durante las administraciones de Zeferino Torreblanca y Héctor Astudillo, y actualmente es director de Promotora Turística)
–En su momento lo denunciamos y dijimos que estábamos decepcionados, de igual forma, hay gente que ya ha estado en otras administraciones, en diferentes puestos de bajo nivel, que llevan años. Por ejemplo los validadores que nos revisan la documentación, es gente que ha estado años en la Secretaría y a veces los subsecretarios tienen indicaciones de la gobernadora que tienen que atender, pero también estos ponen obstáculos, los que están abajo, los administrativos.
“Ya se le ha comentado (a la gobernadora). Hay directores de área que han hecho un desbarajuste y medio dentro de la Secretaría de Educación, incluso secretarias que le han puesto una piedrita a la CETEG y al final de cuenta le pega tanto al secretario Educación, a los subsecretarios y a la propia gobernadora, por la actitud de una secretaria, en lo que no han tenido cuidado”, sostuvo.
Al dirigente del magisterio disidente se le preguntó si sus demandas son las mismas que tienen otros grupos o corrientes que también se hacen llamar CETEG, respondió que sólo hay una Coordinadora, pero “hay compañeros que fueron expulsados por su forma de actuar” y como tienen el conocimiento y saben cómo se hacen las gestorías y tienen gente que simpatiza con ellos forman su propio grupo “llamándose Coordinadora”.
Mencionó como ejemplo a los maestros de Acapulco que recientemente lanzaron una convocatoria firmada por las regiones de Acapulco, Costa Grande y la región Norte, “la Coordinadora no es así, la Coordinadora somos todas las regiones. ¿Y qué tanto mueven? Pues son unos cuantos los que está moviendo, pero entiendo también que el gobierno los mantiene porque les sirve, lo que nosotros le llamamos los esquiroles del estado”.
Señaló que parte de esos grupos alternos “son los compañeros que han estado en esa sintonía, que lejos de que se busque la forma de cómo poder atender todos los asuntos, atienden más asuntos personales, pero las demandas grandes, lo grueso, lo duro lo trae la Coordinadora, como es tumbar la Ley de la Usicamm”.
No se audita el PPS por acuerdos del actual gobierno con Astudillo
–¿Por qué dicen que el gobierno estatal no ha cumplido acuerdos, si además se dice es un gobierno de izquierda?
–Ellos como gobierno pueden decir que son la Cuarta Transformación, porque ellos se autodenominan, no es el pueblo el que les reconoce así. Ellos pueden decir que son unos gobiernos de izquierda, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de diálogo, pero entendemos que no es así.
“En días pasados ustedes se dieron cuenta que hubo padres de familia que protestaron, exigiendo maestros, porque se les termina su contrato a los maestros y se van y abandonan el grupo porque ya no le van a pagar. ¿Que hicieron los padres?, vinieron, protestaron (en Chilpancingo) y lo que encontraron fue la represión ahí en la Autopista. Nosotros decimos que si realmente vienen a atender al pueblo, ¿por qué hay escuelas cerradas en el estado?”, manifestó.
Dijo que la CETEG tiene contabilizadas 24 escuelas cerradas hasta inicios de diciembre por falta de maestros, principalmente en los niveles de primaria y preescolar, sobre todo en la región de La Montaña Alta, “donde predominamos los pueblos indígenas ahí es donde encontramos la falta de maestros. Aunque en Chilpancingo, me comentaban que había también dos escuelas cerradas por falta de maestros”.
Sostuvo que los acuerdos políticos entre la actual gobernadora y su antecesor, el priista Héctor Astudillo Flores, también evita que avance en una de sus peticiones, que se aplique una auditoría al Plan de Previsión Social (PPS) del magisterio.
“La ley federal del trabajo nos da la oportunidad de tener una caja de ahorro y en esta caja anteriormente le quitaban el gravamen (impuesto o cargo que se aplica sobre un bien inmueble). El trabajador aportaba 2 pesos, el gobierno federal aportaba otros 2 y el gobierno estatal un peso, y se hacía la caja y se empezaba a dar préstamos a los compañeros para viviendas, pero desde el periodo de René Juárez Cisneros se vio como una caja chica”, contó.
Afirmó que la empresa que administraba el recurso, funcionarios estatales y “el charrismo sindical” vieron que había dinero y empezaron a tomar del PPS, lo que afectó no sólo a los maestros en activo sino también a los jubilados, porque no les han pagado sus seguros institucionales, y el dinero de las viviendas que se dieron con ese recurso no ha regresado a la caja porque se queda en manos de particulares.
Expuso que por ello exigen una auditoría al PPS, para “que caigan los responsables”.
“En el período de Héctor Astudillo se hizo una auditoría que dio a conocer el desfalco millonario que se le hizo al PPS y se hablaba de más de mil 700 millones de pesos que desaparecieron, que se los fueron acabando poco a poco, pero como afectaba los intereses de los que fueron secretarios generales de la sección 14 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) en su momento, e iba a pasar a traer a varios funcionarios que estuvieron de acuerdo en saquear ese recurso, por eso Astudillo cambió esa auditoría por una a modo y dijo que aquí no pasaba nada, que todo estaba bien, que todo era transparente”.
El director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), José María Morelos Martínez, aseguró que ha hecho los trámites correspondientes para atender la petición de donación del terreno que ocupa la Escuela Secundaria General José Martí, al tiempo que aseveró que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no le ha dado ninguna instrucción al respecto para atender esa solicitud.
Ayer martes, Morelos Martínez ofreció una conferencia en el salón de usos múltiples del fideicomiso, y dijo que convocó para responder a “una opinión que de una forma drástica se ha presentado y que está totalmente equivocada, debido a que de donde se tomó la información no es una fuente fidedigna real porque no tiene la documental que avale y legalice esa información”.
Lo anterior en referencia a las declaraciones que hicieron maestros de la CETEG en una conferencia de prensa el viernes de la semana pasada en la que señalaron al servidor público de haber obstaculizado el proceso de solicitud de donación del terreno que ocupa la secundaria José Martí desde hace 22 años, esto luego de haberse reunido con el secretario de Educación en la entidad, Marcial Rodríguez Saldaña, quien les informó que en los documentos que Morelos Martínez le hizo llegar, él mismo señalaba que no se podía donar el predio por no tener la superficie adecuada para una escuela.
Dijo que el funcionario partió de un oficio firmado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal, Irene Jiménez Montiel, en el que sugiere que se busque otro predio en el que se puedan construir instalaciones apropiadas para esa institución educativa, “ya que de donarse el predio, se incurren en diversas omisiones del marco jurídico, dejando a la población educativa en riesgo al operar en instalaciones no apropiadas”.
Asimismo explicó que el gobierno del estado tendría que pedir al Congreso local la autorización para la donación para que sea un decreto, es decir, que se desincorpore el terreno del Fibazi a la escuela a través de un decreto presidencial, “en este caso, a través de la gobernadora”.
Enseguida, Morelos Martínez hizo una amplia exposición de los trámites que ha llevado a cabo ante otras instancias del gobierno del estado y el Congreso local en aras de apoyar a la escuela para que pueda contar con la certeza jurídica del terreno, “nosotros seguimos trabajando y tenemos ahorita un documento que estábamos arreglando para enviar nuevamente en estos días sobre cómo iba el proceso del decreto”.
Dijo que la vía para que la escuela consiga el predio es a través del decreto, “a mí en lo personal, la gobernadora no me ha instruido nada, nada, ni verbal ni por escrito, en esta última visita (de la gobernadora) no hubo más que nos saludamos, me dijo: doctor, ¿cómo va el Fibazi? le dije bien. Sí, sé que va muy bien. Y fue todo”.
Comentó que la gobernadora sólo recibió a una maestra de la escuela y que él no tuvo ninguna llamada y ninguna indicación de la gobernadora, “ninguna instrucción por escrito ni verbal”, en alusión a lo que mencionaron los maestros cetegistas en el sentido de que Evelyn Salgado le dio la instrucción de que hiciera los trámites para la donación del terreno al Ayuntamiento y el gobierno municipal a su vez, lo ceda a la escuela a más tardar en tres meses.
El secretario general de la CETEG, Héctor Torres Solano, en entrevista en sus oficinas en Chilpancingo Foto: Emiliano Tizapa Lucena
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Primera Parte
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, dijo que la ruptura del diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se debió a que en 2020 pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que participara en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porque en su gobierno habría “piso parejo” en las renovaciones de las dirigencias sindicales, la disidencia magisterial lo rechazó.
Los maestros democráticos aglutinados en la CNTE, de la que forma parte la CETEG, advirtieron que de aceptar la propuesta de López Obrador desaparecería la Coordinadora, y consideraron que esa era precisamente la intención del presidente.
También, señaló que el reglamento para las elecciones en el SNTE se hizo a modo en contubernio con la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, para competir para secretario general de las secciones tendrían que “tener reconocimiento por parte del charrismo sindical”.
El Sur solicitó una entrevista a Torres Solano, sobre la situación que llevó a la CETEG a sair en caravana el 14 de noviembre a la Ciudad de México, donde permaneció en plantón nueve días más, y aún así no consiguió su principal objetivo que es el diálogo con el presidente López Obrador, a fin de destrabar las demandas del magisterio. Quisimos saber por qué López Obrador está cerrado a dialogar con el magisterio democrático.
En la entrevista, el dirigente de la CETEG detalló las demandas prioritarias que no han sido atendidas por los gobiernos de izquierda a nivel federal y en el estado.
En una pequeña oficina, en el segundo piso del edificio de la CETEG, ubicado en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, sentado tras un escritorio con decenas de carpetas, Héctor Torres Solano comentó que el único logro que tuvieron con su movilización de 19 días fue una reunión tripartita con funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal, que se realizó el pasado viernes 9 de diciembre en la capital del estado.
El problema de la falta de diálogo es para toda la CNTE, no sólo para la CETEG, y al principio se esperaba que en la movilización a la Ciudad de México participaran varios estados. Torres Solano explica: “El 14 de noviembre nosotros iniciamos una jornada para reinstalar la mesa de trabajo con el presidente de la República. Sin embargo, vimos que las condiciones eran muy diferentes en las otras secciones, por ejemplo Chiapas está buscando el relevo seccional, Oaxaca de igual forma está en ese proceso. Michoacán apenas venía saliendo de una jornada que desgastó mucho al contingente que manejan. Y nosotros que estamos puestos, pero nos faltó más fuerza”, dijo.
Contó que cuando salieron de Chilpancingo hacia Iguala, maestros jubilados les dieron de cenar a quienes iban en la caravana, y recibieron el respaldo en cada lugar por donde pasaron: el 15 de noviembre recorrieron de Iguala a Buenavista de Cuéllar, el 16 de Buenavista a Amacuzac, Morelos; el 17 de Amacuzac a Alpoyeca, el 18 de Alpoyeca a Cuernavaca; el 19 de Cuernavaca a Tres Marías, el 20 se mantuvieron en el mismo lugar porque no había agua en el lugar donde llegarían; el 21 se trasladaron de Tres Marías a la Ciudad de México, y el 22 marcharon de Taxqueña hacia el Zócalo de la ciudad, donde se instalaron en plantón.
Ya en el plantón se mantuvieron nueve días, Héctor Torres reveló que desde que llegaron los citó a una mesa de trabajo el enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carlos Ramírez, para conocer sus peticiones, “acudimos y estuvo gente de Gobernación, de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Miguel Ángel Guerrero, y planteamos nuestras demandas”.
El 1 de diciembre, cuando se retiraron del Zócalo cerca de 500 manifestantes y regresaron a Guerrero, el representante de prensa de la CETEG, Gerardo Gómez, afirmó que concluirían su plantón porque se había reabierto el diálogo con el gobierno federal y acordaron una mesa tripartita, pero al día siguiente tras marchar y en un mitin en la capital del país, el propio Torres Solano reprochó que a pesar de manifestarse pacíficamente y pedir el diálogo con las autoridades federales no habían tenido la respuesta que esperaban.
Ante esta confusión, Torres Solano contó que desde que los maestros de Guerrero comenzaron a manifestarse en la Ciudad de México, funcionarios intentaron condicionarlos para que se retiraran de la plancha del Zócalo, “nos amenazaron con la marcha de las feministas, que el bloque negro nos iba a destrozar las casitas (de campaña), no pasó tal, luego que la marcha del domingo 27 de noviembre que encabezó el presidente de la República (a favor de su reforma electoral), que sus seguidores nos enfrentarían, tampoco nos prestamos a eso”.
“Siempre estuvimos pacíficos y no hubo argumentos para que nos dijera el presidente que somos los radicales, los de ultraderecha o gente de Frena (Frente Nacional Anti AMLO)”, argumentó.
Precisó que no tuvieron diálogo con el presidente de la República, pero se sí atendieron demandas de Guerrero y retiraron el plantón porque consiguieron la reunión tripartita con funcionarios del gobierno federal y de Guerrero, pero para demandas como derogar la Ley del ISSSTE o la reforma educativa, “el Ejecutivo nunca se prestó”.
Manifestó que en 2019, López Obrador envió “una carta a los dirigentes de la CNTE, donde les decía que es el único movimiento magisterial que pudo sobrevivir al vendaval neoliberal, él dijo eso, Andrés Manuel y en su momento la vamos a mostrar para decirle que se le olvidó lo que había comentado, por eso es que hemos estado buscando el diálogo con él”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en su artículo publicado el 21 de noviembre en El Sur, planteó que el diálogo de la CNTE con el presidente de la República se suspendió por el incidente ocurrido el 27 de agosto del 2021 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando maestros de la CNTE le obstruyeron el paso al mandatario para exigirle que bajara de su vehículo con el fin de establecer un diálogo directo.
Torres Solano dio otra explicación. Reveló que López Obrador en 2020 “quería que entráramos a la contienda electoral del SNTE, donde decía que en su administración habría piso parejo para todas las renovaciones de las dirigencias. Por ejemplo, la sección 14 (en Guerrero) que iba a haber condiciones para que se eligiera un secretario democráticamente, con voto en urna, voto directo”.
“Sin embargo, quienes empezaron a trabajar la ley del reglamento para esa elección, fue el charrismo sindical en contubernio con la secretaria del Trabajo, (Luisa María Alcalde Luján) a nivel federal. Su papá (Arturo Alcalde Justianini) es asesor de (Alfonso) Cepeda, el dirigente nacional (del SNTE), y no dudamos de que ese reglamento lo hicieron a forma, porque leyéndolo, dice que para participar y ser secretario general de la sección 14 y otras secciones, tendrías que tener reconocimiento por parte del charrismo sindical”.
“Entonces cuándo me vas a reconocer a mí, si yo he estado siempre en tu contra (del SNTE), o sea, yo nunca voy a poder participar. Sin embargo, López Obrador decía que teníamos que entrar y nosotros decíamos como CNTE que no, porque nosotros íbamos a validar las marranadas que ellos llevan a cabo en el proceso”.
Héctor Torres ejemplificó el proceso vivido recientemente en Guerrero, “ya eran cartas marcadas, nosotros sabíamos perfectamente que quién iba a ganar de por sí era Silvano (Palacios), los demás (candidatos) que andaban fueron ingenuos en no escuchar lo que se les estaba diciendo, y que ahorita ellos dicen nos engañaron, siempre supieron perfectamente que eso iba a suceder”.
El 25 de octubre de 2022, cinco planillas compitieron por el relevo en la dirigencia de la Sección 14 del SNTE de Javier San Martín Jaramillo; la ganadora por un amplio margen fue la planilla naranja, encabezada por Silvano Palacios Salgado, quien con 17 mil 638 votos le sacó una ventaja de 9 mil 510 sufragios al segundo lugar que fue de la planilla verde. Incluso el 10 de noviembre tres planillas marcharon en la capital para denunciar un proceso electoral “viciado”, y exigir la anulación y reposición del proceso.
Para Torres Solano el charrismo sindical no permitirá “que se avance o se les quite los espacios que ellos ya tienen”.
–¿Entonces qué pretendía el presidente con que participaran en la elección, una simulación?
–Dentro del sindicato más grande del país, que es el SNTE.
–¿Y por qué buscar esta simulación?
–Ahí sí desconozco la razón del presidente. Se le dijo en una mesa de diálogo que no y él dijo que sí, que teníamos que entrar (a la elección) y como no se pusieron de acuerdo los secretarios generales en su momento, los que tuvieron la plática con él en 2020, hubo el distanciamiento por no aceptar ir a una elección. Lo que él quería supuestamente, su misión era conjugar, que ya no hubiera coordinadora y que todos fueran SNTE nada más.
–¿Entonces intentó desaparecer a la CNTE?
–Así se ve, quería desaparecer a la coordinadora, pero como nosotros siempre hemos sido críticos, siempre hemos analizado cómo vienen las reformas, no se aceptó y ahí fue el rompimiento. Posteriormente ya fue secundario lo de Chiapas, pero el rompimiento ya estaba al momento de no aceptar ir a una elección bajo esas condiciones.
El dirigente de la CETEG expuso que no lograron con 19 días de movilización sentarse con López Obrador para destrabar problemas que como CNTE tienen, entre ellos, las malas condiciones en que viven los docentes con el servicio médico del ISSSTE, exigir que reinstalen a sus compañeros que por protestar contra la Reforma Educativa en la administración de Enrique Peña Nieto fueron cesados de sus trabajos, así como la liberación de 154 presos políticos, profesores detenidos también por protestar contra la reforma, de los cuales aseguró no hay ningún caso de Guerrero, pero los guerrerenses son solidarios con los estados donde sí los hay.
Además, dijo, exigen la derogación de la Ley del Usicamm, y buscan “evaluar con él (presidente) cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta, pero definitivamente se cierra y no ha querido dialogar”.
El rector de la UAG, José Alfredo Olea en el foro de Educación Superior Tecnológico en Guerrero ayer en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Alejandro Guerrero
Iguala
En la mesa de trabajo entre el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, y representantes de un sector de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) durante la tarde y noche del miércoles, se acordó el pago de adeudos a profesores que cubren interinatos, incorporación de más de 500 docente a la nómina federal, entrega de uniformes escolares, supervisión de escuelas afectadas por fenómenos naturales y por vandalismo durante la pandemia.
Asimismo, en la región Norte se acordó la entrega de comisiones a directoras de escuelas, reembolso de descuentos aplicados a una maestra y la separación de las supervisoras de las zonas escolares 95 y 103 de preescolar, con lo que se ofreció que este viernes los paristas entregarán las oficinas regionales de la Secretarái de Educación Guerrero (SEG) y la jefatura del sector 9 con sede en Iguala, para regresar a las aulas el lunes, luego de que unos mil alumnos estuvieron sin clases por más de dos semanas.
Desde la 1 de tarde y hasta las 11:30 de la noche del miércoles, una comisión de miembros de la CETEG de las regiones Norte, Acapulco y Costa Grande, se reunieron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo con el secretario de Educación, luego de protestas simultáneas realizadas por los profesores de escuelas de nivel básico.
En la zona Norte, este jueves todavía se mantuvo la toma de la delegación regional de la SEG que inició desde el martes de la semana pasada, pues los paristas realizaron una asamblea informativa y acordaron entregar este viernes las instalaciones, al igual que la jefatura de sector 9 de preescolar, que lleva más de dos semanas tomada.
Uno de los representantes de la Comisión Política de la coordinadora en la zona Norte informó que en la mesa de trabajo se abordaron 26 puntos, algunos de ellos de demandas generales y otros de cada región.
Indicó que se abordó la incorporación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) de 3 mil 609 trabajadores del sector educativo que siguen fuera de la nómina federal, para lo cual el secretario de Educación les informó que a partir de enero iniciarán la incorporación de poco más de 500 docentes, luego de que se estima que alrededor de 800 trabajadores del sector educativo se jubilarán mediante el programa de Estímulo a la Jubilación.
La fuente consultada dijo que en la reunión se solicitó a Rodríguez Saldaña que la incorporación a la nómina federal de los docentes se haga con transparencia, con asignación con base en derechos de antigüedad, y que no sea “como en las administraciones pasadas que se incorporó a compañeros que no les asistía el derecho”.
Asimismo, dijo que a partir de enero iniciará una supervisión con el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) en los planteles de todas las regiones que tienen daños estructurales a causa de fenómenos naturales y de instituciones que fueron “vandalizadas” y saqueadas durante la ausencia que hubo en la pandemia, y que se inicie su reparación.
Además de la entrega de uniformes gratuitos a alumnos de primarias y secundarias, de lo que se les informó que para este ejercicio fiscal se entregarán a alumnos de las regiones Montaña y Norte, y en el próximo se entregará al cien por ciento en el total de las regiones.
Del pliego de peticiones y acuerdos correspondientes a la zona Norte, el representante cetegista indicó que este viernes serán entregadas comisiones de directoras encargadas de escuelas de nivel preescolar, que estaban pendientes.
Se analizó el proceso jurídico para la separación de las supervisoras de las zonas escolares 95 y 103 de preescolar, Nedy Ortiz Garduño y Evelyn Carranco, para que sean reasignadas a otras zonas escolares, sin violentar sus derechos, con criterios de certeza y legalidad.
Se informó que esas zonas escolares seguirán perteneciendo al sector 9 de Iguala, y con este acuerdo, las educadoras levantarán el paro que mantenían desde el 22 de noviembre, lo que ha dejado sin clases a unos mil alumnos.
Asimismo, se acordó el reembolso de descuentos aplicados a una maestra que participa en el paro, debido a que las supervisoras levantaron actas de abandono de empleo contra varias, pero sólo a una le llegaron los descuentos.
Otro de los acuerdos fue el pago de adeudo de horas a docentes, que cubrieron interinatos en el ciclo 2021-2022, en escuelas donde hacen falta maestros, a quienes se les ofreció hacer los pagos en las quincenas 22 y 23.