Pobladores de la comunidad de El Capricho, en el municipio de Ometepec, denunciaron que al menos el “90 por ciento” de las 117 viviendas que destinó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para El Nuevo Capricho tienen grietas en las paredes y techos, filtraciones de agua y fallas técnicas en el suministro de los servicios básicos, y “las puertas se están cayendo”.
El comisario de El Nuevo Capricho, Víctor Osorio Flores denunció que desde abril el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello se comprometió a acudir al poblado para corroborar las fallas de las casas y brindar una solución, “sin embargo, no acudió al pueblo, y cuando fuimos a sus oficinas argumentó que no hay presupuesto para construir las 27 casas (restantes) y arreglar los desperfectos”.
El comisario informó que al menos 27 familias viven en una zona de riesgo en El Capricho, mientras que la constructora encargada de la construcción de las viviendas se retiró tras alegar una millonaria deuda de la Sedatu.
Para finales de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras obras de reubicación en El Nuevo Capricho, donde serían reubicados los damnificados de El Capricho afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Manuel, con una inversión de mil millones de pesos.
En ese entonces, Peña Nieto felicitó a los pobladores que accederían a la reubicación de la comunidad ya que la tormenta dañó viviendas, comercios y los campos de cultivo.
En una llamada el comisario denunció que las 27 casas restantes siguen sin construirse y las 117 viviendas tienen desperfectos considerables y riesgos de deslave ante las lluvias.
El comisario informó que, además de las casas que faltan en el predio, hay tres templos y una unidad deportiva pendientes de construir, los cuales el Presidente prometió en su visita a la comunidad.
Agregó que debido a la desatención de la dependencia federal, los pobladores solicitarán una audiencia con entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, al no tener respuesta de la delegación estatal y para revertir los problemas. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo).
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Acuerdan damnificados de Chilapa y gobierno comenzar el próximo lunes 267 casas que faltan
Vecinos de las comunidades San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca del municipio de Chilapa, informaron que a casi tres años de las contingencias provocadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013, autoridades federales y estatales les dijeron que el próximo lunes iniciará la construcción de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, en Xicaixtlahuac, en donde serán reubicados.
El 7 de junio unos 100 damnificados de esas comunidades protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), en la capital, para exigir la conclusión de las 267 casas que faltan en el predio Loma de los Pinos, y tras una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, acordaron una mesa de trabajo con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con delegados de las dependencias federales involucrados en la construcción del fraccionamiento, la cual se llevaría a cabo la semana pasada, pero fue pospuesta en dos ocasiones.
Ayer al mediodía, una comisión de representantes de las comunidades se reunió con Héctor Astudillo Flores, Florencio Salazar Adame; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello; el delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña, y con representantes del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura, Física y Educativa (IGIFE), para agilizar y planificar la obra que está pendiente.
En Loma de los Pinos habrá 317 viviendas, de las cuales la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya construyó 50 casas, a cargo por la empresa Grupo de Oro, además de un centro de salud, un preescolar, una primaria y una telesecundaria.
Por otra parte, el gobierno del estado emitió un boletín en el que dice que “el gobernador Astudillo también atendió las necesidades para coadyuvar en la reconstrucción de dos escuelas y un jardín de niños, así como diversos tramos carreteros que se encuentran en malas condiciones desde el paso de los citados fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013”.
La reunión de ayer, que fue cerrada, duró casi dos horas. Al término se consultó al gestor de las comunidades, Carlos de Jesús Alejandro, quien informó que se acordó que la construcción de las casas que faltan se iniciará el próximo lunes, y que las autoridades se comprometieron a culminar los trabajos a finales de año.
Detalló que la Cdi construirá 50 casas y la Sedatu 57 durante la primera etapa, y que avanzarán en la construcción de acuerdo con las plataformas que se instalen en el terreno.
Respecto al kínder y la telesecundaria que están en obra negra, De Jesús Alejandro dijo que el Inifed y el IGIFE determinarán tras un diagnóstico el presupuesto para culminar esas obras, y que se prevé que serán unos 2 millones de pesos.
Recordó que a casi tres años de Ingrid y Manuel, los pobladores habitan en casas de madera, láminas obsoletas y cartón, a un costado del terreno donde serán reubicados ante el temor de un posible deslave, pues esas comunidades fueron dictaminadas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como zonas de alto riesgo.
No obstante, aseguró que al menos 80 familias siguen viviendo en San Marcos Majada de Toro, porque no cuentan, “ni con las viviendas ni los servicios educativos y de salud operando donde serán reubicados”.
Agregó que en la zona donde habita la mayoría de pobladores, hay únicamente una cocina comunitaria y albergues provisionales que son usados como salones temporales de clases para al menos 600 niños.
De Jesús Alejandro enfatizó que las viviendas tendrán una inversión de alrededor de 130 mil pesos, que serán costeadas con recursos extraordinarios de los que dispondrá el gobierno estatal, la Cdi y la Sedatu, con presupuesto etiquetado para el rubro de vivienda en el ejercicio 2016.
No se puede reubicar a damnificados de la sierra de Chilpancingo en Coapanguito, dice la Sedatu
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que las 578 familias que habitan en la comunidad de San Vicente y que solicitan trasladarse al predio Coapanguito, no podrán ser reubicados debido a que la comunidad no se registró en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013.
El sábado, dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y representantes del comisariado ejidal de San Vicente, de la zona serrana capitalina, exigieron al Ayuntamiento la reubicación de las 578 familias damnificadas al predio nuevo en Coapanguito antes de reforestar el terreno Los Amates, donde se prevé que construirán el parque ecológico Nicolás Bravo.
Consultado vía telefónica para conocer el motivo del atraso en la reubicación de San Vicente, Armenta Tello detalló que la comunidad no forma parte del padrón de beneficiarios con cobertura del Fonden, pese a los desastres que causó la contingencia en 2013, y que por ello está clasificada con un subregistro en los programas de la Sedatu.
Explicó que la comunidad cuenta con un dictamen previo de Protección Civil (PC) estatal, sin embargo, para avalar la reubicación total se requiere de un nuevo diagnóstico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de un análisis detallado del predio donde serían reubicados, “ya que debe haber las condiciones justificadas”, dijo.
Explicó que en la pasada administración el entonces delegado, Héctor Vicario Castrejón argumentó que esa comunidad serrana no se incluyó en el Fonden “porque no cumplía la condición de reubicación; nos argumentaron que el daño en esa comunidad fue anterior a Manuel e Ingrid, pero que si en las contingencias prevalecía esa condición, se debieron haber reubicado”.
Reiteró que de acuerdo con la postura de las autoridades de San Vicente, es necesario trasladar a las familias al predio de Coapanguito, por lo que es necesario emitir el dictamen del Cenapred para determinar si la reubicación es total o parcial.
Agregó que dicho diagnóstico ya fue solicitado a nivel federal y que el Cenapred hará una visita a la comunidad de Chicahuales y que posiblemente también dictamine las condiciones de San Vicente, aunque indicó que desconocía la fecha específica de los trabajos.
A Armenta se le preguntó si los pobladores tienen conocimiento del problema, y expuso que ha platicado con el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, para analizar la posibilidad de que mediante otro programa se pudiera colaborar en la reubicación de la comunidad.
Reconoció que la exigencia de los pobladores es justificada, pues a casi tres años de las contingencias, siguen sin tener respuestas.
Mencionó que originalmente la comunidad estaba considerada para ser reubicada, esto de acuerdo con el ex presidente municipal priista, Mario Moreno Arcos, “pero por una razón que no se explica no estamos incluidos en el Fonden, así como Chicahuales”.
José Manuel Armenta agregó que en caso de que se traslade al pueblo de manera total, significaría el proyecto de reubicación más amplio después del fraccionamiento El Mirador, donde habitarán 598 familias.
No obstante, indicó que no hay un desacuerdo para reubicar a la comunidad, “conozco San Vicente, su tipo de suelo, con laderas inestables, pero habrá que diagnosticar la proporción, para conocer si el traslado es parcial o general”, expresó.
Veinte días después lleva Astudillo ayuda a damnificados de los vientos en la Montaña
Después de 20 días de haber sido afectados por los vientos y lluvias del pasado 8, 9 y 10 de marzo, los indígenas na savi y me´phaa recibieron ayer apoyos del gobernador Héctor Astudillo Flores, aunque muchas familias damnificadas no fueron contabilizadas.
El gobernador se comprometió a concluir las obras pendientes en el municipio de Malinaltepec, como escuelas y viviendas, luego de las afectaciones de la tormenta Manuel del 2013, y concluir la construcción del Ayuntamiento que fue demolido.
En el evento habló la presidenta de DIF, Mercedes Calvo, quien dijo a los asistentes que cuentan con ella y con el gobernador, y que tiene la autorización para continuar recorriendo los municipios y entregar despensas a las familias.
Por su parte, el gobernador explicó que no pudo estar el domingo pasado porque tenía que despedir a los turistas en Acapulco, pero que su equipo ha estado revisando los daños en la zona.
“Me siento muy complacido de visitar este pueblo y he estado pendiente de las comunidades que fueron dañados por los vientos y las lluvias”, dijo.
Anunció que les entregaría los apoyos que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al estado, colchonetas, láminas, despensas, cobertores, kits de limpieza (jabón, cloro, cubetas y escobas) y que estará en esta comunidad las veces que sean necesarias.
También adelantó que en los siguientes meses será entregado el fertilizante de manera gratuita y que los productores ya no pondrán su parte, sólo el gobierno estatal y municipal pondrán el cien por ciento.
Agradeció al presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y se comprometió a concluir las obras inconclusas, como las aulas.
Anticipó que apoyará para que la región tenga pronto la cobertura de telefonía celular para que los pueblos estén comunicados, y verá cómo apoyará con las viviendas junto con la Secretaría de Desarrollo Social.
Anunció que seguirá visitando La Montaña y que la próxima semana acudirá al municipio de Copanatoyac a entregar despensas.
Por su parte, el alcalde de Malinaltepec dijo al gobernador que no iba con reclamos y sí con propuestas concretas para combatir la marginación, y enumeró exigencias como pavimentación de carreteras, conclusión de la obra del Ayuntamiento, y centros de salud con equipo médico y medicinas a tiempo.
También solicitó apoyo a los productores de café, porque en el 70 por ciento del municipio los cafetales están dañados y el 80 por ciento de los campesinos dependen totalmente de la producción del café.
En cuanto a la educación dijo que le lastima que en las comunidades de Tilapa, Moyotepec, Unión de las Peras, la Lucerna y El Tepeyac estén las aulas inconclusas que inició el Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa (INIFED), y le hizo un llamado porque hay niños —como en Tilapa— que reciben clases bajo el sol.
Pidió la señal de celular para que las comunidades estén comunicadas, y dijo que tienen muchas necesidades y que si reciben apoyo del gobierno las comunidades tomarán otras medidas, pero que le apuesta al diálogo.
En breve entrevista, el gobernador Héctor Astudillo pidió que no se desprestigie al estado de Guerrero, pues si bien hay problemas hay que enfrentarlos y se necesita la participación ciudadana para salir adelante.
Sobre el retraso de los apoyos a las comunidades respondió que se debió a que los materiales ape- nas llegaron de la federación a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), aunque el gobierno estatal ya había hecho lo propio con sus recursos.
De acuerdo con un boletín del gobierno del estado, ayer se entregaron 24 mil insumos distribuidos en 6 municipios para beneficiar a 93 comunidades, mediante el padrón que levantó Protección Civil del estado y el DIF estatal.
También se ofrecieron consultas médicas y atención del Registro Civil con el programa gratuito de aclaraciones y correcciones de actas.
También hubo queja de ciudadanos y autoridades, como el delegado de la colonia San Lorenzo, anexo de la comunidad de San Miguel El Progreso, quien se quejó de los llevaron con engaños porque personal del presidente municipal de Malinaltepec le entregó un oficio donde le indicaba que llevara a toda su comunidad a recibir láminas, despensas y cobijas.
Pero cuando llegaron al lugar le dijeron que no les entregarían los apoyos porque no se encuentran en la lista y que esperaran para ver si sobraban despensas.
Lamentó la falta de apoyos pues dijo que le sale más caro pagar 200 pesos de pasaje que las despensas que tal vez les entrega- rían, pero sólo si sobraban.
Otro vecino de la comunidad de Huehuetepec, del municipio de Atlamajalcingo del Monte, dijo que las láminas que entregaron no son suficientes porque hubo casas que se daña- ron totalmente y ocho placas no le ayudarán mucho.
Dijo que este municipio reportó 136 viviendas afectadas, lo que consideró una cifra irreal porque a su comunidad no llegó nadie para levantar el censo.
El lugar estuvo resguardado por policías municipales, estales y hasta policías comunitarios; hubo un gran número de asistentes por la cuota exigida a los seis municipios que recibirían los apoyos, aunque sólo fuera una despensa, un kit de limpieza o una torta.
Se observó que personal que entregó las despensas se reía de los indígenas cuando corrían de un lugar a otro siguiendo sus indicaciones para formarse; “pónganse aquí, no, mejor para acá, no, mejor del otro lado”, les decían.
Durante más de dos horas la carretera Tlapa-Marquelia fue cerrada al tránsito vehicular por el acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo.
Sigue parada la construcción de casas de damnificados en El Mirador, en la capital
Las obras para la construcción de viviendas para familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, en el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, siguen suspendidos debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) emitió una sanción porque la obra carece de un estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, un grupo de ingenieros civiles revisa las viviendas ya construidas y el terreno para verificar el riesgo, tras la denuncia de los beneficiarios de las casas ya entregadas ante la inestabilidad del suelo.
A dos años y medio de los daños provocados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, no han sido terminadas las mil 200 viviendas que se comprometió a construir la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para igual número de familias damnificadas, y por el contrario, las que ya fueron construidas están siendo valoradas por ingenieros encabezados por el universitario Roberto Arroyo Matus.
Consultados al respecto, los ingenieros se negaron a adelantar los resultados del trabajo, pues argumentaron que no están autorizados hasta que concluyan la revisión.
Mientras tanto, cientos de familias siguen en espera de que se les asigne su casa, pues de las mil 200 viviendas que se comprometió a entregar allí la Sedatu, a las familias damnificadas, sólo unas 300 han sido reubicadas.
Sin embargo, tras la denuncia del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, en el sentido de que las familias beneficiadas con las casas corren riesgo por la inestabilidad del terreno, se comenzó una revisión de las casas y del terreno, pero aún no se ha concluido el trabajo.
La denuncia también motivó que la Profepa suspendiera la obra, debido a que no encontró que se haya hecho un estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó la suspensión de la entrega de viviendas a las familias damnificadas, según fuentes oficiales de la dependencia.
En estas circunstancias, a dos años y medio de la devastación ocasionada por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid, el resto de las casas que se construyen en ese predio podrían no entregarse, pues se ha determinado que el suelo no es factible para la construcción, según insistió el dirigente de la APPG Chávez Adame.
Y es que el predio en el que se edifican las casas para las más de mil familias afectadas por los fenómenos de 2013, presenta deficiencias, y corren el riesgo de deslaves y grietas que afecten a las familias, por lo que las casas ya no serán entregadas en ese lugar.
Actualmente están habitando sólo unas 300 familias de las mil 200 que serían reubicas allí, según informó inicialmente la Sedatu.
El dirigente cuestionó, que si tardaron casi tres años en construir las viviendas, entonces qué tiempo requerirán ahora para iniciar desde cero las casas para cientos de familias que perdieron sus hogares.
Mientras tanto, los vecinos que ya habitan algunas de las casas informaron que no tienen conocimiento de cuál es el siguiente paso de las autoridades luego del anuncio sobre la inestabilidad del predio. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Protesta de damnificados por Manuel en La Diana; exigen apoyo a la Sedatu
Unas 20 personas damnificadas por la tormenta tropical Manuel en 2013, se manifestaron en la glorieta de La Diana para exigir el apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues han pasado más de dos año y no han recibido nada por parte de las autoridades.
Los manifestantes llegaron al medio día a la glorieta de La Diana, encabezados por su vocero Gregorio Nava Valenzo, con unas cruces de madera para hacer la representación de su Vía crucis. Ahí dieron varias vueltas a las glorieta para pedir la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El vocero Nava Valenzo dijo que estaba ahí porque el 9 de febrero tuvieron una reunión con funcionarios de la Sedatu y la Sedesol, quienes se comprometieron a dar una respuesta a su demanda y no lo han hecho.
Indicó que ya no quieren engaños, que quieren saber qué pasó con el apoyo; que saben que en todo el estado hay gente que vive la misma situación que ellos y no hay claridad por parte de las autoridades; que los apoyos fueron entregados de manera selectiva.
Hay empleados de gobierno entre los invasores de El Mirador, denuncian damnificados
Damnificados de la colonia El Amate, expusieron que detrás de las familias que habitan de manera irregular 130 viviendas del fraccionamiento El Mirador, puede estar el Ayuntamiento capitalino junto con dependencias estatales, pues han comprobado la presencia de trabajadores municipales y estatales de Salud y Educación que viven en el predio.
La mañana de este viernes, en la casa de la señora Sabina Ramos Cicilio, reconstruida con madera y láminas usadas de asbesto luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013, el comité vecinal de damnificados de El Amate reiteró que han acudido ante todas las instancias gubernamentales para solicitar el desalojo de las personas que invadieron el terreno donde reubicarían su domicilio, en El Mirador, pero nadie ha atendido sus peticiones.
Abundaron que ni la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ni el gobierno estatal o la Procuraduría General de la República (PGR) han puesto un verdadero interés para revertir el conflicto de las viviendas, y detallaron que el jueves, cuando fueron al fraccionamiento, fueron amenazados nuevamente con machetes y palos por un grupo de personas, quienes les negaron el acceso.
Debido al retraso del desalojo, la representante del comité, Karen Hernández Pérez indicó que existen sospechas de que los habitantes irregulares del terreno están siendo protegidos, pues ahí habitan abogados, trabajadores del Ayuntamiento, de la Jurisdicción Sanitaria y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Comentó que los “invasores” les aseguraron que no se saldrán de las viviendas porque cuentan con el respaldo de las autoridades, “nos dicen que son la ley y que cuentan con el respaldo de funcionarios municipales y estatales, y que tienen acuerdos con la diputada Beatriz Vélez y el alcalde Leyva Mena; se muestran seguros y nosotros no vemos que las autoridades procedan en beneficio de los damnificados”, denunció.
Asimismo, Hernández Pérez exige al alcalde, Marco Antonio Levya Mena y al gobernador, Héctor Astudillo Flores una revisión para identificar si hay trabajadores que pudieran estar involucrados en la invasión, pues consideran una injusticia que los verdaderos afectados por los meteoros de 2013 no puedan habitar las viviendas.
Karen Hernández subrayó que cuentan con todas las evidencias que comprueban que son los dueños legítimos de los hogares, y que actuarán de manera legal hasta las últimas consecuencias para lograr habitar las casas que les pertenecen.
Posteriormente, una menor de 10 años acompañada de su madre, de nombre Angélica García Miranda, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con la vivienda que le prometió desde hace tres años, “que no esté ubicada en zona de alto riesgo como en la que actualmente vivimos y que nos evite la preocupación que diariamente vivimos”, comentó la pequeña.
Explicó que en la visita del presidente a las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg), donde estaban refugiados, solicitó la construcción de un nuevo hogar en una zona segura, y que Peña Nieto se comprometió a construirla.
Sin embargo, Angélica Miranda, madre de la niña, indicó que hasta la fecha el presidente no ha cumplido con la promesa, “incluso Peña Nieto bromeo con mi hija diciéndole que era su novia, ese día se mostró accesible con nosotros, pero hasta el momento no hemos visto resultados”, explicó.
Por su parte, mediante un boletín oficial, el gobierno del estado informó que el director general del Registro Público de la Propiedad, Lenin Carbajal Cabrera, y el director general del Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, Rodolfo Ruiz Cabrera, acordaron coordinar acciones para el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en diversas colonias de la capital del estado.
En el documento se informa que en una reunión de trabajo en el Ayuntamiento de la capital, Lenin Carbajal informó que en coordinación con la Sedatu federal, se dará atención y seguimiento a la regularización de los predios donde fueron reubicadas las familias damnificadas por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
El documento explica que que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) atenderá 598 trámites de la colonia El Mirador y 67 de la comunidad de Petaquillas.
Según el documento, por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, se dará puntual seguimiento a este proceso para garantizar a los beneficiados la certeza jurídica de sus propiedades.
Siguen sin servicios básicos los damnificados del terreno Zolimaitic, Chilpancingo, denuncian
Damnificados de la tormenta tropical Manuel de la comunidad de Petaquillas que viven en el fraccionamiento Zolimaitic, denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Ayuntamiento capitalino no han terminado de instalar servicios básicos como el alumbrado público, pavimentación de accesos y agua potable para sus hogares.
Asimismo, el presidente del comité del fraccionamiento, Mariano Peñaloza Beltrán precisó que las 67 viviendas que componen el predio no cuentan con escrituras, ya que la Sedatu únicamente les otorgó un documento “simbólico” que carece de validez jurídica.
Señalaron que es necesario asignar una ruta fija de transporte público hacia el fraccionamiento y reforzar la seguridad con presencia policiaca municipal y estatal, ya que al lugar acuden “vehículos sospechosos”.
El fraccionamiento Zolimaitic se encuentra a un costado de la colonia 10 de junio en la comunidad de Petaquillas, y las únicas opciones para llegar son en automóvil particular, taxi colectivo o bien, cruzar el camino de terracería que conecta al bulevar de Petaquillas con el predio.
Debido a la ausencia del transporte público en la zona, los vecinos tardan al menos 20 minutos en trasladarse desde el fraccionamiento hasta el paradero del bulevar.
El camino de terracería carece de alumbrado público y vigilancia, mientras que a un costado del fraccionamiento se encuentran dos pequeñas barrancas de arbustos, espinas y escombros.
El comité vecinal del fraccionamiento, integrado por nueve colonos, expuso que el principal problema en el predio Zolimaitic es la inconsistencia del suministro de agua potable, ya que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) asigna únicamente el servicio cada 15 días durante cuatro horas a las 67 viviendas que hay en el terreno.
La integrante del comité, Lucia Santos aseguró que las autoridades de Capach prometieron otorgar semanalmente el suministro de agua durante seis horas, “sin embargo, hasta la fecha es una petición que nos incumplieron y no entendemos la razón por la cual siguen sin cumplir”.
Dijo que en una reunión el 7 de enero con autoridades municipales y de la Sedatu, los vecinos exhortaron a construir un depósito de agua potable a fin de facilitar la repartición entre los domicilios
Indicó que, luego de la reunión, tanto la Sedatu como el Ayuntamiento encabezado por el priista Marco Antonio Leyva Mena, se comprometieron a gestionar un nuevo terreno frente al fraccionamiento.
Sin embargo, subrayó que ninguna de las dependencias ha confirmado la adquisición de este nuevo terreno, lo que obliga a los colonos a comprar agua en pipas con precios de hasta 400 pesos.
Sólo les entregaron un docu-mento simbólico, las casas si-guen sin escrituras, denuncian
Consultado vía telefónica, el presidente del fraccionamiento, Mariano Peñaloza Beltrán destacó que las viviendas entregadas desde mayo de 2015 no cuentan con escrituras, lo que ha generado molestia entre los vecinos, quienes no pueden validar oficialmente sus casas.
Recordó que en su discurso del 12 de enero en Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se asignaría la escritura a todas las viviendas que fueron construidas para las familias damnificadas por Ingrid y Manuel en Guerrero.
Sin embargo, la Sedatu les entregó únicamente un documento de asignación “simbólica” que carece de validez jurídica.
Subrayó que desde la administración de Alfredo Fernández Peri como delegado de Sedatu, les prometieron gestionar la escrituración de las viviendas sin haber cumplido hasta la fecha.
Sin embargo, destacó que durante una reunión con la subdelegada de Sedatu Alma Aurora Jiménez Sales les aclaró que el proceso de la escrituración de las viviendas corría directamente a cargo del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y no de Sedatu.
Aclaró que, en la mesa de diálogo con Jiménez Sales, se firmó una minuta de acuerdos para que la Sedatu, en coordinación con el gobierno federal, diera seguimiento a la legalización de las casas.
Anunció que acudirán el martes al Palacio municipal de Chilpancingo y a las oficinas de la Sedatu para exigir resultados del proceso de escrituración de las viviendas del fraccionamiento Zolimaitic.
Sobre el transporte público, la señora Isabel González acotó que desde la apertura del fraccionamiento, en mayo del año pasado, exigieron una ruta que comunique al predio con Petaquillas y el centro de Chilpancingo.
Indicó que es prioritario asignar al menos una Urvan del transporte colectivo para Zolimaitic, pavimentar el acceso principal del fraccionamiento y asignar a patrullas estatales y municipales para que hagan rondines preventivos nocturnos.
Explicó que, debido a la escasa presencia policiaca en el fraccionamiento recurrieron al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), ya que habían detectado la presencia de vehículos desconocidos cerca del predio, “es por eso que requerimos su presencia (de los policías), que no nos olviden”.
Asimismo, los vecinos del comité vecinal solicitaron alumbrado público, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a colocar lámparas, pero a principios de este año dejó el trabajo incompleto.
Protestan damnificados de Chilpancingo en el foro de consulta; piden reubicar a dos familias
Damnificados por la tormenta Manuel del fraccionamiento Azteca y Amelitos 1 de Chilpancingo protestaron en el Foro de Consulta Ciudadana que se llevó a cabo en el salón Cuicalli, para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde Marco Antonio Leyva Mena la reubicación de dos familias.
Los manifestantes se enteraron que el gobernador y el presidente municipal acudirían a la actividad y en una de las puertas principales del salón sacaron pancartas en las que se leía: “Señor gobernador atienda a los damnificados”, “Exigimos solución a dos damnificados”, “Sedatu y el Ayuntamiento no atienden a los verdaderos damnificados”, y gritaron “atiendan a los damnificados”.
Los inconformes llegaron a la una de la tarde y en el lugar se consultó a Fabiola Altamirano, quien dijo que el martes se reunió con trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y acordaron que seis personas recibirían sus viviendas, pero no cumplieron, sólo cuatro las recibieron porque las otras dos no cuentan con el folio expedido por el Ayuntamiento.
Dijo que es urgente que las autoridades municipales solucionen el problema “que nos den una solución porque estamos cansados de promesas, son dos años y cuatro meses que hemos exigido a las autoridades pero no nos hacen caso”.
Aseguró que si las autoridades no atienden a las dos familias que les hacen falta sus casas continuarán manifestándose, y que si es necesario acudirán a la Ciudad de México, pues el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello no los ha atendido.
Llamó al gobernador Héctor Astudillo a que solucione el problema y al alcalde Leyva Mena a que dé respuestas favorables.
Los damnificados entraron al salón y platicaron directamente con Marco Antonio Leyva, quien les dijo que las casas de los damnificados no le competen al Ayuntamiento pero que iba a ayudar “a presionar a la Sedatu”.
Fabiola Altamirano dijo que sí le correspondía al Ayuntamiento porque no emitió el folio que indica que sus casas fueron destruidas por la tormenta Manuel, motivo por el cual a las dos familias no les han entregado sus casas. El alcalde los envió con un trabajador del Ayuntamiento y dijo que él se haría cargo del problema.
Denuncian vecinos reubicados en El Mirador, en la capital, que sus casas no tienen servicios
Damnificados de la tormenta tropical Manuel que fueron reubicados en el terreno El Mirador, de Chilpancingo, informaron que las 104 nuevas viviendas que otorgó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cuentan con servicios básicos cómo agua potable, electricidad y drenaje.
Asimismo, informaron que los accesorios de las mayoría de los nuevos hogares fueron “saqueados”.
Durante una visita al predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, rumbo a Acapulco, los vecinos denunciaron que la Sedatu les entregó las casas sin los servicios de luz eléctrica, drenaje y de agua potable.
Indicaron que esta situación sí fue notificada en un principio por la Sedatu, y que los servicios serían instalados de manera paulatina para no aplazar el tiempo de su reubicación en el fraccionamiento.
Una vecina, Pilar Morán Benítez aclaró que la Sedatu les notificó que únicamente a los líderes de los comités vecinales, “ese es el problema, que unos cuantos decidieron por todos”, explicó.
Dijo que tienen dificultades para sus actividades cotidianas ante la falta de servicios, “es sumamente complicado vivir en estas condiciones; estamos agradecidos, sí, pero hace falta que integren los servicios a nuestros hogares”.
Asimismo, indicó que la mayoría de las nuevas viviendas no cuenta con los accesorios que fueron instalados durante su construcción tras el “saqueo” de delincuentes, “se llevaron regaderas, tazas de baño, focos y cables de la luz, entre otras cosas”, explicó.
Subrayó que el sitio donde fueron reubicados carece de vigilancia, lo que facilita a los delincuentes cometer delitos en esa zona.
Anunció que este domingo, los vecinos sostendrán una reunión a las 4 de la tarde para definir su situación de El Mirador.
Cabe destacar que en un recorrido en el fraccionamiento, se observaron las múltiples obras inconclusas a causa de la negligencia de las autoridades federales en los trabajos.
Estas deficiencias incluyen, principalmente, la falta de pavimentación en los principales accesos al fraccionamiento, los cuales son de terracería, y concluir las viviendas destinadas en un principio para más de 5 mil personas.
Asimismo, en un sector habitado por al menos 40 familias, se nota que al menos 10 casas tienen humedecimiento, cuarteaduras y filtraciones de humedad.
Por otra parte, vecinos del fraccionamiento indicaron que los fines de semana sólo una Urvan del transporte público capitalino hace el recorrido de la ruta El Mirador-Chilpancingo, lo que provoca que los vecinos tengan que esperar hasta 40 minutos para transportarse.