Desconoce el subprocurador Nogueda si el muerto era agente de EU

 

 Teresa de la Cruz Chilpancingo

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio Nogueda Carvajal, dijo desconocer si alguno de los dos jóvenes asesinados en Vallecitos de Zaragoza pertenece a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.

La madrugada del miércoles 26, en el poblado de Vallecitos de Zaragoza, del municipio de Zihuatanejo, fueron encontrados los cuerpos de Oney Cruz Martínez, de Guadalajara, Jalisco, y el de otra persona que lo acompañaba, cuya identidad se desconocía.

De acuerdo con información publicada en El Sol de Acapulco, la víctima Oney Cruz Martínez era colaborador del Departamento Antinarcóticos en Estado Unidos, pero Nogueda Carvajal, consultado vía telefónica, dijo desconocer si alguno tenía ese cargo.

Informó que sobre este caso y para determinar el móvil, “las investigaciones se llevan a cabo, pero –insistió– no tengo conocimiento de que uno de ellos sea un agente”.

La disputa por una mujer, detrás del asesinato del estudiante: Suástegui

 Descarta que sea un conflicto por venta de drogas

 Jorge Nava

 El coordinador regional ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Efrén Suástegui Mayo, descartó que la muerte del estudiante de maestría en ingeniería de la Universidad Americana de Acapulco (UAA), Alfonso Toledo Figueroa, haya sido una narcoejecución y afirmó que se trató de “un problema entre personas, donde hay de por medio una dama”.

El funcionario declaró que hay varias versiones que así lo señalan, y ahora esas declaraciones se encuentran integradas en la indagatoria.

Efrén Suástegui no desecha ninguna línea de investigación, pues dijo que corroboran principalmente datos.

El miércoles a las 3 de la mañana, varios individuos mataron de nueve balazos calibre .380 a Alfonso Toledo, después de que intentó refugiarse en la taquería Las Delicias, en la colonia Progreso. Sus agresores dispararon en 16 ocasiones, nueve dieron en el estudiante de 25 años originario de Huizuco.

Suástegui Mayo señaló que todo apunta que fue un problema personal, que surgió entre el agraviado y los probables responsables, y descarta que la muerte se deba a algún problema de drogas, porque afirmó no tener ningún indicio en ese sentido, aseveró que en un momento dado tendrá que considerar todo lo que sea necesario.

Según el funcionario, en esta investigación, ya tiene identificada a la supuesta mujer y su nombre.

Y se atrevió a decir que al parecer hay tres personas más involucradas.

El funcionario argumentó que, de acuerdo con la ley, la investigación debe de ser discreta, debe buscarse la forma de que no se entorpezca, por eso se negó a dar información. Accedió a informar que hay nombres de personas que participaron en los hechos, no específicamente los probables responsables, si no de todas las personas que estuvieron ese día de los hechos.

Aclaró que el número de implicados, se irá determinando en la medida que avancen en la investigación, en la forma en que se vaya integrando la averiguación.

En la averiguación previa 478, que inició por el homicidio de Alfonso Toledo, Suástegui Mayo explicó que practicaron ya algunas pruebas técnicas o químicas, como la radisonato de sodio en las manos del agraviado, la necropsia de ley, la de balística forense, en ésta última para establecer si los cascajos percutidos,a encontrados en el lugar de los hechos corresponden al tipo de arma que se especifica en la misma.

Otras pruebas, son criminalística de campo en el que la Procuraduría busca establecer cómo se desarrollo los hechos delictuosos, practicaron retratos hablados de los probables responsables, inspeccionaron el lugar de los hechos, la prueba de Walker que se practicó para ver a qué distancia o aproximación se hicieron los disparos, cuántos y qué trayectoria siguieron, y la investigación ordenada a la Policía Ministerial.

No hay operación especial en Guerrero por los bombazos en Morelos: PGJE

 Zacarías Cervantes Chilpancingo El subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal, dijo ayer que las autoridades de Guerrero no tienen planeada la instalación de operaciones de seguridad o algún cerco de vigilancia ante las detonaciones de tres bombas en diferentes bancos de la zona counrbada de Cuernavaca, actos que se atribuyó el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo.

El funcionario estatal dijo que por tratarse de delitos federales le corresponde en todo caso a las autoridades de la federación la vigilancia y la investigación de estos grupos, mientras que los patrullajes son responsabilidad de Seguridad Pública.

Nogueda Carvajal confió en que esos hechos de violencia no trasciendan a Guerrero, pues todo parece indicar que ese grupo armado es “localista” y que sólo tiene presencia en Morelos.

El subprocurador de Averiguaciones Previas insistió que por lo menos no tenía conocimiento de si las autoridades estatales organizaban algún dispositivo de seguridad para evitar acciones como esas en Guerrero.

Lo anterior luego de que en las primeras horas de la madrugada del domingo, el Comando Jaramillista 23 de Mayo detonó tres bombas en un número igual de bancos ubicados en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, durante el 42 aniversario del asesinato del dirigente campesino morelense, Rubén Jaramillo.

Va Figueroa a la Procuraduría a buscar a Ramírez Guerrero, pero no lo encuentra

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

El ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, acudió la mañana de ayer a la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) por motivos que no quiso revelar, pues cuando se le preguntó sólo dijo: “Vine a ver a mi amigo Jesús Ramírez (el procurador de Justicia), pero como no está ya me voy”.

El ex gobernador entró y salió precipitadamente de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia poco antes de las 12 de ayer, acompañado por Gustavo Olea Godoy, el ex director de la Defensoría de Oficio del gobierno del estado y quien fungió como director de la Policía Judicial en el periodo de Figueroa Alcocer y destituido del cargo a consecuencia de la masacre de los 17 campesinos en el Vado de Aguas Blancas.

Figueroa llegó en un coche Grand Marquís negro y a pasos largos y rápidos atravesó el vestíbulo de las instalaciones de la Procuraduría y subió al despacho de Ramírez Guerrero en donde permaneció durante unos cuatro minutos y después salió nuevamente de manera precipitada.

–¿A qué obedece su visita señor? –preguntó una reportera.

–Vine a una visita de cortesía a mi amigo, el procurador Jesús Ramírez, pero como no está ya me voy.

Figueroa Alcocer no dio tiempo que los reporteros le plantearan otra pregunta porque aceleró el paso y frente a la puerta de la dependencia estatal abordó esta vez, para retirarse, una camioneta Cherokee color vino.

Presenta la Procuraduría a otros dos presuntos asaltantes de la joyería

Esta vez el agraviado los reconoce, dice el discal Monreal

El dueño acepta como suyos tres kilos de oro en prendas que le recogieron a los detenidos, quienes se declaran inocentes

Jorge Nava La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentó este domingo a Tomás Rodríguez Morales y a José Roberto Magallón Morales como probables responsables del robo a la joyería El Calentano, el cual se cometió el lunes 26 de abril. También fueron presentados 3 kilos en prendas de oro que supuestamente fueron reconocidas por el propietario agraviado como parte de lo robado.

En contradicción, la dependencia ya había presentado el sábado 1 de este mes, a Jorge Albarrán Aguilar y Erick Garibo Sánchez, como los asaltantes que cometieron ese robo.

Según la denuncia del agraviado Alvaro Rojas López, dos individuos se llevaron 400 mil pesos en alhajas cuando abría su local, ubicado en el centro de la ciudad, y que es vecino de dos comandancias de la Policía Ministerial, y de un módulo de la Policía Preventiva.

Los detenidos fueron presentados en la oficina de la agencia del Ministerio Público (MP), del Sector Central, donde Tomás Rodríguez, El Viejo, expresó que tiene 41 años, que es pintor, y quien se dijo inocente. “No participé en el robo”, indicó y Agregó que vive en Ciudad Renacimiento, pero que lo aprehendieron en la colonia La Laja.

En el caso de José Roberto Magallón González, El Dew, señaló que tiene 18 años, que es taxista, y que ahora lo acusan de cometer el robo, lo cual, sostuvo “no es cierto”. Indicó que no poseía ni ocultó las alhajas robadas en su domicilio ubicado en El Coloso. Ambos aseguraron que no habían sido procesados antes.

El fiscal para la atención de delitos graves, Fernando Monreal Leyva, explicó que la detención de ambos resultó de las investigaciones de agentes de la Policía Ministerial adscritos a la colonia Emiliano Zapata.

Dijo que se recuperaron tres kilos de oro en alhajas, mismas que, aseguró, el dueño reconoció como suyos.

Agregó que el propietario de la joyería, Álvaro Rojas López, reconoció a las dos personas, quienes, en la mañana del lunes 26, esperaron pacientemente sentados en una banca del Zócalo de la ciudad, a que abrieran el establecimiento para asaltarlo, mientras apuntaron con una pistola a su hijo menor del mismo nombre.

Fernando Monreal argumentó que en el caso de los dos primeros detenidos, buscará “establecer la posible relación entre ellos”, y se deslindó de sí se cometió un error al detener a personas que no tienen nada qué ver en el caso, porque “lo anterior lo manejó la Agencia de Barrios Históricos”, señaló.

“Pero en cuanto a estos detenidos, los dos fueron reconocidos por el testigo presencial de los hechos”. El funcionario especificó que la persona que sufrió el robo, fue el hijo del propietario Álvaro Rojas, mismo que reconoció a los dos detenidos.

Para sustentar la responsabilidad de los dos detenidos, Fernando Monreal mostró a reporteros dos retratos hablados elaborados a partir de la descripción física que dio el agraviado después de presentar su denuncia, “y como vieron, tomando en cuenta los retratos hablados, hay mucho parecido en ambos”, expresó.

Se le insistió en que ya había dos personas que la misma dependencia relacionó con el robo, en ese sentido reiteró “vamos a tratar de establecer alguna posible relación entre estas cuatro personas, y si no la hay, se hará lo conducente”.

Habló de que podrían quedar libres, pero aclaró que eso lo decidirá el juez penal donde se encuentran este caso. Acerca de la supuesta pistola que se usó en el asalto, el fiscal señaló que de acuerdo con la declaración de ambos, indican que se las prestó otra persona que no participó en los hechos. Añadió que se hará una investigación al respecto.

En el caso de Tomás Rodríguez, expuso que ya estuvo encerrado en el penal de esta ciudad, como responsable del delito de robo, tentativa de homicidio y lesiones, en agravio de su madre, Francisca Morales Cortés.

Además de Monreal Leyva, estuvieron en la presentación de los supuestos responsables de este asalto, el agente determinador del MP en Renacimiento, Esteban Maldonado Sierra; y el coordinador de la Policía Ministerial (PM), adscrita a la colonia Emiliano Zapata, Humberto Velázquez Delgado.

No hay orden de aprehensión a Mosso, a cuatro días de solicitada, trasciende

La pidió la Procuraduría a un juez de Tlapa

Zacarías Cervantes Chilpancingo A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.

FEMOSPP pretende “tapar” errores de la PGJE, asegura ex guerrillero

Promueve la liberación de Isaías Martínez, uno de los detenidos por la muerte de Zacarías Barrientos, por su avanzada edad, cuando él es inocente, asegura Arturo Gallegos. El crimen lo planeó la Procuraduría, acusa

El dirigente de la Asociación Nacional de Luchadores Sociales (ANLS), Arturo Gallegos Nájera, acusó que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) pretende “tapar” los errores de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la investigación del asesinato de su ex testigo Zacarías Barrientos Nájera, al promover la liberación por lo avanzado de su edad y no la exoneración de Isaías Martínez Gervasio, uno de los cinco procesados por el crimen.

Arturo Gallegos se refirió al desplegado publicado este miércoles en El Sur, promovido por la FEMOSSP, donde se pide la liberación de Isaías Martínez por cuestiones humanitarias, y que es firmado por familiares de desaparecidos, y en la que incluso aparecen como firmantes algunos desaparecidos y personas a las que no se les pidió autorización para respaldar el documento.

“A mí me causa bastante extrañeza el desplegado. Porque al parecer (en la Fiscalía) se siguen cometiendo los mismos errores. El sentido del desplegado pide la libertad de Don Isaías Martínez por su edad, es decir, a él no lo exoneran del delito, como debería ser. Aparte se quiere hacer justicia sobre una injusticia. Los cinco detenidos por el caso Barrientos son inocentes. Probado. En este momento no tenemos las pruebas, sin embargo las estamos juntando”, dijo.

Agregó que la Asociación lucha por su libertad y va a probar su inocencia. De tal manera que en este desplegado lo que hace la fiscalía es hacerse cómplice de las atrocidades y de las barbaridades que cometió el gobierno del estado en contra de estos compañeros campesinos”.

–¿Está buscando una especie de coartada?

–Sí, para hacer aparecer esto como un producto de la gestión de la fiscalía. Sin embargo, es incorrecto desde el punto de vista que se pide la libertad de uno, cuando debería ser la libertad de todos, y peor aún, no lo exoneran del delito, sino que lo hacen responsable y por benevolencia del régimen de René Juárez Cisneros lo van a mandar a su casa, a que sea juzgado desde ahí. E ahí lo injusto. Nosotros como asociación siempre hemos dicho que los inocentes deben de ser liberados.

Agregó que con eso la Procuraduría “va a tapar lo que hicieron desde un principio, es decir, que tramaron el asesinato de Zacarías Barrientos, y lo quiero decir así con todas sus letras, ellos tramaron el asesinato, buscaron la parte flaca, antes, de a quién le iban a fincar responsabilidades y encontraron esa relación extramarital (con uno de los procesados). Entonces se les facilitó el trabajo: asesinan a Zacarías Barrientos, le echan la culpa a Don Benito (que era colaborador de la Fiscalía) porque supuestamente temía de que lo matara el hombre ofendido, es decir Zacarías Barrientos, de tal manera que para mí esto no es nada nuevo, sobre si viene del subprocurador (Antonio Nogueda)”.

Señaló que “en este caso no quiero meterme con el procurador (Jesús Ramírez), que no es una blanca paloma, pero en este caso tengo los antecedentes del subprocurador. En diciembre de 1988, en Cuautla, Morelos, se dio la desaparición de un compañero dirigente del PRT, José Ramón García Gómez. Entre la búsqueda se encontraron cosas muy interesantes, como la de que el mismo Antonio Nogueda Carbajal, que era subprocurador de ese estado, había tramado la desaparición de José Ramón”.

Añadió: “pero lo interesante aquí es que hay mucha coincidencia entre lo que hicieron con el caso de Zacarías y lo que hicieron con José Ramón. Aquí le están cargado la muerte a los cinco detenidos. Allá pretendieron cargársela a dirigentes del PRT, bajo un montón de argucias. Resulta que en la investigación salió a relucir todo eso. Los compañeros fueron exonerados de culpa, y la recomendación fue en contra de Nogueda Carbajal. De tal manera que para mí no es nuevo que él esté envuelto en este tipo de porquerías”.

Demandó a la Fiscalía que exija la libertad de los cinco detenidos, “ porque de alguna manera todos o casi todos han colaborado para esclarecer los crímenes del pasado. Y claro, don Isaías es un caso muy especial, él desde que desaparecieron a su hijo ha mantenido la lucha constante por su presentación y de todos los desaparecidos, ya no solamente su hijo. Para mi Don Isaías es un icono de la lucha por la presentación de los desaparecidos, entonces no se me hace nada casual que sea uno de los detenidos”.

“Ahora para que el gobierno se pueda quitar esa basura que fue la mala investigación, lo van a hacer aparecer como que está viejito, y pues ‘lo vamos a llevar a su casa para que allá sea juzgado, y que en caso de que sea sentenciado que allá compurgue’. No es el hecho de que esté viejito, el hecho es que son inocentes. Que no confundan, que no la pretendan vender como una idea de que son culpables”.

Entre los firmantes de la carta promovida por la FEMOSPP, la familia “Ramos Cabañas”, que integran los hermanos Eduviges, Marcos y Felipe, y también la familia Nava Hipólito, que tiene otros desaparecidos, Macario y Esteban, además de Lucio Cabañas Tavares, desaparecido, y aparece dos veces como firmante Benito Manríque, además de que contó que hay personas a las que no se les informó que se les incluiría en el desplegado, pero dijo que se reservaba el nombre porque estos temían represalia, “pero yo asumo la responsabilidad de hacer las aclaraciones que se demanden en su momento”.

No hay orden de aprehensión a Mosso, a cuatro días de solicitada, trasciende

 

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

A cuatro días de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al juez penal de Tlapa una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Zapotitlán Tablas, Silvino Mosso Porfirio, del síndico Jesús Vázquez Pérez y del regidor Ernesto Melo Candia, por su presunta participación en homicidio múltiple, el juzgado aún no la ha expedido, trascendió ayer en la Procuraduría.

Además de la tardanza en la expedición de la orden de aprehensión, de lo que no se ha dado explicación, también sin justificación el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, se reunió este miércoles en una oficina del Congreso del Estado con el alcalde Mosso Porfirio, con los coordinadores de los diputados del PRI y del PAN, Juan José Castro Justo y Max Tejeda Martínez, así como el presidente estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero. Este encuentro dio lugar a sospechas de una probable búsqueda de impunidad para el ex alcalde.

La solicitud al juez penal que lleva la causa se hizo el lunes, informó ese día el subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio Nogueda Carvajal.

Sin embargo hasta ayer la orden de aprehensión no se había liberado, por lo que los ex funcionarios municipales aún no podrán ser detenidos por la muerte de cinco indígenas, miembros de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), la noche del 11 de mayo del año pasado.

La orden de aprehensión contra los funcionarios municipales panistas fue solicitada luego de que diputados del Congreso local aprobaron hace dos semanas las solicitudes de renuncia a sus cargos del alcalde, el síndico y el regidor.

La PGJE había pedido el desafuero de los tres funcionarios municipales, luego de que son señalados por su presunta participación en el asesinato de cinco indígenas, en la comunidad de Escalerilla Laguna.

Los cinco indígenas fueron asesinados con machetes, palos, barretas por policías municipales y miembros de Antorcha Campesina que acudieron a rescatar al alcalde Silvino Mosso Porfirio, quien había sido retenido por miembros de la LARSEZ cuando pretendía interceder para liberar a tres antorchistas que fueron detenidos por un comisario que pertenece a la LARSEZ.

A pesar de que la Procuraduría solicitó al juez la orden de aprehensión, trascendió que inmediatamente después de que el Congreso local aprobó las renuncias del alcalde, el síndico y el regidor, éstos fueron amparados por la justicia federal, lo que fue negado el 5 de mayo por el alcalde, quien dijo, incluso que estaba en manos de la Procuraduría de Justicia.

Pero la Procuraduría envió un escrito al juez penal de Tlapa el lunes en donde pide la ampliación de la consignación de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Escalerilla Laguna, porque considera que los tres ex funcionarios municipales son responsables por el delito de homicidio, lesiones y abuso de autoridad en contra de los cinco indígenas.

En la misma causa penal también aparecen ocho policías municipales y seis militantes de Antorcha Campesina que son señalados como participantes en la muerte de los cinco indígenas. Contra ellos ya existe orden de aprehensión, pero a casi un año de los hechos de violencia, la Policía Judicial (Ministerial) no ha ejecutado las detenciones.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.

Plantón de familiares en la PGJE por la libertad de los 26 detenidos

Están incomunicados, dice uno de sus abogados

 Jorge Nava Familiares de los 26 detenidos en el desalojo de precaristas que el jueves pasado ocuparon un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, se plantaron afuera de la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para demandar su liberación.

Se congregaron 100 manifestantes, que fueron apoyados por la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), habitantes de Tres Palos, el presidente de Comité Ciudadano de la colonia precarista Lomas del Valle, Juan Enciso Martínez, y en la que gritaron consignas en contra del gobernador del estado, René Juárez Cisneros y el fiscal regional de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Los manifestantes portaban pancartas de color verde fosforescente, en las cuales escribieron consignas como “No daremos ni un paso en reversa, hasta no lograr la libertad de todos los detenidos por el desalojo violento”.

Otras criticaban la “actitud y cerrazón de los encargados de impartir justicia”. Incluso hubo algunas que invitaban a los transeúntes a que reflexionen su voto, porque el candidato del PRI Héctor Astudillo está vinculado a Rubén Figueroa.

Con los manifestantes se encontraban los abogados, Alvaro Díaz Castro y Manuel Baltazar Avila Sierra.

La Fiscalía Regional fue resguardada por policías ministeriales que vinieron de todas las comandancias adscritas a esta región, a quienes los manifestantes los acusaban de “represores”, de robarse sus pertenencias en el desalojo de la madrugada del martes, cuando todos dormían. Les reclamaban por los golpes que sufrieron.

En ese momento, Sara Adame Bello llamó a los reporteros para que vieran a su hijo de dos años, Emanuel Zabriga Adame, que tenía una mancha de sangre coagulada y una herida en el ojo izquierdo por los golpes de los policías. La mujer indicó que aún ayer no había acudido con algún médico.

Otra mujer, Fortunata Guadalupe Estrada, mostró moretones en su brazo izquierdo, y en la espalda.

Vianey Solís Ramírez, esposa del detenido Tiomoteo Barrientos Vinalay, se quejó porque después que lo revisaron paramédicos de la Cruz Roja, en lugar de curarlo, le dieron una receta de medicamentos para que se recupere de los golpes.

En la protesta, Alvaro Díaz afirmó que la PGJE mantenía incomunicados a los 26 detenidosy y que habló con el delegado Efrén Suástegui, quien lo mandó que tratara eso con el titular del Ministerio Público (MP) de la Quinta Agencia, especializada en delitos por despojo. Aseguró que le pidió al funcionario que consignara a la cárcel a los detenidos para que pudieran hablar con los familiares. Díaz pidió la destitución de Suástegui porque se cometió un abuso de autoridad, robo y daños en agravio de sus defendidos. Reconoció que cometieron una irregularidad los colonos al posesionarse de un predio, pero indicó que el hecho no es para que la autoridad se conduciera con violencia.

Agregó que sus clientes esperaban que el gobernador René Juárez fuera “tolerante” y resolviera el problema. Cuestionó por qué no se ha procedido de esa manera contra los precaristas del PRI, que se posesionaron de un predio ubicado en el Crucero de Cayaco, –el cual encabeza Miguel Terrazas Sánchez–.

Por otra parte, el presidente del Comité municipal de la UTD, Rogelio Pérez Marcial, al hablar sobre el desalojo, opinó que se solidarizaba porque entre los detenidos se encuentra el asesor de esa organización, Juan Carlos Muñoz Leal. Acusó que se cometió un delito en agravio de los colonos, por eso indicó que se encontraban allí, para que el gobernador no se burle de los agraviados.

El representante de la colonia irregular, Lomas del Valle, Juan Enciso, manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se efectuó el desalojo, porque se violaron los derechos humanos y garantías que la ley establece para las personas. Sugirió que antes se debió entablar diálogos con los colonos, pues criticó que se procedió peor que contra los delincuentes.

Por la tarde, Alvaro Díaz informó que los abogados de los detenidos integraron tres comisiones, una que buscará una mesa de trabajo entre la fracción parlamentaria del PRD y el director del Invisur, MarcoAntonio Castrejón Lobato; otra que se encargará de vigilar cuando los detenidos sean trasladados a la cárcel de Las Cruces, con el fin de asistirlos cuando rindan su declaración preparatoria con el juez penal que sean consignados. Y la tercera buscará hablar con el procurador Jesús Ramírez Guerrero.