Falta identificar a dos víctimas del terrorismo de Estado exhumadas hace un año en Ajuchitlán

Familiares de víctimas de la guerra sucia, Bartolo Hernández, María Eloy, Antonina Rojas y Octaviano Serrano en conferencia de prensa Foto: Jessica Torres Barrera

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Dos víctimas de la etapa de terrorismo de Estado, también llamada guerra sucia, ejecutadas por el Ejército cuyos restos fueron exhumados en Ajuchitlán del Progreso hace un año no han sido identificadas genéticamente, debido a la falta de material de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobernación, señalaron familiares.
En la conferencia Antolina Rojas relató la ejecución de su padre, primo y tíos a manos de militares en la comunidad Los Espadines en 1967. “Éramos muy niños, ese recuerdo no lo puedo olvidar”, expresó con llanto.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le exigieron investigar la actuación del Ejército en la entidad en esa época, castigo a los militares culpables y la reparación del daño.
Ayer al mediodía en el Sindicato de Redactores de la Prensa de Chilpancingo, hijos de personas desaparecidas, ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas de 1967 a 1971 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en los límites de la Costa Grande y la Tierra Caliente, denunciaron la omisión de las fiscalías y del gobierno federal.
Octaviano Gervasio Serrano del Colectivo de Esposas Hijos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Álvarez y Estela Arroyo de la Asociación de Ejidos y Comunidades, Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, recordaron que del 4 al 8 de septiembre de 2023 fueron recuperados por autoridades estatales y federales, con ayuda de familiares, los cuerpos de siete víctimas.
La exhumación fue en fosas clandestinas en las inmediaciones de Los Espadines y en el cerro Las Desdichas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso.
Las víctimas recuperadas que fueron identificadas genéticamente son Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino y Pablo Rojas Terán, que al momento de su ejecución tenía 14 años.
Hace falta por identificar a Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
Octaviano Gervasio -hijo de Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido el 26 de julio de 1974 y cuyo nombre se encuentra en las listas de los vuelos de la muerte- señaló:
“En la Fiscalía estatal nos aseguran que sí es posible identificarlos genéticamente, pero que no cuentan con los reactivos o materiales adecuados, por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que se logre la identificación de las otras dos víctimas”.
Pidió además la búsqueda y exhumación de José Santos González, una octava víctima desaparecida.
El abogado ha informado que en la sierra habría los cuerpos de otras 13 personas ejecutadas por soldados en una operación de Estado que masacró y desapareció a cientos de campesinos inocentes de la sierra, con el pretexto de combatir la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Bartolo Hernández Rojas, hijo de Apolonio Hernández Bernardino, exigió justicia y reparación del daño.
“Fue un terrorismo allá en la sierra, nuestros padres eran campesinos y criaban cabras”, describió.
Estela Arroyo, hija de Alejandro Arroyo Cabañas, sobrina de Isaías Castro Velázquez y nieta de Sóstenes López Cienfuegos expresó:
“Le pedimos a la presidenta Claudia que nos ponga atención, para que se nos haga justicia, ya que los presidentes pasados nunca lo hicieron.
“Queremos que en este gobierno se dé la verdad, se castigue a los culpables y se repare el daño a las víctimas”.
Aseguró que tienen la certeza que las otras dos víctimas no identificadas por la FGE son Eduviges Ovillada Ortiz y Francisco Rojas Nazario.
“Son ellos, sus hijos que eran pequeños vieron la forma en que el Ejército los masacró”, dijo Estela Arroyo.

“Éramos muy niños. Los acabaron a todos”

En la conferencia la señora Antolina Rojas Bernardino -hija de Bartolo Rojas Nazario- narró la madrugada del 20 de diciembre de 1967, cuando cientos de militares irrumpieron en Los Espadines.
“Yo vi cuando llegó el Ejército muy temprano cuando sacaron a mi padre, a mis tíos, y a mi primo Pablito. Ese recuerdo no lo puedo olvidar”.
“Éramos siete niños, por eso no fuimos a la escuela. Estábamos dormidos todavía cuando escuchamos la balacera y llegó alguien corriendo que dijo ‘ya cayó Gervasio (Bernardino Durán), fue el primero que cayó mi tío, hermano de mi madre”.
“Ya mi papá se fue, yo anduve con él corriendo, las balas nos pasaban por los pies. Mi papá se vistió de mujer para que no le tiraran, pero de todos modos lo encontramos tirado, ya muerto, sin vida. Yo vi cuando pararon algo con patas como eso (un tripié) y cayeron muchas bolitas de colores (luces)”.
“Yo pensé que mi padre se había salido de la comunidad. Ya cuando dice mi mamá ‘baja vamos a traer a tu papá’”.
En ese momento las lágrimas le brotaron a Antolina y detuvo el relató
“No puedo pues, todavía lloró, me da pena llorar”, expresó.
Suspiró profundamente y continuó:
“Éramos muy niños. Los acabaron a todos. Yo vi cuando iban corriendo Pablito y Francisco. Pablito era un jovencito de 14 años, ahí cayó boca arriba junto con mi tío Francisco. A todos los acabaron, a nosotros nos pusieron las armas, a mi mero me anotaron (apuntaron), yo tuve miedo, iban vestidos de verde”.
“Se llevaron todo lo que teníamos, jabón, todo, no se llevaron las gallinas porque no pudieron”.
Lo que pide, dijo, es justicia.
“Yo tengo fe en la doctora, presidenta de nuestro país (Claudia Sheinbaum), que sí nos va a hacer justicia”.

La guerrilla de Lucio Cabañas no aprovechó el secuestro de Figueroa, dice un sobreviviente

El profesor Félix Bautista Matías en la conferencia “La actuación de un profesor revolucionario” en el foro Vida y obra del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el auditorio de la UPN Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 49 años del asesinato del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, uno de los sobrevivientes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres (PDLP) atacada por los militares el 2 de diciembre de 1974 en el Otatal, municipio de Tecpan de Galeana, Pedro Martínez, reconoció que no supieron aprovechar el secuestro del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
En tanto que otro de los integrantes de la guerrilla, Félix Bautista Matías consideró que de las 10 acciones armadas “más brillantes” de la guerrilla, el secuestro del senador Figueroa fue la más importante, pero que también, lamentablemente, marcó “el inicio del fin”.
Ambos sobrevivientes de la guerrilla de Lucio Cabañas participaron ayer en el foro: “Vida y Obra del Profesor Lucio Cabañas Barrientos” que realizó la organización Directorio del Poder Popular en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
En el foro hubo dos mesas, en la mesa 1 se disertó sobre el tema Lucio Cabañas Barrientos: Ideario Sostenido; impacto local, nacional e internacional.
En ella participaron la maestra Eneida Martínez Ocampo, con el tema: Lucio Cabañas Barrientos: Un luchador social incansable, así como el investigador Rodolfo Echevarría Martínez quien disertó: Relatos sobre la vida y obra del profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, y el maestro Enrique Condes Lara con el tema Relaciones de Lucio Cabañas Barrientos y el Partido de los Pobres en la Liga Comunista 23 de Septiembre.
En la mesa 2: Del Movimiento de Autodefensa al Partido de los Pobres, participaron el historiador Francisco Ávila Coronel con el tema La Guerrilla del Partido de los Pobres; un Balance sobre su Legado para un México más Justo y Democrático; también el profesor Pedro Martínez, con el tema Etapas del movimiento armado en la Sierra de Guerrero, y el profesor Félix Bautista Matías, con La actuación de un profesor revolucionario.
Pedro Martínez, uno de los seguidores de Lucio Cabañas que sobrevivió al ataque del 2 de diciembre de 1974, reconoció que el secuestro del senador Rubén Figueroa no se supo aprovechar.
Recordó que lo secuestraron para exigir beneficios para el pueblo y lograr la liberación de todos los presos políticos, así como para obtener recursos económicos.
Contó que a pesar del crecimiento cuantitativo de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, con el secuestro, no hubo los cambios cualitativos profundos, porque la guerrilla no tenía el músculo para resistir la embestida criminal, luego de que las fuerzas armadas fueron convocadas por el gobierno y los capitalistas para rescatar a Figueroa a costa de detener, torturar, asesinar y desaparecer a comunidades que fueron arrasadas.
Agregó que esta situación “marcó la debacle del movimiento armado en la sierra, al no haber el suministro de alimentación ni siquiera para los campesinos de las comunidades, es decir, le quitaron el agua al pez”.
Otro de los sobrevivientes de la guerrilla, Félix Bautista Matías, dijo que el 2 de diciembre de 1974, 200 soldados del Ejército atacaron a la columna de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del PDLP, y que no hubo capacidad de respuesta porque la represión era inmensa, debido a que, según fuentes oficiales, tres cuartas partes del total del Ejército se había trasladado a Guerrero para combatir a la guerrilla de Lucio Cabañas en la sierra de Atoyac.
Recordó que para 1974, la guerrilla de Lucio Cabañas, ya había tenido las 10 acciones armadas más brillantes, es decir, emboscas al Ejército “con saldos favorables para la guerrilla”.
Agregó que en ese año ocurrió el secuestro del senador Rubén Figueroa, “una de las acciones de la guerrilla más importantes, pero también el pretexto para la intervención y represión militar en contra de Lucio y de los pueblos campesinos, donde había formado su base social. Fue, lamentablemente, el inicio del fin”.
Dijo que es importante recordar estos pasajes para mantener la memoria histórica y saber por qué ocurrieron estos hechos, cuál fue el contexto en que surgió la guerrilla, quién era Lucio Cabañas, de dónde vino y cuáles eran sus ideales.
Bautista Matías subrayó que ese 2 de diciembre falleció no sólo un guerrillero, sino un maestro “y un compañero que se ha vuelto un símbolo de las luchas populares, de las resistencias sociales e indígenas de nuestro estado”.
Celebró que por primera vez, este 2023 se haya incluido en los libros de historia de la Secretaria de Educación Pública (SEP) su participación en la guerrilla.
A Lucio Cabañas se le menciona en el libro para profesores; Un Libro sin Recetas para Maestras y Maestros, en el capítulo Soñar para Asaltar el Cielo.
“Mencionar estos hechos en los libros y reconocer los acontecimientos reales, describir al Estado represor de los años sesentas y setentas es hacerle un poco de justicia a Lucio Cabañas, “aunque a un sector de la derecha conservadora de nuestros días no le guste”, dijo Bautista Matías. Cuestión que a diferencia de lo que muchos piensan ese 2 de diciembre de 1974, las armas del Ejército mexicano, “no se vistieron de gloria, sino de sangre y de vergüenza”.
Antes, el historiador Francisco Ávila, dijo que Lucio Cabañas no era un hombre violento, sino que su movimiento armado inició por la política de maltrato, de los caciques y gobiernos locales que provocaron indignación y un profundo coraje.
Dijo que ha escuchado, sobre todo de los caciques y priistas de Atoyac, que el PDLP “inventó” los secuestros, “pero esto tiene que quedar bien claro, el PDLP no heredó a esta sociedad la violencia que estamos viviendo ahora, el PDLP lo que buscó fue agarrar a aquellos que eran los explotadores, los meros cabecillas que tenían el circuito de los matones en toda la Costa Grande, eso no es nada nuevo ni sorprendente, los principales que operaban eso, esos son los que fueron secuestrados”.
Pero lamentó que esa parte de la historia no les llegue a los jóvenes ni la entienden a pesar de que es muy importante.
Añadió que a las nuevas generaciones les hace falta entender el sentido de estas luchas, “y el sentido tiene que ver precisamente con la búsqueda de un mundo mejor en colectivo y no en lo individual”.
Al foro asistieron unas 50 personas, principalmente académicos y estudiantes de la UPN, integrantes de organizaciones sociales y los diputados de Morena, Osbaldo Ríos Manrique y Marco Tulio Sánchez.
El foro terminó con las consignas: “Lucio vive, la lucha sigue”, y en solidaridad con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos hubo consignas de “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Los asistentes se solidarizaron con los reporteros que fueron baleados el martes en Chilpancingo y gritaron un “Vivan los periodistas de Guerrero”.

Obstaculiza la FGR el acceso a expedientes sobre desaparecidos de la guerra sucia: Abel Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández, afirmó que existen reticencias y obstáculos en la Fiscalía General de la República (FGR) y que no han visto un compromiso contundente de su titular, Alejandro Gertz Manero, en facilitar los expedientes sobre las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia.
Reconoció que “se está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”, y que pronto solicitarán acceder a archivos militares de Guerrero.
Ayer consultado en las inmediaciones del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado la colonia del PRI en Chilpancingo, al concluir la protesta de familiares de tres organizaciones de desaparecidos forzados en la época de la guerra sucia, Abel Barrera Hernández dijo que la Comisión de la Verdad “está accediendo a los archivos del Ejército no con la misma celeridad que quisiera uno, va uno lento”.
“Hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar (número 1, en la Ciudad de México). Sin embargo, todavía no podemos contar con información que nos dé pistas, si es un poco complicado, va despacio la investigación, no se han podido avanzar en los expedientes que puedan ayudar a dar pistas sobre todo de los responsables, pero por lo menos están teniendo más elementos” agregó.
Precisó que se entiende que es la primera etapa de la investigación, y que “se están conociendo algunos acervos, pero todavía sí falta como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos sobre el paradero de las familias de las personas desaparecidas, no hay datos todavía concluyentes”.
Resaltó que la Comisión ya elabora solicitudes para programar accesos a otras instalaciones militares de Guerrero y acceder también a sus archivos, “ahorita nada más ha sido el Campo Militar (número 1), pero se tienen programados acceder a otros archivos, pero por el momento no hay datos”.
Se le preguntó de la queja de los familiares sobre el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, de quien denunciaron es omiso y entorpece los trabajos, respondió que la FGR es parte de la Comisión de la Verdad, que existe un mecanismo de acceso a la justicia, y hay tres encargados de revisar algunos expedientes de la Fiscalía, pero “todavía hace falta facilidades para que puedan tener mayor información, no hemos visto el compromiso más contundente por parte del fiscal”.
Dijo que entiende “que hay mandos que están de alguna manera facilitando ciertos expedientes, no todos, ya el mecanismo de justicia está encontrando algunas pistas, todavía no son las más claras y contundentes, pero se está avanzando. Sí hay reticencias, hay obstáculos, ahí estamos pidiendo que las autoridades faciliten el acceso a los archivos, hay expedientes que quedaron inconclusos, lo están revisando los del mecanismo y obviamente están tomando como referencia otro tipo de información que está ayudando para profundizar en las investigaciones”.
Precisó que a la Comisión de la Verdad solamente le “toca hacer la investigación de los hechos ocurridos en ese periodo (1965 a 1990), hay otro mecanismo que es el de justicia, esa es otra instancia que le toca revisar los expedientes, ubicar bien los avances, todavía falta, llevamos un año y medio, falta otro año y medio y obviamente que estamos avanzando no al ritmo que uno quisiera, las víctimas son las que más nos preocupan están desesperadas porque quieren saber el paradero de sus familiares y para eso hay que acceder a los archivos y a las instalaciones militares”.
Mencionó que buscarán acceder a los archivos militares de otros estados y seguir pidiendo información, aunque aceptó “el ritmo es lento y bueno ya más de 50 años de exigencia para ellos (los familiares) ya es el ultimátum”.
De la reparación del daño que exigen los familiares de desaparecidos, Abel Barrera manifestó que es otro problema del que ya insistieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual les ha informado tiene una propuesta de reparación, “ha hecho por ahí un planteamiento, pero todavía no se hace público, por eso está la gente desesperada, porque nos comentan que hay un plan de reparación, pero no tienen nada”.
El 7 de octubre de 2021, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó por decreto la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Y el 29 de octubre de ese mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer a los cinco integrantes del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico donde además de Abel Barrera están el secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús, ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y ex rector de la Universidad Iberoamericana, David de Jesús Fernández Dávalos; y los investigadores Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Pérez Ricart.

 

Solicitan se declare en desacato al Estado por incumplimiento de la sentencia del caso Radilla

Las hijas del dirigente campesino desaparecido por soldados del Ejército en 1974, Agustina, Tita y María del Pilar Radilla Martínez y el subdirector de la CMDPDH, Víctor del Pozo Foto: Cencos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares del líder campesino desaparecido en Atoyac en 1974 durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, en compañía de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declare en desacato al Estado mexicano, por incumplir la sentencia emitida.
En un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se explica que el 23 de noviembre de 2009 la Coidh dictó sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que la sentencia declaró responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de que se ordenaron medidas de reparación del daño.
Asegura que a pesar de la vinculación de la sentencia emitida, el Estado mexicano ha incumplido respecto a las medidas de reparación concernientes al caso.
“La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia”, se lee en el comunicado.
De igual forma se enlistan tres acciones directas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se solicita que se declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia emitida.
“Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, se informa en el comunicado.
Las otras dos acciones son que se adopten medidas de supervisión reforzadas para que el Estado pueda rendir informes en una periodicidad corta y evitar “otro daño irreparable. Además que se convoque a una audiencia para que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas.
Por otro lado se consideran acciones a realizar dentro del plano nacional, indicando que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades involucradas.
Además buscan que la CNDH emita una recomendación donde se pida al Congreso de la Unión que se cree una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que las decisiones internacionales dejen de estar bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
También, piden a la Corte Interamericana convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que se adopten medidas para el cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Se solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones para asumir su labor consitucional “con diligencia” que pueda llevar a las personas responsables ante la justicia.
Rosendo Radilla fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, a los 60 años. Fue detenido por un retén militar y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sitio donde fue visto por última vez.