Exhuman los restos de siete de las ocho víctimas de la guerra sucia en Ajuchitlán

El helicóptero usado para trasladar a Chilpancingo los huesos de víctimas de la guerra sucia hallados en la sierra de Ajuchitlán t Foto: Cortesía de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, Grupos Vulnerables Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la jornada de búsqueda por personal de instituciones de los gobiernos estatal y federal, acompañadas por familiares de víctimas de desaparición forzada durante la guerra sucia, fueron encontrados y exhumados siete de las ocho víctimas que se buscaron en la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Estela Arroyo Castro, presidenta de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, Grupos Vul-nerables Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, y el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Despla-zados en la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, Octaviano Gerva-sio Serrano, informaron que el octavo desaparecido (José Santos González Rojas), se buscará después de que terminen las lluvias.
Los restos exhumados corresponden a los de Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortíz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y del niño de 14 años Pablo Rojas Terán.
Se informó que cinco de los ocho restos fueron exhumados en un lugar conocido como Los Espadines y dos más en el Cerro de Las Desdichas, ambos del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Los siete fueron trasladados ayer de la sierra de Ajuchitlán del Progreso en un helicóptero de la Policía Estatal a la Fiscalía General del Estado (FGE) después de una emotiva ceremonia de parte de los familiares de las víctimas e integrantes de los colectivos que promovieron su búsqueda y exhumación.
De acuerdo con un video, Estela Arroyo Castro, fue nombrando uno a uno a las siete víctimas, y el resto de familiares y miembros del colectivo respondían: “¡presente!”.
“Le decimos a José Santos que no lo olvidamos, que venimos por él. Presente, ahora y siempre”, expresó la activista mientras se escuchaba de fondo la canción Te vas ángel mío.
Los restos fueron subidos a la aeronave envueltos en plásticos, al tiempo que se escuchaba la exigencia: “Justicia, justicia, justicia…” y “Si se pudo, si se pudo”.
Se escucharon llantos, y mientras Te vas ángel mío seguía entonándose por un grupo musical, se escuchó: “El pueblo callado, jamás será escuchado”. ¡Gobierno asesino que matas campesinos!”.
En la breve ceremonia, cantaron el Himno Nacional, y participaron en un breve servicio religioso a petición de los familiares.
Por teléfono, Arroyo informó que de acuerdo con los familiares de las víctimas todos fueron ejecutados cerca de los lugares donde fueron hallados en fosas clandestinas.
Asimismo, en declaraciones a Radio UAG, lamentó que las autoridades que participaron en la búsqueda y exhumación, no les hayan permitido estar presentes en el momento de la exhumación.
“No estuvimos presentes, solamente nos permitieron ver los restos durante dos minutos, según dijeron por la lluvia que había en ese momento”, informó la activista.
Agregó que las mismas autoridades les informaron que los restos óseos de los siete campesinos desaparecidos forzadamente y fusilados entre los años 1967, 1971 y 1974, fueron trasladados ayer en un helicóptero a la FGE de Chilpancingo.
“Nosotros pedimos al gobierno que lo más pronto posible sean entregados a sus familiares con su respectiva acta de defunción, y sean sepultados en un panteón para que los visiten sus amigos y seres querido; yo creo que es justo después de 50 años de no verlos”, pidió.
Octaviano Gervasio Serrano, quien también es asesor jurídico de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades informó que lo que sigue es la realización del procedimiento pericial para confirmar la identificación genética y precisar la causa de muerte de las víctimas, y en seguida entregarlos formalmente a sus familiares.
El activista exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval “que se ejerza acción penal en contra de los militares responsables de las ejecuciones durante el periodo de la guerra sucia, “que más bien fue un exterminio”, y que aún viven.
Y pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita “en forma expedita” las recomendaciones de las quejas ya presentadas, en la que se pida el castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército, “y por lo tanto condenar a esta institución al pago de la reparación del daño”.
Opinó que fue muy grave que las autoridades no hayan permitido a los familiares estar cerca de las excavaciones, siendo que la ley señala que pueden participar de manera activa, además que las autoridades pudieron haber omitido indicios importantes y pruebas fehacientes, “todo parece indicar que protegieron al Ejército”, denunció.
En la jornada de búsqueda y exhumación participaron la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional (CEAV), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas Estatal (CEBP), Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una Unidad Canina de la FGE.
Asimismo agentes de la Policía Investigadora Ministerial, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

En tribuna, diputados perredistas exigen la búsqueda de los siete desaparecidos

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Diputados locales del PRD protestaron este jueves en la tribuna del Congreso del Estado en demanda de la presentación con vida de los siete jóvenes que desaparecieron el 1 de septiembre en Acapulco; uno de ellos, Moisés Tomás Juárez Abarca, es coordinador estatal de la Diversidad de ese partido.
En las intervenciones en el último punto de la sesión, el diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas participó con el tema: “Las afectaciones a la salud y socioeconómicas causadas por el dengue, chikungunya y zika en el estado de Guerrero”. La perredista Jennifer García Lucena pidió la palabra para hablar del tema, pero ya en tribuna habló sobre la desaparición de los jóvenes, mientras que sus compañeros del grupo parlamentario se pararon a su lado con cartulinas en las que exigían su presentación con vida.
La perredista inició hablando del problema: “sin embargo, compañeras y compañeros, la enfermedad del dengue y el zika no es la única que esté afectando a la población guerrerense, la desaparición forzada de siete personas en Acapulco el pasado viernes primero de septiembre, entre ellos el activista y dirigente de la Diversidad Sexual e integrante de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Guerrero, Daniel Moy Abarca García, además de vulnerar elementales derechos humanos, civiles, lastima a un sector históricamente agraviado”.
Hasta la tribuna llegaron los diputados Raymundo García Gutié-rrez, Yanelly Hernández Martínez, Bernardo Ortega Jiménez, Ociel Hugar García Trujillo y Carlos Reyes Torres con pancartas en las que se leía: “¡Exigimos su participación con vida!”.
“Los crímenes de odio, la violencia contra personas de orientación diferente, son un problema vigente en nuestra entidad”, y señaló que este se suma a otros casos y agresiones que “se han quedado sin resolver”.
La perredista se refirió a la presunta participación “de elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado, y aunque no exista certeza de que haya sido así, el silencio que al respecto ha guardado esa institución genera incertidumbre. Los vacíos se llenan de manera natural, así sea de especulaciones, que en nada ayudan a construir confianza hacia la Fiscalía”.
Dijo que la intención no era politizar el tema, “pero no vamos a renunciar a la exigencia de que se realicen las investigaciones que lleven a dar con su localización y presentación con vida”.
A nombre del grupo parlamentario del PRD, García Lucena dijo que este partido no guardará silencio “ante la problemática de inseguridad que nos golpea todos los días, está más que demostrado que en Guerrero, la impunidad campea, las autoridades no investigan innumerables crímenes contra los diferentes sectores”,
Fue entonces, cuando desde sus curules, los diputados morenistas Yoloczin Domínguez Serna y Joaquín Badillo Escamilla demandaron a la oradora que se abocara al tema, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Leticia Mosso Hernández trató de detener la intervención, pero la perredista continuó hasta concluir.
“Se le pide a la diputada oradora sujetarse al tema”, repitió Leticia Mosso unas tres veces, mientras la perredista continuaba su lectura y señalaba que este sector de la población enfrenta una extrema violencia.
Los morenistas insistían en que se centrara en el tema, es decir, que dejara de hablar de la desaparición de las siete personas y se refiriera únicamente al dengue, chikungunya y zika, mientras que el aún integrante del grupo parlamentario de Morena Alfredo Sánchez y del mismo partido Carlos Cruz López le pedían a Badillo Escamilla que dejara a la perredista concluir.
“Muy bien compañeros”, “¡excelente!”, dijo a los perredistas la diputada del PRI Alicia Zamora Villalva, mientras que Leticia Mosso le dijo al grupo parlamentario que protestó: “esta mesa se solidariza con el tema, pero les pedimos que se respete el orden del día”.

Presuntos agentes de la FGE se llevaron de centro de rehabilitación a dirigente del PRD y seis más

Familiares y amigos de los siete jóvenes desaparecidos en el bloqueao de ayer a la carrera México-Acapulco, en el punto conocido como El Retorno de Paso Limonero Foto: Carlos Carbajal

Además del coordinador estatal de la Diversidad del PRD, Moisés Tomás Juárez Abarca, seis personas más – entre estos una mujer y un menor de 15 años –fueron privadas de la libertad el viernes pasado del Centro Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la Colonia Vista Hermosa,.
A las 4 de la tarde de este martes los familiares de algunos de las siete personas privadas de la libertad y desaparecidas, realizaron un bloqueo intermitente en la carretera México-Acapulco, en Paso Limonero, en un principio en el carril hacia el centro, y a las 5:30 se extendió al carril en dirección a la Ciudad de México.
La medida se suspendió a las 11 tras siete horas en las que amigos y familiares portaron lonas y pancartas donde mostraban los rostros de los desaparecidos, y lanzaron consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Según los familiares de los desaparecidos las víctimas se encontraban en el Centro de Rehabilitación cuando hombres armados con emblemas de la Fiscalía General del Estado llegaron la tarde del viernes, y se los llevaron.
La Fiscalía solo emitió cinco alertas de los siete desaparecidos, porque no hay denuncias por María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado, de quienes no se tiene mayores datos, pero sus fotografías y nombres fueron colocados en las redes sociales junto al de las otras víctimas.
Las alertas emitidas son de Moisés Tomás Juárez Abarca, de 38 años; Brian Josué Vargas Hernández, de 25 años, ambos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ. También por Jesús Arroyo Venegas de 38 años, Erik Calixto Chávez de 23 años, así como la Alerta Amber del menor Julio Pérez García, de 15 años.
Al mediodía, en declaraciones a reporteros afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, el director de Comunicación social de la Fiscalía, Carlos Monje, informó que el fiscal regional Rafael Saldaña Julián, junto a personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado, se habían reunido con los familiares de las víctimas para darles información de las carpetas de investigación.
El director dijo que la Fiscalía sólo había recibido cinco denuncias de personas que fueron privadas de su libertad, por el delito de desaparición de particulares, y que ayer mismo se desplegó un operativo de búsqueda de las personas en puntos estratégicos que no reveló por la decrecía de las indagatorias.
Luego se informó que en el operativo estaban participando Agentes de la Policía Investigadora Ministerial, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Antes, la Fiscalía emitió un escueto comunicado donde informó que se había iniciado una investigación por la desaparición del perredista Juárez Abarca por desaparición por particulares, cometida el viernes y denunciado apenas este lunes, sin mayores datos.

Brian Josué era padrino e iba a ayudar por gusto

Guadalupe Hernández indicó que su hijo, Brian Josué Vargas Hernández, salió de casa a las 4 de la tarde del viernes, luego de recibir una llamada para que fuera al anexo porque había problemas, “y de ahí no tuvimos noticia”, y que ella se enteró este lunes de su desaparición.
Ella indicó que presentó la denuncia este lunes porque fue hasta ayer que se enteró de lo que había sucedido en el Centro de Rehabilitación.
La mujer precisó que su hijo no estaba anexado, sino que al igual que Moisés Tomás Juárez, era padrino, un nombre que se le da a las personas que fungen como apoyo de personas en recuperación por adición, “no le sé decir más porque no tengo más información”.
La mamá de Brian comentó que su hijo es el menor de tres que tiene, y ya no estudiaba, pero se dedicaba a ayudar a otras personas: “a él le decían padrino, para ir a hablar de su experiencia”.

Julio tenía ocho meses anexado; tiene 15 años

La madre de Julio, de 15 años, exigió la presentación de su hijo con vida. María Elena Perez llegó llorando al bloqueo que amigos convocaron a las 4 de la tarde en Paso Limonero.
La señora indicó que a su hijo lo ingresó al Centro Rehabilitación Renovación Espiritual hace aproximadamente ocho meses, y quien ya había concluido su etapa rehabilitación pero se mantenía en el lugar.
“Solo que se los llevaron, y al responsable lo queremos, Hans Christopher García Martínez, que lo entregue, porque le estábamos pagando un servicio”, expresó la mujer.
Dijo que en el lugar no hay cámaras, y que la Fiscalía no le había dado mayor información en la reunión que tuvo al medio día de este martes.
“Sólo quiero a mi hijo vivo, no quiero tomar represalias contra nadie, porque no soy nadie, yo solo quiero a mi hijo vivo”, soltó la mujer en llanto.
La mamá del adolescente dijo que el viernes a la 1 de la tarde tuvo la última comunicación con su hijo, cuando recibió un audio donde su hijo decía que estaba bien, pero ya no supo más.
Indicó que según la información que le habían compartido, una camioneta con emblemas de la Fiscalía llegó al anexo y los sacó, pero indicó que en la reunión en la Fiscalía Regional las autoridades ministeriales negaron tal hecho.

 

Presuntos agentes de la FGE se llevaron en Acapulco a dirigente LGBT del PRD y seis más

Familiares y amigos de los siete jóvenes que se llevaron el viernes de un centro de rehabilitación bloquearon de las 4 de la tarde a las 11 de la noche la carretera México-Acapulco en Paso Limonero para exigir a las autoridades que se agilice su búsqueda Foto: Carlos Carbajal

 

Además del coordinador estatal de la Diversidad del PRD, Moisés Tomás Juárez Abarca, seis personas más – entre estos una mujer y un menor de 15 años –fueron privadas de la libertad el viernes pasado del Centro Rehabilitación Renovación Espiritual, ubicado en la Colonia Vista Hermosa,.
A las 4 de la tarde de este martes los familiares de algunos de las siete personas privadas de la libertad y desaparecidas, realizaron un bloqueo intermitente en la carretera México-Acapulco, en Paso Limonero, en un principio en el carril hacia el centro, y a las 5:30 se extendió al carril en dirección a la Ciudad de México.
La medida se suspendió a las 11 tras siete horas en las que amigos y familiares portaron lonas y pancartas donde mostraban los rostros de los desaparecidos, y lanzaron consignas como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Según los familiares de los desaparecidos las víctimas se encontraban en el Centro de Rehabilitación cuando hombres armados con emblemas de la Fiscalía General del Estado llegaron la tarde del viernes, y se los llevaron.
La Fiscalía solo emitió cinco alertas de los siete desaparecidos, porque no hay denuncias por María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado, de quienes no se tiene mayores datos, pero sus fotografías y nombres fueron colocados en las redes sociales junto al de las otras víctimas.
Las alertas emitidas son de Moisés Tomás Juárez Abarca, de 38 años; Brian Josué Vargas Hernández, de 25 años, ambos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ. También por Jesús Arroyo Venegas de 38 años, Erik Calixto Chávez de 23 años, así como la Alerta Amber del menor Julio Pérez García, de 15 años.
Al mediodía, en declaraciones a reporteros afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, el director de Comunicación social de la Fiscalía, Carlos Monje, informó que el fiscal regional Rafael Saldaña Julián, junto a personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado, se habían reunido con los familiares de las víctimas para darles información de las carpetas de investigación.
El director dijo que la Fiscalía sólo había recibido cinco denuncias de personas que fueron privadas de su libertad, por el delito de desaparición de particulares, y que ayer mismo se desplegó un operativo de búsqueda de las personas en puntos estratégicos que no reveló por la decrecía de las indagatorias.
Luego se informó que en el operativo estaban participando Agentes de la Policía Investigadora Ministerial, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Antes, la Fiscalía emitió un escueto comunicado donde informó que se había iniciado una investigación por la desaparición del perredista Juárez Abarca por desaparición por particulares, cometida el viernes y denunciado apenas este lunes, sin mayores datos.

Brian Josué era padrino e iba a ayudar por gusto

Guadalupe Hernández indicó que su hijo, Brian Josué Vargas Hernández, salió de casa a las 4 de la tarde del viernes, luego de recibir una llamada para que fuera al anexo porque había problemas, “y de ahí no tuvimos noticia”, y que ella se enteró este lunes de su desaparición.
Ella indicó que presentó la denuncia este lunes porque fue hasta ayer que se enteró de lo que había sucedido en el Centro de Rehabilitación.
La mujer precisó que su hijo no estaba anexado, sino que al igual que Moisés Tomás Juárez, era padrino, un nombre que se le da a las personas que fungen como apoyo de personas en recuperación por adición, “no le sé decir más porque no tengo más información”.
La mamá de Brian comentó que su hijo es el menor de tres que tiene, y ya no estudiaba, pero se dedicaba a ayudar a otras personas: “a él le decían padrino, para ir a hablar de su experiencia”.

Julio tenía ocho meses anexado; tiene 15 años

La madre de Julio, de 15 años, exigió la presentación de su hijo con vida. María Elena Perez llegó llorando al bloqueo que amigos convocaron a las 4 de la tarde en Paso Limonero.
La señora indicó que a su hijo lo ingresó al Centro Rehabilitación Renovación Espiritual hace aproximadamente ocho meses, y quien ya había concluido su etapa rehabilitación pero se mantenía en el lugar.
“Solo que se los llevaron, y al responsable lo queremos, Hans Christopher García Martínez, que lo entregue, porque le estábamos pagando un servicio”, expresó la mujer.
Dijo que en el lugar no hay cámaras, y que la Fiscalía no le había dado mayor información en la reunión que tuvo al medio día de este martes.
“Sólo quiero a mi hijo vivo, no quiero tomar represalias contra nadie, porque no soy nadie, yo solo quiero a mi hijo vivo”, soltó la mujer en llanto.
La mamá del adolescente dijo que el viernes a la 1 de la tarde tuvo la última comunicación con su hijo, cuando recibió un audio donde su hijo decía que estaba bien, pero ya no supo más.
Indicó que según la información que le habían compartido, una camioneta con emblemas de la Fiscalía llegó al anexo y los sacó, pero indicó que en la reunión en la Fiscalía Regional las autoridades ministeriales negaron tal hecho.

 

Aparece anoche la agente del MP levantada en Coyuca de Catalán tras intensa búsqueda

Ayer, por tierra y aire cuerpos policiacos y militares buscaron a la agente del MP?Jaquelín González Salgado, leventada el lunes en la misma agencia por 20 hombres armados Foto: El Sur

Israel Flores / Redacción

Ciudad Altamirano / Chilpancingo

La agente del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Patricia Jaquelín González Salgado, quien fue leventada por 20 hombres armados en las instalaciones regionales de la Fiscalía General del Estado la tarde del lunes, fue localizada con vida anoche.
La FGE en un comunicado de prensa difundido 20 minutos antes de las 12 de la noche informó que “derivado de los operativos de búsqueda y localización encabezados por esta institución de procuración de justicia, en diversos municipios de la región Tierra Caliente esta noche se localizó sana y salva” a Patricia González.
Indicó que en el momento del comunicado, la funcionria se encontraba “recibiendo atención médica y psicológica, además de que se llevan los trámites correspondientes para ser entregada a sus familiares”.
La FGE afirmó que la localización con vida de la funcionaria pública se logró gracias a las búsquedas en campo en las que participaron agentes de la Policía Investigadora Ministerial, del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Una versión que se conoció anoche fue que González Salgado llegó a las instalaciones de la Fiscalía.
En la mañana, la Fiscalía General del Estado anunció un operativo de búsqueda en la Tierra Caliente de Patricia Jaquelín González Salgado leventada la tarde de este lunes.
En las calles de Altamirano y Coyuca de Catalán se observaron recorridos de patrullas de la Policía Ministerial, junto con el Ejército y la Guardia Nacional (GN).
El grupo mixto llegó desde la noche de este lunes a Coyuca de Catalán. Llegaron elementos entre la Policía Ministerial, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policia Estatal para integrarse a la búsqueda.
Durante el resto del día se observaron dos grupos: uno que recorrió los municipios cercanos a Coyuca de Catalán como Pungarabato y otro que realizó recorridos desde Tlapehuala hasta Arcelia.
En un boletínde prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que como parte de las acciones para dar con su paradero, realiza un operativo que inició el mismo día y continúa hasta hoy (martes), en conjunto con personal de la Policía Investigadora Ministerial, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal para dar con el paradero de la funcionaria.
La búsqueda fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ella participan, además, instituciones de los tres niveles de gobierno y donde la Unidad Aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal está realizando sobrevuelos de búsqueda.
Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, iniciándose los actos de investigación correspondientes y emitiéndose la ficha de búsqueda de Protocolo Alba.
Los recorridos fueron por tierra pero también por aire mediante un helicóptero que sobrevoló la región.
Este lunes se informó que el grupo de unos 20 hombres armados irrumpió en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Catalán, amenazó a los presentes y se llevó a la titular Jaquelín González Salgado, que tenía 15 días en el cargo en esta ciudad.

Familiares pidieron información en redes sociales

La Agencia Reforma publicó que familiares de Jaqueline, de 43 años de edad, también piden en redes sociales que se comparta cualquier dato que ayude a localizar a la víctima de plagio.
“Necesitamos su ayuda de manera urgente. Agradecería de su apoyo compartiendo la publicación para poder encontrar información oportunidad que nos permita localizarla con vida”, dice el mensaje replicado.

Se analiza y se investiga el secuestro: AMLO

En la conferencia mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se analiza e investiga la privación de la libertad de la titular de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, Jaquelín González Salgado.
“Lo estamos analizando, es más se está ya haciendo un trabajo de investigación sobre eso, pero no ocultamos nada absolutamente y lo que nos importa es actuar y que no se cometan estas violaciones, estos secuestros, los crímenes, estamos luchando para pacificar a nuestro país”, respondió el presidente, a la pregunta de un reportero.

 

Dirigentes del PRD piden resultados a la FGE ante la “incesante” violencia

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Alberto Catalán Bastida, y el integrante de la Comisión Nacional de Candidaturas, Evodio Velázquez Aguirre, reiteraron su exigencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) de que investigue y dé resultados ante la “incesante” violencia en Guerrero.
En declaraciones después de la presentación del Comité Estatal del Frente Amplio por México, Catalán Bastida calificó de “estrategia de seguridad fallida” la que se aplica en Guerrero y el país, porque a “casi cinco años del gobierno federal y casi dos del estatal, no vemos resultados”.
Sin embargo, como partido político dijo que “no podemos más que condenar los crímenes y las actividades ilícitas de las que somos víctimas los ciudadanos guerrerenses, y que vivimos todos los días”.
Pero de nuevo cuestionó que no haya una postura del gobierno estatal: “¿Qué dice la gobernadora de esto? ¿Qué dice el secretario general de Gobierno? ¿Qué dice el secretario de Seguridad Pública? ¿Qué dice la fiscal? Están callados”.
Lamentó los asesinatos del fin de semana y de las últimas semanas, “las autoridades se mantienen muy herméticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues cuidarnos, porque no tenemos garantías de seguridad y esta percepción de inseguridad se vive en todo el estado”.
En la conferencia, a propuesta del diputado priista Rafael Navarretese se guardó un minuto de silencio, por las personas que fueron asesinadas en los diferentes hechos de violencia este fin de semana, entre ellos choferes y el empresario José Fuentes Brito y su hijo.
En la conferencia se le preguntó a Catalán si el Frente opositor no está siendo afectado en su discurso contra la violencia y el diálogo con el narco, después de que el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza señaló que Bravo Abarca, cuando era jefe de la oficina del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, le pidió su ayuda para intervenir ante un grupo criminal.
En respuesta dijo: “Son los di-chos de una persona, ¿cuántas veces se le ha pedido al obispo que vaya a declarar? Es un tema muy delicado”. Insistió en que la FGE intervenga y llame a declarar a los involucrados.
Después, Catalán declaró que la FGE debe actuar de oficio e investigar a quienes públicamente hablan de ser amigos y de reunirse con capos.
Por su parte, el ex alcalde de Acapulco e integrante de la Comisión Nacional de Candidaturas del PRD, Evodio Velázquez, informó que este partido propondrá al Frente un protocolo para evitar la postulación de personas vinculadas con grupos delincuenciales.
Dijo que hay “violencia incesante en el país y Guerrero no es excepción, hubo 10 muertos, pero parece que es una constante de todas las semanas”. Pidió a la FGE que concluya y dé a conocer resultados de la investigación contra la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, por su reunión con el jefe de un grupo criminal. Dijo que parecen “constantes” los vínculos entre “instituciones y actores fuera de la ley”.
Reiteró que para el PRD, “será fundamental, de manera transparente, poner en la mesa de este Frente un protocolo que no permita que ningún actor político, que tenga interés de participar y que esté en la sospecha de ser parte o tener vínculos. Por supuesto que se tendrá que pedir su opinión a las instancias de investigación y que puedan ser parte de los requisitos, para que la candidata o candidato pueda estar legitimada”.
Dijo que la Comisión Nacional de Candidaturas va a trabajar este protocolo que será llevado al Frente.

 

Ya no hablará más Norma Otilia de los señalamientos en su contra

El síndico Andrei Marmolejo Valle y la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez, durante la conferencia en el salón Centenario en Palacio Municipal Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y el síndico Andrei Marmolejo Valle, decidieron ya no hablar más sobre los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En la conferencia de prensa de los lunes, argumentaron que el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que serán éstas las que den a conocer los resultados de las investigaciones.
La misma Hernández Martínez ha venido informando que hay dos procesos abiertos en su contra, uno por el caso de la cartulina con un mensaje, que le dejaron junto con siete cuerpos desmembrados la madrugada del 27 de junio, frente a la plazuela del barrio San Mateo; y el segundo, por los videos en los que aparece desayunando con un jefe del grupo delictivo Los Ardillos, quien ha sido identificado como Celso Ortega.
El mensaje que le dejaron en la cartulina dice: “Saludos, presidenta Norma Otilia. Sigo esperando el segundo desayuno, que me prometiste después de venirme a buscar. Con cariño”.
En el mismo lugar fue dejado otro para el síndico Marmolejo Valle, con el siguiente texto: “Síndico Andrei Marmolejo, sigue amenazando a la gente con las licencias comerciales, hijo de tu puta madre, para llevarles las cuotas a Los Tlacos”.
Este lunes, cuando se le preguntó sobre el proceso que se le sigue, la presidenta respondió: “Todo esto, que se ha suscitado en los últimos días, en este momento tratamos de salvaguardar nuestra opinión, derivado de que ya estamos en un proceso de investigación que yo solicité. Yo fui y me puse a disposición, con toda la responsabilidad que me toca, por ser presidenta”.
Añadió que también se guarda su opinión para no caer en alguna controversia, “sin embargo, yo estoy muy confiada de este proceso. Vamos a esperar. Espero que concluya pronto, por lo menos, que sea en los tiempos en que debe ser”.
Con respecto al tiempo que duró su plática con el jefe del grupo delictivo, que fue de unos 40 minutos, según declaró el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza en una entrevista a Quadratin, dijo que de ello ya habló, que “hay muchos opinólogos, pero será la autoridad la que tenga que dar a conocer los resultados”.
Informó que no ha tenido comunicación con la dirigencia nacional de su partido, Morena, porque no le compete atender el caso.
“Este es un proceso de investigación. No está dentro de nuestros estatutos y cuando ya haya un delito comprobado, entonces se emprende un proceso interno. Por eso soy respetuosa, soy consejera y nos queda claro que debemos mantenernos prudentes en estos temas”.
Luego opinó: “Morena no come Morena, eso se sanciona. Si yo llego y hablo mal del compañero, primero hay que arreglar la ropa sucia en casa, porque estamos en un proceso de transformación, como partido, y necesitamos la solidaridad y la sororidad de las mujeres”, dijo, probablemente en alusión a quienes desde su mismo partido le han sugerido que analice pedir licencia al cargo.
La presidenta, quien en sus recientes actividades públicas se la ha visto fuertemente resguardada por militares o por agentes de la Guardia Nacional, como ocurrió el domingo durante el recorrido del pendón de Petaquillas, reconoció que el caso, sin duda, “fue un levantamiento de olas gigantes”, pero presumió que demostró cual “es el carácter que tiene esta servidora. Tomar decisiones no es fácil”.
Dijo que los señalamientos en su contra tienen que ver “con el cambio en la forma de gobernar, por la toma de decisiones, por dar pasos firmes” en su administración.
Un reportero le preguntó por la fotografía en la que aparece con el ex gobernador perredista, Ángel Aguirre Rivero, que circuló en las redes sociales la semana pasada.
La presidenta aseguró que la imagen fue del año pasado y que en su trayectoria ha conocido a varios políticos, algunos con los que ha coincidido, pero que eso no la involucra para hacer alianzas, “es un amigo, hasta cierta circunstancias, y al que yo respeto”.
El síndico Marmolejo Valle fue más parco en cuanto al proceso que le sigue la FGR. Declaró que ya hay una investigación, “hay que esperar los resultados y ellos serán los que den los pormenores de lo que suceda. Hay que ser prudentes respecto a la situación”.

 

Bloquean cuatro horas la carretera familiares de un campesino desaparecido en Tecoanapa

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de Irene Gallardo Luna, de 66 años de edad, amigos y vecinos de la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, de donde es originario, bloquearon durante más de cuatro horas la tarde de este martes, la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, para exigir a las autoridades su localización.
El campesino desapareció el domingo pasado, después de que salió de su casa en su automóvil Nissan Tsuru color verde, informaron sus familiares durante la protesta, que difundieron mediante videos que subieron a Facebook.
El bloqueo lo instalaron a la salida de Buenavista, en donde exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice las acciones de su búsqueda.
En una cuerda, que atravesaron de lado a lado de la carretera, colocaron pancartas con exigencias, además, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta municipal Carmen Iliana Castillo Ávila su intervención para la localización de su familiar.
Se dijeron molestos, porque a tres días de su desaparición no saben nada de él y las autoridades no han investigado su paradero.
Uno de los hijos del desaparecido explicó que decidieron bloquear la carretera, “porque nuestra desesperación es muy grande, ya son 48 horas sin saber nada de él”. Pidió disculpas a los afectados por elbloqueo.
Demandó la presencia de alguna autoridad estatal o municipal, para que asuman el compromiso de intensificar la búsqueda de su padre.
Asimismo, mediante publicaciones en Facebook, ofrecieron una gratificación a quien les dé informes del paradero de Irene Gallardo, quien cuando salió de su casa el domingo vestía una playera gris con rayas rojas y pantalón de mezclilla claro.
“Se gratificará a quien dé razón de su paradero (inbox), su nombre: Irene Gallardo Luna, originario de Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa. Maneja un Tsuru color verde”, publicaron sus familiares.
El bloqueo inició a las 3 de la tarde y se retiró a las 7 de la noche, pero advirtieron que este miércoles van a volver a bloquear si aún no intervienen las autoridades para localizarlo.

 

Se agotarán todas las líneas en el asesinato de Matus, dice subsecretario en la mañanera

El caso del aseinato del preiodista Nelson Matus Peña fue tocado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya abrió una carpeta de investigación y dijo que “se agotarán” todos los móviles posibles.
“Tenemos en este periodo el homicidio de un periodista, Nelson Matus Peña, sucedió el día 15 de junio. Él fue fundador del portal de noticias digital Lo Real de Guerrero. Fue agredido con arma de fuego por dos personas en un estacionamiento, en una tienda en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, Guerrero. Ya la Fiscalía del estado inició la carpeta y las investigaciones referentes a este caso”, dijo Rodríguez Bucio.
Como parte del informe Cero Impunidad, del presidente López Obrador, en su exposición el subsecretario informó que la FGE catalogó al delito como homicidio calificado con arma de fuego.
“La FGE Guerrero inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado con arma de fuego y agotará todas las líneas de investigación correspondientes”, dijo Rodríguez Bucio.
Desde el pasado 15 de julio, la FGE informó que inició la investigación por el homicidio de Nelson Matus, ocurrido ese mismo día, tras recibir disparos por parte de dos personas en el estacionamiento de la tienda Coppel en una plaza comercial de colonia Zapata.
“Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de los servicios periciales, acudieron al lugar de los hechos, para realizar los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos”, puntualizó la Fiscalía. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).

Dictan 50 años de prisión a feminicida de una mujer me’phaa de Malinaltepec: FGE

Después de seis años del feminicidio de Isabel Roque Cortés, el 7 de marzo de 2017 en la comunidad me’phaa La Taberna, anexo de Tlacotepec municipio de Malinaltepec, el agresor fue sentenciado a 50 años de prisión, a pagar una multa de 750 UMA, equivalente a 56 mil 617 pesos, y una indemnización de 381 mil 979 pesos por el daño.
En un boletín la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de Enjuiciamiento Penal declaró la responsabilidad penal del acusado Joviniano “N”, cometido en agravio de Isabel Roque por los hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec.
Añadió que la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Feminicidio aportó los datos de prueba necesarios para obtener la sentencia 50 años de prisión, así como el pago de una multa y el correspondiente a la reparación del daño, con la cual refrenda su compromiso para el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
El 17 de marzo de 2017, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, denunció el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de edad, asesinada por su pareja, Juviniano Galindo. (Redacción / Chilpancingo)