El representante de la Unión de Mototaxis Nn’anncue Ñomndaa, Victoriano López Guzmán denunció que desde inicios de 2010 la Delegación de Transportes en la Costa Chica les retuvo siete mototaxis con los que pretendían dar un servicio alternativo en Xochistlahuaca.
En una llamada a la redacción, el dirigente manifestó que, por presiones de los taxistas de la zona fueron acusados de piratería, y a pesar de que el Ministerio Público consideró improcedente la acusación, los mototaxis retenidos siguen en un corralón privado. López Guzmán dijo que desde hace casi seis años dejaron de pedir que les devolvieran los mototaxis, porque el ex director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Juan Larequi Radilla no atendía sus llamadas.
Argumentó que el servicio de mototaxis surgió como una fuente de empleo para los jóvenes que no pudieron continuar sus estudios, además de que pretendían ofrecer “un servicio más barato a la comunidad amuzga”.
Contó que en 2010, pocos días después de que comenzaron a dar servicio, la Delegación de Transportes en la Costa Chica, a cargo entonces de Fidel Bello García, les recogió los siete mototaxis, tras una denuncia de taxistas que los acusaron de piratería, iniciando la averiguación previa ABAS/SC/05/358/2010
El 15 de marzo de 2010 se dictó una resolución que declaraba improcedente las acusaciones y ordenaba al delegado de Transporte devolver los mototaxis.
Dijo que cuando solicitaron sus motos a la empresa Grúas Domínguez, que sirvió como corralón, los propietarios les dijeron que liberarían las mototaxis si pagaban el pisaje por el tiempo que estuvieron en su propiedad, los dueños de los mototaxis se negaron a pagar porque eso le correspondía a la Delegación de Transporte, “y nosotros no cometimos ningún delito”.
De la negativa de la delegación de transporte por el pago del pisaje, Victoriano López dijo que acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Ometepec, que, de acuerdo con el expediente 079/2011, emitió la sentencia que ordena al delegado de Transporte de la Costa Chica, “la liberación de los vehículos sin cobro alguno”.
Desde 2011, cuando se dictó, la sentencia no se ha cumplido, ante la inacción de Transportes, el mismo Tribunal de lo Contencioso les ha aplicado multas, “pero sinceramente no sabemos si éstan pagándolas”.
López Guzmán solicitó al gobernador Héctor Astudillo su intervención y una reunión con el nuevo director de Transportes, Miguel Piña Garibay.
Expuso que en 2012, un delegado de Transportes –de quien no recordó su nombre– intentó pagar por las motos, para ese entonces Grúas Domínguez cobraba 80 mil pesos por el pisaje.
Recordó que en 2013, el entonces gobernador Ángel Aguirre se reunió con ellos y, ya con el conocimiento del problema, pidió al ex director de Transporte Juan Larequi Radilla que le diera seguimiento, pero después de dos reuniones sin avances, dejó de contestarles las llamadas.
