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Se aplicará la ley al grupo que rompió el pacto en Petatlán, acuerdan UPOEG y funcionarios

 

Policías de la UPOEG de Petatlán esperan en la plaza frente al Palacio Municipal el resultado de la reunión que sus representantes tuvieron con funcionarios del gobierno del estado .Foto: Brenda Escobar

Este lunes, funcionarios del gobierno del estado y representantes de la Policía Ciudadana Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Petatlán y de la comunidad San Jeronimito y de la parte poniente de la sierra de este municipio, acordaron que se aplicará la ley en contra de quienes rompieron el pacto de no agresión acordado el 14 de diciembre, así como crear comisiones para atender la falta de maestros, doctores, medicamentos, proyectos productivos y rehabilitación de caminos en las comunidades.
El subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral; el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Rafael Beltrán Novarola y el presidente municipal perredista, Esteban Cárdenas Santana, de nueva cuenta encabezaron la reunión que inicialmente estaba programada para el 8 de enero.
Acudieron más de 30 comisarios municipales y comisariados ejidales del municipio de Petatlán, así como representantes de la UPOEG y de la comunidad San Jeronimito.
Se esperaba que en esta reunión estuvieran presentes los titulares de Salud, Educación, Alimentación, Ganadería y Desarrollo Rural, y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado, pero mandaron representantes que atendieron las peticiones y solicitudes de los campesinos en mesas de trabajo que se distribuyeron en la sala de Cabildo y la sala de regidores del Palacio Municipal.
Estuvo presente también el fiscal regional de la Fiscalía General del Estado, Omar Sandoval León, para recibir denuncias de ciudadanos de la sierra que han sido víctimas de algún delito derivado del clima de inseguridad que se vive en esa zona.
Luego de casi tres horas de reunión, el comisariado ejidal de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, Ignacio Chávez Arreola, informó que esta fue la tercera reunión con las autoridades del gobierno del estado y que habrá comisiones de salud, educación, desarrollo rural e infraestructura, “para atender caso por caso en la cuestión educativa; en cuestión de caminos se llegaron a acuerdos importantes”.
“En cuestión de salud se va a atender las zonas correspondientes al municipio de Petatlán porque estuvo su coordinador, lo que nos faltó fueron los coordinadores de la Tierra Caliente para que atendieran las necesidades de la parte más alta de la sierra como es San Antonio de las Tejas, El Durazno, Río Frío y El Carrizal, que corresponden a la Tierra Caliente”.
A pregunta expresa, dijo que “hay que hacer una mención honorífica a la Secretaría estatal de Seguridad Pública que está haciendo un trabajo excelente, que está aplicando lo que realmente se le llama ley y creo que si esto continúa así, Guerrero tiene que ser el primer lugar de la seguridad nacional que tanto anhelaba Andrés Manuel López Obrador”.
De la inasistencia de los titulares de las dependencias gubernamentales, Chávez Arreola dijo que “ellos tienen la obligación de poner a trabajar a sus representantes y el acuerdo que se tomó es que va a haber una comisión especial, caso por caso”.
Sobre el pacto de no agresión, el presidente del comisariado ejidal comentó que trataron el asunto en la reunión, “por eso lo mencioné desde un principio, estamos siguiendo la minuta y en la minuta anterior se dijo que “mano dura” con el que rompiera el pacto, si era nuestra gente iba a ser contra nosotros y entonces, nosotros mantuvimos siempre la paz y anhelamos la paz, nosotros no somos de guerra, ellos rompieron el pacto de no agresión, entonces, el peso del Estado debe de ser contra ellos, contra toda la persona que atente contra la soberanía, contra el desarrollo y haga daño social contra ellos va el peso de la ley”.
El 7 de enero, la UPOEG denunció que fueron ejecutados dos jóvenes en las comunidades Guamilón y El Limón, culpó al grupo criminal imperante, y declaró roto el acuerdo de no agresión firmado en diciembre.

“Se está atendiendo la parte social”, dice el subsecretario

Abordado por los reporteros al término de la reunión, el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, precisó que el encuentro de este lunes “fue una reunión de seguimiento, nos habíamos comprometido a que íbamos a traer a diversas dependencias del gobierno del estado y a la Fiscalía General para dar seguimiento a algunos compromisos que adquirimos en la reunión pasada y dar una atención integral al asunto en cuanto a seguridad pública que se está cumpliendo muy bien, se están teniendo buenos resultados, ha habido aseguramiento de armamento, de droga, de personas dedicadas a las actividades ilícitas y el trato que se está dando es un trato integral, estamos atendiendo la parte social”.
Informó que en la reunión estuvieron representantes de “la Secretaría de Educación Guerrero, de Salud, Sagadegro, CICAEG, obviamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno y vino la Fiscalía General del estado para poder llevarnos las demandas de todos; tendremos otra reunión, de toda la demanda que se recepcionó se va a analizar y el 30 de enero próximo vamos a estar por acá nuevamente a la misma hora”.
A pregunta, el funcionario estatal aseguró que la reunión fue “muy productiva y satisfactoria, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores está muy pendiente de las circunstancias que estuvieron dándose aquí en la costa y está muy pendiente del seguimiento, por eso hemos estado viniendo muy seguido aquí a la costa”.
Sobre el tema de seguridad, Maldonado del Moral reiteró que se les dio a conocer el trabajo que la dependencia correspondiente está haciendo para restablecer la paz en la sierra del municipio, “se les dio a conocer y están muy conscientes, están contentos y están animados, ellos mismos nos dicen que ya en Petatlán se respira un aire diferente”.
Mientras se llevaba a cabo esta reunión, en la plaza frente al Ayuntamiento, se reunieron los integrantes de la UPOEG, quienes esperaron el resultado de la misma y al término, la mayoría de ellos con su rifle colgado a la espalda, escucharon atentos la información que les dio el comisariado ejidal de El Durazno, Ignacio Chávez Arreola, quien les dijo que cuando trataron el tema de salud, “casi todos coincidimos en que está abandonada toda la parte alta de la sierra de Petatlán, de Tecpan de Galeana y de Coyuca de Catalán”.
Dijo que la comisión que se formó, recorrerá “lugar por lugar para que vean las condiciones precarias de la sierra (…) expusieron casi todos que en donde por desgracia hay una clínica, un médico va y da consulta cinco días y se regresa 25, que solamente atienden cuando hay (el pago del programa asistencial) Prospera” y que al representante de la CICAEG, le informaron “que los caminos requieren de brigadas o módulos de maquinaria para revestimiento como el caso de Corrales, El Porvenir, Río Frío, La Morena y muchos lugares más y se tiene que formar también la comisión”.
Comentó que para el 30 de enero, tendrán otra reunión de evaluación principalmente ver los avances en el tema de la seguridad, “nosotros somos gente de paz, gente de trabajo y por eso confiamos; en la minuta anterior decía que quien la regara, quien rompiera el pacto de civilidad o tregua, el peso de la ley, por lo tanto, nosotros no fuimos (quienes rompieron el pacto de no agresión), imagínense lo contrario para aquellos”.

 

Acuerda el gobierno con comisarios que tolerará a la nueva autodefensa si ya no bloquea carreteras

Los comisarios de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco se reunieron con el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, con quien acordaron buscar mecanismos para que la autodefensa que crearon el domingo opere sin violar la ley.
La reunión fue a puerta cerrada en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 2 de la tarde.
Estuvieron además mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
Los comisarios encabezados por el de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentaron un diagnóstico de la inseguridad en esas comunidades que son entrada a las minas Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y que explota la minera Leagold, que en enero pasado la compró a Gold Corp, aunque ésta sigue teniendo activos pues el 30 por ciento de la venta total lo pagó Leagold en acciones.
También se encuentra en la zona la mina Los Guajes/El Limón, municipio de Cocula, cerca de Nuevo Balsas que explota la minera Media Luna, filial de la también canadiense Torex Gold.
A cambio de la “tolerancia” del gobierno a la policía comunitaria que se conformó en esos pueblos, los comisarios se comprometieron a no hacer más bloqueos a la carretera federal, como el del domingo pasado durante casi una hora en el entronque a Mezcala.
El lunes los comisarios informaron que la reunión la tendrían con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sin embargo ayer fueron atendidos por el subsecretario Maldonado del Moral.
Al salir de la reunión el comisario Ávalos Ferrer, quien fue el único que declaró el domingo durante la marcha y el bloqueo a la carretera federal, fue evasivo con los reporteros.
–¿Cuáles fueron los acuerdos de la reunión?
–Todo está bien–, respondió.
–¿Seguirá funcionando su policía comunitaria?
–Sí, por supuesto.
–¿Que les dijo el subsecretario?
–Vamos a esperar hasta el próximo martes.
–¿Se van a volver a reunir?
–Sí.
El comisario fue consultado cuando salía de la explanada del Palacio de Gobierno, iba acompañado de otros comisarios de comunidades de la zona, quienes siguieron caminando a prisa sin esperarlo.

La violencia se agravó en la zona en los últimos tres años

Otro de los comisarios que pidió el anonimato informó que en la reunión presentaron un diagnóstico de la situación de violencia que viven las comunidades de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, así como la colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco.
Dijo que justificaron la formación de la policía comunitaria porque a pesar de la presencia de militares y policías estatales han ocurrido hechos de violencia, y el problema se agravó en los últimos tres años.
Aseguró que el subsecretario de Gobierno les ofreció buscar juntos los mecanismos para que los civiles armados no actúen fuera de la ley, y por lo pronto se comprometió a que los gobiernos federal y estatal no los desarmarán pero que eviten actuar fuera de sus comunidades.
“La reunión fue de carácter informativo, explicamos el por qué se crea la policía comunitaria, le dijimos que fue por la ola de violencia que ha prevalecido en Carrizalillo y Mezcala”, informó.
Relató que otros comisarios denunciaron que en sus comunidades se han incrementado las extorsiones, el robo de autos, que también hay homicidios, y que la violencia en esa zona se está convirtiendo en una “crisis social”.
Agregó que por ello las nueve comunidades “apoyaron” a Mezcala en la formación de la policía comunitaria, pero que ayer les dijeron a las autoridades estatales y federales que “siempre van a actuar coordinados con las instituciones de gobierno, tanto federal y como del estado”.
Dijo que aceptaron que se van a regir bajo una normatividad de la Secretaría de Gobierno, aunque no definieron si se incorporarán a la Policía Rural u operarán bajo otra figura.

Piden pensionados en Palacio de Gobierno su pago y un incremento que pactaron en 2015

Integrantes del Subconsejo de Jubilados y Pensionados de la sección 1 de Chilpancingo protestaron en Palacio de Gobierno para exigir el pago del incremento del 2015 a sus pensiones, que se les debe desde el 20 de octubre.
Alrededor de las 10 de la mañana un grupo de maestros, personal administrativo y de limpieza que trabajaron para el gobierno del estado, protestaron con cartulinas sobre el encauzamiento del río Huacapa.
Unos 30 manifestantes permanecieron bajo el rayo de sol durante una hora, hasta que fueron atendidos por el subsecretario de asuntos políticos del gobierno del estado, Martín Maldonado del Moral.
“Sr. Gobernador los jubilados y pensionados  exigimos nuestros pagos mensuales y puntuales, exigimos los pagos de mensualidad y adeudos”, se leía en algunas de las cartulinas.
En el lugar, el presidente de la organización, Jesús de la Cruz Flores explicó que el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), no ha cumplido los pagos puntuales de sus pensiones.
Además resaltó que no se cumplió la minuta de acuerdo firmada el primero de septiembre, en la que se comprometían a pagar el incremento del 2015 en la pensión.
Detalló que el incremento es del ocho por ciento y corresponde a cuatro mil jubilados y pensionados del gobierno del estado, los mismos que tienen la inquietud ante los retrasos.
Dijo que además no se estaba cumpliendo el pago de pensiones de manera puntual, ya que se estaban pagando en dos partes y no en las fechas establecidas.
Insistió en que cuando van a cobrar sus pensiones, el ISSSPEG les ha dicho que no tiene el dinero para cubrirlas, por lo que pidieron al gobierno del estado que se haga el pago correspondiente.
A las 11 de la mañana los manifestantes se unieron a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), para bloquear la calle donde permanecieron hasta las 2 de la tarde.

Protesta el MPG en Palacio de Gobierno; les cancelaron las reuniones con el gobierno, dicen

Unos 50 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se manifestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno en esta ciudad para exigir la libertad de los presos políticos, y respeto a los derechos laborales de los maestros.
A las 11:30 de la mañana los manifestantes colocaron lonas en las escalinatas del Palacio de Gobierno en las que se observaron las fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, las siglas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las del MPG y otras organizaciones sociales.
Consultada durante la manifestación, la integrante de la comisión de Convergencia de la CETEG, Adriana Catalina Sánchez informó que el gobierno estatal canceló las mesas de trabajo acordadas con el MPG hace tres meses cuando se debía atender al magisterio disidente, por lo que “están estancadas” las demandas y su solución.
Señaló que las demandas principales del MPG es que se reincorpore a los 951 maestros que fueron cesados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por no evaluarse y faltar a sus centros de trabajo más de tres días, así como que se respeten los derechos laborales de los maestros y su estabilidad laboral.
Por otra parte, dijo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Robespierre Robles Hurtado suspendió en dos ocasiones las mesas de diálogo del MPG en las que se pediría que los seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, fueron liberados bajo fianza de la cárcel de ese municipio el 12 de mayo de este año ya no tengan que firmar en Tlapa sino en Ayutla.
Los policías comunitarios son los indígenas na savi Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, quienes fueron detenidos el 21 de agosto de 2013 en una aparatosa operación de la Marina, el Ejército y policías federales durante el periodo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que las mesas de trabajo se suspendieron cuando era el turno de la CETEG opositora de exponer sus demandas ante las autoridades y reprobó la actitud del gobierno estatal que a la fecha no se ha reunido con los maestros que mantienen el plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Una comisión del MPG se reunió con el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, y se les informó de las demandas de las organizaciones sociales. En la reunión se acordó que los representantes del gobierno estatal recibirán nuevamente a la comisión este miércoles a las 11 de la mañana para concretar la fecha en que el gobernador Héctor Astudillo Flores atenderá a los dirigentes. La manifestación concluyó cerca de las 4 de la tarde.

La Fiscalía investigará el asesinato de los dos dirigentes de UPOEG, acuerdan Bruno y el gobierno estatal

 

El dirigente la Unión de Pueblos y de Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, se reunió con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, para dialogar sobre el caso del asesinato del promotor de esa organización, Mauro Rosario Ayodoro y su acompañante el ex comandante de la Policía Ciudadana, Gerardo Simón Ramírez.
Tras la reunión en Palacio de Gobierno se acordó que la Subsecretaría pedirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) que haga la investigación correspondiente respecto a los asesinatos de los promotores de la UPOEG
Los dos miembros de la UPOEG y del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) fueron emboscados y ejecutados la tarde del pasado domingo en la carretera Cruz Grande- Tierra Colorada, en el punto conocido como Los Postes Cuates o La Laguna, a un kilómetro y medio de Tecoanapa.
En el encuentro se determinó que la FGE deberá hacer la investigación correspondiente para dar con los responsables de los hechos ocurridos el lunes pasado.
Además de esta investigación, el SSJC está haciendo sus indagaciones y este miércoles se hizo una vista a la comunidad donde ocurrieron los hechos.
El encuentro entre Bruno Plácido Valerio y el funcionario estatal es por una petición que hizo el líder de la UPOEG respecto a que también corresponde al gobierno investigar el caso del asesinato de sus dos compañeros.