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Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Impide el dueño del predio la construcción del puente de El Mirador en Chilpancingo ante incumplimientos del alcalde

Desde marzo pasado, el propietario del predio en donde la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) construye el puente para el fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de la capital, suspendió la obra debido a que el Ayuntamiento incumplió con el convenio que firmaron hace un año.
La construcción del puente que servirá de acceso a los habitantes de El Mirador, a donde fueron reubicadas las familias damnificadas de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, quedó en un 70 por ciento de avance, y el presupuesto para la obra es de 24 millones de pesos, según datos de la propia dependencia federal.
Entrevistado vía telefónica, el propietario del terreno, quien aceptó conversar a condición de que no se revelara su identidad, “porque yo soy de Chilpancingo, de una familia conocida, el presidente municipal también es de Chilpancingo y pues la verdad no me gustan los problemas”, denunció que el alcalde ahora se le esconde para no cumplir.
Dijo que ha solicitado varias veces al alcalde Marco Antonio Leyva Mena que cumpla los términos del convenio, pero se quejó de que, recientemente, se niega hasta a recibirle las llamadas telefónicas.
El dueño del predio donde se construye una parte del puente vehicular, dijo que a cambio de donar el área, el alcalde Leyva Mena se comprometió a pavimentar un acceso y a autorizar un trámite administrativo (sin precisar qué trámite), y denunció que el alcalde no ha cumplido, por lo que desde marzo impide que continúen los trabajos en su terreno.
Contó que, entre septiembre y octubre lo buscaron del Ayuntamiento y de la Sedatu para que donara parte de su predio, en donde se construiría parte de la obra, “les urgía la inversión para que el recurso del año pasado no se fuera a otra parte y se pudiera construir ese puente”.
Sin embargo, a más de seis messe de que comenzó la construcción, el alcalde Leyva Mena no ha cumplido con los términos del convenio.
“El convenio se firmó de buena fe, pero el presidente municipal hasta la fecha no ha cumplido ningún acuerdo”, reiteró.
Informó que por eso, como dueño del predio, ha pedido que se suspenda la obra en la parte de su terreno “y no voy a permitir que se comiencen los trabajos hasta que cumpla el presidente municipal”.
Denunció que ha buscado al alcalde Leyva Mena y que lo ha citado en el predio, “le he llamado por teléfono y ya me cansé de andarlo buscando”. Informó que lo han atendido funcionarios de otras áreas, pero que nadie le ha resuelto el problema.
Advirtió que además de que mantiene suspendida la obra, podría recurrir a acciones legales, “es un convenio, y cuando no se respetan las partes, como en todo convenio puede tener salida legal”.
Dijo que no lo ha hecho porque el acuerdo fue de buena fe, “no me gustan los problemas”, recalcó, pero insistió que la obra continuará parada si el alcalde no cumple lo que le prometió.

 

No reconstruyó las casas el gobierno federal a tres años de un sismo en Petatlán, se quejan damnificados

Brenda Escobar

Zihuatanejo

A tres años del sismo de 7.2 grados en escala de Richter del 18 de abril de 2014, los damnificados de Petatlán lamentaron que el gobierno nunca cumplió la reconstrucción de sus viviendas.
Uno de los damnificados y comerciante de ropa y huaraches, Rafael Abarca Fernández manifestó que son más de 300 familias sólo de la cabecera municipal de Petatlán las que tuvieron afectaciones en sus casas, y que el gobierno federal mediante la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, prometió que los apoyaría, pero “ni siquiera un grano de arena nos dieron”.
Aseguró que las familias afectadas por el temblor fueron censadas en dos ocasiones por brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero nunca cumplieron la reconstrucción de las viviendas.
El movimiento telúrico dejó afectaciones  principalmente en casas de las colonias Centro, Barrio de la Hoja, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Vicente Guerrero; así como en comunidades rurales como Juluchuca, Alpuyeque, Chaveta, La Molonga, Coyuquilla Norte, La Barrita.
Este martes, se cumplieron tres años de que ocurrió el sismo, Abarca Fernández aseveró que las casas están ahí, muchas de ellas inhabitables y las familias tuvieron que irse por temor a que las paredes se les vengan encima.
Agregó que el gobierno federal sólo mintió a los afectados, “supimos que en ese entonces hicieron llegar ayuda para la reconstrucción de algunas de las casas pero no fue directamente a los damnificados sino se la dieron al Ayuntamiento, y quienes estaban de gobierno le dieron el apoyo a quienes quisieron, incluso a gente que ni siquiera fue afectada”.
La parroquia San Pedro Apóstol, santuario del Padre Jesús de Petatlán, resultó severamente dañada, principalmente el campanario, el cual fue completamente reparado a los pocos meses luego de la aportación de casi 2 millones de pesos del gobierno el estado, encabezado por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, mientras que más de 700 damnificados sólo se quedaron con una calcomanía pegada en la puerta de su casa como prueba de que fueron censadas, pero la ayuda nunca les llegó.

Urge Protección Civil a que sean demolidas 32 casas de El Mirador, informa la Sedatu

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, informó que Protección Civil (PC) ya le entregó el dictamen donde se indica que deben ser demolidas 32 viviendas del fraccionamiento Nuevo Mirador, que son inhabitables, y que tiene que ser antes de que comiencen las lluvias de lo contrario la tierra se reblandecerá más.
En consulta telefónica el delegado informó que PC entregó hace unos días el dictamen donde pide que sean demolidas 32 viviendas por los daños que presentan, como desplazamiento de tierra.
En el fraccionamiento Nuevo Mirador –localizado a las afueras de la ciudad de Chilpancingo, a un lado de la Autopista del Sol, hacia Acapulco y mejor conocido como El Mirador– viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por el paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
“Nos pide que se desmantelen las estructuras de inmediato antes de que empiece el periodo de lluvias, por el riesgo que implicaría que vuelva a penetrar humedad a la base y reblandezca el subsuelo, y pudiera generar ahí un asentamiento mayor”, detalló.
Dijo que ya emplazó a la empresa Casaflex, quien realizó las casas en malas condiciones, para que demuela de inmediato. Abundó que representantes de esta empresa le llevaron una propuesta de desmantelamiento de las estructuras y para la recuperación del subsuelo, pero que dijeron que eso implicaba un costo millonario que debía pagar la delegación.
Armenta Tello manifestó que su respuesta fue que la delegación no iba a pagar ni un peso, porque demoler y reubicar esas viviendas es responsabilidad de la empresa por haberlas ejecutado mal.
“Legalmente hemos hecho hasta lo imposible para que esto ya sea tomado en serio por las empresas y desmantelen de inmediato las estructuras, lamentablemente quisiera yo traerlos amarrados y que las tiraran pero eso no se puede”, abundó.
Dijo que la averiguación por la denuncia que se hizo ante la Procuraduría General de la República (PGR), está en integración, pero que está consciente que ese es un proceso largo en el que se recopilan datos, porque además les han pedido más información para ampliar su denuncia. Dijo que esto le da tranquilidad porque sí se está trabajando en el proceso.
–¿Qué va a pasar si la empresa no desmantela antes de las lluvias?
–Hay un dictamen, nosotros al menos la delegación no tenemos recursos para hacer la demolición, no se tiene prevista esa demolición, nosotros pensamos de que deberá de haber cordura de las empresas y que puedan iniciar el proceso de desmantelamiento de la estructura, antes de que ponga en una situación de riego (a) más viviendas, más familias.
El delegado insistió en que planteó a la empresa contructora de El Mirador que no acepta pagar, porque además a la delegación no se le han entregado esas viviendas, y que puede proceder contra sus fianzas para hacer el proceso de demolición.
Agregó que para disponer del recurso de las fianzas era necesario que hicieran el procedimiento legal con la denuncia ante la PGR.
“La fianza se refiere a que cuando una empresa hace una obra pública la obligan a que entregue una fianza, llamada Por Anticipo, para que en el caso de que no amorticen el anticipo lo pueda recuperar a través de una afianzadora. Y hay una fianza que se da Por Vicios Ocultos, esta fianza tiene un periodo de vida activo todavía, que se podría disponer de ella en el caso de que se niegue a reparar las acciones que hicieron”, explicó Armenta Tello.
Abundó que por lo tanto la afianzadora tendrá que esperar que por parte de la PGR haya un deslinde de responsabilidades y poder empezar el procedimiento para hacer uso de esas fianzas.
En el caso de las viviendas que siguen presentando cuarteaduras y filtraciones en el Nuevo Mirador, Armenta dijo que también ya pidió a la empresa constructora que las corrija.
“El procedimiento no era el adecuado, el sitio no era el adecuado, y estas fallas se seguirán presentando a lo largo de vida del fraccionamiento Mirador…Nosotros le hemos comunicado vía oficial (a la empresa) de la necesidad que lo haga, hay un tiempo en el que nosotros esperamos una respuesta y si no también habríamos que aplicar fianzas para que hagan la reparación de los inmuebles, obviamente esta reparación de estos inmuebles obviamente nunca se va a terminar”, subrayó.
Por otra parte informó que en Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), ya comenzó la construcción de las 34 viviendas que se harán, aunque dijo que no al ritmo que quisiera.
Señaló que se comenzó a principios del mes, que están en la etapa de remoción de tierra, fabricación de plataformas, haciendo trazos y nivelaciones.
Mientras que en el caso de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo indicó que la situación es compleja, porque son acciones que no consideró el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), después del paso de las tormentas para que se incorporara a la carga al trabajo, y que entonces lo que se está haciendo es un plan de trabajo para poder, ya sea con el municipio y el estado, atender la recomendación que hace el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), abundó el delegado.
En San Vicente desde el paso de las tormentas no se construyó ninguna de las 578 casas para los damnificados, que serían reubicados en el lugar colindante con su comunidad llamado Cuapanguito.
Agregó que en hasta el momento ha entregado 11 predios a damnificados de los 42 que son, y que en tres meses tiene la meta de entregar 14 más.

Demolerán 32 viviendas de damnificados de El Mirador en Chilpancingo, informa la Sedatu

A dos años de que fueron reubicados las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en el fraccionamiento El Mirador, en un recorrido se observó que el sismo de 5 grados del pasado 13 de febrero agravó las cuarteaduras y filtraciones en las viviendas.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) José Manuel Armenta Tello recorrió todas las viviendas del fraccionamiento, para constatar los reclamos de los vecinos, informó que 32 viviendas tendrán que demolerse y que otras 536 viviendas habitadas presentan daños menores.
La mañana de este miércoles, durante un recorrido en 12 viviendas del fraccionamiento, vecinos mostraron las fisuras y la humedad que guardan sus viviendas, desde que se las entregaron en 2015, y que hasta la fecha el problema se agravado.
Una vecina, Saraí Hernández mostró las condiciones de su vivienda con fachada rosa, contó que las fisuras se han agravado, y a pesar de que las resanan vuelven a agrietarse.
Durante el recorrido Saraí señaló una cuarteadura en el techo y afirmó que no se había dado cuenta que estaba, “apareció después del sismo” que estremeció su casa la madrugada del 13 de febrero.
Otra vecina, Olga Rosas manifestó su temor de que con otro sismo su vivienda se desplome, teme por sus hijos y otros niños que viven en las demás viviendas.
Agregó que desde que le entregaron su casa, las paredes tienen grietas, y que aunque las resanan vuelven a abrirse. La última vez que arregló su vivienda fue en julio del año pasado, y resanó las fisuras en su baño, la cocina y sus pequeños dos cuartos.
En el techo de una de las habitaciones mostró unas manchas negras que según las autoridades durante una visita era tierra, pero aseguró que no porque ha intentado limpiar y no se quita, dijo que se debe a la humedad que producen las filtraciones de agua en la temporada de lluvias.
Rocío Sánchez Leyva vive en un departamento de la planta baja de un edificio de dos, narró que cuando en la vivienda de arriba lavan el piso, el agua se filtra y hay goteras, además denunció que el piso se está desprendiendo.
La situación del resto de los vecinos es la misma o similar, sus viviendas tienen cuarteaduras y filtraciones, los vecinos temen que si las autoridades no resuelven el problema habrá severas consecuencias, sobre todo por los temblores que pueden provocar que se desplomen las viviendas.
Manifestaron que cuando hay nuevas fisuras las personas que van a arreglar se molestan porque resanan lo mismo, agregaron que el último sismo dejó más grietas en las paredes, techos y pisos, y necesitan que se resuelvan los problemas antes de la temporada de lluvias.

32 viviendas inevitablemente se tendrán que demoler, dice el delegado de la Sedatu

Más tarde, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello visitó el fraccionamiento para revisar algunas viviendas ante la demanda de nuevas fisuras, informó que 32 viviendas tendrán que demolerse y que otras 536 viviendas habitadas presentan daños menores.
Afirmó que espera para que Protección Civil estatal dictamine la demolición de las viviendas, agregó que desde mayo de 2016 ha observado la situación de las 32 viviendas, y que hay más de 10 centímetros de desplazamientos entre un edificio y otros.
-¿Qué va a pasar con el resto de las viviendas que tienen fisuras y filtraciones?
-Estamos esperando precisamente dentro de esta nota técnica, esperando que se dictamine que esto va a seguir pasando, es un comportamiento que están teniendo los elementos prefabricados, se están moviendo, con un sismo precisamente de manera diferencial entre un módulo y otro, lo cual provoca fisura en ellos.
Armenta Tello declaró que a las empresas encargadas de la obra Concreto MAZA, Casaflex y Morpheus le exigieron que den una solución definitiva, pero que no las ha encontrado y ve difícil que suceda.
“Las viviendas que ustedes encuentran en la parte central de esta batería fueron ejecutadas, fueron ejecutadas por una empresa distinta que la de los extremos, la empresa que ejecutó las acciones intermedias nos ha comunicado que su vivienda se ha deteriorado por el desplome de las viviendas que están en los lados”, explicó.
Aclaró que el fraccionamiento El Mirador no debió haberse construido en ese terreno, que “no era necesario, para empezar hacer las 598 (viviendas), las mil que se pretendían hacer en un sólo lugar… era posible haber encontrado varios predios fraccionados, seguramente con mucha mayor posibilidades de movilidad en sus ocupantes, porque hoy es uno de los grandes problemas que enfrenta la comunidad”.

Se agrietan casas para damnificados en El Mirador en la capital debido a un sismo, informa la Sedatu

El sismo de 5 grados que ocurrió la madrugada del lunes 13 de febrero provocó nuevas grietas en las casas del fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de Chilpancingo, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Consideró que un sismo de 6 grados, “podría ser catastrófico”, y pidió que sean especialistas en geotécnica y geología quienes puedan estudiar y emitir dictámenes y si es necesario demoler “estructuras en el fraccionamiento”.
En entrevista en su oficina al delegado se le preguntó si es viable continuar con obras de mitigación en el fraccionamiento, ante todas las deficiencias de las construcciones además de que el predio es inadecuado, y respondió que la construcción fue una decisión “tomada hace mucho tiempo, que definitivamente creo con la experiencia que puedo yo tener, soy ingeniero civil, conozco de construcción, estructuras, conozco de sismos y no hubiese tomado la decisión de construir en el predio en el que se ejecutó El Mirador”.
Informó tras el sismo de la madrugada del 13 de febrero aparecieron nuevas grietas en las casas, de las que no dio más detalles pero comentó que Protección Civil ya acudió, y está esperando el dictamen o nota técnica.
“Lamentablemente las estructuras se siguen moviendo” y los terraplén siguen presentando deficiencias por lo que continuará el trabajo complementario para fortalecerlo, para que en la próxima temporada de lluvias no se presenten más daños, informó.
“Nos va a seguir dando problemas, los vecinos cada que tiembla me encuentran nuevas fisuras, entre un edificio y otro encuentran nuevas fracturas, las filtraciones que ya se habían atendido en el pasado se vuelven a presentar, ha sido muy costoso y lo seguirá siendo”, lamentó José Manuel Armenta.

120 millones de pesos en obras no hechas

El delegado recordó que a su llegada como delegado se encontró con procesos legales y administrativos que estaban suspendidos, lo que generó una crisis porque las obras estaban detenidas, los pagos suspendidos y los periodos de las suspensiones “eran largos”, se hizo un diagnóstico de la situación y concluyeron que era necesario presentar denuncias penales.
Las denuncias fueron contra las empresas que se negaron a llegar a acuerdos con la delegación, por lo que a principios de 2016 la Sedatu presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el incumplimiento de ocho contratos, y fue en contra de tres constructoras foráneas.
A las tres empresas se les está demandando el reintegro de dinero, que en total son más de 120 millones de pesos.
Comentó que los procesos penales continúan y la delegación ha entregado a la PGR en diferentes momentos la información requerida.
Las demandas de la Sedatu contra las empresas constructoras son por obras cobradas y no ejecutadas, después de que se ejecutan las obras hay un proceso de supervisión interno y externo ajeno a la dependencia, si coinciden en que la obra está concluida le autorizan al delegado que firme la solicitud de pago, pero la actual administración de la delegación encontró que no se habían ejecutado.
De los casos más graves que encontró en la dependencia fue el caso del fraccionamiento El Mirador ubicado al sur de Chilpancingo a un costado de la Autopista del Sol, porque presentaba deficiencias estructurales y a juicio de los expertos en estructura, 32 viviendas deberían ser demolidas.
Mencionó también que el daño estructural comienza en dos edificios de seis viviendas, cada uno que provocaron daños adicionales a otras baterías de vivienda, explicó.
Petaquillas fue otro de los fraccionamientos más vulnerables que encontraron porque el terreno era inadecuado, por lo que ahora tienen que invertir “una cantidad importante de recursos” en obras de mitigación que costó más de 20 millones de pesos “en obras que no se hubieran requerido, si se hubiese seleccionado otro tipo de predio”.
La ley establece que para iniciar un fraccionamiento se debe obtener una manifestación de impacto ambiental, y se debe de presentar la proyección de las alteraciones al predio, pero no se hicieron cuando estuvo a cargo de la delegación el ahora diputado priista Héctor Vicario Castrejón.
Se le preguntó de las responsabilidades de los servidores públicos que no hicieron los estudios necesarios, y por los que ahora la dependencia federal está gastando millones de pesos en obras de mitigación ya que 22 fraccionamientos fueron clausurados.
Justificó que las sanciones no son responsabilidad de la delegación y que lo único que pueden hacer es informar de las anomalías encontradas al órgano interno de control, “y después en la PGR hemos hecho lo necesario y lo conducente”.
Dijo que tanto el órgano de control interno de la dependencia como en la PGR, les han requerido información para ampliar las investigaciones, lo consideró que indica que las averiguaciones están en proceso.
De existir sanciones contra ex funcionarios de la Sedatu dijo que se enterarían hasta que sean notificados, porque ahora no tienen acceso al expediente.
Si el recurso se hubiera ejecutado de manera correcta y los predios donde se ubicaron los fraccionamientos tuvieran las condiciones requeridas, la reconstrucción del estado habría concluido a finales de 2015.

Deja 15 casas destruidas un incendio en Tierra Colorada; eran para los damnificados por Manuel en 2013

 

Ayer, 15 casas que fueron construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013, fueron destruidas totalmente por un incendio forestal, cerca de los ejidos Plan de Lima y Papagayo, en el municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
Fuentes de la Secretaría de Protección Civil estatal informaron que a las 4:10 de la tarde recibieron un reporte de que en la comunidad de Papagayo había un incendio en las casas para damnificados por la tormenta Manuel.
Brigadistas de la dependencia y vecinos hicieron los trabajos para sofocar el fuego, que dejó 14 viviendas con daño total, una parcial y otra que fue destruida por los brigadistas como técnica para sofocar el incendio.
Las fuentes dijeron que en el predio cerca de la comunidad de Papagayo, había 29 casas construidas por parte de la Sedatu y que serían entregadas a los damnificados.
Más tarde, fuentes de Sedatu informaron que “ese predio está en desuso, (porque) la (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) Profepa, lo calificó como no apto para edificar viviendas, por ello, sumando al error en el método constructivo, el fraccionamiento habrá de edificarse en una nueva ubicación”.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Marchan en la capital organizaciones sociales, cierran el Cecyteg y se plantan en Casa Guerrero

Unos 300 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero marcharon en esta ciudad e instalaron un plantón afuera de Casa Guerrero para pedir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Entre sus demandas está la indemnización para los vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, justicia para la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada, Rocío Mesino Mesino, respuesta a los mineros de Taxco que llevan 9 años en huelga, atención para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y la presentación con vida del líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), Juan Mendoza Tapia.
También la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia al asesinato del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.
Rechazaron la reforma educativa y exigieron la destitución del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero.
Subrayaron que el motivo de salir a la calle a manifestarse es para exigir en conjunto sus demandas. En Casa Guerrero integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) los esperaba en la puerta uno.
El contingente iba encabezado por un carro con sonido por el cual reiteraron sus demandas. Además portaron lonas de sus organizaciones.
Mediante el micrófono los manifestantes externaron su rechazo a las reformas estructurales como la reforma educativa y la reforma al sector salud, señalaron que el gobierno en lugar de dar más apoyo a la educación o al campo habla de reducción de presupuesto.
“No podemos continuar así, nosotros debemos pedir estar de una manera estable con seguridad social, con educación. Imaginen cada uno de estos hechos, nosotros somos ciudadanos, también a parte de que somos trabajadores, vivimos en este lugar y pagamos impuestos. Tenemos derecho del libre tránsito, derecho o a exigir todo lo que nosotros estamos remunerando al estado”, pronunció una profesora.
Exigieron que el gobierno del estado encabezado por el priista Héctor Astudillo Flores se sentara con ellos en mesas de trabajo, para analizar sus demandas y darles solución.
Cuando el contingente llegó a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) en la avenida Lázaro Cárdenas, exigieron que los trabajadores desalojaran las instalaciones.
Pidieron la destitución del director de la institución Jaime Carmona Huerta porque les hace retenciones salariales en nómina para pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) préstamos que solicitan, sin embargo el Cecyteg no está haciendo los pagos, por lo que tienen adeudos y padecen de acoso laboral.
Cuando comenzaron a salir los trabajadores se escucharon las consignas: “¡Fuera, fuera por corruptos! ¡Estamos hartos!”.
“Precisamente en esta dirección general hay mucho recurso desviado, aquí hay mucha gente que aparece en nómina y que no tiene un techo financiero, sin embargo ese techo financiero lo toman de los trabajadores de base a los cuales no se les dan las prestaciones”, acusó un profesor.
Los manifestantes cerraron el portón de las instalaciones, colocaron una cartulina y el contingente siguió su trayecto a Casa Guerrero.
Del edificio salió el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, quien dijo a los manifestantes que vería para cuando les programaban una reunión.
La Dirección Colectiva acordó que no se sentarían a dialogar con ningún funcionario porque no resuelven sus demandas, que sólo lo harían con Héctor Astudillo.
Presentaron las calcomanías que pegarán en los parquímetros como muestra simbólica de clausura, ante el rechazo de la población. La calcomanía dice “lo exige el pueblo, no al parquímetro, no a la basura”. Como ejemplo colocaron las primeras calcomanías en el que está afuera de la puerta uno del edificio.
Después, como a las 4:45 de la tarde llegó el secretario particular del gobernador, César Armenta, para programar una cita con el gobernador para este martes, le pidieron que les firmara un documento con el compromiso pero no quiso pero los comunicó telefónicamente con Astudillo Flores.
El gobernador les dijo que con “humildad política” se comprometía a reunirse con ellos el martes a las 10:30 de la mañana. Los manifestantes aceptaron y cerca de las 5:30 de la tarde terminó su protesta.
La Dirección está conformada por organizaciones como los mineros de Taxco, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CETEG), la Universidad Pedagógica Nacional, vecinos del Nuevo Balsas y el Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP).

Toman damnificados por Manuel la caseta de La Venta; piden entrega de viviendas y apoyo

Damnificados por la tormenta tropical Manuel tomaron la caseta de La Venta y dieron el paso libre por casi tres horas, para exigir la entrega de 80 viviendas a familias, además de reclamar al gobierno del estado 4 millones 700 mil pesos de proyectos para el campo.
A las 11:40 de la mañana, unos 150 damnificados de los municipios Juan R. Escudero, Tixtla y Acapulco, además de ejidatarios de Icacos, tomaron la caseta y dieron el paso libre a los automovilistas, transporte de carga y autobuses, para exigir la presencia de las autoridades del estado y que una comisión fuera atendida en Chilpancingo.
En declaraciones, el secretario estatal de la organización Alianza Ciudadana Democrática (ACD), Wildler Pita Navarrete, informó que 80 familias de las comunidades de Papagayo, Juan R. Escudero y Acatempan, en Tixtla, y de Kilómetro 38, Kilómetro 21 y Los Órganos de San Agustín, de Acapulco, seguían sin ocupar las casas ofrecidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Además de que no han recibido 4 millones 700 mil pesos para proyectos del campo, que fueron solicitados en tiempo y forma a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del estado.
Por la tarde, el también integrante de ACD, Demócrito Flores Sonduk, informó que el gobierno del estado liberó 200 mil pesos de los proyectos para el campo.
Al mediodía, el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, llegó a la zona de la protesta y los damnificados le reprocharon que cada vez que dialogan sólo les promete que lo resolverá pero no cumple los acuerdos firmados.
Después, en una reunión improvisada y de forma privada, los damnificados y el delegado platicaron y, según lo informado por Flores Sonduk, una vez más el funcionario les prometió acelerar la construcción y entrega de las casas. En el caso de la comunidad de Papagayo, finiquitar la compra del predio para la reubicación.
Al lugar llegó el delegado de Gobernación federal, Juan Moreno Barrios, que advirtió a los manifestantes que si no retiraban su protesta serían desalojados, lo que no pasó.
También llegó el delegado regional de Gobernación, Osiel Morales Nava, quien pidió a los manifestantes retirarse de la caseta para que una comisión fuera recibida en Chilpancingo.
Después se informó que en la mesa de diálogo en Chilpancingo, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, atendió a tres representantes con quienes programó otra reunión el próximo martes.
A las 2:36 de la tarde, los inconformes se replegaron a un costado de la caseta, y a las 4:26 de la tarde se retiraron, luego de la reunión y acuerdos en Chilpancingo.
Durante la manifestación permanecieron entre 15 y 19 patrullas de la Policía Federal en la zona, además acudieron dos patrullas de estatales y dos de municipales.
Los ejidatarios de Icacos que se sumaron a la movilización demandaron al gobierno federal la entrega de los predios expropiados y ocupados por Pemex, la Sedena y el Centro de Convenciones.