Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
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Dan consejeros estatales de Cultura el beneficio de la duda a la nueva secretaria Alicia Sierra
Consejeros estatales de Cultura expresaron su extrañamiento por el nombramiento de Alicia Sierra Navarro como titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero (Secultura) por su falta de conocimiento en el rubro, condición que exigieron en su oportunidad al gobernador Héctor Astudillo, sin embargo aseguraron estar a la espera de que se convoque al consejo para que la funcionaria, que es la presidente, dé a conocer su plan de trabajo.
Asimismo, señalaron que es necesario darle continuidad a los procesos que deberán concluir con la creación en su totalidad de la Secultura.
En entrevistas por separado, el consejero Manuel Maciel, de Acapulco, dijo que la designación “no es una señal muy halagüeña, creo que tiene una visión muy localista, pero aclaro, la opinión que tengo es a partir de lo que se publicó reciente de ella, porque no la conozco”, por lo que dijo, habrá que darle el beneficio de la duda “y no predisponernos incluso antes de que empiece a operar”.
Por ello, indicó que “será necesario conocer su visión sobre políticas públicas para el sector y su plan de trabajo, por lo que habrá que reunir al Consejo Estatal de Cultura para ello”.
“El Consejo está a la espera del llamado para coadyuvar dentro de lo que a nuestra responsabilidad compete”, reiteró el actor y director teatral, y recordó que el Consejo se creó en septiembre pasado en una ceremonia con la presencia del entonces gobernador Rogelio Ortega, en cumplimiento a la nueva ley para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero.
La ley, además de que habla de la conformación de dicho consejo, menciona que entre sus funciones está la de analizar y desarrollar propuestas para el diseño de políticas en la materia.
Asimismo, y si fuera el caso, denunciar a las autoridades cuando consideren que no se apegan al ejercicio presupuestal o al de sus funciones operativas en las políticas y programas, así como a los principios y ordenamientos de la ley sobre cultura vigente en la entidad.
Por su parte, el consejero titular por la zona Centro, Marcelo Hinojosa, se dijo sorprendido por el nombramiento pues se esperaba a una persona si bien, no un creador, sí a alguien relacionado con la actividad cultural del estado.
“A mí me parece preocupante, nosotros sabemos que para hacer y administrar cultura no sólo se necesita voluntad; va a ser un nuevo y gran reto al que se va a enfrentar la nueva secretaria de Cultura” pues, argumentó, estamos en los tiempos de la profesionalización de la actividad cultural.
Ante ello, aseguró el músico y gestor cultural que “nuestra responsabilidad como consejeros va a ser importante”.
Asimismo, el consejero por la Costa Grande, Francisco Solís, también se dijo sorprendido; “esperábamos que fuera una persona empapada con la cuestión cultural pero acepto, no podemos adelantar vísperas, ni en contra ni a favor; lo que sí es importante es que se se lleve a cabo una primera reunión porque necesitamos conocerla”.
Por ello, el promotor cultural recordó, tendrá que ser la propia secretaria Sierra Navarro quien convoque a la misma “y comencemos el año con los pendientes que tenemos; las decisiones culturales, las reglamentaciones pendientes y todo lo que implica el trabajo cultural”.
Del mismo modo opinó la consejera Blanca Reyna Aguirre, también de Acapulco, quien señaló que será importante la labor del consejo para respaldar a la funcionaria de la que sólo pudo decir que desconoce su trayectoria y su trabajo.
“Aspiro a que se llame al Consejo para presentarnos y establecer el contacto que permita hacer el trabajo cultural que corresponde (…) Sería muy desagradable toparnos otra vez con alguien que mire a la comunidad cultural guerrerense como gente que está haciendo labor artesanal y no cultural en las diferentes disciplinas”.
El 24 de septiembre pasado en la Casa de Los Vientos, el entonces gobernador Rogelio Ortega tomó la protesta al Consejo para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes de Guerrero con el propósito de crear un vínculo entre las autoridades culturales y la comunidad artística, y dar cumplimiento a la Ley Número 239 para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes del Estado de Guerrero.
Dicho consejo fue resultado de ocho reuniones regionales, en las cuales participaron más de 500 creadores, artistas y promotores culturales de la entidad.
Aún no hay resultados de la elección de consejeros en la UAG
La evaluación de la elección se dará a conocer hasta el próximo 3 de junio, dice el secretario general Arturo Contreras
Zacarías Cervantes y Raquel Santiago
Hasta la tarde del viernes la Comisión Electoral del Consejo Universitario carecía de los resultados de la jornada del jueves pasado, cuando se eligieron 130 consejeros universitarios y de unidad académica; en tanto que el secretario general de la UAG, Arturo Contreras Gómez, informó que la evaluación de la elección se dará a conocer hasta el próximo 3 de junio.
“Todavía siguen llegando los resultados de las siete regiones del estado y no se tienen con precisión los datos, la Comisión Electoral está haciendo lo posible por tener los resultados el próximo martes 3 de junio como lo señala la convocatoria”.
En tanto, el integrante de la Comisión Electoral, Juan Carmona Clemente, resumió que en Acapulco hubo una participación del 65 por ciento de los trabajadores y estudiantes, mientras que en las unidades académicas de Ecología, Contaduría y Administración y Turismo hubo una escasa afluencia de votantes.
Mencionó que donde se logró la más alta votación con el 90 por ciento fue en los posgrados, y que en la Preparatoria 27 no hubo registro de planillas y por lo tanto la votación no se hizo.
Para el secretario general de la UAG “en general fue un proceso que, a diferencia de otras ocasiones pasadas, no hubo muchas complicaciones, con esto se ha dado muestra de civilidad política”, dijo.
Sin embargo comentó que las denuncias que se presentaron por diversas irregularidades debieron haber sido presentadas como lo establecen los reglamentos ante la Comisión Electoral.
Justificó que “bajo la pasión que se vive en las unidades académicas es obvio que haya inconformidad con los resultados, sin embargo, se está en tiempo para recibir las impugnaciones al respecto y está la comisión atenta a recibir dichas impugnaciones, pero si fuera necesario el Consejo Universitario y el reglamento tienen considerado ese recurso”.
Aseguró que si se comprueba que hubo rasuramiento del padrón electoral en algunos casos, como se denunció sobre todo en la escuela de Derecho de esta capital, “se tendrá que reponer el proceso electoral”.
En cuanto a las acusaciones en el sentido de que no se aceptó el registro de algunos candidatos, como ocurrió en la escuela de Ciencias de la Educación, dijo que hubo casos que en que durante el período de registro quienes iban a participar no pudieron presentar la documentación requerida, pero que la Comisión Electoral recibió la documentación faltante a algunas planillas.
En Acapulco, el consejero electoral de la unidad académica de Enfermería 2, Pedro Nava Pastrana, informó que las votaciones no tuvieron quórum, debido a que menos de la mitad de los estudiantes acudieron a sufragar. De un total de 987 electores se ausentaron 366 estudiantes, lo que significa que la planilla para consejeros universitario estudiantil sólo registró 364, lo que significó que ninguna de las planillas contendientes logró reunir la votación de 50 más uno que se requiere para la legalidad.
En el caso de los consejeros universitarios, de los 80 maestros sólo votaron 34 docentes, y tampoco se logró la votación que se requiere. Además hubo nueve votos anulados.
En este caso, la representante de la planilla de docentes que interpusieron una impugnación y convocaron a no votar, Dalia Naranjos Linares, aseguró que presentarán el lunes el recursos de impugnación para que el 3 de junio sea considerado en la orden del día del Consejo Universitario.
En el caso de la unidad académica de Turismo y en su extensión en Zihuatanejo, ganó la planilla estudiantil opositora al director, Carlos Topete Contreras, quien es identificado con el grupo político Movimiento por la Academia y la Reforma (MAR) que ganó la elección de rector, con Nelson Valle López.
El virtual consejero universitario, José Luis Aparicio Villanueva, informó que la planilla 2 ganó la elección de consejeros universitarios apenas con lograr el 50 por ciento de la votación, porque de los mil 68 votantes sólo votaron 613 personas y la planilla ganó con 323 votos, y una diferencia de 33 sufragios.
Aparicio Villanueva adelantó que los representantes de la planilla 1 consideran impugnar los resultados, pero aseguró que el proceso de elección “fue transparente” y que por eso confían en que no procederá la inconformidad.