Presuntos integrantes de Los Rojos intentaron asesinar a un vecino de San Jerónimo Palantla, denuncian

Vecinos nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que Constantino Calvario Merino, quien se jacta de pertenecer al grupo criminal Los Rojos, junto a dos hombres intentaron asesinar al campesino Jacinto Ayulteco Calvario el viernes 5 de mayo cuando regresaba de juntar leña.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, unos 30 pobladores denunciaron que el más reciente ataque de Calvario Merino y su gente ocurrió el viernes a las 5 de la tarde.
Ayulteco Calvario explicó que ese día cuando regresaba de trabajar, Calvario Merino a bordo de una camioneta junto con otros dos hombres que iban armados, lo detuvieron, se bajaron del vehículo y le dijeron que “estaba haciendo su desmadre”.
Dijo que intentó dialogar con sus agresores, pero corrió en sentido contrario a la camioneta cuando mostraron sus armas y le dispararon, pero no fue herido.
Los pobladores leyeron un comunicado sobre la inseguridad dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, éstos formaban parte de la Coordinara Regional de Autoridades (CRAC) de los Pueblos Fundadores, que pertenecía a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, pero consideran que ya no pertenecen desde que fueron desarmados y ahora, aunque no han roto oficialmente con el movimiento, ya no brindan justicia.
“Nos han asesinado 11 hermanos nahuas de esta región; fabricaron 45 órdenes de aprehensión y 15 órdenes por liberarse todas son dolosas; detuvieron (a) 14 compañeros de manera ilegal el 11 de junio de 2016, en las órdenes de aprensión acusan (a) tres mujeres indígenas de usar armas AK-47 y AR-15, esta ola de violencia e ingobernabilidad (se) desataron de 2015 a 2016, seguimos viendo caminar en nuestro pueblo a los delincuentes”, declararon.
Afirmaron que el grupo liderado por Constantino Calvario Merino es protegido por el gobierno.
Detallaron que los principales responsables de los asesinatos y de la inseguridad en San Jerónimo Palantla son: Constantino Calvario Merino, Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa, Facundo Bolaños Reyes, Florencio Calvario Tlatempa, Evodio Calvario Merino, Justiniano Tolentino Atempa, Alfonso Orgín Castro, Eladio Orgín Trinidad, Eladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Los pobladores reprocharon que a pesar de que en esta comunidad está un destacamento de la Policía Estatal no hacen nada para frenar a los delincuentes.
“El grupo delictivo encabezado por Constantino Calvario Merino, de sus propias palabras afirma que ellos pagan a la Fiscalía para que no sean recluidos en la cárcel, porque además, dicen que pertenecen a Los Rojos”, afirmaron.
Los pobladores advirtieron que si las autoridades no intervienen tendrán que hacer justicia por su propia mano ante las constantes amenazas de muerte hacia los pobladores.
El 16 de junio de 2016, el gobernador informó que los dos grupos de policías comunitarias que operaban en Rincón de Chautla y en San Jerónimo Palantla, fueron desarmados, pero señalaron que el grupo contrario encabezado por Calvario Merino retomó las armas.
Los inconformes reprocharon al gobernador que en vez de cuidar a quienes sufren por la violencia, dejan que los criminales actúen con libertad.
También denunciaron que el 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde acudieron con el comisario, José Miguel Orgín, para solicitarle constancias para el programa Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero Calvario Merino no permitió que el comisario autorizara las constancias.
Los 30 pobladores hicieron responsable a Constantino Calvario de lo que les pueda ocurrir o si son asesinados.
Exigieron al gobernador que frene la violencia, que no les inventen delitos, que investiguen a los verdaderos culpables y no detengan a gente inocente, “¿Hasta cuándo señor gobernador?”, expresaron.
Además, denunciaron que el mismo grupo cobra 2 mil 500 pesos a los pobladores para que tengan agua en sus viviendas.

Solicita el FDP a la ONU un pronunciamiento de medidas cautelares para ocho activistas

El Frente de Defensa Popular (FDP) solicitó en la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento para que el gobierno de México otorgue medidas cautelares a ocho activistas nahuas incriminados en delitos graves, de los municipios de Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango).
La dirigente Clemencia Guevara Tejedor dijo que este jueves los integrantes de esa organización presentaron el escrito en la sede de la Ciudad de México porque en Guerrero no han encontrado eco a su petición, y temen que los activistas sean asesinatos en el clima de violencia que existe en la zona de la Montaña baja, o terminen en prisión como la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García y el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González.
Consultada en el mitin de la Jornada Nacional de Lucha que convocaron dos organizaciones y sindicatos en la Ciudad de México, la líder social aseguró que los militantes del FDP no son delincuentes, sin embargo cuatro integrantes de la comunidad de Rincón de Chautla fueron detenidos y ocho de San Jerónimo Palantla tienen órdenes de aprehensión por homicidio.
Se trata de cuatro de los cinco detenidos por la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como sospechosos del ataque armado a una Urvan en Chilapa, donde fueron asesinados un comisario, un consejero de la Casa de Justicia y tres mujeres.
Clemencia Tejedor indicó que buscaron atención en el gobierno del estado y se entrevistaron con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las autoridades no prestaron atención a su preocupación.
Este jueves a las 8 de la mañana se manifestaron frente a la oficina de la ONU en la colonia Polanco, entregaron un oficio y esperan una respuesta.
Dijo que ella también tiene una orden de aprehensión por despojo de un terreno en un lugar conocido como Campo de Aviación en el municipio de Chilapa, que ocuparon comerciantes y artesanos hace 12 años y es propiedad del gobierno del estado. Los comerciantes fueron desalojados y la propiedad ahora está en manos de un grupo de narcotraficantes, aseguró.
Por otra parte dijo que la Ley 701 da facultades a los pueblos originarios para organizarse pero cuando luchan por sus derechos las autoridades los llaman delincuentes.
Pidió que se revise la situación de todos los involucrados y se dicten medidas de protección a los representantes del FDP en Guerrero.
El Frente de Defensa Popular participó en el
plantón del Zócalo de Chilpancingo por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y en la Ciudad de México pidió a la ONU que se pronuncie por la seguridad de los activistas que están haciendo labor social en Guerrero.
Dijo que el FDP es parte del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, que se manifestó contra las reformas laborales y educativas, la caída del poder adquisitivo, en apoyo a los presos políticos y por la presentación con vida de los normalista de Ayotzinapa.
Del hostigamiento al FDP recordó que hace dos años la Policía Federal entró a su casa en Chilapa y el año pasado les quitaron una camioneta.