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Piden ayuda defraudados por financieras a una diputada federal; el gobernador no los atiende

El presidente de la Alianza en Defensa de los Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), Miguel Rodríguez Arteaga solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores atender a las 16 mil 667 familias afectados por las financieras Coofia, Productos Amor y Cooperativa de Vivienda Popular Productos Amor, en 52 municipios.
En una llamada a la redacción de El Sur, el representante de los defraudados informó que se reunieron con el asesor de la diputada federal Verónica Muñoz Parra, Carlos Ramírez, para pedirle que la diputada intervenga y presente un acuerdo parlamentario a favor de las 16 mil 667 familias que se quedaron sin sus ahorros, cuya suma asciende a 900 millones de pesos; además de que solicite a Nacional Financiera cumplir la Ley de víctimas de fraude.
Indicó que del total de las familias afectadas hay 10 mil 200 que presentaron una demanda y recriminó que a cuatro años de iniciar el movimiento el gobierno del estado ha hecho oídos sordos a su exigencia.
El dirigente indicó que hay molestia en las comunidades del estado, principalmente en la región centro, y costa chica, donde la gente ha advertido que saldrá a marchar para que el gobierno los atienda, pero Rodríguez Arteaga afirmó que están agotando todas las vías de comunicación.
Rodríguez Arteaga, señaló que, nunca han tenido la atención directa del gobernados y que desde que inició la administración actual solicitaron que Héctor Astudillo Flores atendiera a los representantes de los defraudados; sin embargo, sólo han dialogado con su asesor político, César Flores Maldonado, quien prometió desde noviembre de 2015 que el gobernador recibiría a los afectados.

Posponen la reunión de damnificados de Chilapa con autoridades; hablarían de su reubicación

Representantes de las comunidades de San Marcos Majada de Toro, 3 de Mayo, Ocotito y Tierra Blanca, del municipio de Chilapa, que serán reubicados al predio Loma de los Pinos, en la comunidad de Xicaixtlahuac, informaron que se pospuso la reunión programada con autoridades de los gobiernos estatal y federal, debido a la indisposición del secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, “por cuestiones de salud”.
El 7 de junio, unos 100 vecinos de las comunidades damnificadas de Chilapa protestaron en las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en la capital, para exigir la conclusión de las 217 casas que se construyen en el predio Loma de los Pinos, donde serán reubicados.
En ese momento, el gestor de la comunidad, Carlos de Jesús Alejandro, y una comisión de damnificados se reunieron en Palacio de Gobierno con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar, para darle a conocer las irregularidades.
Acordaron entonces reunirse ayer con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y los delegados de las dependencias involucradas en la construcción de las viviendas, para facilitar los trabajos de planeación y construcción de las casas.
Ayer a las 10 de la mañana acudió a Casa Guerrero una comisión de siete pobladores, para darle seguimiento a la mesa de trabajo programada junto con las autoridades una semana antes; pero luego de una hora y 20 minutos de espera, al lugar acudió la secretaria particular de Florencio Salazar Adame, quien, de acuerdo con el gestor de la comunidad, les informó “que reconsideráramos la cita para el próximo jueves, porque había indisposición por parte del secretario, que por cuestiones de salud se había tenido que atender”.
Según el gestor de la comunidad, la secretaria expresó que el secretario General informó desde temprano de “un problema de salud que se le complicó”; y tras un intercambio de opiniones con el secretario particular de gobierno, César Armenta Adame, creyeron prudente posponer la reunión para el siguiente jueves.
En su momento, los pobladores reconocieron el malestar generado ante la espera de otros dos días para reunirse con los funcionarios, sin embargo, consideraron prioritaria la presencia de Salazar Adame para dar seguimiento a la mesas de trabajo con cada una de las dependencias, además de para retomar una minuta de acuerdos que en su momento suscribió el ex secretario general de Gobierno, David Salgado Cienfuegos. Los pobladores aceptaron y confiaron en que se lleve a cabo la reunión.
“Así quedó agendado y acordado, no se pospone para otra fecha más, y eso fue el acuerdo que llegaremos a informar a las comunidades, y si no se lleva a cabo ese día tomaremos otras medidas o alternativas”, advirtió el representante de Majada del Toro, Pedro Reynoso.

Planean hoy damnificados de La Montaña con federación y estado la entrega de granos

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña informó que se reunirá este lunes en Chilpancingo con representantes del gobierno estatal y federal  para tratar la entrega  de los  granos básicos como maíz, frijol, arroz y sal, que requieren los campesinos para su alimentación tras las afectaciones que dejó en esa región la tormenta Manuel en 2013.
En una reunión el pasado sábado, los integrantes del consejo entregaron las listas depuradas de los beneficiarios  de sus  comunidades y otra comisión entregará hoy esa lista a los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) y a los representantes  del gobierno federal.
La pasada reunión fue en la explanada de la Unidad de Servicios Integrales, donde estuvieron representantes  de las 185 comunidades de 13 municipios de la Montaña a quienes les informaron los acuerdos con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
Ahí se les informó a los pobladores que se autorizaron 122 millones de pesos, y que la sal ya no se dará a  las 16 mil familias afectadas.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que  se autorizó la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña,  para seis meses.
Mencionó que el programa lo obtuvieron los pueblos  por  luchar y hacer valer  su derecho a  la alimentación, el cual dijo no está garantizado en la región de la Montaña, en  donde  hay un déficit alimentario  más allá del programa gubernamental de la Cruzada contra el hambre, y que no se está atendiendo el problema de la falta de frijol, maíz y arroz, que son alimentos básicos y al no tenerlos la gente a comienza a migrar para solucionar el problema o les surge la tentación de sembrar cultivos ilícitos.
Dijo que los niños y las mujeres tienen índices  de desnutrición que están confirmados por las instituciones y que es un logró que el programa esté siendo respaldado por el gobierno estatal y federal, sobre la reparación de las viviendas afectadas por la tormenta dijo que el tema sigue pendiente.
Comunicó que los pobladores de la Montaña se reunirán con funcionarios estatales y federales este lunes a las 11 de la mañana en Casa Guerrero, en Chilpancingo, y se entregará el padrón de beneficiarios  y se planteará la programación de entrega de los granos.
Mencionó que el gobernador Héctor Astudillo Flores  estará en la reunión  y que se comprometió a dar una parte proporcional de los 122 millones  en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) y el gobierno federal.

Está preparada y dará la batalla legal, responde la CETEG a la denuncia que anunció el gobernador

El integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y representante de la región Centro, Carlos Botello Barrera, declaró que el magisterio disidente sabe que el Estado prepara un “golpe fuerte” de carácter jurídico en contra la dirigencia de la organización, pero que están preparados y darán la batalla.
El viernes, en declaraciones a su llegada al hotel Crowne Plaza donde se realizó el foro nacional Masculinidades: mujeres y hombres de hoy, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que no se cansará de llamar a la serenidad y responsabilidad a los maestros de la CETEG; asimismo, informó que, luego de la quema de oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), se está integrando la información para “armar una buena denuncia”.
Consultado vía telefónica este sábado respecto de las declaraciones de Astudillo Flores, Botello Barrera dijo que la CETEG está en paro laboral como parte de las acciones de la huelga nacional, además de que las rutas que siguen los maestros son la política, es decir las manifestaciones, y la jurídica.
Aseguró que la CETEG sabe que el Estado prepara “un golpe jurídico” contra el magisterio disidente, de manera específica “para la dirigencia”, el cual ya se previó.
“Hay que ser claros, nosotros sabemos que los 120 supuestos ceses injustificados, es la dirigencia, sabemos que ese es el primer golpe que nos quieren dar (las autoridades)”, expresó.
Sobre las acciones en oficinas de la SEG, como los destrozos en la Subsecretaría de Administración y Finanzas, conocida como Casa Blanca, en la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Subsecretaría de Educación Básica, ubicadas en la capital, Botello Barrera dijo que están preparados en caso de que proceda la denuncia de las autoridades, “ya estamos viendo una contrademanda, porque las acciones son propuestas emanadas de asambleas, como dirigencia nosotros tenemos que acatar los acuerdos”.
Resaltó que, “estamos preparados, sabemos que viene un golpe no sólo por las acciones que ellos (los funcionarios) nos dicen que (somos) vándalos, robo y todo lo demás, sabemos que al gobierno estatal y al federal lo que le interesa es que la reforma (educativa) pase”.
Manifestó que los maestros van a “dar la batalla”, tanto en lo político como en lo jurídico, y que cuando sea necesario darán a conocer de manera pública las medidas que tomarán si las autoridades presentan la denuncia.
Por otra parte, recordó que los maestros que no se evaluaron presentaron amparos en el Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de los cuales recibirán una respuesta la próxima semana, y que a pesar de que las autoridades insisten en que dichos amparos no proceden, y que la Suprema Corte de Justicia desechó los que presentó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Iguala un juez declaró que en ese municipio tiene que “detenerse” el proceso de evaluación porque afecta los derechos laborales de los trabajadores.
Según Botello Barrera, el viernes durante una asamblea estatal que se llevó a cabo al concluir la marcha en la capital, los representantes del magisterio disidente en Iguala informaron que un juez determinó la “detención” de la evaluación en ese municipio, aunque no precisó quién resolvió el caso ni cuándo.
En la asamblea también se acordó instalar un “plantón unitario” en la capital, este miércoles 15 de junio, luego de una marcha estatal que partirá a las 10 de la mañana de la alameda de Chilpancingo hacia el lugar donde se instalará el plantón, aunque Botello Barrera dijo que todavía no se define en qué sitio de la ciudad.
Por último, llamó a las autoridades a que, “vayan viendo que la lucha (magisterial) es justa y que seguiremos en estas acciones”, esto en relación a las declaraciones de Astudillo Flores quien dijo que los maestros se encontraron con el rechazo de la sociedad el miércoles pasado, cuando irrumpieron en la tienda Bodega Aurrerá sur; Botello Barrera indicó que las protestas de la CETEG no se radicalizarán en contra de la sociedad y que los integrantes de la organización no presionaron a los padres de familia para que se manifestaran en contra de la reforma educativa.

Que intervenga el gobernador en la solución de las demandas si no quiere protestas, dice Ramos Reyes

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero declaró que el gobernador, Héctor Astudillo Flores tiene “en sus manos” el pliego petitorio del magisterio disidente, y si no quiere que los maestros bloqueen vialidades en el estado, debe intervenir para que sus demandas se resuelvan de manera favorable.
Reyes Guerrero asistió ayer a la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se llevó a cabo en la Ciudad de México para determinar el plan de acción que el magisterio disidente seguirá la próxima semana.
Vía telefónica, el secretario general de la CETEG informó que el 25 de mayo, al concluir la marcha de la unidad en Chilpancingo, una comisión del magisterio disidente le hizo llegar a Astudillo Flores el pliego que contiene 88 peticiones, las principales son la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, el rechazo a la reforma educativa y a la evaluación del Servicio Profesional Docente, y el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los maestros.
Señaló que si Astudillo Flores interviene para resolver las demandas del magisterio disidente en el estado y para que se instale una mesa de trabajo a nivel nacional, en la que participen la CNTE y el gobierno federal, “no habrá necesidad de realizar marchas, protestas, mítines ni bloqueos”.
Precisó que, si lo que las autoridades pretenden es que los maestros adopten una actitud “pasiva” si no obtienen respuestas favorables a sus demandas, “no es posible, tenemos que continuar con la lucha, como secretario general (de la CETEG) tengo que velar por los intereses de todos los compañeros”.
Pidió que el gobernador cumpla su lema de campaña, “orden y paz”, que intervenga para solucionar los problemas del sector educativo y así concluirán las protestas en el estado, pero “sino hay orden y paz, no podemos (los maestros) quedarnos conformes ni callados”.
Expresó que las declaraciones de Astudillo Flores son una amenaza más del gobierno estatal a la CETEG, como fueron los anuncios del secretario de Educación estatal, José Luis González de la Vega Otero, quien advirtió que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aplicará descuentos y despedirá a los maestros que acumulen cuatro faltas.
El viernes, luego de la instalación y toma de protesta del Comité de Consulta y Participación Ciudadana y del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en el Salón de la República, de Casa Guerrero, Astudillo Flores advirtió a los maestros de la CETEG y a integrantes de las organizaciones sociales, que si creen que bloqueando la Autopista del Sol van a obtener beneficios, eso no ocurrirá porque no permitirá que los ciudadanos se conviertan en rehenes de las movilizaciones.
“Nosotros no estamos esperando que seamos rehenes de quiénes están bloqueando la Autopista (del Sol); insisto, entiendo el problema del magisterio, hemos tratado que los operativos se realicen de la manera correcta, pero todas aquellas organizaciones, que estén pensando que van a obtener beneficios bloqueando la Autopista, lo digo con una gran determinación, no van a tener una respuesta positiva a este tipo de acciones”, dijo.

No les ha pagado Sedesol estatal la beca de excelencia a estudiantes de la UAG, denuncian

Karina Contreras

Estudiantes que tienen becas de excelencia académica denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno del estado, que encabeza Alicia Zamora, no les ha pagado ni ha iniciado el procedimiento de renovación de la misma, y piden al gobernador, Héctor Astudillo Flores, su intervención.
La alumna de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Annya Izamal Veraza Otero indicó que varios jóvenes becados están preocupados porque no les han pagado los 7 mil pesos, que les hacen en dos partes, la primera de 4 mil 200 y la segunda de 2 mil 800 pesos, que debieron recibir en febrero.
Indicó que en la Sedesol no les informan nada de los pagos y en la página del gobierno del estado no hay información de cuándo se les va hacer los pagos o cuándo van a renovar su beca para alumnos que tienen arriba de 9 de calificación. Pidió al gobernador, Héctor Astudillo que regularice los pagos, porque ese “dinero lo necesitan mucho, pues ya viene el momento de las reinscripciones, la compra de uniformes, y son recursos que no tenemos y para eso usamos nuestras becas”.

Exigen familiares de una asesinada, en la cárcel de la capital, que no liberen a la “responsable”

Familiares de la joven María del Carmen Cortázar Santiago, quien fue secuestrada en octubre del 2012 y luego asesinada, exigieron justicia al gobernador Héctor Astudillo luego que la noche del jueves en el reclusorio iban a dejar en libertad a la responsable del secuestro y homicidio, Eli Matzayani Calderón Nájera, quien fue detenida el martes en la capital.
Consultada al término del noticiero Al Día de la radiodifusora Digital 106.3 FM,  la hermana de la víctima, Magdalena Cortázar Santiago dijo que el juez dio la orden de libertad a Calderón Nájera, luego de que presentaron las denuncias que la acusan como responsable, “por eso acudimos al reclusorio la noche del jueves para no permitir su salida, por presiones le dictaron otra orden de aprehensión y no pudo ser liberada, y seguirá el proceso”.
Dijo que el papá de la detenida es el reconocido abogado Eliseo Calderón Araujo, amigo del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, “quienes están interviniendo para que ella salga en libertad”.
Recordó que su hermana María del Carmen Cortázar Santiago fue secuestrada el 25 de octubre del 2012 a dos calles de su casa en la capital y después de ocho días sus restos fueron encontrados en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, cerca de la comunidad de Mezcala en Eduardo Neri (Zumpango), a pesar de que sus familiares habían pagado el rescate de 300 mil pesos a los captores.
Cortázar Santiago señaló que el martes la presunta secuestradora fue detenida por policías de la Fiscalía de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, “pero desconocemos el motivo porque la iban a dejar en libertad si hay pruebas (en su contra)”.
Comentó que la acusada al estar en los separos confesó que uno de sus cómplices en el secuestro y homicidio es su esposo Daniel Ecatzin Vega Vázquez, quien es el encargado de administración del Comedor Universitario de la UAG en Acapulco, además del trabajador Carlos Castrejón Mendoza, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
La hermana de la víctima agregó que la inculpada dijo que su esposo Daniel Ecatzin apoyó en campaña a Javier Saldaña Almazán para rector  de la UAG, y “éste lo recompenso dándoles el cargo de administrador del Comedor Universitario en Acapulco.
“A pesar que la fiscalía integró debidamente el expediente de la familia del caso de mi hermana, tememos que el padre de la inculpada haga valerse de las influencias que tiene y la responsable quede sin castigo por el delito”, declaró. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Recrimina la Red de afectados por la minería que el gobernador defienda a Media Luna

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), recriminó que el gobernador priista Héctor Astudillo Flores saliera en defensa de la minera Media Luna, asegurando que no genera daños a la salud ni al ambiente y por lo tanto los reclamos de los afectados pasan a segundo plano para que no pongan en riesgo la operación de tan “importante proyecto”.
Astudillo Flores dijo el lunes que está en riesgo la operación de la minera Media Luna en Cocula, propiedad de la canadiense Torex Gold Resources Inc., y aseguró que no genera daños al ambiente ni a la salud de las personas, como lo señalan habitantes y pescadores de los poblados Nuevo Balsas, La Fundición, Atzcala y San Nicolás.
En un comunicado la red informa que a los distintos gobernantes en turno en el estado les han dicho una y otra vez, que por favor eviten hacer declaraciones sin tener una mínima idea de lo que en realidad sucede con los proyectos mineros, tanto en este caso como en todos los que hay en el mundo y en especial los de minería a cielo abierto.
Ahora los habitantes de Nuevo Balsas están obligados a acciones organizativas de fuerza, porque como siempre sucede nadie los escucha y los empresarios muestran el enorme desprecio que les tiene al negarse a establecer algo básico entre la gente, el diálogo, para resolver peticiones concretas.
Recuerda que son las y los vecinos quienes salen a los medios para externar su queja pidiendo ayuda del gobierno, pero sucede que los gobernantes en vez de atender los reclamos sociales salen a defender los intereses de los empresarios mineros.
En el comunicado también se lee que los gobernantes mienten sin la más mínima idea de lo que dicen, y así de la nada lanzan declaraciones pro-mineras.
Además lo hacen en el marco de una actividad a la que las autoridades denominaron Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, se queja, y afirma que es lamentable que los políticos mientan por ignorancia.
Considera que los habitantes de Nuevo Balsas tienen razón: “la mina los extermina” y en ese contexto el gobierno no debe ni puede ser mediador, debe ser defensor pleno de los derechos e intereses de las comunidades.
“A los compañeros pescadores les queremos decir que por supuesto que la mina Media Luna contamina, y el enfoque de su lucha está perfectamente bien planteado en relación a los daños a la salud y la contaminación al medioambiente”, agrega.
Dice que también es correcto que negocien sus daños porque nunca les avisaron que el progreso y desarrollo de la mina incorporaba eso en el paquete, sin embargo, “les podemos asegurar que no habrá dinero suficiente que les alcance para atender y curar sus enfermedades, mismas que continuarán agravándose conforme continúe la operación minera, pero una vez que la empresa exprima el oro de sus tierras, a ustedes solamente les quedarán de herencia muchísimas calamidades que no podrán superar. Su agua, sus tierras y su cuerpo quedarán más contaminados”.
“Sr. gobernador cómo hacer políticos sensibles y humanos, cómo hacemos para dejar de mirar a ese tipo de progreso y desarrollo como una opción y mejor enfoquemos nuestras fuerzas en proyectos que dan vida y no en los que nos quitan la vida, (…) Cómo hacemos para se den cuenta que en todo el mundo la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno es una barbaridad, en la cual cada día hay más y más resistencias generando que en varios países se inicie su prohibición. Cómo decirle que no todo lo que brilla es oro”, se pregunta en el comunicado.

No ha indemnizado el gobierno a defraudados de financieras a un año del acuerdo, denuncian

 

Representantes de los indígenas defraudados por las empresas financieras Coofia SC de RL y Productos Amor, denunciaron que sigue sin concretarse el pago de 900 millones de pesos para unas 17 mil familias afectadas en todo el estado que fueron defraudadas con préstamos, ahorros, seguros, cambio de divisas y pago de remesas.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, los representantes de la zona norte, Ismael Alonso Sánchez y Francisco Flores Santos, junto con representantes de la Costa Chica, dijeron que, a un año de la firma del convenio entre el gobierno estatal y la Nacional Financiera, no se ha concretado la indemnización a los ahorradores defraudados del corporativo Coofia.
El representante Alonso Sánchez, manifestó que no los han indemnizado debido al juicio de concurso mercantil que “tramposamente” interpuso la empresa defraudadora en el Juzgado Tercero en materia de Juicios Federales, en Puebla.
Señaló que el 31 de marzo, la liquidadora financiera emitió su informe final en Puebla, e hizo el llamado al gobierno estatal para agilizar los trámites para que los mil 350 guerrerenses afectados recuperen su dinero.
También solicitó al gobierno estatal la información de 73 millones 170 mil 916 pesos que, aparentemente, tienen para la indemnización de los defraudados por la financiera Coofia, ya que el proceso jurídico contra el corporativo está adelantado, y el dinero debió liquidarse desde hace dos años, “pero los gobiernos no han puesto la atención necesaria y debido a ello no se ha finalizado el caso”, matizó.
Por su parte, Francisco Flores señaló que el adeudo es “grave”, ya que los fraudes afectaron a unas 17 mil familias en todo el estado; aunque apuntó que falta por ratificar a otras 3 mil 500 defraudados que la Fiscalía General del estado (FGE) no ha considerado, aparentemente por falta de personal y papelería de la Fiscalía en la Montaña.
En el caso del ya extinguido Corporativo Teo’s Productos Amor, especializado en productos para el cuidado corporal y del hogar y después en manejo de remesas, triplicación de ahorros y liquidación de intereses, precisó que la Fiscalía no ha concluido la averiguación previa con el expediente DGAP/187/2013, que integra la denuncia de 16 mil 667 familias.
Abundó que debe consignarse la averiguación previa para emitirla ante un Juez, ya que insistió en la urgencia de girar una orden de aprehensión contra los directivos del corporativo defraudador, originario de Veracruz.
Por este motivo, los representantes exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que agilice y exhorte a la Fiscalía a integrar la averiguación lo antes posible para implementar las investigaciones y fincar la responsabilidad penal.
Francisco Flores recordó que el 3 de febrero, la 61 Legislatura del Congreso local aprobó un punto de acuerdo parlamentario para exhortar a los gobiernos federal y estatal a asignar recursos y rescatar a las víctimas del fraude, para canalizar a través de un fideicomiso el monto aprobado en el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de este año, para pagar a los defraudados de Productos Amor.
Añadió que los directivos responsables del fraude fueron Teódulo Espinosa Aguilar, fundador del corporativo Productos Amor, Enedina Solano Arrezola y Cristian de Jesús Barrera Espinoza, ambos directivos de la financiera.
Recordó que la deuda de alrededor de 900 millones de pesos de la financiera se generó tras el incumplimiento de un instrumento financiero que, les dijeron, triplicaba sus depósitos en una caja de ahorro, los pagos retrasados de remesas que se enviaban desde el extranjero y la liquidación de los intereses de las inversiones.
Las financieras, que se establecieron inicialmente como pagadoras de las remesas de migrantes en Estados Unidos, paulatinamente se extendieron a comunidades de la Montaña, a municipios como Tlapa, Metlatónoc, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, y luego a Huitzuco, Copalillo y Atenango del Río.
Durante casi 10 años de operación accedieron a una considerable base de clientes, a quienes defraudaron con préstamos, ahorro, seguros y cambio de divisas, entre otros servicios.

Cumple siete días el bloqueo a la minera Media Luna en Cocula; se suma el pueblo San Nicolás

Sin diálogo ni acuerdos con la empresa minera canadiense Media Luna, ayer pescadores y otros pobladores de Nuevo Balsas, La Fundición, Atzcala y la integración de los de San Nicolás, todas comunidades de Cocula, bloquearon por séptimo día los accesos a la mina y el campamento de los trabajadores.
Vía telefónica la tarde de ayer el representantes de una de las nueve cooperativas de pescadores de Nuevo Balsas, informó que están en espera de la reunión con el corporativo de Media Luna programada para este día, en donde se espera la visita del presidente y director de Torex Gold Resources Inc., Fred Stanford.
La fuente que pidió el anonimato ante las represalias de la minera en contra de quienes participan en los bloqueos, informó que ayer continuaban bloqueados los tres accesos a la mina y el campamento en el que viven los trabajadores, ubicado en el ejido de la comunidad de Atzcala, a unos 10 minutos de la mina en vehículo, que fue tomado el sábado.
Ante la pregunta dijo que ayer se sumaron a la protesta algunos vecinos de la comunidad de San Nicolás, otro de los pueblos afectados por la contaminación de la mina.
Informó que a pesar de la inconformidad de los pobladores y los bloqueos, la mina opera con los trabajadores que metieron vía aérea con helicópteros, entre el domingo y el lunes, por indicaciones del gerente David Alduenda Farías.
Informó que tienen programada una reunión que debe celebrarse hoy y recordó que el domingo una comisión de pobladores encabezados por el comisario Marcos Valentín, entró a la mina para pedirle a Alduenda Farías que detuviera los trabajos, y se comportó de manera déspota y advirtió que seguirá trabajando.
Dio a conocer que desde el 29 de enero mediantes sus abogados solicitaron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para darle a conocer el problema, pero no los han atendido, “nosotros lo que queremos es exponerle personalmente el problema, pero jamás nos ha querido atender”.
Mostró un escrito con el sello de recibido fechado el 29 de enero por la Secretaría particular del gobernador, en el que los pobladores de Nuevo Balsas exponen su preocupación de los riesgos a su salud por los trabajos de la mina, y las afectaciones al sector pesquero y la fauna de la zona a través de sus trabajos de explotación de minerales.
Lamentó que el gobernador Héctor Astudillo y funcionarios de su gobierno y federales se preocupen más por los ingresos de la empresa minera que por los daños a la salud que provocan a los vecinos, el daño ambiental que dejan los derrames de lixiviados al río y el azolvamiento.
Declaró que los pobladores “están decepcionados” de la actitud asumida por el gobernador que niega que la minera contamine, y consideró que “no tiene caso que envíe a sus representantes, porque ya vimos que están del lado de la mina”.