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Falta identificar a dos víctimas del terrorismo de Estado exhumadas hace un año en Ajuchitlán

Familiares de víctimas de la guerra sucia, Bartolo Hernández, María Eloy, Antonina Rojas y Octaviano Serrano en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Dos víctimas de la etapa de terrorismo de Estado, también llamada guerra sucia, ejecutadas por el Ejército cuyos restos fueron exhumados en Ajuchitlán del Progreso hace un año no han sido identificadas genéticamente, debido a la falta de material de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación, señalaron familiares.
En la conferencia Antolina Rojas relató la ejecución de su padre, primo y tíos a manos de militares en la comunidad Los Espadines en 1967. “Éramos muy niños, ese recuerdo no lo puedo olvidar”, expresó con llanto.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le exigieron investigar la actuación del Ejército en la entidad en esa época, castigo a los militares culpables y la reparación del daño.
Ayer al mediodía en el Sindicato de Redactores de la Prensa de Chilpancingo, hijos de personas desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas de 1967 a 1971 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente, denunciaron la omisión de las fiscalías y del gobierno federal.
Octaviano Gervasio Serrano del Colectivo de Esposas Hijos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez y Estela Arroyo de la Asociación de Ejidos y Comunidades, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, recordaron que del 4 al 8 de septiembre de 2023 fueron recuperados por autoridades estatales y federales, con ayuda de familiares, los cuerpos de siete víctimas.
La exhumación fue en fosas clandestinas en las inmediaciones de Los Espadines y en el cerro Las Desdichas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Las víctimas recuperadas que fueron identificadas genéticamente son Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, que al momento de su ejecución tenía 14 años.
Hace falta por identificar a Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
Octaviano Gervasio -hijo de Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido el 26 de julio de 1974 y cuyo nombre se encuentra en las listas de los vuelos de la muerte- señaló:
“En la Fiscalía estatal nos aseguran que sí es posible identificarlos genéticamente, pero que no cuentan con los reactivos o materiales adecuados, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que se logre la identificación de las otras dos víctimas”.
Pidió además la búsqueda y exhumación de José Santos González, una octava víctima desaparecida.
El abogado ha informado que en la sierra habría los cuerpos de otras 13 personas ejecutadas por soldados en una operación de Estado que masacró y desapareció a cientos de campesinos inocentes de la sierra, con el pretexto de combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Bartolo Hernández Rojas, hijo de Apolonio Hernández Bernardino, exigió justicia y reparación del daño.
“Fue un terrorismo allá en la sierra, nuestros padres eran campesinos y criaban cabras”, describió.
Estela Arroyo, hija de Alejandro Arroyo Cabañas, sobrina de Isaías Castro Velázquez y nieta de Sóstenes López Cienfuegos expresó:
“Le pedimos a la presidenta Claudia que nos ponga atención, para que se nos haga justicia, ya que los presidentes pasados nunca lo hicieron.
“Queremos que en este gobierno se dé la verdad, se castigue a los culpables y se repare el daño a las víctimas”.
Aseguró que tienen la certeza que las otras dos víctimas no identificadas por la FGE son Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
“Son ellos, sus hijos que eran pequeños vieron la forma en que el Ejército los masacró”, dijo Estela Arroyo.

“Éramos muy niños. Los acabaron a todos”

En la conferencia la señora Antolina Rojas Bernardino -hija de Bartolo Rojas Nazario- narró la madrugada del 20 de diciembre de 1967, cuando cientos de militares irrumpieron en Los Espadines.
“Yo vi cuando llegó el Ejército muy temprano cuando sacaron a mi padre, a mis tíos, y a mi primo Pablito. Ese recuerdo no lo puedo olvidar”.
“Éramos siete niños, por eso no fuimos a la escuela. Estábamos dormidos todavía cuando escuchamos la balacera y llegó alguien corriendo que dijo ‘ya cayó Gervasio (Bernardino Durán), fue el primero que cayó mi tío, hermano de mi madre”.
“Ya mi papá se fue, yo anduve con él corriendo, las balas nos pasaban por los pies. Mi papá se vistió de mujer para que no le tiraran, pero de todos modos lo encontramos tirado, ya muerto, sin vida. Yo vi cuando pararon algo con patas como eso (un tripié) y cayeron muchas bolitas de colores (luces)”.
“Yo pensé que mi padre se había salido de la comunidad. Ya cuando dice mi mamá ‘baja vamos a traer a tu papá’”.
En ese momento las lágrimas le brotaron a Antolina y detuvo el relató
“No puedo pues, todavía lloró, me da pena llorar”, expresó.
Suspiró profundamente y continuó:
“Éramos muy niños. Los acabaron a todos. Yo vi cuando iban corriendo Pablito y Francisco. Pablito era un jovencito de 14 años, ahí cayó boca arriba junto con mi tío Francisco. A todos los acabaron, a nosotros nos pusieron las armas, a mi mero me anotaron (apuntaron), yo tuve miedo, iban vestidos de verde”.
“Se llevaron todo lo que teníamos, jabón, todo, no se llevaron las gallinas porque no pudieron”.
Lo que pide, dijo, es justicia.
“Yo tengo fe en la doctora, presidenta de nuestro país (Claudia Sheinbaum), que sí nos va a hacer justicia”.

La Sedena ocultó, alteró y mutiló archivos de la guerra sucia, denuncia comisionado de la verdad

Recreación de los vuelos de la muerte. Gráfica de Rocío Urtecho, una de las ilustraciones del reportaje Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte, de Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles, de Fábrica de Periodismo, publicado en El Sur el 26 de noviembre de 2023

Ramón Gracida Gómez

En una conferencia virtual sobre la reconstrucción visual de los Vuelos de la muerte de la base aérea de Pie de la Cuesta, el comisionado de la Verdad, David Fernández Dávalos dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desacató la orden presidencial de abrir los archivos militares de la guerra sucia, los ocultó, alteró y mutiló.
Informó que el Ejército les entregó a los comisionados sólo la tercera parte de la versión testada de la investigación militar de 2002 que da cuenta del lanzamiento de personas al mar, y hace un mes les avisó que no iban a entregar el resto de los documentos porque inició una averiguación previa.
Alicia de los Ríos Merino, hija de una de las presuntas víctimas de Pie de la Cuesta y homónima de ella, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que reciba a los familiares de las víctimas, demandó el acceso a los archivos militares y la continuación de las inspecciones en Pie de la Cuesta y otras bases militares, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca se involucró en el trabajo de la Comisión de la Verdad.
El webinar comenzó a las 11 de la mañana de ayer, duró casi dos horas y fue transmitido en las redes sociales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Fue proyectado el video de la recreación audiovisual de los Vuelos de la muerte, del que informó El Sur el 25 de marzo y que se basó en la investigación militar de 2002 contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, al igual que en trabajos periodísticos y fotografías satelitales de Estados Unidos.
Uno de los comisionados del Mecanismo de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, David Fernandez Dávalos, hizo un repaso del trabajo del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico desde julio de 2022 y los “muchos obstáculos” que tuvieron, pese al decreto presidencial que creó la Comisión la Verdad y los facultaba para consultar los documentos relacionados a las violaciones de derechos humanos de 1965 a 1990.
Los comisionados y la Sedena firmaron el compromiso de acceder a los archivos, “tengo que decir que al principio la Sedena mostró una disposición inicial a colaborar pasivamente; nos dejó entrar a los archivos, incluso pudimos entrar al almacén para saber qué había”, contó Fernández Dávalos.
Sin embargo, añadió, “esa colaboración pasiva se convirtió en una franca obstrucción; con esto, en nuestra opinión, el Ejército, la Sedena, estaba desacatando el decreto presidencial, las órdenes del comandante supremo (Andrés Manuel López Obrador) y también levantando los acuerdos que habíamos firmado y a los que habíamos llegado”.
Siempre hubo obstáculos, pero a partir de septiembre del año pasado “estas negativas a colaborar se multiplicaron, incluso, nos llegamos a dar cuenta nosotros, nuestras investigadoras e investigadores, que el personal militar del archivo o de los archivos incurría en prácticas de ocultamiento de información, que alteraban algunos de los expedientes, mutilaban incluso algunos archivos y llegaron a inutilizar parcial o totalmente algunos expedientes”.
El comisionado puntualizó que los militares “no actúan sin indicaciones superiores, es decir, de la cadena mando”, y su negación viola distintas leyes.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presentó alrededor de 150 solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 70 por ciento han sido respondidas de manera negativa.
De la solicitud a la investigación militar de 2002, la Sedena les dio una tercera parte de la versión testada y hace aproximadamente un mes les dijo que ya no les iban a dar el expediente completo porque se había iniciado una averiguación previa y el documento solicitado se volvía confidencial.
Los comisionados también solicitaron los nombres de las personas arrojadas al mar y la Sedena respondió “que no existe testimonio escrito sobre esto que hemos solicitado”.
Fernández Dávalos dijo que “los obstáculos que hemos encontrado son una muestra clara de que existen todavía dentro de la estructura del Estado, factores de persistencia que establecen vínculos con ese pasado infausto y con el presente violento que todavía nos agobia en el país”.
Alicia de los Ríos Merino, hija de la militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978 y uno de los casos mencionados en la recreación de los Vuelos de la muerte como posible víctima de este crimen, dijo que el video de 14 minutos sintetiza 46 años de búsqueda.
En la sección de preguntas, la historiadora hizo un llamado a López Obrador reciba a los colectivos de familias de desaparecidos para que conozca el balance que tienen de su gobierno y pedirle que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico acceda a los archivos militares.
Acusó que la FGR no acompañó el trabajo de la Comisión de la Verdad ni estuvo presente en ningún evento, argumentando autonomía, por lo que pidió que se le giren instrucciones a la Fiscalía y la Sedena para colaborar en los últimos meses de la Comisión de la Verdad y continuar con las inspecciones en el Campo Militar Número Uno y las bases de Pie de la Cuesta y Culiacán.
Irma de los Ríos Merino, hermana de la víctima de desaparición forzada, agradeció entre lágrimas el trabajo de la recreación audiovisual, y otra de las hermanas, Irene, pidió al nuevo gobierno que dé continuidad a la búsqueda de los desaparecidos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos, dijo que la investigación militar de 2002, “nunca debió realizarse en el fuero castrense por la naturaleza propia del crimen y por la afectación que generó al derecho a un juicio imparcial, independiente, en razón de la naturaleza que en democracia debe tener la jurisdicción militar, esto es, una jurisdicción de alcance excepcional, acotada y limitada”.
César Contreras León, del Centro Prodh, fungió como moderador del webinar y dijo que si el Ejército no reconoce estos crímenes será difícil que las nuevas generaciones vivan en un México en paz y sin violaciones a los derechos humanos.
Evan Grothan, del Situ Research, el grupo de investigadores encargado de la reconstrucción visual de los Vuelos de la muerte, explicó cómo llevaron a cabo la reconstrucción de la base aérea de Pie de la Cuesta a partir de fotografías satelitales y en particular, de una foto de una estructura conocida como Bungalow, donde estaban recluidas las víctimas antes de ser ejecutadas lanzadas al mar.
Después de la conferencia virtual, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico recapituló en su cuenta de X (antes Twitter) las fechas del proceso de la solicitud de información que comentó Fernández Dávalos de la investigación militar de 2002, el requerimiento de la FGR de una copia de este documento por el que se le consideró reservado y el recurso de revisión del Mecanismo que aún continúa; pide a la Sedena abrir sus archivos.

Revelan documentos que el Ejército no veía como amenaza militar a Genaro y a Lucio

 

Ramón Gracida Gómez

(Primera parte)

Expedientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan las acciones de contrainsurgencia del Ejército mexicano en el Plan Telaraña con el fin de “erradicar las gavillas” de los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, de este último se conmemora hoy 2 de febrero el 52 aniversario de su muerte.
Los informes consultados mediante la plataforma digital Archivos de la Represión, que aglutina miles de documentos oficiales que recabó la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero, muestran las operaciones de los militares para encontrar y “destruir a los maleantes” y las detenciones de decenas de campesinos, que aparecen en la lista de desaparecidos.
Archivos de la Represión es una plataforma digital auspiciada por la organización internacional pro defensa de la libertad expresión Artículo 19, y aglutina 310 mil fotografías de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN) y provienen principalmente de la Sedena y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Un documento titulado Plan Telaraña, Guerrero, 1971 y escrito por la Sedena en marzo de aquel año, contiene información minuciosa de la implementación de este plan de contrainsurgencia en el estado de Guerrero.
Artículo 19 destaca que las 12 fojas mecanografiadas cuentan con las firmas del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Roberto Yáñez Vázquez, y del titular de la Sedena, Hermenegildo Cuenca Díaz. Corría el primer año de gobierno de Luis Echeverría, quien falleció el 9 de julio de 2022.
En un apartado de información general, la Sedena escribe que la “presencia y actividad de los facinerosos en regiones del estado de Guerrero, no representa una amenaza desde el punto de vista militar. Sin embargo, el Gobierno Federal ha decidido poner en ejecución un plan general tendiente a impulsar la economía del Estado por medio de un programa intensivo de alfabetización, electrificación, dotación de agua potable, abaratamiento de comestibles, atención médica, etc., con el fin de restar bandera al supuesto movimiento de los facinerosos”.
Agrega que el “Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana intervendrán dentro de dicho plan poniendo en práctica uno particular, orientando el esfuerzo medular al desarrollo de acción social en beneficio de la población civil de las regiones más apartadas. Paralelamente se recabará información que proporcione elementos de juicio para llevar a cabo una acción militar en contra de los maleantes. Con lo anterior se buscará consolidar la confianza del pueblo en su Ejército”.
La misión es “cooperar con el Gobierno para erradicar las pugnas fratricidas y la existencia de gavillas que han estado actuando con el Estado de Guerrero”.
Son tres acciones principales, la búsqueda de información, labor social, “y como último recurso y sólo para erradicar las gavillas, una acción militar propiamente dicha, tendientes todas ellas a localizar y neutralizar la causa de la intranquilidad en el Estado de Guerrero”.
Dentro de las prescripciones generales, se indica que “en todos los casos, la actuación de los elementos militares se regirá por la observancia y aplicación de procedimientos de operaciones irregulares en su aspecto relativo a contraguerrillas”.
El documento Plan Telaraña: Diario de actividades, Guerrero, 1971 revela la detención de varias personas entre el 17 de abril y el 18 de julio de aquel año, inicio y fin de la información plasmada en el expediente. Cada foja contiene el itinerario realizado cada día.
Entre los detenidos se encuentran Onésimo Barrientos y Ezequiel Barrientos Dionicio, quienes fueron capturados, según el informe, entre la noche del 30 de abril y el primero de mayo en Las Parotas. También fue detenido Agustín Barrientos Flores en Rincón de las Parotas.
Onésimo Barrientos es padre de Ezequiel Barrientos, y ambos aparecen en la lista de víctimas de desaparición forzada del informe de la Comverdad.
Un testimonio de dicho informe menciona que ambos “fueron detenidos llevados al cuartel, ahí nos amarraron de pies y manos y nos tiraron a otros carros y nos llevaron a la Base Militar de Pie de la Cuesta, ahí nos separaron y después ya no volvimos a saber más de ellos”.
Por su parte, Agustín Barrientos Flores aparece en la lista de víctimas de desaparición forzada transitoria, es decir, una persona que “es objeto de desaparición forzada pero tiempo después es puesta a disposición de la autoridad judicial, o recobra su libertad”, explica la Comverdad.
En la recapitulación de las acciones realizadas el 11 de mayo de 1971 se menciona la detención de Sixto Flores, cuyo segundo apellido es Vázquez. Es acusado de ser “colaborador inmediato de Genaro Vázquez”, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Flores Vázquez forma parte de la lista de la Comverdad de víctimas de desaparición forzada transitoria.
Los expedientes también revelan los enfrentamientos que tuvieron con diversos grupos. El 28 de junio la 27 Zona Militar informó que a las 14:15 horas “en el rumbo de la Paraíso”, el subteniente Florencio Salvador Sánchez Garduño del 32 Batallón de Infantería, “con personal a su mando sostuvo encuentro con maleantes de quienes se desconocen los nombres”, de los cuales murieron cinco.
El anexo Reconstrucción Histórica, que forma parte del informe de la Comverdad,-ambos documentos descargables en la página Archivos de la Represión-, precisa que el enfrentamiento fue con guerrilleros de la ACNR, y también desconoce los nombres y el lugar donde quedaron los cuerpos de las bajas de los “insurgentes”. Del otro bando quedó herido el soldado Agustín Arismendi.
El 10 de mayo el comandante del 48 Batallón de Infantería comunicó que tenía conocimiento que la “gavilla” de Genaro Vázquez merodeaba la población de Tlaxcalixtlahuaca, San Luis Acatlán, identificando a Custopio Altamirano como un integrante del grupo de la ACNR, por lo que se desplazaba a esa región para “investigar la veracidad de la información y proceder a destruir a los maleantes si resulta positiva”.
Los militares también se guiaban por lo que decían habitantes de las comunidades de la sierra de Guerrero. El 13 de junio se informa que Desiderio Pineda Flores, vecino de la Sierrita, Tecpan, comunicó que “oyó que en el área de los poblados El Tigre-Los Pasitos-Fresnitos del Mpio. Ajuchitlán, Gro., se encuentran Genaro Vázquez y Lucio Cabañas”, líder del Partido de los Pobres (PDLP). También buscaron al líder de la ACNR en la zona de Campo Morado y Puerto del Gallo.
La secrecía para el resto de la sociedad era tal que el 24 de mayo se anota que la 27 Zona Militar informó que había adoptado “las siguientes medidas de seguridad dentro de las Operaciones del Plan Telaraña: Ha negado información a la Prensa y tratados los asuntos nivel Comandante de Unidades empleando la clave”.

La guerrilla de Lucio Cabañas no aprovechó el secuestro de Figueroa, dice un sobreviviente

El profesor Félix Bautista Matías en la conferencia “La actuación de un profesor revolucionario” en el foro Vida y obra del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el auditorio de la UPN Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 49 años del asesinato del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, uno de los sobrevivientes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres (PDLP) atacada por los militares el 2 de diciembre de 1974 en el Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, Pedro Martínez, reconoció que no supieron aprovechar el secuestro del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
En tanto que otro de los integrantes de la guerrilla, Félix Bautista Matías consideró que de las 10 acciones armadas “más brillantes” de la guerrilla, el secuestro del senador Figueroa fue la más importante, pero que también, lamentablemente, marcó “el inicio del fin”.
Ambos sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cabañas participaron ayer en el foro: “Vida y Obra del Profesor Lucio Cabañas Barrientos” que realizó la organización Directorio del Poder Popular en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
En el foro hubo dos mesas, en la mesa 1 se disertó sobre el tema Lucio Cabañas Barrientos: Ideario Sostenido; impacto local, nacional e internacional.
En ella participaron la maestra Eneida Martínez Ocampo, con el tema: Lucio Cabañas Barrientos: Un luchador social incansable, así como el investigador Rodolfo Echevarría Martínez quien disertó: Relatos sobre la vida y obra del profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, y el maestro Enrique Condes Lara con el tema Relaciones de Lucio Cabañas Barrientos y el Partido de los Pobres en la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En la mesa 2: Del Movimiento de Autodefensa al Partido de los Pobres, participaron el historiador Francisco Ávila Coronel con el tema La Guerrilla del Partido de los Pobres; un Balance sobre su Legado para un México más Justo y Democrático; también el profesor Pedro Martínez, con el tema Etapas del movimiento armado en la Sierra de Guerrero, y el profesor Félix Bautista Matías, con La actuación de un profesor revolucionario.
Pedro Martínez, uno de los seguidores de Lucio Cabañas que sobrevivió al ataque del 2 de diciembre de 1974, reconoció que el secuestro del senador Rubén Figueroa no se supo aprovechar.
Recordó que lo secuestraron para exigir beneficios para el pueblo y lograr la liberación de todos los presos políticos, así como para obtener recursos económicos.
Contó que a pesar del crecimiento cuantitativo de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, con el secuestro, no hubo los cambios cualitativos profundos, porque la guerrilla no tenía el músculo para resistir la embestida criminal, luego de que las fuerzas armadas fueron convocadas por el gobierno y los capitalistas para rescatar a Figueroa a costa de detener, torturar, asesinar y desaparecer a comunidades que fueron arrasadas.
Agregó que esta situación “marcó la debacle del movimiento armado en la sierra, al no haber el suministro de alimentación ni siquiera para los campesinos de las comunidades, es decir, le quitaron el agua al pez”.
Otro de los sobrevivientes de la guerrilla, Félix Bautista Matías, dijo que el 2 de diciembre de 1974, 200 soldados del Ejército atacaron a la columna de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del PDLP, y que no hubo capacidad de respuesta porque la represión era inmensa, debido a que, según fuentes oficiales, tres cuartas partes del total del Ejército se había trasladado a Guerrero para combatir a la guerrilla de Lucio Cabañas en la sierra de Atoyac.
Recordó que para 1974, la guerrilla de Lucio Cabañas, ya había tenido las 10 acciones armadas más brillantes, es decir, emboscas al Ejército “con saldos favorables para la guerrilla”.
Agregó que en ese año ocurrió el secuestro del senador Rubén Figueroa, “una de las acciones de la guerrilla más importantes, pero también el pretexto para la intervención y represión militar en contra de Lucio y de los pueblos campesinos, donde había formado su base social. Fue, lamentablemente, el inicio del fin”.
Dijo que es importante recordar estos pasajes para mantener la memoria histórica y saber por qué ocurrieron estos hechos, cuál fue el contexto en que surgió la guerrilla, quién era Lucio Cabañas, de dónde vino y cuáles eran sus ideales.
Bautista Matías subrayó que ese 2 de diciembre falleció no sólo un guerrillero, sino un maestro “y un compañero que se ha vuelto un símbolo de las luchas populares, de las resistencias sociales e indígenas de nuestro estado”.
Celebró que por primera vez, este 2023 se haya incluido en los libros de historia de la Secretaria de Educación Pública (SEP) su participación en la guerrilla.
A Lucio Cabañas se le menciona en el libro para profesores; Un Libro sin Recetas para Maestras y Maestros, en el capítulo Soñar para Asaltar el Cielo.
“Mencionar estos hechos en los libros y reconocer los acontecimientos reales, describir al Estado represor de los años sesentas y setentas es hacerle un poco de justicia a Lucio Cabañas, “aunque a un sector de la derecha conservadora de nuestros días no le guste”, dijo Bautista Matías. Cuestión que a diferencia de lo que muchos piensan ese 2 de diciembre de 1974, las armas del Ejército mexicano, “no se vistieron de gloria, sino de sangre y de vergüenza”.
Antes, el historiador Francisco Ávila, dijo que Lucio Cabañas no era un hombre violento, sino que su movimiento armado inició por la política de maltrato, de los caciques y gobiernos locales que provocaron indignación y un profundo coraje.
Dijo que ha escuchado, sobre todo de los caciques y priistas de Atoyac, que el PDLP “inventó” los secuestros, “pero esto tiene que quedar bien claro, el PDLP no heredó a esta sociedad la violencia que estamos viviendo ahora, el PDLP lo que buscó fue agarrar a aquellos que eran los explotadores, los meros cabecillas que tenían el circuito de los matones en toda la Costa Grande, eso no es nada nuevo ni sorprendente, los principales que operaban eso, esos son los que fueron secuestrados”.
Pero lamentó que esa parte de la historia no les llegue a los jóvenes ni la entienden a pesar de que es muy importante.
Añadió que a las nuevas generaciones les hace falta entender el sentido de estas luchas, “y el sentido tiene que ver precisamente con la búsqueda de un mundo mejor en colectivo y no en lo individual”.
Al foro asistieron unas 50 personas, principalmente académicos y estudiantes de la UPN, integrantes de organizaciones sociales y los diputados de Morena, Osbaldo Ríos Manrique y Marco Tulio Sánchez.
El foro terminó con las consignas: “Lucio vive, la lucha sigue”, y en solidaridad con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos hubo consignas de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Los asistentes se solidarizaron con los reporteros que fueron baleados el martes en Chilpancingo y gritaron un “Vivan los periodistas de Guerrero”.

Relata que militares la violaron, otro perdió un ojo por la tortura; ambos eran adolescentes

Familiares de víctimas de la guerra sucia en conferencia de prensa en Acapulco este martes, Guadalupe Gutiérrez Fuentes y Alba Fuentes Organista, Tita Radilla y el defensor de derechos humanos Abel Barrera e integrante de la Comisión de la Verdad, en el Centro de Convenciones de Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

La señora Elva Fuentes Organista y el señor Guadalupe Gutiérrez Fuentes tenían 15 y 16 años cuando fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Pie de la Cuesta. Este lunes regresaron como parte de los recorridos organizado por la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990, la guerra sucia, a ese luegar en donde sufrieron tortura mientras estuvieron retenidos ilegalmente.
Se los llevaron debido a una campaña militar en busca del líder guerrillero Lucio Cabañas, en la que el Ejército ocupó gran parte del municipio y desapareció a más de 700 ciudadanos, según el registro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).
Entrevistados al salir del lugar recordaron momentos que ya no tenían presente pero que volver a ese espacio los “despertó”.
Ambos estuvieron en la conferencia que ofrecieron los integrantes de esta Comisión de la Verdad de la guerra sucia en el Centro de Convenciones.
Fuentes Organista dijo que ella tenía 15 años cuando fue sacada por la extinta Policía Judicial, ahora Policía Ministerial, “me sacaron de mi casa yo no lo entiendo, era una persona inocente”.
Antes de seguir su relato la mujer tomó varias bocanadas de aire y soltó en llanto, dijo que recordar e ir al lugar donde fue abusada y torturada siendo una niña, le recuerda momentos traumáticos.
Relató que a ella le daban descargas eléctricas, la manoseaban, “muchas cosas que me duele recordar”.
Recuerda y supone que a las personas a las que escuchaba que le pegaban eran a su padre y a su tío, porque a ella siempre la tuvieron vendada y en un baño.
Este lunes regresó y reconoció una barda que vio desde un pequeño hueco del baño en el que estaba en un segundo piso.
El señor Guadalupe Gutiérrez Fuentes dijo que fue detenido en la comunidad de San Francisco del Tibor, Atoyac, junto a otros 17 campesinos, entre estos sus hermanos y otros familiares por militares del 50 Batallón de Infantería, y lo llevaron al cuartel militar donde estuvo un mes.
En tres ocasiones el hombre paró su narración y lloró. Dijo que a él le daban descargas eléctricas en los testículos, su cabeza la introducían a un tambo con agua, “es muy triste porque vuelvo a recordar cuando era un adolescente de 16 años”.
Dijo que los actos de tortura eran con la intención de saber en dónde había “armamento y propaganda”, pero él desconocía de eso. Al mes y 8 días lo trasladaron a la cárcel civil de Acapulco donde estuvo dos meses y luego lo dejaron libre.
Después volvió a ser detenido en la colonia Azteca por la Policía Judicial, “me torturaron y preguntaban nombres de gente y apodos”, luego lo llevaron a la Base Naval donde siguió la tortura, y ahí perdió la vista del ojo izquierdo debido al tormento.
Agregó que una noche sacaron a todos los detenidos y que estaban en el lugar a la zona de playa, de donde se escucharon ráfagas de tiros y luego se escucharon detonaciones como si los estuvieran rematando, a él lo entregaron a la cárcel pública de donde después fue liberado.

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.

 

Solicitan se declare en desacato al Estado por incumplimiento de la sentencia del caso Radilla

Las hijas del dirigente campesino desaparecido por soldados del Ejército en 1974, Agustina, Tita y María del Pilar Radilla Martínez y el subdirector de la CMDPDH, Víctor del Pozo Foto: Cencos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares del líder campesino desaparecido en Atoyac en 1974 durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, en compañía de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declare en desacato al Estado mexicano, por incumplir la sentencia emitida.
En un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se explica que el 23 de noviembre de 2009 la Coidh dictó sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que la sentencia declaró responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de que se ordenaron medidas de reparación del daño.
Asegura que a pesar de la vinculación de la sentencia emitida, el Estado mexicano ha incumplido respecto a las medidas de reparación concernientes al caso.
“La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia”, se lee en el comunicado.
De igual forma se enlistan tres acciones directas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se solicita que se declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia emitida.
“Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, se informa en el comunicado.
Las otras dos acciones son que se adopten medidas de supervisión reforzadas para que el Estado pueda rendir informes en una periodicidad corta y evitar “otro daño irreparable. Además que se convoque a una audiencia para que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas.
Por otro lado se consideran acciones a realizar dentro del plano nacional, indicando que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades involucradas.
Además buscan que la CNDH emita una recomendación donde se pida al Congreso de la Unión que se cree una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que las decisiones internacionales dejen de estar bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
También, piden a la Corte Interamericana convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que se adopten medidas para el cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Se solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones para asumir su labor consitucional “con diligencia” que pueda llevar a las personas responsables ante la justicia.
Rosendo Radilla fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, a los 60 años. Fue detenido por un retén militar y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sitio donde fue visto por última vez.