Sólo 25 de los 240 departamentos del Infonavit de Taxco son irregulares, responden a la Sedesol

El integrante del comité general de la Unidad Habitacional del Infonavit en Taxco, Abraham González Herrera declaró que, de acuerdo con el padrón que ellos tienen, son 25 de los 240 departamentos, los que tienen irregularidades, y denunció trato despótico de la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, a damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado durante la entrega de paquetes de apoyo el martes.
Abraham González dijo además que el martes concluyó el estudio geofísico de la tierra en la unidad habitacional que hicieron ingenieros de la Ciudad de México, y que pagan los vecinos, y estarían dando a conocer los resultados el martes o miércoles de la próxima semana.
En la edición de ayer se dio a conocer que, durante su visita a Taxco para entregar apoyos económicos a los damnificados, la titular de la Sedesol estatal, Alicia Zamora declaró que en este conjunto habitacional un amplio porcentaje, que no precisó, no acredita la propiedad (de los departamentos) para acceder a los beneficios que otorgan los gobiernos estatal y federal, además de que hay gente que mintió y que no es propietaria o no ha terminado de pagar, por lo que a cada caso se le daría una salida distinta.
Consultado vía telefónica la tarde de ayer, Abraham González dio a conocer que el comité general de la unidad habitacional tiene un expediente en el que sólo unos 25, de los 240 departamentos de los 24 edificios, “están irregulares”, que son casos de vecinos que llegaron a rentar y con el sismo quisieron adjudicarse la propiedad del departamento, y otras familias abandonaron sus viviendas y dejaron de pagar sus créditos.
Mencionó que tienen un censo de los titulares de 215 departamentos, entre los que ya terminaron de pagar y los que aún tienen adeudos. Señaló que sí tienen ubicados a los que aún no terminan de pagar, pero que al momento de la llamada no tenía la información a la mano, aunque de esos ya son pocos.
“No sé de dónde sacó eso la señora (Alicia Zamora), porque nosotros tenemos bien censados a 215 titulares de departamentos, y sólo son 25 irregulares; nosotros tenemos archivos de todo eso”, puntualizó.
Lamentó que la funcionaria diga que se analizará caso por caso para determinar cómo se va a proceder, y no dé fechas ni plazos para eso.
Asimismo, denunció un trato déspota de la titular de la Sedesol hacia los damnificados durante su visita del martes a Taxco para entregar paquetes de apoyo de cinco mil pesos para pagar rentas, y puso su ejemplo, ya que su familia mostró las escrituras originales, porque ya terminaron de pagar su departamento, y aun así les complicaron la entrega del dinero, “a la gente la están tratando muy mal, la funcionaria fue muy déspota”.
Contó que además no entregaron los paquetes a todos, que a muchos de los titulares “les pusieron trabas para darles el recurso, y si no tuvieron algún documento actualizado, los enviaron a Chilpancingo a cobrar y les dieron de plazo hasta el 30 de diciembre”.
El vecino informó que del Infonavit no les han dado ninguna respuesta de cuándo iniciarán los trabajos de rehabilitación y reconstrucción. Dijo que sólo les dijeron que tentativamente el 6 de enero les darían información en una reunión con el delegado en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés.

Viven en la incertidumbre 16 familias damnificadas por el sismo que aún habitan en la unidad Infonavit de Taxco

A tres meses del sismo del 19 de septiembre, que prácticamente dejó inhabitable la unidad habitacional San Francisco Cuadras, en Taxco, las 240 familias que la habitaban y de las que sólo quedan 16, continúan en la zozobra de qué pasará con sus departamentos, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ofreció rehabilitar los edificios y, donde sea necesario, demoler y reconstruir, pero no les dio fechas.
“El suelo se sigue hundiendo, los muros de contención se han separado de la base de los cimientos de los edificios, y por la noche se escucha cómo tuena el suelo”, narró la señora Teresa, que vive en el tercer piso del edificio 9, que aún ocupa, con sus hijos, y es de las 16 familias que siguen viviendo en el conjunto habitacional a pesar de la indicación de desalojo del gobierno local y de las recomendaciones de Protección Civil para que ese lugar ya no sea habitado, pues es considerado de alto riesgo.
A tres meses del sismo, la unidad habitacional Infonavit luce abandonada, como un lugar fantasma, pues las únicas 16 familias que quedan, están ahí porque forman parte de un comité vecinal de vigilancia, para evitar rapiña, luego de que desconocidos han intentado entrar a los departamentos para robar lo poco que algunas familias dejaron al salir.
En una visita el viernes pasado a este asentamiento, ubicado al poniente de la cabecera municipal, en la salida hacia el municipio de Ixcateopan, lo primero que se notó en el lugar abandonado fue una lona colocada en la entrada principal de los edificios, en la que se advierte que es una zona de alto riesgo y se pide no pasar. Las grietas en los edificios con mayores daños se notan a distancia, en algunos, con facilidad se puede ver dentro de los departamentos por entre las cuarteaduras.
Durante el recorrido llegó uno de los últimos vecinos que se fue con su familia, el señor Francisco Flores, quien iba con su hija adolescente a recoger las últimas pertenencias que había dejado en su departamento del edificio 9.
Con sorpresa, el hombre de unos 55 años notó nuevas cuarteaduras en su edificio, donde sólo permanecen dos de las 10 familias que lo habitaban.
Poco a poco halló al menos 10 nuevas fracturas que, dijo, hasta hace una semana el edificio no tenía. Las delgadas fisuras en los muros del edificio de cinco pisos se aprecian con facilidad y algunas de ellas atraviesan los muros de lado a lado.
Su vecina Teresa, una mujer de unos 50 años que vive en el piso 3 con sus hijos, platicó que ella no se había ido de su departamento porque ese edificio era de los que menos daños había tenido y pensó que aún era habitable.
Cuando su vecino le mostró las nuevas grietas en gran parte de la estructura y el ligero desplazamiento del muro de contención que separa a los edificios de un voladero que rodea a más de la mitad de la unidad habitacional, la mujer reconsideró su idea y dijo que se encontraba buscando con calma un lugar donde rentar para salirse de ahí, lo que haría en los días próximos, “a más tardar en enero yo me salgo, y es que como hubo una psicosis las rentas se dispararon”.
Los vecinos narran que, desde 1985 se había dicho que esa zona no era apta para la construcción de viviendas, y que incluso hay un dictamen que lo considera un área de laderas inestables. Cuentan que antes de Infonavit, una constructora tuvo la intención de construir casas en esa zona, pero no lo hizo ante ese dictamen de uso de suelo, que ya existía, “el que autorizó esta construcción es culpable”, manifestó Francisco Flores.
Dijo que han notado que en esa zona hay hundimientos del suelo que provocan nuevas fracturas en los edificios.
Uno de los damnificados dio a conocer que, a tres meses del sismo sólo han recibido dos paquetes de apoyo del gobierno, uno de 4 mil pesos y otro de 5 mil, que les entregaron para pagar rentas en otros lugares; sin embargo, se quejó de que tras el desalojo de las familias, las rentas en Taxco “se dispararon”.
Cuentan que cuando inició la construcción de la unidad habitacional, en 1985, los departamentos fueron ofrecidos en 11 mil pesos, y tras la devaluación del peso sus costos se elevaron. En la actualidad están cotizados entre 300 y 350 mil pesos, y la mayoría de los propietarios ya terminaron de pagar y cuentan con escrituras.
Inicialmente, los departamentos fueron vendidos a mineros, prestadores de servicios y hoteleros adheridos a la CTM. También la habitan plateros, funcionarios municipales, mecánicos y carpinteros.
Francisco Flores señala que el problema del desalojo fue también para quienes rentaban estos departamentos, porque mientras aquí pagaban rentas de entre 900 pesos y mil 100, se tuvieron que ir a otros lugares donde las rentas están entre mil 500 y dos mil pesos, ya que los apoyos que se están entregando son únicamente para los dueños de los departamentos y no para los inquilinos.

Vicios ocultos en el Infonavit

Por separado, uno de los integrantes del Comité General de la unidad habitacional, Abraham González Herrera adelantó que los vecinos harán un propio dictamen del suelo con peritos que contratarán de la ciudad de México y que estarían iniciando sus trabajos hoy, martes.
Estos serían adicionales al dictamen que hizo la Secretaría de Protección Civil del estado con el apoyo del especialista en diseño estructural sismo-resistente e ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Roberto Arroyo Matus.
Mencionó que inicialmente, el delegado del Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés no aceptaba el resultado del dictamen del Especialista Arroyo Matus, y especifica que, “En tanto no se ejecute un proceso de reparación y refuerzo en la totalidad de los edificios del conjunto habitacional del Infonavit, estos no son habitables y representan un riesgo grave para sus ocupantes, debido a que su seguridad estructural actual es muy inapropiada y puede deteriorarse en caso de la ocurrencia de un evento sísmico importante futuro, por lo tanto, debe aplicarse de manera urgente, un proceso de reparación y refuerzo para subsanar las graves deficiencias y vicios ocultos detectados”.
Entre los “vicios ocultos” de los que refiere el dictamen se lee que el espesor de las juntas entre piezas de mampostería en su mayoría son de entre 5 y 8 milímetros, cuando el recomendado por la norma vigente es de 17 milímetros, es decir más del doble del aplicado.
Se informa además que se hicieron muestreos al azar en muros de mampostería, y se halló que en varias de las celdas o huecos donde se localiza el refuerzo vertical, no fueron rellenados de concreto, “lo cual representa un vicio inadmisible en el proceso de construcción, pues la norma vigente especifica que todo refuerzo vertical debe rellenarse con mortero”.
Detalla que de seis muestras que hicieron en diferentes edificios, en cuatro de ellos los muros no están rellenados “lo cual se califica como un vicio oculto muy grave”, dice el dictamen del doctorArroyo Matus.
González Herrera señaló que en noviembre el Infonavit hizo un nuevo dictamen con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero hasta el viernes no les habían dado a conocer los resultados y por eso la inquietud de los vecinos de hacer su propio estudio.
Estimó que el nuevo estudio de Infonavit es sólo para alargar el tiempo del proceso de restauración o reconstrucción de los edificios.
Explicó que en 1985 se hizo un estudio de suelo en esa zona, y fueron detectadas tres fallas, y una de éstas habría sido la que afectó mayormente los edificios 11,13, 14, 15, 16 y 17, que están en una misma línea, y que están a punto del colapso. En ese mismo dictamen, dijo, hubo otra compañía que se negó a construir porque el terreno no servía, “se comenta que hubo un soborno para que permitieran la construcción de éstos edificios”.
Menciona que al inicio de la contingencia les entregaron despensas del DIF, pero con el paso del tiempo y conforme las familias se empezaron a ir, los apoyos se suspendieron. Dijo que, desde el 19 de septiembre no ha tenido trabajo, pues se dedica a la reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos, pero ahora que ya casi nadie vive ahí, no ha tenido un ingreso, sólo los 4 mil y 5 mil pesos que le han dado para ayudarlo conel pago de la renta, pero que es insuficiente.
Dio a conocer que el Delegado de Infonavit en Guerrero, Gerardo Ballinas Mayés, tras una reunión con el gobernador Héctor Astudillo y el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majúl, les informó que todos los edificios se van a restaurar y en el caso donde sea necesario, se van a demoler y a reconstruir, para lo cual calculan una inversión de 46 millones de pesos, sin embargo.
Señaló que los vecinos están pidiendo que todos los edificios se rehabiliten y que, los que requieran una reconstrucción, se demuelan y que ya no sean construidos de cinco plantas, sino de tres para que no tengan mucho peso, además que se coloquen zonas de salida de emergencias y puntos de reunión en caso de un siniestro, ya que en la actualidad no se tienen.

No entregan escrituras a damnificados de la capital a más dos años de reubicarlos en Zolamaitic

Damnificados de Chilpancingo en 2013 reubicados en el fraccionamiento Zolamaitic, en Petaquillas, se reunieron en privado con el secretario particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Armenta, para demandarle la entrega de las escrituras de 67 familias.
La mañana de este martes, se reunieron en el paso peatonal frente a Palacio de Gobierno más de 30 vecinos afectados por las tormentas Manuel e Ingrid en 2013.
Una de las damnificadas, que no quiso dar su nombre por temor a represalias, explicó que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello se comprometió a resolver el retraso en la entrega de las escrituras, pero no lo ha hecho.
Los damnificados ya cumplieron dos años en sus casas ubicadas en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, pero a pesar del hecho los funcionarios del estado y la federación no han entregado las escrituras, pese a que se comprometieron a hacerlo a finales de noviembre.
Tras el encuentro privado se informó que continuarán las mesas de diálogo para dar certeza jurídica a las familias afectas. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

No atienden a damnificados por los deslizamientos de tierra en una colonia de la capital, se quejan


Damnificados de tres deslizamientos de tierra en la colonia Nochebuena, viven en la incertidumbre luego de que el alcalde suplente de la capital, Jesús Tejeda Vargas se negó a visitar sus viviendas durante un recorrido en la colonia el pasado domingo.
Asimismo, contaron que en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les dijeron que para tramitar el apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tienen que viajar a la Ciudad de México, y agregaron que en el Instituto de la Vivienda de Chilpancingo (Invich) les dijeron que sólo les pueden dar lotes de 120 metros cuadrados, pero sin casas construidas; por ello, exhortaron al delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello para que interceda por ellos ante el Fonden.
En septiembre de 2013, las lluvias provocadas por las tormentas Ingrid y Manuel provocaron el primer deslizamiento en la colonia, que colapsó la calle María y José, junto con una vivienda y la mitad de otra; las viviendas se encuentran a la orilla de la barranca El Salado.
El segundo deslizamiento ocurrió el 30 de septiembre, y afectó las casas de ocho familias; finalmente, el 12 de octubre ocurrió el tercer deslizamiento, que provocó que una familia tuviera que salirse de su casa, pues una parte quedó volando cuando la tierra que la sostenía se deslizó a la barranca.
Recientemente, la Secretaría de Protección Civil del estado dictaminó que de las ocho familias sólo dos tenían necesidad de reubicarse, lo que molestó al resto de los damnificados, que consideran que también están en riesgo, pues sus viviendas también están a orillas de la barranca y a los lados de las dos que se dictaminaron como inhabitables.
En una visita a la colonia, los vecinos Arlen Navarrete Lorenzo, Maricrúz Tranquilino Millán, Natividad Lorenzo Organista y José Adrián Santiago Torres, mostraron los daños en sus viviendas.
Santiago Torres contó que, “tenemos aquí como 20 años viviendo, y el problema fue que el pasado sismo del 19 de septiembre afectó la barranca, se hizo una grieta, a partir de ahí se colapsó y afectó a varias viviendas; realmente nosotros queremos que nos apoyen, pues hay viviendas que quedaron totalmente inhabilitadas… pero hay otras que se pueden rescatar”.
Dijo que las autoridades pueden buscar la opción de que se construya un muro de contención para salvar algunas viviendas, y lamentó que les estén ofreciendo sólo un lote sin reconstrucción que está cerca de la comunidad de Mazatlán, a unos 40 minutos de recorrido de la capital en la carretera federal a Acapulco, y que no cuenta con ningún servicio público.
Abundó que su familia sigue viviendo en su casa, pese a que está a la orilla de la barranca.
Arlen Navarrete tiene 10 años viviendo en la colonia, y tuvo que deshabitar su casa porque en cualquier momento puede colapsar, pues la tierra se sigue deslizando y ya hay huecos debajo de la construcción.
Contó que ni el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena, ni su suplente, Jesús Tejeda Vargas, han atendido sus peticiones de audiencia; abundaron que solicitaron el apoyo del gobernador, Héctor Astudillo Flores, mediante un oficio, y sólo les dijeron que no podían entrar al Fonden porque eran pocas casas, que al menos deberían ser 28 afectadas. “Nos quitó la oportunidad de que nos dieran aunque sea un dinerito para construir una casa de madera en cualquier lado”, lamentó.
La vecina Tranquilino Millán tiene 14 años habitando en el asentamiento, relató que el domingo Tejeda Vargas acudió a la colonia a inaugurar una calle, y aprovecharon para exponerle su situación, ya que no los ha recibido en audiencia.
“Nosotros estábamos aquí reunidos esperando con entusiasmo, porque sabíamos que íbamos a tener la oportunidad de plantearle nuestra situación… entonces, la vecina Arlen lo siguió y le pidió que por favor checara el terreno cómo estaba”.
Sin embargo, el alcalde sólo le dijo “permíteme”, y la hizo a un lado; después le dijo “ahorita”, pero él siguió en lo suyo; cuando nuevamente le pidieron que los acompañara a recorrer sus casas, sólo les dijo “después”, pero no les dio una fecha.
La barda de la vivienda de Tranquilino Millán se cuarteo en distintas partes y se curvó a raíz de los deslizamientos.
Natividad Lorenzo teme que la vivienda de Arlen Navarrete colapse, porque se quedaría sin un acceso a su casa.
Demandó respeto y apoyo, un terreno, pero en la cabecera, además de que les reconstruyan su casa, que hicieron con esfuerzo.

Podrían reubicar en Petaquillas también a cinco familias damnificadas de El Mirador, les dice PC

Familiares de cinco viviendas de damnificados de El Mirador se reunieron con el director de Protección Civil y Bomberos de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara, quien les tomó sus datos y les dijo que probablemente los reubicarán, luego de que 21 familias ya aceptaron ser reubicados en un lote en la comunidad de Petaquillas.
De acuerdo con las autoridades, las cinco familias ya habían sido reubicadas en 2013 tras las tormentas Ingrid y Manuel, lo que desmintieron; sólo los miembros de una familia reconocieron que con ellos vivían otras cinco familias y que a su mamá la reubicaron en una casa en el nuevo Mirador en la que no caben todas.
Los damnificados sufrieron un deslizamiento de tierra el 24 de septiembre pasado, cuando unas viviendas colapsaron y otras sufrieron daños severos. A partir del jueves de la semana pasada estuvieron solicitando una audiencia con el alcalde, Jesús Tejeda Vargas, pero les dijeron que hasta este miércoles podría recibirlos.
Los habitantes de las cinco viviendas siguen habitando en el albergue del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), pero ya no quieren seguir ahí porque les han dicho que están “hartos” de ellos.
Ayer, los damnificados llegaron a la Presidencia municipal a las 9 de la mañana para pedir audiencia, como habían acordado; ahí manifestaron su preocupación porque no los están tomando en cuenta para reubicarlos, como a las otras 21 familias que ya les dieron un lote.
La damnificada, María del Rocío Campos desmintió que haya sido reubicada luego de las tormentas Ingrid y Manuel; explicó que la mitad de su vivienda se hundió y se abrieron grietas, lo que la deja inhabitable. Agregó que Protección Civil municipal ya revisó y tomó fotografías de las casas, y constató los daños.
Dijo que el restos de las familias están en la misma situación, no fueron contempladas en la reubicación de vivienda porque se supone ya tienen una en el nuevo Mirador.
Rodolfo Nava indicó que un día antes supo que el Ayuntamiento estaba viendo la forma de apoyar a familias de otras cuatro viviendas, pero que su casa no estaba contemplada porque ya había sido reubicado.
Nuevamente contó que en su casa vivía más de una familia, y en la casa donde lo reubicaron en El Mirador no caben porque son pequeñas, además de que también tienen daños.
A las familias les informaron que las recibirían hasta las 12 del mediodía; regresaron más tarde para sostener una reunión con funcionarios del Ayuntamiento, y posteriormente los remitieron con el director de Protección Civil.
Al término de la reunión fueron consultados, y manifestaron que les dieron la posibilidad de que se apoyaría la reubicación de las familias que habitaban en las cinco viviendas dañadas, les tomaron sus datos, y Vela Guevara los citó nuevamente para este jueves para darles más información, y saber si serán reubicados.

Son inhabitables 2 colonias de Taxco afectadas por el sismo, dice nuevo dictamen del Fonden

En las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, de Taxco, suman 253 familias damnificadas en una zona que se consideró después del sismo como de “alto riesgo” y ahora, de acuerdo con el último dictamen, es “inhabitable”, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Esto, de acuerdo con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), se traduce en una “reubicación” de los afectados, por lo que ahora se debe buscar un predio que permita albergar sin riesgo a las familias, previamente dictaminado para asegurar su habitabilidad, y que “no vuelva a pasar lo que ocurre en ambas colonias”.
Al término de una mesa de trabajo en un hotel de la ciudad, el delegado informó que, de acuerdo con un dictamen de Protección Civil estatal, confirmado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en la zona existe un “alto riesgo” para los habitantes ante posible deslizamiento de una ladera, a consecuencia de sismo del 19 de septiembre pasado; con el paso de los días esa parte ha manifestado un continuo “movimiento físico” de la tierra, por lo que ahora se considera “inhabitable”.
Eso corrobora los dictámenes, del riesgo de vivir en esas colonias ubicadas en la salida norte de la ciudad, y por ello funcionarios federales, estatales y municipales tuvieron un encuentro con las familias damnificadas que habían solicitado otros estudios adicionales de geofísica y geotecnia para estar plenamente convencidos de la inhabitabilidad en esa zona.
Armenta Tello puntualizó que, al localizar el predio para reubicar a las familias tendrían la seguridad jurídica de la propiedad de su vivienda al entregarles también durante este procedimiento la escrituración correspondiente.
Detalló que la reubicación prevé los recursos suficientes para la adquisición de un terreno, para la urbanización que incluye introducción de servicios básicos de agua, electricidad, drenaje, disposición final de aguas residuales y el beneficio a quienes resultaron dañados de una o dos tarjetas que incluyen un apoyo institucional de 120 mil pesos, con participación federal del 75 por ciento y un 25 por ciento del gobierno estatal para que los afectados reconstruyan su vivienda.
Durante la reunión, Armenta Tello dijo que se optó, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por la autoconstrucción asistida, ya que los afectados comprarán sus materiales, pagarán la mano de obra y decidirán la ejecución de sus viviendas, y si toman la asistencia técnica o no; el Ayuntamiento deberá observar que sean viviendas sismo-resistentes para que no se cometan errores.
Entre la resistencia de algunos damnificados a la reubicación, el delegado federal reconoció que, no se les otorgan los recursos que en algunos casos superan los costos de sus viviendas colapsadas, pero de “alguna manera sí se les está dando el empujón con el apoyo institucional”, que se pospondrá durante unos 10 días a causa de los trámites que implica y la posibilidad de que sean distribuidas las tarjetas a los afectados.
Advirtió que el “apoyo dependerá de que acepten la reubicación para que les sea entregado, y tendrían que renunciar a su propiedad”, en la que han habitado y que resultó dañada, porque en estos predios que se consideran “zona de alto riesgo, ya no podría haber asentamientos humanos”.
A la par, agregó que todo está condicionado a los resultados de los estudios adicionales de geofísica y geotecnia acordados entre las autoridades y los afectados en las colonias Martelas y Ruffo Figueroa, y de los que se espera confirmar el comportamiento de los movimientos de tierra y “se hace manifiesto en la carpeta asfáltica” de la carretera federal, con lo que se determina que una buena parte de la zona donde están ubicadas las colonias “sí tienen movimiento”.
La mesa de trabajo en un hotel duró más de tres horas y no se permitió la entrada a los medios; en el transcurso de los trabajados llegaron varios damnificados a los que uno de los vigilantes uniformados les impidió la entrada, y en respuesta varias mujeres empujaron la reja y, de paso, al empleado de seguridad que tuvo que desistir de su actitud y dejar pasar a los inconformes.
A la mesa de trabajo asistieron el jefe de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores, Alejandro Bravo Abarca; la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez; funcionarios de la secretaría de Protección Civil, y el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, con funcionarios del ayuntamiento.

Aún no reubican a 20 familias que perdieron su casa tras un deslizamiento de tierra en la capital


Damnificados por un deslizamiento de tierra el 24 de septiembre en El Mirador que deslizó viviendas y colapsó otras reprocharon que el Ayuntamiento insiste que el único terreno que hay para reubicar a las 20 familias afectadas es en la comunidad de Petaquillas donde dijeron que no hay servicios públicos, además manifestaron que urge se reubique a seis familias con pérdidas totales.
Los damnificados están con familiares o rentando, aún cuando el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena prometió darles mil pesos para una renta nunca fue posible y la actual administración de Jesús Tejeda Vargas no les ha dicho nada, además de que sólo han logrado una vez reunirse con funcionarios y no con el edil.
En el albergue en el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) continúan familias que vivían en cinco casas.
En consulta telefónica la damnificada Isabel Aparicio indicó que no los han reubicado y que junto con sus vecinos no quieren irse a Petaquillas por la lejanía que implica y porque no hay servicios públicos.
“Nosotros ahorita la prioridad que queremos es que les den ayuda a los que se les fueron las casas, a ellos no los han ayudado con nada. De pérdida total son seis, eso es lo que urge porque no tienen, nosotros estamos rentando y de los mil pesos jamás llegaron”, se quejó.
“Yo creo que vamos a hacer un paro indefinido ahí en el Zócalo, ahí nos vamos a plantar porque eso es lo que ellos quieren”, manifestó.
Dijo que en su caso está rentando, que de los 20 damnificados que están agrupados ya se salieron del albergue porque el trato es “pésimo”.
Los damnificados pidieron una audiencia con el alcalde pero los atendió el secretario general, Joel Eugenio Flores y les dijo que el presidente ya quiere que le den la respuesta para ver si aceptan o no el terreno, situación que rechazan pues el único terreno para la reubicación es el de Petaquillas.
Familias de cinco viviendas que continúan en el albergue

En una llamada el afectado Rodolfo Nava García manifestó que le preocupa su situación y la de familias de otras cuatro viviendas que también resultaron afectadas porque no tienen certeza de que los reubiquen.
Dijo que son afectados desde Manuel e Ingrid y señaló que en las casas habitaban varias familias y sólo una de ellas fue reubicada en el Nuevo Mirador, donde las casas son pequeñas.
Debido al tamaño pequeño de las casas donde pretendían reubicarlos algunos vecinos siguieron habitando sus casas afectadas, pero luego del deslizamiento la situación de sus viviendas se agravó y ya no pudieron vivir ahí.
Indicó que necesitan que las familias que habitaban ahí sean reubicadas porque en su caso su mamá vive en el Nuevo Mirador donde fue reubicada. Agregó que en su casa vivían cinco familias pero sólo su mamá se fue a la nueva casa porque es muy pequeña y no entraban todos. “Estamos pidiendo lo justo, no es una vivienda apta para una familia (la del Nuevo Mirador)”, recalcó.
Aclaró que su terreno es regularizado y lo compró al Instituto de la Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), cuando hay familias que las van a reubicar y estaban en terrenos irregulares.
Abundó que les siguen permitiendo vivir en el albergue sin embargo ya no están a gusto, sólo les dan las comidas y víveres para el aseo del lugar pero no de aseo personal, además que las despensas que había en el lugar se las llevaron luego de la licencia que pidió Marco Antonio Leyva Mena.
El damnificado expuso que la única información que tienen del Ayuntamiento es que de las cinco viviendas de los que están en el albergue sólo se van a tomar en cuenta cuatro, sin embargo desconocen cuáles son y cuál no será tomada en cuenta.

Toman la caseta de Palo Blanco empleados del Fonden y damnificados de Papagayo; los atiende la Sedatu


Trabajadores operativos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y damnificados de la comunidad del Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol durante siete horas y media, para exigir pagos de salarios, el pago del predio donde construyen las viviendas y la reconstrucción total de las casas.
A falta de respuestas a sus demandas, los trabajadores y los damnificados se coordinaron para protestar este martes en la caseta de Palo Blanco, para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) solucione sus demandas.
Unos 20 trabajadores operativos del Fonden exigieron el pago de sus salarios y viáticos de seis meses, que ascienden a 12 millones 700 mil pesos, tomaron las casetas de cobro de peaje en dirección a Acapulco y pidieron cooperación voluntaria a los choferes.
Ahí explicaron que en la delegación de la Sedatu sólo les dicen que se están haciendo las gestiones para su pago, pero que no hay respuesta de la secretaria, Rosario Robles Berlanga.
Recordaron que estuvieron en paro de labores a partir de agosto, pero volvieron a trabajar tras el paso del huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, porque son los únicos capacitados para hacer los censos, y así apoyar a las familias afectadas. Reprocharon que terminaron el trabajo, pero tampoco les han pagado salarios de esos días laborados, sino sólo viáticos.
Los trabajadores portaron pancartas en las que se leía, “Rosario Robles y Pepe Armenta no es posible que nos tengan en esta situación, nosotros sí tenemos necesidad”, “Sedatu engaña a todos incluso a sus propios trabajadores”, “Sedatu es una farsa que se sirve del dolor del pueblo” y “Soy trabajador de Fonden Guerrero, hace seis meses no me pagan mi salario. Rosario Robles mis hijos tienen hambre”.
Una trabajadora que pidió no revelar su nombre manifestó que, “no es justo que las autoridades no hayan vuelto sus ojos a nosotros después de tantas y tantas llamadas que hemos hecho, oficios, solicitudes, ya acudimos a derechos humanos, están por emitir una recomendación, ya es una cuestión de salud la que nos aqueja, ya no sabemos más que hacer; así es que hoy, en desesperación, estamos haciendo esto”.
El 22 de agosto, los trabajadores tomaron las instalaciones de la delegación, desde entonces las mantienen cerradas y colgaron pancartas en las que exponen sus demandas.
El 27 de septiembre iniciaron una huelga de hambre que duró tres días, porque la interrumpieron para ir a censar.

Incumplió la autoridad una minuta, en la que se comprometió a pagar el faltante del predio

Mientras, en los carriles con dirección a Chilpancingo, las casetas fueron tomadas por los 34 damnificados de la comunidad de Papagayo, quienes exigen 200 mil pesos que debe la Sedatu para pagar el terreno donde se construyen sus viviendas de damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013.
La inconformidad que generó la protesta es que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, incumplió una minuta de acuerdos que firmó el 24 de octubre, en la que se comprometió a pagar el lunes el faltante del terreno, y en el mismo documento se estableció que, de no recibir el pago protestarían, luego de que un día antes se manifestaron fuera de la Delegación.
Portaron una lona en la que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de la Sedatu, la reconstrucción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Pagayo”.
Otra demanda de los vecinos es que se terminen de reconstruir todas las viviendas, pues de las 34 que son, apenas se han iniciado 12.
En marzo, Armenta Tello fue al terreno y ahí se comprometió a que en tres meses estarían terminadas las casas.
Al lugar acudió el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, pero les dijo que sus demandas no era competencia del organismo y se retiró.
Siete horas después, el delegado de la Sedatu acudió a la manifestación para dialogar con los damnificados y los trabajadores.
Con los damnificados, acordó que en ese momento se acudiría a saldar la deuda de 200 mil pesos con el dueño del terreno donde se construyen sus viviendas, para evitar que se los quiten; se comprometió a que en los días siguientes se reunirán para dar seguimiento al resto de sus demandas.
El delegado comentó que el dinero no ha sido enviado de las oficinas centrales, y se harían movimientos dentro de la delegación para pagar el adeudo.
Por otro lado, a los trabajadores de Fonden les dijo que se están haciendo las gestiones pertinentes para que Oficialía Mayor de la Secretaría les libere los pagos de salarios, que espera que a más tardar el lunes queden saldados. Ambos grupos de manifestantes aceptaron los acuerdos y liberaron la caseta.

Promete la Sedatu a damnificados de Tierra Colorada pagar un terreno para 34 viviendas

Damnificados de hace cuatro años por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero, y les dijo que se liquidarán los 200 mil pesos que se adeudan del terreno donde se construyen 34 viviendas, y que hablará con la empresa constructora para que agilice las edificaciones.
Mientras que en un comunicado la dependencia señala cumplió los pagos para la empresa encargada de la obra, y que el atraso de la construcción no es responsabilidad de la Sedatu, y la empresa tendrá que dar una explicación.
Como parte del compromiso del delegado ante las protestas acudió este martes a Tierra Colorada a reunirse con los habitantes.
En consulta telefónica el comisario Pantaleón Mesino Flores contó que el delegado se comprometió a que este lunes finiquitaría los 200 mil pesos que se deben del terreno, y que hablará con la constructora ante el atraso de las construcciones.
A los damnificados no les dieron fecha de cuándo estarían terminadas las viviendas, pero estarán pendientes pues tiene que ser antes de que termine el año, dijo el comisario.
Las familias continúan viviendo en el Papagayo. Con lámina que les proporcionó Protección Civil estatal rehabilitaron sus casas para seguir habitándolas, mientras se terminan las viviendas donde serán reubicados.
En el comunicado de la Sedatu se indica que “el grupo de habitantes notablemente molestos emplazaron a la dependencia para cambiar la empresa constructora, y además concluir con el pago donde se construye el fraccionamiento, de lo contrario dijeron tomarán medidas drásticas entre éstas bloquear el lunes la Autopista del Sol”.
Manifiesta que Armenta Tello expresó que no era posible que después de cuatro años los damnificados siguieran sin un hogar, que entendía su molestia y preocupación y les propuso mantener el diálogo para solucionar y concluir la construcción de sus viviendas.
Resalta que el proceso de la reconstrucción se ha detenido por distintos motivos como demandas legales contra las empresas, clausuras ambientales por omisiones, pero que se ha atendido cada caso y que en ningún momento el delegado ha sido omiso ni indolente ante la preocupación de las familias.
Se informa que el delegado aseguró que el proceso de reconstrucción que enfrentan los damnificados del huracán Max y los dos sismos de septiembre, será distinto porque no se puede permitir que ocurra lo mismo.
“La localidad de Papagayo se encuentra ubicada a una hora aproximadamente del puerto de Acapulco, y fue mencionada en medios nacionales porque en un primer momento les construyeron viviendas en un sistema denominado palafitos, los damnificados no aceptaron y les llamaron periqueras, además denunciaron no tenían las medidas para ser habitadas. Actualmente esperan que a través de la Sedatu, se termine con la edificación de sus viviendas en un sistema adaptado a sus usos y costumbres”, expone el comunicado.

Protestan damnificados de Papagayo en la Sedatu para que agilice la construcción de 34 casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), protestaron unas dos horas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir que se agilice la construcción de 34 casas, que debieron terminarse en junio.
En la protesta afuera de la dependencia, se quejaron de que en marzo el delegado, José Manuel Armenta Tello les dijo que todas las casas se terminarían de construir en tres meses, pero incumplió, porque sólo se construyen 12 y no están terminadas.
El propósito de los manifestantes era tomar la Delegación, pero la encontraron cerrada, ya que trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mantienen tomada la delegación desde agosto para que les paguen cinco meses de salarios devengados, por lo que los damnificados sólo expusieron su demanda.
Alrededor de las 11 de la mañana se plantaron afuera de la Sedatu, donde portaron pancartas en las que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de Sedatu, la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”, “Basta de mentiras Pepe Armenta”, “Ya pasaron 4 años cuántos más pasarán” y “Exigimos solución a las viviendas”.
El comisario municipal de Papagayo, Pantaleón Mesino Flores precisó que el motivo de que acudieran a protestar en la delegación es exigir la construcción de 34 casas, porque ya son cuatro años y la edificación va lenta.
“Empezaron el 21 de marzo, y hasta la fecha apenas contamos con 12 viviendas; son 34 viviendas, entonces lo que queremos es una entrevista con el delegado, no está, se encuentra en la Ciudad de México, es la situación que nos trae aquí. Aparte, nos sale otro problema, cuando se hizo la compra del terreno hicieron un contrato con el dueño y se le debe un dinero, y el señor quiere expropiarnos el terreno”, denunció.
Lamentó que en una cláusula del documento de la compra del terreno dice que si en tres meses no se pagaba el terreno, el dueño recuperaba ese espacio, y que eso no les conviene, porque aunque lento, hay un avance con la construcción de algunas viviendas.
Exigió a la dependencia federal que avance la construcción y recordó que el delegado, en marzo acudió al terreno y ahí se comprometió que en tres meses las viviendas estarían construidas.
El comisario habló por teléfono con Armenta Tello, quien les prometió que este martes acudiría al terreno para hablar sobre este problema.
En El Papagayo, una empresa contratada por Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas.