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Sobreviven en condiciones precarias en Ayutla 15 familias serranas desplazadas de La Laguna

Desplazados de La Laguna, Coyuca de Catalán, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que cumpla la Ley Número 487 Para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, que se hizo a partir de que ellos fueron desterrados.
Los desplazados a las comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla –donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar–, no pueden salir a trabajar porque todos, hasta los más pequeños tienen órdenes de aprehensión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto secuestro de Homero Montúfar y el asesinato de dos sicarios que trataron de emboscarlos el 22 de junio del 2013, y fueron repelidos por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Por estas acusaciones, en la cárcel de Ayutla se encuentra preso Gildardo Díaz Pérez, detenido en marzo de 2015. Su esposa, María del Carmen Santana exige la libertad del padre de sus siete hijos.
En el lugar donde se refugian, las familias solicitaron que el gobernador Astudillo Flores y su área responsable de desplazados en el estado atienda a unas 15 familias que salieron desde diciembre de 2012 de su comunidad, La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de ser perseguidos por delincuentes que saquean los bosques del ejido Huajes de Ayala, rica en encinos, donde se ubicaba la comunidad de La Laguna. Recordaron que por ellos se creó la Ley 487, que no se está cumpliendo.
Las familias fueron visitadas ayer por el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, para dar seguimiento y conocer en que estado se encontraban.
Una de las refugiadas, la señora Catalina Pérez reclamó la falta de ayuda del gobierno, y denunció que están olvidados y arrumbados a su suerte en los terrenos que son cuidados por policías del estado.
Informó que hace un mes acudieron a sus colonias el jefe del departamento de Agua Limpia de la Conagua, Fernando Cuevas Rosas; el jefe del departamento de Asistencia Técnica de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arquímides Fernández García, y el director de Gobernación del municipio de Ayutla, Raúl Pacheco Sevilla, a quienes solicitaron un pozo de agua, pero hasta ayer ninguna autoridad había regresado.
Por otro lado, el municipio de Ayutla se niega a apoyarlos “porque no son su responsabilidad”, según cuentan que les dijo el director de gobernación, a quien han recurrido en múltiples ocasiones en busca de ayuda.
Las mujeres señalaron que los funcionarios se comprometieron a gestionar el pozo de agua, que es una urgencia, incluso han elaborado un proyecto del pozo de agua con un costo de 1 millón 40 mil pesos, que incluía una red de riego de traspatio, pero que les fue rechazado.
Las mujeres mostraron que sus hijos, unos 36 niños, tienen granos rojos en el cuerpo por beber y bañarse en agua de los pequeños pozos que han hecho en el cauce de un río que pasa cerca del terreno donde viven, en La Unión.

Exigen al gobierno del estado becas alimenticias y de transporte, y proyectos productivos

También solicitaron becas de alimentación y pasajes para sus hijos, ya que deben caminar 40 minutos para llegar al kínder, a la primaria y a la secundaria.
Asimismo, exigieron al gobernador proyectos productivos para subsistir y alimentar a sus hijos, cinco de ellos nacieron en las tierras que ocupan, mismas que no se les han entregado de manera formal, porque no han sido adquiridas por el gobierno del estado, tratándose de ejidos.
Los desplazados aclararon que no están pidiendo nada regalado, sino apoyo para vivir con dignidad. Algunas de las familias rentan tierras hasta por 2 mil pesos para sembrar maíz, pero en la temporada pasada la cosecha se perdió ante la falta de lluvias.
Entre 2005 y 2012, asesinaron a 30 integrantes de las familias desplazadas. Su dirigente, Juventina Villa, y su hijo de 17 años, fueron asesinados el 28 de noviembre de 2012, cuando trataban de escapar con otras 45 familias de Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Bloquean campesinos de La Montaña las carreteras de Tlapa a Puebla y a Chilpancingo; exigen diálogo

Na savi, me’phaa, nahuas y mestizos que integran el Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña bloquearon las carreteras federales de Tlapa a Puebla y de Tlapa a Chilpancingo para exigir una mesa de diálogo con los gobiernos federal y estatal que acepten sus peticiones de granos básicos, y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de inmuebles como escuelas, y centros de salud, así como la rehabilitación de caminos y puentes afectados por la tormenta Manuel y las lluvias de marzo.
Los inconformes iniciaron este jueves la jornada Contra el hambre y la discriminación, con una reunión en la Casa del Jornalero, donde acordaron bloquear las carreteras, en lugar de marchar como anunciaron.
En la carretera Tlapa-Chilpancingo, el primer bloqueo fue en el crucero de Atlamajalcingo del Río, donde participaron campesinos de los municipios de Tlacoapa, Alpoyeca, Acatepec y San Luis Acatlán, pero al ver que los conductores buscaban salidas alternas, una parte del grupo se trasladó a la salida del balneario Paraíso Escondido, en la carretera vieja, para cerrarla totalmente.
En la carretera Tlapa-Puebla ocurrió algo similar; primero se plantaron en La Nopalera, y de ahí, al ver que se usaba el cauce del río Tlapaneco como vía alterna, se trasladaron al puente de El Otate para cerrar el paso. Aquí estuvieron vecinos de Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Xalpatláhuac, Atlixtac e Iliatenco, entre otros.
En ambos sitios se permitió el paso a quienes llevaban enfermos. En el bloqueo participaron más de 3 mil indígenas de 185 comunidades.
El líder Moisés Solano Cano dijo que esperaban que se cumplieran los acuerdos con el gobierno federal, ya que las mesas de trabajo no se han concretado y se postergan unos días antes de las fechas, como ocurrió este 30 de marzo, cuando no les confirmaron la reunión.
Dijo que la petición es que en 2016 les doten granos básicos como maíz, frijol y arroz, y sal en el programa Que llueva maíz en La Montaña, para más de 16 beneficiarios, ante las afectaciones a sus tierras de labor, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) responda a su compromiso de reconstruir 4 mil 800 viviendas y las escuelas, caminos y puentes afectados por la tormenta.
Además exigen que se atienda de manera emergente a los cafetaleros que en su mayoría son parte del Consejo, ante las afectaciones que dejó la plaga de la roya que no les permitió obtener cosechas.
Mencionó que no se levantaría el bloqueo si no recibían a la comisión y que ya llevan más dos años y medio exigiendo que cumpla al gobierno federal, que minimiza a los delegados, comisarios y principales de las comunidades que acuden en representación de sus pueblos.
Alfonso Ayala Vicario, de Malinaltepec, lamentó que las autoridades sólo engañen a la gente y que los apoyos lleguen tarde, como ocurrió con las lluvia y los vientos del 8 de marzo, cuando decenas de casas se quedaron sin techos, y la poca ayuda llegó 20 días después cuando políticos se aprovecharon de la miseria al entregarles a algunos unas cuantas láminas y una despensa, “con eso pisotean la dignidad de la gente y no nos resuelven las necesidades, porque las casas que hicieron ya están mal, se fueron las láminas, nos dan atole con el dedo”, lamentó.
Los comentarios fueron por la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, a la comunidad na savi de Alacatlatzala, municipio de Malinaltepec, el 29 de marzo, “sólo llamaron a la gente y no le dieron nada, actuaron de mala fe para llenar una cancha y sólo le dieron los apoyos a unos cuantos, fue otra jugada contra nosotros”, denunció.
El bloqueo fue levantado a las 9 de la noche y recibieron la propuesta de una fecha para reunirse con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Al cierre de esta edición continuaban en reunión deliberando sobre continuar o no su jornada de lucha.
En un boletín, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan apunta que ante la grave crisis productiva que enfrentan las familias indígenas, los pueblos cuya economía se basa en la agricultura de temporal y en la comercialización del café están al borde de una situación de gravedad.
Por eso pedían el programa Que llueva maíz en la Montaña, como una medida emergente que compense el déficit de producción de granos básicos que ha obligado a decenas de familias a salir de la región para contratarse como jornaleras agrícolas.
Exigieron que las autoridades cumplan con la construcción de vivienda, que de acuerdo con el censo del Consejo, suman 4 mil 250 casas dañadas tras las tormentas Manuel e Ingrid.
Menciona que la lucha de los pueblos es para hacer que las autoridades se comprometan a cumplir sus compromisos.
El Consejo emplaza a los gobiernos estatal y federal a retomar la mesa de diálogo que quedó trunca desde diciembre de 2015, y ante el vacío que generan las autoridades, el Consejo protesta masivamente y exige el cumplimiento de la segunda etapa del programa Que llueva maíz en la Montaña, y que se atienda la construcción de viviendas.
Llamaron al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores a que asuma su compromiso de proteger los derechos fundamentales de la población más olvidada de Guerrero.

Exige el Consejo de Damnificados de La Montaña que se amplíen los apoyos de granos básicos

 

El Consejo de Damnificados de la Montaña marchará hoy en Tlapa “contra el hambre y el olvido”, para que se amplíen los apoyos de granos básicos, se atienda el desplazamiento de comunidades, las viviendas dañadas y a los cafeticultores damnificados por la tormenta tropical Manuel en 2013.
En entrevista, la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Martha Ramírez Galeana informó que la marcha es una continuación de la caravana de noviembre de 2015, porque ahí se había acordado con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, que en enero de 2016 se analizarían las necesidades de las comunidades que integran el Consejo para determinar los tipos de apoyo que recibirían, y aún no se ha visto nada.
Explicó que otro asunto a discutir es la reconstrucción de las casas, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya reconoció que hay obras que están mal hechas, y aunque cuenta con cifras y montos, no tiene presupuesto asignado.
Agregó que también hablarán de las viviendas afectadas por los fuertes vientos y lluvias del 8, 9 y 10 de marzo, porque casi son las mismas comunidades que fueron afectadas con la tormenta Manuel.
Criticó que aunque el gobernador Héctor Astudillo Flores acudió a la comunidad de Alacatlatzala a entregar enseres, estos son insuficientes y no responden a un proyecto integral, “por ejemplo, cuánto le va a durar esa despensa o la colchoneta a la gente”; explicó que es necesario implementar programas para este tipo de emergencias.
Dijo que hay más municipios en el Consejo, de 13 pasó a 17, porque los problemas y necesidades han aumentado.
Explicó que la primera etapa de entrega de maíz, frijol, arroz y sal a los damnificados ya concluyó, pero que pedirán la segunda etapa incluida en el proyecto original, y es urgente ante las continuas afectaciones a las tierras de los indígenas causadas por el cambio climático, que provoca fuertes lluvias, y vientos que han deslavado y hundido sus tierras de labor, además de la plaga de la roya a los cafetales que eran parte del sustento de las familias.
Indicó que urge implementar el programa Que llueva maíz en la Montaña, y un programa especial para los cafetaleros, porque la mayoría de los integrantes del Consejo se dedican a la producción del café que implica un ingreso más.
Declaró que el Consejo decidió esta marcha el 12 de marzo en una reunión, y que le apostaban al diálogo, mediante la interlocución del antropólogo Abel Barrera, con el gobierno federal, pero no fue posible.
En la convocatoria, el Consejo anunció que marcharán ante la crítica situación de los pueblos indígenas por el desplazamiento de los programas sociales, la devastación que causó el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, por el olvido, la violencia, la falta de oportunidades y la estrategia bélica del Estado.
El Consejo de Comunidades Damnificadas se constituyó el 22 de septiembre de 2013, ante la devastación de las lluvias provocadas por la tormenta Manuel, que integra a 200 comunidades de los 17 municipios de alta marginación de la Montaña de Guerrero, la población más discriminada y olvidada, y por eso exigen el cumplimiento del programa Que llueva maíz en La Montaña.
Ayer se observó a algunos integrantes del Consejo que llegaban a las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) del programa de Jornaleros Agrícolas de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), donde se reunirán para marchar este jueves a las 10 de la mañana.

Viven en casas sin techo indígenas de La Montaña por los vientos de hace 20 días, denuncian

 

Las comunidades me’phaa, na savi y nahuas de la Montaña continúan sin recibir apoyos de los gobiernos para hacer frente a las afectaciones que dejaron los vientos y la lluvia del 8, 9 y 10 de marzo en la región, cuando sus casas se quedaron sin techos.
El dirigente me’phaa del Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos (Frecoddec), Abel Bruno Arriaga, de la comunidad de la Unión de la Peras, informó que a las comunidades de Malinaltepec no ha llegado el apoyo para reparar los daños de las viviendas.
Dijo que no hay apoyo municipal ni estatal de autoridades de Protección Civil u otra instancia, y que las familias siguen en sus casas aunque no tienen techos.
Agregó que les pidieron llevar este martes a todos los pobladores a recibir al gobernador Héctor Astudillo Flores para que no se queden sin lámina y colchonetas, que les entregarán en la comunidad na savi de Alacatlatzala.
En la comunidad de San Miguel el Progreso tampoco han tenido respuestas, y las familias siguen viviendo al aire libre porque no cuentan con techos, y ni el municipio ni el estado se han acercado a ellos, según información proporcionada por la radiodifusora comunitaria Naxme.
Los integrantes del Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablecer el servicio de energía este lunes, comentaron que los apoyos no han llegado totalmente a las comunidades indígenas.
En la comunidad de El Rosario, municipio de Atlamajalcingo del Monte, las láminas tampoco han llegado a las casi 60 familias afectadas, según comentó uno de los pobladores en esta ciudad, que se quejó de que el gobernador sólo llevó cosas a los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, hace unos días.
Otro vecino de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, reiteró que no han recibido ningún apoyo de las autoridades, que supieron que fue el gobernador, pero para ellos no dejaron nada.
El gobernador acudió el 13 de marzo a las comunidad na savi de San Lucas, de Cochoapa el Grande, y la me’phaa bathaa de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, donde de manera simbólica entregó láminas a las familias afectadas.
Se observaron paquetes de láminas para unas cinco, siete y hasta 15 familias por comunidad, cuando las afectaciones fueron mayores y ahí los dirigentes le pidieron que no cerrara las listas, porque aún no se terminan de cuantificar los daños.

Bloquean 500 campesinos la carretera Iguala-Chilpancingo; demandan alimentos y herramientas

Unos 500 integrantes de la asociación civil El Ángel de la Paz bloquearon tres horas la carretera federal Iguala-Chilpancingo, en el crucero de Rancho del Cura, para exigir al gobierno del estado 3 mil 600 despensas, granos básicos, azúcar, herramientas y 200 mil pesos, que se había comprometido a entregar en septiembre.
Los integrantes de la asociación, con carros particulares bloquean totalmente la carretera federal Iguala-Chilpancingo desde las 9 de la mañana en el crucero del Rancho del Cura, que conecta con los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Copalillo, Atenango y la región de Tierra Caliente.
Los inconformes, algunos con machetes y rostros cubiertos, encabezados por el presidente de la asociación, Leovigildo Morales Garcés, exigen que el gobernador Héctor Astudillo Flores les entregue despensas, granos básicos, herramientas y recursos económicos para gastos de la asociación.
El 3 de diciembre, campesinos y amas de casa de esta asociación bloquearon más de dos horas esa misma vía para exigir 10 mil despensas, fertilizante, alambre de púas, bombas aspersoras y enseres domésticos que solicitaron en julio al entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, que se comprometió a entregar 5 mil despensas, de las que sólo entregó mil 400.
En declaraciones a reporteros en el lugar del bloqueo, Morales Garcés explicó que, después del bloqueo de diciembre firmaron una minuta de acuerdos con Astudillo Flores, en la que las demandas cambiaron a 3 mil 600 despensas, 20 toneladas de maíz, 10 toneladas de frijol, 10 toneladas de arroz, 10 toneladas de azúcar, 500 cajas de aceite, 500 carretillas, 500 bombas aspersoras, 2 mil cobertores y 200 mil pesos por los gastos de la movilización de los campesinos y amas de casa.
Sin embargo, el gobierno del estado sólo les ha entregado 3 mil 700 despensas, 20 toneladas de maíz y 600 cobertores, y aseguran que no retirarán el bloqueo hasta recibir los apoyos pendientes.
En ese momento, advirtió que no liberaría la carretera hasta que les entregaran el resto de los productos del pliego petitorio, y advertía que bloquearían de forma simultánea también la carretera hacia Teloloapan y Taxco.
Explicó que la asociación tiene presencia en los municipios de Iguala, Huitzuco, Copalillo, Atenango, Tepecoacuilco, Teloloapan, Cocula e Ixcateopan, así como en municipios de Tierra Caliente, y que está conformada principalmente de campesinos, amas de casa y familias de escasos recursos que viven en colonias populares de estos municipios.
Ante el bloqueo de la carretera, vehículos del transporte público y particular se quedaron varados, muchos pasajeros caminaron para entrar o salir de Iguala.
Al lugar, donde mostraron lonas con el texto: “Sr. Gobernador tenemos hambre, resuélvanos, es su obligación”, llegaron policías estatales y federales a pedir a los inconformes la liberación de la carretera, pero no fueron atendidos.
Aunque se le identifica con el PRI, Morales Garcés dijo que su asociación no tiene filiación con ningún partido político, que incluye a ciudadanos con militancia en diferentes partidos políticos, “pero les hemos dicho que política vayan a hacer a su partido político, y que aquí van a trabajar por las necesidades más apremiantes, por los campesinos y las colonias populares”.
Minutos después de las 12 del mediodía, el representante de la asociación Leovigildo Morales y el delegado de Gobierno estatal en la zona Norte, Felipe de Jesús Adán, firmaron una minuta de acuerdo con el compromiso de que hoy a las 12 del mediodía habrá una mesa de trabajo entre la asociación y un funcionario estatal, “con facultades resolutivas”, para dar atención a las peticiones de la organización, aunque no se fijó lugar para el encuentro.
Después de la firma de acuerdos, la carretera fue liberada y se abrió al tránsito vehicular.

Protestan unos 100 me’phaa en la CFE de Tlapa para exigir que restablezcan la energía eléctrica

 

Comisarios, delegados y principales de comunidades me’phaa bathaa de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Cochoapa el Grande protestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica, revisión de líneas, cambio de postes, bajadas y contra las altas tarifas.
Se quejaron de que el gobernador, Héctor Astudillo Flores fue a sus comunidades el domingo 13 de marzo y les prometió que, a más tardar el miércoles, tendrían energía porque llegando a Chilpancingo lo reportaría, “lo malo es que nos confiamos y no preguntamos qué miércoles iba ser porque ya pasaron varios”, se quejaron.
Unos 100 vecinos me’phaa de la variante bathaa llegaron alrededor de las 10 de la mañana a la CFE, donde presionaron en la entrada unos 40 minutos, y luego fueron recibidos en la sala de reuniones.
Los usuarios inconformes explicaron que carecen del servicio de energía eléctrica desde las lluvias y fuertes vientos del 8 al 10 de marzo, que apenas el 27 la CFE lo restableció y media hora después volvieron a quedarse sin ella.
Además, dijeron que hay postes y transformadores caídos, algunos de hace unos días y otros desde la tormenta Manuel, de septiembre de 2013; asimismo, solicitaron más de 100 bajadas en las distintas comunidades, que se reubiquen algunos postes y otros sean cambiados, porque son de madera y ya están deteriorados, y que se vea si los árboles causan afectaciones, para podarlos.
Los representantes de la CFE, cuyo responsable es Iván Martínez Borja, se pusieron a la defensiva ante los reclamos, pues de inmediato los acusaron de colocar alambres en las líneas de conducción para restablecer la energía, y eso generaba cortos y afectaciones mayores en los equipos costosos de la CFE, de más de 20 mil pesos, porque ese alambre no permite cortar la energía, causando daños mayores.
La CFE se comprometió a podar los árboles que afectan el cableado, pero con la ayuda de los habitantes de las comunidades, como lo han hecho en otros lugares.
Los inconformes explicaron que no reportaban el corte del servicio porque los teléfonos funcionan con electricidad y se les complicaba ir a las oficinas de la CFE a dejar un oficio que luego ignoran.
Les dijeron que los comisionistas contratado por la comisión son propuestos por la comunidad y la CFE les da un sueldo.
Los representantes de la CFE justificaron su desatención con que hay más poblaciones que no tienen energía desde hace más de 20 días, mientras que los afectados les reprocharon que al presidente de Xochihuehuetlán, que tiene una gasolinera en Xalpatláhuac, le restablecieron la energía tras reportar el corte.
Las comunidades afectadas de los cuatro municipios sumaron 19 en el registro, la mayoría hablantes de me’phaa bathaa, aunque algunas son na savi, entre ellas Juanacatlán, Francisco I. Madero, San Juan Puerto Montaña, San Agustín y Agua Dulce.
Los participantes pertenecen al Consejo Regional de los Pueblos Me’phaa bathaa, quienes plantearon que las deficiencias en el servicio eléctrico son añejos, “desde que empezamos con el difunto Cándido Félix Santiago”, recordaron.
Como parte del Consejo estuvieron su presidente, Zaragoza Hurtado García; el vicepresidente, Zeferino Villanueva Galindo; el secretario, Marcos García Catalán; los vocales, Andrés Flores Candia y Nazario Félix Cano, y el contralor social, Joaquín Catalán Estrada.
La reunión terminó alrededor de la 1 de la tarde con la firma de la minuta con que la CFE se compromete a iniciar el restablecimiento de la energía a partir del 28 de marzo, cuando verificarán la línea principal y luego los ramales, los postes que se cayeron y el cambio de los que están en mal estado, y que la reubicación sería la parte que más llevaría tiempo porque tendrían que mover postes y llevar nuevos.

Inicia la Feria del café en Atoyac con un concierto de la OFA pese a la crisis del sector

La Orquesta Filarmónica de Acapulco (OFA) regresó a Atoyac para dar un concierto en el Teatro del Pueblo, e iniciar la celebración de la Feria del Café, tras 19 años de haber tocado su primer concierto en todo el estado de Guerrero, en la feria de 1997; el primero fue en el casco de la fábrica de Hilados y tejidos Progreso el Sur, de El Ticuí.
La OFA ofreció un concierto en el Teatro del Pueblo de la Feria del Café, inaugurando así las festividades; pese a la crisis que vive el sector, contó con un Pabellón de Café donde se hablará, en pláticas y conferencias, de la plaga de la roya.
La celebración inicio con una cabalgata desde la avenida Juan Álvarez hasta el bulevar Atoyac, donde están los terrenos de la feria.
El presidente municipal Dámaso Pérez Organes, estuvo acompañado de los alcaldes de Coyuca de Benítez, Javier Escobar Parra; Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández; y Tixtla, Hossein Nabor Guillén.
En el Teatro del Pueblo, el representante del gobernador Héctor Astudillo Flores, coronó a la reina del Café María Fernanda Garibo Méndez.
En el evento de apertura de la feria, el presidente municipal, Dámaso Pérez estuvo acompañado por el director de Fomento Tecnológico de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), José Daniel Román Salazar, quien asistió en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Los asistentes disfrutaron del concierto de más de una hora de la OFA, con un repertorio de música de la Costa Chica y temas famosos de cine, así como Lindo Atoyac, dirigida por el maestro Carlos Álvarez.
El director recordó que hace 18 años su primera presentación en todo el estado de Guerrero fue en Atoyac, también en la Feria del Café, a la que dijo estar complacido de regresar.
Después de la coronación, el alcalde y los invitados se trasladaron a los terrenos de la feria, al Pabellón del Café que, dijo, es un espacio para los productores de café, miel y artesanías, en el cual también se leerán algunas ponencia sobre la roya del café y sobre variedades resistentes a esa plaga.
En el Pabellón del Café, el folklor de Tixtla se hizo presente con sus músicos y danzantes, entre los que destaco la síndica Esmeralda Fonseca Soberanis, quien bailo La Iguana.
La feria concluirá el 3 de abril con un espectáculo de motociclistas en los terrenos de la feria.

Destinará la Sedesol 10 millones de pesos para el empleo temporal de productores afectados por la roya, anuncia

 

El delegado de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Armando Soto Díaz informó que la dependencia federal aportará 10 millones de pesos para el programa del empleo temporal para los cafeticultores afectados por la plaga de la roya.
El funcionario dijo que el incentivo será destinado a los jornaleros para renovar los cafetos afectados en algunas regiones cafetaleras del estado hasta en un 100 por ciento.
El 17 de febrero, el delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mateo Aguirre Arizmendi señaló que abordarían un programa de replantación del café para combatir la roya.
Este programa incluía la creación de viveros comunitarios, donde los productores serían los responsables del nuevo proceso de cultivo, con asesoría de la dependencia federal.
La propuesta conjunta con la Sedesol, es ofrecer a los productores un empleo temporal que les permitiera mantenerse económicamente activos, ante el temor de permanecer desempleados los tres años que dura el proceso de replantación.
Consultado vía telefónica, el delegado de Sedesol en Guerrero explicó que gracias a la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, con el titular de la dependencia federal, José Antonio Meade, se logró la gestión de 10 millones de pesos que serán destinados a los productores de las zonas que registraron mayores pérdidas de café, principalmente en la Costa Grande, Costa Chica y Montaña.
Dijo que dentro de unos 15 días comenzarán a disponer del dinero, toda vez que esperarán junto a la Sagarpa y el gobierno estatal definir un programa estratégico que permita con éxito la replantación de los cafetales
En cuanto al número de productores que serán beneficiados, el delegado señaló que, a partir de la siguiente semana se reunirá con una comisión de la Sagarpa y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), para definir el padrón de cafetaleros que serán beneficiados, “ya que nosotros bajamos el recurso, éste se cruza en los padrones y en base a ello observamos la cantidad de productores que obtendrán el beneficio”, indicó.
Abundó que, por el momento desconoce el salario y la cantidad de horas que trabajarán los jornaleros, ya que primero deberán revisar minuciosamente los padrones establecidos y saber hasta donde serán extendidos los 10 millones de pesos, “lo único que puedo afirmar es que ya está (…) y será utilizado para la mano de obra de los jornaleros”, indicó.
Remarcó que, mediante el programa de empleo temporal los cafetaleros obtendrán un doble beneficio, pues además de renovar sus plantíos obtendrán un ingreso económico para sus hogares.

Se manifestará contra la evaluación pese a la vigilancia de federales, dice la CETEG

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero informó que sin importar la fecha en la que se lleve a cabo la evaluación extraordinaria del desempeño del Servicio Profesional Docente, ni el resguardo policiaco, el magisterio disidente se manifestará para rechazar el examen.
El viernes, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero informó que 4 mil 500 agentes de la Gendarmería, Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardarán el Fórum Mundo Imperial en Acapulco, los días 8 y 9 de abril, cuando se aplique la evaluación extraordinaria del Servicio Profesional Docente.
Consultado vía telefónica, Ramos Reyes dijo que la CETEG se manifestará el día que se aplique la evaluación, porque el examen atenta en contra de los derechos laborales de los maestros.
Criticó que las autoridades hayan cambiado en dos ocasiones la fecha definitiva de la evaluación y que ésta contará con el resguardo de más de 4 mil agentes de la Gendarmería, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública.
Señaló que el traslado de los policías será un gasto significativo para las autoridades, que se debió invertir en mejorar las instalaciones de las escuelas del estado, ya que los planteles no cuentan con servicios públicos y están en malas condiciones.
Ramos Reyes manifestó que la evaluación no debe contar con resguardo policiaco, ya que el examen es un asunto que le compete al sector educativo y no al de seguridad pública.
Aseguró que con el resguardo policiaco, las autoridades intimidan a los maestros, tanto a los que se manifestarán en contra de la evaluación y la reforma educativa, como a los que asistirán a evaluarse.
Informó que, a nivel estatal, los integrantes de la CETEG que fueron notificados para presentarse al examen acordaron no recibir ningún oficio, entregar sus evidencias de trabajo, ni asistir a la evaluación en Acapulco.

Es “hostigamiento represivo” el anuncio
de fuerte vigilancia policiaca en la evaluación, acusa el Sutcobach

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García calificó como un “hostigamiento represivo y de carácter psicológico” las declaraciones del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, quien dijo que la evaluación extraordinaria programada para el 8 y 9 de abril será vigilada por más de 4 mil policías federales y gendarmes.
El dirigente sindical señaló que a pesar de esas amenazas, los maestros se van a manifestar en rechazo a la evaluación, la cual se llevará a cabo en el Fórum Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco. A Ramírez García se le preguntó su opinión de las declaraciones del secretario de Educación sobre la seguridad para la evaluación, y respondió que reprobaban ese “hostigamiento represivo y de carácter psicológico”.
Indicó que es una forma de obligar a los maestros a presentarse a la evaluación que rechazan, y que esos actos no reflejan la reforma que tanto anuncian, que es más represiva que pedagógica; “condenamos la actitud de hostigamiento contra el magisterio, sobre todo, contra los docentes que fueron notificados”.
Sobre si a pesar de la información de que la zona será blindada ellos van a protestar, Ramírez García respondió que sí, “vamos a protestar y lo que esperamos, lo que exigimos es que respeten la manifestación pública de inconformidad a la que tenemos derecho y no haya represión, porque de antemano ese anunció es un hostigamiento y represión psicológica al anunciar el operativo de vigilancia que van hacer”.
Insistió que se manifestarán en la sede del la evaluación y que ya han pedido a los docentes que “fueron notificados legalmente para que se presente el amparo anticipado”. Sobre cuántos maestros del subsistema del Colegio de Bachilleres fueron notificados, el dirigente sindical comentó que no tenía el número preciso porque están separando a los que fueron notificados de manera legal de los que no.
El viernes, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero informó que 4 mil 500 gendarmes, policías federales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardarán el Fórum Mundo Imperial en Acapulco los días 8 y 9 de abril, cuando se aplique la evaluación extraordinaria del Servicio Profesional Docente.
González de la Vega Otero dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores autorizó el resguardo policiaco con el que contará la evaluación extraordinaria, luego de que hizo una solicitud formal a la Gendarmería y a la Policía Federal.

Declara la Segob emergencia en 12 municipios afectados por las lluvias de la semana pasada

La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró emergencia en 12 municipios de Guerrero por las afectaciones de las lluvias de la semana pasada.
En un boletín de prensa, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob informó que se emitió una declaratoria de emergencia para 12 municipios de Guerrero, tras “la presencia de lluvia severa” el 8, 9 y 10 de marzo.
Los municipios son Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Coyuca de Benítez, Atoyac, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Ayutla, San Luis Acatlán, Acatepec, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.
Con la declaratoria de emergencia se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden). “A partir de esta Declaratoria, solicitada por el Gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada”.
El viernes, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que solicitó la declaratoria de emergencia para 18 municipios afectados por las lluvias y vientos del miércoles.
El domingo, en un boletín de prensa el secretario de Protección Civil estatal, César Mayares informó que la dependencia contabilizó 3 mil 800 viviendas dañadas.