Integrantes de organizaciones manifestaron preocupación durante la reunión del colectivo Guerrero es Primero, ante la violencia, la opacidad en el uso del dinero público, la falta de impulso al campo, y la desatención a los migrantes indígenas y a la salud de los pueblos originarios.
Durante el encuentro en la Universidad Americana de Acapulco la mañana de ayer, durante 40 minutos los integrantes del Colectivo plantearon los problemas que enfrentan en el estado, y criticaron la situación actual ante la crisis económica que atraviesa el país luego del gasolinazo.
El integrante del Movimiento por la Paz, Silvano Torreblanca expresó que la violencia no sólo se encuentra en los desaparecidos y las víctimas, sino que el gasolinazo es una forma de violentar a la población con el encarecimiento de los productos básicos, además de la afectación por el aumento al costo del transporte. Dijo que la delincuencia es la que está gobernando al país, y que el mismo sistema es el que genera la violencia.
En su participación, el vecino de San Miguel Totolapan, Rómulo Reza Hurtado aseguró que el Movimiento por la Paz, creado hace un mes, no está infiltrado por la delincuencia y que está integrado por familias del pueblo que se conocen y que exigen seguridad.
Manifestó que, si bien es cierto que en las comunidades se dedican a la siembra y cosecha de la amapola, los propios pobladores están pidiendo apoyo para instalar viveros y sembrar agave para producir mezcal y exportarlo. Indicó que los agricultores quieren dejar la siembra de amapola y en vez de eso cultivar hasta 200 mil plantas de agave.
Por su parte, José Soto llamó a apoyar a quienes, por necesidad, caen en las manos de la delincuencia a falta de oportunidades de trabajo.
Dijo que, contra las estrategia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se consuman productos hechos en México, y que compren en establecimientos locales y no en grandes centros comerciales.
En su participación, un integrante del recién formado Consejo Municipal contra el Gasolinazo, de Acapulco, llamó a la unidad de las organizaciones para protestar y echar atrás las reformas estructurales que han lastimado al pueblo.
Mientras, el integrante de Política Pública, Carlos Juárez exhortó a los alcaldes del estado a presentar un plan de eficiencia gubernamental, para mantener la austeridad y la eficiencia del dinero público, y para que los programas sociales sean aplicados con transparencia.
De los pueblos negros de la Costa Chica, José Enrique recriminó que el gobierno esté tratando de ocultar la situación real del país luego del gasolinazo y culpó a los medios de ser cómplices, y Juan Faustino González dijo que las actuales políticas el gobierno “nos agreden”, y que no se puede tener paz si no se atiende lo social.
En su intervención, la integrante del Consejo Atoyaquense, Rosa Ruth Rodríguez dijo que la violencia también se extiende a la opacidad y a la falta de transparencia que se manejan en municipios como Atoyac, donde ciudadanos han sido amenazados al pedir información financiera del municipio.
Mientras, la comerciante del mercado de Atoyac, Guadalupe Talavera dijo que en su municipio es el propio alcalde quien genera una violencia generalizada, luego de que desalojó a los comerciantes del mercado Morelos.
Por su parte, la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel denunció la desatención médica en el municipio de Ayutla, y también la falta de seguimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) a las denuncias de tres violaciones a menores, en dos de ellas los padres se negaron a presentar denuncias, pero consideró que son delitos que se deben de seguir de oficio.
En su intervención, la integrante de la Asociación de Indígenas Radicados en Acapulco, Magdalena Valtierra dijo que ninguno de los tres niveles de gobierno ha atendido los problemas de unos 50 mil migrantes indígenas que llegaron a Acapulco en busca de trabajo y para mejores condiciones de vida.
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Otra vez bloquean PRI y aliados en el Congreso exhortos de la oposición contra el gasolinazo
Por segunda ocasión las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM en el Congreso hicieron valer su mayoría y bloquearon dos iniciativas de exhorto propuestas por un diputado del PRD y por el grupo de Movimiento Ciudadano para revertir las disposiciones que permitieron el incremento en el precio de las gasolinas.
Ayer el Congreso local celebró cuatro sesiones para desahogar diversos temas, entre estos los que quedaron pendientes el martes pasado cuando diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna en contra del gasolinazo, situación que obligó a la Mesa Directiva a suspender la primera sesión del año y trasladarla a este jueves.
Las actividades del Congreso se desarrollaron en medio de un dispositivo de seguridad que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno del estado.
En la avenida de El Trébol, a la altura del monumento a José Francisco Ruiz Massieu, fueron instaladas vallas metálicas y había presencia de policías estatales que vestían playeras blancas y llevaban toletes; lo mismo que en el encauzamiento del río Huacapa, sobre la calle que queda frente al estacionamiento del Congreso; y en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, a espaldas del edificio.
Se confirmó que la presencia policiaca era para evitar protestas ante las marchas que se realizaron ayer en contra del gasolinazo y el anuncio que hicieron el miércoles militantes de partidos de izquierda, activistas, médicos, maestros y luchadores sociales de que tomarían la sede del Legislativo.
Pese a ello, la presencia de los policías y la instalación de las vallas no implicó cerrar las calles, por lo que se permitía el paso de automovilistas y transportistas; además no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.
La sesión estaba programada a la una de la tarde, sin embargo comenzó dos horas y media después, pues no se completaba el quórum necesario para desahogar los temas pendientes del martes.
Propuestas de MC y PRD
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una propuesta de exhorto dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para que emprenda acciones que frenen y eliminen los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta incluye también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aplique una política fiscal que impida el incremento en los costos de diferentes productos en el mercado como consecuencia del gasolinazo.
En su exposición de motivos, Mejía Berdeja expresó que en una “época de crisis” económica como la que actualmente padece el país, la peor estrategia es incrementar los impuestos, que es lo que sucede con el aumento en el precio de las gasolinas.
“El gobierno federal ha incrementado los ingresos a costa de la población, el gobierno quiere más ingresos pero exprimiendo a la gente. Siguen los gasolinazos en febrero y con eso se confirma la mentira de que con la reforma energética bajaría el precio de las gasolinas, no hay justificación”, expresó desde tribuna.
Movimiento Ciudadano solicitó que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM, que hacen mayoría, lo rechazaron, y en consecuencia fue turnada a las comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.
De inmediato el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, presentó otra iniciativa por la que el Congreso de Guerrero exhorta a Peña Nieto a que declare suspendidas las disposiciones establecidas en los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación que dieron paso al gasolinazo.
El exhorto se extiende a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que convoque a un amplio acuerdo nacional que defina el marco jurídico que permita diseñar políticas públicas necesarias para reconstruir el modelo de los mecanismos de aprovechamiento de los recursos petroleros.
En su exposición De la Rosa expresó que sabía que el PRI y el PVEM rechazarían su propuesta, y se refirió a la postura del dirigente estatal del tricolor, José Parcero López, quien el miércoles en un comunicado dio a conocer que en la Montaña habrá una marcha en apoyo a Peña Nieto ante las protestas contra el gasolinazo.
“El gobierno lejos de encontrar o buscar la reconciliación le apuesta cada vez más a la polarización. Estamos claros que es un asunto que sale de la esfera del gobierno estatal y de este Congreso, pero llamamos a la sensibilidad de todos para que el Poder Legislativo asuma la defensa de su pueblo”.
El perredista aseguró que hay otros mecanismos para enfrentar la crisis actual y que podrían aplicarse en lugar de subir el precio en las gasolinas.
En este caso Sebastián de la Rosa también pidió que su propuesta fuera resuelta como un asunto de urgente y obvia resolución, sin embargo el PRI y el PVEM volvieron a imponerse, por lo que fue turnada a comisiones.
Ya en la ronda de intervenciones, la coordinadora parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa, reiteró que el incremento en la gasolina es una consecuencia de la reforma energética que, aseguró, sólo beneficia a las empresas privadas extranjeras.
Indicó que es mentira que el gobierno federal no se beneficia con el alza en los precios de la gasolina y que sólo un porcentaje mínimo de los mexicanos resulta afectado con esta medida.
“En esto se denota la falta de conocimiento de la situación de los pobres en el país por parte del Ejecutivo Federal, porque quienes no tienen vehículo son los que más sufren por el alza de los precios de la gasolina y el diesel, los costos del transporte público aumentan, principalmente los de taxis y los de las combis, no se diga los productos de la canasta básica por los altos costos del transporte”, señaló.
Llamó a la unión de “todas las fuerzas de izquierda” con la sociedad civil organizada a fin de rescatar “la riqueza natural de los mexicanos”.
A esa postura se sumó Ricardo Mejía, quien dijo que el aumento en el costo de los combustibles se encamina a la privatización de los hidrocarburos, pues se despeja el camino a la inversión foránea.
“Se busca entregar a los extranjeros nuestras riquezas. Aunado a ello en este sexenio hay un crecimiento desmesurado de la deuda pública del país, esa deuda ha crecido 15 puntos, esto ha generado que hoy el gobierno recurra a la receta de exprimir a la población”.
El diputado del PT, Freddy García Guevara, dijo que el gobierno federal aún no dimensiona el grado de inconformidad que causó la determinación de subir el precio de los combustibles.
Además exigió a la federación que cuanto antes dé a conocer qué estrategia emprenderá para contener los incrementos que se vienen a diferentes productos, principalmente los de la canasta básica.
Refrendó el compromiso del PT para apoyar las movilizaciones de los diferentes sectores de la población, “no nos cansaremos de levantar la voz en contra de quienes quieren beneficiarse de quienes menos tienen”.
Defensa del PRI
En respuesta, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón subió a la tribuna para defender al gobierno federal, y acusó a quienes critican esa medida de asumir una actitud “demagógica y sospechosa”.
Expresó que la liberación del precio de la gasolina es una medida “impopular” pero “fundamentalmente necesaria” para conservar “la salud de la República” y privilegiar el gasto social.
“Los especialistas y el grueso de la academia afirman que esta medida es fuerte, pero postergarla hubiera sido de consecuencias no sólo dañinas sino imprevisibles, tomando en cuenta las constantes variaciones del peso frente al dólar”.
Expresó que extraña la actitud “hasta demagógica, sospechosa, apóstata y populista de quienes engañando al pueblo pretenden distribuir culpas y responsabilidades y erigirse como redentores emergentes de una causa que a todos afecta y a todos golpea”.
Vicario Castrejón explicó que el aumento en el precio de la gasolina no es una cuestión aislada, sino un fenómeno que recorre el mundo, y aseguró que la decisión del gobierno federal fue “dura pero responsable” y que no es consecuencia de la reforma energética o hacendaria.
Antes de su intervención, solicitó que se guardara un minuto de silencio por la muerte del hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, quien fuera diputado local y que murió en la madrugada de ayer por un derrame cerebral.
Pide MC justicia por familia asesinada
En la segunda sesión de ayer, que durante la primera hora se desarrolló sin quórum legal, pues sólo había 20 diputados de 24 que se requieren para validar los acuerdos, Ricardo Mejía fijó una postura por el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, de su ex esposo el médico internista del IMSS de Ciudad Altamirano Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años, ocurridos en Chilpancingo la noche del domingo.
Expresó que si bien el tema de la economía nacional y el gasolinazo han ocupado la mayor atención en el país, uno de los principales problemas al que se enfrentan los guerrerenses es la “violencia imparable”.
“Esta situación de inseguridad sigue preocupando y debe merecer toda nuestra atención. Quiero referirme a la violencia contra universitarios. Hemos venido señalando que la inseguridad afecta la vida de hombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Guerrero, a alumnos, a maestros o gente de los sindicatos”.
Por ello condenó el crimen en contra de la familia Rosado Cabrera, que calificó como un homicidio “cobarde y ruin”, y que se suma al de otros miembros de la UAG que han sido víctimas de la violencia en diferentes municipios del estado.
Desde la tribuna demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento de ese crimen, que se identifique y se detenga a los culpables y se garantice justicia a los familiares.
En las sesiones de ayer se clausuraron los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente y se instaló el primer periodo de receso, por lo que ahora las sesiones se celebrarán cada miércoles.
La Comisión Permanente quedó conformada por Magdalena Camacho Díaz (MC) como presidenta de la Mesa Directiva; Silvia Romero Suárez (PRD) y Eusebio González Rodríguez (PRI) vicepresidentes; y Rossana Agraz Ulloa (PVEM) y Jesús Martínez (PT) como secretarios.
Como vocales fueron electos Flor Añorve Ocampo, Héctor Vicario Castrejón y Saúl Beltrán Orozco del PRI; Sebastián de la Rosa y Rosa Coral Mendoza Falcón del PRD; Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz del PVEM e Iván Pachuca Domínguez del PAN.
Cuestiona Celestino Cesáreo que el PRI organice marcha en apoyo al gasolinazo
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Celestino Cesáreo Guzmán, lamentó que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretenda gobernar como hace 30 años y busque que los ciudadanos de uno de los estados más pobres del país salgan a defender el alza al precio de las gasolinas.
El líder perredista opinó que al parecer el PRI aún no entiende que “el tiempo ha pasado, les hace falta poner a la hora su reloj histórico”.
El dirigente fue consultado por teléfono sobre la reunión del miércoles en la que el dirigente estatal priista, José Parcero López, dijo a los líderes municipales de su partido de cuatro regiones que a pesar de que pudieran no estar de acuerdo con el incremento en el precio de la gasolina, deben acompañar la “decisión constitucional” tomada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En ese sentido el dirigente perredista lamentó que en pleno 2017 el PRI pretenda gobernar a México y a Guerrero igual que hace 30 años, porque es la forma en la que están acostumbrados a dirigir a su partido.
Mientras el PRI pretende que los guerrerenses defiendan el alza de los precios de las gasolinas, dijo que el PRD seguirá invitando “a la gente a rebelarse ante una decisión de ese tipo que va en contra de los intereses de los ciudadanos”.
Consideró que los priistas no tienen razón ni argumentos para defender la decisión que tomó el gobierno federal, “es un acto de desesperación, vamos a esperar con atención”.
Afirmó que los guerrerenses no van a luchar en contra de sus propios intereses.
En la reunión priista que se realizó el martes, se informó que en la región de la Montaña saldrían a las calles “con más de 6 mil gentes para mostrar su solidaridad con el gobernador y con Peña Nieto”.
Celestino Cesáreo afirmó que le parece bien que los priistas se movilicen y que informen a los ciudadanos sobre los beneficios que traerá el incremento al precio de las gasolinas, que como consecuencia tiene el encarecimiento de la canasta básica.
Dijo que la movilización que realizarán los priistas de la región de la Montaña “para mostrar su solidaridad con el gobernador y con el presidente Peña Nieto” es una medida desesperada.
El perredista afirmó que la dirigencia estatal del PRI está recurriendo a la vieja usanza de manifestarse de esta formación política para tratar de “defender lo indefendible”.
Organizaciones sociales y vecinos de Atoyac marchan contra el gasolinazo
Organizaciones sociales y campesinas, amas de casa, profesionistas, estudiantes y vecinos marcharon ayer en Atoyac contra el gasolinazo.
La marcha fue convocada por el Frente Atoyaquense contra el Gasolinazo y partió de las instalaciones de la preparatoria 22 por la avenida Juan Álvarez al Zócalo de la ciudad.
El contingente hizo paradas breves e hizo tomas simbólicas en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y en la de recaudación del gobierno estatal, para protestar contra el alza a los precios de las gasolinas.
La marcha transcurrió sin incidentes; algunas tiendas departamentales y oficinas del gobierno cerraron por precaución, debido a mensajes que se habían difundido en las redes sociales.
En el zócalo el Frente Atoyaquense, en voz del médico Orlando Santiago Garibo, dio lectura a un pliego petitorio que consistió en cuatro demandas de rechazo al gasolinazo y al pacto firmado por partidos con el gobierno federal.
Santiago Garibo destacó que el pueblo de Atoyac regresa a su histórica lucha y hace eco de las que se han iniciado desde el primero de enero en todo el país por el incremento de las gasolinas.
Recriminó que durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto “se han venido acumulando diversas acciones en contra del pueblo, la violencia imparable, la corrupción insultante, comenzando por las casas blancas del presidente y de sus principales funcionarios”.
Abundó en los fraudes millonarios de ex gobernadores y dijo que las reformas energética, fiscal y de educación van en contra de los intereses del pueblo.
Advirtió que el país está por explotar “y una sola chispa puede incendiar toda la paradera, por ello tenemos que encauzar debidamente el descontento social para lograr un verdadero cambio”.
Alertó que el gobierno tiene previstos nuevos gasolinazos para el 4 y 7 de febrero próximo “y a partir del 18 de febrero se tendrán ajustes diarios en función del comportamiento de los precios del petróleo y del tipo de cambio”.
Expuso que rechazan el gasolinazo y el Pacto contra México y demandó el mantenimiento de los precios de las gasolinas y diesel en el nivel de diciembre del 2016.
Asimismo, demandó la liberación de todos los ciudadanos presos injustamente por protestar contra el gasolinazo, “como el caso de los tres protestantes de Durango arrestados cuando se manifestaban ante las instalaciones de Pemex”.
Los manifestantes reiteraron que no harían saqueos en los comercios y que las manifestaciones que seguirán emprendiendo serán de manera pacífica.
Marchan activistas en Chilpancingo en el noveno aniversario del asesinato de un normalista
Unos 100 integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales marcharon en esta ciudad en el noveno aniversario luctuoso del egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y activista Fidel Benítez Rodríguez, y protestaron en contra al aumento al precio de las gasolinas.
A las 11:25 de la mañana los manifestantes marcharon del museo La Avispa a la cruz que se colocó en el carril de norte a sur de la Autopista del Sol, a unos metros de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se encontró el cadáver de Benítez Rodríguez el 26 de diciembre de 2008, ahí hicieron un mitin y luego tomaron de manera simbólica la gasolinería Eva III, donde el 12 de diciembre de 2011 fueron reprimidos normalistas de Ayotzinapa.
En las acciones participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y otras organizaciones.
En el recorrido los manifestantes corearon consignas como “Ayotzi vive, la lucha sigue”, “Gobierno asesino que mata campesinos, gobierno fascista que mata normalistas”, “Fidel, caíste, pero nunca te vendiste” y otras.
Al frente del contingente activistas portaban rosas blancas y cadenas se cempasúchil que colocaron en la cruz de Benítez Rodríguez, también llevaban una pancarta en la que se leyó: “Aguirre Rivero: ¿Verdad que duele la muerte de un hijo? 43 ¿Cómo te la estás pasando hoy?”, en referencia a la muerte de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador perredista a quien los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos responsabilizan de los ataques en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Frente a la cruz de Benítez Rodríguez el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame recordó al integrante de la generación Lucio Cabañas como un buen compañero y activista, responsabilizó de su muerte al ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, al secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero y al secretario Técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, funcionarios que en el 2008 “amenazaron a los egresados de Ayotzinapa” porque no toleraban sus constantes protestas.
Dijo que las organizaciones sociales y magisteriales continuarán conmemorando a los caídos en la lucha social, calificó esa zona de la Autopista del Sol como “el tramo de la muerte”, ya que kilómetros más adelante del punto donde se localizó el cuerpo de Benítez Rodríguez fueron asesinados por policías los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
Los manifestantes lamentaron que la violencia en el estado siga en aumento y condenaron el asesinato de la maestra de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jeany Rosado Peña, su ex esposo el médico internista del IMSS Nicéforo Cabrera Rojas y de su hijo de 13 años Isaac Daniel, para quienes exigieron justicia.
El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García dijo que los manifestantes “estamos aquí para conmemorar y rendir el merecido homenaje a Fidel Benítez, solamente muere a quien se le olvida, pero el compañero fue ejemplo de lucha”.
Se solidarizó con la normal de Ayotzinapa y los universitarios que lamentaron el asesinato de la familia Cabrera Rosado, y exigió a la Fiscalía que esclarezca los hechos.
El secretario general de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica dijo que los tres niveles de gobierno “quieren acabar con la lucha social” porque quienes protestan para exigir justicia, una vida digna y seguridad, incomodan a las autoridades, pero eso no impedirá que sigan manifestándose.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza dijo que el gobierno sólo cambia de personajes, pero que continúa la línea de represión en contra de los luchadores sociales. Acusó a las autoridades de no resolver los problemas del estado y de proteger a los delincuentes.
Manifestó que por la situación violenta en Guerrero, “diferentes sectores” han sido atacados y han caído por las balas de la delincuencia organizada, ante lo que exigió a las autoridades que “hagan que les corresponde”. Advirtió que este 2017 será un año de protestas y que las organizaciones no cederán.
El integrante de la CETEG y subsecretario de Educación de Pueblos Originarios, Taurino Rojas González dijo que “desgraciadamente a lo largo de la lucha nos hemos encontrado con muchos obstáculos, la muerte de Fidel es una muestra de que al sistema no le conviene que la gente proteste y luche, exigimos justicia para todos los compañeros”.
Recordó que desde que las empresas trasnacionales se apoderaron de los recursos naturales del país, los pueblos originarios han sido afectados, pero decidieron organizarse para exigir sus derechos constitucionales y continuarán protestando este año.
Al concluir el mitin los manifestantes entonaron el himno Venceremos y luego marcharon a la gasolinera Eva III, la cual tomaron de manera simbólica en contra del aumento al precio de los combustibles, aseguraron que la reforma energética es una más que atenta en contra del pueblo.
Puntualizaron que ante el gasolinazo, los mexicanos en distintos estados exigen la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, pero en Guerrero las organizaciones también exigen la renuncia del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien pidió un año para acabar con la violencia y no ha logrado disminuirla. Del presidente municipal de Chilpancingo, el también priista Marco Antonio Leyva Mena, dijeron que ambos “son títeres” del gobierno federal.
Marchan 2 mil vecinos con la policía Tecampanera en Teloloapan; reclaman seguridad al gobierno
Más de 2 mil policías comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala, muchos de ellos portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre, así como maestros, mujeres y niños marcharon la mañana de ayer en esta cabecera municipal para conmemorar el primer aniversario de la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera.
En la marcha y el mitin reclamaron el incumplimiento del gobierno estatal para reforzar la seguridad y advirtieron, una vez más, que no dejarán las armas ni su movimiento de autodefensa.
Ayer después de la 1 de la tarde los negocios estaban cerrados, las clases en las escuelas de la cabecera municipal fueron suspendidas, el transporte público se paralizó y la mayoría de las calles lucían vacías, como una muestra de apoyo a la Tecampanera, dijo uno de sus representantes.
A las 11:15 de la mañana inició la marcha en el punto conocido como Las Pilitas en la avenida Independencia que es la principal que va al zócalo de la ciudad, encabezaron la marcha los comunitarios de Teloloapan, siguieron los de Cuetzala y cerraron los del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Algunos llevaban carrilleras con cartuchos de las armas que usan y otros vestían chalecos, al parecer algunos antibalas y todos iban con el rostro descubierto.
También se vio a mujeres, muchas de ellas también portando armas, y niños con algunas cartulinas en las que se leía “gracias policía comunitaria”, y “primer aniversario de la lucha por la paz de Teloloapan”.
En un carro de sonido al frente del contingente de más de 2 mil comunitarios –4 mil según los organizadores– se informó que la movilización era para conmemorar el primer aniversario de de la Tecampanera, la cual surgió en 2016 en contra del grupo criminal La Familia Michoacana, a la que responsabilizan de más de 400 asesinatos ocurridos en cuatro años, así como de las extorsiones, levantones, secuestros y cobros de piso.
La extensa fila de comunitarios a los que ayer se les vio más organizados que en otras ocasiones, caminó al Zócalo de la ciudad pasando junto a la sede del Ayuntamiento, y regresó por la avenida Vicente Guerrero a la carretera federal Teloloapan-Arcelia, en la entrada a la avenida Independencia donde se colocó un templete y hubo un mitin.
En el recorrido se vio a vecinos de la cabecera municipal que ofrecían agua a los comunitarios que iban marchando.
A pesar de la movilización los retenes de revisión y vigilancia permanecieron en las carreteras y en caminos de terracería que dan acceso a la cabecera municipal.
No dejarán las armas, advierten al gobierno
En el mitin que duró cerca de una hora, tiempo que fue cerrada la carretera federal y se paralizó la circulación vehicular, los diferentes oradores advirtieron una vez más al gobierno estatal que no dejarán las armas ni su movimiento, y reprocharon el incumplimiento del compromiso de reforzar la seguridad como ofrecieron las autoridades en la última reunión que sostuvieron.
Uno de los coordinadores de la Tecampanera, quien omitió su nombre, repudió y rechazó que se les vincule con la delincuencia organizada, y afirmó que entre los grupos de autodefensa están campesinos, comerciantes, maestros, transportistas y amas de casa que han decidido cuidar y defender a sus familias, “y son a quienes les han levantado a un hijo o un padre, o les han quitado el poco dinero que durante toda su vida han podido hacer”.
“Esta gente que hoy ven con una escopeta o con un rifle .22 es gente que se cansó de tantos pinches secuestros, de tantos levantones y de tanta extorsión, de que nos quiten lo poco que hemos tenido. Aquí está la gente que se cansó de que los siguieran privando de la libertad y de su vida”.
Otro orador mencionó al vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, a quien le pidió “que en todos y cada uno de sus comunicados diga la verdad, Teloloapan no ha tenido bajas de la policía comunitaria, al día de hoy seguimos en la lucha y seguimos fortalecidos”.
Exigió a la Policía Federal y al Ejército que los apoyen y recordó el caso de “Rosita”, una mujer que los comunitarios detuvieron y después fue liberada por las autoridades en Iguala, “es la encargada de la plaza en Tlapehuala, quien secuestra, quien ordena a quién asesinar y quien está siendo parte del grupo armado que en Teloloapan no queremos”, dijo en referencia a La Familia Michoacana.
“Ayúdennos o váyanse”, gritó a los soldados del Ejército y policías estatales y reclamó la falta de cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo de que se instalarían Bases de Operaciones Mixtas y el reforzamiento de la policía federal y que llegarían agentes de la Marina.
Pidió al Ejército “que nos ayude, que nos apoye y que nos permita hacer las cosas como hasta hoy, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, ayúdennos en esta lucha que hemos considerado justa”.
Otro de los participantes, todos omitieron sus nombres, señaló al gobierno estatal y federal que “la existencia de las policías comunitarias se debe a que ellos han dejado de hacer la chamba que hoy hombres y mujeres han tenido que hacer, porque ellos han sido incapaces de lograr la paz y la tranquilidad”.
Llamó a no permitir protagonismos ni que el movimiento de autodefensa sea el “trampolín” político de nadie y que el movimiento no se “prostituya”.
Otro mencionó el caso de los tres herreros secuestrados y asesinados por delincuentes de La Familia Michoacana, y le dijeron al gobierno que ellos no se rigen por estadísticas sino por hechos y resultados, y que en un año de su conformación ese es el único caso que se ha dado en Teloloapan, que ocurrió en una comunidad.
Dijo que antes de su conformación había un alto índice de secuestros, asesinatos, violaciones, robos a casa habitación, de carros, y extorsiones que ninguna autoridad podía frenar.
También expuso que la venta de drogas a los jóvenes se ha reducido un 90 por ciento a un año de la conformación de la autodefensa.
Uno de los principales coordinadores de la comunitaria le dijo al gobierno que “la policía comunitaria va a continuar para que pueda haber orden y que pueda haber paz en Teloloapan, porque sólo así podemos vivir tranquilos y sólo así podemos evitar los levantones y todos los delitos que se cometían, aunque no lo quieran reconocer el estado y la federación”.
Advirtió que seguirán con su movimiento y su levantamiento en armas “hasta acabar con toda la delincuencia”, y les dijo a los que no participan con el movimiento que de nada les ayuda a estar en sus casas porque hasta allá los pueden a ir a secuestrar como le pasó a él.
Dijo que los comunitarios “no pedimos cuotas” y llamó a quienes lo pudieran hacer “déjense de chingaderas”.
Advirtió a las organizaciones criminales “rojas, amarillas, azules o de las que sean, Teloloapan no se va a dejar, va a luchar y va a pelear hasta la muerte si es necesario”.
Casi al finalizar el mitin, otro de los oradores dijo que el movimiento también se pronuncia en contra del gasolinazo y el alza a los precios de la energía eléctrica, el gas y los productos de la canasta básica.
Al mitin llegó el alcalde perredista Robell Uriostegui Patiño a quien le agradecieron su respaldo a la comunitaria Tecampanera.
Se va la Policía Federal también de la región de la Tierra Caliente para contener protestas contra el gasolinazo
La Policía Federal (PF) se fue otra vez de la región Tierra Caliente, este viernes y sábado los agentes fueron enviados a otras partes de la República, donde hay conflictos sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Lo mismo sucedió en Iguala el jueves pasado.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
El 13 de diciembre se informó de la conformación de una operación de búsqueda del ingeniero Isauro de Paz, quien estaba secuestrado y fue liberado, entonces se anunció, “una fuerza conjunta de 220 elementos para iniciar un operativo de búsqueda y localización, integrada por 120 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 policías federales y 40 estatales”.
Pero la Policía Federal se fue de la región desde el viernes y sábado, fueron enviados a otros estados donde se han incrementado las manifestaciones en contra del gasolinazo.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan principalmente fueron recogidos y dejaron las bases abandonadas. En los hoteles se observan sólo las recientes barricadas que construyeron para su protección.
Debido a que se incrementaron las protestas contra el aumento al precio de la gasolina, se reforzarán ciudades clave, pero no se conoce si los agentes van a regresar.
Esta medida ocurre a menos de un mes de que inició el movimiento de autodefensa en San Miguel Totolapan, el cual provocó el anuncio de una fuerte operación de la Policía Federal en esta zona de San Miguel Totolapan, para brindar seguridad tal y como lo pidió la población.
En 2016 la corporación estuvo sólo cinco meses en Tierra Caliente y de manera intermitente, según los registros del pago de hoteles.
Su última llegada fue el 15 de diciembre, después de cuatro meses de ausencia. Cuando no hay policías federales sólo 80 policías estatales tienen que atender los nueve municipios, tarea que no pueden cumplir porque es mucho territorio y son largas las distancias.
La Policía Federal llegó a la zona en el último mes, pero sólo en tres municipios instaló bases permanentes: Arcelia, Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
A San Miguel Totolapan los agentes entraban constantemente, pero sin quedarse. El resto de los municipios: Cutzamala, Zirándaro, Tlalchapa, Ajuchitlán y Tlapehuala, no tienen la presencia de ninguna corporación, sólo hay recorridos esporádicos de grupos militares.
Recién el jueves los 200 agentes de la Policía Federal que estaban al frente de la seguridad en Iguala fueron enviados a la Ciudad de México, para contener las protestas y saqueos provocados por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.
Salen de Iguala 200 policías federales; los envían a contener protestas por gasolinazo
La mañana de ayer los 200 agentes de la Policía Federal (PF) que estaban al frente de la seguridad en este municipio fueron enviados a la Ciudad de México para contener las protestas y saqueos por el gasolinazo, la seguridad quedó a manos de policías municipales desarmados y algunos estatales.
En los tres accesos a Iguala por Chilpancingo, Taxco y Teloloapan los agentes de la Policía Militar mantienen los retenes de vigilancia y revisión, en donde también tienen perros entrenados para la detección de armas y enervantes.
Según información proporcionada por el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Domingo Tlatempa Vázquez, a partir de la madrugada de ayer y hasta antes de las 10 de la mañana, los federales que estaban en Iguala abandonaron el cuartel de la policía y fueron trasladados a la Ciudad de México.
Informó que tras la salida de los federales, ahora son los cerca de 74 policías municipales desarmados y algunos estatales quienes están al frente de la seguridad del municipio.
Otra fuente consultada informó que los policías federales, quienes apenas habían llegado el 25 de noviembre a la ciudad, fueron enviados a otros estados para contener las protestas y saqueos que se están dando en protesta contra el gasolinazo.
Ayer por la tarde en una visita hecha al cuartel de la Policía Municipal, y que es el mismo que ocupaban los federales, ya estaba vacío y en el lugar sólo había un guardia municipal quien también confirmó la salida de los federales en el transcurso de la mañana.
Apenas el 25 de noviembre los federales habían llegado a la ciudad para dar seguridad, luego del anuncio del gobierno estatal y federal para reforzar la seguridad en dicho municipio y otros de la entidad en los que hay brotes de violencia.