Integrantes del Frente Progresista Guerrerense durante la conferencia de prensa organizada en las oficinas de la organización en Acapulco Foto: Carlos Carbajal
Daniel Velázquez
Integrantes del Frente Progresista Guerrerense llamaron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, a valorar los nombramientos de Mario Delgado Carrillo y Omar García Harfuch como parte de su gabinete, porque no representan los valores de la Cuarta Transformación.
En conferencia de prensa en las oficinas del Frente Progresista Guerrerense, en Acapulco, Eloy Cisneros Guillén dijo que se trata de un llamado fraterno a Sheinbaum Pardo, porque está a tiempo de conformar un gabinete con personas consecuentes y honestas.
En el caso de Mario Delgado, designado como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Cisneros Guillén señaló que como diputado federal aprobó la reforma educativa durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y tiene el rechazo de los maestros; de García Harfuch, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que “esta clara” su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que subrayó que estos nombramientos “manchan” el gabinete de Claudia Sheinbaum.
“Existe cierta preocupación por la integración de su gabinete. Por ello, le demandamos respetuosamente, y aún está a tiempo de integrar un equipo de trabajo con servidores públicos con altas sensibilidad humana, honestos y eficientes. De lo contrario, estaría defraudando la confianza de los ciudadanos, depositada en las urnas y poniendo el riesgo la continuidad de la Cuarta Transformación”.
Cisneros Guillén opinó que hay ciudadanos con mejor trayectoria, para integrarse al gabinete de la presidencia electa, que Mario Delgado o García Harfuch. Mencionó los nombres de Félix Hernández Gamundi, Humberto Santos, Raquel Sosa, Alejandro Encinas, Enrique González Ruiz, Gerardo Fernández Noroña o Berenice Illades, “hay varios compañeros y ella (la presidenta electa) debe conocer mucho más, de gente honorable, honesta y capaz, porque eso es lo que se busca, que ella esté rodeada de este tipo de ciudadanos, profesionistas que le ayuden a edificar el segundo nivel de la Cuarta Transformación. Estas gentes que hemos mencionado no le van a ayudar”.
De la posibilidad de que la presidenta electa atienda su llamado, Cisneros Guillén dijo: “Es una solicitud muy atenta que le hacemos. Si ella la toma en cuenta que bien, pero esto es el sentir no tan sólo de guerrerenses, sino de organizaciones sociales de otras entidades federativas, en el sentido de que estas dos personas no deben estar en el gabinete. Estamos a tiempo de hacer este llamado, por eso lo hacemos, que lo valore”.
Los integrantes del Frente pidieron una audiencia con la futura presidenta, para plantearle “lo que queremos para Guerrero”, porque es un estado que sigue en el rezago y en la pobreza. Confiaron en que su llamado sea escuchado por la presidenta electa y los pueda recibir, “porque hay proyectos de las organizaciones sociales, que pueden tomarse en cuenta para el desarrollo integral de nuestra entidad”.
En la conferencia, Humberto Santos leyó el posicionamiento del frente, donde se señala su inconformidad por los nombramientos de Mario Delgado y Omar García. Después, Eloy Cisneros solicitó una reunión con la presidenta electa, para plantearle propuestas para el estado de Guerrero. El documento va suscrito por 67 integrantes del frente.
Una jueza federal canceló el interrogatorio a Omar García Harfuch por el caso Ayotzinapa, programado para ayer por la mañana, porque el candidato morenista a senador no fue notificado del citatorio en su actual domicilio particular.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dejó sin efecto su comparecencia en calidad de testigo, hasta que se encuentre el domicilio en que radica el ex funcionario.
De acuerdo con informes judiciales, la Policía Federal Ministerial acudió a un inmueble en la Ciudad de México que la autoridad judicial tenía registrado como su domicilio, pero los agentes confirmaron que el aspirante a senador ya no vive allí.
El ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México fue requerido como testigo en el proceso que se sigue al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, por la desaparición de los 43 normalistas.
Aunque ya no ocupa un cargo público, la jueza había autorizado que en la diligencia de ayer García Harfuch compareciera por el sistema de videoconferencia, es decir, sin presentarse físicamente al juzgado o frente al presunto narcotraficante, tras una rejilla de prácticas.
Con la de este jueves, son ya cuatro ocasiones en que se cancela o es diferida la comparecencia de García Harfuch en el proceso por desaparición forzada contra Casarrubias.
El aspirante de la coalición Morena-PT-PVEM fue relacionado por vez primera con el caso Ayotzinapa porque precisamente su número telefónico apareció en la agenda asegurada a Sidronio Casarrubias, cuando fue detenido el 16 de octubre de 2014 en la autopista México-Toluca.
En 2020 Gildardo López Astudillo El Cabo Gil, testigo protegido con el nombre Juan y ex subordinado de Casarrubias, declaró a la FGR que el grupo criminal pagaba 200 mil dólares mensuales a García Harfuch, cuando era coordinador de la Policía Federal en Guerrero.
En agosto de 2022 la Fiscalía también señaló al ex mando policiaco de haber formado parte de un “cónclave” que organizó Jesús Murillo Karam, entonces procurador de la República, para fraguar la “verdad histórica” sobre el caso.
La primera vez que García Harfuch fue citado en el proceso de Casarrubias fue el 7 de julio pasado, luego se reprogramó para el 27 del mismo mes y, como no asistió, la audiencia fue reagendada para el 23 de agosto por videoconferencia.
Debido a que en esa última ocasión no envió un escrito para justificar la inasistencia, el 24 de agosto la jueza Duarte le impuso una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización (UMAs), 10 mil 374 pesos.
El ex mando policiaco presentó un amparo contra la multa y le fue concedido por un juez.
En diciembre, el candidato a senador también fue citado en el proceso iniciado a Juan Carlos Rivera García por el supuesto espionaje con el software Pegasus, sin embargo, tampoco acudió a declarar porque la FGR se desistió del interrogatorio.
Hasta ahora, García Harfuch no ha atendido ningún citatorio judicial en calidad de testigo. (Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México).
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que tanto el aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvieron presentes en las reuniones donde se fraguó la verdad histórica, y aseguró que no se les puede acusar sin pruebas.
“Ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban funcionarios del gobierno federal. El gobernador de ese entonces en Guerrero y otros funcionarios. No se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso”.
Sobre el caso de la participación tanto de Aguirre como de quien era el coordinador de la Policía federal en Guerrero, el presidente aseguró que “no hay nada, más que la participación en esas reuniones”.
En la conferencia de prensa de este jueves se le preguntó al presidente sobre la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que Alejandro Encinas mencionó a García Harfuch, quien busca ser el coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México que es el antecedente de candidato a jefe de Gobierno por Morena. “Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado (Omar García) Harfuch, él dijo que sí porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”.
Se le remarcó que con base en documentos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se indica la participación de García Harfuch, a lo que dijo “sí, pero no lo acusan a él”.
Mencionó que en las investigaciones del caso se acepta que hubo una reunión en la que participaron funcionarios del orden estatal y federal, aclarando que los encuentros son de conocimiento público y sí participó el ex titular de Seguridad de la Ciudad de México.
“En la investigación que se está realizando aparece y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones o las dos, estuvo el ex jefe de la policía de la Seguridad Pública, Harfuch”.
El presidente aclaró que las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala las encabezó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y junto al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, los responsables de la investigación.
“Esas reuniones la encabezaba el procurador Murillo Karam. Él fue nombrado, estimo que por el presidente (Enrique) Peña, como responsable de la investigación y él incluso lo acepta, que era el responsable de la investigación. Él y Tomás Zerón”.
Añadió que en lo correspondiente a Tomás Zerón y el amparo interpuesto por su defensa para impedir llamarle torturador, el presidente López Obrador afirmó que el ex funcionario es protegido por el Poder Judicial.
“Protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos, imagínense, cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura”.
Señala AMLO acuerdos entre el ex fiscal del caso Ayotzinapa y Murillo Karam
El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este jueves en contra del ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a quien acusó de posibles vínculos con el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
En conferencia, el mandatario se lanzó contra el ex funcionario, por negarse a solicitar las órdenes de aprehensión cuando el gobierno federal contaba con suficientes elementos para actuar contra varios de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
“Yo ni me imaginaba, le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al Fiscal Especial y de repente resulta que no querían actuar, quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam, porque Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo”, expresó.
Según López Obrador, cuando las autoridades decidieron actuar, se gestó una rebelión en la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó al propio Gómez Trejo.
“Cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la Fiscalía una rebelión, se oponen. Empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este Fiscal Especial”, expresó.
“Yo estaba exigiendo y demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables de inmediato pido que se actúe y se sorprenden por que es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las Fiscalías, porque el mismo ex Fiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaron las órdenes de aprehensión”.
En este contexto, López Obrador reveló que inició una investigación para determinar cómo fue que Gómez Trejo llegó a esa posición en la FGR.
Adelantó que, de acuerdo con sus primeros hallazgos, el exfuncionario tiene vínculos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Ahora estoy investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la OEA, de la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), donde estaba Emilio Álvarez Icaza, ahora senador, que siempre estuvo en contra de nosotros”, dijo.
“Ahora él declara (el ex fiscal), ayer o antier, que no quiso cumplir la instrucción y, en efecto, terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos”. (Claudia Guerrero / Agencia Reforma Ciudad de México)
El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
