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Piden en marcha de la comunidad LGBT+ legislar para reconocer la diversidad de género

Un integrante de la comunidad LGBTI+ durante la marcha de la diversidad sexual este viernes en Chilpancingo Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Exigen que la diversidad de género se reconozca en la ley

En Chilpancingo, afuera del Congreso local, activistas de la comunidad LGBT+ demandaron una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en la entidad, así como la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, como son las terapias de conversión. La marcha gay de este año tuvo toques regionales con danzantes chinelos. En la imagen, a su paso por la avenida Juan Álvarez rumbo al Zócalo de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

Piden en marcha de la comunidad LGBT+
legislar para reconocer la diversidad de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la 22 edición de la marcha  de la comunidad LGBT+ en la capital del estado, activistas demandaron afuera del Congreso local una legislación para el reconocimiento de la diversidad de género en Guerrero, tras recordar que el año pasado plantearon el derecho al matrimonio igualitario que se logró.
También exigieron  la tipificación penal de las prácticas para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género LGBT+, como las terapias de conversión, violaciones físicas correctivas o electrochoshocks, que deben considerarse como delitos de lesa humanidad.
La presidenta del Colectivo LGTB Guerrero, Carola, destacó la asistencia de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio legal en Acapulco, en las bodas colectivas de mayo, además de líderes de diferentes municipios y los estados de México y Morelos.
La manifestación de este año tuvo toques regionales, con danzantes chinelos acompañados de la banda de música de viento y tlacoloeros tocando sus flautas y tambobres, y en el el centro una bandera arcoriris de 60 metros de largo.
Después de la bienvenida en un acto político de inicio frente al Congreso local, un activista leyó un posicionamiento para recordar que el año pasado marcharon por la aprobación de la reforma del matrimonio igualitario. Destacó que en esa jornada,  no sólo lograron la ley, sino que agilizaron  “el protocolo del solemne para el acto jurídico del matriminio entre personas de la poblacion LGTB”.
Destacó la celebración en libertad las primeras bodas igualitarias legales en Guerrero, el 26 de mayo, posible por la unidad de los colectivos en el estado. Reconoció el apoyo de los diputados Jacinto Gonzalez Varona y Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, pese a la consecuencia políticas que podría acarrearles su postura.
Sin embargo, señala que todavía hay mucho por hacer por las personas trans, como tener una ley de identidad de género en Guerrero, “queremos ser reconocidas con identidad de lo que somos, sin discriminación, con goce pleno de nuestros derechos con garantías constitucionales”.
Señalaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las personas de la diversidad sexual, por los crímenes de odio cometidos contra la comunidad, para los que también exigieron esclarecimiento y las penas respectivas.
Asimismo que se sancionen las acciones prientadas suprimir y reprimir la identidad de género, como terapias de conversiones, violaciones físicas coelctivas, electrochocs entre otos tratos crueles inhumanos y degradantes. “Esas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humamidad”.
Subrayó que son “aberrantes, violentas, estas prácticas deben ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, pues atentan contra la vida y a integridad. Muchas de ellas tienen un origen moral y religioso. Distintas religiones promueven el odio, el rechazo, la discriminación, la violencia, la xenofobia”.
Señaló que quienes cuestionan sus patrones de conducta (de la comunidad), no distinguen la separación del Estado y la Iglesia, minimizan la pederastía e ignoran la homosexualidad o el lesbianismo de sacerdotes y monjas.
Afirmó que no se van van a silenciarlos en la exigencia de una vida con dignidad, “esta lucha es permanente hasta alcanza todos los beneficios de la población LGTB”.
Como parte de sus tradiciones, coronaron a Yuya, transexual,  como la reyna de la marcha 2023, que también fue reyna en la primera manifestación de 2002, a quien reconocieron con su existencia, como una defensora de sus derechos humanos.
“Ha marchado 22 años en estas calles, y desde los años 90 ha sufrido laceraciones de la sociedad, por su identidad. Ella hizo escuela, abrió caminos”, destacaron.
En el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, confirmó su compromiso con la diversidad sexual “por el reconocimiento de los derechos todas, todos y todes”.
El jefe del Departamento de Diversidad UAG, Ulises Nava Luna, destacó que el rector actual, Alfredo Romero Olea, y el electo, Javier Saldaña Almazán, son aliados del colectivo LGTB.
Confirmó que, mientras existan personas que no ejercezan sus derechos de manera plena, no se puede hablar de equidad educativa.
La colorida celebración  marchó al zócalo de Chilpancingo, y en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, los activistas recordaron los pioneros de esta lucha, David Moyao, Orlando Pastor Santos, Francisco Viruel, Rubén Estrada, Quetzalcóatl Leija Herrera, Pamela Sandoval, Jhonny Nava Romero “y otras personas que con su existencia y aún en el anonimato día a día lucharon por nuestros derechos”.

 

Desisten trabajadores del paro en la minera Capela sin lograr reinstalación de despedidos

El acceso a la mina Capela de Industrias Peñoles en la comunidad de Tehuixtla, Teloloapan, en la que este domingo ya no amaneció le plantón de trabajadores que se había mantenido desde la madrugada del martes por el despido de cuatro mineros Foto: Cortesía de trabajadores de Capela.

Alejandro Guerrero

Iguala

A cinco días del paro laboral y bloqueo a los accesos de la minera Capela de Industrias Peñoles, asentada en la comunidad de Tehuixtla, Teloloapan, los más de 200 trabajadores desistieron del movimiento la noche del sábado sin que hayan sido atendidos por directivos de la empresa, la cual mantuvo suspendidas sus operaciones este domingo hasta ver condiciones adecuadas de seguridad para ingresar y garantizar la “integridad” de sus trabajadores.
De acuerdo con una de las trabajadoras despedida, María Edith Ríos Quezada, determinaron levantar el paro y quitar el bloqueo cerca de las 10 de la noche del sábado, con el fin de no afectar a sus compañeros que se solidarizaron con los cuatro despedidos, en la exigencia de su reinstalación.
Lamentó que en estos cinco días de protesta no hayan tenido acercamiento con los directivos de la minera y el abandono del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico-FRENTE.
Pero a pesar del desistimiento de la protesta, este domingo la minera no retomó sus operaciones, presuntamente porque las medidas de seguridad aún no eran fiables, para los trabajadores.
Ayer se buscó a la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Teodora Ramírez Vega, para conocer su postura en el conflicto en la mina que este domingo cumplió cinco días con la suspensión de sus actividades debido al paro laboral y el bloqueo que fue motivado por el despido de trabajadores, pero no se logró tener comunicación el no tomar las llamadas.
En declaraciones por teléfono ayer por la mañana, Ríos Quezada informó que luego del acuerdo con sus compañeros de levantar el bloqueo, por la noche le notificó al jefe de Recursos Humanos de Capela, José Loza, que daban por terminado el movimiento. Sólo contestó: “hola, Edith, buenas noches”.
Contó que desde la noche del sábado mediante los grupos de Whatsapp de las diferentes cuadrillas de trabajadores activos, se avisó que esta mañana de domingo ya se incorporaban a sus labores en el horario “de primera”, que es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde.
Sin embargo, por la mañana la empresa avisó en los mismos grupos que todavía no se presentaran porque seguía el bloqueo y porque “las medidas de seguridad aún no eran fiables”.
De acuerdo con la trabajadora despedida, en un grupo de trabajadores activos, los jefes de la planta les pidieron no presentarse aún a trabajar, “compañeros, me comentan que para cuidar la integridad del turno de primera, les piden de favor que no se presenten hasta que vean que están las condiciones adecuadas para ingresar a laborar. Mañana en la mañana (domingo) nos darán información, para que no se presenten de primera”, decía el mensaje.
Contó que los trabajadores no se presentaron este domingo, y quienes llegaron por sus propios medios, empleados de seguridad de la mina no les permitieron el ingreso porque “no había indicaciones aún de que entrara personal” y porque aún no tenían autorizado dejar pasar a nadie.
Declaró que esperarán para ver si se da la mesa de diálogo con los directivos de la mina entre hoy y mañana, y sólo en caso de que se dé en “buenos términos” la reinstalación de los cuatro que fueron despedidos, sin represalias ni afectar los derechos que ya tenían, estarían en condiciones de aceptar el regreso, de lo contrario, van a recurrir a una demanda laboral por el despido injustificado.
El bloqueo en la mina inició la madrugada del martes luego del despido sin justificación de cuatro mineros sindicalizados, dos de ellos mujeres, que llevaban cuatro años de antigüedad. En estos días de la protesta que mantuvo suspendidas las operaciones de la mina subterránea que extrae oro, plata, cobre, zinc y plomo, tampoco hubo acercamiento de funcionarios municipales, estatales o federales con los paristas.

Hay diálogo y no es necesaria la acción federal, dijo el sábado Teodora Ramírez

La secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del estado, Teodora Ramírez Vega, dijo que la minera Capela, de Industrias Peñoles, está en diálogo con los cuatro trabajadores para llegar a un acuerdo y dar solución al conflicto, y que no es necesaria la intervención del gobierno federal.
El sábado, en breves declaraciones luego que acudió al festejo por el Día de las Madres que organizó la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, en el Centro de Convenciones Acapulco, la funcionaria estatal aseguró que la empresa actúa bajo los términos legales.
“Como es un conflicto entre la empresa y los cuatro personas, hasta anoche (viernes) tenía de que seguían bloqueando, no sé aún, pero la empresa me ha comentado que están dialogando con las personas, son cuatro personas que según me informaron están separando de la mina”, declaró.
Agregó que no es necesaria la intervención del gobierno federal porque la empresa está “alineada al marco normativo, es una cuestión interna donde están separando con el visto bueno del sindicato”.
En contraste, el secretario del Trabajo y Previsión Social del estado, Luis Armando Baños, dijo que el conflicto de la minera es del “ámbito federal” y hasta el sábado no tenía registro de alguna queja de los trabajadores en contra de la empresa, a pesar del paro. (Aurora Harrison).

 

Vecinos de Atliaca vuelven a bloquear la entrada al enterarse de que iría el alcalde de Tixtla

Pobladores de Atliaca, municipio de Tixtla, volvieron a bloquear este domingo con el apoyo de civiles armados la carretera Tixtla-Apango, en la entrada a la comunidad, para impedir que llegara el alcalde perredista, Hossein Nabor Guillén.
El domingo 5 de febrero, cerraron el paso e impidieron la entrada al pueblo al secretario general del Ayuntamiento Víctor Hugo Valencia y a la síndica Gloria Martínez, que pretendían instalar urnas para la elección del comisario.
Ayer, los habitantes apoyados por policías de la comunidad, que portaban armas de bajo calibre, volvieron a cerrar la entrada a Atliaca luego de que se enteraron que iría el alcalde, pero finalmente no llegó.
El conflicto en esta comunidad nahua, que se ubica a unos 15 minutos al norte de la cabecera municipal, en la carretera Tixtla-Apango, es por el comisario municipal. Los habitantes ratificaron a Samuel Molina Flores quien fue electo el año pasado, y el alcalde Nabor Guillén pretende imponer, según los habitantes, a Ezequiel Flores Suárez.
Este domingo, uno de los líderes de la comunidad, Pascual González dijo vía telefónica, que ellos no quieren problemas con la autoridad municipal, y que sólo piden que se respeten los acuerdos que tuvieron, firmados en actas que ya se elaboraron.
“Allí se da fe de que el señor Samuel Molina Flores, fue ratificado como comisario, pues ha sabido ganarse a la gente y ha sabido trabajar, algo que no se había visto en muchos años en este pueblo (Atliaca) por parte de los comisarios, por eso las personas, pidieron que siguiera al frente de la comisaría”, declaró.
Informó que el acuerdo de los habitantes es que dejarán entrar a la comunidad, al presidente municipal y a sus funcionarios, cuando acepte los acuerdos tomados por los habitantes, “de lo contrario no va a entrar nadie”, advirtió.
Ayer, como hace 8 días, más de 100 personas entre las que había civiles con armas de bajo calibre, que fueron electos como policías, cerraron la entrada al pueblo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y durante el bloqueo solamente permitieron el paso a los automovilistas que salían o entraban al pueblo o los que se dirigían a Apango.
Otro de los dirigentes informó que ayer por la noche se reunirían para fijar la fecha en que se trasladarán a la cabecera municipal con el comisario Molina Flores para que le tome protesta el alcalde Nabor Guillen y se termine la incertidumbre.
Otro de los vecinos, Lorenzo Huaxco demandó al alcalde perredista que deje de intervenir y querer imponer “a alguien que no queremos”. Admitió que Ezequiel Flores Suárez sólo es respaldado por un grupito de 20 vecinos, a quienes responsabilizó de que por ellos “hoy la comunidad de Atliaca está teniendo un problema que está a punto de desbordarse, pues la mayoría de la población quiere que se quede (en el cargo de comisario) el señor Samuel Molina (Flores), que ha cumplido a cabalidad con su trabajo”, dijo.
Advirtió que la gente está dispuesta a manifestarse, “y tan es así, que hoy es la segunda ocasión que bloqueamos la carretera federal Tixtla-Apango”. Agregó que la intención es impedir la entrada al pueblo de ningún funcionario hasta que les reconozcan a su comisario.
Explicó que ayer los ánimos de los pobladores se calentaron, luego de que aproximadamente a las 10 de la mañana llegó una patrulla de la Policía Estatal a la comunidad, y la gente empezó a llamar para concentrarse a sus vecinos, los policías ciudadanos que hasta esa hora estaban desarmados se fueron a sus casas a traer sus armas “para estar listos en caso de que llegaran más elementos de la policía, y más, porque se anunciaba la llegada del presidente municipal”.
Sin embargo los policías estatales se retiraron y el alcalde de Tixtla, no llegó.

La CNA estanca los conflictos por la explotación de los ríos Pantla e Ixtapa, dice Ecología de Zihuatanejo




El subdirector municipal de Ecología de Zihuatanejo, Florentino Zavala Clímaco, dijo que la delegación estatal de la Comisión Nacional del Agua (CNA), tiene estancado el caso del río de la comunidad de Pantla, en este municipio, pues hasta la fecha no ha emitido el dictamen correspondiente para conocer el grado de afectación de esta cuenca hidrológica. Agregó que lo mismo ocurre en el caso del río Ixtapa.
Desde el 23 de marzo pasado, los ejidatarios y habitantes de ese poblado están demandando el cese de la explotación indiscriminada del material pétreo y el agua del río, y exigen que se declare una cuenca de reserva ecológica para que el río se pueda regenerar por sí mismo en los próximos 10 años.
Ayer martes, Zavala Clímaco dijo que en su momento, la dependencia municipal a su cargo solicitó a la CNA que le enviara una copia de la evaluación que hizo en campo del impacto ecológico que se le ha ocasionado a los ríos de Pantla y de La Salitrera, pero “no tenemos respuesta por parte de la CNA”.
El funcionario agregó que también espera una respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del impacto ambiental en ambas cuencas, “pero tampoco esta dependencia ha entregado esa evaluación”.
Mientras tanto, los ejidatarios y habitantes de Pantla continúan con una vigilancia permanente a lo largo de casi 4 kilómetros del río para evitar que los concesionarios como Rodrigo Campos Rosas, continúe sacando material, así como tampoco permiten que se extraiga agua en pipas, menos para su comercialización.
Florentino Zavala informó que también pobladores de Barrio Nuevo se mantienen en un plantón permanente en la parte baja del río Ixtapa, para impedir que el empresario Fernando Meraza Catalán siga sacando material pétreo.
A pregunta expresa, dijo que la CNA ha empantanado la demanda de los habitantes de Pantla y de Barrio Nuevo, “considero que las evaluaciones técnicas se llevan un buen tiempo y que éstas probablemente se estén revisando por el impacto que se tiene en el lugar, tanto ambiental como ecológico, pero ya es tiempo que se debe de dar una opinión, sobre todo de Pantla y nosotros como gobierno municipal estamos muy preocupados por esta situación”, expresó.

Desconoce el MP por qué levantaron al comerciante en el entronque a Vallecitos




El agente del Ministerio Público del fuero común de Zihuatanejo, Raciel González García, dijo ayer que hasta el momento se desconocen los motivos por los que Sotero Orduño Villa –propietario de una cocina económica que se encuentra en el entronque de la carretera a la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza–, haya sido privado de su libertad de manera ilegal.
Asimismo informó que no se tienen noticias del paradero de los hermanos Juan Carlos y Domingo Valdovinos Rodríguez, que el pasado 21 de mayo fueron levantados por un grupo de individuos encapuchados en la cabecera del municipio de Petatlán.
González precisó el nombre de Sotero Orduño Villa, de 50 años de edad, originario de Zirándaro, y que fue levantado la mañana del lunes de su fonda (cocina económica) por cuatro individuos que vestían ropas de camuflaje tipo militar y se lo llevaron con rumbo a la sierra a bordo de una camioneta Jeep Cherokee.
El fiscal dijo que la esposa del plagiado, Gloria Guadalupe Apanco Reyes, de 46 años de edad, originaria del Distrito Federal, dijo que hace un año llegaron a este municipio procedentes de aquella ciudad, donde su cónyuge tenía un taller de torno y que decidieron cambiar de giro y pusieron entonces su fonda de cocina económica a un costado de la gasolinera del entronque entre las carreteras Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas y Vallecitos de Zaragoza-Ciudad Altamirano.
La mujer agregó que tienen dos hijas menores de edad, de 14 y 12 años y que hasta el día que fue levantado su esposo, no habían visto nada sospechoso.
Respecto al motivo por el que Sotero Orduño fue privado de su libertad, dijo desconcerlo, porque sólo se dedicaban a venderle comida a los choferes de los camiones de volteo y a las personas que decidían tomar sus alimentos en su fonda, la cual es una enramada.
Agregó que cuando sucedió el incidente, ella se encontraba en la cocina preparando de almorzar a tres clientes, todos choferes de camiones de volteo y que alcanzó a ver que se lo llevaban porque los clientes le avisaron.
El agente del MP dijo que tanto Sotero Orduño como su esposa son de escasos recursos económicos.
Por otra parte, cuestionado sobre el avance de la investigación del paradero de los hermanos Juan Carlos y Domingo Valdovinos Rodríguez, quienes fueron levantados por hombres encapuchados el pasado 21 de mayo, cuando se dirigían a su casa a comer, luego de que cerraron su taller de orfebrería, el fiscal dijo que no había muchos indicios de donde pudieran estar, pese a las investigaciones de la Policía Ministerial.
Añadió que en esta semana, la esposa de Juan Carlos Valdovinos, María Magdalena Bañuelos Aguilar, está citada para que declare sobre el caso, pues al parecer, la desaparición de los dos jóvenes está relacionada con el asesinato del comerciante de muebles, Rafael Montiel Torres, ya que supuestamente ellos son familiares del presunto asesino del ahora occiso.
González indicó que no puede precisar si los dos muchachos además están relacionados con actividades ilícitas.

Visitará el obispo Samuel Ruiz la sierra de Petatlán en apoyo a los campesinos ecologistas



El obispo emérito Samuel Ruiz García participará en un acto de solidaridad con los campesinos ecologistas, en la comunidad de Banco Nuevo, en la sierra de Petatlán, el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana.
En una invitación pública, el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Marcial Bautista Valle, anunció la visita del obispo emérito, ex obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que celebrará una misa para apoyar a los campesinos y a sus familias que defienden el bosque contra la explotación irracional que hacen los caciques, y que por ese motivo son atacados, perseguidos y encarcelados.
La organización también pretende llamar la atención para buscar apoyo a sus demandas actuales, relacionadas con proyectos productivos para el aprovechamiento del bosque sin cortar los árboles, y con la protección de la naturaleza, pues en su zona de trabajo han reaparecido recientemente cuatro tipos de felinos que hacía años no se veían cerca de las comunidades.
Los campesinos ecologistas manifiestan que están en condiciones de proteger esas especies, pero necesitan el apoyo de las instancias del gobierno federal y estatal.
En un boletín de prensa, la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán informa que durante el tiempo de su lucha, que comenzó públicamente en febrero de 1998, “tenemos compañeros asesinados, presos y algunos con orden de aprehensión, que es el resultado del contubernio que existe entre los cacicazgos locales, los gobiernos estatales, municipales y el Ejército”.
Sobre los resultados de la defensa de la naturaleza, indican: “El bosque templado y la selva baja han tenido una buena recuperación de flora y fauna; contamos con 30 mil hectáreas recuperadas, durante estos ocho años de lucha, gracias a Dios y a la tenacidad que los y las compañeras de distintas comunidades pertenecientes a nustra organización, que han trabajado, prevenido y controlado los incendios”.
En el boletín, la Organización recuerda que la abogada Digna Ochoa visitó comunidades de la sierra de Petatlán, incluyendo Banco Nevo, los primeros días de octubre de 2002, dos semanas antes de que la asesinaran en la ciudad de México. En su visita, la abogada, que fue invitada para pedir su apoyo en la defensa jurídica de los ecologistas presos y perseguidos por el Ejército, “nos hablaba de la personalidad de Don Samuel, ya que en su mayoría nosotros somos católicos, y el tiempo que lo hemos conocido ha sido de gran ayuda para nuestra fe y nuestra lucha”.
En el mismo boletín se indica que monseñor Samuel Ruiz García es obispo de San Cristóbal de las Casas, obispo emérito, y presidente del secretariado internacional de Solidaridad Cristiana “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”.
La visita, un blindaje necesario
En entrevista, la coordinadora de la Organización, Eva Alarcón, dijo que entre los campesinos de esta región hay mucha desilusión, porque ven que siguen bajando camiones y camiones de madera, de ejidos como Corrales, en el que el año pasado se reanudó la explotación forestal, sin ningún control.
Señaló que la instancia del gobierno encargada de vigilar que la extracción de madera se apegue a la legalidad y a las normas, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no hace ninguna labor de vigilancia, pues para toda la región de la Costa Grande de Guerrero cuenta con sólo un inspector, que no tiene ni vehículo no oficina ni teléfono. Agregó: “Nosotros en esta región sólo vemos a las dependencias federales encargadas del bosque cuando vienen los funcionarios a algún acto protocolario, pero cuando se van, nadie viene, nadie vigila nada”.
“La población pregunta por qué el gobierno federal permite que se baje mucha madera, cuando a cualquier campesino que baja con leña lo detiene inmediatamente de Federal de Caminos, la Judicial y la AFI”.
En otros daños al bosque, mencionó los incendios provocados por los caciques, como el que ocurrió en El Aguacate el mes pasado, que duró dos días. Dijo que los campesinos ecologistas del lugar, localizado a un lado de Banco Nuevo, saben quién provocó el incendio forestal, es gente que tiene que ver con el conflicto de la explotación forestal, pero fueron los mismos ecologistas los que controlaron el fuego.
Lamentó: “nosotros que hacemos conservación del bosque, no tenemos acceso a los beneficios de los programas del gobierno contra los incendios forestales”.
Eva Alarcón adelantó que “cuando venga Don Samuel Ruiz vamos a plantear al gobernador, Zeferino Torreblanca, que la Semaren (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado) debe dirigir programas a esta zona, y establecer convenios entre autoridades federales, estatales y nosotros”.
Agregó que la Semaren no ha contestado a una propuesta para la región hecha por el Ayuntamiento de Petatlán, y la Organización de Campesinos Ecologistas, que consiste en un prroyecto de producción de hongos zetas y de resinas.
Estos proyectos servirían para dar alternativas de producción y conservación del bosque, pero no tienen la atención de las autoridades, explicó la coordinadora. En cambio, el ejido de Corrales, en la misma sierra de Petatlán, sigue explotanto el bosque en grandes cantidades, sin ninguna restricción, y recientemente inauguró un aserradero.
Además de la desatención del gobierno, dijo que los defensores del bosque están amenazados por los que quieren explotar el bosque, y precisó: “son amenazas veladas, pero sabemos que sí las cumplen, como pasó con el compañero de la Organización Albertano Peñaloza”.
Se refiere al caso del campesino ecologista de la comunidad de Banco Nuevo, que el 19 de mayo fue atacado en una emboscada en la entrada a su casa, cuando llegaba acompañado de sus cuatro hijos, y dos de ellos fueron muertos, y dos heridos, además del mismo Albertano.
La emboscada contra Albertano Peñaloza, que cumplió un año sin que se haya investigado a los responsables ni se haya hecho justicia, es el ataque violento más reciente contra los ecologistas que han sido amenazados desde que comenzaron su movimiento, dice la coordinadora, y señala que “la visita de Don Samuel puede ser un blindaje para nosotros, en el sentido de la denuncia y que el gobierno ponga atención a esta región, y vamos a pedir protección al gobierno del estado, legalmente, ante las amenazas veladas que recibimos”.
Aparte, afirma, “Don Samuel viene a solidarizarse, la mayoría somos católicos nos identificamos con él, y para nosotros su visita es muy importante”.
Reaparece el jaguar, jaguarundi, onza y león
Dijo que también se necesita que el gobierno federal ponga atención a la sierra de Petatlán en cuanto a la conservación de la flora y la fauna, que como resultado de la protección del bosque, se han recuperado en los últimos años.
Señaló el caso de los felinos. “En el ejido San José de los Olivos, recientemente se han visto cuatro felinos”, que desde hacía años habían desaparecido de esas tierras. Dijo que de acuerdo a los nombres que dan los campesinos del lugar, uno es el jaguar, otro el jaguarundi, la onza y el león pardo.
Explicó que los campesinos de las comunidades los han visto, y además les están afectando porque comen animales de los corrales, como chivos bececeros y vacas.
Los campesinos ecologistas están dispuestos a proteger esas especies, pero necesitan apoyo, dijo Eva Alarcón.
Para eso, informó, “llamamos a áreas naturales protegidas, pero no nos han respondido. Estamos esperando que vengan, estamos dispuestos a proteger la fauna que se ha recuperado”.