El arzobispo Leopoldo González González convocó a los acapulqueños a participar en la marcha contra el aborto que se realizará el próximo sábado.
La Marcha Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida 2023 está convocada a las 4 de la tarde. Saldrá del Parque Papagayo hacia el parque de la Reina y se realizará antes de la que manifestación nacional, que será el domingo en Ciudad de México.
En su mensaje de este doningo, monseñor insistió en la postura de la Iglesia católica, de rechazo a la interrupción legal del embarazo.
Recordó lo dicho por el Papa Francisco: “Esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos en turno”.
En su mensaje, el arzobispo hizo una relatoría de la formación del embrión fecundado, “a los 18 días de la gestación, nuestro corazón ya bombeaba sangre por sus venas. A las cinco semanas aparecieron nuestra nariz, mejillas y dedos. A las seis semanas ya teníamos esqueleto, riñones, estómago e hígado funcionando. A las siete semanas nuestro cerebro ya producía ondas propias y teníamos ojos, lengua y labios, y a las diez semanas pudimos parpadear y reaccionar a ruidos”.
Para el cuidado de la vida, el arzobispo dijo que es necesario cuidar a la mujer embarazada, para que cuente con servicios de salud y asistencia social. En los casos de violación, dijo el delito no debe quedar impune y la sentencia debe considerar el cuidado de la víctima abusada, “y de la criuatura”.
También llamó a que los varones sean responsables de su paternidad, “el varón es corresponsable en la obligación de dar un acompañamiento afectivo y efectivo a la mujer que ha embarazado y a su hijo”.
Periodistas locales, nacionales e internacionales, se manifestaron este martes en las instalaciones de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en Ciudad de México, para exigir justicia por el homicidio de Nelson Matus Peña.
Cerca de 50 periodistas se dieron cita en el inmueble del gobierno del estado de Guerrero, ubicado en la colonia Polanco, donde se realizó una clausura simbólica de la oficina, se colocaron fotografías de Matus Peña y se entregó una carta.
En un comunicado compartido por la organización defensora de la libertad de prensa Artículo 19, se destaca que el país resulta uno de los más peligrosos para desarrollar el oficio periodístico.
“Con el asesinato de Nelson Matus, en el actual gobierno ya suman 49 crímenes contra nuestros colegas. Esto en un clima de inseguridad y violencia crecientes, sin que estos delitos hayan sido investigados y sin que, como hemos exigido en múltiples ocasiones, haya un plan de prevención frente a esta violencia específica contra periodistas en nuestro país”, señalaron.
En este comunicado, firmado por 172 periodistas y organizaciones, se exige el esclarecimiento y justicia por el homicidio del director de Lo Real de Guerrero, así como de todos los crímenes en contra de la libertad de expresión.
Por su parte, el periodista desplazado Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación, señaló que se exige justicia por el homicidio de Matus Peña, destacando que prevalece una situación de inseguridad y violencia, tanto en Guerrero como en el país.
“Venir y exigir justicia por un compañero más que ha sido asesinado en nuestro estado de Guerrero, condiciones que prevalecen en la República Mexicana y por lo que hoy venimos a exigir, una vez más, porque lo hemos hecho en infinidad de ocasiones. Venimos a exigir garantías de seguridad para todos los compañeros periodistas”, dijo Jonathan Cuevas.
Puntualizó que concretamente en Guerrero no se puede realizar labor periodística en la sierra, Chilapa y Tierra Caliente, exhortando al gobierno federal a que ponga énfasis particular en estas zonas, pues no se puede permitir que sigan asesinando periodistas.
Recordó que ya antes, Nelson Matus ya había recibido amenazas y en 2019 fue víctima de un atentado, además de ser hostigado y perseguido, sin contar con protección por parte del gobierno federal.
“Siempre fue conocido que él, todo el tiempo, sufrió amenazas. Ya había sufrido un atentado en 2019, siempre estuvo siendo hostigado, fue amenazado, perseguido y no es posible que el gobierno federal no haya garantizado su seguridad”, declaró el periodista desplazado.
Aseguró que varios grupos delictivos que se dedican al narcotráfico trabajan en colusión con autoridades de todos los niveles y criticó que se hayan creado portales digitales de noticias, que se hacen pasar por medios de información formales, pero que en la realidad operan directamente para el crimen organizado.
Reiteró la petición generalizada de justicia en el caso de homicidio del periodista Matus Peña, señalando que se busca que el asesinato no quede impune y no se tenga un castigo para los responsables.
“Queremos que este caso, del compañero Matus, no se quede como un asesinato más, sin que haya justicia. Exigimos justicia para Nelson Matus”, externó Jonathan Cuevas.
Por su parte, Julio César Zubiliaga, director del Diario de la Tarde y que también es periodista desplazado, indicó que el número de víctimas va en aumento pero no se castiga a los responsables.
“Cada vez es mayor el número de víctimas y ni uno, ni un presunto responsable pagando una condena por estos hechos”, mencionó.
Añadió que existe tristeza e indignación por el homicidio de Matus Peña, destacando que actualmente, las acciones que realizan los grupos del crimen organizado se quedan en la impunidad.
“Nos sentimos profundamente consternados, tristes e indignados por la forma en la que ha sido privado de la vida el compañero, creemos que es demasiada la impunidad con la que hoy actúan los grupos del crimen organizado”, externó Zubiliaga.
Indicó que la vida de quienes se dedican al ejercicio periodístico están depende de la decisión que tomen los distintos grupos del crimen organizado que proliferan en todas las regiones del estado.
“Hoy en día todos, todos estamos expuestos a perder la vida en el momento que esos grupos lo decidan, sin que tengamos la más mínima protección para poder cumplir con nuestra responsabilidad, que es en beneficio del pueblo”, comentó.
Luego de los discursos, se realizó un pase de lista de aquellos periodistas que recientemente han sido asesinados. La protesta inició a la 1 de la tarde de este martes y estaban presentes representantes de Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, además de periodistas de distintos medios y trabajadores independientes.
Cerca de 60 personas se manifestaron este lunes en el Consulado de México en Los Angeles, California, por el asesinato de Jesús González Ríos, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Copala.
De acuerdo con Aniceto Polanco, migrante originario de ese municipio de la Costa Chica y presidente del Club Copala, la mayoría son originarios de Guerrero y participan en la Coalición Derechos Plenos de los Migrantes.
La manifestación inició alrededor de las 10 de la mañana y tuvo una duración de dos horas. En declaraciones para El Sur, Aniceto Polanco informó que entregaron al cónsul una carta para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que el escrito le fue leído al consul y que la demanda principal es que la Fiscalía General de la República (FGR) tome directamente el caso del asesinato de González Ríos, debido a que consideran que la Fiscalía General del Estado (FGE) es incompetente.
“Que la FGR tome la investigación, porque creemos y estamos seguros de que la Fiscalía del estado no es competente. Porque desde que entró esta presidenta municipal (Guadalupe García Villalva), han ocurrido más de 20 asesinatos, y ninguno se ha resuelto. Esto fue la gota que derramó el vaso”, declaró.
Adelantó que continuarán manifestándose con el objetivo de exigir justicia por el homicidio de Jesús González, afirmando que no lo pueden hacer los pobladores de Copala por temor a represalias.
“La comunidad migrante, que somos muchos copaltecos aquí en Estados Unidos, nos estamos organizando y queremos justicia. Vamos a pedir justicia, porque nuestra gente allá tiene miedo, no pueden hablar”, dijo.
Añadió que las manifestaciones serán pacíficas y sin ánimo de venganza. “Esto no puede quedar así y no va a quedar así. No es que seamos vengativos ni nada, nosotros estamos haciendo un llamado, somos pacifistas, queremos paz”, comentó Polanco.
Indicó que desconocen si por el caso del homicidio de González Ríos está abierta una carpeta de investigación en las instancias correspondientes; “no sabemos nada”, subrayó.
En la carta dirigida a López Obrador se afirma que existe incapacidad por parte de las autoridades, tanto del estado de Guerrero como municipales, y le piden su apoyo para instruir a la FGR a que atraiga el caso.
“Le pedimos que, ante la incapacidad de las autoridades municipales y estatales, de dar con los responsables del crimen, tenga a bien instruir a las autoridades de la Fiscalía General de la República que atraigan el caso, para una vez más acreditar que bajo su administración ‘no hay crimen sin castigo’ y que ‘ningún crimen queda impune’”, se lee.
El pasado 30 de junio se encontró muerto en una brecha de terracería, rumbo a la laguna de Chautengo, en el vecino municipio de Florencio Villarreal, al coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, quien había sido secuestrado dos días antes por hombres armados.
Después se difundió un video grabado por la misma víctima, en la que señalaba como responsable de lo que le sucediera a la presidenta municipal Guadalupe García Villalva, que fue postulada por el PRD.
Dijo que la edil lo había mandado amenazar mediante un grupo delictivo para que no intentara postularse de nuevo como candidato a alcalde en las elecciones de 2024.
González Ríos perdió ante García Villalva las elecciones de 2021, y la alcaldesa se deslindó del asesinato y se dijo dispuesta a colaborar con las autoridades ministeriales para la investigación del hecho.
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Tras 10 horas de actos violentos en la capital,unos 3 mil manifestantes se llevan a 10 policías
Amenaza con volver hoy el contingente de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec. Llegan por la entrada sur, por Petaquillas, repliegan a antimotines de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y causan destrozos en vehículos. Se llevan un camión blindado, rompen puertas en el Congreso y el Recinto y cierran la autopista. En la noche informan que su demanda es un eje carretero y que mantienen retenidos a siete policías y tres funcionarios de Gobernación como garantía para conseguir diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
Más de 3 mil pobladores de comunidades de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec entraron ayer a Chilpancingo, en una manifestación no anunciada, sin consignas ni mantas ni carteles donde expresaran sus demandas, y por la fuerza se abrieron paso en un retén en el que estaban unos 400 policías y guardias antimotines, a los que después corretearon hasta la entrada sur de la ciudad capital.
A palazos y pedradas destrozaron vehículos, un módulo de seguridad, y se apoderaron de un camión blindado, capturaron a siete policías antimotines de ambas corporaciones y a tres funcionarios de Gobernación, tomaron el Congreso del Estado y el Recinto del Ejecutivo, después la Autopista del Sol. Tras diez horas de estas acciones, se retiraron, llevándose a los 10 retenidos con la amenaza de que volverían hoy con más gente.
Durante el día no dieron a conocer sus demandas. En medios se difundió que pedían la liberación del líder de transportistas y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Jesús Echeverría Peñafiel, detenido el jueves por transporte de drogas y de cartuchos. Por los municipios de procedencia del contingente, se difundió su presunto vínculo con el grupo delictivo Los Ardillos.
A su llegada a Chilpancingo, por Petaquillas, los más de 3 mil pobladores, en su mayoría en apariencia campesinos, replegaron con palos y piedras a elementos de la Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal que con vallas y camiones blindados intentaron impedir su paso para llegar a protestar a Chilpancingo. Dijeron que venían a exigir “la construcción de caminos”, pero en informes internos de seguridad pública se aseguró que venía a exigir la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y Bernardo Chávez, detenidos el jueves por policías estatales y consignados a la Fiscalía General de la República (FGR) por posesión de droga y armas.
A las 8 de la mañana unos 200 policías estatales antimotines al mando del subsecretario de Prevención y Operación Policial de la SSP, Irvin de Jesús Jiménez Sánchez, se apostaron en la carretera Chilpancingo-Acapulco frente al cuartel de la Guardia Nacional, donde colocaron vallas y estacionaron seis vehículos blindados Black Mamba, conocidos como “rinos”, para cerrar la circulación y contener a los manifestantes que provenían del circuito del Río Azul (Colotlipa, Quechultenango, Mochitlán, Tepechicotlán y Petaquillas).
Minutos después 200 elementos de la GN con equipo antimotines salieron de su cuartel y se colocaron en formación de defensa para apoyar a los policías estatales en la contención de los manifestantes.
La GN llevó al menos cuatro camiones blindados para reforzar el operativo e impedir que la protesta llegara a la Autopista del Sol.
A las 10 de la mañana comenzaron a llegar camionetas de redilas al lugar llamado La Avioneta, donde fueron formados y les entregaron palos. Atrás llegaron camionetas Urvan de servicio público de Quechultenango, Tepechicotlán, Mochitlán, Petaquillas, y Colotlipa.
El contingente tomó los cuatro carriles de la carretera que comunica a la capital con Petaquillas. En un principio los medios manejaron que provenían de comunidades del circuito Río Azul, después los manifestantes declararon que venían de los municipios de Quechultenango, Chilapa, José Joaquín de Herrera y Acatepec, para exigir la construcción de caminos.
A los veinte minutos el contingente comenzó a marchar con dirección al filtro de seguridad. Adelante iba una camioneta blanca con una bocina donde pedían que “dieran el libre tránsito de manifestación”, que los pobladores “no venían a provocar” y que sólo entregarían en el Recinto del Poder Ejecutivo un pliego petitorio donde exigían caminos y una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La multitud se paró frente a los antimotines que chocaron sus escudos en el suelo para intentar intimidar. Al lugar se acercó el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, para intentar dialogar y fue recibido con gritos de exigencia para que abrieran el paso.
Los campesinos amenazantes con palos quitaron las vallas para replegar a los 400 antimotines que fueron superados por el contingente.
El subsecretario Rodríguez Cisneros escapó por piernas ayudado por guarda espaldas. Al mismo tiempo Irvin de Jesús Jiménez ordenaba el repliegue de sus elementos.
La turba enardecida se abrió paso a palazos y pedradas. Los policías corrieron y algunos lanzaron gases lacrimógenos para ayudar a sus compañeros a escapar de la avanzada de gente que venía sobre ellos.
Los pobladores apedrearon carros blindados y se apoderaron de un rino con los policías a bordo
En su camino correteando a los policías y guardias los campesinos destruyeron un módulo de la Policía del Estado y retuvieron al menos a siete agentes de la Guardia Nacional, entre ellos cuatro mujeres.
Los policías, sin protocolo de repliegue corrieron, buscaban refugiarse o subirse a los vehículos que alcanzaban, el mando los dejó y a varios, los manifestantes les quitaron escudos, toletes, cascos y fornituras.
Algunos automovilistas los subieron a sus carros, y así escaparon de la gente que corría tras ellos y aventaba piedras a diestra y siniestra.
En la entrada a la ciudad, frente al hotel Parador del Marqués, donde confluyen la autopista y la carretera federal, los policías intentaron colocarse para detener a los que protestaban. Pero no funcionó, de nuevo a correr y a escapar como se pudiera.
En el cielo tres helicópteros de la GN, la Marina y la Policía Estatal sobrevolaban, para seguir desde el aire a los manifestantes.
A las 11 y media de la mañana más de 3 mil hombres llegaron al Parador del Marqués. La turba ya no tenía contención, caminaron sin problemas por los cuatro carriles y las dos laterales de la Autopista del Sol.
A su paso todos los comercios cerraron y la ciudad se volvió un caos, la gente corría para todos lados, no había transportes y los cláxones de los automovilistas no dejaban de sonar, todos querían salir de la zona de conflicto.
Al medio día el contingente llegó al Congreso del Estado, donde minutos antes los trabajadores y los vigilantes desalojaron al lugar. Ahí lanzaron a la puerta el camión blindado para derribarla, entraron y permanecieron en el lugar una hora.
La gente con palos y piedras correteaba a los reporteros, no dejaba que se acercaran y los intimidaba constantemente con hombres tatuados tomándoles fotos con celulares.
A la una de la tarde los manifestantes abandonaron el Congreso y caminaron al ex Palacio de Gobierno ahora llamado Recinto del Poder Ejecutivo, por delante el “rino” y la camioneta del sonido diciendo que era “una manifestación pacífica” y sólo pedían “diálogo con las autoridades”.
Ahí volvieron a utilizar el carro blindado para derribar una puerta y permanecieron hasta que fueron llamados a un diálogo que según los manifestantes “nunca existió”.
Estuvieron dos horas. A las 4 de la tarde regresaron a la Autopista del Sol, tomaron los cuatro carriles y los dos laterales y en el Parador del Marqués bloquearon la carretera.
En ese lugar, después de horas sin informar el motivo de su protesta, solicitaron la presencia de reporteros y pidieron disculpas si fueron agredidos. Ahí tomó la palabra el presidente de la organización de comisarios, Diego Matías Marrón, que aclaró que su manifestación no era para exigir la liberación de dos transportistas detenidos el jueves y que venían a exigir la construcción de un eje carretero que conecte a cinco municipios de la Montaña.
Dijo que no hubo ningún diálogo y que solamente el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso “le quitó el pliego petitorio”.
En ese lugar presentaron a tres funcionarios de Gobernación y siete elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal retenidos como garantía para dialogar principalmente con la gobernadora Evelyn Salgado.
Luego de no recibir noticias para una mesa de diálogo, los más de 3 mil manifestantes se retiraron a las 8 de la noche del Parador del Marqués, hacia la comunidad Petaquillas, llevándose a los 10 servidores públicos retenidos, el vehículo blindado y amenazando que “si no hay respuesta el día de mañana (hoy martes) regresarán a protestar”.
Fue para desestabilizar al gobierno estatal la movilización de ayer, afirma Ludwig Reynoso
Sostiene el secretario de Gobierno que los manifestantes “en ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”, y posteriormente reclamaron obras que no habían planteado ni los alcaldes de Quechultenango, Mochitlán o Chilpancingo. Confirma que mantienen retenidos a cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría de Gobierno y un elemento de Gobernación federal. Advierte que se levantarán actas por los daños, la violencia y las personas privadas de la libertad. Hubo disparos a camiones blindados, se revela
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El gobierno del estado continuará privilegiando el diálogo, pero no caerá en chantajes ni provocaciones, advirtió el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.
“Vemos en el fondo un intento por desestabilizar este gobierno y manchar la administración de Evelyn Salgado”, sostuvo.
Aseguró que en la marcha identificaron a gente armada que disparó contra los vehículos blindados. El secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez adelantó que pondrán a disposición de la Fiscalía estatal los videos del ataque armado para iniciar las investigaciones.
Evelio Méndez Gómez, detalló que son cinco policías estatales, cuatro de la Guardia Nacional, tres funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y un elemento de Gobernación federal los que permanecen retenidos.
Ante esta retención el secretario General de Gobierno advirtió: “Si prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, tenemos que tomar otra estrategia”.
A las 7:30 de la noche se convocó a una conferencia en Palacio para que el gobierno del estado fijara una postura de otra jornada violenta en la capital.
Estuvieron el secretario de Seguridad, el secretario general de Gobierno y el director de Gobernación, Francisco Rodríguez.
El también capitán de Marina, Evelio Méndez, expuso la serie de hechos de este lunes al sur de la capital con la irrupción de miles de pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas (Chilpancingo), con palos, machetes, piedras y armas de fuego.
Los 300 agentes de la policía estatal y Guardia Nacional, admitió, fueron rebasados en número por lo que tuvieron que replegarse.
“No quisieron dialogar, llegaron golpeando y tumbando las barreras metálicas contra el personal por lo que empezó el repliegue; estaban superados en número y aparte estaban golpeando con piedras y palos. “Se apoderaron de un vehículo blindado y lesionaron a cuatro agentes de Policía estatal y ocho de la Guardia Nacional. Se privó de su libertad a ese personal”.
De la Autopista, añadió, llegaron al Congreso para entrar al estacionamiento y luego dirigirse al Palacio de gobierno donde aventaron el vehículo blindado contra una de las entradas.
Aseguró que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, pidió a los manifestantes conformar una comisión para atender sus demandas y pidió liberar al personal retenido.
“En ningún momento establecieron su comisión”, dijo el secretario de Seguridad estatal.
Fue una manifiestación inusual, subraya
El secretario de Gobierno, Ludwin Marcial Reynoso, fijó que la manifestación resulta inusual porque los manifestantes demandaron un número inusitado de obras que no habían dado a conocer previamente ni sus alcaldes.
“Se presentan de manera agresiva, tumultuaria, golpeando y agrediendo a personal de Seguridad Pública que habíamos dispuesto en la carretera federal para evitar que hubiera una confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.
“En ningún momento establecieron ningún tipo de diálogo y fueron directamente al ataque”.
Insistió que no había petición previa de Guillermo Matías Marrón y Gilmar Sereno Chávez, quienes encabezaron a los pobladores.
Dijo que el gobierno tiene prevista una inversión en estos municipios para 2023 de 145 millones de pesos en obra pública.
“Nos resulta muy extraño que los alcaldes de estos municipios, que no hemos podido localizar, no hayan hecho ninguna manifestación al respecto, siendo que son los primeros responsables de atender demandas de comisarios”.
El funcionario dijo que el gobierno del estado seguirá buscando el diálogo pero que no van a caer en chantajes ni en provocaciones.
“Lo que vemos en el fondo es un intento por desestabilizar este gobierno, un intento por manchar la administración de Evelyn Salgado, cuando hemos trabajado e incomodado grupos que antes tenían poder y mayor influencia en estos municipios.
“Hoy tenemos zonas donde el estado no tenía ninguna presencia, Tierra Caliente, la Sierra, hemos liberado carreteras federales y vamos a seguir brindando seguridad.
Pidió a la ciudadanía mantener la calma.
“Estos eventos violentos de hoy no tienen que ser la constante en el estado, estamos trabajando para que no suceda en conjunto con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, del Ejército.
“Hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y de la ley, no pueden seguir estas personas privadas de la libertad, un llamado para que acudan a la mesa de trabajo”.
El secretario de Gobierno regresó al tema de las demandas en la manifestación afuera de Palacio de gobierno.
“Acudí a recibirlos, a pedirles su pliego petitorio, nos enteramos que es una propuesta para 2024, ni siquiera para este año, con mayor razón es una propuesta que no le vemos fundamento.
Si ya hubiesen hecho un planteamiento y no tuvieran una respuesta pues probablemente podrían justificarse.
“Pero venir a agredir, a prácticamente asaltar el Congreso, el Palacio de Gobierno, a lastimar a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es la ruta”.
Dijo que buscarán la mejor forma para que la ciudadanía de los municipios que se manifestaron pueda tener acceso a las obras y servicios que demandan.
Ya se identificó a los líderes
Los reporteros le preguntaron si el gobierno tiene identificados a los líderes o participantes de la protesta.
Respondió que se está en proceso de identificación y que hay otras personas que participaron en una retención a la policía ministerial el año pasado en Quechultenango.
“Están identificados, habremos de actuar en su momento”.
Aseguró que se van a levantar actas por los daños, detenciones, la violencia y las personas privadas de la libertad.
Acerca de la jornada de asesinatos con violencia el sábado en Tixtla y la capital del estado, respondió: “Los hechos que se dieron el sábado se dan en el contexto de esta pugna por parte de los grupos delictivos, uno que ha estado en la ciudad capital con otro Los Ardillos, vemos que sucedió de esta manera”.
Justificó que ese día fortalecieron la presencia de la policía estatal y del Ejército, instalaron puntos de control en entradas y salidas de la ciudad.
“Son hechos lamentables que generan miedo, zozobra en la población, pero estamos decididos a actuar, tenemos identificaciones de personas que actuaron en estos hechos y estamos dando seguimiento.
El funcionario evadió la pregunta de si estos hechos tienen que ver con la reunión de la alcaldesa Otilia Hernández con un líder criminal.
Respecto a la comunicación de la gobernadora con la federación, respondió que ha estado en constante comunicación con la titular de Gobernación, Luisa María Alcaide y la de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Y regresó al tema de la delincuencia. “Muchos de estos hechos se dan en un contexto de delincuencia organizada como estado coadyudamos en la lucha del crimen pero es una función de la federación.
“Lo atendemos a través de la Mesa para la construcción de la paz con acciones coordinadas. El estado no va a rehuir a su responsabilidad”.
Expresó que si la petición de los manifestantes es reunirse con la gobernadora debe haber disposición que no han notado.
“Debe haber disposición que no hemos notado, se tiene que revisar que están pidiendo, la viabilidad económica, implica la ejecución de presupuesto”.
“No tiene por qué ser diferente y eso lo deben entender ellos también. Lo que hoy están haciendo no tiene nada que ver”.
Un reportero preguntó casi al final si la manifestación de este lunes tiene que ver con la detención de dos líderes transportistas con cartuchos de armas de alto calibre y droga.
“Identificamos en la marcha a familiares de estas personas y que no había un planteamiento original de obras pero lo que más nos preocupa es la forma en que se dieron estos eventos.
“Identificamos gente armada que disparó en contra de los vehículos blindados. Identificamos irregularidades que no se dan en una movilización social genuina
“No podríamos asegurarlo pero hay indicios de que esta manifestación tiene otro perfil, aún así seguiremos en la ruta del dialogo”.
Hay gobernabilidd
–¿Hay gobernabilidad?
–Por supuesto, los poderes están asentados aquí, seguiremos trabajando para que haya seguridad, para que los ciudadanos puedan realizar sus actividades con normalidad y vamos a reforzar esta tarea con entidades de seguridad.
–¿Fallo el operativo? -, le preguntaron al Secretario de Seguridad.
–En todo momento privilegiamos el mantenimiento al estado de derecho y el respeto a los derechos humanos por eso preferimos que la gente se fuera replegando para evitar una confrontación mayor.
“Por eso al ver que venían con machetes, con palos y que empezaron a hacer disparos hacía las unidades blindadas se tomó la decisión de retroceder y evitar una confrontación.
“Hay indicios de disparos contra los vehículos en su momento se harán las denuncias ante la Fiscalía General de la República, los videos grabados a través del C4 se pondrán a disposición para iniciar la investigación.
Al final Ludwig Marcial Reynoso se refirió a los funcionarios detenidos y al vehículo blindado.
“Se tiene que recuperar, si de verdad son un movimiento pacífico.
“(Pero) si ellos prolongan la privación de la libertad de las personas o los llevan a otro lugar, como nos están reportando en este momento, ya no hablamos de un movimiento social pacífico y entonces tenemos que tomar otra estrategia”.
“Hacemos responsables a estas dos personas (Guillermo Matías y Gilmar Sereno) de la integridad de los compañeros policías que están ahí porque nosotros no hemos detenido a nadie, no hemos entrado a detener a nadie, seguimos creyendo que lo podemos solucionar a través del diálogo.
“Pero también queremos ser muy claros que no vamos a dejar solos a los compañeros que estén privados y que también vamos a dar un plazo para que puedan regresar”.
Vinculan a proceso al líder transportista y a su acompañante, informa la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que un juez federal de Control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al líder transportista y a un acompañante detenidos en Chilpan-cingo el jueves pasado.
En un brevísimo comunicado, la Fiscalía informó que a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo y su acompañante Bernardo, se les vinculó a proceso “por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea; y, en el caso de Jesús, por delitos contra la salud en la modalidad de transporte”.
Según la FGR en este boletín, los dos hombres fueron detenidos por la Policía Estatal “el pasado 5 de julio”, el miércoles, en la carretera federal México-Acapulco, en Chilpancingo.
Pero las protestas de transportistas por su detención fueron el jueves 6, un día después de que se difundió el video de la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con un líder de Los Ardillos. Precisamente a este grupo se vincula a Echeverría Peñafiel.
La dependencia dijo que la detención ocurrió cerca del fraccionamiento Villas Vicente Guerrero, donde a los dos hombres se les aseguró una camioneta Ford, modelo 2021, con placas de circulación de Guerrero.
Indicó que en la inspección se les localizaron dos cargadores metálicos para fusil de AK-47; 26 cartuchos útiles; así como una bolsa con una sustancia granulada, característica de la droga conocida como “cristal”.
“Conforme avance el proceso penal, se informará de inmediato sobre sus resultados”, adelantó.
Este miércoles, maestros jubilados y pensionados de la delegación D-IV-33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Malaquías Pérez Abarca, se manifestaron por avenidas del centro de Zihuatanejo, acompañados de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y de otras organizaciones sociales, para exigir el pago de sus ahorros.
En noviembre de 2022, los maestros jubilados y pensionados de la citada delegación sindical, iniciaron su lucha por adquirir sus ahorros rezagados, del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y su indemnización por jubilación, estipulada en el Plan de Previsión Social.
De acuerdo con Pérez Abarca, “en el proceso de gestión, se han establecido mesas de trabajo con autoridades estatales y se han firmado minutas, con una ruta de pago de los desgloses económicos; sin embargo, la espera se prolonga por falta de voluntad y disposición, ya que el lunes 19 de junio, desde la Secretaría de Finanzas nos mandan un mensaje de desalojo, represión, intimidación y órdenes de aprehensión, con 25 antimotines en cinco patrullas”.
“Le informamos al poder Ejecutivo estatal que lo responsabilizamos de la vida de 61 jubilados, de igual manera de nuestras familias, porque luchamos por una causa justa por nuestros ahorros que trabajamos, acompañando a los alumnos y padres de familia, durante más de 28 años de servicio a la educación en el país, Guerrero, Costa Grande, particularmente Petatlán y Zihuatanejo, deseando solución a nuestras demandas”.
Los jubilados y pensionados recibieron el respaldo de los maestros en activo afines a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en Zihuatanejo, que representa Martín Maldonado Arcos; así como de integrantes de la asociación Movimiento de Izquierda Guerrerense, encabezada por Guillermo Moreno Ayvar, con quienes salieron del edificio de la delegación de Finanzas, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, para marchar por las avenidas Morelos y Benito Juárez, esta última de ida y vuelta.
En la marcha participaron 200 personas, la mayoría de ellos portaban pancartas con la exigencia del pago, así como también gritaron consignas: “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”, “de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, “auxilio, socorro, se roban mis ahorros”, “jubilados y activos, unidos y combativos” y “el pueblo se pregunta, y éstos quiénes son, somos jubilados exigiendo solución”.
Al término de la marcha, el contingente regresó al edificio público donde está la delegación de Finanzas y del Registro Público de la Propiedad. Ahí ya estaba un grupo de policías estatales con equipo antimotines, para impedir que cerraran las instalaciones, pero eso no ocurrió, sólo entraron dos maestros que llevaban una lona y ahí aprovecharon los manifestantes para gritar: “El uniformado también es explotado”.
Luego, se movieron a un costado del edificio, donde han permanecido desde el 6 de junio, para compartir agua fresca y bolillos con guisado y, además, tuvieron un breve mitin, donde el dirigente municipal de la CETEG, Martín Maldonado, aseveró que los maestros jubilados “no están solos, sus demandas son justas. Es un derecho legítimo y se justifica lo que están haciendo, los activos y los jubilados vamos juntos y somos como hermanos. No podemos ir separados”.
Dijo que “no podemos seguir en una cerrazón, como ésta, en la que se le dé largas a esta problemática. Ha habido compañeros jubilados que ya no están con nosotros y que no pudieron cobrar esto, que por derecho les correspondía, y así van a seguir estas luchas justas, mientras la gobernadora y quien tenga que ver con esto no tenga la inteligencia de resolver este problema”.
Advirtió que si no se les resuelve pronto a los jubilados, “lucharemos hombro con hombro y codo con codo. Nos fortaleceremos día a día y le pedimos a la sociedad civil, a organizaciones sociales que estén alertas, somos hermanos, somos pueblo y gobierne quien gobierne, lo que esté mal lo tenemos que decir con todas sus letras. No podemos aceptar traiciones, no podemos aceptar migajas, no podemos aceptar largas”.
Como lo han venido haciendo esta semana, los maestros jubilados pernoctarán a un lado del edificio público, para este jueves continuar con su lucha.
Los maestros jubilados y pensionados pertenecientes de la delegación D-IV-33, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezados por el profesor Malaquías Pérez Abarca, volvieron a manifestarse este lunes frente el edificio de la delegación de la Secretaría de Finanzas y del Registro Público de la Propiedad, para exigir el pago de sus ahorros.
Como lo han venido haciendo desde el 6 de junio pasado, durante los días hábiles, los 61 maestros de esta delegación se han manifestado en el mencionado edificio público. Las primeras dos semanas no permitieron la entrada de los trabajadores, sin embargo, a la semana siguiente llegaron policías estatales con equipo antimotines, para evitar que volvieran a impedir que se diera atención al público.
Los maestros jubilados y pensionados, encabezados por Malaquías Pérez, volvieron a plantarse a un costado del edificio público y durante el día caminaban hacia la entrada principal, portando sus pancartas, además gritaban consignas para demandar una solución por parte del gobierno y luego regresaban a refugiarse bajo la sombra de los árboles.
Consultado, el dirigente sindical comentó que “en estos últimos días recientes, que la respuesta de la gobernadora ha sido de intimidación, de con un posible desalojo, represión y hasta órdenes de aprehensión, nos comentaban por acá los representantes de Gobernación”.
“Nosotros les decimos que esas partes que se tienen para una negociación, sobre todo del programa de indemnización por jubilación y en el caso del Sistema del Ahorro para el Retiro, ya tenemos nuestro desglose, donde a cada compañero se le otorgó a través del programa que se encuentra en el estado”.
Dijo que durante los últimos ocho meses, han firmado minutas con funcionarios del gobierno estatal, “hasta estar con el secretario de Gobierno, con la finalidad de ya tener una ruta de pago en acuerdos para ciertos tiempos”.
A pregunta de por qué no participaron en el bloqueo que hicieron sus colegas en la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, explicó que fue “por la misma razón de que nos desprendimos de las dos delegaciones y qué bueno que se manifiestan. Nos invitaron y decíamos nosotros que es correcta la lucha a nivel estatal, a nivel regional, en la que nosotros establecimos un espacio que es en Finanzas y ellos quedarían en ese retén de Agua de Correa, y es una presión conjunta, que nos beneficia lo que se logre de ellos, pero igual nosotros, de lo que logremos se benefician ellos”.
“Hay comunicación, nos hemos estado enlazando. En un principio tenían temor, les decíamos que si hubiera una situación de represión, nosotros iríamos con ellos. En la mañana hicimos comunicación con sus representantes”.
Aunque este jueves los maestros jubilados y pensionados, pertenecientes de la delegación D-IV-33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvieron a manifestarse frente al edificio de la delegación de Finanzas y del Registro Público de la Propiedad, para exigir el pago de sus ahorros, no fueron atendidos.
Los docentes en retiro advirtieron que van a pernoctar en ese lugar y después van a radicalizar su protesta, con el apoyo de otras organizaciones sociales.
El dirigente de los maestros jubilados y pensionados de los municipios Zihuatanejo, Petatlán, La Unión y Coahuayutla, Malaquías Pérez Abarca, lamentó la indiferencia con la que están siendo tratados por parte del gobierno estatal, “en su momento, nosotros apoyamos un proyecto político que encabezó la ahora gobernadora, porque ofreció estar cerca del pueblo, hacer justicia de las demandas más sentidas y nos estamos encontrando que llevamos ya siete meses de lucha”.
Pérez Abarca aseveró que nunca han exigido el pago de los 4 millones de pesos en una sola exhibición, que han propuesto que sea en dos fechas, “el acuerdo fue que nos iban a llamar para decirnos cuándo serían esas fechas y eso no ha ocurrido”.
Luego, dijo que durante esta semana, han recibido el apoyo de dirigentes y representantes de organizaciones sociales quienes les han expuesto que los apoyarán si deciden radicalizar su lucha.
Advirtió que este viernes volverán a manifestarse, “confiamos en que mañana (hoy) viernes, por fin recibamos esa llamada”.
Tienen años pidiendo que se pavimente la vía al Cetmar de Zihuatanejo, denuncian maestros
Maestros del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 34 en Zihuatanejo, denunciaron que tienen años solicitando a los gobiernos estatal y municipal, que pavimenten la carretera de terracería que conduce a ese plantel, sin que hayan tenido una respuesta favorable.
Este jueves, mientras se realizaba el paro laboral simultáneo, los maestros de esta escuela, que se ubica en la zona conocida como El Riscalillo, comentaron que además de sus demandas nacionales y estatales, en lo particular piden que se pavimenten 1.2 kilómetros de carretera de terracería.
Un profesor comentó que desde la administración estatal anterior han solicitado que les pavimenten la carretera, la cual es muy peligrosa tanto en temporada de estiaje como de lluvias, “quizás están esperando a que haya un accidente más grave de los que han ocurrido”, dijo.
Agregó que ya han ocurrido accidentes graves donde vehículos de padres de familia y del transporte público se han ido a los barrancos y ha habido heridos, pero que sería muy cruel por parte del gobierno, que les pavimenten hasta después de que pase algún accidente fatal y haya muertos.
Otro de los docentes señaló que el nuevo cuartel del Ejército, que se está construyendo a menos de 100 metros de la escuela, “no tiene ni seis meses y ya levantaron edificios y están pavimentando el camino para llegar ahí. No es posible que no se le dé la importancia que tiene nuestro plantel en la educación”.
Familiares de trabajadores fallecidos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se manifestaron para exigir una mesa de trabajo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para revisar los pagos de marcha por defunción y del Plan de Previsión Social (PPS).
Afuera de las instalaciones de avenida Universidad, los manifestantes con pancartas señalaron que hay un desvío de alrededor de 50 millones de pesos, en esos rubros, y demandan que el gobierno estatal les resuelva.
Por su parte, a nombre de los afectados José Juan Flores García manifestó que la protesta era para exigir una mesa de trabajo con la gobernadora, “para que se nos cubran dos rubros. Primero, el pago del PPS que desde 2015 no se ha pagado y el pago de marcha, que desde 2017 tampoco se ha hecho”.
Añadió que esa es la principal exigencia, que les paguen esos dos rubros y lo que quieren es una mesa de trabajo resolutiva, “donde nos digan el día y la hora que se nos va a pagar. No queremos largas, ni una reunión con funcionarios de nivel menor”.
Flores García explicó que el pago de marcha es una aportación que dan durante la vida laboral y que la SEG lo tiene que aportar inmediatamente, porque es para absorber todos los gastos funerarios, y varía de acuerdo con el salario del trabajador, que son cuatro meses y medio.
Mientras que el monto del PPS es de 48 meses del salario, el cual se entrega bajo dos vertientes: cuando se jubila o fallece la persona.
Recordó que cuando iba a terminar el gobierno de Héctor Astudillo Flores se le remarcó a la ahora gobernadora que “había un faltante de millones y millones de pesos. Pero no hizo caso, dejó que Astudillo se fuera con toda esa cantidad y hoy exigimos esta mesa de trabajo, para que se nos solucionen las demandas”.
Mientras que en un volante manifiestan: “Nosotros, como beneficiarios, estamos luchando por ese pago de ambas pólizas. Las autoridades correspondientes se hacen de la vista gorda, ignorando nuestras peticiones y solapado a los responsables”.
Trabajadores administrativos de la Dirección General de Educación Primaria, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), denunciaron que el ex jefe del Departamento de Educación Primaria Estatal, Alberto Cortés García, “saqueó” de sus oficinas tres computadoras, documentos, estantes, sillas y más material.
Informaron que cuando personal de las áreas de contraloría interna y el jurídico de la SEG llegó a las oficinas, para realizar la entrega-recepción, encontraron la oficina vacía, por lo que el servidor público fue advertido de que en caso de no entregar este viernes todo el material faltante, se procedería en su contra por robo.
Al mediodía, trabajadores contaron que a las 10:30 de la mañana se llevó a cabo la entrega-recepción de la jefatura del departamento, luego de que los trabajadores se manifestaron, hace dos semanas, para pedir la destitución del titular, Alberto Cortés, por maltrato y acoso laboral.
Uno de los trabajadores, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, dio un recorrido a El Sur por la oficina. Contó que cuando se dio la entrega-recepción y se presentó el nuevo jefe de departamento, José Zamora Ávila, junto con personal de las áreas de contraloría y jurídico de la SEG, se observó que la oficina estaba saqueada.
Precisaron que Alberto Cortés entró durante la noche, un fin de semana, y se llevó tres computadoras portátiles, sillas, un estante, una cafetera, un ventilador de pared, un escritorio, dos impresoras multifuncionales, así como hojas, pintarrones y material didáctico.
“Había documentos enviados y documentos recibidos, que también se lo llevó”, dijo el trabajador.
Los trabajadores indicaron que Cortés García se presentó este viernes en las oficinas y argumentó que no podía entregar las cosas, porque eran mucho y lo haría hasta la próxima semana, pero que ellos exigieron que los entregara ese mismo día, por lo que pidió que le dieran el fin de semana para entregar todo.
Informaron que tanto el nuevo jefe de departamento, como el personal del jurídico y contraloría, le expusieron a Alberto Cortés que debía regresar todo, porque hizo fue un abuso de confianza como autoridad, que lo haya llevado a otra oficina no oficial.