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Admite la CNHJ de Morena una queja contra Norma Otilia por conductas contra el partido

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez a su llegada al hotel Holiday Inn dónde la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con consejeros estatales, diputados locales, presidentes municipales y regidores de Morena Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, admitió una queja contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, “por supuestas conductas contrarias a la normatividad interna de este partido poli?tico”, relativas a los videos difundidos en redes sociales donde aparece con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La persona denunciante solicitó suspender los derechos políticos de Hernández Martínez, como medida cautelar, petición que fue rechazada. En cambio admitieron proteger sus datos personales, por lo que su nombre fue omitido y no aparece en el documento disponible en estrados electrónicos de la CNHJ, pero en el documento los consejeros establecen que tanto la acusada como el acusador son “militantes” de Morena.
La queja fue presentada el 25 de agosto de este año pero admitida por la Comisión apenas este lunes 2 de octubre.
En la relatoria, el militante quejoso señala: “Es el caso, que durante el periodo comprendido del 8 al 12 de julio del presente an?o, la ciudad de Chilpancingo fue asediada por hechos de violencia inusitada que han afectado la paz social de la población, la economía local y estatal con el bloqueo de la Autopista del Sol, resultando evidente, que estas acciones tuvieron el claro propósito de intentar desestabilizar el gobierno democrático de la Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda”.
“Los eventos descritos tuvieron como principal detonante mediático la difusión de un video en medios digitales y de comunicación a nivel nacional, de la reunión de la compan?era militante y consejera estatal de Morena Norma Otilia Hernández Martínez, actual Presidenta Municipal de Chilpancingo, con un presunto líder de un grupo delictivo de la región denominado Los ardillos, identificado como Celso Ortega Jiménez”.
La persona quejosa, agrega un video de Noticieros Televisa como prueba de quién es el líder de los Ardillos, con el que se reunió la alcaldesa morenista: “en los 2 minutos con 38 segundos se expone el nombre de Celso Ortega Jime?nez, uno de los máximos líderes del grupo criminal Los ardillos, quien se encuentra con orden de aprehensión; dicho sujeto es con el cual Norma Otilia Herna?ndez Marti?nez sostuvo una reunión en privado, demostrando con ello a la población, que mantiene una estrecha comunicación y convivencia con personas líderes de grupos delictivos, según lo revelado en un video circulado en diversos medios de cadena nacional y local”.
El morenista que denuncia a Hernández Martínez señala que del 24 de junio, cuando “fueron encontrados los cadáveres desmembrados de cinco hombres y dos mujeres, junto a las cabezas decapitadas, había varios mensajes en cartulinas dirigidos a la alcaldesa de esa misma ciudad, Norma Otilia Hernández Martínez y al primer síndico procurador del Ayuntamiento, Andrei Marmolejo Valle” hasta el 10 de julio, “cuando tomaron como rehenes a elementos del ejército y seguridad pública”, se agudizó el problema de violencia en la capital del estado.
En este lapso, señala la persona promovente, “se llevaron a cabo diversas manifestaciones, bloqueos y actos que generaron la muerte de choferes de unidades del servicio público, incendios de unidades del servicio público, además de bloqueos a las principales vías de comunicación en la ciudad causando un severo dan?o a la economía, a la paz social y a la credibilidad del gobierno que ejerce la Cuarta Transformaciónn en nuestro Estado”.

Las pruebas

En la queja la persona denunciante agrega 18 ligas de videos disponibles en YouTube y Facebook y links de portales noticias publicadas en medios nacionales y extranjeros para acreditar la mala fama de la alcaldesa de Chilpancingo a lo que la comision le advirtió que debe presentar esas pruebas en memorias USB o CD o se considerarán “no presentadas”.
La queja fue admitida por la Comisión con base en el “artículo 47. Es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compan?eras y compan?eros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.”
La CNHJ dio un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación entregada a la alcaldesa para que presente “su contestación respecto a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho”.
En sus alegatos, el morenista que señala a la alcaldesa de Chilpancingo sostiene que “es patente que la denunciada al vincularse con una persona que públicamente se le reconoce como miembro de la delincuencia organizada, lesionan el interés general de Morena, así como las obligaciones que tiene la militancia y la dirigencia en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros del partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad” y por esa consideración pidió la medida cautelar de “suspensio?n de los derechos partidarios como militante de Morena” de la alcaldesa de Chilpancingo.
Los comisionados rechazaron la medida cautelar, argumentaron que en caso “de otorgarse la medida requerida, se estari?a sancionando a la parte demandada, asi? como prejuzgando sobre el fondo del asunto sometido a estudio por parte de este o?rgano jurisdiccional partidista”.
Los días 5 julio, 10 de julio y 1 de agosto fueron difundidos en redes sociales fragmentos en video de una conversación que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo con líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, la cual se dio antes de asumir la presidencia municipal.
Luego de las críticas que dirigentes políticos expresaron cuando se conoció la reunión que Hernández Martínez tuvo con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, la morenista presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra del secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso y los dirigentes partidistas del PRD Alberto Catalán Bastida, del PAN Eloy Salmeron Díaz, de Movimiento Ciudadano Julián López Galeana y de Morena Jacinto González Varona a quienes acusa de criticarla solo por el hecho de ser mujer.

 

Acudirá Morena al arzobispo Aguiar para que desautorice a Rangel, anuncia Jacinto

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, anunció que buscará que el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sea desautorizado por miembros de la jerarquía de la Iglesia católica superiores a él, y para eso dijo pedirá hablar con el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, suponiendo que es algo así como jefe del prelado de Guerrero. También anunció que pedirá a la Secretaría General de Gobierno que también busque hablar con Aguiar con la misma intención.
El dirigente de Morena aseguró que no hay inacción de los gobiernos morenistas ante la violencia generada por grupos criminales, pero que se está atendiendo de una forma diferente a como lo hacían gobiernos pasados, y reiteró que las declaraciones del obispo emérito Salvador Rangel Mendoza “incitan a la inestabilidad de la administración” de Evelyn Salgado Pineda”.
En declaraciones telefónicas, González Varona sostuvo que su partido no tiene una confrontación con la Iglesia católica, y que la discusión pública generada es porque “un representante de ellos asume el papel protagónico de la misma cuando existen más obispos”.
Acusó a medios de comunicación y partidos de oposición de querer generar la percepción de que “es Morena contra la iglesia”, y afirmó que no es así, “es sólo por la postura de un personaje y sospecho que es postura unipersonal”.
No obstante, dijo que si Salvador Rangel tiene pruebas de la participación de políticos morenistas en cabalgatas o reuniones con grupos criminales como lo declaró en su réplica a la descalificación morenista, “tiene que ir a las fiscalías”.
A la pregunta concreta de si tienen certeza de que Morena no tiene representantes populares o autoridades vinculadas con grupos criminales en el estado, regiones y municipios, Jacinto González respondió que “en su mayoría las acusaciones que se han hecho se han investigado y están algunos, con tema de la secrecía de la información, pero hasta ahorita ningún representante de Morena ha sido acusado o captado en este tipo de actos”.
Sin embargo, dijo que como dirigente no puede decir que los morenistas “están involucrados o no están, hasta que haya denuncia formal y se le dé seguimiento, nosotros lo hemos dicho, no lo vamos a permitir y si es señalado un alcalde, un regidor, una síndica, un diputado local, seremos los primeros en expulsarlo del partido y aportar todas las pruebas necesarias para que asuma su responsabilidad ante la justicia”.
Pidió al obispo emérito que se dedique a lo que su Iglesia le mandata, porque “a él no le corresponde andar dando declaraciones ni dando sermones públicos a nuestro gobierno, yo creo que él ignora cuáles son sus funciones como obispo dentro de su religión”.
Dijo que Salvador Rangel “se ha sobrepasado y es un irresponsable” por lo que acudirán ante el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, para preguntarle si comparte las declaraciones públicas que hace el obispo emérito.
Con esto, el dirigente de Morena pretende saber si Rangel Mendoza realiza estos señalamientos “a título personal o a nombre de la Iglesia católica” en caso de que la Iglesia no comparta estos señalamientos, dijo que considerarán como “desautorizado”.
Y adelantó que también realizará un llamado a la Secretaría General de Gobierno para que de manera oficial también solicite al arzobispo primado de México Carlos Aguiar una postura respecto a los señalamientos realizados de manera pública por el obispo emérito y así “saber con claridad que representa Salvador Rangel, o para que fue enviado”.
González Varona señaló que, a partir de la respuesta de la iglesia, deberá quedar claro si la encomienda de Rangel Mendoza en el estado fue “para tomarse el tecito con los delincuentes, o para crear condiciones para que la Iglesia católica siga sumando más adeptos a su religión”.
Incluso dijo que no le consta que el obispo sea aliado de grupos criminales, pero que “así se deja entrever” y que incluso puede ser que las supuestas reuniones del religioso con líderes de los grupos delincuenciales no se hayan dado “y sea una estrategia de la derecha, de mandar a un vocero de esa magnitud”.
El morenista reiteró que las declaraciones de Salvador Rangel “incitan a la inestabilidad de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”.
De lo dicho por el dirigente del PRD Alberto Catalán Bastida de que Morena pretende desviar la atención de los fallidos resultados de la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, el dirigente morenista dijo que no hacen “oídos sordos de lo que sucede el estado” y nuevamente defendió a la estrategia de seguridad, la cual funciona, aunque es diferente a la realizada en gobiernos anteriores, “hoy han trastocado los callos de la delincuencia y por eso esos repuntes”.
En ese sentido negó lo dicho por Salvador Rangel respecto a que hay inacción del Estado, y aseguró que están realizando “acciones específicas” y ejemplificó con las incautaciones en la Tierra Caliente, en la Sierra “también el caso del corredor de Ocotito donde se quitó los retenes de los comunitarios que se preveía que estaban vinculados a algún cartel de la región”.
Pero señaló que la violencia e inseguridad, dijo, son responsabilidad de administraciones pasadas que no atendieron el problema y ahora que creció es más complicado atenderlo “lo vieron como inofensivo, como que se iba a regularizar solo y ahora es un cáncer el que tenemos”.

 

Rinde protesta Maité Lucero Arce como alcaldesa de Cutzamala; suple a su madre

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Ante el pleno del Congreso local rindió protesta Mayté Lucero Arce Jaimes como presidenta municipal de Cutzamala de Pinzón, tras la aprobación de la licencia por tiempo indefinido de su madre, la alcaldesa propietaria Rosa Jaimes López, del PRI.
Sin dar mayores detalles al Congreso local de porqué se separa del cargo y funciones, en su oficio de solicitud de licencia, la alcaldesa sólo señaló que fue “por motivos personales”. En la sesión se aprobó la autorización para separarse del cargo y rindió protesta la suplente, su hija.
Tras rendir protesta ante el pleno, Mayté Lucero Arce Jaimes no quiso dar detalles de los motivos del cambio, solo señaló que todo está bien en el municipio, incluido el tema de seguridad.
Ante las preguntas de los reporteros sobre los motivos del cambio en la alcaldía, sólo respondió que se trataba de asuntos personales y que todo estaba bien en el municipio “vamos a seguir trabajando como siempre, todo bien, todo bien, no se preocupen”, dijo.

Se busca desestabilizar con Xalpatláhuac: Sánchez Esquivel

El diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel cuestionó sobre lo que está detrás del conflicto en Xalpatláhuac
Sánchez Esquivel, que durante su paso como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), trató de limitar en diferentes momentos y con distintas justificaciones el acceso a reporteros a la sede del Poder Legislativo, ayer al inicio de su intervención reprochó la poca presencia de representantes de medios de comunicación.
El morenista dijo que está “muy preocupado” por lo que ocurre en Xalpatláhuac y demandó que se atienda “con prontitud” porque son los pueblos indígenas los más olvidados y afectados por gobiernos corruptos u omisos.
Sánchez Esquivel señaló en tribuna que “es imperativo la no criminalización de las policías comunitarias”, las cuales dijo están amparadas por la ley y la Constitución.
Y envió un mensaje de “total respaldo” a esas policías, porque ofrecen seguridad dónde no hay presencia de ninguna corporación de seguridad del Estado.
Se refirió a lo ocurrido el pasado viernes cuando militares, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales derribaron la puerta de la oficina del tlayakanki, Nicolás Villareal Dircio, en el Ayuntamiento de Xalpatláhuac, lo cual consideró “totalmente incorrecto” porque fueron utilizados para “confrontar al pueblo, eso es una falta de respeto”.
Y preguntó: “¿Quién los llevó allá?, ¿Qué interés se persigue de exhibir al Ejército, a la Guardia y a los policías en una situación que es meramente política?”, y demandó castigar a quienes irrumpieron en el Ayuntamiento para que regrese el gobierno municipal a la cabecera.
Afirmó que pudo ocurrir una masacre de indígenas y pidio “que se atienda Xalpatláhuac antes de que se convierta en una desgracia mayor de la que nos podamos arrepentir”.
Dijo que hay a quienes les “conviene que siga ese conflicto” e insistió: “¿a quién le interesa que el tema de Xalpatláhuac no se resuelva?” y que se convierta en “un problema mayor… hay actores que construyen, y construyen fino para que ocurran cosas que al rato pareciera que nadie fue responsable, un Aguas Blancas, un Charco, un Acteal”.
“Aquí no se vale un silencio cómplice que, de pie al abuso, de quienes no cuidan al Ejecutivo y terminan poniendo en riesgo la gobernabilidad de Guerrero, tenemos una gobernadora que está preocupada pero no puede atender todo, pero hay actores políticos que son responsables y tiene que asumir lo que les corresponde”.
Afirmó que se han repetido casos de decisiones que toman “subordinados” y que han afectado la estabilidad del estado.
De Morena, la diputada María Flores Maldonado demandó que se intervenga y se solucione el problema en ese municipio de la Montaña, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero también los político-electorales de la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado, del PRI.

La sesión

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto propuesto por diputado priista Adolfo Torales Catalán a los ayuntamientos que obtuvieron un resultado no satisfactorio en la obligación de transparencia de su ejercicio fiscal 2022, a los que llama a poner a disposición de la ciudadanía en sus portales de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que están obligados a transparentar.
En su propuesta detalló que de los 81 ayuntamientos solo 33 obtuvieron aprobación, según datos del ITAIGro, esto porque la mayoría no transparentó a la remuneración de los servidores públicos, programas sociales, reglas de operación, padrones de beneficiarios, procedimientos de licitación, contratos de adquisición de bienes o servicios, cuenta pública y ejercicio de recursos públicos.
El pleno aprobó un dictamen por el que se concede licencia definida a Romana Leonardo Apolonio para separarse del cargo de síndica procuradora del ayuntamiento de Coyuca de Benítez, del 8 de marzo al 5 de junio del 2023.
También aprobaron un dictamen por el que se emite juicio en contra de Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, para desempeñar funciones docentes y edilicias.