Se reunieron con el secretario Lima y un subsecretario de Finanzas y temen represalias porque ya los identificaron, dicen integrantes de la llamada Organización Clandestina para la Protección a la Familia

Zacarías Cervantes Chilpancingo Policías de Seguridad Pública Estatal, integrantes de la Organización Clandestina para la Protección de la Familia, exigieron ayer terminar el hostigamiento en su contra luego de que pidieron solución a viejas demandas, las cuales aún no han sido atendidas por sus superiores.

Por medio de un nuevo comunicado que entregaron ayer a los medios de información, los policías informan que el 14 de mayo se reunieron en el Cuartel General de la Policía del Estado, con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez; con los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, René Lobato y Gustavo Miranda, así como con el subsecretario de Finanzas, Salvio Herrera, a quienes reiteraron sus demandas.

Agregan que la junta se concretó luego de que algunos agentes integraron la organización a la que pertenecen “y se manifestaron encapuchados en alguna cancha de esta capital” el pasado lunes 10 de este mes

Indican que en esa reunión, “al amparo de nuestros legisladores y con la certeza de que no se tomarían represalias contra los policías que intervenían, se manifestaron abiertamente las anomalías que han cometido los mandos superiores”.

Explican que denunciaron que el gobernador René Juárez “trajo como colaboradores a los mismos jefes que estuvieron en sexenios anteriores y que se la saben de todas para lucrar con la necesidad del policía, porque se llevan a sus bolsillos grandes cantidades de dinero”. Citan el caso del secretario de Gobierno, Luis León Aponte, quien antes se desempeñó como secretario de Seguridad Pública; el subsecretario de Seguridad Pública, César Gallegos y Torres; el subsecretario administrativo, Jesús Guadarrama Acevedo; el director operativo, Víctor Hugo Peña López, y el director administrativo, Pablo Sandoval.

Denunciaron también –según lo consignan en el documento– que muchos familiares de estos funcionarios se encuentran en la nómina y cobran sin trabajar con plazas de comandantes y policías, mientras que hay un déficit de personal de cuando menos 70 empleados.

Asimismo hablaron de “las pésimas condiciones” de los sanitarios del Cuartel General Nicolás Bravo, de esta capital, la falta de camas y colchones para que descanse el personal en sus horas de asueto; “se denunció que tiene más de dos años que tiraron, por órdenes superiores, los lockers de madera que fueron adquiridos por los propios policías para guardar sus pertenencias, y hasta ahora no los han repuesto”.

También se quejaron por el mal servicio que les brindan en el comedor del Cuartel General, donde les venden la comida de mala calidad “y por eso nos enfermamos muy seguido de nuestro estómago”.

Insistieron que sus ya las han hecho públicas, como la que se refiere a los descuentos, “a pesar de la explicación que nos dio la Secretaría de Finanzas en el sentido de que es un descuento de Hacienda, cuando sabemos que por recibir salarios mínimos estamos exentos de pagar impuestos”.

El temor de los policías es que el día de la reunión, el 14 pasado, fueron identificados algunos por sus superiores, y ahora los tienen vigilados y en algunos casos han comenzado a sufrir represalias, entre ellas la puntualidad y hasta han sufrido amenazas de despido.

Los policías demandan en este nuevo comunicado que audite a la secretaría de Seguridad Pública “para que se comprueben las pillerías que se cometen y que hemos denunciado. También que intervenga la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) para que se vigile la actuación de los jefes policiacos.