Este sábado fue detenido y golpeado por policías municipales de Tixtla el padre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa y liberado cuatro horas después.
Según fuentes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Mario González fue liberado por los agentes a las 5 de la tarde, con golpes visibles y las manos hinchadas debido a las esposas que le coloraron. Lo detuvieron a la una de la tarde.
En redes sociales de Internet, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández difundió un video en el que se observa un momento antes de su detención por parte de policías.
En otro video, una usuaria de Facebook transmitió en vivo cuando lo subieron a una camioneta de la corporación y se lo llevaron.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en un comunicado informó que Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, estudiante desaparecido en Iguala, se dirigía a la Normal de Ayotzinapa, pero cerca de la gasolinera en el crucero de Atliaca, una patrulla de la policía de Tixtla le marcó el alto para supuestamente infraccionarlo.
Se detalló que a pesar de que Mario explicó que no había motivos para una infracción, los policías con prepotencia lo detuvieron con violencia sin mediar más palabras. “Golpeado se lo llevaron rumbo al centro de Tixtla”.
“Es preocupante la actuación de la Policía Municipal de Tixtla. No se pueden tolerar estas infames prácticas de elementos policiacos prepotentes. Es necesario que las autoridades estatales y federales revisen y castiguen a los policías que son los generadores de violencia y violan los derechos humanos, en este caso de don Mario”, se leía en el boletín.
Tlachinollan responsabilizó al gobierno municipal de Tixtla que encabeza alcalde morenista Moisés Antonio González Cabañas y a los agentes municipales.
Demandó castigo a los policías que participaron en esta detención arbitraria para que no se sigan repitiendo estas violaciones a los derechos humanos.
La agresión se dio a 10 días de cumplirse 9 años de la desaparición forzada de los 43 alumnos y el asesinato de otros tres en Iguala, y en medio de una jornada de lucha para exigir su presentación. (María Avilez Rodríguez y Rosendo Betancourt / Chilpancingo).
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas
Zacarías Cervantes
Ayotzinapa
Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.
La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación
Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se
destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.
Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias
En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.
También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación
Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.
Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación
En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.
Tras una protesta frente a la Judicatura Federal en la Ciudad de México, familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi cuatro años se reunieron con Luis María Aguilar. Le pedimos que los ministros “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual” y validen el fallo de un tribunal federal que ordenó la formación de una Comisión de la Verdad para el caso, informa Melitón Ortega. Y otro padre, Mario González, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas” Foto: Agencia Reforma
Protestan padres de los 43 frente al Consejo de la Judicatura para exigir la Comisión de la Verdad
Se reúnen con el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, a quien le piden que él y sus colegas “no actúen bajo consigna del gobierno federal actual”, informa Melitón Ortega
Agencias Reforma y Proceso
Ciudad de México
Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para exigir la conformación de la Comisión para la Justicia y la Verdad.
Acompañados de alumnos de la Normal Raúl Isidro Burgos los familiares llegaron a las instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruzdijo que la sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena crear la comisión y que fue impugnada por el gobierno federal con cientos de recursos, en uno de los cuales otro juez lo frenó.
“Venimos a exigirle al Consejo de la Judicatura que se le dé cumplimiento a la sentencia que dictan los jueces del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en el sentido de que se reponga la investigación (del caso Ayotzinapa) y se conforme la Comisión de la Verdad”, dijo consultado en el lugar.
En el mitin que improvisaron, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, se refirió también a los comentarios que el Presidente Enrique Peña Nieto dio anoche en una entrevista televisiva en la que refrendó la llamada “verdad histórica”.
“Estamos aquí en la Judicatura pidiéndole a estos ministros que se pronuncien y ya le paren su boca a este mugre presidente, Enrique Peña Nieto, que a cada rato sale a abrir la boca para decir nuevamente estupideces”, expresó.
En tanto, Mario César González, padre del joven desaparecido César Manuel González, consideró que si el mandatario está convencido de que la verdad de los hechos es que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, que deje que se conforme la Comisión de la Verdad para que llegue a la misma conclusión.
“Las escuchas de Estados Unidos (de llamadas a miembros del crimen en Chicago) nunca dijeron que el último paradero fue el basurero de Cocula, dijeron que tenían 60 paquetes y que tan fácil era decir dónde estaban”, agregó.
A prácticamente cuatro años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los padres de los normalistas consideraron que con el cambio de gobierno federal el caso se puede destrabar.
En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el 25 de julio.
En la jornada Ni perdón ni olvido, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.
El representante de los padres, Melitón Ortega mencionó que en julio entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto, para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.
De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana, contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).
También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.
Presuntos implicados en el caso, pertenecientes a la Semar, la Sedena y la PF, han alimentado ese centenar de recursos auspiciados por las mismas dependencias a las que pertenecen.
La estrategia judicial camina en tres bandas: ante el Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Unitario responsable de vigilar la implementación de la sentencia y la SCJN. Todos coinciden en solicitar que no se revierta la sentencia y que el caso sea atraído por el máximo tribunal de justicia del país.
Ortega destacó que en la reunión con el ministro Aguilar Morales, 34 padres y madres, además de tres representantes de la Normal de Ayotzinapa, le plantearon que él y sus colegas “no actuaran bajo consigna del gobierno federal actual”, que “no está dispuesto a que se investigue” a funcionarios federales.
La estrategia del gobierno federal, abundó, revela una intención de no resolver el caso, porque “el día que se haga la investigación como debe de ser, el que saldrá raspado, con mucha responsabilidad, será el propio Enrique Peña Nieto, por eso se han dado a la tarea de interponer esos recursos”.
Durante su encuentro con integrantes del CJF, presidido por Aguilar Morales, los familiares de las víctimas insistieron que es indispensable que den muestras de que no reciben indicaciones del gobierno federal.
“Por eso decimos que queremos ver esa autonomía y esa independencia, así como transparencia de que no están trabajando bajo consigna de nadie”, puntualizó Ortega, luego de advertir que los padres y madres estarán pendientes del momento en que a la SCJN le toque revisar los recursos interpuestos por las dependencias federales y presuntos implicados.
Tras señalar que durante el encuentro se le solicitó al ministro presidente una reunión con el pleno de la SCJN, el vocero reiteró que el futuro de un caso tan relevante puede “marcar al país”.
“Nosotros decimos que en sus manos (de los ministros) está un hecho tan importante que, si ellos resuelven que se cumpla la sentencia, lógicamente sería un trabajo histórico para esta SCJN, de lo contrario habrá que hablar de una página negra, una página llena de irregularidades”, subrayó.
En nombre de los padres y madres de los desaparecidos, Melitón Ortega reconoció la disposición del ministro presidente de la SCJN de recibirlos, y dijo que además se comprometió a “ser vigilante de lo que resuelvan los magistrados de Tamaulipas”.
Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de torturas”, dice el padre de uno de los 43
Es falso que quiere que se resuelva el caso, su gobierno está impidiendo la Comisión de la Verdad ordenada por un tribunal federal, señala Mario González
Anarsis Pacheco Pólito
Chilpancingo
Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.
Para el padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido César González, Mario González, el presidente Enrique Peña Nieto se irá con su “verdad construida a base de tortura y de mentiras”, pero la justicia llegará y “lo alcanzará dónde esté”.
Este martes en la noche en el programa En Punto la periodista Denise Maerker presentó una entrevista a Peña Nieto, a 111 días de que deje el cargo, en donde habla del balance de su gobierno.
La entrevista duró poco más de 24 minutos, de los que dedicó uno con 26 segundos al tema de Ayotzinapa, y dijo, “más allá de dudas y cuestionamientos yo me quedo con la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado, que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales, tuvieron que ver en esta… la desaparición y que hayan sido quemados en este basurero”.
Dijo que fue uno de los “eventos” que marcaron a su administración, por lo que aseguró que se queda con el dolor que tuvieron y que siguen teniendo los padres en estos años en demanda de justicia.
Subrayó que todos los elementos de investigación concluyen lo mismo, que los estudiantes normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron quemados en el basurero de Cocula.
“Incluso información reciente conocida por los padres y por los que le están dando seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia realizada por el gobierno norteamericano, donde detectan llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago que tenía vínculo con el grupo delincuencial en México, donde se confirma qué hicieron con los estudiantes, los quemaron en el basurero, entonces esto es lo que yo creo que sucedió”, enfatizó.
Insistió que si la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo fallas o errores “pues bueno, está abierta y creo que sigue en curso”.
Ayer, en respuesta, Mario González dijo que no entiende por qué da esas declaraciones si su gobierno interpuso más de 100 amparos, “está impidiendo que se lleve a cabo la comisión de investigación”.
Consultado vía telefónica puntualizó que Peña Nieto quiere concluir su mandato con sólo su verdad, la que construyó a “base de torturas y de mentira”.
“Desafortunadamente él sabe que no es verdad lo que dice, pero nosotros como padres seguiremos y respecto a su postura de sobre las autoridades locales insisto, por qué puso 100 amparos para que no sea investigado”.
Agregó que no ha cumplido con brindar la información clara sobre el caso, ni en dónde están sus hijos, por lo que durante cuatro años han estado en pie de lucha por acceder a la información del archivo de investigación, y nunca ha ayudado.
“Siempre él quiere imponer lo que le conviene para cerrar el caso, pero la justicia llegará y lo alcanzará hasta donde él esté”, agregó.
El desconcierto se reflejó en algunas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al bajar del autobús en medio de la carretera que va de Oxchuc a Ocosingo, en Chiapas, cuando llegaron este domingo a donde visitarían una estación de radio comunitaria para difundir su mensaje de la tercera caravana por la presentación de sus hijos entre al pueblo tzeltal.
No había nada a la vista, salvo dos puestos de comida a un lado de la carretera. La sorpresa fue mayor cuando los guías señalaron del otro lado de la carretera, una vereda angosta en medio de la vegetación, con piedras acomodadas como escaleras para subir un cerro de unos 70 grados de inclinación. Algunas piedras se notaban sueltas.
Nicanora García, mamá del normalista desaparecido Saúl Bruno García, una mujer adulta de andar trabajoso, no pensó mucho antes de decir en voz alta “ni modo que no suba si me dicen que mi hijo está allá arriba”, y emprendió la cuesta arriba del accidentado camino.
La señora Macedonia Torres, mamá de José Luis Luna Torres, lo dudó al principio, pero no se quedó atrás.
El frío del municipio de Oxchuc aumentó en lo alto, y en la parte plana hallaron una cabina muy básica, en una pequeña casa de madera y techo de lámina calentada con un fogón prendido para el café. La radio cultural también dio voz al movimiento zapatista, mencionó una de las activistas, pero no precisó cuándo.
Adentro había tres jóvenes: operador, locutor y traductor esperando a los padres que antes estuvieron en un mitin masivo en el Zócalo de la cabecera municipal. Los acompañaba integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia para Oxchuc, que pugnan por la destitución de la alcaldesa y su esposo, luego de un conflicto poselectoral que viene desde octubre y que ha representado muchas acciones de fuerte protesta, como la quema del Ayuntamiento, oficinas y camionetas de gobierno. La última protesta, que pretendieron controlar con la fuerza pública, el 8 de enero, terminó en un agresión de policías federales contra el pueblo desarmado.
Son las 4:20 de la tarde, anunció el locutor durante la presentación de los invitados. Parecía más tarde por lo frío y lo nublado. Les preguntó a los visitantes sobre las versiones que han permeado en el estado, de los normalista de Ayotzinapa “vándalos” por quemar edificios, y que fueron atacados en Iguala por vínculos con un grupo de narcotraficantes.
De Ayutla, Guerrero, Nicanora García aclaró que ella llegó de muy lejos a Chiapas, “soy otra mamá que busca a su hijo. Dicen que son delincuentes, pero si fuera un narcotraficante no habría ido a esta escuela (dijo sobre Ayotzinapa, que privilegia el acceso de los más pobres). No es verdad, no son delincuentes. Siempre digo, me quitaron a mi hijo y busco a 43, y mi lucha es por los miles de desaparecidos que hay fosas y que tienen familia que llora por ellos”.
Sin prisa, añadió que “el único delito de ellos es de venir a estudiar, a prepararse para tener un futuro… mi hijo me dijo un día, ‘mami, yo me voy a estudiar para compartir mis estudios con los pobres, porque los maestros de familias ricas no suben a los pueblos más lejanos’”.
Insistió, “mi hijo nunca me llegó con algo de otra persona, por eso les pido que me ayuden a pedir que me lo regresen, nosotros los queremos con vida; con vida se los llevaron, vivos los queremos”.
También de hablar sencillo, Macedonia Torres aseguró que los policías federales y el Ejército saben dónde están sus hijos, “hay pruebas de que sí los agarró el Ejercito, la Policía Federal, los estatales, los municipales”, dijo sobre la coordinación que hubo de todos los cuerpos policíacos y del Ejército la noche de los ataques a estudiantes y civiles en Iguala.
Recordó que, “siempre dijeron que estaban quemados, muertos. Nunca jamás imaginé que a mi hijo lo iban a agarrar. Nos quieren callar, nos quieren comprar, mandan gente a nuestras casas, pero no nos vamos a cansar”, aseguró.
El señor Mario González, padre de César Manuel, también desaparecido, denunció que la Procuraduría General de la República siempre quiso incriminar a los normalistas desaparecidos con la banda de narcotraficantes Los Rojos, “pero nuestros niños tenían 15 días en la escuela, algunos ni siquiera son de Guerrero, ¡y (de repente) me lo vuelven un sicario!, por ahí se iba la justicia, pero lo revertimos y logramos que ya no se les relacione con criminales.
Precisó que el primer golpe emocional contra los padres fue el descubrimiento de fosas en Iguala; el segundo, cuando les informaron de la tesis de Cocula, de que todos estaban muertos e incinerados, “fue impresionante, insoportable”, pero cuando estuvieron en el basurero, donde presuntamente ocurrieron los hechos, no vieron indicios del incendio del que hablaban las autoridades. No lo creyeron.
Sin embargo, fue necesaria la intervención de extranjeros para desacredita esa versión.
Recriminó la crueldad con la que los ha tratado el Estado mexicano, la facilidad que ha tenido de mentir, de ofrecer y comprometerse a darles respuestas “y no hace nada”.
Aclaró que los pequeños avances son producto de la lucha de los padres, “por querer mandarlos a estudiar ahora estamos detrás de un micrófono pidiendo que los devuelvan con vida”.
