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La presencia de policías y Ejército en Chilapa no ha ayudado a bajar la violencia, dice un padre

“Estamos en un juego donde ya no sabes qué es cierto o que es inventado para atemorizar a la ciudadanía”, consideró un padre de familia que ya ha dado de baja a sus hijos de escuelas ubicadas en esta ciudad y consideró que de nada sirve la presencia de las policías y el Ejército porque no ayudan a bajar la violencia.
Además cuestionaron qué pretende el gobierno de Héctor Astudillo al minimizar la situación de violencia que mantiene colapsado al sector educativo y al comercio.
“No sé qué se pretenda con toda esta situación. El gobernador dice que es nuestra imaginación, yo quisiera que se viniera a dar una vuelta una semana pero sin guaruras”, reclamó un testimonio.
El pasado miércoles, el delegado regional de servicios educativos de la Montaña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, reveló que durante más de 40 días que lleva la suspensión de labores en el contexto de violencia y amenazas a maestros, padres de familia han empezado a dar de baja a sus hijos para trasladarlos a otras escuelas en otros municipios fuera de la región.
Informó que de las 680 escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todas las modalidades que existen en la región educativa Montaña Baja, ubicadas en su mayoría en siete municipios (Chilapa, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Acatepec y Zapotitlán Tablas), la semana pasada regresaron a laborar 17 ubicadas en la zona rural de Chilapa así como “algunas escuelas de Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y la parte más alta ubicada en la Montaña: Zapotitlán Tablas”.
El integrante de la dirigencia regional de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Evelio Venancio, informó el miércoles de la semana pasada que ya había escuelas de nivel primaria trabajando, ubicadas en la colindancia de Tixtla a Chilapa.
Este fenómeno ha sido minimizado por el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega, quien ha declarado que “unas setenta y tantas” escuelas habían cerrado por la violencia y este pasado viernes en la capital del estado dijo que eran 150 escuelas cerradas y que 42 ya habían reanudado.
Aunque el delegado regional, Jerónimo Maurilio Morales, no precisó la cifra de deserciones o traslados porque, dijo, aún no se han procesado en el sistema de la SEG, se han conocido al menos siete casos en el colegio privado Carrillo Cárdenas del nivel preescolar, secundaria y preparatoria; dos en las secundarias técnicas ubicadas en Zitlala y en la cabecera de Chilapa y una baja más en la secundaria general Benito Juárez en Chilapa.
Además, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, reveló que 50 alumnos de la preparatoria 26 “Albert Einstein” han emigrado a preparatorias de Chilpancingo.
Un padre de familia que dio de baja a tres de sus hijos ante la incertidumbre por el regreso a clases, el clima hostil generado por los hechos de violencia y la militarización de la ciudad, informó que amenazar al sector educativo para que no haya clases es lo último que la ciudadanía esperaba.
“Es lo último que podemos esperar de esta situación: amenazar hasta para que ya no tengamos clases. Y nos están obligando a desertar de un municipio en el cual nosotros hemos vivido siempre”.
Explicó que desde el 25 de septiembre que inició la suspensión de clases, en el colegio privado donde tenía estudiando a sus hijos en diferentes niveles, cada quince días los papás tenían que ir por tareas.
“Pero rápido, los maestros ya tienen los paquetitos de lo que te van a dejar, vas, recibes y te sales por el miedo ¿no?”.
Dijo que incluso hubo testimonios de maestros que aseguraron haber sido agredidos verbalmente para no reanudar labores.
“(Las amenazas) empezaron con licenciaturas, prepas y ahora primarias y kínder. ¿Qué pretende el gobierno del estado? Si diera solución a esta situación no estaríamos así. Para qué sirve tanta seguridad de la Policía Federal, Estatal, Ejército, (policía) Ministerial, si a la hora de pedir ayuda no la brindan”.
“A nosotros como ciudadanía no nos sirve, para mí están malgastando los recursos federales para una seguridad nula en el municipio”.
Y concluyó: “Estamos en un juego donde ya no sabes qué cosa es cierta y que es inventado para atemorizar a la ciudadanía. No sé qué se pretenda con toda esta situación”.
“El gobernador (Héctor Astudillo) dice que es nuestra imaginación, yo quisiera que se viniera a dar una vuelta una semana pero sin guaruras. Después de eso que nos diga si somos los que estamos mal”, dijo el padre de familia.

Bajan ventas en un 70 por ciento

La poca actividad que ha derivado la suspensión de labores en todas las escuelas de la ciudad ha provocado la disminución de 70 por ciento en las ventas, informaron comerciantes del centro de la ciudad.
“Ya casi no hay negocios. Para los comerciantes la suspensión de las clases significa poca venta y parando todo esto a nosotros nos están dejando sin ningún ingreso”, dijo.
–¿En cuanto han caído sus ingresos por las ventas?, preguntó este reportero a locatarios de abarrotes en el primer cuadro de la ciudad.
“El 70 por ciento, de plano, estamos por cerrar todo; por ejemplo: la luz no nos la perdonan, el agua, son gastos que tenemos que pagar, el contador; ellos no se fijan si vendemos o no, impuestos en (la Secretaría de) Hacienda igual”.

Bloquean calles de Iguala locatarios afectados por el incendio; piden hablar con Astudillo

Comerciantes afectados por el incendio del área de tianguis del mercado central Adrián Castrejón, bloquearon tres horas las calles Galena y Altamirano, en el Centro de Iguala, para exigir una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, para que les den apoyo económico para reactivar sus negocios.
La Secretaría de Protección Civil estatal informó que fueron afectados 90 locales con pérdida total, dos más con pérdida parcial y uno con pérdida total pero que no tenía mercancía, en el incendio de la noche del martes.
La dependencia indicó en un boletín de prensa que los negocios estaban construidos de madera y lámina, tenían almacenada mercancía de calzado, ropa, fruta y comida, y agregó que continúa los trabajos de limpieza en el lugar.
La Policía Estatal informó que los comerciantes del mercado detuvieron a un joven de 27 años a quien señalaron de presunto responsable de provocar el incendio.
En el parte de la corporación se informa que el detenido se llama Javier, de 27 años, quien discutió con un comerciante del mercado y luego le prendió fuego a unas sabanas en el local, lo que causó el incendio que se propagó a los demás negocios del mercado.
La mañana de ayer, trabajadores de Protección Civil estatal, funcionarios del municipio y militares censaron a los comerciantes que sufrieron daños en sus negocios en el incendio.
Después de una hora de protesta, los inconformes arrojaron los escombros a las dos vialidades para bloquearlas e impedir el paso de los automovilistas.
La calle Galeana se ubica en la entrada de la terminal de autobuses Estrella Blanca, y la Ignacio Manuel Altamirano se encuentra cerca del mercado. Los inconformes portaban pancartas que se leía, “Exigimos solución inmediata”, “Queremos al gobernador”.
A las 6 de la tarde, los comerciantes se reunieron con el alcalde Delgado Castañeda, con quien acordonaron que el Ayuntamiento indemnizará a los 94 comerciantes afectados por el incendio, además de que reconstruirá sus locales.

Obligan a policías en el Centro de la capital a liberar a siete comerciantes detenidos en un cateo arbitrario

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comerciantes establecidos en las calles del centro de la capital obligaron a abortar la tarde de ayer una operación implementada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que llegaron en vehículos sin logotipo, algunos sin placas y otros con placas del estado de Morelos a decomisar mercancía, según los comerciantes, sin orden de cateo ni oficio de comisión.
Los agentes habían detenido a siete comerciantes y decomisado 15 playeras de la marca Tomy, como muestra de que se trataba de prendas piratas, y trasladaron a los detenidos a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero más de 50 comerciantes fijos y semifijos retuvieron una patrulla de la Policía Municipal con cinco elementos abordo, y una camioneta Pick Up con dos agentes de la AIC y un abogado de la dependencia federal, con los que negociaron la liberación de sus compañeros.
El ambiente se tensó cuando algunos de los indignados comerciantes amenazaron con voltear e incendiar la camioneta en la que se encontraban los agentes federales, y tuvieron que acudir al lugar el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinosa Montoya, para negociar la entrega de los detenidos a cambio de la liberación de los agentes y las camionetas.
Todo esto ocurrió en la calle Francisco y Madero esquina con Emiliano Zapata, en el Zócalo de Chilpancingo, entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde.
Los agentes federales encontraron resistencia de los comerciantes desde el primer establecimiento al que llegaron, ubicado en la esquina de Madero con avenida Guerrero. Allí, el propietario de Imagina Regalos, Roberto Castañón, un conocido comerciante de la capital y propietario de la farmacia Pasteur, que cerró hace cinco años tras un saqueo similar, llamó a la solidaridad de otros comerciantes y de transeúntes.
“Estos tipos vienen a saquearnos y a robarnos a Guerrero, ¡no lo permitamos, compañeros, vecinos, no lo permitamos porque al rato ustedes también van a ser afectados por este tipo de gente!”, gritó a media calle, en donde de inmediato se concentraron decenas de comerciantes que, con gritos de “¡fuera!” repelieron la actitud de los agentes, quienes ya cargaban en las manos dentro del negocio bolsas de plástico dispuestas para llenarlas de mercancía.
Los vecinos pidieron al comerciante que cerrara su negocio y entonces los agentes prefirieron salir y, a bordo de la camioneta, abandonaron el lugar.
“Estos señores vienen a saquear mi negocio amparados en un documento, pero antes de que me den chance de que yo presente mis facturas, para que yo compruebe que es mercancía legal, ya traen bolsas de plástico para llenarlas de todo lo que tengo aquí”, acusó. En el establecimiento había relojería, bolsas de mujer, perfumes y artículos para regalo.
Roberto Castañón se quejó que los agentes llegan en el momento de peor crisis de ventas, “apenas estamos vendiendo de 50 a 100 pesos sólo para ir comiendo”, se quejó.
Comentó que los policías dijeron llevaban una orden, pero que no se la quisieron enseñar, “ellos mismos las hacen para justificar los saqueos a los comercios”.
A este comercio llegaron tres policías en una camioneta blanca, sin logotipo, y con placas NW-89-937 del estado de Morelos.
En este mismo local, hace cinco años estaba la farmacia Pasteur, propiedad del mismo Roberto Castañón, que igualmente fue saqueada por policías federales.
El hijo de Roberto, Miguel Castañón, dijo que en 2012 los agentes llegaron encapuchados y no se identificaron, sólo le avisaron que iban a hacer un cateo por orden de un juez, y le vaciaron más de la mitad del negocio, además de que se los llevaron detenido dos días a la delegación de la PGR.
Denunció que para que lo liberaran pagó una fianza de 90 mil pesos y no le devolvieron su mercancía, por lo que tuvo que cerrar y después se dedicó a la venta de artículos para regalo. Dijo que por eso, ayer, su padre llegó a impedir otro atraco.
Para ese momento, otros agentes ya entraban a otros negocios de la calle Emiliano Zapata, de donde se llevaron detenidos a siete comerciantes, cuatro mujeres y tres hombres, algunas de ellas eran empleadas.
Los policías que participaron en el operativo portaban armas de fuego y actuaron arbitrariamente incluso en contra de los transeúntes, a quienes replegaban amenazantes cuando pasaban cerca de donde cateaban los negocios.
La actitud de los agentes indignó a transeúntes y a comerciantes, quienes empezaron a llamar a la solidaridad.
“Váyanse a Chilapa, o a las colonias donde están los descuartizados, nosotros no somos delincuentes”, les gritaron algunos comerciantes, y eso encendió a los transeúntes; en menos de cinco minutos llegaron más comerciantes y transeúntes, hasta juntarse más de 50 gentes, quienes casi persiguieron a los policías hasta la calle Madero.
Presionados por comerciantes y transeúntes, los agentes abordaron cuatro camionetas y huyeron del lugar. Atrás habían quedado rezagadas una patrulla de la Policía Municipal que los apoyaba con resguardo, con cinco policías abordo, y una camioneta Pick Up blanca con dos agentes de la AIC y un abogado de la PGR.
Cuando los comerciantes se enteraron de que en las cuatro camionetas se habían llevado a siete detenidos que sacaron de seis negocios cateados, bloquearon el paso a la patrulla municipal y a la camioneta de la AIC, ésta sin placa delantera, y que en la que portaba atrás tenía la matrícula HE-78-450.
Todos los comerciantes aseguraron que su mercancía era legal y que contaban con documentos para probarlo; denunciaron que, en cambio, el operativo fue ilegal y arbitrario, y advirtieron que retendrían a los agentes hasta que fueran liberados sus compañeros.
Algunos comerciantes desinflaron las llantas traseras de la camioneta de los agentes federales y comenzaron a balancearla con intenciones de volcarla, también amenazaron con incendiarla.
Entonces llegaron el delegado de la PGR, José Juan Monroy, y el secretario de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, para dialogar con los comerciantes.
El delegado informó que el operativo se hizo conforme a derecho, y derivado de la presentación de una denuncia por los apoderados legales de la marca Tomy.
Estos argumentos indignaron más a los inconformes, que comenzó a gritarle para obligarlo a callar y a bajarse de la camioneta retenida a la que se había montado para hacerse escuchar.
“La Procuraduría, señores, está para servirles a ustedes, no estamos en contra de ustedes”, volvió a intentar convencer a los amotinados, pero volvieron a comenzar los abucheos y el funcionario bajó para dialogar con una de las líderes, con quien negoció la entrega de los detenidos a cambio de que dejaran ir a los agentes y las patrullas.
Casi a las 4:30 de la tarde llegaron en un vehículo de la PGR, también sin logotipos, los siete detenidos, y entonces los comerciantes empezaron a exigir la devolución de la mercancía decomisada, pero después se aclaró que únicamente habían sido 15 playeras sólo como muestra de que eran prendas piratas.
Cuando se había aparentemente resuelto el problema, llegó un comerciante y acusó ante el delegado a uno de los agentes que había llegado después de la retención, de haberlo extorsionado y saqueado su negocio, “son unos rateros le gritó” y le dijo su nombre, también le dijo que era empleado del gobierno del estado y que se ganaba la vida honradamente, y que por eso le indignaba que servidores públicos corruptos, como el policía señalado, se dedicarán a extorsionar a gente trabajadora.
Como pudo, el policía que comenzaba a ser acusado por otros comerciantes como uno de los que había participado minutos antes en la operación, se escabulló entre la multitud y hasta entonces lograron sacar del lugar la patrulla y la camioneta de la AIC.

Las horas más violentas en la ciudad, entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche

Las horas más violentas en Acapulco se sitúan entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche, lapso en el que se perpetraron casi el 55 por ciento de las ejecuciones del primer semestre del año, mientras que los taxistas, comerciantes y albañiles son los más atacados al representar el 34.69 por ciento de las víctimas.
Cifras de la Fiscalía General del estado reportan que al menos el 14 por ciento de las víctimas, 58 personas, tenían entre 14 y 30 años de edad al momento de ser asesinadas, entre ellas seis menores de edad y un bebé de un año. Además, las estadísticas indican que 9 de cada 10 ejecuciones son contra hombres.
A pesar de las estrategias para inhibir este delito, la violencia no cesa en el municipio que concentró en los primeros seis meses de 2017, el 35.48 por ciento de los mil 161 homicidios dolosos de todo el estado.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Acapulco 412 personas fueron asesinadas en el primer semestre: 46 en enero, 64 en febrero, 88 en marzo, 64 en abril, 78 en mayo y 72 en junio. El 73.54 por ciento de estos homicidios violentos, 303, se cometieron con armas de fuego.

Cada mes matan a 12 taxistas y una decena de comerciantes

Con base en información solicitada a la Fiscalía mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, entre enero y junio fueron asesinados 170 taxistas, comerciantes, vendedores, albañiles, ayudantes de éstos últimos y peones en Acapulco.
El oficio más afectado por la ola de violencia en la ciudad es el de choferes de taxis, con 73 víctimas en seis meses, un promedio de 12.16 víctimas mensuales, es decir, tres homicidios por semana.
El mes más violento para los taxistas fue junio cuando hubo 21 ejecuciones, seguido de abril con otros 14 asesinatos y enero sumaron 12. En febrero hubo 6 asesinatos contra el gremio, en marzo 11 y 9 en mayo.
La segunda ocupación con mayores ataques la tienen los comerciantes con 65 homicidios en seis meses, un promedio de 10.83 víctimas mensuales. Nueve comerciantes fueron asesinados en enero, nueve más en febrero, 11 en marzo, 9 en abril, 8 en mayo y 12 en junio; 58 víctimas en total.
A estos casos se suman siete que la Fiscalía clasificó por separado como vendedores: una comerciante de ropa y otro de agua purificada ultimados en enero, un vendedor de yates y otro de flores asesinados en febrero, dos más que murieron en marzo y no se especifica qué vendían, y un comerciante ambulante en mayo.
En tercer lugar se encuentran 32 albañiles, ayudantes y peones, 11 de ellos asesinados en abril y 8 más en marzo, mientras que en mayo hubo cuatro homicidios y en enero, febrero y junio se contabilizaron tres asesinatos por mes.
La cuarta estadística más alta la ocupan 17 choferes, uno de ellos de un camión y otro de una Urvan. Tres fueron asesinados en enero, cuatro en febrero, tres en marzo, tres en mayo y cuatro en junio.
Entre 490 homicidios desglosados por oficios por la Fiscalía destacan también las muertes de un estudiante, un trabajador del Ayuntamiento, otro del IMSS y un policía militar en enero; un abogado, un cabo de Infantería, un empleado de gobierno, otro de Zonatur, un empresario, un policía auxiliar y un agente de Tránsito en febrero.
Seis estudiantes, un médico traumatólogo, un arquitecto, un policía y un maestro en marzo; un comandante de la Policía Ministerial, otro maestro, un policía preventivo y un teniente de Corbeta en abril; un gerente, un paramédico, un policía estatal y un radiólogo del IMSS en mayo.
Asimismo, en junio hubo tres homicidios de campesinos y militares retirados, un contratista, un empresario dueño de una funeraria, un policía federal y un trabajador social del penal de Las Cruces.
De otros 87 homicidios la Fiscalía dijo desconocer sus oficios, y reportó 16 desempleados.
Apenas el mes pasado, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advirtió que el 83.2 por ciento de los acapulqueños tiene miedo de vivir en la ciudad, y que se han cambiado hábitos “por temor a la delincuencia” porque el 15.2 por ciento dijo que ya no camina de noche en los alrededores de su casa y el 19.9 por ciento dejó de visitar a parientes o amigos por la misma causa.
De los horarios en que se cometieron los homicidios dolosos en Acapulco en el primer semestre, la Fiscalía General del estado informó que más de la mitad, el 54.92 por ciento, ocurrió entre las 4 de la tarde y las 12 de la noche.
El segundo periodo del día más violento es de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con 30.1 por ciento de las víctimas, y las horas con menor incidencia se encuentran entre la medianoche y las 8 de la mañana, periodo que suma el 14.96 por ciento de los casos.
En esta solicitud de información la Fiscalía dividió el día en tres periodos para desglosar 568 homicidios, 156 más de los que reportó en otras en las que suman 412 personas -cifra que también reporta el SESNSP-.
Los datos indican que 312 homicidios dolosos se consumaron entre las 4 de la tarde y la medianoche, 171 más se cometieron entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y 85 entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana.
Por horario, el mayor número de homicidios del semestre se registró en abril entre las 4 de la tarde y la medianoche con un total de 70 víctimas.

Al menos el 14 por ciento eran jóvenes de 14 a 30 años

De las edades, al menos el 14.07 por ciento de las víctimas (58) eran jóvenes de entre 14 y 30 años de edad. La mayor estadística por edades se concentra en 9 homicidios de personas de 29 años, seguida de 7 personas de 33 años, 7 de 40 años, y 6 de 23.
En el 36.89 por ciento de los homicidios (152 casos) las víctimas estaban en edad productiva al tener entre 15 y 64 años de edad; y el sector de la población de 17 a 40 años (95 asesinatos) representa el 23.05 por ciento.
Entre las personas ejecutadas en el primer semestre hay un bebé de un año, dos adolescentes de 14, otro de 15, uno más de 16 y dos jóvenes de 17 años; además de dos adultos mayores de 62 y 64 años.
La Fiscalía aseguró que en otros 257 homicidios (el 62.37 por ciento de los 412 reportados) no tiene datos de las edades de las personas, entre los que podrían estar más jóvenes.

De cada 10 homicidios 9 de las víctimas son hombres

Según los datos de la Fiscalía, de 412 personas asesinadas el 91.5 por ciento fueron hombres y 8.49 por ciento mujeres. En total hubo 337 hombres asesinados en el primer semestre: 38 en enero, 61 en febrero, 82 en marzo, 61 en abril, 72 en mayo y 63 en junio.
En el mismo periodo fueron víctimas de homicidios dolosos 35 mujeres, 8 de ellas en enero, tres en febrero, 6 en marzo, tres en abril, seis en mayo y 9 en junio, cifras que coinciden con las publicadas por el SESNSP por mes.
A la Fiscalía también se le solicitó desglosar los homicidios ocurridos en Acapulco por colonias, pero respondió que esto podía consultarse en el portal de internet del SESNSP, lo que resulta erróneo porque la dependencia federal solamente los clasifica por municipios.

Secuestraron civiles armados a 12 comerciantes y una bebé en Ajuchitlán; huyen y los abandonan

Anoche 12 comerciantes y una bebé de 10 meses que fueron secuestrados por civiles armados, fueron liberados en las inmediaciones de la comunidad Las Anonita, municipio de Ajuchitlán del Progreso, por soldados del Ejército y policías del estado, informó el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Por otra parte, los primeros informes señalan que fueron privados de su libertad el lunes por civiles armados en el crucero de la comunidad de Villa Nicolás, en dirección a Las Anonitas.
Fuentes de seguridad informaron que los rescatados son comerciantes tianguistas que recorren varios pueblos en los días en que se paga el programa Prospera, y que los hombres armados los secuestraron y se llevaron también tres camionetas con mercancía, en las que viajaban, desde la tarde del lunes.
Las versiones indican que el Ejército recorría esa zona la noche del martes y los secuestradores se dieron a la fuga al ver las patrullas, lo que les provocó sospechas.
Cuando los militares se acercaron vieron a la gente en el piso en un camino de terracería y sus camionetas en los costados, quienes informaron que habían sido secuestrados.
El lugar en donde se encontraban retenidos es un camino de terracería que conduce a Las Anonitas, la única población ubicada aproximadamente a 20 km de la carretera estatal que va de Ajuchitlán a Coyuca de Catalán y donde está también el pueblo de Villa Nicolás.
De los delincuentes no se pudo conocer su identidad pero dejaron abandonado en ese lugar un taxi del sitio Tlapehuala.
No se reportó que estuvieran pidiendo dinero por la libertad de los secuestrados por lo que se desconoce la intención de los sicarios de mantenerlos retenidos.
Entre quienes presentaron su declaración había algunos jóvenes que en el pantalón tenían manchas de sangre.
Se informó que algunas de las víctimas son de Altamirano, otras de Ajuchitlán, otro grupo del Estado de México y que todos son comerciantes ambulantes que llegan a vender a los lugares en donde pagan el programa Prospera.
El vocero Álvarez Heredia en un comunicado dijo que el Ejército y policía del estado rescataron a 13 personas que se encontraban secuestradas en las inmediaciones de la comunidad de Las Anonitas.
Dice que fue una acción conjunta dentro del Operativo Relámpago, con soldados del 34 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano y policías estatales liberaron a vendedores de verduras y chácharas que habían sido privados de su libertad la tarde del martes por ocho personas armadas.
“Las personas liberadas de sus captores refirieron que la mayoría se dedica al comercio y se trasladaban al municipio de Tlapehuala cuando fueron interceptados por un grupo armado. Entre las personas hay diez adultos, dos mujeres y una niña”, agrega el boletín.
Informa que se decomisaron tres camionetas que fueron puestas a disposición de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán junto con las personas “intervendrá personal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes y descartar que entre las presuntas víctimas se encuentren delincuentes”.
“En el área donde ocurrieron los hechos el Ejército mexicano y la Policía del Estado implementaron un operativo para localizar a los responsables para detenerlos y ponerlos a disposiciones de las autoridades competentes”, finaliza.

Buscan a un levantado de Las Anonitas

Vecinos de la comunidad de Las Anonitas reportaron que hace una semana fue levantado un hombre de esa población y todavía se desconoce su paradero.
Entre los liberados ayer buscaron al desaparecido pero se confirmó que no estaba entre ellos.
Es un hombre de aproximadamente 30 años de edad de nombre Anicasio Guillermo Santos, vecino de esa población y de quien se informó que fue levantado el martes de la semana pasada.
Según el reporte se lo llevaron personas armadas desde el pueblo.
Se informó que los familiares tenían miedo de presentar algún reporte oficial pero que podrían levantar una denuncia por desaparición para su búsqueda.

Van comerciantes de la capital amenazados con cobro de piso al Palacio y entregan su solicitud de audiencia

Ayer cinco comerciantes encabezados por el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Víctor Ortega Corona, solicitaron en la Secretaría Particular del gobernador una audiencia para pedir ayuda ante las amenazas y el cobro de piso de un grupo delictivo que los mantiene aterrados.
A las 11:30 de la mañana los socios de la Canaco se presentaron en la oficina de Astudillo en el Palacio de Gobierno, y les informaron que después se comunicarían con ellos para reunirse.
Ortega Corona informó que la organización buscó la vía institucional para exponer al gobernador los problemas que sufren ante la delincuencia, que son “muy graves, buscamos la ayuda del ciudadano gobernador por la apatía y el desdén que nos hace el presidente municipal Marco Antonio Leyva, sabemos que la agenda es apretada y nos dijeron que en estos días próximos nos atendería el secretario particular César Armenta”.
El empresario dijo que entre los dueños de negocios del primer cuadro de la ciudad, hay desesperación, “estamos desesperados y queremos la ayuda del señor gobernador, porque en el municipio no contamos con el apoyo, al contrario somos agredidos”.
Subrayó que la situación que se vive a diario en la capital del estado es grave, ante lo que urgió a las autoridades a atender el problema para no caer en situaciones delicadas en las que se enfrente la población a los criminales.
Dijo que a pesar de que acordaron que se armarían para proteger a sus familias y negocios, no buscan violar la ley, sino que a partir del derecho de portación de armas se puedan evitar más extorsiones.
“Nos exponíamos a que no nos pudiera atener (el gobernador), en este caso ni siquiera el secretario particular, pero no por eso vamos a dejar de insistir, estamos desesperados”, señaló.
El viernes de la semana pasada los comerciantes de Chilpancingo fueron atemorizados por integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se disputan la ciudad, hombres armados fueron a ver a varios vendedores del primer cuadro de la ciudad para exigirles el cobro de piso.
Ortega Corona comentó que durante la semana pasada se presentó en los negocios supuesto personal de migración y de Protección Civil que solicitaban información personal.
Señaló que en ninguno de los casos se les notificó a los empresarios de esta operación en sus tiendas, por lo que cerraron de manera preventiva.
A raíz de estos hechos de violencia y terror que han vivido, los empresarios han registrado bajas en la venta de sus productos, lo que pone en riesgo los trabajos de sus empleados y a sus familias.

Advierte el crimen organizado a comerciantes de la capital que les cobrará piso, informa la Canaco

El terror generalizado que viven los comerciantes de Chilpancingo ante la violencia se agravó el viernes 9 de junio, luego de que integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se diputan la plaza visitaron armados a varios vendedores en sus locales para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro de piso.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona informó que ante esa advertencia de los delincuentes los comerciantes del centro de la ciudad acordaron medidas de seguridad, como tener un arma en sus locales, cerrar antes de las 8 de la noche cuando comienza a oscurecer y colocar cámaras de seguridad afuera de sus locales.
Además, dijo que pedirán posiblemente hoy una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les indique cómo proceder e insistirán en que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en la capital.
Consultado vía telefónica, el presidente de la Canaco en Chilpancingo, Ortega Corona declaró que el terror generalizado que se ha apoderado del sector económico en la capital inhibe y desalienta la inversión.
Lamentó que el terror que viven los comerciantes no sea contrarrestado por los gobiernos municipal, estatal y federal, “hay una verdadera preocupación por toda esta ola de violencia que se ha desatado en Chilpancingo”.
El sábado 10 de junio, varios comerciantes de la zona centro que omitieron su nombre por miedo manifestaron su preocupación ante las cinco ejecuciones que ocurrieron ese día, resultado de la guerra entre dos grupos del crimen organizado (Los Rojos o Los Jefes y el Cártel del Sur), y denunciaron que integrantes de una de estas dos bandas recorrieron armados la noche del viernes 9 de junio varios negocios y les advirtieron que a partir de ese día ellos cobrarán la cuota.
El líder de la Canaco confirmó este domingo que 10 de sus agremiados le informaron personalmente de la amenaza de la gente armada y que muchos más lo hicieron mediante una conversación grupal en WhatsApp.
“Recibimos el reporte de nuestros compañeros de Chilpancingo muy aterrados, hay preocupación por la situación que esto genera”, dijo Ortega Corona.
En un recorrido en el centro de la capital, algunos de los comerciantes quienes omitieron su nombre por miedo afirmaron que han consultado con su agrupación si es mejor cerrar sus negocios, “mientras haya más adelante mejores condiciones, porque la vida vale más que nuestra actividad”, dijo uno de ellos.
Otros comerciantes aseguraron que se están organizando en grupos de cinco o 10 para que armados impidan las extorsiones.
En tanto, Víctor Manuel Ortega declaró que sólo están planteando la posibilidad de tener armas en sus negocios, “un arma reglamentaria, autorizada por el Ejército”.
Aclaró que a partir del viernes 9 de junio asumieron medidas de protección como cerrar temprano, “antes de las 8 de la noche”; así como instalar cámaras adentro y afuera de sus negocios.
Comentó que posiblemente hoy solicitarán una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les informe cuáles serán los mecanismos que aplicarán y cómo actuar ante las amenazas, y añadió que insistirán en que la federación asuma la seguridad en el municipio.
Además, denunció que los últimos días los comerciantes han sido visitados por supuestos funcionarios de Migración o de Protección Civil, pero por las características que le han proporcionado los comerciantes, “creemos que son personas que no representan a alguna institución”.
Detalló que los presuntos funcionarios piden a los comerciantes datos personales y de sus negocios, pero insistió que quienes los visitaron el viernes fueron personas armadas, quienes recorrieron los locales de varias calles del centro informando que ellos cobrarán piso.
Aseguró que tras la advertencia la mayoría de los comerciantes cerraron de inmediato sus negocios.
De la ola de ejecuciones ocurrida en los últimos días en la capital, el presidente de la Canaco en Chilpancingo respondió que no se justifica que los gobiernos municipal, estatal y federal argumenten que es una guerra entre cárteles del crimen organizado y que el resto de los ciudadanos están a salvo.
“Para nosotros la muerte de cualquier ser humano es lamentable. Para las autoridades es un argumento fácil y rápido decir que se trata de crímenes entre bandas, pero atrás de esos delincuentes, si así lo fueran, hay seres humanos, padres, hijos, hermanos”, manifestó.
Afirmó que todos los ciudadanos tienen garantías que marca la Constitución, “y lo que necesitamos (es) que el gobierno asuma con responsabilidad esas garantías, porque todos como ciudadanos pagamos impuestos y nosotros como comerciantes también pagamos impuestos”.
Agregó que espera que el gobernador los reciba en una audiencia esta semana porque quieren decirle lo que viven los comerciantes en la capital, “y que de manera irresponsable nos desdeña el presidente municipal (el priista, Marco Antonio Leyva Mena)”.
Ortega Corona declaró que últimamente no se han reunido con el gobernador y que el encuentro más reciente fue hace cinco meses, aunque reconoció que los comerciantes siempre han tenido su apoyo y sensibilidad, por eso “queremos acudir con él, porque en las autoridades municipales hay una apatía muy marcada. No confiamos en la seguridad que ofrece el municipio”.
Denunció que algunos comerciantes han sido hostigados por el director de Gobernación municipal, Juan Manuel Valenzuela, quien es primo del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.

Ya se atiende la situación en la Progreso, dice Evodio tras los recientes asesinatos

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre aseguró que desde ayer está en comunicación con el Grupo Coordinación Guerrero y que el secretario general del Ayuntamiento, Daniel Meza Loeza, está enfocado en atender la situación de la colonia Progreso.
En los últimos días han ocurrido varios homicidios entre el Mercado Central y la colonia Progreso. El lunes, dos mujeres fueron asesinadas en la calle Plan de Ayala, de la colonia Progreso, mientras que el domingo, un comerciante fue ejecutado en la Nave de Flores del centro de abasto.
El viernes fueron asesinados dos comerciantes, uno de ellos en la Nave de Hierbas Medicinales, Veladoras e Imágenes, y el 19 de abril, tres comerciantes del Tianguis Campesino fueron atacados a balazos y uno de ellos murió a consecuencia de los disparos que recibió.
El alcalde opinó que los decesos que han ocurrido en la colonia y en el mercado no sólo se tienen que lamentar sino revisar, y que corresponde a la Fiscalía General del estado dar elementos para capturar a los responsables de los homicidios.
Al preguntarle si los homicidios son producto de una confrontación entre bandas delictivas, el alcalde respondió que no podía aventurarse a hacer esas afirmaciones y prefería esperar el resultado de las investigaciones.
A pregunta expresa de si los homicidios son resultado de que se relajó la seguridad desplegada en la zona con la Base de Operaciones Mixta, que desde el año pasado opera en la colonia Progreso, en las inmediaciones del Mercado Central, justificó que con motivo del fin de semana largo se brindó seguridad a otras áreas, “entiendo que hoy debes de reforzar, tenemos que reforzar en todo momento y en todas las condiciones que se deba de hacer”.
Indicó que el municipio apoya al Ejército en la estrategia de seguridad, y fortalece la coordinación con las otras fuerzas federales como la Marina, la Policía Federal y la estatal.
Del recorrido que el lunes anunció que se haría ayer en la colonia Progreso, Evodio Velázquez informó que el secretario general Daniel Meza visitó algunas calles, y que está en espera de que se defina la fecha del Grupo Coordinación Acapulco para hablar del problema de los homicidios que han ocurrido en esa zona.
Por separado y en declaraciones a su llegada al Centro de Convenciones para el festejo del Día de las Madres a las trabajadoras del municipio, Meza Loeza confirmó que se recorrieron algunas zonas de la colonia Progreso, pero se negó a especificarlas porque, dijo, es parte de la investigación que hacen las autoridades.
Explicó que están en revisión, de manera individual, las estrategias de cada una de las fuerzas federales que participan en el Grupo Coordinación Acapulco: “se hacen revisiones entre todos para al final aportar lo que consideramos necesario y reafirmar la estrategia o valorar algún cambio”.
Agregó que lo que han observado es que los grupos delictivos han cambiado formas de operación en cuanto a horarios y el tipo de acciones, “ya no son las mismas”.
Dijo que una de las acciones que ha hecho el Grupo Coordinación Acapulco es evitar los patrullajes llamativos para que no se puedan detectar fácilmente.
A pregunta expresa de qué fue lo que se revisó en el recorrido de ayer, el vocero del Grupo Coordinación Acapulco respondió: “la forma de operar, quiénes son los que operan y por dónde podría venir el asunto para posteriormente entrar todo el grupo de manera coordinada”.
Abundó que se recorrieron las calles donde han ocurrido los homicidios en los últimos días.
En el caso de la balacera ocurrida en el restaurante-bar La Mandona la madrugada del domingo, Meza Loeza indicó que la Policía Federal fue el primer respondiente y corresponde a esa corporación poner a disposición de la Fiscalía los elementos para la investigación.

Festejos

A medio día, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre y su esposa, la presidenta del DIF, Perla Edith Martínez Ríos, dieron mensajes a las empleadas de la CAPAMA con motivo del Día de las Madres.
A las trabajadoras, Velázquez Aguirre les dijo que a la mitad de su período como alcalde no se siente satisfecho porque faltan cosas por hacer.
Reiteró que se van a invertir 173 millones de pesos para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad. “Hoy no estamos haciendo las cosas a lo tarugo como en algún momento pudiera pensarse”.
Agregó que junto con el director de la CAPAMA trabajan en hacer que el agua llegue a los domicilios, y completar los circuitos para garantizar el servicio.
Anunció que está en proceso un acuerdo para que los empleados de la paramunicipal puedan acceder a créditos del Infonavit.
En su mensaje, la presidenta del DIF llamó a la Comisión Federal de Electricidad a ser más solidaria con el municipio.
“La luz está por los cielos, de ahí viene la problemática que tiene Acapulco” y el porqué algunos usuarios no pagan el servicio de agua potable, señaló la presidenta del DIF.
El desayuno a las empleadas de la CAPAMA se llevó a cabo en el salón de los Espejos del hotel Emporio y asistieron unas 300 mujeres. Allí, como parte del festejo por el Día de las Madres, el gobierno municipal les entregó un bono por 4 mil pesos a las 266 empleadas que tiene la paramunicipal.
Por la tarde, el gobierno municipal organizó otro festejo a las madres trabajadoras del Ayuntamiento, donde no alcanzó la comida y algunas empleadas pidieron pizzas.
En el festejo se rifaron dos motonetas y artículos electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, estufas y hornos de microondas.
El festejo se realizó en el salón Cholula del Centro de Convenciones, y asistieron unas dos mil mujeres que pidieron al alcalde que les concediera tres días de asueto pero sólo les dio dos, el miércoles y el jueves.

Acuerdan el alcalde de la capital y comerciantes que no se volverán a instalar ferias en el Zócalo

El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, informó en un comunicado que en una reunión con comerciantes fijos del primer cuadro de la ciudad acordaron que no se volverán a instalar ferias comerciales en el Zócalo y que retirará a los vendedores ambulantes, luego de que se quejaron de la instalación de la Feria de la Amistad-Canaco 2017.
Los comerciantes le advirtieron al presidente municipal que si permitía otra vez la instalación de comerciantes en el Zócalo, también se establecerán ahí.
En un recorrido ayer en el primer cuadro de la ciudad, en las inmediaciones de la catedral de la virgen de la Asunción, el Tribunal Superior de Justicia, el Museo Regional y el Palacio de Cultura se observó a comerciantes ambulantes.
Consultada vía telefónica, la comerciante Martha Tejeda declaró que junto con sus compañeros, entre ellos María Tejeda, Marco César Mayares y Carlos Álvarez, se reunieron el jueves con el alcalde, el secretario de Gobernación Juan Manuel Valenzuela y el secretario general del Ayuntamiento Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, para exponer su descontento por la instalación de ferias y del ambulantaje, porque durante la feria de la Amistad-Canaco 2017, disminuyeron sus ventas en 40 por ciento, en una temporada que esperaban tuvieran buenas ventas, pero no fue así.
Informó que en la reunión con las autoridades municipales pidieron que no se instalaran “mercados” y “tianguis” en el Zócalo, porque perjudican sus ventas.
En un boletín de prensa, emitido por el Ayuntamiento de Chilpancingo informó que “durante la reunión se acordó de manera consensuada entre autoridades y comerciantes establecidos que serán retirados de la vía pública y del zócalo los vendedores ambulantes que representan una competencia desleal al no pagar impuestos y obstaculizar el libre tránsito de los peatones”.
En el escrito se leyó que el alcalde acordó reordenará el padrón de comerciantes informales y frenar el crecimiento del ambulantaje, además de que las acciones que tome el gobierno municipal se firmará en acurdo de Cabildo en coordinación con los comerciantes fijos.

Transportistas piden al alcalde de Tlapa que despeje de comerciantes las calles y banquetas

La Alianza de Organizaciones de Transportistas de Tlapa y La Cañada (AOTTC) pidió al alcalde priista Jesús Noé Abundiz García, que ordene a los comerciantes en las calles y las banquetas, así como el despeje de espacios que son utilizados por carros que llevan varios meses estacionados, ayer en una protesta con pintas en sus unidades.
El integrante de la AOTTC, Miguel Prudente informó que hace más de seis días le hicieron el planteamiento a Abundiz García y no ven resultados por lo que ayer martes pintaron las 326 unidades del servicio urbano, de taxis, de carga, mudanza y a comunidades exigiendo el reordenamiento.
Dijo que las 27 organizaciones esperan que el presidente municipal cumpla a más tardar el fin de mes la petición de reorganizar a los comerciantes ambulantes, semifijos y establecidos ya que hay mucha invasión de calles y banquetas.
Denunció que han sufrido accidentes con transeúntes por la ocupación de las vías públicas y han tenido que pagar gastos de hasta 80 mil pesos.
Mencionó que no sólo pidieron el ordenamiento en el comercio sino en las calles y banquetas en general.
Expresó que la exigencia es porque ya se han reunido con el alcalde sin que haga algo y cada vez aumentan los comerciantes que invaden calles y banquetas, sean ambulantes, establecidos o semifijos y eso repercute en las vialidades que se vuelven más angostas.
Agregó que el problema se agudiza en las calles de los mercados Margarita Maza de Juárez, Un Nuevo Horizonte para Guerrero, en el centro de la ciudad y en las avenidas Aeropuerto y Marquelia aledañas al mercado Un Nuevo Horizonte.
Remarcó que ya han tenido reuniones con Abundiz García y directivos de Reglamentos, Seguridad, Tránsito y firmado minutas sin que les resuelvan el problema, ante lo que darán unos días para que haga los cambios necesarios y si no resuelve se manifestarán.
“Por el momento empezamos con las pintas de las unidades, esperaremos los días que le dimos o si no accionaremos”, enfatizó. (Antonia Ramírez / Tlapa).